Las víctimas de la Guerra Sucia ven a la Comisión de la Verdad como insuficiente, ofensiva –si trata de reivindicar a las Fuerzas Armadas– o una pantalla –si no señala responsables de los crímenes antes de que termine el sexenio–. Por su parte, militares en retiro –encargados, en su momento, de combatir la subversión– la consideran un insulto para los organismos castrenses y una innecesaria campaña de debilitamiento en su contra. Estudiosos valoran positivo e histórico abrir archivos e instalaciones militares, pero advierten limitantes y riesgos.
La creación de la Comisión de la Verdad constituye un proyecto y un propósito importantes, necesarios, “para empezar”, dice a modo de advertencia David Cabañas Barrientos, hermano de Lucio, el maestro rural de Ayotzinapa que fundó el Partido de los Pobres y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. Luego de este reconocimiento, no puede sino hablar de la decepción y enojo que le provocaron enterarse que con el anuncio del inicio de los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia también se buscaría reivindicar a las Fuerzas Armadas y darles trato de víctimas de la Guerra Sucia.
Conocida simplemente como Comisión de la Verdad –e instalada el 10 de diciembre pasado como Comisión de Acceso a la Verdad por Violaciones a Derechos Humanos Cometidas entre 1965 y 1990–, tuvo el pasado de 22 de junio la venia presidencial para ingresar a las instalaciones militares y acceder a los archivos de inteligencia militar, hasta ahora vedados para los civiles.
