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Presidenta municipal de Cuitzeo, Michoacán, sufre ataque a balazos en restaurante

El 13 de julio de 2025, Rosa Elia Milán Pintor, presidenta municipal de Cuitzeo, Michoacán, recibió impactos de arma de fuego durante un convivio celebrado en el restaurante La Cabaña del Lago, localizado en la colonia El Embarcadero. Dos integrantes de su escolta también fueron lesionados.

El hecho se reportó al número de emergencias a las 1:00 horas. Elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a las víctimas a un hospital en Morelia, donde permanecieron bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó, mediante comunicado, que inició una carpeta de investigación respecto a los disparos registrados en el establecimiento. Peritos aseguraron casquillos y solicitaron las grabaciones de videovigilancia del negocio.

Según el reporte médico incluido en la indagatoria, Milán Pintor presentó una lesión en el brazo derecho. Uno de los escoltas sufrió heridas que pusieron en riesgo la vida; el segundo custodio permaneció bajo observación.

El 30 de mayo de 2021, la entonces candidata Milán Pintor y su cónyuge, José Marcelino Pérez Aguilar, fueron atacados al regresar de un acto proselitista; Pérez Aguilar falleció el día 1 del mismo mes y año. El 2 de abril de 2022, el síndico municipal Francisco Díaz Rodríguez apareció sin vida después de ser privado de la libertad. El 2 de junio de 2024, Israel Delgado Vega, candidato a síndico por el Partido del Trabajo y Morena, fue asesinado frente a su domicilio horas antes de la jornada electoral.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Semarnat autoriza proyecto inmobiliario en playa de Yucatán pese a casi 100 impactos negativos

Pese a las múltiples quejas de habitantes de la franja costera por el avance de estos desarrollos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó un nuevo proyecto de casi cuatro mil metros cuadrados.

La autoridad ambiental en México autorizó un nuevo proyecto inmobiliario en la playa San Bruno de las costas de Yucatán, a pesar de que su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) reconoce 94 afectaciones a la flora, fauna, suelo, entorno social y cultural. La decisión contribuye a la creciente invasión del litoral yucateco que reduce el acceso público a la costa para las comunidades locales.

Si bien, el tiempo estimado de trasladarse del centro de Mérida a esta playa, en el municipio de Dzemul, es de una hora en automóvil, tan solo encontrar acceso libre a la playa toma más de 40 minutos. Los pasos públicos han sido cerrados por complejos privados que conforman un paisaje costero  saturado de casas veraniegas, hoteles y departamentos con estacionamientos exclusivos, donde incluso las personas del municipio tienen prohibido el ingreso, pues abundan los letreros de “no pasar”, “prohibido el acceso” y “propiedad privada”, muchos acompañados de portones con candados puestos o casetas de vigilancia.

Proyectos inmobiliarios avanzan 

El alcalde de Dzemul, José Wilberto Flota Aké, confirmó que existen más de dos mil 500 complejos a lo largo de los 16 kilómetros de litoral en San Bruno, San Benito y Chabihau. Todos extraen agua de pozos particulares, lo que pone en riesgo de salinización los mantos acuíferos.

Pese a las múltiples quejas de habitantes de la franja costera por el avance de estos desarrollos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó un nuevo proyecto de casi cuatro mil metros cuadrados, denominado simplemente “Departamentos en la playa”.

El complejo contará con seis niveles, cada uno con cinco departamentos, además de piscina y terraza.

La autorización contradice lo establecido por el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán, que limita la altura de las construcciones a siete metros y exige que se respeten 60 metros de duna costera para preservar el equilibrio del ecosistema.

El promovente, Meljem Alberto Charruf Semerena, afirmó que el desarrollo es “compatible” con la zona porque se trata de turismo de segunda residencia, en referencia a visitantes con estadías prolongadas. La inversión será de 49.8 millones de pesos y se ubicará cerca de los municipios Progreso y Telchac Puerto. Según el promovente, la etapa de preparación y construcción durará tres años.

“Se realizará el retiro de la vegetación que consiste en arbustos solamente que se encuentren directamente en el área de construcción”, indica la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), documento técnico que evalúa los efectos del proyecto.

También se contempla una excavación en la arena para la colocación de los cimientos en dicho lugar que es parte de  una zona geohidrológica conocida como “Semicírculo de cenotes”, de importancia ambiental, cultural y económica.

Esta área se vería en riesgo de contaminación al manto freático por residuos, partículas disueltas y posibles derrames accidentales.

La zona de vegetación a deforestar incluye especies como nopal, riñonina, alfombrilla, verdolaga, ch’it, uva de mar, chechem y otras. También se anticipa el desplazamiento de fauna, así como la colonización y adaptación forzada de especies a nuevas condiciones artificiales, de acuerdo con la MIA.

Dzemul, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cuenta con 3 mil 622 habitantes, más de la mitad dedicados a la pesca.  Charruf Semerena aseguró que el proyecto “incrementará la calidad de vida” mediante empleos y mayor ingreso per cápita. También niega cualquier alteración a la identidad étnica de la población.

Los pobladores no son tomados en cuenta

José Chi Aké, habitante de Dzemul, denunció que no se realizaron consultas ciudadanas antes de la decisión de construir el proyecto.

“Nunca nos consultan si queremos o no la construcción, ya nos damos cuenta nada más cuando aparecen los edificios y a la vez comenzamos a quedarnos sin agua”, advirtió.

El poblador del sitio costero dijo que en Yucatán hay oposición entre la población a estos complejos, sin embargo, las autoridades locales y federales ignoran sus peticiones.

“Nosotros no queremos ser un Cancún más, esto lo hemos dicho siempre, y no sólo aquí sino ya en otras playas del estado la gente se opone, pero no nos hacen caso”, denunció Chi.

María Elena Torres Pérez, investigadora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), señaló que estos desarrollos afectan directamente a las comunidades: “Cuando estos proyectos llegan, los habitantes tienen cabida como un escenario, pero son excluidos de espacios que tradicionalmente usaban, al menos que sean empleados, pero hay que decir que no todo el pueblo lo es”.

Explicó que los empleos suelen implicar transformaciones culturales forzadas: “Gente que no usaba ropa maya comienza a hacerlo para ser parte de un escenario folclórico, o sea los orillan a usar modelos estilizados que no conciernen a su cultura, tradición y raíces”.

La investigadora mencionó que estos desarrollos turísticos tienden a agarrar como un pretexto o fundamento las cuestiones culturales de identidad, pero de forma superficial, es decir a los turistas les ofrecen la tranquilidad del lugar y la cercanía con la cultura maya.

También subrayó que estos proyectos consumen recursos básicos como electricidad y agua potable, afectando gravemente a la población local, como ya ha ocurrido en sitios como Progreso y Sisal.

Ana García Silberman, investigadora del Cinvestav, alertó sobre la expansión descontrolada del desarrollo inmobiliario en la costa y en su experiencia, zonas de dunas, ocupadas por construcciones, han perdido totalmente su playa debido a la erosión provocada por tormentas y huracanes.

Claudia Pérez Aguilar, vicepresidenta ejecutiva de la AMPI, reconoció que “el mayor interés de las empresas inmobiliarias está en la costa yucateca”, al ofrecer desarrollos con albercas, gimnasios y bares que compiten directamente con destinos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum.

Según una revisión de los trámites de ingreso de MIAs ante la Semarnat, de enero a junio de 2025, se han registrado al menos 10 nuevos proyectos inmobiliarios en Telchac Puerto, Progreso, El Cuyo, San Bruno y San Crisanto.

Una solicitud de información, vía la Plataforma Nacional de Transparencia, reveló que de 2018 a 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) recibió 200 denuncias en Yucatán por afectación a la vegetación costera.

A pesar de la inconformidad social, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, ha reconocido el problema y señaló en una visita a Yucatán en junio, que buscarán liberar accesos públicos.

“Lo que tenemos que hacer es sentarnos con todas estas personas que ya tienen su propiedad privada para llegar a un acuerdo”, declaró a medios de comunicación locales sobre abrir más accesos públicos a las playas.

Jorge Herrera Silveira, investigador en el Cinvestav, advirtió que los cambios de uso de suelo en los mil 250 kilómetros de costa de la Península de Yucatán han aumentado en los últimos 40 años, con el turismo y la industria inmobiliaria como principales motores.

El investigador subrayó que estos proyectos arrastran problemas sociales y ambientales, pues los habitantes originarios sufren las consecuencias con la escasez de servicios públicos.

“Más de 90 % de las aguas residuales de todas las actividades tanto en la costa como en el interior de la península no reciben tratamiento antes de ser vertidas al acuífero el cual tiene como destino final los ecosistemas costeros”, expuso Herrera.

José Chi tiene la esperanza de que en algún momento las autoridades ambientales ya no otorguen más permisos de construcción para permitir un respiro a la costa y al mismo tiempo disminuir las afectaciones a los habitantes.

“Con estos proyectos vemos que las autoridades se preocupan más por darles servicios a las casas veraniegas y a los departamentos, cuando muchas casas del pueblo no tienen ni agua. Queremos un alto a los desarrolladores”, mencionó Chi.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/CAUSA NATURA.
AUTOR:                           /JESSICA ITZEL CHAN.

Sinaloa: matan a padre e hijo en balacera en Culiacán; Cruz Roja en Altata para labores tras homicidio de paramédico

La violencia en Sinaloa no cesa, y tras el homicidio de un paramédico en Altata, este sábado en Culiacán fueron asesinados un padre y su hijo.

Una persecución a balazos en la colonia Guadalupe Victoria en Culiacán, Sinaloa, dejó como saldo dos muertos, un padre y su hijo, un menor de 15 años de edad. 

De acuerdo con los reportes, este sábado 12 de julio alrededor de las 15:00 horas vecinos del sector reportaron al número de emergencia haber escuchado detonaciones de arma de fuego.

Al atender el reporte, en la calle José Vasconcelos con el cruce con la avenida Antonio Nakayama, policías municipales localizaron a un hombre muerto recostado sobre el pavimento, junto a un vehículo de la marca BMW de modelo reciente, quien fue identificado como Juan Carlos, de 44 años.

El hombre circulaba a bordo de su vehículo con su hijo, identificado como Abraham de 15 años, cuando civiles armados a bordo de vehículos comenzaron a perseguirlos a balazos, lo que provocó que chocaran contra la banqueta, según informes.

El adolescente resultó herido en los hechos y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se encargaron de atenderlo de emergencia y trasladarlo a un hospital, sin embargo, falleció mientras recibía la atención especializada.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, Ejército y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para apoyar con las labores de campo, mientras que los policías y peritos de la Fiscalía de Sinaloa se encargaron de realizar las diligencias correspondientes.

La entidad cumple 10 meses de una crisis de violencia e inseguridad, producto de las disputas entre grupos del crimen organizado, que ha dejado mil 700 homicidios dolosos, mil 722 privaciones de la libertad, 6 mil 64 vehículos robados, mil 190 detenidos y 100 abatidos.

Cabe destacar que en solo seis meses, la entidad superó el total de asesinatos registrados en todo el año pasado.

Cruz Roja en Altata, Navolato, para labores tras homicidio de paramédico

La base de la Cruz Roja Mexicana en Altata, municipio de Navolato, suspendió sus labores desde la noche del viernes tras el secuestro y posterior homicidio del socorrista Obed Jair Reyes López, de 25 años de edad.

La noche del 11 de julio, el paramédico se encontraba en el Malecón de Altata, durante su día de descanso, cuando fue interceptado por un grupo de sujetos armados y horas más tarde fue hallado con varias heridas por disparos.

El joven fue llevado a una clínica del IMSS en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán, pero murió en el trayecto hacia el nosocomio.

La Delegación Sinaloa de la Cruz Roja Mexicana lamentó el asesinato del paramédico, exgió esclarecimiento del caso así como condiciones de seguridad, y anunciaron el paro de labores en la sede en Altata, a la vez que pidieron a la sociedad civil y asociaciones de víctimas respaldar su demanda de protección. 

“Por respeto a la memoria de Obed Jair y ante la amenaza latente a quienes brindan servicio humanitario, la Base Altata suspende actividades de manera inmediata hasta que se garantice la seguridad de todo el personal”, señala el posicionamiento institucional.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/NOROESTE.
AUTOR: REDACCIÓN/.

Detienen a dos presuntos integrantes de la Unión Tepito en la alcaldía Venustiano Carranza

A ambos hombres les aseguraron un cargador metálico abastecido con cinco cartuchos útiles, 70 bolsitas de marihuana, 102 bolsitas de crystal, un dispositivo móvil y dinero en efectivo.

Dos presuntos integrantes de la Unión de Tepito fueron detenidos en posesión de 172 dosis de droga, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en calles de la colonia Valle Gómez, de la alcaldía Venustiano Carranza. 

La dependencia encabezada por Pablo Vázquez informó que la detención se dio el pasado 12 de julio, en seguimiento a denuncias presentadas por la comisión de delitos de alto impacto, por lo que utilizaron trabajos coordinados de inteligencia e investigación.

En un comunicado, relató que los uniformados ejecutaron vigilancias fijas y móviles en la zona, gracias a las cuales localizaron, en la calle Topia, a dos hombres que intercambiaban envoltorios por dinero en efectivo. 

Los oficiales se aproximaron y le realizaron una revisión de seguridad a los sospechosos, tras la cual les aseguraron un cargador metálico abastecido con cinco cartuchos útiles, 70 bolsitas de marihuana, 102 bolsitas de crystal, un dispositivo móvil y dinero en efectivo. 

Ambos hombres, de 39 y 36 años, fueron detenidos por las autoridades y, junto con lo asegurado, fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, encargado de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones del caso.

La SSC precisó que los detenidos están presuntamente relacionados con un grupo delictivo, dedicado al narcomenudeo, extorsión y homicidios en la zona Centro de la Ciudad de México. 

Además, tras un cruce de información, los policías tomaron conocimiento de que el detenido de 36 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2025 por delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

A Gertz se le caen todos los casos y siempre tiene a quién culpar: jueces, la UIF...

Desde su llegada, en 2019, Gertz Manero tuvo en la mesa investigaciones clave vinculadas al sexenio de Enrique Peña Nieto: la Estafa Maestra, el caso Odebrecht, los contratos con OHL, la compra del sistema de espionaje Pegasus y el caso Ayotzinapa, entre otros. Con el paso del tiempo, se sumaron otros expedientes a los que se les atribuyó gran impor    tancia, como la investigación del operativo “Rápido y Furioso”, que se proyectaba incluso como un camino hacia la judicialización del expresidente Felipe Calderón, además del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Sin embargo, todos estos casos se han estancado con el tiempo. La Fiscalía no ha logrado concretar ninguna sentencia relevante contra funcionarios públicos de alto nivel.

Alejandro Gertz Manero lleva seis años y medio al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), y su gestión ha brillado no por resultados, sino por la ausencia de los mismos. A pesar de haber llegado al cargo respaldado por el Senado y de la mano del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador —quien asumió el poder con una firme promesa de combate a la corrupción—, la FGR no ha logrado sentencias contra funcionarios clave en casos de alto perfil y él siempre culpa a otras instancias por esto.

Desde su llegada, en 2019, Gertz Manero tuvo en la mesa investigaciones clave vinculadas al sexenio de Enrique Peña Nieto: la Estafa Maestra, el caso Odebrecht, los contratos con OHL, la compra del sistema de espionaje Pegasus y el caso Ayotzinapa, entre otros. Con el paso del tiempo, se sumaron otros expedientes a los que se les atribuyó gran importancia, como la investigación del operativo “Rápido y Furioso”, que se proyectaba incluso como un camino hacia la judicialización del expresidente Felipe Calderón, además del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Sin embargo, todos estos casos se han debilitado o estancado con el tiempo. La Fiscalía no ha logrado concretar ninguna sentencia relevante contra funcionarios públicos de alto nivel.

Aunado a ello, cuando se le ha cuestionado al fiscal sobre sus pendientes, él ha optado por señalar a otros, principalmente al Poder Judicial, pero más recientemente a la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando el nombre de Enrique Peña Nieto volvió a salir en la escena pública la semana pasada, luego de que la prensa de Israel publicara un reportaje en el cual revela que los vendedores del sistema de espionaje Pegasus habrían dado un soborno de 25 millones de dólares al expresidente mexicano para permitir la operación del software en el país, una situación que Peña Nieto negó.

Frente a la publicación del reportaje, Gertz Manero dijo que desde el inicio del sexenio pasado se presentaron denuncias por el caso Pegasus, pero que no se habían logrado corroborar con las pruebas suficientes. No obstante, el Fiscal argumentó que las nuevas evidencias dan lugar a una investigación más sólida.

Pero, además de eso, el Fiscal fue cuestionado con respecto a las otras investigaciones que existían, al menos tres, contra el priista y que llevaban años sin judicializarse. Se trata de al menos tres carpetas de investigación por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, derivados de diversas denuncias que incluyen a la empresa OHL por posibles delitos patrimoniales y electorales, las cuales, incluso, la FGR informó de su existencia desde el año 2022.

Respecto a las otras investigaciones contra el priista, el Fiscal dijo que no se han judicializado porque no se han ratificado las denuncias y porque no le entregaron las pruebas. Además, se justificó diciendo que habían vuelto a exigir a todas las autoridades que hicieron algún tipo de denuncia que ratificaran todos los elementos para poderlo judicializar, pero que no han ido a ratificar la denuncia.


Analistas y especialistas en derecho que han seguido de cerca la gestión de Gertz Manero coinciden en que su papel ha sido desafortunado. El Fiscal, quien durante años se mantuvo en un bajo perfil y evitó la exposición pública —hasta  la llegada de Claudia Sheinbaum— ha sido descrito por sus críticos como un funcionario que se ha dedicado a “administrar la impunidad”.
“Ha sido pésima su función al frente de la Fiscalía, y cuando ha impulsado reformas, han sido reformas regresivas y nada transparentes respecto al trabajo de la Fiscalía. Estos casos Odebrecht, la Estafa Maestra, OHL y Ayotzinapa. El caso de Rosario Robles es una derrota; o sea, es una derrota judicial. Sabemos que fue absuelta y siempre la narrativa pública es que el problema fueron los jueces y que los jueces fueron corruptos, pero nunca se revisa cuáles fueron los méritos de la Fiscalía para presentar el caso”, recordó Luis Eliud Tapia Olivares, abogado e investigador.
La abogada Estefanía Medina, cofundadora de Tojil, organización dedicada al estudio del combate a la corrupción e impunidad, calificó como preocupante la gestión de Alejandro Gertz Manero, al señalar que, desde el inicio, ha sido evidente la falta de acciones concretas y resultados en los casos de alto impacto del país.
“Desde el inicio de su gestión, durante su curso también, hemos venido manifestando que estos casos (de alto perfil) son prácticamente prioridad a nivel nacional y desafortunadamente no se ven resultados y mucho menos acciones concretas para poder atenderlos”, dijo en entrevista con SinEmbargo.
Uno de los ejemplos más claros, detallaron los especialistas, es el caso de Emilio Lozoya, que ha tenido sanciones en Estados Unidos y en varios países de América Latina, “menos en México”. A pesar de tratarse de un asunto de prioridad nacional, la FGR ha sido, en sus palabras, ineficiente. “Resulta bastante preocupante ver una Fiscalía que es completamente inactiva o inerte ante los casos que son de gran relevancia y trascendencia social para nuestro país”, destacó Medina.

En tanto, el abogado Luis Tapia coincidió en que, desde el arranque de la administración de Gertz, la FGR ha caído de desacierto en desacierto. “Cuando él llega se plantea ciertos objetivos prioritarios. Él dice, por ejemplo, que uno de sus temas importantes sería el caso de Ayotzinapa, la Estafa Maestra, el caso Odebrecht y, sin embargo, con los años hemos visto cómo los casos que él consideraba prioritarios se fueron cayendo”.

Apenas el pasado 25 de febrero, justo un año después de que Emilio Lozoya se fue a su casa bajo arresto domiciliario, Alejandro Gertz Manero dijo que la causa penal seguía vigente, pero acusó que el proceso contra Emilio Lozoya Austin estaba detenido por trabas judiciales; afirmó que estaba enfrentando "chicanadas" que impedían su resolución.


En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de EU reveló que Odebrecht pagó sobornos a funcionarios de 12 países de Latinoamérica, incluido México. El principal implicado en México es Emilio Lozoya, exdirector de Pemex durante el gobierno de Peña Nieto, quien habría recibido cuatro millones de dólares para financiar la campaña presidencial a cambio de contratos con la empresa.

La declaración de Odebrecht ante tribunales estadounidenses mencionó a cinco funcionarios mexicanos, y el exdirector de la empresa en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, confirmó los pagos a Lozoya. En 2020, Lozoya acusó a varios políticos y expresidentes, como Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, aunque todos negaron los señalamientos y algunos presentaron denuncias en su contra.

Pese a las acusaciones, ninguno de los implicados ha sido sancionado. Lozoya fue el único en pisar la cárcel, pero desde febrero de 2024 cumple arresto domiciliario mientras continúa su proceso por el caso Odebrecht. Cuestionado por el caso, en febrero pasado, Gertz Manero señaló que el caso Lozoya es un ejemplo de las fallas en el Poder Judicial, ya que acusó que el proceso está anquilosado por decisiones de los jueces.
"El individuo está sujeto a proceso. En un momento dado, había llegado a tal extremo su situación que pedimos la orden de aprehensión y lo internamos, e inmediatamente un juez le dio libertad procesal. En eso estamos", declaró Gertz Manero en ese entonces, pero hasta la fecha no ha vuelto a informar sobre el caso.
Precisamente, para el abogado Luis Tapia, uno de los rasgos que define a la gestión de Gertz es su resistencia a asumir la responsabilidad que le corresponde como Fiscal, argumentando que incluso no se le entregan las pruebas suficientes; una postura que –consideró el especialista– retrata perfectamente los vicios de los Ministerios Públicos que no quieren trabajar y que esperan que las víctimas y los denunciantes les hagan su labor de buscar las pruebas.
“Es un funcionario de la vieja escuela, que no transparenta su función, que da un peso excesivo a quien presenta la denuncia y no asume que su deber es investigar los delitos. Desde hace años Gertz ha declarado públicamente: 'A mí preséntenme todas las pruebas o no inicio una investigación'. Eso es natural para cualquier Fiscal. Eso lo recuerdo desde hace años, y retrata al Ministerio Público típico que no quiere trabajar, que quiere que le lleven todas las pruebas, que los testigos ya estén presentes y no quiere mover un dedo para hacer lo que es su trabajo, que es investigar la comisión de delitos”, dijo Tapia.
El especialista recalcó que esa postura, además, es errónea, ya que precisamente para eso la FGR tiene una policía investigadora, la cual debe investigar, buscar las evidencias, llevar ante las autoridades judiciales los casos y judicializarlos cuando haya suficientes elementos.

Según el especialista, esta lógica se reprodujo en diversos casos, como el de Pegasus, el sistema de espionaje del Grupo NSO, cuya primera denuncia data de 2016, pero que tuvo nuevas denuncias en años posteriores, ya bajo la gestión de Gertz. A pesar de ello, el Fiscal continuó actuando con evasivas. “Dijo ahora que va a pedir que ratifiquen la denuncia a raíz de lo que se publicó en un medio israelí sobre Peña Nieto, pero eso es solo una forma más de evitar asumir su responsabilidad”.

Por su parte, Estefanía Medina coincidió en que es lamentable que Gertz Manero, cuando se le exige rendir cuentas, constantemente responsabilice a otras instancias, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señalando que las denuncias le llegaban sin pruebas. Para la especialista de Tojil, esa postura, además de ser criticable, revela un problema mucho más grave: que ni siquiera tiene el conocimiento de lo que debe hacer la institución a su cargo.
“Creo que, de entrada, hay un tema muy preocupante de concepto: tener claro qué le corresponde hacer a la FGR, y lo que le corresponde es investigar. Resulta muy grave porque parece que el fiscal piensa que debe recibir denuncias con los casos ya completamente investigados para llevarlos ante un juez, cuando esa es, precisamente, la labor que le compete”, explicó la especialista.
Y remató: “Estos pretextos solo evidencian o la falta de capacidad técnica para ejercer el cargo o la falta de voluntad para hacerlo de la mejor forma”.


Pero no se trata sólo de los casos prioritarios o de alto perfil, sino que los números también muestran la realidad de su gestión. Susana Camacho, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, destacó –con base en información del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal del Inegi– que, desde que Gertz asumió la titularidad de la FGR, ese organismo que encabeza ha recibido menos denuncias y ha iniciado menos carpetas de investigación.
“Lo que vemos es que realmente todo está atorado en la Fiscalía. Para empezar, en este periodo Gertz recibió menos denuncias y de esas denuncias la mayoría se siguen quedando en la Fiscalía”, dijo.
Uno de los datos más significativos está en los delitos del sector financiero. En 2018, por delitos contemplados en la Ley de Instituciones de Crédito —que castiga prácticas ilícitas del sector bancario y financiero—, se abrieron 10 mil 221 carpetas. Para 2024, el número se desplomó a apenas 2 mil 175 casos.

Para la especialista, esta reducción, más allá de ser estadística, refleja un abandono en la persecución de delitos de cuello blanco. “Esto sí nos habla de que estos delitos sí tuvieron una disminución importante durante la gestión de Gertz en términos numéricos y generales”, apuntó.

En tanto que para Luis Tapia otro indicador es el alto número de órdenes de aprehensión que se quedan pendientes. De acuerdo con el más reciente Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 2024, elaborado por el INEGI, al cierre del año 2023 la FGR tenía 9 mil 179 órdenes judiciales pendientes de cumplimiento. Para Tapia, esto refleja la incapacidad de la institución para actuar incluso en sus funciones básicas.
“Y te diría: si lo juzgamos por los casos prioritarios, lo ha hecho mal, y si lo juzgamos por las cifras generales, también lo ha hecho mal”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

Periodistas en México abren plataforma para identificar prendas de personas desaparecidas

La iniciativa 'Las prendas hablan' surgió como respuesta a la forma en que la Fiscalía de Jalisco publicó los artículos personales hallados, en una carpeta digital en archivos separados, sin clasificaciones ni sistema de búsqueda, de manera que las personas tenían que abrir archivo por archivo.

Periodistas y especialistas en análisis de datos de México crearon una plataforma para la identificación de las más de 200 prendas encontradas en marzo pasado en el rancho Izaguirre, el cual está vinculado con un cartel del narcotráfico en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

Darwin Franco explicó a EFE que el proyecto es una colaboración entre los medios independientes ZonaDocs, Animal Político y A dónde van los desaparecidos, así como la organización Tejer Red, con la idea de determinar a quiénes pertenecían las prendas y calzado en el predio vinculado a casos de personas desaparecidas.

“Generar una programación que permitiera hacer la búsqueda más fácil por las familias y clasificar por tipo de prenda, por color de prenda, y eso facilitaba que las personas únicamente vieran aquellas que les hacía sentido con las que tenía su familiar el día que fue desaparecido o el último momento en que lo vieron”, detalló el periodista e investigador.

La iniciativa ‘Las prendas hablan’ surgió como respuesta a la forma en que la Fiscalía de Jalisco publicó los artículos personales hallados, en una carpeta digital en archivos separados, sin clasificaciones ni sistema de búsqueda, de manera que las personas tenían que abrir archivo por archivo.

El pasado 8 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció un supuesto “campo de exterminio” del narcotráfico tras hallar cientos de prendas de ropa y zapatos, el cual el Gobierno mexicano aceptó que era un centro de reclutamiento y adiestramiento del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esta plataforma incluye, además, un formulario donde las familias pueden señalar si reconocen alguna prenda y cruzar esta información con las bases de datos de personas desaparecidas que han recabado en sus procesos de búsqueda, dijo Franco.

Los periodistas vinculados al proyecto pretenden aportar información que abone a la búsqueda de la verdad de lo que sucedió en el rancho, señalado como un lugar donde eran llevadas personas reclutadas con engaños desde diversos estados del país en los llamados ‘circuitos de desaparición’.

“Contribuir a esclarecer la verdad, sobre lo que ocurrió ahí y tratar de conectar el circuito de desaparición con las prendas que llegaron hasta ese punto y eso implica también como un ejercicio de colaboración muy cercano con las familias buscadoras que denunciaron que había prendas que llevaba su familiar”, expresó.

La plataforma puede ser consultada en la página lasprendashablan.tejer.red y en los sitios web de los medios de comunicación participantes en el proyecto.

Jalisco es el estado con mayor número de casos de personas desaparecidas con 15.414, de las 129.931 en todo el país, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, en México.

En el país hay más de 130.000 personas desaparecidas y no localizadas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO) que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ya tengo experiencias con estas cosas: Sheinbaum tras amago de aranceles de Trump

Sheinbaum confía en la experiencia que tiene ante las decisiones de Trump y aseguró que nunca va negociar nada que vaya en contra del pueblo de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum confía en la experiencia que tiene ante las decisiones del gobierno de Donald Trump y aseguró que nunca va negociar nada que vaya en contra del pueblo de México.

Durante su gira por Ensenada, Baja California, la mandataria federal reiteró la respuesta al anuncio de la imposición de aranceles de 30 por ciento a productos mexicanos.

“Ya tengo alguna experiencia con estas cosas, ya nos ha tocado varios meses y tengo… pienso que vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos”, dijo.

Durante la inauguración del Hospital General Regional No. 23 del IMSS, en Ensenada, Baja California, la jefa del Ejecutivo Federal envió un mensaje a la ciudadanía:
“Es muy importante que todas y todos los mexicanos sepan que nunca vamos a negociar nada que vaya en contra del pueblo de México, tenemos claros nuestros principios”.
Redundó que “México es un país libre, independiente y soberano y negociamos como iguales, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos”.

México, dijo, es un país grandioso con un pueblo extraordinario “y esa siempre va a ser no solamente la posición de la presidenta, sino que aquí estamos juntos, no hay divorcio entre gobierno y pueblo y que sepan que tenemos muy claros nuestros principios. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Baja California, ni al pueblo de México”.

La carta que envió Trump a México, aclaró, también fue enviada a otros países “y en nuestro caso dijo que nos iba a poner 30% más de aranceles y dije en la mañana que desde ayer hay una mesa de trabajo ya instalada con el gobierno de Estados Unidos”, en la que participan representantes de diversas secretarías de ambos países, en las que podrían llegar a un acuerdo antes del 1 de agosto, fecha en la que aplicarán los aranceles prometidos por el republicano.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Sedena asigna otro contrato millonario a Sima, proveedora de equipo e insumos médicos

Por un monto aproximado de 530 millones de pesos, Sima cuenta con más de mil millones de pesos en contratos adjudicados de forma irregular en el primer semestre del año.

Tal como se preveía, una vez más la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) otorgó otro millonario contrato a la empresa Sincronía Médica Aplicada (SIMA), proveedora de equipo e insumos médicos, realizando el fallo de la licitación durante la madrugada, y justificando con un criterio de puntajes que es muy poco transparente.  

Con el contrato otorgado, correspondiente a la Licitación Pública Electrónica Nacional LA-07-110-007000999-N-417-2025 para la “Contratación de un servicio de abastecimiento de material, insumos y apoyo técnico con el equipo médico requerido para realizar procedimientos de hemodinamia para el Hospital Central Militar y 5 Hospitales Militares Regionales de Especialidad”, por un monto aproximado de 530 millones de pesos, esta empresa suma más de mil millones de pesos en contratos adjudicados de forma irregular en el primer semestre del año.

Como anticipamos en una publicación anterior, pese a que en esta licitación SIMA no ofertó la propuesta más económica ni obtuvo el mayor puntaje, en la publicación del fallo de la licitación la Sedena informó que de acuerdo con el “Criterio de evaluación por puntos y porcentajes”, fue la mejor calificada, mientras que declaró que las otras seis empresas no cumplían con el porcentaje mínimo, aunque no transparenta ni desglosa las calificaciones parciales.  

Lo anterior se suma a las sospechas y dudas sobre cómo, desde altos mandos de la Sedena se ha beneficiado a la empresa de Nelly Guevara Garibay, directora y representante legal de SIMA, pues en otras contrataciones se han declarado desiertas las licitaciones de forma sistemática, para luego adjudicar los contratos de manera directa, a pesar de que diversas compañías cuentan con propuestas competitivas, las cuales han sido desechadas para favorecer a la empresa SIMA. 

Diversas publicaciones en medios, refieren que la falta de transparencia en las licitaciones de la Sedena proviene desde la administración del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. Destacando que en los últimos dos sexenios SIMA obtuvo contratos por más de mil 300 millones de pesos en Sedena, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y en los estados de Chihuahua, Jalisco y Veracruz. 

Además, en el mismo periodo se han denunciado irregularidades y vínculos entre altos mandos militares y Nelly Guevara, denuncias que han valido la observación de la Auditoría Superior de la Federación, situación que parece prevalecer, de acuerdo con el resultado de esta madrugada y los contratos otorgados en lo que va del año. 

En los primeros meses del presente año, SIMA obtuvo el contrato de la licitación pública electrónica: LA-07-110-007000999-N-408-2025, referente a la “Contratación de un servicio de abastecimiento de insumos, instrumental y apoyo técnico con el equipo médico requerido para la realización de procedimientos quirúrgicos de la especialidad de angiología, cirugía vascular y endovascular” para la SEDENA por 108 millones 991 mil pesos. 

Además de la LA-07-110-007000999-N-402-2025 para “Servicio de abastecimiento de material e insumos y apoyo técnico de la imagenología y radiología invasiva para el Hospital Central Militar, Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología, Unidad de Especialidades Médicas y escalones de atención médica que cuentan con servicios de radiología”, por un monto de 365 millones 549 mil 203 pesos. 

La Dirección General de Sanidad Militar, a cargo de Miguel Ángel Aguirre Lara, se ha convertido en un centro de poder donde coinciden altos mandos militares, licitaciones millonarias y empresarias del sector salud que resultan favorecidas por adjudicaciones directas, en donde SIMA concentra contratos en sectores estratégicos del abasto médico en la Sedena, tales como anestesia, banco de sangre, equipo médico y medicamentos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.

El Bando 2 de López Obrador, cimiento de la gentrificación

La política urbana de López Obrador en 2000 favoreció el desarrollo inmobiliario en Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. La medida, que buscaba vivienda social, derivó en especulación, alquileres inaccesibles y desplazamiento de residentes.

Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, las tres alcaldías en las que se concentra el fenómeno de gentrificación, vivieron el auge de su desarrollo inmobiliario gracias a que, cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de Gobierno implementó una política de desarrollo urbano que limitó la construcción de vivienda en 12 alcaldías y abrió la puerta al desarrollo inmobiliario en el corazón de la capital. 

La medida fue anunciada por el entonces jefe de Gobierno apenas dos días después de que asumió la administración de la capital mexicana, en el año 2000, y recientemente salió a colación debido a que la protesta contra la gentrificación, ocurrida el 4 de julio último, puso en el centro de la discusión la crisis de acceso a la vivienda y la gentrificación ocurrida precisamente en tres de las cuatro alcaldías que López Obrador incluyó en el proyecto del Bando 2.

Usuarios de redes sociales, analistas en medios de comunicación y personajes de la oposición –como el diputado panista Federico Döring– retomaron el tema del Bando 2 para rastrear el origen de estos problemas. 

En esta última semana se han viralizado videos que muestran a López Obrador, cuando aún era presidente, reconociendo su papel en el crecimiento inmobiliario de las demarcaciones mencionadas. 

El 19 de julio de 2017 el exmandatario federal declaró en su conferencia mañanera su responsabilidad en la especulación inmobiliaria que acrecentó los precios de la renta en Benito Juárez: “Les cuento que hasta yo tuve que ver con eso, confieso que soy corresponsable, porque cuando llegué a ser jefe de Gobierno me encontré precisamente que, por la especulación financiera, los desarrolladores construían sus unidades habitacionales en las delegaciones de la ciudad donde había terrenos baldíos o terrenos rurales; inclusive bosques (...) Tomamos una decisión, se llamó el Bando 2 y era: no se permite construir en 12 delegaciones unidades habitacionales y sí se van a dar facilidades para que se construyan unidades habitacionales y se vuelva a rehabilitar, que haya más población viviendo, en el Centro, en las cuatro demarcaciones o delegaciones o alcaldías del centro (Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Venustiano Carranza)”. 

La densificación de vivienda en esas zonas se dio, pero vino acompañada de transformaciones locales que están directamente relacionadas con el fenómeno de gentrificación.

Por ejemplo, un factor que contribuye al aumento de precios con especulación inmobiliaria es la renta de alojamientos temporales en aplicaciones. En ese sentido, el proyecto independiente Inside Airbnb registró, hasta marzo último, que en la capital mexicana existen 26 mil 67 propiedades anunciadas, de las cuales 46.15% se concentra en la alcaldía Cuauhtémoc, 17.4% en Miguel Hidalgo y 11.4% en Benito Juárez. 

Vivienda social en beneficio de pocos

El objetivo principal del Bando 2, que estuvo vigente durante seis años, fue propiciar la construcción de vivienda con interés social; pero eso no ocurrió, en cambio, facilitó el desarrollo de viviendas que, en muchos casos, actualmente son ofertadas a precios que sólo están al alcance de extranjeros o un pequeño porcentaje de la población capitalina. 

De acuerdo con el artículo académico “El bando 2 y el acuerdo 3: ni densificación y expansión, sino todo lo contrario”, escrito por la presidenta de la Asociación de Funcionarios de Comunicaciones de Seguridad Pública (APCO) y exsubsecretaria de Asuntos multilaterales y Derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado, el “gran problema del Bando 2” fue la poca coordinación con el Estado de México, “pues para allá se trasladó el cinturón conurbado de obras de vivienda de interés social, y en las delegaciones centrales se dio el fenómeno de gentrificación, ocasionando que la mayoría de la vivienda nueva no fuera para las clases populares”.

El análisis indica que la densificación promovida por López Obrador se enfocó en la construcción de nueva vivienda y la autorización de mayores alturas a las edificaciones existentes: “Olvidando estrategias útiles para el propósito como la reconversión de lo existente, la eliminación de terrenos baldíos o la atribución de un nuevo valor de uso a edificios existentes. En términos de regeneración urbana, la propuesta se ha concentrado en el Centro Histórico, en lo que no podría interpretarse como un polígono de actuación, ni como un proceso de ordenamiento territorial”. 

Testigo de la invasión

Humberto López, de 68 años, comparte en entrevista que ha vivido más de dos tercios de su vida en una casa de la colonia Granada, en Miguel Hidalgo: “Yo de chamaco me iba con la novia a las vías del tren, mi papá trabajaba en el Panteón Francés y ahí me iba yo a dejarle la comida que le mandaban mis tías”. 

Recuerda que tenía 49 años y su primogénita estaba terminando su carrera de veterinaria cuando, en 2006, se edificó el centro comercial Antara en el predio donde antes estaba la planta de General Motors. 
Ya de ahí nada que ver a lo que me tocó a mí de joven por aquí, yo no me quejo, pero ahora dicen que vivo en el Nuevo Polanco, muy Fifi, aquí a dos calles está lo que le dicen coworking, donde va mi hijo más chico; mi nuera lleva a mi nieta luego al museo de arte (Soumaya) y ahí se entretienen un resto. 
López cuenta que a veces, cuando camina por la colonia con sus hijos y nietos, le gusta ir describiendo los cambios que ha visto por las calles.

“Dicen mis nietas que me pasó como en la película de los viejitos que se llevan su casa con globos a quien sabe dónde (UP, de Disney), porque ahí les construyen muchos edificios y los encierran. Yo les digo de broma que soy testigo de la invasión”. 

Aunque siente nostalgia, reconoce que, como propietario de su vivienda, el desarrollo inmobiliario lo benefició. “En el internet ahora puede uno ver en cuánto están rentando por aquí, en la esquina vimos un departamento normalito en 23 mil pesos, mis hijos andan queriendo limpiar el cuarto de tiliches porque dicen que lo rentemos en siete mil a estudiantes que vienen de afuera, y sale porque tiene su bañito sencillo, hasta más. Lo único que no me convence es estar teniendo aquí a un extraño”. 

–Usted, que lleva viviendo en la colonia Granada más de 40 años, ¿ha sido testigo del desplazamiento de personas que no pudieron seguir costeando el precio de sus rentas?

–Un resto, es puro vecino nuevo que quién sabe de dónde vienen, y mucho jovencito. Me da pena por los que fueron porque, no le voy a mentir, así es, unos van, otros vienen.

–¿Entonces, con el desarrollo urbano, no observó la edificación de vivienda dirigida a los sectores populares? 

–Nombre... Le digo que yo no sé de dónde viene esta gente, pero no son como uno, luego ni el español hablan, andan con buen vestido, en carro. Ya no halla uno estacionamiento, la familia batalla para acomodar el carro.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

Reciben a Sheinbaum con protestas en su cuarta visita a BCS

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó este domingo 13 de julio su cuarta visita a Baja California Sur para atender temas relacionados con salud, en un evento en el que fue recibida con protestas de trabajadores de IMSS-Bienestar y transportistas.

Personal del Órgano Público Descentralizado (OPD) continúa con manifestaciones por adeudos en pagos de salarios, días festivos, traslados, así como la falta de insumos como medicamentos en el Hospital Juan María de Salvatierra.

Es justamente en este nosocomio donde la Presidenta inauguró hoy la nueva sala de hemodinamia, que servirá para atender a pacientes con enfermedades cardiovasculares en La Paz, por lo que en respuesta a la protesta, aseguró que avanzan con la problemática del abastecimiento de medicamentos.

“Tuvimos algunos problemas en la licitación de medicamentos porque una vez más se quisieron pasar de vivas las farmacéuticas más que todo, lo pudimos corregir a tiempo, pero lo importante es que lleguen los medicamentos a todos los rincones”, expresó.

En este escenario, Claudia Sheinbaum garantizó una inversión extraordinaria de 300 millones de pesos para fortalecimiento y equipamiento del sistema de salud en Baja California Sur. Contemplan reforzar salas quirúrgicas y mejorar la situación de trabajadores, según informó en su discurso.

Por otra parte, transportistas se manifestaron en la entrada del evento público de la Presidenta. Denunciaron acoso y acciones arbitrarias por parte de la Dirección de Transporte del Gobierno del Estado, pidiendo la destitución del titular, Martín Salinas.

En un breve encuentro, Claudia Sheinbaum recibió las solicitudes de transportistas y el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, se comprometió a dar continuidad a las mesas de diálogo con el sector para atender la problemática.

Para finalizar su evento publicó, la Presidenta reiteró su compromiso de invertir para la construcción de la presa “El Novillo”para abastecer de agua a La Paz, así como la compra de autobuses para el nuevo sistema de transporte y la rehabilitación de la carretera Transpeninsular, que según datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) este año se repararán 100 kilómetros de esta vía.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: GILBERTO SANTIESTEBAN.

Zhi Dong Zhang: operador chino vinculado al CJNG y Cártel de Sinaloa se fuga en CDMX

Se fuga Zhi Dong Zhang, operador chino ligado al CJNG y Cártel de Sinaloa. Estaba en arresto domiciliario en Cuajimalpa.

Zhi Dong Zhang, ciudadano de origen chino, escapó de una residencia en la colonia Lomas de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, donde cumplía arresto domiciliario bajo vigilancia de la Guardia Nacional. La fuga ocurrió el viernes 11 de julio, según confirmaron autoridades federales.

Zhang fue detenido el 31 de octubre de 2024 durante un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Fiscalía General de la República. Estaba bajo proceso de extradición a Estados Unidos por su presunta participación en redes de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Quién es Zhi Dong Zhang y por qué lo buscaban

Zhang es señalado como un operador logístico que facilitaba el ingreso de precursores químicos utilizados para la elaboración de fentanilo, metanfetaminas y otras drogas sintéticas. De acuerdo con investigaciones en curso, estableció rutas entre Asia, Sudamérica, Centroamérica y México, que abastecían al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa.

Las autoridades de Estados Unidos lo vinculan con el tráfico de más de una tonelada de cocaína, 1.8 toneladas de fentanilo y 600 kilogramos de metanfetaminas. Además, se le atribuye la operación de esquemas de lavado de dinero por al menos 150 millones de dólares anuales, con ramificaciones en varios países.

Detalles de la fuga y revisión del resguardo

El escape ocurrió sin que se registraran incidentes violentos, lo que llevó a las autoridades a abrir una investigación interna por posibles fallas en el protocolo de vigilancia. La residencia donde estaba recluido contaba con custodia de la Guardia Nacional, y por el momento no se ha informado si hay elementos sancionados o detenidos.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, había destacado la detención de Zhang como una acción clave para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y cortar recursos financieros a los cárteles mexicanos.

Reacción oficial tras la evasión

La Fiscalía General de la República emitió una ficha de búsqueda nacional y solicitó el apoyo de la Secretaría de Marina para la recaptura del prófugo. También se activaron alertas migratorias y herramientas de rastreo digital para dar con su paradero.

El caso ocurre en un momento de alta presión internacional sobre México y China, debido al papel de los precursores químicos en la crisis del fentanilo en América del Norte. Según reportes del New York Post, Zhang figuraba como uno de los principales enlaces en esta cadena logística.

Implicaciones para la seguridad nacional

La fuga ha generado cuestionamientos sobre la idoneidad del arresto domiciliario para perfiles considerados de alto riesgo. Tanto la Secretaría de Seguridad como la FGR señalaron que se revisan los procedimientos que permitieron que Zhang escapara sin oposición.

También se investiga si hubo omisiones deliberadas o complicidad por parte del personal encargado de su vigilancia, lo que podría derivar en acciones legales y administrativas.

El caso subraya la complejidad del combate al narcotráfico transnacional y la necesidad de reforzar los controles sobre individuos vinculados a redes de crimen organizado que operan entre Asia, América Latina y Estados Unidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aplazan audiencia de delegado de la FGR en Tabasco acusado de abuso sexual y discriminación

Desde diciembre del año 2024 el titular de FGR, Alejandro Gertz Manero designó a Martín Rivera como delegado de la institución en Tabasco, cargo que actualmente desempeña.

La audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) tenía previsto imputar a Martín Rivera Cisneros, delegado de la institución en Tabasco, por hostigamiento sexual, abuso sexual y discriminación, fue aplazada de último minuto. 

Proceso informó el pasado 9 de mayo del caso contra el mando de FGR en el que una de sus colaboradoras identificada como Ana “N”, cuyo nombre fue modificado por razones de seguridad, lo denunció por haberle realizado tocamientos, insinuaciones, mensajes y cartas de índole sexual entre 2016 y 2017.

Aunque la víctima intentó denunciar ante diferentes autoridades de la extinta PGR desde noviembre de 2017, no fue sino hasta el año 2019 que la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos (FEAI) abrió la carpeta de investigación número FED/VG/UNAI-CDMX/0000997/2019, en la que luego de 4 años decretó el no ejercicio de la acción penal. 

Esta decisión fue revocada en el año 2022 y el caso fue judicializado apenas este año ante el juez Edmundo Manuel Perusquía Cabañas, en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte. 

El juez tenía programada la audiencia inicial para este jueves a las 15:15 horas, sin embargo, la defensa de Rivera Cisneros solicitó diferirla debido a que están a la espera de la elaboración de un dictamen pericial en materia de grafoscopia, pese a que ya existe uno en la carpeta de investigación. 

Ana y sus asesores jurídicos acudieron al Centro de Justicia donde ni siquiera les fue posible alegar ante el juez que no difiera la audiencia. 

Por el contrario, fueron informados en los pasillos del Centro de Justicia que la audiencia fue reprogramada para las 9:15 horas del próximo 26 de septiembre. 

La otra investigación pendiente

Esta no es la única investigación por abuso sexual que existe contra Rivera Cisneros, pues en el año 2024 la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), inició una carpeta de investigación por hostigamiento sexual y abuso sexual agravado. 

Fuentes ministeriales confirmaron a esta casa editorial que los hechos por lo que fue denunciado en esta ocasión ocurrieron entre 2023 y 2024 cuando Rivera estaba adscrito a la Fiscalía Especial de Control Regional (FECOR). 

Sin embargo, aunque la asesoría victimal ha solicitado judicializar la carpeta de investigación, hasta ahora no lo ha logrado. 

En septiembre del año 2019 la Fevimtra decretó el no ejercicio de la acción penal contra Rivera Cisneros por el caso de Ana “N”. 

La decisión fue revocada por una juez de control el 5 de noviembre de ese mismo año al considerar que el ministerio público federal no analizó la asimetría de poder existente entre Ana y su agresor y que la FGR actuó con parcialidad durante la investigación revictimizándola, razón por la que este caso fue enviado a la FEAI. 

Desde diciembre del año 2024 el titular de FGR, Alejandro Gertz Manero designó a Martín Rivera como delegado de la institución en Tabasco, cargo que actualmente desempeña.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

La ONU denuncia a empresas que lucran con el genocidio en Gaza: ésta es la firma mexicana implicada

En su informe más reciente sobre la inhumana situación en Gaza, la Organización de las Naciones Unidas exhibe a una serie de compañías por agotar recursos de los palestinos en beneficio del Estado de Israel.

Orbia Advance Corporation, el conglomerado industrial de una de las familias empresariales más poderosas de México, la Del Valle, con presencia en firmas como Kaluz SAB, Elementia, Mexalit, Banco Ve por Más, Institución de Banca Múltiple y Pochteca, fue denunciada por la ONU como la principal empresa mexicana que lucra con el genocidio en Gaza a manos de Israel.

Proceso revisó el documento oficial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y consultó actas mercantiles, registros corporativos y documentos notariales para trazar el perfil empresarial de los Del Valle, así como el pasado industrial de Orbia, anteriormente conocida como Mexichem, y su implicación en la tragedia del complejo petroquímico de Pajaritos en 2016, donde una explosión dejó 32 muertos y más de 130 heridos.

La denuncia

Los señalamientos contra Orbia forman parte del informe titulado “From Occupation Economy to Genocide Economy”, elaborado por la relatora especial para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese.

En él, expuso que las muertes de niños, mujeres y civiles indefensos en Gaza no cesan porque existe un grupo de empresas que se beneficia económicamente del conflicto. Entre ellas, destacó a Orbia, la cual participa por medio de su filial Netafim, posicionada como una de las líderes globales en tecnología de riego por goteo.

Netafim, controlada 80% por Orbia Advance Corporation, ha diseñado su tecnología agrícola en consonancia con los intereses estratégicos de expansión territorial del Estado de Israel.

Bajo una imagen global de sostenibilidad, sus sistemas han permitido una explotación intensiva del agua y la tierra en Cisjordania, según el informe, contribuyendo así al vaciamiento de los recursos naturales palestinos. Todo esto, mientras colabora activamente con firmas israelíes especializadas en tecnología militar.

En el Valle del Jordán los sistemas de riego impulsados por Netafim y la familia del Valle han facilitado el crecimiento de los cultivos israelíes, al tiempo que se les niega el acceso al agua a los agricultores palestinos, quienes tienen 93% de sus tierras sin irrigar.

Esta asimetría –denuncia el informe– ha empujado a la población palestina fuera de sus tierras, incapaz de competir con la producción israelí. Las técnicas implementadas, además, amenazan con agotar el río Jordán y el mar Muerto, dos fuentes vitales para la región.

El reporte también documenta que los hospitales palestinos y las personas, los niños, han quedado sin acceso al agua, en medio de una ofensiva militar que combina bombardeos, balas y fuego.

Según una presentación corporativa dirigida a inversionistas, publicada en mayo de 2025, Orbia afirma que su misión es “mejorar la vida en todo el mundo a través de soluciones de infraestructura que crean entornos saludables y sostenibles”. 

La compañía resalta su enfoque en sistemas de distribución de agua de alta calidad, soluciones sanitarias y tecnologías para el manejo de aguas residuales, así como innovaciones para el control del clima al interior de edificios.

En el documento, Orbia presume que sus soluciones permiten enfrentar los desafíos del cambio climático y los eventos extremos, mediante sistemas para captar, filtrar, infiltrar y reutilizar el agua de lluvia. También enfatiza su aporte a la eficiencia energética y la sostenibilidad urbana, al ofrecer plataformas centralizadas para calefacción, ventilación y refrigeración.


La empresa reconoce tener cuatro centros globales de dirección estratégica: Ciudad de México, Boston, Ámsterdam y Tel Aviv. Este último centro –destaca el reporte de Albanese– tiene una relevancia especial por su cercanía a la Franja de Gaza, donde se concentra la ofensiva militar y donde Netafim ha desarrollado parte de su tecnología y operaciones.

En 2024 Orbia Advance Corporation registró ingresos globales por siete mil 500 millones de dólares y un EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) ajustado de mil 190 millones, lo que le otorgó un margen operativo de 15.8%; su presencia alcanza más de 100 países.

La compañía ha reportado a la Bolsa Mexicana de Valores que ejecuta una reestructura interna orientada a maximizar sinergias, reducir deuda y generar valor incremental año tras año.

Imperio familiar

Detrás de Orbia se encuentra la poderosa familia Del Valle, cuyo patriarca, Antonio del Valle Ruiz, es uno de los empresarios más influyentes del país. 

Fundador y presidente honorario vitalicio de Kaluz, Orbia, Elementia y Grupo Financiero Ve por Más (BX+), ha formado parte de los consejos de administración de Teléfonos de México, Industrias Monterrey, la Escuela Bancaria y Comercial y la Fundación ProEmpleo. Así lo consigna la propia página oficial de Orbia.

Desde el año 2000 forma parte del consejo de administración de Orbia. En registros de la Secretaría de Economía, su nombre aparece vinculado a una red de empresas con sedes mayoritariamente en la Ciudad de México. Entre estas destacan:

Prediales ATN, SAPI de CV; Prediales Atenas Controladora, SAPI de CV; Valsaba, SA de CV; Tex-No-Tej, SA de CV; FA Comercial e INMX Servicios, SA de C.V.

Dos sociedades de inversión asociadas a HSBC: HSBC DG, SA de CV SIIDPF; HSBC~D7, SA de CV SIRV; Gonmay, SA de CV, con sede en Aguascalientes, e Inmobiliaria Valer, SA de CV.


Antonio del Valle Ruiz es padre de María de Guadalupe, Antonio, Francisco Javier y Juan Pablo del Valle Perochena, todos con posiciones de poder dentro del emporio.

El heredero en el timón de Orbia

Desde 2011 Juan Pablo del Valle Perochena funge como presidente del consejo de administración de Orbia. También integra el consejo de administración de Johnson Controls International (JCI Inc.) en Estados Unidos y encabeza el consejo de Elementia Materiales, SAB de CV. 

Es miembro de varios organismos internacionales, como el David Rockefeller Center for Latin American Studies de Harvard, la Fundación Kaluz, el Chairman’s International Advisory Council of the Americas Society y el Latin American Conservation Council de The Nature Conservancy.

Antonio del Valle Perochena funge como director patrimonial de Orbia desde 2002 y, actualmente, es uno de los tres copresidentes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), un nuevo formato de dirigencia que se formalizó en 2025. 

El CMN es una de las organizaciones empresariales más influyentes del país, integrada por las 60 compañías de capital privado más relevantes de México, y mantiene un canal directo de interlocución con el gobierno federal.

Además, Antonio del Valle forma parte de los consejos de administración de Grupo Financiero Ve por Más (BX+), Elementia, Controladora GEK, Afianzadora Sofimex y Byline Bank reforzando su presencia en sectores clave como la banca, materiales de construcción, aseguradoras e inversiones internacionales.

Del negocio del cemento a la educación

Francisco Javier del Valle Perochena es director patrimonial de Orbia desde 2021 y presidente del consejo de administración de Elementia desde el año 2000. 

Dirige también Controladora GEK y desde 2010 incursionó en el sector educativo al fundar el SAE Institute Latin America, especializado en medios creativos. Forma parte de los consejos de administración de Grupo Financiero Ve por Más, Cuprum, Grupo Interprotección, el consejo de asesoría de Banamex, el Consejo de Comunicación y el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. 

Finalmente, María de Guadalupe del Valle Perochena dirige desde 2005 la oficina familiar Del Valle, un fondo de inversión activo que opera con discreción, pero con influencia en múltiples sectores. 

Anteriormente trabajó en áreas de finanzas y marketing en Banco BITAL y Banco Santander. Actualmente integra los consejos latinoamericanos de la Fundación Kaluz y del SAE Institute, el proyecto educativo encabezado por su hermano Francisco.

La tragedia de Pajaritos

Orbia no siempre se llamó así. Hasta hace pocos años era conocida como Mexichem.

El 20 de abril de 2016 una explosión en la planta Clorados III del complejo petroquímico Pajaritos, en Veracruz, dejó 32 muertos y más de 130 heridos. 

El siniestro, que afectó un área de más de dos mil metros cuadrados, fue considerado uno de los más costosos para la industria aseguradora en México. En su momento, Rocío Nahle, quien era legisladora, responsabilizó a Mexichem por negligencia.

Tras el desastre, y según actas constitutivas en poder de Proceso, Mexichem cambió su denominación social. 

El 22 de mayo de 2005, Grupo Industrial Camesa, SA de CV, adoptó el nombre de Grupo Industrial Mexichem, SA de CV. Posteriormente, el 10 de noviembre de 2023, durante una asamblea extraordinaria protocolizada por Paola Uriza Chong, se formalizó la fusión de Mexichem Soluciones Integrales Holding con Orbia Advance Corporation.

Proceso buscó obtener la posición de la empresa señalada por la ONU. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

La maestra Olga Maribel logra su libertad

La defensora comunitaria Olga Maribel fue liberada tras determinarse judicialmente que no cometió los delitos que se le imputaban. Sin embargo, el proceso continúa para decenas de personas más, en un caso que sigue marcando a la comunidad de Eloxochitlán, Oaxaca.

A pesar de ser declarada inocente de daños por incendio y robo con violencia, el juez Constantino Santiago insiste en que estos delitos sí existen y sí fueron cometidos. La comunidad afirma que la resolución judicial no reconoce la prescripción de los delitos.

Señalan que dicha postura es “una forma de persecución judicial”, pues mantiene en riesgo a otros defensores que podrían ser encarcelados, aunque no exista evidencia suficiente en su contra. Se teme que a otros acusados se les responsabilice injustamente por estos hechos.

El próximo 18 de agosto, tres defensores más acudirán al juzgado para que inicie el proceso que determine su posible liberación. Organizaciones y activistas han convocado a acompañarlos en Eloxochitlán para exigir el reconocimiento de la prescripción de los delitos y el fin de la persecución.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Más de 95 por ciento de madres buscadoras en México ha enfrentado violencias: AI

Al menos 97 por ciento de las madres buscadoras en México ha enfrentado violencias y afectaciones al buscar a sus desaparecidos, entre las que destacan amenazas, extorsiones, ataques, desplazamientos forzados, secuestros, tortura, violencia sexual, desapariciones y asesinatos, reveló el informe «Desaparecer otra vez» de Amnistía Internacional (AI).

Además de afrontar la búsqueda de sus seres queridos, entre las más de 128 mil víctimas de desaparición en el país, las madres buscadoras enfrentan «además un creciente número de violencias y afectaciones, que han llegado al extremo de costarle la vida al menos a 16 de ellas», señaló AI en el informe, que reúne 600 testimonios de mujeres de 30 estados de México y de países como El Salvador, Guatemala y Honduras.

Además de las agresiones más comunes, de acuerdo con el informe una de cada dos buscadoras ha sufrido discriminación por género, situación económica, identidad étnico-racial, pertenencia a pueblos indígenas y por origen nacional o situación migratoria. «Se detectó también que una de cada dos buscadoras ha sufrido estigmatización y revictimización por parte de las autoridades e incluso de sus propias familias y comunidades», señala el documento.

«No es lo mismo un rico que un pobre. Desapareció alguien con dinero y lo encontraron porque fue prioridad para la Fiscalía, mientras que a mí ni siquiera me dan citas para buscar a mi hijo», se lee en un testimonio anónimo de una madre buscadora en la capital de Colima.

Entre las violencias las mujeres también señalaron la «reiterada falta de compromiso y actuación en las búsquedas» por parte de las instituciones públicas, así como denunciaron los obstáculos oficiales para para ser reconocidas como víctimas. Además, indicaron que los apoyos que les brindan las comisiones estatales de atención a las víctimas son «insuficientes, demorados y culturalmente inapropiados», a lo que AI agregó que los retos para la atención «son aún mayores para las mujeres buscadoras indígenas y las familias de personas migrantes desaparecidas».

De acuerdo con el informe, sólo 17 por ciento de las mujeres buscadoras acudió a las autoridades para denunciar actos de violencia y afectaciones o a solicitar sus servicios, principalmente por factores como desconfianza en el gobierno, desconocimiento de derechos y la percepción de cooptación de servidores públicos por el crimen organizado.

«A diferencia de otros países donde los Estados son quienes buscan a las personas desaparecidas, en México son las mujeres quienes encabezan la búsqueda, con sus propias manos, picos y palas, localizan y excavan fosas. Lo hacen en condiciones de alto riesgo, ingresando a zonas peligrosas o incluso cruzando fronteras para seguir buscando a sus seres queridos. Estas omisiones del Estado no sólo las colocan en una situación de grave vulnerabilidad, sino que además les impiden el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño, como es su derecho», dijo Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional sección mexicana.

La organización de derechos humanos reiteró la urgencia de que las autoridades mexicanas garanticen el derecho de las mujeres a buscar a sus seres queridos y adoptar medidas que detengan «las constantes y continuadas violaciones de los derechos humanos que ellas sufren al realizar su labor», por lo que incluyó en el informe una serie de recomendaciones para avanzar en la protección de las colectivas de búsqueda.

COMUNICADO:

Las mujeres que se encargan de buscar a sus seres queridos, entre las más de 128,000 personas desaparecidas y no localizadas en México, deben enfrentar además un creciente número de violencias y afectaciones, que han llegado al extremo de costarle la vida al menos a 16 de ellas, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en el Informe Desaparecer Otra Vez. Éste incluye el testimonio de 600 mujeres buscadoras de 30 estados de México y de países como El Salvador, Guatemala y Honduras. Las mujeres generosamente compartieron sus experiencias a través de cuestionarios, grupos de enfoque y entrevistas.

“Las mujeres buscadoras realizan una labor muy importante de defensa de derechos humanos en un ambiente sumamente hostil. A pesar de las graves violencias y afectaciones que viven, han sido sororas con otras familias que pasan por la misma situación. Han impulsado leyes, políticas públicas y la creación de instituciones orientadas a la búsqueda de personas desaparecidas. Las autoridades deben garantizarles el derecho a buscar a sus seres queridos y también adoptar las medidas que pongan fin a las constantes y continuadas violaciones a los derechos humanos que ellas sufren al realizar su labor”, declaró Ana Piquer, directora regional para las Américas de Amnistía Internacional.

El informe Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México, se acompaña de la campaña #BuscarSinMiedo que exige a las autoridades acciones concretas para proteger a las mujeres buscadoras en Las Américas.

¿Qué sucede a las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos?

El informe detalla que 97% de las mujeres buscadoras entrevistadas declaró haber enfrentado violencias y afectaciones al buscar a personas desaparecidas. Entre las primeras destacan amenazas (45%); extorsiones (39%); ataques, (27%), desplazamientos forzados (27%); secuestros (6%), tortura (10%), e incluso violencia sexual, desapariciones y asesinatos.

 “Mi casa fue balaceada, fueron 100 balazos, estaba con mis hijas, fue espantoso”

Testimonio de una mujer buscadora anónima en Chilpancingo, Guerrero.

Además, una de cada dos buscadoras ha sufrido discriminación por género, situación económica, identidad étnico-racial, pertenencia a pueblos indígenas y por origen nacional o situación migratoria. Se detectó también que una de cada dos buscadoras ha sufrido estigmatización y revictimización por parte de las autoridades e incluso de sus propias familias y comunidades.

 “No es lo mismo un rico que un pobre. Desapareció alguien con dinero y lo encontraron porque fue prioridad para la Fiscalía, mientras que a mí ni siquiera me dan citas para buscar a mi hijo”.

Testimonio de una madre buscadora anónima en Colima, Colima.

También se detectaron afectaciones al núcleo familiar por la desaparición de uno de sus integrantes. Al respecto, de las 600 mujeres buscadoras entrevistadas para el informe, 60% reportó deterioro de las relaciones familiares, problema que se acrecienta por la falta de un sistema de cuidados que les permita seguir sus roles como cuidadoras a la par de realizar labores de búsqueda, 70% han tenido afectaciones en materia de salud física y mental, como depresión, insomnio y aparición de enfermedades o deterioro de enfermedades preexistentes y 60% reportó pérdida de recursos.

“Tenía problemas para respirar, me ahogaba constantemente, tienes que ir al dentista porque pierdes la dentadura. Hay un desgaste físico y mental de buscar 15 años”.

Araceli Rodríguez, madre buscadora del Estado de México.

“Ya no había gasolina para salir a buscar a mi hijo. Duré casi un año y medio sin luz, sin agua, a veces sin comer”.

Verónica Durán, buscadora de Guanajuato.

Desconfianza en las Autoridades

Las mujeres buscadoras identificaron en las instituciones públicas una reiterada falta de compromiso y actuación en las búsquedas de personas desaparecidas, lo cual ha llevado a las primeras a realizar la mayor parte del trabajo, incluso en las búsquedas organizadas por las autoridades.

“A diferencia de otros países donde los Estados son quienes buscan a las personas desaparecidas, en México son las mujeres quienes encabezan la búsqueda, con sus propias manos, picos y palas, localizan y excavan fosas. Lo hacen en condiciones de alto riesgo, ingresando a zonas peligrosas o incluso cruzando fronteras para seguir buscando a sus seres queridos. Estas omisiones del Estado no solo las colocan en una situación de grave vulnerabilidad, sino que además les impiden el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño, como es su derecho”, declaró Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional sección mexicana.

El informe indica que solo 17% de las mujeres buscadoras acudió a las autoridades para denunciar actos de violencia y afectaciones o a solicitar servicios. Esto se debe a diversos factores, como desconfianza en el gobierno, desconocimiento de derechos e, incluso, percepción de cooptación de servidores públicos por el crimen organizado.

Las mujeres entrevistadas consideraron positivo que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y los mecanismos estatales de protección les reconozcan como defensoras de derechos humanos y les brinden medidas de seguridad. Sin embargo, advirtieron que “[para] quien no está en los reflectores, el mecanismo no sale a dar la cara”. Además, señalaron que dichos mecanismos de protección no aplican un enfoque integral con perspectiva de género y de infancias al brindar medidas de seguridad. Tampoco realizan un adecuado seguimiento y evaluación de la efectividad de las medidas.

Las buscadoras refirieron problemas para ser reconocidas como víctimas y que los apoyos que les brindan las comisiones estatales de atención a las víctimas son insuficientes, demorados y culturalmente inapropiados. Los retos para la atención son aún mayores para las mujeres buscadoras indígenas y las familias de personas migrantes desaparecidas.

Como víctimas indígenas “estamos en un piso diferente, mucho más desproporcional cuando venimos de los pueblos”.

Beatriz Zapoteco, buscadora de Guerrero.

Las mujeres también mencionaron que las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República recurrentemente mantienen prácticas contrarias a los estándares internacionales, como pedirles que esperen 72 horas para interponer una denuncia por desaparición.

“No querían que pusiera la denuncia [de desaparición de mi hija], porque tenía que esperar 72 horas porque, según ellos, estaba con el novio muy feliz y por eso no sabíamos de ella”.

Testimonio de una madre buscadora anónima en Juárez, Chihuahua.

Respecto al Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación, un mecanismo creado para facilitar el acceso a la justicia a personas migrantes y sus familias que se encuentran en otro país, las mujeres buscadoras enfatizaron las dificultades que tienen las familias de personas migrantes desaparecidas para interponer las denuncias, dar seguimiento a sus casos y acceder a territorio mexicano.

“Una de las principales dificultades es ir a México, porque no hay tarjeta por razones humanitarias. Cruzar las fronteras es lo que más se nos dificulta. Si no estamos con organizaciones de la sociedad civil no nos toman en cuenta, nunca nos darían esas tarjetas”.

Mary Rodríguez, buscadora hondureña.

La investigación incluye una serie de recomendaciones a las autoridades mexicanas para avanzar en la protección de las colectivas de búsqueda. Entre ellas, Amnistía Internacional insta a las autoridades mexicanas a reconocer la importante labor de las mujeres buscadoras y el derecho que tienen a buscar, ya sea en conjunto con las autoridades o de forma independiente, y que se garanticen sus derechos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales.

“Todas las medidas gubernamentales en materia de desaparición deben contar con la efectiva participación de las buscadoras. Hoy seguimos recordando que ¡sin las familias, no! Es fundamental reconocer también el rostro femenino de la búsqueda e incorporar una perspectiva de género e interseccional”, destacó Edith Olivares Ferreto.


FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.