Congresos obligados a legislar y prohibir la participación honorífica de las parejas de mandatarios en proyectos económicos y sociales, relacionados con los gobiernos.
El esposo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el doctor en ciencias, Jesús María Tarriba Unger, es físico con formación de matemático y reconocido experto en riesgos financieros, quien discretamente se ha mantenido alejado de las actividades y responsabilidades que desempeña su mujer como mandataria nacional.
Este sinaloense de 62 años, cuya tesis doctoral fue premiada y está respaldado por una experiencia de 30 años como analista financiero en diversas instituciones bancarias en España y México, ha respetado la investidura de su consorte, y ha limitado su participación a los actos protocolarios que corresponden al cónyuge de la Ejecutiva Federal, como su presencia en los festejos del día de la Independencia.
Desde 2017, antes de casarse con Sheinbaum -en noviembre del 2023-, se desempeña como responsable del “Desarrollo de Modelos de Valoración y Mediación de Riesgo Financiero” en el Banco de México. La información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia indica que tiene un sueldo mensual de 51 mil 560 pesos, una compensación quincenal de cinco mil 656 pesos, y su gratificación anual y primas en 2024 alcanzaron los 336 mil 500 pesos.
Como el esposo de la Presidenta Sheinbaum, en México los maridos de las gobernadoras y alcaldesas no tienen derecho a cargos, atribuciones, comisiones ni poder público, porque no son parte del equipo que gobierna.
El problema para los bajacalifornianos es que no todos tienen la sobriedad del doctor Tarriba, ni la prudencia -por lo menos en ese ámbito- de su mujer, la Presidenta de México.
Desde el año 2022, cuando la opinión pública fue informada de que la gobernadora Ávila había designado a su cónyuge, el abogado y político, Carlos Torres, ex panista convertido a Morena, como “Coordinador de Proyectos de Regeneración de Espacios Públicos”, y que tenía una oficina en el edificio del Poder Ejecutivo, donde utilizaba los salones del gobierno para sus reuniones, generó descontento social y opiniones en contra.
Cuestionada ante el nepotismo indirecto en conferencias de prensa, Marina Ávila defendió su decisión y la comisión de su marido, argumentado que la coordinación de esos proyectos con presupuestos millonarios y adjudicaciones directas, relacionados con la construcción de parques, temas de movilidad y rescate de edificios históricos, era un cargo honorífico, sin sueldo.
La señora gobernadora incluso reclamó violencia de género, preguntando por qué a los mandatarios masculinos no les han cuestionado si es nepotismo que sus esposas estén frente al DIF. “Ah pero como uno es mujer, entonces sí”, enfatizó.
Como si el trabajo de cabildeo, de atender a los empresarios que buscan hacer negocios y tener contratos con el gobierno encabezado por su mujer… fuera equiparable a la labor de encabezar el patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, integrado por particulares con el objetivo de recaudar recursos y bienes para fortalecer el patrimonio del DIF.
Por cierto, la función de las primeras damas o primeros caballeros frente a patronatos DIF sí está plasmada en reglamentos. Lo que, después de tres años en funciones, no sucede con el cargo del señor Torres.
En medio de esa oscuridad, el alcalde de Tijuana también quedó bien con la gobernadora, uniéndose a la cargada, y en octubre del 2024 designó a Torres -quien suspira por la candidatura a la alcaldía tijuanense con el cargo honorifico de “Coordinador de Proyectos Estratégicos”, en los que, oportunamente, algunos de sus cercanos han resultado beneficiados.
De hecho, el 14 de mayo, cuatro días después que la pareja estatal informara a través de redes sociales que el gobierno de Estados Unidos les habría revocado las visas -a ella de rebote, porque el non grato era su marido- para ingresar a su territorio, Ávila Olmeda no retrocedió.
Sin considerar la opacidad, los conflictos de intereses, sin importar las formas, decidió continuar beneficiando con sus actos de autoridad el tema del cabildeo de Carlos Torres, quien lleva tres años trabajando sin sueldo, por lo que resulta inevitable la duda de cómo se mantiene el cónyuge estatal.
Entrevistado al respecto, el senador panista Gustavo Sánchez dijo que, aunque es evidente que la pareja estatal le está sacando la vuelta a las Leyes contra del nepotismo y están faltando a la transparencia en el ejercicio de gobierno, no se les puede acusar de violar ninguna Ley existente, a menos que surjan documento firmados, un email, un video o una llamada grabada, con la pareja de la titular del ejecutivo estatal, ejerciendo actos jurídicos.
Entonces, para evitar casos como el de Torres, los Congresos estatales y el federal tendrían que abrirse para el análisis y debate de reformas que prohíban expresamente la participación, incluso honorífica, de las parejas de mandatarios en proyectos económicos y sociales, relacionados con los gobiernos encabezado por sus esposos y esposas.
Por lo pronto, se podría empezar por aplicar los recursos aún disponibles del agonizante Sistema de Transparencia aniquilado por los gobiernos de Morena, para recordarles a los Torres Ávila que cualquier persona física o moral que usa recursos públicos o tiene relación con su manejo, está obligada a transparentar sus acciones y resultados a través de páginas públicas. Al fin que él que nada debe, nada teme.
