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UIF congela cuentas de empresa transportista de El Cande

El empresario Candelario Arcega Aguirre, incluido en la “lista negra” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, presentó una demanda de amparo en favor de una empresa transportista contra de actos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El juicio de garantías promovido por Arcega quedó registrado en un juzgado federal reclamando el congelamiento de cuentas bancarias y la inclusión en la “Lista de Personas Bloqueadas” de Transporte de Personal Misioneros, S.A. de C.V.

El Cande señala como autoridades responsables al titular de la UIF dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con sede en la Ciudad de México, entre otras.

De acuerdo con el escrito de Arcega Aguirre el aseguramiento de cuentas bancarias y la inclusión en la lista negra de la SHCP de personas bloqueadas habría ocurrido el 22 de septiembre.

Cuatro días antes, el propio quejoso fue sancionado por el gobierno estadounidense al vincularle al crimen organizado junto a otros personajes de la vida social y política en Baja California.

La empresa Transporte de Personal Misioneros, Sociedad Anónima de Capital Variable, no forma parte de las empresas boletinadas por el gobierno norteamericano; sin embargo, Candelario Arcega se queja de la acción de bloqueo de parte de las autoridades hacendarias mexicanas.

El 18 de septiembre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una alerta, sancionando financieramente en ese país a personas y empresas presuntamente relacionadas con una de las redes regionales de Los Mayos del Cártel de Sinaloa que opera René Arzate García, la Rana, en Rosarito, Baja California.

Entre los señalados se mencionó al empresario Jesús González Lomelí y sus testaferros Mario Alberto y Karlo Omar Herrera Sánchez. También los estadounidenses incluyeron en esa red a la exalcaldesa de Rosarito Hilda Araceli Brown Figueredo, hoy diputada federal, y a Candelario Arcega.

La información del Tesoro estadounidense señala a Arcega Aguirre como agente político afiliado al Cártel de Sinaloa al servicio de los hermanos René y Alfonso Arzate para corromper y ejercer control sobre el gobierno municipal de Rosarito, específicamente sobre la exalcaldesa Araceli Brown.

El comunicado la OFAC señaló “Arcega mantiene una estrecha relación personal con Brown y, gracias a ella, pudo controlar partes del gobierno municipal y nombrar a sus aliados en puestos de alto nivel dentro del gobierno de Rosarito”.

“Trabajando juntos, González, Arcega y Brown recaudaron pagos de extorsión para los Arzate, ayudaron a gestionar sus operaciones y garantizaron la protección de las actividades delictivas de los Arzate por parte del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito”, refiere la designación extranjera.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Hernán Bermúdez promueve amparo contra orden de aprehensión solicitada por la FGR

Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” y/o “Comandante H”, ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSPC), durante la Administración de Adán Augusto López Hernández -gobernador tabasqueño, del 1 de enero de 2019 al 26 de agosto de 2021-, y presunto líder de la organización delictiva conocida como “La Barredora”, promovió un amparo, el 25 de septiembre de 2025, contra la orden de aprehensión que emitió un juez de control, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

La demanda de garantías promovida por el ex funcionario tabasqueño fue admitida a trámite por Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal, con sede en el Estado de México, quien, en un acuerdo informó que ordenó abrir el incidente de suspensión. Sin embargo, no publicó en las listas de acuerdos si concedió o no la medida cautelar.

No obstante, Niño Jiménez fijó para el 7 de octubre de 2025, la audiencia incidental en la que resolvería si concedía a Bermúdez Requena la suspensión definitiva contra el mandamiento judicial. También acordó llevar a cabo el 5 de noviembre del mismo año, la audiencia constitucional, el último requisito que le exigía la ley en la materia para dictar la sentencia del amparo.

Diversos medios nacionales, entre ellos Milenio y Reforma, citaron fuentes, que indicaron que la Fiscalía General de la República (FGR) aún no ejecutaba la orden de aprehensión que solicitó y le concedió Mario Elizondo Martínez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO), Número 1, “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

El 17 de septiembre de 2025, un día antes de su arribo a México procedente de Paraguay, Mario Elizondo Martínez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, giró la orden de aprehensión contra Bermúdez Requena por el delito de delincuencia organizada, a solicitud de la FGR.

En la misma resolución, instruyó las capturas de Daniel Hernández Montejo o Yeison Daniel Hernández Montejo, “El Prada” o “La Chichirria”; José del Carmen Castillo Ramírez, “La Rana”; Savier Eduardo Vázquez Orellana, “El Blin Blin” o “El Menchito”; y de Manuel de Atocha Romero Hernández, presuntos miembros de “La Barredora”.

En este mandato de captura, la FGR atribuyó a Bermúdez Requena haber creado el grupo criminal de La Barredora desde el momento en que se convirtió en jefe de la Policía de Investigación de Tabasco y luego en titular de la SSPC estatal, cargo que ostentó del 11 de diciembre de 2019 al 5 de enero de 2024.

Según la imputación de la Fiscalía General de la República, Bermúdez Requena empezó a encarcelar o ejecutar a los narcotraficantes y criminales que controlaban los negocios ilegales en Tabasco y luego convirtió a la SSPC estatal bajo su mando, en la nueva organización que administraría todas las actividades delictivas.

Por su parte, Manelic Delón Vázquez, titular del Juzgado Octavo de Distrito con sede en Tabasco, concedió una suspensión definitiva a Bermúdez Requena contra el aseguramiento de su domicilio particular. La medida cautelar ordenó, tanto a autoridades estatales como federales, que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban y no se destruyera, dilapidara, extraviara o enajenara el bien inmueble.

El 23 de septiembre de 2025, Ramón Adolfo Brown Ruiz, juez de control de Región Judicial 9 de Villahermosa, vinculó a proceso a Bermúdez Requena, por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

En el fuero común, el juzgador determinó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco ofreció los datos de prueba suficientes para acreditar que los delitos se cometieron y que supuestamente Bermúdez Requena estaba relacionado con ellos.

El juzgador también ratificó la prisión preventiva de oficio en “El Altiplano”, al ex funcionario tabasqueño, al considerar el riesgo de fuga. Al mismo tiempo, le fijó un plazo de 3 meses para la investigación complementaria, término previsto para que su defensa y la FGE reunieran sus respectivos datos de prueba, para un eventual juicio.

El 24 de septiembre de 2025, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, afirmó que no pactó con Bermúdez Requena para que antes de nombrarlo como titular de la SSPC estatal, operara con grupos criminales en esa entidad, a fin de permitir que hubiera paz en las elecciones en las que resultó electo gobernador del estado.

En el expediente de la FGR para pedir la orden de aprehensión contra el ex titular de la SSPC tabasqueña, el testigo identificado con las iniciales “CTDR” declaró, el 8 y 9 de mayo de 2025, que López Hernández invitó a Bermúdez Requena a su campaña por la gubernatura, para lo cual se reunió con un criminal apodado “Pelón de Playa”, para que “no hubiera disturbios en las elecciones para gobernador en el estado de Tabasco”.

“Las elecciones en Tabasco nunca han tenido, afortunadamente hasta la fecha, las jornadas electorales siempre concurren en paz. Recuerden que Tabasco es uno de los estados con la mayor participación ciudadana. ¿Cómo le voy a pedir yo, candidato?”, indicó el senador.

El también ex titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) refirió que en su campaña a la gubernatura tabasqueño no hubo dinero de grupos delincuenciales. “No, nunca ha habido”, señaló. Y reconoció que sí existía el expediente de la FGR, aunque fustigó que el contenido hubiera sido difundido.

“Yo sostengo lo mismo que le dije ayer. Ni usted ni ninguno de los que estamos aquí en este momento reunidos podemos saber qué contiene el expediente de esas averiguaciones porque las carpetas, por ley el Ministerio Público, el fiscal, las fiscalías están obligados a guardar la secrecía de la Investigación, no nada más de lo que se investiga sino de lo que contienen de declaraciones, de testimoniales y todo eso”, dijo López Hernández.

“Usted y yo sabemos que el expediente existe, pero no le consta a usted y puede estar, y se lo digo con todo respeto, es una falta que uno difunda contenido de un expediente, aunque lo tuviera. Nadie conoce el contenido más que los fiscales”, mencionó el senador, quien también aseveró que el contenido del expediente de la FGR era “inexacto hasta en los tiempos”, y reiteró que si la Fiscalía lo requería, acudiría a comparecer.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Los terrenos expropiados ligados a "Alito" vienen de lavado de dinero, dice Sheinbaum

La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, anunció el martes que se expropiaron tres predios de personas ligadas al dirigente del PRI, "Alito" Moreno, que servirán para construir una Universidad del Bienestar.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) afirmó esta mañana que ella entiende que los terrenos que expropió el Gobierno de Campeche a personas ligadas al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, habían sido adquiridos "con lavado de dinero y corrupción".
"Entiendo que cambiaron la Ley ellos en Campeche. Lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero, de la corrupción, y que por eso viene este esquema", dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.
"Ahora planteamos que se está trabajando la Ley de Extinción de Dominio, porque es muy difícil, incluso en casos de delincuencia organizada donde está probado, ya está la sanción a la persona, hacer la extinción de dominio es muy largo", añadió.

Sobre este caso, cuestionada sobre si "implicaría extinción de dominio en casos de corrupción comprobada", la Presidenta respondió que sí. "Es lavado de dinero, si se adquiere un predio, se tiene que demostrar. Cualquier cosa lo tiene que determinar un Juez. Pero si por corrupción, por mal uso del recurso, se compra un inmueble y se demuestra que eran recursos públicos o malhabidos a través de algún moche, sí, que se entregue a la SEP [Secretaría de Educación Pública] para hacer escuelas, universidades", indicó.

La reforma la trabaja la Consejera Jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy Ramos.

Ayer, la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, anunció que expropió tres predios de personas ligadas a "Alito" Moreno, y que servirán para construir una Universidad del Bienestar.

De acuerdo la declaratoria de expropiación, uno de los terrenos pertenece a Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre del también Senador Moreno Cárdenas. Los predios cubren una extensión de 70 mil metros cuadrados.
"El día de hoy se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Declaratoria de utilidad pública con base en la reciente reforma a la Ley de Expropiación, con el propósito de construir e implementar la Universidad Nacional Rosario Castellanos, orientada a ciencias de la salud, proyecto de gran relevancia impulsado por nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum", apuntó.
El decreto, publicado en el Diario Oficial del Estado, tiene sustento en el dictamen técnico-jurídico emitido por la Secretaría de Gobierno el pasado 26 de septiembre, donde se argumenta que la medida responde a una “causa de utilidad pública”.

Otros dos predios son propiedad del empresario Juan José Salazar Ferrer, a quien Sansores ha señalado como un supuesto prestanombres de Moreno Cárdenas. Un cuarto predio pertenece a Gabriela y Rafael Arturo Castilla Azar, este último es el actual titular de la Oficina de la Gobernadora.

La noticia se da a conocer luego de que apenas el pasado 3 de septiembre fuera reformada la Ley de Expropiación del estado de Campeche, con lo que la ciudadanía sólo cuenta con cinco días para presentar sus alegatos, prolongar por 10 años el plazo para la indemnización que corresponda, y dejar en manos del Gobierno la valuación del predio.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Campeche recupera 3 predios ligados a "Alito" Moreno; son 70 mil metros cuadrados

El decreto, publicado en el Diario Oficial del Estado, tiene sustento en el dictamen técnico-jurídico emitido por la Secretaría de Gobierno el pasado 26 de septiembre, donde se argumenta que la medida responde a una “causa de utilidad pública”.

La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, anunció este martes que expropió tres predios de personas ligadas al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, que servirán para construir una Universidad del Bienestar.

De acuerdo la declaratoria de expropiación, uno de los terrenos pertenece a Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre del también Senador Moreno Cárdenas. Los predios cubren una extensión de 70 mil metros cuadrados.
"El día de hoy se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Declaratoria de utilidad pública con base en la reciente reforma a la Ley de Expropiación, con el propósito de construir e implementar la Universidad Nacional Rosario Castellanos, orientada a ciencias de la salud, proyecto de gran relevancia impulsado por nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum", indicó.
El decreto, publicado en el Diario Oficial del Estado, tiene sustento en el dictamen técnico-jurídico emitido por la Secretaría de Gobierno el pasado 26 de septiembre, donde se argumenta que la medida responde a una “causa de utilidad pública”.

Otros dos predios son propiedad del empresario Juan José Salazar Ferrer, a quien Sansores ha señalado como un supuesto prestanombres de Moreno Cárdenas. Un cuarto predio pertenece a Gabriela y Rafael Arturo Castilla Azar, este último es el actual titular de la Oficina de la Gobernadora.

La noticia se da a conocer luego de que apenas el pasado 3 de septiembre fuera reformada la Ley de Expropiación del estado de Campeche, con lo que la ciudadanía sólo cuenta con cinco días para presentar sus alegatos, prolongar por 10 años el plazo para la indemnización que corresponda, y dejar en manos del Gobierno la valuación del predio.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Enkoll: Sheinbaum arranca con fuerza el primer año de su Gobierno. El 78% la respalda

Con 78 por ciento de respaldo ciudadano, Claudia Sheinbaum se consolidó como la mandataria mejor evaluada en dos décadas, impulsada por los apoyos sociales y una nueva estrategia de seguridad.

A un año de haber llegado a Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo no sólo mantiene el respaldo mayoritario de la ciudadanía, sino que lo ha elevado por encima de sus antecesores. Con una aprobación de 78 por ciento, la primera mujer Presidenta de México supera el registro que obtuvo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su primer año (72 por ciento) y se posiciona como la mandataria mejor evaluada desde el 2000, cuando se produjo la alternancia en el poder tras más de 70 años de gobiernos priistas, según la encuesta nacional de Enkoll para El País y W Radio.

Sus niveles de aprobación también superan a los obtenidos por los cuatro presidentes que han gobernado México desde entonces: Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el propio López Obrador, al asumir la Presidencia.

La encuesta, realizada entre el 20 y el 24 de septiembre de 2025, muestra que el respaldo a  la titular del Poder Ejecutivo se sostiene en todos los sectores sociales y políticos.



Incluso votantes de oposición avalan su gestión: 73 por ciento de los simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN); 70 por ciento de Movimiento Ciudadano (MC) y 72 por ciento del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprueban su primer año de Gobierno.

Además, 66 por ciento de los encuestados considera que el país “está mejorando”, aunque el optimismo ha disminuido cinco puntos desde enero, tras el regreso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos.

El principal logro atribuido a Sheinbaum por quienes aprueban su gestión son los programas sociales: 41 por ciento menciona directamente los apoyos a adultos mayores, becas a jóvenes, mujeres y campesinos.



La continuidad y expansión de esta política, iniciada por López Obrador, ha sido clave para consolidar la hegemonía de Morena y fortalecer la imagen presidencial. También los derechos de las mujeres son señalados como el área con mayores avances en este primer año, seguidos por los apoyos sociales y la educación.

Aunque el Gobierno reporta una reducción de 32 por ciento en homicidios a nivel nacional, con caídas de hasta 63 por ciento en estados como Nuevo León, sólo el siete por ciento de los encuestados considera la seguridad como uno de los principales logros. Por el contrario, 52 por ciento identifica la inseguridad y el narcotráfico como el problema más grave del país.

La percepción se ve afectada por escándalos recientes, como la caída por presuntos vínculos con el narcotráfico de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, durante el Gobierno de Adán Augusto López, y una trama de defraudación fiscal que habría evadido hasta nueve mil 200 millones de dólares anuales en impuestos por importación de combustibles.



La imagen de Sheinbaum es positiva para 63 por ciento de los encuestados, quienes consideran que ya ha comenzado a cumplir las promesas que hizo al inicio de su mandato. En contraste, el 28 por ciento asegura que no ha cumplido ninguna y el nueve por ciento no respondió.

Entre los atributos más valorados del partido al que pertenece, su cercanía con la gente (67 por ciento), su capacidad para gobernar (57 por ciento) y su honestidad (53 por ciento).

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad, encabeza la lista de Funcionarios mejor evaluados con 77 por ciento de opiniones favorables. Le siguen Ariadna Montiel, Secretaria de Bienestar (69 por ciento), y Marcelo Ebrard, Secretario de Economía (67 por ciento), quien lidera la renegociación del tratado comercial con Estados Unidos

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Senadores modifican reforma de Sheinbaum a la Ley de Amparo tras audiencias públicas; estos son los cambios

Las Comisiones Unidas de Justicia, Hacienda y Estudios Legislativos realizaron ajustes al dictamen presidencial para evitar restricciones al juicio de amparo, precisar el concepto de interés legítimo y conservar las sanciones a funcionarios que incumplen fallos judiciales.

Después de dos días de audiencias públicas en el Senado, donde se escucharon opiniones de jueces, académicos, organizaciones civiles y especialistas, las comisiones encargadas de revisar la reforma a la Ley de Amparo propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum decidieron hacerle una serie de modificaciones.

El dictamen será sometido a consideración de las Comisiones Unidas de Justicia, de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos del Senado de la República este miércoles a las 12:00 del día en una reunión extraordinaria.

El documento señala que las modificaciones hechas a la iniciativa presidencial buscan reforzar la certeza jurídica, evitar restricciones indebidas al acceso a la justicia y garantizar la protección efectiva de los derechos humanos.

Interés legítimo

Uno de los principales cambios tiene que ver con el llamado interés legítimo, figura clave que determina quién puede presentar un amparo.  Aunque se mantuvo la intención de delimitar sus elementos, las comisiones eliminaron requisitos considerados excesivamente restrictivos en el texto original, como el que exigía que el daño fuera “actual” y que el beneficio fuera “directo”. La intención es evitar que personas o colectivos quedaran fuera del derecho a defenderse.

También aclararon que el daño puede afectar tanto a personas como a grupos, es decir, la afectación puede ser individual o colectiva, en concordancia con el artículo 107 constitucional, lo que cobra relevancia en temas colectivos como el medio ambiente o los derechos de comunidades.

Cambios en materia fiscal

En materia fiscal, se estableció que las leyes o reglas usadas para cobrar impuestos sólo podrán impugnarse en un juicio de amparo cuando el crédito fiscal ya sea definitivo. Además, se especificaron los métodos con los que los contribuyentes pueden garantizar el pago mientras dura el juicio, como billetes de depósito o cartas de crédito, cada uno con requisitos distintos y supervisados por autoridades financieras.

Ampliación de plazos

Otro cambio realizado por las comisiones es la ampliación de 60 a 90 días naturales del plazo para que los jueces puedan dictar una sentencia en un juicio de amparo, tanto por parte de los tribunales como del Tribunal de Disciplina Judicial.

En el mismo sentido, se amplió de tres a cinco días el plazo para que las personas, especialmente quienes tienen menos recursos, puedan presentar las garantías que la ley exige en estos juicios, ya que esos trámites suelen tardar más tiempo en la práctica, especialmente para aquellas personas en situación de vulnerabilidad o con acceso limitado a mecanismos financieros.

Suspensiones provisionales

En cuanto a las suspensiones provisionales, que son medidas que los jueces pueden otorgar para detener temporalmente los efectos de una ley o acto de autoridad mientras se resuelve un juicio de amparo, en la iniciativa original se planteaba limitar esas suspensiones cuando se considerara que podrían afectar el “orden público” o el “interés social”.

Las comisiones dictaminaron que sólo se podrá negar la suspensión (invocando orden público o interés social) cuando lo que se busca es continuar actividades que requieren permisos oficiales, como operar bancos, concesiones de agua o telecomunicaciones, si esos permisos ya fueron cancelados o nunca existieron.

Sanciones a funcionarios que incumplen fallos

Finalmente, las comisiones decidieron eliminar varios cambios propuestos al proceso de cumplimiento de sentencias y de sanciones a autoridades responsables que no obedezcan un fallo.

En concreto, se mantiene la posibilidad de imponer multas a funcionarios que incumplan con lo ordenado por un juez, como una forma de asegurar que las sentencias realmente se respeten y se cumplan.

El dictamen del Senado:

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ricardo Anaya plantea que litro de gasolina cueste 10 pesos para combatir el huachicol fiscal

Durante la comparecencia de la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el senador albiazul explicó que con esa simple propuesta ganan todos y, sobre todo, se termina el huachicol fiscal del partido oficialista.

El coordinador de la bancada del PAN, Ricardo Anaya, planteó bajar a 10 pesos el litro de gasolina para combatir el huachicol fiscal, para que tengan un beneficio los ciudadanos y para que Morena cumpla su promesa de tener la gasolina en ese precio.  

Durante la comparecencia de la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el senador albiazul explicó que con esa simple propuesta ganan todos y, sobre todo, se termina el huachicol fiscal del partido oficialista.

“La solución es de lógica elemental: bajar el precio de la gasolina. Si al gobierno le cuesta 10 pesos, que a los mexicanos les cueste 10 pesos. Esa es la propuesta: 10 pesos por litro y ganamos todos. Primero, ganan los ciudadanos, ¿quién no quiere poder llenar su tanque a mitad de precio?”. 

Segundo: gana el país. Se acaba el huachicol fiscal de Morena. Se acaba el contrabando, indicó. 

Tercero: gana Morena, y miren quién se los dice, porque por fin podrían cumplir su promesa de campaña: Ustedes dijeron: “Si Morena estuviera gobernando” y estoy citando textualmente: “La gasolina costaría 10 pesos por litro”. 

Anaya se refirió a las transacciones de huachicol fiscal como “El robo del siglo: el huachicol fiscal de Morena”. 

“Ahora, ¿en qué consiste el robo del siglo, el huachicol fiscal de Morena? Es decir, cómo se enriquecieron los integrantes de Morena. Va un ejemplo bien concreto. Como tienen el control de las aduanas, un barco como este puede cargar hasta 50 millones de litros. Cuando lo introducen falsamente con la complicidad de las autoridades de Morena en las aduanas dicen que lo que trae son aceites lubricantes. 

“Entonces está el costo y sí pagan el IVA, porque los aceites lubricantes pagan el IVA, pero se roba el IEPS. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tanto son 7 pesos? No, el problema es que a un barco de esos le caben 50 millones de litros, 7 pesos por 50 millones de litros en un solo barco, se robaron 350 millones de pesos. 

“Y por algo se empieza. Estos marinos a los que están procesando los están acusando de haber recibido 2 millones de pesos por dejar entrar cada uno de esos barcos. La lista es de más de 30 barcos en la averiguación de la propia fiscalía”, detalló.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Senado ratifica a Alejandro Encinas como representante de México ante la OEA

Encinas se comprometió a 'velar por la integridad y la soberanía de México' en la OEA, además de abogar por 'la autodeterminación de los pueblos y el respeto a los derechos humanos'.

Con 79 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones, el Senado de la República ratificó el nombramiento de Alejandro Encinas Rodríguez como embajador extraordinario y plenipotenciario para fungir como representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en en Washington, D.C.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, tomó la protesta a Encinas y le deseó éxito en su nuevo encargo. También tomó protesta a Laura Elena Carrillo como representante de México ante la FAO, el PMA y el FIDA, así como a Carlos Eugenio García como embajador en Brasil.

Encinas Rodríguez ocupó diversos cargos en el gobierno del entonces Distrito Federal, como secretario de Medio Ambiente, secretario de Desarrollo Social, secretario de Gobierno y jefe de Gobierno del Distrito Federal, además de secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México.

A nivel federal, fue subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración en la Secretaría de Gobernación. En el ámbito legislativo, ha sido diputado local y federal en varias ocasiones, presidente de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y senador en dos periodos.

Antes de su ratificación, Alejandro Encinas Rodríguez calificó el cargo como “un honor y una alta responsabilidad” y se comprometió a “velar por la integridad y la soberanía de México en todas sus acciones dentro de la OEA”.

Durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Organismos Internacionales, afirmó que México continuará abogando por “la autodeterminación de los pueblos y el respeto a los derechos humanos”.

Encinas reconoció la existencia de “tensiones” entre México y la organización, por lo que se comprometió a atender el tema “para recuperar la legitimidad institucional de la OEA y particularmente de la Secretaría General”.

Se refirió al asalto, por parte de las fuerzas de seguridad de Ecuador, de la embajada de México en Quito, el 5 de abril de 2024, que llevó a la ruptura de relaciones con dicho país, lo que llevó a tensiones con el exsecretario general, Luis Almagro.

No obstante, destacó que México ha mantenido “muy buenas relaciones con muchas de las áreas de la OEA, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con todo el sistema de Derechos Humanos de la OEA”.

Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat Hinojosa, señaló que Encinas buscará impulsar “políticas hemisféricas en materia de democracia, derechos humanos, desarrollo integral y seguridad multidimensional; así como fortalecer alianzas y posiciones comunes entre países afines”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Extabajador del DIF detenido por presunto abuso sexual a funcionaria es cercano a Morena

El acusado trabajó en una organización cercana a Morena y de ahí pasó, solo con el bachillerato concluido, al DIF durante el gobierno de Raciel Pérez Cruz.

El gobierno municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, confirmó que Miguel Ángel Espinoza Rojas, exempleado del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la localidad, es investigado por presuntamente haber abusado sexualmente de una servidora pública.

El extrabajador del DIF fue detenido este martes luego de que ciudadanos protestaron frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para exigir justicia por el abuso.

Miguel Ángel Espinoza fue despedido el pasado 19 de septiembre, según un comunicado del ayuntamiento. Antes de su cese, se desempeñaba como titular del área de Procuración de Fondos y Asistencia Social del DIF Tlalnepantla.



De 2019 a 2021, fungió como encargado de la subdirección de subsistemas, cargo en el que alcanzó un sueldo de 50 mil pesos al mes y al que llegó con el bachillerato concluido además de la única experiencia laboral de ser presidente de Tlalnepantla Unido, Uniendo Jóvenes, A.C., organización cercana al partido Morena que gobierna la localidad.

En aquel entonces, el morenista Raciel Pérez Cruz cumplía su primer mandato como presidente municipal de Tlalnepantla, cargo en el que fue reelecto en 2024.



Durante la protesta del martes frente a la Fiscalía, familiares de la víctima mostraron preocupación por la posibilidad de que el gobierno municipal protegiera a Miguel Ángel y denunciaron que el Ministerio Público intentó recategorizar el delito a lesiones en lugar de abuso sexual, según consignó la periodista Veneranda Mendoza en Proceso.

“Se lleva a cabo el debido proceso ante el Órgano Interno de Control, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en el ámbito penal, realiza las investigaciones correspondientes”, dijo el ayuntamiento en un comunicado del ayuntamiento.

“El Gobierno de Tlalnepantla rechaza categóricamente cualquier tipo de abuso o violencia por parte de personas servidoras públicas y ciudadanía en general”, agregó.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Tras el escándalo de huachicol fiscal... se obligará a importadores a reportar combustible: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció nuevas medidas para combatir el huachicol fiscal, incluyendo la trazabilidad de cada gota de combustible desde su ingreso al país hasta la venta final. Las regulaciones, que entrarán en vigor a finales de octubre, obligarán a importadores, distribuidores y gasolineras a garantizar la legalidad de cada lote de combustible.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que cada gota de combustible que entra al país será monitoreada, desde que llega por tierra o por mar hasta la gasolinera donde se vende, incluyendo la información del importador. Esto se logrará mediante un sistema de trazabilidad que permitirá rastrear el recorrido completo del combustible y garantizar que no se desvíe de manera ilegal.

 “Entonces, ese privado que importa combustible va a tener una serie de regulaciones ahora que van a salir a finales de octubre, para que la gota de combustible que entra por tierra o que entra por mar, sepamos exactamente dónde acabó, en qué gasolinera termina. Y eso implica la información del importador”, aseguró.

Este sistema permitirá identificar a cada actor involucrado en la cadena de suministro, desde el importador hasta la gasolinera que comercializa el combustible, reduciendo la posibilidad de fraude fiscal y de robo de combustible.

POR QUÉ SE TOMAN ESTAS MEDIDAS

Las medidas buscan combatir el huachicol fiscal, que consiste en la evasión de impuestos mediante la venta ilegal de combustible. Durante años, la existencia de permisos de importación temporal facilitaba que el combustible importado fuera triangulado y reexportado, especialmente hacia Estados Unidos, generando pérdidas millonarias para el fisco y afectando la transparencia en el mercado de hidrocarburos.

“Se ha reforzado mucho la vigilancia. Algún día podemos platicar de eso, porque son varios temas. Uno tiene que ver con acciones que se hicieron de manera normativa”, explicó Sheinbaum, señalando que muchas de estas normas eran anteriores a 2018 y llevaban décadas sin actualizarse.

La mandataria señaló que el objetivo es que las importaciones sean definitivas, eliminando la figura de importación temporal que permitía desvíos:

“Entonces, tienen que ser importaciones definitivas”, subrayó. Además, comparó esta política con la prohibición de importación temporal de zapatos terminados, enfatizando que el Estado busca evitar la triangulación de mercancía a través de México.

VIGILANCIA Y TECNOLOGÍA

El combate al huachicol fiscal no se limita a reformas normativas. El gobierno ha implementado acciones de vigilancia directa, como la instalación de cámaras de seguridad en puertos estratégicos y la modernización de un centro de monitoreo en Querétaro, a cargo de la Agencia de Transformación Digital.

“Y también lo que está trabajando Secretaría de Energía, que yo creo que a finales de octubre queda ya completamente listo, que es esto que he mencionado aquí de la trazabilidad de los combustibles”, indicó la presidenta.

El sistema permitirá tener información en tiempo real sobre cada lote de combustible, detectar irregularidades en la cadena de suministro y asegurar que el combustible llegue al mercado de manera legal y transparente.

CAMBIOS LEGALES PARA CONTROLAR EL COMBUSTIBLE

Estas acciones fueron posibles gracias a reformas constitucionales y legales que fortalecieron la rectoría del Estado en materia energética.

“Ahora Pemex es empresa pública del Estado y ya no existe la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ya no existe la Comisión Reguladora de Energía. Es una sola comisión, que es la Comisión Nacional de Energía, que tiene muy claros qué permisos tiene que dar”, explicó Sheinbaum.

Con estos cambios, el Estado recupera la capacidad de regular, supervisar y sancionar a los actores del mercado, garantizando que todos cumplan con sus obligaciones fiscales y legales.

CONTROL TOTAL Y MEDICIÓN DE IMPUESTOS

El sistema de trazabilidad también permitirá verificar el pago de impuestos, especialmente el IEPS, asegurando que el gobierno reciba los recursos que le corresponden y que se reduzca la evasión fiscal.

La presidenta enfatizó que todos los actores de la cadena de suministro serán responsables, desde el importador hasta la gasolinera, lo que marca un cambio significativo respecto a la situación previa, donde no existía obligatoriedad de una trazabilidad completa.

“Todos van a ser responsables, el importador y el usuario, la gasolinera que vende el combustible importado, todos”, señaló.

Con estas medidas, explicó Sheinbaum, el gobierno busca prevenir el huachicol fiscal de manera efectiva, garantizar la legalidad en la comercialización de combustibles y proteger los ingresos del Estado, asegurando que el mercado funcione con mayor transparencia y control.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Redim alerta por trata y reclutamiento de menores de edad en Veracruz

En los últimos 10 años se registraron oficialmente 22 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de utilización por agrupaciones delictivas en Veracruz.

Veracruz se ha convertido en “territorio estratégico y de alto riesgo” para la trata y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes (NNA) por parte del crimen organizado, indicó este martes la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

La Redim -que integra a 75 organizaciones que desarrollan programas en favor de menores en situaciones de vulnerabilidad, junto con el Centro de Estudios Sociales Antonio Montesinos (CAM) y con apoyo de la Unión Europea- presentó el análisis de contexto ‘Infancia cuenta en Veracruz’, un estudio que documenta la magnitud, riesgos y dinámicas de la trata y el reclutamiento de NNA en el estado.

La investigación muestra que la ubicación geográfica de Veracruz lo convierte en un “corredor clave para el tráfico de drogas, armas y personas”, lo cual ha derivado en la disputa territorial de al menos quince grupos criminales que operan en el estado y municipios como Minatitlán, Acayucan, Coatzacoalcos y Poza Rica y que han sido identificados como focos de violencia y de reclutamiento forzado de adolescentes.

El informe reveló que, entre los años 2015 y 2025, “se registraron oficialmente 22 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de utilización por agrupaciones delictivas” en Veracruz.

Además, el documento registró 32 víctimas de trata de personas menores de 18 años, que fueron utilizadas en actividades como explotación sexual, trabajo forzado, halconeo, transporte de drogas, sicariato y mendicidad forzada.

Sin embargo, la Redim señaló que estas cifras “son apenas un reflejo de una problemática mucho mayor, pues no existen registros oficiales específicos sobre reclutamiento, lo que limita las posibilidades de prevención y atención”.

“En muchos casos, los adolescentes son privados de la libertad tras ser obligados a participar en delitos graves, mientras que las niñas enfrentan mayor riesgo de trata con fines de explotación sexual“, apuntó el texto.

El informe también señala que la pobreza estructural, la desigualdad, la violencia familiar, la falta de oportunidades educativas y la negligencia institucional aumentan la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes veracruzanos.

“A ello se suma la influencia de la ‘narco-cultura’ que romantiza la criminalidad y la construcción de masculinidades violentas que refuerzan estas dinámicas”, señaló el documento.

El estudio apuntó “graves deficiencias” en la respuesta institucional: exceso de burocracia, ausencia de un programa estatal específico, falta de coordinación interinstitucional y tendencia a criminalizar a las víctimas. Estas limitaciones dificultan garantizar justicia y protección a la infancia veracruzana, añade el informe.

Ante este escenario, la Redim y el CAM llamaron a las autoridades estatales y federales, entre otros actores, a establecer un protocolo especial para la detección y atención de víctimas de reclutamiento y trata, así como fortalecer la prevención desde la escuela y la comunidad, con programas que atiendan factores estructurales y culturales.

Las entidades hacen un llamado para capacitar a autoridades en la identificación de casos, que eviten la revictimización, se cree un programa estatal específico para prevenir, sancionar y erradicar estos delitos y se garantice la participación de niñas, niños y adolescentes en el diseño de políticas públicas que los afectan.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.