Con 26 mil 427 víctimas de homicidios reportadas por el Secretariado de Seguridad, el Observatorio Nacional Ciudadano reporta una reducción de 14 por ciento en muertes violentas y un aumento del 17 por ciento en los desaparecidos.

Más allá de las estadísticas, “yo creo que los homicidios no están bajando; lo que creo es que de verdad no están buscando a los muertos (desaparecidos)”: Francisco Rivas, director del ONC.

Estadísticamente si hay una reducción en las muertes violentas en este primer año de la presidencia de Claudia Sheinbaum, es del 14.5 por ciento, y si pulsamos con el 17.2 por ciento de aumento en el número de desaparecidos, entonces lo que tenemos no es una disminución, sino una estabilidad en los decesos, muertos que no se están encontrando”, declaró Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad A.C. (ONC).

La organización no gubernamental internacional Artículo 19 exigió, el 1 de noviembre de 2025, a los gobiernos estatal bajacaliforniano y al federal, garantizar la seguridad de los periodistas del Semanario ZETA de Tijuana, incluyendo a su codirectora, Adela Navarro Bello, ante las amenazas, advertidas un día antes, por Manuel Cisneros Romero, el dueño de la birriería Guadalajara, ubicada en Ensenada.

La ONG internacional exigió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas -dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) Federal-, así como a la Fiscalía General del Estado (FGE) bajacaliforniana, además, del Gobierno de Baja California, a proteger la integridad de los periodistas y trabajadores del medio local, ya que recordó que durante el último año, había sido objeto de al menos tres amenazas en su contra.

📢 Exigimos a las autoridades @Mecanismo_MX, @FGEBC, @BCGobierno, que protejan la integridad de @adelanavarro y de las personas que integran el semanario @ZETATijuana ante los actos intimidatorios realizados ayer en su contra.

🔴 Recordamos que en el último año el semanario ha…

— ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) November 1, 2025

Autoridades federales detuvieron en Veracruz a ocho hombres y aseguraron 250 mil litros de hidrocarburo en una empresa ubicada en el municipio de Perote, que operaba bajo la fachada de manejo de residuos peligrosos, pero que en realidad era utilizada para el almacenamiento y venta de combustible ilegal, conocido como huachicol.

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además se aseguraron 12 pipas y un inmueble; el valor estimado de lo decomisado, en términos de afectación económica para la delincuencia organizada, asciende a 247 millones 581 mil 164 pesos.

La Diócesis de Cuautitlán dio a conocer la desaparición del presbítero Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, desde el pasado 27 de octubre. Fue visto por última vez en la colonia ampliación La Piedad en Tultepec.

A través de un comunicado, el Obispo de Cuautitlán, monseñor Efraín Mendoza Cruz, envió un mensaje a los feligreses, sacerdotes y religiosas, al señalar que el sacerdote “se encuentra en situación de persona desaparecida. Las autoridades civiles ya realizan las diligencias correspondientes conforme a los protocolos de búsqueda”.

En el comunicado, el obispo pidió a la iglesia a mantenerse en oración para la protección del sacerdote Ernesto Baltázar de 43 años.

“Pedimos también a nuestras comunidades parroquiales mostrar apoyo espiritual a su familia y acompañarlos con cercanía y solidaridad en estos momentos de preocupación”.

FICHA DE BÚSQUEDA:

Alejandro Torres Mora, sobrino de Hipólito Mora, exlíder de grupos de autodefensas fue asesinado la noche del 30 de octubre tras un ataque armado.

De acuerdo con El Sol de Morelia, Guadalupe Mora comentó que sí falleció su sobrino, y aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) no le ha brindado más información, señaló que resultó otra persona herida.

“De que era mi sobrino, si era, y no fue nada más un muerto, fueron dos, también mataron a su esposa, estos no respetan, no respetan, a ella no tenían por qué hacerle daño, si ellos tenían problemas con él, lo hubieran hecho nada más con él, no con la familia”, declaró.

La fiscalía estatal informó en un primer momento que Bravo Manríquez fue localizado sin vida a bordo de su vehículo que conduce a la comunidad de Los Tepetates, en el municipio de Ocampo.

El ataque a un bar de Nuevo León,  perpetrado la madrugada de este sábado por hombres armados, deja un saldo de tres mujeres fallecidas y seis hombres heridos, informaron autoridades estatales.

La Fiscalía General de Justicia del estado confirmó que los hechos fueron reportados cerca de las 03:00 hora local (09:00 GMT) en el negocio denominado restaurante-bar El Ovni 2, que se ubica en el municipio de Juárez, en la zona metropolitana de la ciudad.

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) reportó que las tres mujeres murieron en distintas clínicas a las que fueron trasladadas luego del ataque.

153 periodistas y trabajadores de medios han sido asesinados en el mundo en lo que va de año, una cifra que “nunca había sido tan alta en diez meses”, denunció la Campaña Emblema de Prensa (PEC), que subrayó que dos tercios de las muertes se produjeron en conflictos armados.

La Franja de Gaza ha sido especialmente peligrosa para los profesionales de la información, con 57 periodistas asesinados en lo que va de año. Le siguen la guerra de Ucrania y Yemen, sumido en una contienda civil desde 2015, con otros once cada uno.

México se posiciona como el país sin un conflicto armado donde más periodistas han sido asesinados, 10, superando incluso a Sudán, con 7.

Una mujer fue asesinada dentro de su domicilio en la colonia Mártires de Tacubaya, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde fue encontrada con heridas en el cuello y las manos.  

Se trata del tercer feminicidio, que reporta la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en un periodo de 10 días en la capital mexicana.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) detectó pagos por más 20 millones de pesos a personas de las que no tiene certeza que hayan laborado en el ayuntamiento de Pachuca, pero fueron parte de la nómina municipal durante 2024, el último año del entonces alcalde priista Sergio Baños Rubio, miembro del grupo político del exgobernador Omar Fayad Meneses. 

Ese monto forma parte de las observaciones por 47 millones 354 mil 428.33 pesos que el ente fiscalizador detectó en el segundo informe de la cuenta pública 2024, entregado el 31 de octubre al Congreso estatal. 

Entre las irregularidades también identificó que no existe comprobación de la cantidad de residuos sólidos urbanos depositados en el relleno sanitario que se ubica en el ejido de El Huixmí, por lo que 23.5 millones de pesos pudieron ser cargados al erario como confinamiento de desechos que no llegaron al basurero o, al menos hasta ahora, de los que no se puede acreditar existencia y destino. 

Por los posibles “aviadores”, la ASEH emitió tres observaciones: la primera es por 18 millones 49 mil 78 pesos en la partida de Personal eventual; la segunda, de 2 millones 565 mil 829 pesos en la Otras prestaciones sociales y económicas, que corresponde al personal eventual, y la tercera por 419 mil 131 pesos, por un “retroactivo” para “empleados eventuales” de los que tampoco “se tiene la certeza que pertenezcan a la plantilla”. 

En los tres casos, el órgano de fiscalización expuso que revisó “las pólizas de diario, reporte de nómina, comprobante fiscal digital por internet, analítico de plazas y servicios personales, listas de raya”, así como “estados de cuenta, contratos y reportes de actividades” sin que se acreditaran las contrataciones, funciones desempeñadas y presencia de las personas que recibían dinero del ayuntamiento. 

Aunque en 2024 los primeros ocho meses estuvieron a cargo del edil Baños Rubio, quien cedió el mando en septiembre al actual alcalde morenista Jorge Reyes Hernández, la ASEH confirmó que las observaciones competen únicamente al periodo del miembro político del denominado Grupo Plural Independiente (GPI), conformado por el hoy embajador de México en Noruega, Omar Fayad, tras su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en junio de 2023. 

La administración de Sergio Baños tampoco presentó evidencia de la entrega de roscas de reyes, por las que cargaron al erario 2 millones 876 mil 220 pesos. La auditoría expuso que el gobierno municipal entregó identificaciones oficiales de supuestos beneficiarios, más recibos con firmas y sellos de delegados, pero que es insuficiente para acreditar que el producto en realidad se compró y que fue correctamente distribuido. 

El municipio tampoco presentó los tickets de pesaje inicial y final para determinar la cantidad de desechos que ingresaron al sitio de disposición final en el Huixmí, según lo reportado en sus bitácoras diarias, semanal, mensual y ticket por unidad de manera general, por lo cual no se acredita el gasto de 27 millones 785 mil 308.86 pesos. 

De igual forma, en la partida de Mantenimiento de vehículos no presentó la solicitud de servicio y requisición, bitácora y evidencia gráfica de los trabajos supuestamente realizados a las unidades municipal, por lo cual no acreditó 72 mil 654.04, en tanto que en Material de combustibles no comprobó los “recorridos u oficios de comisión del personal” que justifiquen el uso de 441 mil 988.17 pesos. En Prensa y publicidad, también hay 999 mil 998.49 pesos sin justificar. 

Exsecretario particular de Fayad debe justificar 24.7 mdp

El apetito recaudatorio de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, para hacer frente a la incesante carga de los programas sociales, está lejos de las garantías de seguridad de la información de los cautivos contribuyentes mexicanos.

En abril último, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) fue advertido por la Fiscalía General de la República (FGR) de serias fallas en la plataforma “SAT ID” que tienen en peligro latente la información de los contribuyentes en México.

Una joven adolescente quien pertenecía a Casa de las Mercedes en CDMX fue quien logró evidenciar la violencia sexual que vivió por parte de un familiar relacionado con la casa hogar «Casas de las Mercedes» ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México y desde entonces las autoridades capitalinas intervinieron para recuperar a las 80 niñas y niños que ahí habitaban para investigar otros casos de violencia sexual y trata de personas.

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, informó que esta institución aprehendió y obtuvo la vinculación a proceso de Aquiles “N” por su probable participación en el delito de violación agravada en agravio de esta adolescente de 17 años cuando estuvo bajo el resguardo de la Fundación Casa de las Mercedes.

Se sabe que el imputado ya fue ingresado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente bajo la medida cautelar de prisión preventiva y el juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Durante la conferencia de prensa encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la fiscal general precisó que se inició una investigación adicional por el delito de trata de personas contra quien resulte responsable, ante la posible comisión de actos relacionados con explotación laboral de menores de edad.

Asimismo, explicó que, de acuerdo con la investigación, en marzo de 2025, la adolescente fue trasladada desde el albergue hasta el domicilio de la madre de Aquiles “N”, donde la víctima habría sido obligada a realizar labores domésticas y sufrió la agresión sexual.

En los meses siguientes, la adolescente fue objeto de amenazas, acoso e intimidación presuntamente de parte del personal de la Fundación, quienes le habrían advertido que podría perder la patria potestad de su hijo si denunciaba los hechos.

Pese a ello, la joven consideró oportuno denunciar los hecho y redactó una carta dirigida al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF-CDMX) que, al conocer su contenido, presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía CDMX, lo que permitió iniciar la investigación y coordinar el rescate de 80 niñas, niños y adolescentes que se encontraban bajo resguardo de la Fundación, quienes ya fueron reubicados en centros de asistencia social.

Bertha Alcalde destacó que la Fiscalía CDMX, en coordinación con el DIF-CDMX, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), llevó a cabo las diligencias correspondientes para garantizar la protección y atención integral de las y los niños, quienes actualmente reciben atención médica, psicológica, social y alimentaria.

Frente al suceso, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) se pronunció en contra de los hechos perpetrados, señalando que este caso es una clara evidencia de la vulnerabilidad en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes en México, cuando sus vidas se cosifican ante la falta de garantía para vivir una vida libre de violencia.

REDIM subrayó que previamente ha llamado la atención a las autoridades para crear políticas públicas que garanticen efectivamente el interés superior de la niñez, ante las continuas violaciones a los derechos humanos de infancias y adolescencias que viven en esquemas subrogados, pues en estos casos, la violencia, el encierro, la falta de adecuada supervisión y de condiciones y protocolos que garanticen un abordaje con enfoque de derechos, generan entornos propicios para la vulneración de sus derechos. 

En consecuencia y de forma reiterativa, la REDIM hizo un llamado a todas las instancias federales, locales y a la sociedad en su conjunto para que se investigue lo ocurrido en dicho caso y se procure una ruta de restitución de derechos para las víctimas.

Asimismo, exigieron una investigación pronta, expedita y efectiva, así como una sentencia condenatoria contra quienes resulten responsables. Además, llamaron a las autoridades a establecer un paradigma, en esta nueva administración, para observar y resolver las fallas estructurales y analizar el caso como un hecho que no es aislado

No es un hecho aislado

Autoridades de Sinaloa investigan una posible red de trata de personas tras el hallazgo de 27 adolescentes y una joven de 18 años en una embarcación a la deriva en el Golfo de California. El grupo, conformado por menores de entre 13 y 17 años, fue trasladado al puerto de Topolobampo, donde se confirmó que presuntamente trabajaban de forma ilegal como jornaleros agrícolas en el municipio de Comondú, Baja California Sur.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, las 28 personas llegaron “por sus propios medios” al puerto de La Paz y su arribo fue considerado atípico por la ausencia de acompañantes adultos. Los marinos realizaron un operativo para auxiliar a los adolescentes, quienes fueron trasladados en el ferry Santa Marcela II hacia Sinaloa. La fiscal estatal, Claudia Sánchez Kondo, informó que la Fiscalía General de la República colabora en la investigación por “trata de personas en la modalidad de explotación laboral”.

Los menores se encuentran en un albergue estatal, donde reciben atención médica y psicológica. Según la Fiscalía, 25 de ellos declararon que viajaban voluntariamente para trabajar en la siembra de espárragos, aunque no contaban con el permiso de sus padres. Algunos portaban actas de nacimiento del estado de Chiapas y otros no han podido acreditar su nacionalidad mexicana. Traductores de lenguas indígenas han colaborado en la toma de declaraciones, y varios adolescentes ya lograron comunicarse con sus familias.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que su administración brindará apoyo integral a las víctimas: “El humanismo te obliga a atender todo sin pensar que le pertenece la obligación a tal o cual gobierno”. Para la investigadora Iliana Padilla, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el caso refleja la gravedad de la explotación laboral infantil en el campo mexicano. “Cuesta más aceptar que detrás de la migración a los campos agrícolas hay empresarios ‘respetables’ y un sistema en el que también participan las autoridades”, señaló.

Una de las canciones más emblemáticas de Molotov, “Gimme tha power”, cambió de destinatario. Creada en 1997, en pleno sexenio de Ernesto Zedillo, ahora la banda se la dedicó a la 4T por dividir al país, durante su concierto en el Palacio de los Deportes para celebrar 30 años. 

Antes de entonar la canción, Jay de la Cueva, quien temporalmente cubre el lugar de Tito Fuentes por enfermedad, declaró: “Éramos un país bien chingón… Ni estamos alineados a cualquier Cuarta Transformación. ¡Qué chinguen a su madre! Estamos aquí porque somos igual que ustedes, somos mexicanos y queremos este país, donde nacimos, donde lo cuidamos”.

El video que circula en redes se corta unos segundos entre la palabra “chingón” y “ni estamos alineados…”. Según testigos, en esa parte acusó al “pinche viejo”, como se refirió a AMLO, de causar división.

La letra de la canción expone la realidad de finales de los años noventa en México y de acuerdo con la banda la cosa no ha cambiado tanto incluso con el ingreso de la 4T desde 2018.

Molotov festejó sus 30 años ante 18 mil fans y ahí acusó al expresidente López Obrador de generar una DIVISIÓN en México. pic.twitter.com/xO8wILD5Vg

— Irving (@IrvingPineda) October 31, 2025

LA LETRA

La policía te está extorsionando (dinero)

En mayo de 2021 los miembros de la banda se lanzaron contra Arturo Ávila, quien entonces contendía por la presidencia municipal de Aguascalientes, modificó una de sus canciones, “Voto Latino”, para usarla en campaña. 

“Morena, los vamos a denunciar por violar los derechos de nuestras rolas sin previa autorización del autor y, por cierto, no votaría por ellos ni aunque esté drogado”, escribió Micky Huidobro, uno de los integrantes, en sus redes sociales.

A las 14:00 horas de este viernes 31 de octubre, el dueño de la birriería Guadalajara en Ensenada, Manuel Cisneros Romero, acompañado por su abogado Miguel Lanz Paredes, su aparatosa escolta personal con hombres armados, y rodeado de medios de comunicación digitales, improvisó una conferencia de prensa en la acera frente a las oficinas del Semanario ZETA, donde, de forma agresiva, amenazó a la codirectora de ZETA, Adela Navarro Bello, a quien exigía ver: “porque vamos a ir con todo, porque ella publicó, Adela Navarro”.

Cisneros Romero se refirió a la nota en la edición impresa del Semanario de este viernes 31 de octubre de 2025 titulada “Crimen de Cisneros: pleito, extorsión y narco”, donde se replican las tres hipótesis que la FGE maneja entorno a la investigación del asesinato, ocurrido el sábado 18 de octubre de 2025, de Omar Cisneros Salcedo, cuando dos hombres vestidos de negro ingresaron al restaurante Birriería Guadalajara poco antes de las 18:52 horas y dispararon a quemarropa contra él. La agresión armada ocurrió cuando la víctima se encontraba frente al mostrador conversando con la cajera.

El hombre, evidentemente alterado, dio un mensaje ante los reporteros digitales señalando en reiteradas ocasiones a la directora de ZETA, a quien emplazó a proporcionarle pruebas de lo publicado en el semanario, pese a que lo que se reproduce en el texto de la nota son las declaraciones oficiales, y extraoficiales, de funcionarios de la Fiscalía General del Estado e investigadores asignados al caso.

En tono amenazante, Manuel Cisneros Romeros amedrentó a la directora de ZETA para poder verla, cuando declaró y así quedó grabado en las cámaras y en vivos de los reporteros digitales presentes: “Quiero verla a ella, vengo a buscarla, porque la nota salió hoy, vengo a buscarla porque me va a dar la cara, si no es aquí o en otro lado pero me la va a dar”, arengando que se encontraría, de alguna manera, con Adela Navarro Bello.

Cisneros Romero insistió en sus señalamientos y en exigir pruebas de las declaraciones de los funcionarios de la FGE, pero respecto a ZETA y a su directora, en su exaltada alocución emitió comentarios calumniosos, al referir que la publicación del Semanario atendía a otros intereses y no al ejercicio del periodismo de investigación, cuando señaló dirigiéndose a Navarro Bello, que no estaba presente en el lugar: “Que tienes de pruebas para comprobar y dañar a la familia así, de negocios, simplemente por un dinero están haciendo eso, o no quiero saber por qué lo están haciendo”.

El dueño de la birriería, insistió en exigir a ZETA y a su directora pruebas, pero en algún momento, evidenció que sus sospechas sobre el asesinato de su hijo estaban en el cobro de piso (una de las hipótesis que reveló la FGR y que el semanario replicó), de acuerdo con datos del Registro Público de la Propiedad de Baja California, así como licencias o autorizaciones del Ayuntamiento de Ensenada, su hijo Omar figuraba como propietario de los dos inmuebles que albergan las sucursales, una en la calle Ruiz, donde ocurrió el crimen, y la matriz que se encuentra en la calle Macheros, entre Primera y Segunda.

De acuerdo con la declaración que la familia hizo a los agentes de la Fiscalía, aseguraron que enfrentaban cobro de piso, pero además hicieron un señalamiento directo en contra de otra familia de empresarios de apellido Mancillas.

La familia Cisneros, sugirió, sin fundamento que el ataque podría venir de una disputa judicial por la fracción de terreno usado como estacionamiento que está contiguo a la matriz del restaurante ubicado en la calle Macheros.

El conflicto legal lo enfrentó durante varios años el padre de la víctima, con el empresario Fernando Mancillas Ponce, quien es propietario de diversos restaurantes de mariscos en la ciudad.

En la edición de este viernes se publicó un trabajo de investigación sustentado con información oficial de quienes investigan en la Unidad de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía General del Estado (FGE) y agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), quienes dan a conocer las líneas de indagatoria en torno al homicidio del empresario Omar Cisneros Salcedo.

La Fiscalía informó que las tres hipótesis que los agentes están investigando para esclarecer el homicidio son: Una disputa judicial por una fracción de terreno que los propietarios de la birriería sostienen con otro propietario de Marisco Bahía de Ensenada, el cobro de piso y los nexos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con un tono sumamente agresivo, Cisneros, primero atendió a blogueros que reunió en la vía pública a quienes, beligerantemente, dijo: “Vengo a buscar a esta señora Adela Navarro, por la nota publicada sobre mi hijo fallecido -Omar Cisneros-. Eso se publicó sin escrúpulos, sin sustento y sin nada. Se atreven a decir que mi hijo está vinculado con los cárteles. Yo vengo a pedir que me dé las pruebas, el sustento. Mi hijo tuvo 33 años de negocios familiares y si tienen pruebas para acusarlo, que me las muestren”.

“Quiero que dé la cara y que presente las pruebas. Tiene libertad de publicar lo que quiera, pero yo también tengo derecho a decir por qué publica eso”, añadió.

Cisneros acusó al medio de recibir pagos para publicar la nota: “Muéstrame fotos, muéstrame evidencias, ¿qué pruebas tienen para difamar y dañar a la familia por dinero?”, dijo, sugiriendo que la publicación carece de sustento.

Al ser cuestionado, advirtió, “porque vamos a ir por todo”, sin especificar más.

Insistió: “Adela Navarro, quiero que me dé la cara, que me muestre las pruebas. Si las tiene, yo se las comprobaré para saber si mi hijo realmente estuvo en eso que ella afirma”.

Cisneros también aseguró que quiere entregar información sobre otras líneas de investigación en torno al homicidio de su hijo.

“Hay denuncias; quiero ver a la codirectora para dárselas y que se ponga a trabajar de verdad como periodista profesional, no que cumpla su horario y se vaya. Ya publicó la nota, ahora la tiene que comprobar conmigo”.

Sobre el posible cobro de piso en los negocios de Ensenada, afirmó que su hijo se lo reservaba.

“Lo que siempre sucede es el cobro de piso; no se atreven a investigarlo. Mi hijo nunca me lo dijo directamente, yo ya lo había pasado hace algunos años; a mi hijo lo estaban atosigando, y ahora me entero”.

Señaló una supuesta colusión policial funciona así: “Llega la policía, hace su ‘pum pum’, ya cierra y se va”. Negó la línea de investigación sobre una posible colusión de Cisneros Salcedo que la Fiscalía confirmó a ZETA.

“Era una persona noble, apoyaba a su papá, a su mamá, a su hermano, a su exmujer, a sus nietas y sobrinas. Que venga y diga que está con el cártel… se lo digo con firmeza porque yo también tengo el derecho de ejercer mi réplica”.

Sin embargo, Cisneros Romero no buscó a ZETA en junio, cuando se publicó en este Semanario una investigación sobre las ligas entre sus empresas y las de otros como Fernando Salgado o Jesús González Lomelí, este último señalado por la OFAC y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por sus nexos con la Mayiza, en donde figura la ex alcaldesa y hoy diputada federal por Morena, Araceli Brown.

“Que me compruebe y yo le puedo demostrar con cuentas bancarias. No se vale que se publique eso”, acusó Cisneros Romero antes de tocar la puerta de las oficinas de ZETA y exigir a la recepcionista hablar con Navarro Bello y cuestionar cuantas entradas y salidas tenía el inmueble.

La información contenida en la edición del viernes 31 de ZETA incluye a la empresa Cisgo y está disponible en el Registro Público de la Propiedad y el Registro Público de Comercio.

Entre socios de Cisneros en la citada empresa figura Jesús González Lomelí, quien aparece en listas que también son de dominio público del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por sus presuntos vínculos con miembros del crimen organizado, en particular con Alfonso y René Arzate García, operadores del Cártel de Sinaloa en Baja California.

Asimismo, información del Registro Público de Comercio indica que Cisneros participaba como socio en al menos tres compañías relacionadas con la industria alimentaria: Procesadora de Alimentos Alibaja, S.A. de C.V., Comercializadora Con Sabor a México, S.A. de C.V. y Alimentos Cisgo, S.A. de C.V., esta última al parecer fue disuelta.

Más información pública vinculan a los Cisneros con FJP & M, S.A. de C.V., propiedad de Fernando Rafael Salgado Chávez, originario de Guadalajara, quien, junto con el empresario Álvaro Vidal Velasco, constituyó el Grupo Xavkar, S.A. de C.V.

El mismo viernes 31 de octubre, ZETA y la codirectora Adela Navarro Bello, recibieron llamadas de alerta ante las amenazas de Cisneros Romero, de parte del Mecanismo de Protección Federal, el Mecanismo de Protección Estatal, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad del Estado, la Presidencia Municipal de Tijuana.

Dado que además de las amenazas y exigencias vociferadas en la banqueta frenta a ZETA contra el medio y su codirectora, cuando fue evidente que la solicitada no se encontraba en las instalaciones, uno de los blogueros que lo acompañó a su improvisada conferencia de prensa, le alertó y conminó a que fuera a buscar a la periodista del Semanario a su domicilio particular, proporcionándole, además, la ubicación de su casa.

Aparte de su lopezobradorismo a ultranza, algo tienen en común los tres morenistas Adán Augusto López Hernández, Gerardo Fernández Noroña y Andrés Manuel López Beltrán: políticamente están desactivados dentro del movimiento que fundó su líder moral, Andrés Manuel López Obrador.

Y otro denominador común: a pesar de ser señalados por los excesos adquiridos, disfrutados o cometidos durante los encargos de gobierno, legislativos o partidistas que han tenido, ninguno es investigado formalmente, sólo exhibido públicamente.

El verano de 2025 cambió la vida pública y política de los tres personajes, los tres varones morenistas que ya en el otoño se encuentran en la ignominia total. Primero fue el caso de Adán Augusto López, otrora poderoso morenista que intentó ser candidato a la Presidencia de la República después de haber sido honrado con la titularidad de la Secretaría de Gobernación por parte de Andrés Manuel López Obrador en el último tirón de su administración. Ambos tabasqueños, el expresidente lo llamó públicamente su “hermano”, para dar más certeza a la cercanía no sólo política que los unía, sino también personal.

Será por esos espaldarazos que López Hernández adquirió tanto poder al interior de Morena, en las bancadas legislativas del movimiento y desde la oficina que ocupó en gobernación, desde donde no sólo controló políticamente, también acordó con gobernadores y gobernadoras.

Como premio de consolación ante su derrota interna a manos de la ahora Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, Adán Augusto, como se le suele identificar comúnmente, llegó al Senado de la República y a la coordinación morenista en la Cámara Alta con tanto poder que creyó que el presidencialismo se había extinguido y su posición en el Senado le era suficiente para negociar con la titular del Poder Ejecutivo. Pero nada; ni López Obrador en su momento, ni Sheinbaum Pardo hoy día, acabaron la centralización desde el Poder Ejecutivo.

Adán Augusto inició su caída en desgracia cuando se reveló y fue confirmado por la Secretaría de Seguridad del Gobierno de la República y la FGR, que quien había sido su secretario de Seguridad al momento en que gobernó Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, era el líder de la célula La Barredora, al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación, apodado el Comandante H.

El exsecretario de Gobernación fue medido con la misma vara que le aplicaron en Morena a Felipe Calderón Hinojosa, a quien acusan por lo menos de incapacidad al no haber percibido que su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, había servido a la mafia. Ahora, dentro -aunque especialmente fuera- de Morena reflexionaban sobre el mismo eje con otros protagonistas: ¿Cómo era posible que Adán Augusto no supiera que su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, no sólo servía al crimen organizado, sino que era cabeza de una célula, La Barredora, en la estructura misma del Cártel Jalisco Nueva Generación? Imposible no haberlo advertido.

Una vez entregado al descrédito político y moral con la develación oficial de los delitos cometidos por el cercano colaborador de López Hernández, el camino de las revelaciones que siguen hundiendo al antes poderoso secretario de Gobernación siguió llenándose de lastres. También con información de origen confidencial, fue revelado en reportes de prensa los más de 79 millones de pesos que en dos años, cobró de forma privada y particular el senador de Morena, pero que no consignó en sus declaraciones patrimoniales. De repente, en la arenga presidencial para dar una explicación, López improvisó una conferencia de prensa donde sembró más dudas y despertó más suspicacias sobre el origen de su fortuna, que intentó radicar en una herencia, aunque los ingresos mayores fueron cuando ya gozaba de las mieles de ser uno de los protagonistas del Movimiento fundado por su “hermano”, Andrés Manuel López Obrador; aunque no predicaba los principios de no ceder ante el lujo, el exceso, la acumulación de riqueza, sino todo lo contrario.

Es evidente, y así lo ha deslizado él, que la información que lo pone en la posición de ser investigado, ha salido del ámbito oficial. Sean filtraciones, delaciones o fuentes, el acceso a la información ha sido ágil y directo para exhibirle. Hace unos días, de nueva cuenta otro ramalazo: se confirmó la cercanía de López Hernández con el preso y exsecretario de Seguridad de Tabasco, a quien apoyó con trabajo notarial, con extensiones, con la apertura de empresas, con la contratación de sus servicios; si alguien era cercano y sabía de los alcances de Bermúdez Requena, ya no queda duda, ese era el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López. Su caída política, ante la pérdida de confianza, la sospecha, y la denuncia, va vertiginosamente. Sin embargo, los casos no llegan a integrar una carpeta de investigación; se le exhibe lo suficiente para inhabilitarlo políticamente, sin investigarlo formal y oficialmente.

Aunque de suyo no ha tenido el protagonismo suficiente para ser comparado con su padre de quien se dice ser el legado, en los meses recientes, Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como Andy, ha estado más ausente de la vida política pública. Dos hechos de suma incongruencia con los principios de su padre subieron al mayor de los vástagos del tabasqueño a la palestra de la crítica social: un viaje de lujo a Japón para vacacionar después de “extenuantes” jornadas laborales; y la adquisición, a razón de casi medio millón de pesos, de una obra de arte de la magistral Yayoi Kusama.

En ambos casos, para revelar los detalles de los pagos, hubo filtración de documentos de prueba, del hotel, y las comidas en Japón, además de la transacción de la pintura. Andy López ha hecho lo posible, aunque ciertamente con poco esfuerzo y menor presencia, para justificar sus repentinos buenos gustos (al menos de lo que se conoce), que no coinciden con la política y los principios de austeridad republicana pregonados por su padre. Hasta donde se sabe, no constituye un delito darse unas vacaciones de lujo, o adquirir una carísima obra de arte, aun cuando se desconozcan los ingresos lícitos de López Beltrán, si el partido le paga o si su negocio de chocolates es exitoso; pero exhibirlo en los excesos, como a Adán Augusto, le resta calidad moral y congruencia, sin abrirle una carpeta de investigación a raíz de su enriquecimiento inexplicable.

Sucedió prácticamente lo mismo con Gerardo Fernández Noroña, cuando se reveló en una investigación periodística que quien se autoerigía como luchador social, el representante de los desprotegidos, el austero que vivía en una vecindad, el que se revelaba al sistema que le cobraba impuestos, ahora, en la bonanza del poder de Morena, vivía en una residencia de 12 millones de pesos en Cuernavaca, Morelos. Una casa cuyo monto no alcanza a cubrir con el salario que como legislador ha tenido, pero de la que goza a conciencia oficialista. Otra vez, se revela suficiente información para afectarlo políticamente, pero no para seguirle una indagación oficial.

Está claro que en Morena el poder no se comparte, y que quien lo acumula puede ser desactivado en la política con presunciones de excesos, abusos, riqueza repentina, sin iniciar averiguaciones formales porque, al parecer, el propósito no es enfrentarlos con la justicia por un posible enriquecimiento ilícito, sino inhabilitarlos moralmente rumbo a las próximas elecciones.

Con 39 votos a favor, el Congreso de Veracruz aprobó este martes la Ley Monse, una reforma al Código Penal local que elimina las excusas absolutorias y causas de inculpabilidad derivadas de vínculos familiares o afectivos, que impedían sancionar a quienes ocultaban o protegían a los responsables de delitos graves como feminicidio, homicidio, violación o pederastia.

Durante la sesión del pleno local, varias diputadas subrayaron que el dictamen permaneció cuatro años en la congeladora legislativa, pese a haber sido impulsado por colectivas y familiares de víctimas desde la legislatura anterior.

La Ley Monse lleva su nombre en memoria de Montserrat Bendimes Roldán, una joven veracruzana de 20 años, estudiante de ingeniería, asesinada a golpes por su pareja, Marlon Botas, el 17 de abril de 2021 en Boca del Río.

Por su parte, la diputada Elizabeth Morales García, del Partido del Trabajo, afirmó que con esta reforma “ningún lazo personal puede estar por encima del derecho a la verdad y a la justicia”. Añadió que la medida “elimina los abusos que derivan del concepto de interés legítimo o las relaciones de amor o estrecha amistad, porque el afecto no puede justificar la impunidad”.

En tono crítico, la diputada Ana Rosa Valdés Salazar, del grupo legislativo mixto Veracruz Nos Une, subrayó que “esta ley no ha sido formulada por diputadas o diputados, sino impulsada por mujeres, colectivas, organizaciones y sobre todo por la familia de Monse”.