martes, 31 de enero de 2017

El mal negocio de Pemex: gasta 11 mil mdp en empresas de fertilizantes que solo generan pérdidas

En 2014, Pemex inició una estrategia millonaria para reactivar la producción nacional de fertilizantes que resultó en uno de los peores negocios de su historia con pérdidas económicas y menos producción.

La decisión de Pemex de comprar dos empresas privadas para producir más fertilizantes en el país resultó en uno de los peores negocios de su historia: en sólo dos años pagó once mil millones de pesos por una empresa abandonada y otra que operaba en un mercado saturado que no logró mayor producción, como prometieron.

Además de la inversión millonaria, sólo en el periodo enero-septiembre del año pasado la unidad de negocios de Pemex Fertilizantes registró una pérdida de 334 millones 288 mil pesos, monto que en 2014 había sido mil 185% menor (26 millones de pesos).


De hecho, desde que inició con las transacciones para “reactivar” la industria nacional de fertilizantes el único resultado obtenido es una baja de 4% en la producción de fertilizante.


Compras millonarias

En enero de 2014 Pemex anunció que compraría la empresa Agro Nitrogenados por 475 millones de dólares —6 mil 436 millones de pesos, según el tipo de cambio vigente en ese entonces—para dar un primer paso en la estrategia de reactivar la producción de fertilizantes en el país.

El mismo presidente Enrique Peña Nieto anunció en diciembre de ese año ante el Consejo Nacional Agropecuario que el gobierno federal estaba implementando una estrategia para producir fertilizantes y cubrir el 70% de las importaciones del producto.

Bajo esa lógica, en enero de 2016 Pemex compró la empresa Fertinal por 255 millones de dólares —4 mil 692 millones de pesos—y dijo que a finalizar ese año se habría de aumentar la producción de fertilizantes nitrogenados y fosfatados.

La promesa de reactivar la industria incluía producir en 2016 un millón de toneladas de fertilizantes nitrogenados y hasta octubre pasado la fabricación era de apenas la mitad: 529 mil toneladas.


El negocio no salió como esperaban. Tras haber hecho la inversión millonaria no sólo no llegaron a la meta de producción de fertilizantes, pues las cifras muestran que ésta disminuyó 4% desde 2014, cuando se anunció la reactivación de la industria nacional.

Negocio poco estratégico y ahora… venta

La respuesta de Pemex a este mal negocio puede ser deshacerse de lo que adquirió. La agencia Bloomberg informó el 12 de enero pasado que la mexicana está explorando alternativas para vender su filial Pemex Fertilizantes.

Agro Nitrogenados fue comprada a Altos Hornos de México, empresa propuedad de Alonso Ancira; y Fertinal al empresario Fabio Covarrubias.

La compra de esas firmas privadas generó dudas en el sector por tratarse de un negocio poco estratégico con sobreproducción en el mercado internacional y que se movía a precios bajos.

En el caso de Agro Nitrogenados, se trataba de una empresa chatarra que estaba en el abandono y que Pemex privatizó en la década de 1990. La mala operación de esta firma contribuyó a que México tuviera que iniciar la importación de fertilizantes a países como Ucrania, Rusia y China.

Pemex argumentó en 2014 que podría remodelar Agro Nitrogenados para poner en marcha la producción de urea y disminuir la importación.

Dos años después, la empresa mexicana insistió en que utilizaría la producción de Fertinal —1.2 millones de toneladas anuales, al momento de la compra— para completar la estrategia de reactivación de la industria nacional.

La Comisión Federal de Competencia Económica dijo en diciembre de 2015 a Pemex que existía un número considerable de competidores nacionales y extranjeros para el negocio de fertilizantes y que tras la adquisición de Fertinal su participación de mercado sería reducida, pero la transacción se concretó.


Los documentos que presentó Pemex para justificar la compra tanto de Agro Nitrogenados como de Fertinal están clasificados por 12 años bajo el argumento de que ambos son una operación de negocios. Hasta ahora, no existen datos que justifiquen qué llevó a Pemex a invertir en este mal negocio.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/01/pemex-producir-fertilizantes-perdidas/

Las 7 claves detrás de la corrupción policiaca en México (y cómo combatirla)

Un estudio de Causa en Común A.C. revela problemas estructurales que favorecen la corrupción y propone un Modelo ya aceptado por seis estados para remediar el problema.

La corrupción de las distintas corporaciones de policía en México tiene causas y detonantes generales. Un estudio ciudadano las identificó y planteó un modelo para solucionarlo.

El problema es grave: en promedio uno de cada dos mexicanos que ha tenido contacto con una institución de seguridad pública ha dicho ser víctima o cómplice en un acto de corrupción policial de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. De hecho, según la misma encuesta, la policía es percibida como la institución más corrupta de todas.

La corrupción tiene sus causas. Un diagnóstico elaborado por la organización Causa en Común identificó los factores claves que propician o favorecen la corrupción: falta de leyes y mecanismos claros de disciplina y sanción; ausencia de protocolos para el uso de la fuerza  y carencia de unidades de investigación realmente independientes.

A su vez dicha organización planteó un modelo de tres fases de implementación para revertir y disminuir los niveles de corrupción en las instituciones de seguridad pública. Ayer cuatro  gobernadores del país (Hidalgo, Estado de México, Morelos y Veracruz) y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, firmaron un acuerdo para adoptar y aplicar ese modelo.

“La corrupción policial puede atacarse, si se empiezan a aplicar estrategias que en primer lugar dejen de ver al problema como una cuestión individual, de “malos policías” y empiecen a generarse mecanismos por los que se identifiquen los factores estructurales e institucionales que hacen que los policías y los mandos sigan cometiendo perpetuando este tipo de conductas” dijo Marcela Figueroa, investigadora de Causa en Común.
Las causas de la enfermedad

El estudio denominado “Diagnóstico del Régimen Disciplinario Policial en México” realizado por Causa en Común analizó la normatividad que rige los sistemas disciplinarios de las corporaciones de seguridad públicas de los 32 estados del país; además estudió en terreno la operación de las Unidades de Asuntos Internos de policía en siete entidades.

Animal Político presenta las siete claves que resumen las deficiencias encontradas de acuerdo con el referido diagnóstico

1. Leyes y reglamentos confusos, obsoletos o inexistentes

El sistema de leyes y reglamentos que rige la actuación de los policías en los estados presenta múltiples deficiencias de acuerdo con Causa en Común.

Por ejemplo, hay estados donde ni siquiera existen estas normas que regulen los sistemas disciplinarios, es decir, no hay un reglamento que explique cómo debe de aplicarse lo que las leyes anticorrupción dicen. Tampoco existe claridad sobre que sanción  corresponde a cada falta y el motivo para ello.

A esto se suma que en casi todos los casos no existe un sistema que contemple la reparación del daño cuando un policía es erróneamente acusado, e incluso no existe la posibilidad de impugnar una sanción.

2. No hay protocolos de detenciones y uso de la fuerza

Los investigadores de Causa en  Común corroboraron al visitar seis estados (Chihuahua, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Tamaulipas) que dos de ellos carecen por completo de un protocolo para realizar detenciones y emplear el uso de la fuerza. Esta situación hace imposible al policía conocer cómo actuar en cada situación y  no incurrir en abusos.

3. Deficientes Unidades de Asuntos Internos

Los investigadores detectaron que en las unidades de Chihuahua o Tlaxcala no hay investigación de campo de las posibles irregularidades internas, sino solo un análisis de reportes documentales. En la Unidad de Nuevo León no se atiende de forma debida a los ciudadanos mientras que en la de Tamaulipas no se investiga de plano a ningún mando.

Incluso los expertos alertaron que en varios casos las indagatorias de Asuntos Internos solo se hacen por orden expresa de los jefes superiores.

4. Castigo solo para individuos, no instituciones

En ninguno de los casos analizados Causa en Común encontró que existan mecanismos institucionales para revertir situaciones de corrupción. Los sistemas de sanciones contemplan solamente castigos para los agentes en particular que incurran en una falta sin que siquiera existan recomendaciones a nivel de una base o corporación para evitar malas prácticas.

5. No se fomenta la denuncia ciudadana

Los investigadores de Causa en Común detectaron que en las secretarías de Seguridad Pública de los estados se fomenta muy poco la denuncia ciudadana de los hechos de corrupción e incluso, aunque esta existe, hay prácticas que no contribuyen a que se realice.

6. No hay programas preventivos

Causa en Común detectó que no existen a nivel institucional programas preventivos para prevenir hechos graves de corrupción.

En el análisis a fondo realizado a los seis estados mencionados se detectó que solo uno de ellos (Querétaro) cuentan con algo denominado “sistemas de alerta temprana” que si pueden contribuir a detectar a tiempo situaciones que luego derivan en riesgo de corrupción lo que permite revertirlas con anticipación.

7. Graves violaciones a derechos procesales

Los investigadores encontraron que los policías se encuentran en un total estado de indefensión al no existir elementos normativos que estructuren una posibilidad de una defensa adecuada en caso de denuncias en su contra.

La cura en tres pasos

Para revertir el problema de la corrupción en el país Causa en Común propuso el denominado “Modelo de Prevención y Combate a la Corrupción Policial”. La premisa es que la clave pasa por el fortalecimiento de las Unidades de Asuntos Internos, así como la introducción de mecanismos de control civil interno y externo

En los hechos se trata de una estrategia que requiere tres fases de implementación:

Primera Fase: La investigación interna

El objetivo de esta fase, de acuerdo con el Modelo, es fortalecer las Unidades de Asuntos Internos responsables de indagar los actos de corrupción.

Para ello se sugiere crear una base de ética y normativa con (entre otras cosas) un adecuado régimen disciplinario, un catálogo de faltas y sanciones, un código de ética actualizado, protocolos de uso de la fuerza en todos los casos, entre otros.

También se instruye poner en marcha un sistema de quejas y denuncias seguro para los ciudadanos y que funcione.

Segunda fase: supervisión a fondo

Lo que propone Causa en Común en esta fase es que se integre en cada estado un área de Disciplina y un área Combate a la Corrupción, cada una con su equipo independiente, que se encargue de investigar de forma diferenciada los hechos que sean meras faltas de conducta de aquellos que puedan representar incluso un delito.

Además se sugiere que dichas áreas no solo indaguen la actuación de los policías sino también de personal de civil que labora en las corporaciones de seguridad pública.

Causa en Común propone en esta fase la creación de comités que participen en el funcionamiento de estas áreas y que cuenten con representantes de la sociedad civil separados de las dependencias policiales.

Tercera fase: vigilancia externa

Como tercera fase del modelo para prevenir y erradicar la corrupción Causa en Común propone el diseño de un órgano externo y autónomo a la Policía que supervise periódicamente el funcionamiento de las áreas de Disciplina y Combate a la Corrupción de las corporaciones y que incluso tenga la facultad de ordenas investigaciones totalmente independientes cuando la gravedad de un caso lo amerite.

De acuerdo con la organización este nuevo órgano deberá contar con su presupuesto propio para funcionar adecuadamente y sus protocolos de operación.


Dicho órgano podrá su vez recibir quejas ciudadanas que remitirá a las áreas responsables de investigarlas. Incluso tendrá la capacidad de remitir al Ministerio Público evidencias de la comisión de un delito, de ser el caso.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/01/claves-corrupcion-policias-mexico/

¿De qué hablaron Ibarra, Aspe, Serra, Cordero, Gil, Carstens y Meade? No se sabe: SHCP “no tiene datos”

La SHCP sólo dio información sobre la lista de todos los ex secretarios que fueron invitados y de los que decidieron asistir al encuentro. Luis Videgaray Caso, hoy Canciller, Jesús Silva Herzog Flores, Guillermo Ortiz Martínez, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y José Ángel Gurría fueron los ex funcionarios que no atendieron el llamado. En la lista se observa que Meade convocó a Gustavo Petricioli, Secretario de Hacienda en la parte final del sexenio de Miguel De la Madrid pero fallecido desde 1998.

El pasado 13 de diciembre, ante las amenazas de Donald Trump a la economía nacional y la futura salida de Agustín Carstens del Banco de México, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, se reunió con seis de sus predecesores.
“Me reuní con ex titulares de @SHCP_mx David Ibarra, Pedro Aspe, Jaime Serra, Ernesto Cordero, Francisco Gil y Agustín Carstens”, escribió Meade en su cuenta de Twitter.
El funcionario mostró también dos fotografías del encuentro, realizado en el Salón de los Retratos de Palacio Nacional; una de ellas mostrando a Meade y sus convocados de pie y sonrientes ante la cámara.


“Conversamos acerca de los retos que México enfrenta. Es fundamental el intercambio de experiencias”, agregó Meade en la red social.





Cuestionado sobre el contenido del encuentro, sin embargo, Meade respondió ante una solicitud de información que no había “obligación” de guardar registro alguno y que, además, fue de “carácter privado”.
“No se tiene la información solicitada; toda vez que, de acuerdo a las facultades y atribuciones expresamente conferidas a esta unidad administrativa, previstas en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 6 del Reglamento Interior de esta dependencia, no se desprende obligación de contar con material que facilite la entrega de la información”, respondió la “oficina del C. Secretario” de Hacienda.

“La reunión con Ex titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 13 de diciembre de 2016 fue de carácter privado y por su propia naturaleza no se generaron registros ni en audio ni en video de dicho encuentro sostenido en Palacio Nacional”, agregó la Unidad de Comunicación Social de la dependencia.

Las negativas fueron entregadas a través de la Plataforma del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en respuesta a una solicitud de información ingresada el 16 de diciembre pasado.

La petición fue conocer el “contenido íntegro de lo hablado por cada asistente al encuentro entre el secretario Meade y los ex secretarios de Hacienda” el 13 de diciembre, ya fuera en transcripción o descripción de cada participación, así como “toda la documentación que se haya generado”.

En su respuesta, la SHCP envió sólo las fotografías publicadas por Meade y mencionó que “por principio de máxima publicidad, se informa del único material gráfico que se difundió a través de la cuenta de Twitter del propio Secretario”.

También –y ante pregunta expresa– envió una lista de los convocados al encuentro, en la que se observa que, además de los seis que sí aceptaron, se invitó a otros ex titulares de Hacienda, entre ellos Luis Videgaray Caso, hoy titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y quien no atendió entonces el llamado de Meade.

Tampoco atendieron la invitación Jesús Silva Herzog Flores, Secretario de Hacienda al final del sexenio de José López Portillo y al inicio de Miguel de la Madrid; Guillermo Ortiz Martínez, titular de la misma dependencia en el sexenio de Ernesto Zedillo y ex Gobernador del Banco de México; ni José Ángel Gurría, que lo sucedió en SHCP y hoy secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En la lista se observa que Meade convocó también a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como a Gustavo Petricioli, Secretario de Hacienda en la parte final del sexenio de De la Madrid pero fallecido desde 1998.

Salvo David Ibarra Muñoz, que fungió como titular de Hacienda con José López Portillo, los ex secretarios que sí asistieron a Palacion Nacional ocuparon el cargo en los años caracterizados por la apertura económica y las privatizaciones de las empresas del Estado.

Pedro Aspe Armella fue Secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando también se aprobó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ahora amenazado por el nuevo Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Jaime Serra Puche fue negociador del mismo TLCAN cuando fungió como Secretario de Comercio con Salinas; periodo en el que, cuestionado sobre el país que tenía en mente al negociar el acuerdo económico, respondió que “el mejor proyecto de país es no tener proyecto de país, y dejar que el mercado modele al México posible”.

Serra se convirtió luego en el primer secretario de Hacienda de Ernesto Zedillo, cuando estalló la crisis económica del diciembre de 1994.

Agustín Cartens fue titular de Hacienda en la primera mitad del sexenio del Presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, cuando fue sucedido por Ernesto Cordero; mientras que Gil Díaz ocupó el cargo durante los seis años de la Presidencia de Vicente Fox.

Tanto Gil Díaz como Meade, Cordero y Aspe son economistas egresados del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), formador de funcionarios y ex funcionarios que han participado en la apertura económica de México impulsada desde 1982.

El modelo, sin embargo, de acuerdo con diversos diagnósticos, ha convertido a México en dependiente de las inversiones extranjeras promovidas por el TLCAN y desmantelado parte del campo y la industria nacional.

Aspe, Gil Díaz y Serra Puche, además, mantienen actividades en la iniciativa privada; varias de ellas, como en el caso de la firma Evercore, de Aspe, todavía relacionadas con las actividades del Gobierno federal y, en particular, de la Secretaría de Hacienda.


Entre estas actividades realizadas por Evercore está la asesoría financiera a proyectos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), así como la promoción de deuda pública en las entidades federativas desde 2002.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/31-01-2017/3142385

La PGJ de Sinaloa resuelve sólo 8% del total de los homicidios ocurridos en 2016

La PGJ de Sinaloa resuelve sólo 8% del total de los homicidios ocurridos en 2016

En Sinaloa, ser homicida puede ser rentable, al final, es posible que las autoridades no los detengan y por lo tanto no los lleven a la cárcel.

Las estadísticas del Nuevo Sistema de Justicia Penal, respecto al 2016, establecen que sólo 78 asesinatos de 962 que sucedieron desde la implementación del sistema en todo el estado fueron resueltos por la Procuraduría General de Justicia (PGJ), que significan el 8.1 por ciento de todos esos delitos.

En junio del año pasado comenzó a operar el Nuevo sistema de Justicia en la zona centro de Sinaloa, pero antes ya sucedía en 15 municipios del estado, por lo que a partir de ello, según el informe de labores del Poder Judicial, se puede hacer un conteo del número de asesinatos.

Esas resoluciones fueron disposiciones ante un juez, es decir, cuando las personas detenidas son presentadas ante un juzgado bajo la acusación de haber asesinado a alguna persona.

Las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia establecen que el año pasado hubo mil 161 asesinatos, de los cuales 962 deben ser juzgados con el nuevo sistema de justicia, que tiene la característica de ser un modelo más rápido y eficiente para la solución de conflictos.

En este sistema las personas que estén acusadas de homicidio, que incluye el feminicidio y feminicidio agravado, deben ser presentadas por el Ministerio Público directamente ante un Juez.

Con las estadísticas del Nuevo Sistema de Justicia se puede observar la baja eficiencia que hay en Sinaloa para investigar los diversos crímenes, e incluso con el resto de los delitos, pues de los 21 mil 992 delitos que se cometieron en 2016, sólo 974 fueron resueltos por la PGJ, lo que se traduce en el 4.4 por ciento.

El Ministerio Público es la autoridad que debe presentar a los detenidos, al mismo tiempo que debe investigar cada uno de los delitos, por lo tanto la dependencia es la responsable de que sólo este 4.4 por ciento de todos los casos en 2016 fueran resueltos.

Mil 161 Asesinatos se cometieron en 2016
962 Deben ser juzgados con el nuevo sistema de justicia
78 Fueron ya ‘resueltos’ por la PGJE

ROBO DE VEHÍCULOS, EL DELITO QUE MENOS SE CASTIGA.

Si los asesinatos son poco castigados en Sinaloa, el robo de autos podría considerarse como el menos castigado.

De los 4 mil 822 vehículos que se robaron en 2016, ya sea con violencia o sin violencia, sólo 56 casos fueron ‘resueltos’ por la Procuraduría General de Justicia, es decir, sólo el 1.1 por ciento de todos los casos.


El Poder Judicial dio a conocer que las estadísticas son poco favorables para la Procuraduría General de Justicia, que durante los últimos tres años presumió la baja de los índices delictivos sin que ello se vea reflejado en el número de personas castigadas.

FUENTE: SIN EMBARGO/NOROESTE.
AUTOR: REDACCIÓN/MARCOS VIZCARRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/31-01-2017/3142536

Uno de los 3 menores asesinados en San Miguel habría recibido dos disparos, dicen fuentes extraoficiales

El propietario del inmueble donde ocurrió la muerte de los tres infantes, José Cipriano Sánchez Zavala, brindó una entrevista a la radio local. Aseveró que no ha sido requerido por la justicia y que los daños por detonaciones de arma de fuego, se concentran en el lugar donde la familia Luna dormía la noche del 14 de enero.

Uno de los tres menores que fueron asesinados en la finca de Ampliación de Cieneguita tras un operativo ejecutado por elementos de la Policía Estatal, habría recibido al menos dos impactos de bala.

Contrario a lo declarado por el Procurador General de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, de acuerdo a esta información extraoficial los menores habrían recibido más impactos de bala. En ninguno de los tres cuerpos había orificio de salida, ni huellas de violencia o tortura.

Fue el diario A.M. el que difundió estos datos tras contactar a personas que tuvieron contacto con los cuerpos de los niños.

La fuente detalló al rotativo que Gabriel (de 11 años) tenía una lesión en la sien derecha; Adrián (de 8), lo tenía más al centro de la frente “y el más pequeño, Mateo (de 4 años), lo tenía más atrás, por la oreja izquierda y se le veía otro impacto por el estómago. Tenía otro agujerito cerca del ombligo”.

Los testigos accedieron a rendir testimonio a condición de permanecer en el anonimato.

Al respecto, un familiar de la señora Juana Luna, madre de los pequeños, precisó a Zona Franca que Juana (y ellos) no conocieron la ubicación exacta de los disparos en los cuerpos de los pequeños, ya que el día del acontecimiento tanto ella como Antonio, el padre, fueron separados.


Una vez que se habían percatado de la muerte de los niños, el Servicio Médico Forense (Semefo) se hizo cargo de los cuerpos y su madre habría sido notificada.
“A los familiares se les dijo que estuvieran pendientes mientras le daban libertad a Juana, ya que en cualquier momento la funeraria llevaría los cuerpos ya en sus féretros a la casa ubicada en la colonia San Luis Rey.”

Por lo anterior, la familia sólo se dedicó a preparar su velación y entierro entre el estupor y asombro de los hechos vividos.

Al momento, la familia considera que el nuevo abogado defensor de Antonio Luna, Rafael Heredia, podría en cualquier momento pedir una segunda necropsia en los pequeños.

El pasado 21 de enero, luego de que se le determinara vincular a proceso a Antonio como el presunto responsable de asesinar a sus tres hijos, en rueda de prensa Carlos Zamarripa aseguró que el homicidio y la presunta balacera entre elementos de la Policía Ministerial con un presunto grupo delictivo, fueron sucesos paralelos sin relación entre sí.

En esa misma oportunidad, el funcionario estatal señaló que, de acuerdo con las declaraciones que han rendido los elementos que participaron, los tres menores de edad ya habían recibido un impacto de bala cada uno.
“Al momento en el que se entra al lugar donde se encontró el hallazgo que ya habían acontecido los hechos y estaba por acontecer uno más que no se llevó a cabo porque no tenía balas el arma que fue utilizada”.

HABLA EL DUEÑO DE LA FINCA

Esta mañana, el propietario del inmueble donde ocurrió la muerte de los tres infantes brindó una entrevista a la radio local XESQ. José Cipriano Sánchez Zavala, “Don Pollo”, manifestó que él se dio cuenta del hecho ocurrido hasta el sábado por la mañana al leer los mensajes de Antonio Luna que le mando horas antes.

Confirmó que el lugar que iba a ser salón de fiestas, es el único lugar que fue completamente destrozado por las balas, durante el operativo que duró más de 5 horas. Su abogado, José Luis Vargas, le dijo que el resto del inmueble presentaba daños, pero que el lugar donde Antonio Luna dormía con su familia parecía una “zona de guerra”.
“Ese viernes 13 regresé de la finca a las 10:30 de la noche, fui a casa y me dormí. Cuando desperté encontré los mensajes y llamadas perdidas de Toño diciendo que había una balacera en el lugar, que le ayudara, luego había otro mensaje de un teléfono desconocido que supongo fue de la señora (Juana Luna, la esposa); pero cuando fui a la finca (los agentes) ya no me dejaron entrar, no me dijeron que había pasado, no me dijeron nada, había mucho hermetismo y muchos policías”.
Manifestó también que él se dedica al negocio de sus taxis y que el inmueble lo habría rentado a dos personas sin contrato por en medio porque dijeron que las oficinas las abrían hasta después del 9 de enero.
“… y sí, por eso les dije que nos podíamos esperar a hacerlo; ya no las volví a ver, ni a saber de ellas a pesar de que todos los días iba yo al lugar, haciéndoles entrega de las llaves el día 28 de diciembre”. Las personas ocuparon formalmente el área rentada el día 3 de enero. “Toño había salido de vacaciones y cuando regresó lo enteró de los nuevos inquilinos sin observar nada anormal”.

Precisó también que la pistola que poseía Toño era de calibre 22 y que era una arma que él, Cipriano Sánchez, tenía desde hace muchos años, y se la entregó porque días antes habían intentado asaltar una área del inmueble. El arma contenía espacio para seis tiros, aunque le dejó diez balas.

Mencionó que por la hora de los mensajes que él recibió, la balacera había iniciado antes de las doce de la noche y que los elementos del grupo de reacción habrían llegado dos horas después, conociendo esto la Policía Municipal, que nunca intervino.

Cipriano Sánchez dijo que está en la disposición de las autoridades en caso de ser requerido.

Con voz resquebrajada afirmó: “si hubieran dicho que la casa se derrumbó por completo, no habría problema, me ponía a levantarla de nuevo, pero el hecho que sucedió nos derrumbó por completo y nos dejó sin ganas”.


Apenas el 28 de enero, se difundió que la PGJE ya investiga a Cipriano Sánchez sin relacionarlo directamente con el caso del homicidio de los tres menores, sin embargo este no ha sido llamado por Ministerio Público.

FUENTE: SIN EMBARGO/ZONA FRANCA.
AUTOR: REDACCIÓN/ROBERTO GUTIÉRREZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-01-2017/3142402

'El Chapo' pide estar presente en su juicio en Nueva York

Nueva York. El ex capo del narcotráfico mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, extraditado en enero a Estados Unidos, rechazó aparecer en su juicio por videoconferencia, como desea la justicia, y reclamó estar presente cada vez que se trate su caso.

El juez federal Brian Cogan, a cargo del caso en la corte de Brooklyn, pidió la semana pasada que Guzmán, famoso por dos fugas espectaculares de cárceles en México, no comparezca físicamente en la próxima audiencia fijada para el 3 de febrero, y que sea escuchado por video "para minimizar las perturbaciones ligadas a su transporte físico".

En una carta de cinco páginas dirigida el lunes al juez Cogan, Michael Schneider y Michelle Gelernt, abogados del ex jefe del cartel de Sinaloa, reclamaron "la presencia física del señor Guzmán en la corte en la audiencia del 3 de febrero y en cada aparición posterior en el tribunal".

El Chapo Guzmán, de 59 años, acusado de haber dirigido uno de los mayores imperios de droga del continente americano, fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero y al día siguiente se declaró no culpable de los 17 cargos de los cuales le acusa la justicia estadounidense.

El primero de ellos, que lo acusa de haber dirigido el cartel de Sinaloa, puede implicar la cadena perpetua.

Desde su llegada a Nueva York, El Chapo está aislado en una celda del Centro Correccional de Manhattan, a unos 3 kilómetros de la Corte, y no puede hacer llamadas telefónicas o comunicarse directamente con su familia o con abogados en México, dijeron sus defensores estadunidenses.

"Está encerrado en una celda 23 horas al día y solo se le permite salir para reunirse con sus abogados y para una hora de ejercicio en solitario", lamentan.

"Su ausencia de la corte llevaría necesariamente a la impresión de que Guzmán es demasiado peligroso para ser traído al tribunal", añadieron.

La carta se queja de que la extradición de Guzmán, que sus abogados mexicanos resistieron hasta último momento, llegó "súbitamente y sin ninguna advertencia".

Un gran jurado deberá decidir si declara a El Chapo culpable o inocente en un largo juicio que aún no tiene fecha de comienzo y en el cual comparecerán al menos unos 40 testigos.

El cartel de Sinaloa habría distribuido varios miles de toneladas de droga colombiana en Estados Unidos durante unos 25 años, con un beneficio estimado de 14 mil millones de dólares.


A cambio de la extradición de Guzmán, las autoridades estadunidenses se comprometieron a no pedir la pena de muerte.

FUENTE: LA JORNADA/AFP.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/31/el-chapo-pide-estar-presente-en-su-juicio-en-nueva-york

Pagamos "la incertidumbre de la relación con EU": Meade

Ciudad de México: El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, destacó ante senadores del PRI que “estamos pagando y hemos pagado la gran incertidumbre de la relación con los Estados Unidos, si la resolvemos bien, ello puede detonar un desempeño económico más acorde para el país”.

Trump, el extorsionador

CIUDAD DE MÉXICO: Investido del máximo poder que un hombre pueda tener en el planeta, Donald Trump está resuelto a imponer su visión radical de la política y la economía con la convicción de un fanático religioso, sin conciencia de los efectos terribles que sus decisiones sectarias pudieran ocasionar tanto en su país como en el mundo entero.

El autócrata imperial implantará la extorsión, el proteccionismo y la fuerza como los principios rectores de la política exterior de Estados Unidos. Trump quiere hacer de México la primera víctima de su ultrajante abuso de poder. Es imperativo evitarlo.

Con el nuevo presidente, la democracia estadunidense enfrenta el peligro de degenerar en algo peor de lo que Tocqueville concibió como un despotismo suavizado (por la igualdad social). Lo que se vislumbra ahora es una plutocracia autárquica, el gobierno de los billonarios combinado con un proteccionismo extremo cerrado al exterior. Surge una nueva versión revitalizada del neoliberalismo destinado a beneficiar a los “ganadores” –reduciéndoles impuestos y eliminando regulaciones–, teñido de una demagogia populista para embaucar a los “perdedores”, ofreciéndoles una igualdad ilusoria.

Acaso el furor patriótico del magnate-presidente para recuperar la grandeza de su país pudiera dar lugar a una bonanza efímera (el Dow Jones superó los 20 mil puntos). No obstante, la administración Trump nace bajo la sospecha generalizada de que utilizará el cargo en beneficio de sus negocios y los de sus amigos. El regreso del capitalismode cuates podría desembocar en una crisis económica mundial como la que se produjo por los abusos y la corrupción de la élite financiera y política estadunidense en 2008.

Presa de una incontrolada megalomanía, el nuevo mandatario inició su gestión con una serie de exabruptos que minan no sólo su credibilidad, sino que han ofendido a las instituciones electorales y de inteligencia de su país. Ello ha dado lugar a severas críticas de especialistas en ambas materias, así como de amplios sectores de la sociedad estadunidense, además de una seria confrontación con periodistas y medios que han cuestionado y rebatido sus desplantes.

El primer enfrentamiento con los medios se originó por la obsesión del showman por la popularidad. CNN presentó dos fotografías aéreas comparando las tomas de posesión de Barack Obama (2009) con la del 20 de enero de 2017, que claramente rebatían la afirmación del presidente Trump de que su ceremonia inaugural había sido la más concurrida de la historia.

El segundo, originado por el afán de justificar que Hillary Clinton obtuvo casi 3 millones de votos ciudadanos más que él, lo hizo inventar que ello se debió a un supuesto fraude electoral. Según su descabellada teoría de la conspiración, de 3 a 5 millones de inmigrantes indocumentados habrían votado ilegalmente a favor de la candidata demócrata. La carencia de toda prueba sobre esa grave acusación desató una ola de críticas. El demagogo reaccionó emitiendo una orden ejecutiva para que se realice una “investigación exhaustiva”, sin ningún sustento empírico o jurídico que la justifique.

Las críticas a la imprudencia, arrogancia e inmadurez emocional de Donald Trump para desempeñar su puesto es cada vez más amplia e incluye a congresistas, gobernadores y miembros de su propio partido. A ello se suma el rechazo de millones de mujeres y defensores de los derechos humanos que se manifiestan contra su gobierno en toda la Unión Americana, hoy más desunida y polarizada que nunca. En esa perspectiva conviene ubicar la aberrante e inadmisible actitud de Trump en contra de la dignidad y soberanía de México, así como la estrategia para enfrentarlo.

La orden ejecutiva sobre la construcción del muro fronterizo pagado por México –y otras medidas coercitivas contra los inmigrantes indocumentados–, firmada y anunciada por Trump el día de la llegada del canciller y del secretario de Economía mexicanos a Washington para preparar la visita del presidente Enrique Peña Nieto, revela con claridad la estrategia del presidente extorsionador. Su fórmula es iniciar cualquier negociación con un golpe bajo a fin de ablandar al interlocutor, como lo ha practicado durante toda su vida como empresario.

Estamos frente a un personaje de pensamiento rudimentario conformado por prejuicios arraigados, creencias inamovibles y dogmas incuestionables. Para él no hay sutilezas: Poder es joder. Ese es su criterio y ese es su lenguaje: “Nuestros aliados están ganando miles de millones de dólares jodiéndonos”.

La artera agresión contra su vecino y socio del sur, opuesta a los principios más elementales de la diplomacia y la decencia, confirma que el poderoso megalómano sólo se rige por sus impulsos, ignorancia y soberbia patológica. Al enterarse de que el presidente mexicano había reiterado en un mensaje televisivo que México por ningún motivo pagaría el muro, Trump tuiteó: “Si México no está dispuesto a pagar el muro tan necesario, sería mejor que cancelara su visita”. Fue hasta después de ese ofensivo mensaje que Peña Nieto comunicó por la misma vía su decisión de no asistir a la reunión programada para el 31 de enero. Debió hacerlo antes.

La mañana del jueves 26 el demagogo tornó su agresión en una abierta amenaza: “A menos que México esté dispuesto a tratar a los Estados Unidos con justicia y respeto dicha reunión sería infructuosa y tomaría una ruta distinta. No tengo alternativa”. ¿Cuál sería ese otro camino? Un impuesto del 20 por ciento a las importaciones de México, entre otras opciones, además de la cancelación del Tratado de Libre Comercio.


Donald Trump tiene el poder de la fuerza pero no la razón. El rechazo a su gobierno, dentro y fuera de Estados Unidos, es enorme y creciente. Con inteligencia y determinación, México debe utilizar todos los medios diplomáticos, jurídicos, económicos y políticos a su alcance para enfrentar la crisis de dimensiones incalculables que se avecina y lograr frenar la arbitrariedad del tirano extorsionador. El desafío es mayúsculo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: HÉCTOPR TAJONAR.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472501/trump-el-extorsionador

“Coyotaje” de Josefina, pura corrupción

CIUDAD DE MÉXICO: La corrupción en el ejercicio de los mil millones de pesos que el gobierno de Enrique Peña Nieto adjudicó a la panista Josefina Vázquez Mota para su fundación Juntos Podemos comienza a emerger y están implicados personeros de ella y de su amigo Gerónimo Gutiérrez, virtual embajador de México en Estados Unidos.

Afiliado al Partido Acción Nacional (PAN) desde 2001, subsecretario de Estado con Vicente Fox y Felipe Calderón, Gutiérrez Fernández es identificado como uno de los respaldos de Vázquez Mota para recibir de Peña los mil millones de pesos que para Ricardo Anaya, presidente panista, no es sinónimo de corrupción política, sino un “esfuerzo de gestión” de la opaca aspirante a gobernadora del Estado de México.

En la lógica de Anaya, Vázquez Mota puede ser tildada de “coyote”, como el habla popular y la Academia Mexicana de la Lengua definen al “gestor ilegítimo de trámites burocráticos”, como fue la obtención de los mil millones de pesos para que la fundación Juntos Podemos, que ella preside, canalizara ese apoyo a los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

El asunto ha sido turbio desde el origen: Vázquez Mota, derrotada por Peña en 2012, obtuvo repentinamente mil millones de pesos después de una gestión en la que intervino Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda y actual canciller; Gerónimo Gutiérrez –amigos éstos desde estudiantes del ITAM–, y Eduardo Bravo Calderón, presidente de la Fundación AEM, una de las instancias, junto con Parents Alliance, que “dispersó” los recursos en Estados Unidos.

Apenas la semana pasada, el miércoles 25, Eduardo Bravo Calderón fue expulsado de la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM), una organización jurídica y financieramente independiente a la Fundación AEM –que sin autorización usa sus siglas–, acusado de incurrir en conflictos de interés y desvío de más de un millón de dólares, equivalentes a 22 millones de pesos, según los primeros resultados del comité de investigación.

Los recursos presuntamente desviados son parte de los mil millones de pesos de recursos federales gestionados por Vázquez Mota, quien tiene una estrecha relación profesional y de amigos con Bravo Calderón, Emilio España, tesorero de la AEM, y Alejandro Quiroz, de Parents Alliance, también implicados en este escándalo de corrupción y expulsados de esa institución fundada en 1996.

Estos tres individuos son, justamente, los dueños de la marca Juntos Podemos de Vázquez Mota y son sus operadores políticos y financieros en su proselitismo por ciudades estadunidenses, con maquillista incluida, todo con cargo al erario federal que puso Peña a su disposición.

El reporte del comité de investigación de la AEM lo conoció Gerónimo Gutiérrez por haber formado parte de él en su calidad de consejero de este organismo privado –cargo al que renunció el 18 de enero, justo cuando internamente se supo de los malos manejos–, y expone que Bravo Calderón estableció un esquema de desvío de recursos públicos en su beneficio, en complicidad con España.

Como si fuera un benefactor, supuestamente Bravo Calderón pagaba de su bolsa la renta de las oficinas, la nómina del personal, las redes sociales, los sistemas de pago, los eventos, viajes y hasta la Revista Empresarios AEM, institución de la que había sido presidente.

Pero las oficinas de la AEM están a nombre de MMG Communications Inc, empresa de su propiedad, y la revista la editaba también otra compañía suya, Ediciones Supcorp SA de CV –con sede en la Ciudad de México–, por lo que cobraba lo que quería y él mismo se pagaba con recursos de la Fundación AEM, receptora de parte de los mil millones de pesos gestionados por Vázquez Mota.

En la reunión de la AEM, que duró cinco horas y en la que renunció Javier Martínez a la presidencia que asumió Rafael Herrera, se tomó el acuerdo de recomendar a los dirigentes e integrantes de la AEM no tener ninguna relación con los tres directamente implicados y Emmanuel Loo, director del Integra Institute, que es la imagen pública de Fundación AEM y quien opera empresas creadas por ésta, como Mexpliqa LLC y Tianguist.

La investigación contra los operadores de Vázquez Mota y de Gerónimo Gutiérrez –Bravo Calderón dice que es su compadre– apenas inicia, no sólo porque habrá más información sin uno de los cómplices como tesorero de la AEM, sino sobre todo porque, si la SRE no exige cuentas de los mil millones a Vázquez Mota, existen otras instancias del Estado mexicano para esclarecer el caso, como la Auditoría Superior de la Federación (ASF). No se olvide que se especula que un tercio de los mil millones fueron para gastos de operación.


Ante la versión de que Peña y Anaya ya establecieron un pacto mafioso para el 2018, como en 2006 y 2012 lo hizo el actual presidente de la República con Felipe Calderón, urge que Vázquez Mota –junto con Peña, Videgaray, José Antonio Meade y Gerónimo Gutiérrez– rinda cuentas sobre un claro episodio de corrupción política.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472452/coyotaje-josefina-pura-corrupcion

PGR deberá divulgar declaraciones de Echeverría sobre “guerra sucia”

CIUDAD DE MÉXICO: Con el objetivo de ayudar a construir la verdad de hechos como la “guerra sucia”, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) hacer pública una versión de las declaraciones ministeriales de Luis Echeverría Álvarez, Luis Gutiérrez Oropeza, Miguel Nazar Haro, Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle y Alonso Aguirre Ramos, contenidas en la averiguación previa AP PGR/FEMOSPP/02/2002.

Luego de que un particular solicitó esa información, la PGR manifestó la existencia de 167 copias de las declaraciones ministeriales solicitadas, mismas que se ponían a disposición en copias simples, en versión pública y previo pago de los derechos correspondientes.

Sin embargo, la dependencia precisó que en las versiones públicas se eliminarían los datos de los servidores que prestaron servicios sustantivos a la institución, entre ellos nombre, edad, lugar y fecha de nacimiento.

Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión ante el INAI, a través del cual impugnó la clasificación de los nombres de Luis Echeverría Álvarez, Luis Gutiérrez Oropeza, Miguel Nazar Haro, Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle, Alonso Aguirre Ramos y el nombre de funcionarios públicos y personal militar que participó en el periodo de la “guerra sucia”, en virtud de que la respuesta era ambigua y no definía cuáles nombres eran confidenciales y cuáles no.

En alegatos, la PGR precisó que la clasificación de confidencialidad, notificada a través de la respuesta inicial, no versa sobre los nombres de Echeverría Álvarez, Gutiérrez Oropeza, Nazar Haro, Gutiérrez Gómez Tagle y Aguirre Ramos.

Derivado del desahogo al Requerimiento de Información Adicional (RIA), solicitado por la ponencia del comisionado Joel Salas Suárez, el sujeto obligado manifestó que los servidores públicos sustantivos a que hacía referencia en su respuesta eran agentes del Ministerio Público de la Federación de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).

Aclaró que si bien los mismos no pertenecían a la hoy denominada Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), éstos también resultaban competentes para conocer de todos los delitos del fuero federal, inclusive de delincuencia organizada.

Manifestó la importancia de observar el principio rector de “indivisibilidad del Ministerio Público”, en el que se establece que los agentes del Ministerio Público actúan como una unidad colectiva, toda vez que cada uno de ellos puede sustituirse en cualquier momento, obedeciendo a las necesidades de servicio que tenga la PGR para el ejercicio y cumplimiento de sus facultades y funciones.

Sin embargo, en el análisis del caso, la ponencia de Salas expuso que los nombres de los servidores públicos, en principio, es información de naturaleza pública, debido a los cargos que desempeñan, así como por la necesidad de rendir cuentas por el uso de recursos públicos.

La PGR, agregó, no acreditó un vínculo entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud, ya que si bien las funciones de los servidores públicos de la extinta Femospp estaban encaminadas a la prevención, investigación y persecución del delito, lo cierto es que, en el caso concreto, el hecho de proporcionar sus datos no los vincula con las labores que pudieron haber realizado o no en el combate de la delincuencia organizada, en alguna de las unidades dependientes de la SEIDO.

En consecuencia, apuntó, no se acredita un riesgo real, demostrable e identificado de perjuicio, toda vez que al no estar relacionada la información solicitada con las labores de combate a la delincuencia organizada, no es posible indicar que se pondría en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física y/o la de sus familiares.

No obstante, los datos personales de testigos, víctimas e inculpados, sí es información clasificada como confidencial, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, destacó.

Por lo expuesto, a propuesta de Salas Suárez, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la PGR y le instruyó a entregar versión pública de las declaraciones ministeriales solicitadas, en los términos referidos.

También deberá entregar la resolución de su Comité de Transparencia, en la que funde y motive la clasificación de los datos personales de testigos, víctimas e inculpados.

Al presentar el asunto, el comisionado Joel Salas Suárez recordó que el Pleno del INAI ha discutido en varias ocasiones recursos de revisión relacionados con la “guerra Sucia” y las represiones estudiantiles de 1968 y 1971, capítulos oscuros de nuestra historia, en los que se ha coincidido, dijo, en que el derecho de acceso a la información puede ayudarnos a reconstruir la verdad para reparar y no repetir el pasado.


“El derecho de acceso a la información pública permite a la población conocer documentos de nuestra historia para promover la rendición de cuentas, pero también para contribuir a escribir o reescribir la historia política reciente de nuestro país desde distintas perspectivas y con distintas miradas. Sin la información de esos documentos, esto no será posible, entender el pasado para cambiar el presente y redefinir el rumbo del futuro”, enfatizó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472482/pgr-debera-divulgar-declaraciones-echeverria-guerra-sucia

Protestan en Sagarpa en demanda de apoyo a programas

Ciudad de México. En el contexto de las movilizaciones en contra del gasolinazo que se llevarán a cabo hoy en la Ciudad de México, manifestantes provenientes de diversas zonas de Guerrero, entre ellas Chilapa y de Hueycantenango, se manifiestan a las afueras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en demanda de apoyos para programas productivos.

Los campesinos llegaron antes de las 8 de la mañana en más de una veintena de camiones con los cuales cerraron Avenida Cuauhtémoc (al sur de la ciudad) y Municipio Libre.

Este medio consultó a varias personas sobre a cuáles organizaciones representaban, sin embargo ninguna supo responder la pregunta y sólo indicaron que son de Guerrero.

Son algunos cientos de personas y fueron colgados carteles: uno de la Unión de Trabajadores del Campo, otros de los Pueblos Unidos por el Desarrollo Sustentable de la Sierra de Guerrero, y otro de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata.


No obstante ninguna de las personas a las que se les preguntó se identificó con esas organizaciones.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CAROLINA GÓMEZ MENA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/31/protestan-en-sagarpa-en-demanda-de-apoyo-a-programas

‘Habemus’ Constitución de la Ciudad de México

Entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018; a más tardar, el 31 de diciembre de 2017, la Asamblea Legislativa expedirá leyes de la organización y funcionamiento de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

La Asamblea Constituyente terminó el debate de los 76 artículos generales y los 39 transitorios de la primera Constitución de la Ciudad de México, que entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018.

En total, quedaron 76 artículos y 34 transitorios.

Para rescatar el tema del pago de la plusvalía, rechazado en comisiones luego de críticas en redes sociales, se aprobó que las autoridades establecerán en sus programas y políticas mecanismos para mitigar los impactos de desarrollos ambientales.

El diputado Enrique Provencio Durazo sostuvo que se rescata con toda claridad el sentido del interés público que debe tener el desarrollo urbano y que en el desarrollo urbano deben tener las obras y proyectos.

PREÁMBULO
El debate más intenso de la noche se registró con la aprobación del preámbulo de la Constitución, porque el Partido Revolucionario Institucional se inconformó con un párrafo que destacaba “la resistencia permanente contra el poder autoritario”.

Los partidos de Morena y PRD buscaron que se mantuviera esa mención, pero tras varias intervenciones se convino que lo mejor era aprobar este texto con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, por lo que se tuvo que borrar.

Los diputados constituyentes aprobaron los 39 artículos transitorios que instruyen cómo debe aplicarse esta Constitución, que entrará en vigor en septiembre de 2018.

La sección relacionada con el poder Ejecutivo local, el primer Congreso de la Ciudad de México y las presidencias municipales entrarán en vigor conforme se vayan renovando los cargos democráticamente, es decir, en los procesos electorales de 2017 y 2018.

Con el texto aprobado, ya sólo falta que esta tarde la Comisión de Armonización presente la revisión de la Constitución en su conjunto, para verificar que los artículos no se contraponen o contradicen.

En la sesión de este martes, el diputado Alejandro Encinas sostuvo que “casi, casi, casi” hay constitución de la Ciudad de México, pues sólo faltan las últimas votaciones.

Los legisladores tomaron una hora y 45 minutos de la madrugada de este martes para agradecer a todos los trabajadores del Senado de la República y externos que hicieron posible la sesión parlamentaria más larga de la historia de México: 137 horas con 25 minutos.


Comunicados:

Comunicado 139 by Aristegui Noticias on Scribd



Comunicado 140 (1) by Aristegui Noticias on Scribd



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: SEBASTIÁN BARRAGÁN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/3101/mexico/habemus-constitucion-de-la-ciudad-de-mexico/

Edomex, Sonora y Oaxaca, los 3 estados más peligrosos para ser defensor de la tierra: Cemda

Las entidades con más ataques registrados en contra de defensores del medio ambiente, de la tierra y el territorio, entre junio de 2015 y julio de 2016, fueron el Estado de México y Sonora, con 12 casos cada uno, según datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Por debajo están Oaxaca con 6; Puebla con 5, Colima y Campeche con 4; Veracruz y Chiapas con 3; Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato y Baja California Sur con 2; y finalmente Yucatán, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y la capital mexicana con un caso cada una.

México no es un lugar seguro para los defensores del medio ambiente y de los recursos naturales. Apenas el pasado 16 de enero, el activista Isidro Baldenegro, galardonado en 2005 con el Premio Ambiental Goldman por proteger los bosques de la Sierra Tarahumara, fue asesinado a tiros en Chihuahua.

El hecho ha sido condenado por distintas organizaciones de las sociedad civil como Amnistía Internacional, Greenpeace, el Centro para la Diversidad Biológica, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), entre otras. Incluso, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, expresó su indignación y lamentó la “trágica pérdida” de Baldenegro, a quien llamó “defensor indígena comprometido y altruista”.


En entrevista para SinEmbargo, Alejandra Leyva Hernández, abogada especialista en Derechos Humanos del Cemda, alertó que “lo más grave del asesinato de Isidro Baldenegro es que no se trata de un hecho aislado. Se da en un contexto de violencia generalizada en el país contra los defensores del medio ambiente, de la tierra y el territorio. Es reflejo de lo que viven muchos activistas que son agredidos con amenazas, hostigamiento, criminalización y culminan en la muerte”.

Leyva Hernández recordó que el activista ambiental fue desplazado de su comunidad y criminalizado. En 2003, Isidro estuvo preso por presunta posesión ilegal de armas y mariguana, pero los cargos fueron retirados un año después, luego de que las autoridades determinaran que la Policía había cometido abusos durante su detención, según información de Associated Press. El activista también acusó, en su momento, a influyentes taladores locales de persuadir a las autoridades de fabricar cargos en su contra.

De junio de 2015 hasta julio de 2016, en la República Mexicana se registraron 63 agresiones contra activistas. Los ataques fueron desde amenazas, criminalización y detenciones ilegales, agresiones físicas, y hasta asesinatos, documentó el Cemda en el “Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México”, presentado hace unos días.


El documento detalla que las entidades con más ataques registrados en contra de defensores ambientalistas fueron el Estado de México y Sonora, con 12 casos cada uno. Por debajo están Oaxaca con 6; Puebla con 5, Colima y Campeche con 4; Veracruz y Chiapas con 3; Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato, Baja California Sur con 2; y finalmente Yucatán, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y la capital mexicana con un caso cada uno.

De los 63 casos documentados, el Cemda informó que 17 correspondieron a obras hidráulicas y políticas públicas de administración del agua; 10 a minería; 8 a proyectos de infraestructura; 7 a hidroeléctricas; 5 a proyectos inmobiliarios; 4 sobre despojo de tierras y territorio; 4 de proyectos eólicos; 2 por contaminación; 2 por proyectos turísticos; 2 por siembra de transgénicos y 2 más por tala clandestina.

El Centro señaló que los ataques hacia los activistas fueron perpetrados por diversos agresores, entre ellos, autoridades del Estado a nivel municipal, estatal y federal (el 43 por ciento). También identificaron a personal de las empresas que emprenden los proyectos y que “con violencia defienden sus intereses económicos frente a la oposición de las comunidades”. Además, otras agresiones fueron perpetrada por gente de la propia comunidad afectada al existir divisiones, y, en otras ocasiones, provinieron de particulares que tienen algún interés que se ve afectado.

Detalló que otro 31 por ciento de los atacantes no fue identificado, mientras que el 14 por ciento fue adjudicado a particulares; el 7 por ciento al personal de las empresas; el 3 por ciento a la gente de la misma comunidad y el 2 por ciento a grupos del crimen organizado.

En el caso de los ataques provenientes de una autoridad, la organización observó que en el 56 por ciento de los casos, los autores fueron autoridades estatales, en el 22 por ciento, autoridades municipales y en el 22 por ciento restante, autoridades federales.
En ese sentido, Leyva acusó que “hay una posición del Estado de omisión frente a los hechos. Hay una falta de voluntad política para enfrentar la situación con medidas sobre todo preventivas y de protección. Se está dejando en total indefensión a los activistas y está conminando en éstos lamentables hechos”.

La organización identificó que de los 63 casos registrados entre junio 2015 y julio de 2016 se cometieron en total 86 agresiones, ya que en algunos se perpetró más de un tipo de ofensiva. De ellos, se identificó un homicidio. Mientras, los ataques más frecuentes fueron las amenazas, con el 24 por ciento; después la intimidación con 19 por ciento; la criminalización con 18 por ciento, y las agresiones físicas se presentaron en un 15 por ciento. Otras agresiones identificadas fueron el hostigamiento con 11 por ciento; la difamación con 6 por ciento; la privación ilegal de la libertad, el desalojo forzoso, el allanamiento y robo, con un 2 por ciento cada uno.

Alejandra Leyva hizo un llamado a las autoridades mexicanas “a respetar derechos humanos y derechos colectivos. Nosotros lo vemos como una forma de atender el fondo del asunto”.

La litigante recomendó instaurar medidas preventivas ante este contexto de violencia pero, dijo, “sabemos que hay un problema de fondo que es económico y que no respeta derechos de pueblos indígenas”.
“Que se materialice una voluntad política real, si no ninguna medida va a poder ser eficaz. Hay un contexto de impunidad, de corrupción, donde no se atienden las problemáticas de fondo en los conflictos socioambientales y hay un ánimo de agredir a las personas que defienden sus derechos”, destacó.
AMÉRICA LATINA AGREDE A SUS ACTIVISTAS


Recientemente, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) publicó un nuevo informe sobre abusos y violaciones a derechos humanos en contra de defensores y defensoras en América Latina. En él se documentaron 51 casos de intimidación y amenazas, 36 muertes, 34 desalojos y 27 golpizas o diferentes formas de violencia.

El CIEDH situó a México entre los países más peligrosos para los activistas, acompañado por Colombia, Guatemala, Honduras y Brasil.

Un informe del año pasado de Global Witness reportó que 185 activistas ambientales fueron asesinados a nivel mundial en 2015; dos tercios en América Latina, “por mucho el mayor número de muertes reportadas anualmente”.


En 2014, el mismo análisis documentó 88 asesinatos contra personas defensoras de tierra y medio ambiente en la región: 29 en Brasil, 25 en Colombia, 12 en Honduras, 5 en Guatemala, 3 en Paraguay, 3 en México, 1 en Costa Rica y 1 en Ecuador.

En entrevista con SinEmbargo, Karen Hudlet Vázquez, investigadora y representante para México, Centroamérica y el Caribe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), señaló que las agresiones a los activistas son “graves y preocupantes”, ya que en diversas ocasiones se reportan intimidaciones, amenazas y asesinatos.

La investigadora acusó que en el país se registra abuso al derecho a la tierra, al territorio y/o al agua; al derecho a la consulta, participación y/o información. Y explicó que con las protestas de los inconformes, llegan las intimidaciones, amenazas y otras agresiones.

Los casos, subrayó, “no pueden quedar en la impunidad. Se debe encontrar a los responsables de los abusos y de los ataques a los defensores y defensoras para que no haya un clima tolerante ante la situación, por un lado, por otro, el Estado mexicano tiene que evitar los proyectos que causan conflictos por el daño a las comunidades y al medio ambiente”.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-01-2017/3139505