Familiares de desaparecidos señalan que las carencias materiales, organizativas y de personal afectan la eficacia de las investigaciones y la atención a las víctimas indirectas de desaparición, configurando un problema sistémico.
Las familias buscadoras consideran que estas movilizaciones exponen deficiencias estructurales profundas en las instituciones encargadas de la investigación forense y la impartición de justicia. Señalan que las carencias materiales, organizativas y de personal afectan directamente la eficacia de las investigaciones y la atención a las víctimas indirectas de desaparición, configurando un problema sistémico que requiere respuestas institucionales profundas y sostenidas.
Para Jaqueline Palmeros, madre buscadora de larga data, es injusto considerar que las protestas promovidas por los expertos en materia forense y criminalística implican un retraso en la impartición de la justicia, pues desde “bastante tiempo antes” las familias buscadoras han identificado una serie de fallas estructurales de ambas instituciones. Habla de temas que obstruyen las investigaciones, como falta de recursos materiales, fallas en la identificación de cuerpos, así como con su conservación, resguardo y una ineficiente, “por no decir inexistente”, recolección de perfiles genéticos.
En entrevista con Proceso, la integrante del colectivo Una Luz en el Camino, reconoce que las protestas y la suspensión de labores ocasionarán afectaciones en el desarrollo de los casos de personas desaparecidas, aun así sentencia: “Ya era justo y necesario que no solamente el reclamo viniera de las familias, sino de los propios trabajadores. Estoy de acuerdo en que se sumen al paro, estoy de acuerdo en que alcen la voz porque humanamente no es posible que ellos sigan trabajando así”.
Habla en nombre de las familias que integran el colectivo, con las que ha compartido la experiencia de buscar un desaparecido, cuando dice es “humanamente válido” que los profesionales exijan que se hagan valer sus derechos laborales, pues encuentra una relación directa y clara entre las condiciones que enfrentan al interior de las instituciones con su desempeño y la atención que brindan a las víctimas: “Nosotros hemos trabajado muy cerca con ellos, les faltan muchos recursos”.
Al mismo tiempo, lamenta: “Las condiciones del Incifo están en el aire y al igual que las condiciones de las carpetas judicializadas, que no se han podido llevar a cabo inclusive diligencias, oficios de órdenes de aprehensión, notificaciones y ese tipo de cosas que dependen de un juez, justamente por el paro”.
Fallas estructurales
Jael Montserrat Uribe Palmeros fue vista por última vez el 24 de julio de 2020 y sus restos fueron encontrados en el paraje Llano de Vidrio, durante la Cuarta Brigada Regional Ajusco 2024.
Por más de cuatro años, su madre Jaqueline Palmeros no perdió la esperanza de encontrarla y en el camino acumuló experiencia en la búsqueda de personas desaparecidas. También aprendió a manejarse ante las instituciones y a observar su funcionamiento.
Habla con la certeza de la experiencia cuando apunta las grandes fallas estructurales que los buscadores de la capital mexicana enfrentan en el Incifo y la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía local: falta de recursos materiales, una ineficiente recolección de perfiles genéticos y fallas en la identificación de cuerpos, su conservación y resguardo.
Cuando lanza las acusaciones, inmediatamente las respalda con hechos concretos, comienza refiriéndose al caso de su propia hija: “No pudieron darle un perfil genético en el Incifo, por eso el día de la entrega tardaron tanto”.
Después menciona el caso de Margarita Cuevas Suárez, que fue vista por última vez el 4 de junio de 2022 en la colonia Ampliación Tepepan, de la alcaldía Xochimilco. Su cuerpo fue encontrado 13 días después en los límites del estado de Morelos, pero las autoridades no notificaron a la familia de la víctima y no fue reconocido hasta diciembre de 2024.
Como un caso polémico y representativo, agrega el de Julio César Cervantes Cabañas, quien padecía una discapacidad mental y desapareció a los 47 años, el 20 de septiembre de 2021, en la alcaldía Álvaro Obregón. Su cuerpo fue encontrado en enero de 2024, pero su familia fue notificada diez meses después, porque el Incifo no cotejó la información genética y los restos fueron donados sin consentimiento a la escuela de medicina del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
“Ellos no pudieron ser perfilados debido a la falta de recursos. Julio César solamente fue identificado por dactiloscopia, en el caso de Margarita Cuevas, pues no había personal que pudiera hacer un colegiado, entonces nosotros hemos estado apuntando mucho a la falta de interés por parte del Poder Judicial y de verdad sí ha afectado todo esto que a ellos les hacen internamente, a la familia buscadoras”, agrega Palmeros.
Estas fallas estructurales en los servicios forenses no son recientes ni fortuitas. En la tercera entrega de la serie documental “Metrópoli de los desaparecidos”, Proceso documentó fallas en los servicios forenses de la capital que se remontan a la administración como jefa de Gobierno de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante su gestión, en la ciudad se registró una baja en el registro de homicidios, sin embargo, académicos identificaron que en el servicio forense no se estaban llenando todos los requisitos en las actas de defunción para que las muertes violentas sean contadas como homicidio.
Lo anterior representó un aumento en el número de reportes de personas desaparecidas, cuyos cuerpos fueron enviados a las fosas comunes sin los requerimientos establecidos por la ley.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.
