“No sé de qué me hablas”. Esta fue la respuesta de la directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, a las preguntas de los periodistas sobre las denuncias presentadas contra 31 científicos y académicos para los que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó orden de aprehensión.
Un juez rechazó en dos ocasiones la captura de los exfuncionarios de Conacyt y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC (FCCyT), una asociación civil pensada para ejercer como órgano consultivo y a la que el Conacyt acusa de operaciones ilícitas. Ahora la FGR quiere presentar una tercera solicitud para que los científicos sean detenidos y encarcelados, ya que les acusa, entre otros delitos, de delincuencia organizada.