La Fiscalía de la CDMX descartó que hubiera algún bache o daños en el asfalto que propiciaran la volcadura de la pipa de gas.

“A partir de las inspecciones que realizaron los servicios periciales, en el lugar del siniestro no se encontró ningún bache ni daños en el asfalto, lo que consta en la fijación de imágenes que documenta y preserva la evidencia visual que obra en la investigación”, detalló la Fiscalía de la CDMX.

Añadió que mantiene células de atención integral desplegadas en el lugar y en los hospitales para acompañar a las víctimas y sus familias, brindando contención psicológica, asesoría jurídica y orientación social, en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) de la Ciudad de México.

Suman 10 personas muertas

Mientras el Paquete Económico 2026 viene cargado de más impuestos, más deuda y recortes, los diputados federales ya tienen asegurado un aumento de sueldo que cualquiera envidiaría.

De acuerdo con el proyecto de presupuesto, cada legislador pasará de ganar 1 millón 193 mil pesos netos al año en 2025 a 1 millón 307 mil en 2026. Es decir, un aumento de 113 mil 739 pesos más en el bolsillo, más de lo que gana un trabajador con salario mínimo en todo un año.

En el pasado priista de la Presidencia de la República, y en la mayoría de los estados, fueron notorias por corruptas las corporaciones policíacas. La Policía Judicial Federal se llevaba por mucho la estafeta de la más corrupta al ser la protectora y cómplice de los cárteles de la droga. Allá por los inicios de la década de los noventa, por ejemplo, en Baja California, eran notorias porque la judicial federal servía al Cártel de Sinaloa, y la Policía Judicial Estatal al Cártel de los Arellano Félix.

Cuando llegó el PAN al poder central de la República, la corrupción en las policías no cambió; lo que sí fueron los nombres. Ya no era policía judicial, sino policía ministerial, como si el cambio de membrete les asegurara la depuración. Entonces se les empezó a conocer como policías “mañosteriales”, pues continuaron sirviendo a la maña. Luego fueron los AFIS, y en el populo se les conocía como los afiosos, y así con todos los nombres que siguieron, las malas prácticas no terminaron.

Las policías en México servían a los criminales; no estaban infiltradas, estaban afiliadas a los cárteles. Con esto en mente, y queriendo cambiar el esquema mafioso de las corporaciones en el país, el presidente Felipe Calderón Hinojosa sacó por primera vez, a los soldados de los cuarteles a las calles para perseguir el crimen. Lo hizo, justificaron entonces, en lo que desarrollaban un programa de depuración de las policías para deshacerse de los elementos deshonestos.

Aun cuando se avanzó en la materia, se crearon, por ejemplo, los exámenes de control, evaluación y confianza con los que hasta la fecha se evalúa a quienes tienen un cargo en materia de seguridad, y se establecieron protocolos para la mesa de seguridad nacional; pero el programa de depuración policiaca ya no lo continuó el presidente siguiente, el priista Enrique Peña Nieto.

Cuando Andrés Manuel López Obrador arribó a la Presidencia de México, y a pesar que durante los últimos 12 años había estado en contra de la política calderonista de mantener a los soldados en las calles persiguiendo el crimen, no sólo no lo hizo, sino que llegó más lejos: desapareció la policía federal, creó con elementos de la milicia la Guardia Nacional, cedió la estrategia de seguridad al Ejército Mexicano, y entregó los puertos, marinas mercantes y aduanas a la Secretaría de Marina. Le dio el total control de la seguridad a las Fuerzas Armadas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha mantenido el mismo escenario. A pesar de haber reactivado con Omar García Harfuch, la Secretaría de Seguridad, aun hay muchas áreas en las que las Fuerzas Armadas rigen en materia de seguridad, combate a la violencia y persecución de criminales.

Al haber cambiado de corporaciones policiacas a fuerzas armadas patrullando el país, fuese a través de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano o de la Armada, y no haber combatido a los cárteles, los principales agentes corruptores, es decir, los narcotraficantes, huachicoleros, secuestradores, extorsionadores, dejaron de comprar voluntades en las policías civiles, para comprar elementos de las Fuerzas Armadas que actuaran a su favor.

En Baja California ha sido una constante en los últimos seis años -en 2019 se creó la Guardia Nacional- los casos de elementos de la Guardia que han sido descubiertos apoyando a células de cárteles como el de Sinaloa, el de Jalisco o el de los Arellano. Les ayudan a trasladar la droga, en calidad de protectores, y hasta para entorpecer investigaciones. Con militares pasó lo mismo. Hace no muchos días, Ismael Zambada García, el Mayo, en su carta de culpabilidad ante una corte de los Estados Unidos, confesó que había sobornado a “políticos, policías y militares”; de hecho, cuando fue tomado por su ahijado (que lo entregó a las autoridades de los Estados Unidos en julio de 2024), el Mayo llegó a la reunión con el hijo del Chapo, acompañado de su jefe de seguridad, a quien el mismo capo identificaría como el comandante de la Policía Estatal de Sinaloa.

Por estos días en que, sin sus cabezas criminales -el Mayo y el Chapo-, el Cártel de Sinaloa está inmerso en una guerra interna entre Chapitos y Mayiza, los primeros acusaron públicamente que son militares los que protegen a los segundos.

Y de los Marinos, en los últimos días los mexicanos han conocido de la red criminal más grande que se tenga cuenta en las Fuerzas Armadas, con decenas de elementos de la Marina orquestados, asociados ilícitamente, para delinquir, para traficar con combustible a través del huachicol fiscal. Comandados por dos hermanos, los Farías Laguna, uno vicealmirante y el otro contraalmirante, utilizando a un capitán como su operador, controlaban los puertos de México a partir de la Aduana, institución cuyo control absoluto les cedió López Obrador en septiembre de 2020.

La red de marinos incluía, de acuerdo a las delaciones de uno de los participantes, a por lo menos 12 elementos por puerto en actividades ilícitas para la introducción de combustible en buques que registraban como cargueros de otros líquidos -aceites mayormente- que pagan menores impuestos a los de los combustibles. Los marinos defraudaron a la Armada, al País, a las arcas públicas, a las instituciones, a los mexicanos, todos, al organizarse criminalmente a la hechura de un cártel, para traficar combustible. Los sobornos por buque rebasaban el millón 700 mil pesos, y estos eran repartidos a los marinos participantes del huachicol fiscal.

Las tropas mexicanas, las fuerzas armadas que estaban en cuarteles y bases navales, que López Obrador oficializó en el patrullaje en ciudades y estados, y la protección de aduanas y puertos, se convirtieron en tropas criminales al servicio del narco o de sus propios e ilícitos intereses.

Al oeste de Tijuana, en un área de terracería en zona agreste, hechizas instalaciones eléctricas y olvidada, aunque no alejada de la zona urbana, está la colonia Nueva Aurora Norte; no muy lejos de donde se encuentra el libramiento que circunda la ciudad. Sobre una de sus irregulares calles de tierra, de repente, los que por ahí transitan encontraron una calle cerrada.

La avenida en la que se divisan casas humildes y vehículos estacionados, tenía al centro de la vialidad un montículo de tierra. Los vecinos primero pensaron que quizá, y sólo quizá, eso se debía a que finalmente alguna autoridad -municipal, estatal o federal- pavimentaría la colonia y aquel pequeño montículo era parte del material de trabajo. Pero no.

Unos metros antes de encontrarse con la calle que en la colonia Nueva Aurora Norte conecta varias zonas, en las inmediaciones de una gasolinera, unos jóvenes están atentos a quienes entran o pretenden entrar a la zona.

Cuando un auto se encamina hacia la calle con el montículo de tierra, es detenido por los jóvenes al ubicarse frente al vehículo, para posteriormente ordenarle al conductor bajar la ventana, iniciando un violento diálogo donde lo primero que le dicen es “aquí no puedes entrar”. Ante el estupor del conductor, los jóvenes confirman con ademanes: “De aquí para abajo. Para arriba no te quiero volver a ver”.

Al preguntarle a los vecinos si conocen de tal situación, aun con temor consienten: sí, se trata de unos malandros que viven en la colonia y no dejan entrar a nadie. Han tomado el territorio de la Nueva Aurora como su propio cuartel. Lo controlan a fuerza de impartir temor y utilizar armas y arengas criminales.

La colonia contigua es la Fausto González, y esa fue la primera en ser sitiada por los criminales, células de células de cárteles que, ante la impunidad, le han quitado territorios a la ciudadanía y los controlan con plomo y sangre. “Los malandros se han apoderado de toda esta zona; cada colonia la controla un grupo criminal, y la gente no puede entrar si no eres residente”.

Se les niega el paso a los distribuidores de productos, a los repartidores de agua y gas, a los que van a entregar mercancías y a quienes intentaban visitar a alguien. Es tal el control de estos grupos criminales que, en colonias como la Fausto González, les han quitado las casas a varios residentes. Los amenazan con matarlos a ellos o a sus familias, con perseguirlos de por vida si no les entregan la vivienda.

Ante la amenaza y la arenga criminal, los distribuidores han optado en citar a los clientes en zonas fuera de tales colonias para entregarles los productos; y cobradores de tiendas de conveniencia se han decantado por no entrar. “Hace unas semanas mataron a un cobrador de una tienda, y ahora la tienda ya no nos quiere dar crédito si vivimos en la Fausto González, porque pues no pueden entrar a cobrar”.

De igual manera los repartidores de aplicación no pueden ingresar a dejar los pedidos de los usuarios, sin evitar ser amenazados o extorsionados para transitar libremente por la ciudad de Tijuana. Desafortunadamente, esta situación de violencia e inseguridad no es privativa de Baja California; sucede en Guerrero, en Michoacán, en Tamaulipas, en Guanajuato, en el Estado de México y otras entidades federativas. Los criminales encontraron la forma de hacerse de bienes y recursos económicos sin invertir en una red de secuestros: cobrando piso, extorsionando y controlando territorios.

En los últimos días, también en Baja California, el Puerto de Ensenada, donde se encuentra el Valle de Guadalupe, ha sido noticia nacional e internacional debido a los asesinatos, las quemas de negocios y los ataques a funcionarios y policías por parte de la criminalidad organizada que cobra piso y extorsiona lo mismo a pescadores que restauranteros, que distribuidores y cualquiera que desarrollo una actividad económica lícita y productiva.

En su primer informe de gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presumió una disminución en los asesinatos. Un poco más del 10 por ciento menos homicidios en relación al año anterior en el País.

A la par, concediéndole al Secretariado Nacional de Seguridad Pública el beneficio de la duda respecto a las cifras que acumula y proporciona para la generación de políticas públicas, de una disminución en los homicidios, viene un incremento, también de dos dígitos, en la comisión de los delitos de extorsión y desaparición forzada, que han aumentado en un 12-13 por ciento en relación al año anterior.

La bonanza criminal para, con toda impunidad, extorsionar a los ciudadanos, privarlos de su libertad o cobrarles piso, está al nivel de la incapacidad que tienen los gobiernos municipales, el estatal y el federal para combatir de forma adecuada a los criminales que acaban con negocios, con el libre tránsito, que se apoderan de casas y queman distribuidoras; porque hay mexicanos que se niegan a caer ante la amenaza y defienden, a veces con la vida misma, el patrimonio que lícitamente han construido.

En Baja California, la fiscal general del Estado, Ma. Elena Andrade, niega que haya extorsiones, mientras la realidad le explota en forma de disparos, incendios y lanzamientos ilícitos. La gobernadora está más concentrada en sus redes sociales y la percepción popular de su administración que en tomar las riendas de la coordinación de la seguridad en el Estado, como es su obligación al ser la titular del Poder Ejecutivo. El alcalde de Tijuana cree que puede suceder a la mandataria estatal en la elección del 2027, y se placea en campaña en cuanto acto puede, o manda esbirros políticos para que hablen bien de él frente a la Presidenta, cuando en la ciudad pocos lo hacen.

Ante las extorsiones, el cobro de piso, el apoderamiento de viviendas, la privación ilegal de la libertad de las personas, y la impunidad que gozan los criminales, en un ambiente politizado, pero sin políticas públicas de combate a la inseguridad con buenos resultados, los territorios de México, cada vez más, son del narco.