En México, más de 70 mil policías carecen de la certificación obligatoria para desempeñar sus funciones, lo que pone en duda su preparación y genera desconfianza ciudadana. El problema se concentra en la CDMX y el Estado de México, y se agrava por bajos salarios, falta de capacitación e incluso casos de infiltración del crimen organizado, lo que debilita la capacidad de respuesta y la seguridad pública en varias regiones del país.
Sin embargo, 70 mil 106 carecen de la certificación Única Policial, lo que representa un 17 por ciento de todos los elementos con los que cuenta la sociedad mexicana para la procuración de justicia, según una revisión realizada por EMEEQUIS.
El mayor número de elementos que carecen con esta certificación son 31 mil 101 elementos de la Guardia Nacional, seguidos de los 23 mil 447 elementos municipales distribuidos en todo el país.
A nivel de entidad, el mayor número de elementos sin certificar se encuentran laborando en la Ciudad de México, seguido del Estado de México.
LOS POCO CONFIABLES POLICÍAS DE MÉXICO
México ha tenido, durante años, problemas con la integración de elementos de la policía al crimen organizado, lo que ha generado acciones drásticas en gobiernos federales y locales para depurar los mandos de seguridad. Sin embargo, desde la declaración de la Guerra contra el Narco del presidente Felipe Calderón, a la implementación de la Guardia Nacional durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el problema ha persistido.
El 26 de marzo de 2019 se oficializó la creación de la Guardia Nacional, para realizar labores de seguridad ante la desconfianza del gobierno hacia los policías locales. En septiembre de 2018, antes de asumir la presidencia, López Obrador habló de la falta de confianza hacia las fuerzas locales: “Desgraciadamente, también las policías ministeriales, con honrosas excepciones, están echadas a perder, y las policías municipales y estatales”.
Sin embargo, después de un sexenio, y con varios grupos del crimen organizado matanzas en estados como Sinaloa y Guanajuato, la desconfianza continúa. Por ejemplo, en Celaya, el gobierno local despidió en 2024 a 340 de sus más de 600 policías. El problema de este municipio ha sido la integración de los policías a la nómina del narco, como así lo señaló un reciente reportaje de Los Ángeles Times.
No es el único caso. En Ciudad Juárez, Chihuahua, han sido dados de baja cerca de 400 elementos en dos administraciones municipales. En Tlalnepantla también han ocurrido estas purgas, con 50 policías dados de baja durante 2025. En Ecatepec la historia no es diferente, con 415 policías dados de baja, según informó el municipio mexiquense en julio de 2025.
Los problemas no sólo recaen en la confianza que los uniformados tienen para ejercer sus labores de seguridad, sino también para la protección de la fauna y el medio ambiente. Un estudio de Frontiers in Conservation Science revela que las policías, primera línea contra el tráfico de vida silvestre, carecen de capacitación, conocimiento científico y coordinación para enfrentar este delito.
Parte del problema son los sueldos de los policías. El propio Secretariado señala que el 96.5% de los policías se encuentran en la escala salarial más baja, que es la que corresponde a la estructura jerárquica básica, y sólo el 3.5% tiene acceso a los sueldos más altos asociados a la escala de mandos medios y superiores.
El sueldo promedio de un policía es de 10 mil 434 pesos, y el de comisario, uno de los rangos más altos, alcanza los 49 mil 964 pesos. En la región sureste del país los sueldos pueden llegar a los 7 mil 938 pesos en promedio.
LOS POLICÍAS EN ALIANZA CON EL NARCO
En los últimos años, México ha enfrentado casos impactantes de policías aliados con cárteles del narcotráfico, aprovechando su posición para facilitar actividades ilícitas.
Uno de los ejemplos más notorios es el de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. García Luna, inicialmente un alto mando en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), en 2019 fue arrestado en Estados Unidos acusado de aceptar sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa. Su juicio en 2023 reveló que recibió pagos para proteger cargamentos de cocaína y compartir información estratégica con capos como Joaquín “El Chapo” Guzmán. Fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico y conspiración, evidenciando la profundidad de la corrupción en las instituciones mexicanas.
Otro caso relevante es el de Luis Cárdenas Palomino, ex alto mando de la Policía Federal y mano derecha de García Luna. Desde 2010, su nombre ha estado vinculado al narcotráfico, aunque su detención en 2021 se dio inicialmente por cargos de tortura relacionados con un caso de secuestro. La periodista Anabel Hernández lo señaló como parte de una red de “narcopolicías” que colaboraban con el crimen organizado, específicamente con el Cártel de Sinaloa.
En un caso más reciente, Juan Cruz Solano, exdirector de Seguridad Pública de Coatepec Harinas, Estado de México, fue sentenciado en 2024 a 10 años de prisión por extorsión, un delito vinculado a su colaboración con La Familia Michoacana.
Detenido durante la Operación “Enjambre” en 2024, Cruz Solano usó su posición para extorsionar a comerciantes locales, demostrando cómo incluso funcionarios policiales de nivel municipal pueden convertirse en operadores de grupos criminales. Este caso, reportado en agosto de 2025, resalta la continuidad de la colusión entre policías y cárteles en contextos locales.
FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: MIGUEL ÁNGEL TEPOSTECO RODRÍGUEZ.
