La autoridad ministerial debe estar atenta de una contienda comicial altamente competida, señala Arely Gómez.
La Procuraduría General de la República (PGR) suscribió un acuerdo de colaboración con los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, para ofrecer un frente común contra conductas delictivas en materia electoral.
La titular de la dependencia, Arely Gómez González, subrayó que ese instrumento involucra acciones de capacitación, difusión y divulgación destinadas a prevenir los delitos electorales, así como a promover una cultura de la denuncia que inhiba la impunidad, entre otras tareas.
El referido convenio, informó la PGR en un comunicado, implica el intercambio de datos e información en los asuntos de su competencia, además de una plena coordinación en la atención de denuncias con motivo de los procesos electorales en el país.
Gómez González señaló que estos procesos serán los primeros en abordarse con la nueva Ley General en Materia de Delitos Electorales, la que ha ampliado los tipos penales y las competencias institucionales.
“Serán también procesos electorales en donde la contienda se revela en sí altamente competida y donde la autoridad ministerial debe estar atenta para reaccionar en forma oportuna ante las posibles condiciones de delitos”, expuso la servidora pública.
En este caso la titular de la PGR instruyó al fiscal especializado para la atención de delitos electorales, Santiago Nieto Castillo, a que dé puntual seguimiento a los compromisos que emanen del acuerdo suscrito.
La PGR informó que a esta firma asistieron los procuradores de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Fernando Ríos Garza, como representante de la Zona Centro; del estado de Sonora, Carlos Alberto Navarro Sugich, en su calidad de representante de la zona Noroeste.
Asimismo participaron sus similares de Coahuila, Homero Ramos Gloria, representante de la zona Noreste; de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, al frente de la zona Occidente, y el fiscal de Tabasco, Fernando Valenzuela Pernas, de la región Sureste.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
lunes, 11 de mayo de 2015
Ordenan a la CFE abrir el expediente del proyecto hidroeléctrico “Las Cruces”
MÉXICO, D. F: La Comisión Federal de Electricidad (CFE) deberá entregar la versión pública de toda la información que tenga de las reuniones de consulta con comunidades indígenas sobre el Proyecto Hidroeléctrico “Las Cruces”, en Nayarit.
Así lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) al resolver un recurso de revisión interpuesto por un particular a quien la CFE le negó la información.
El particular solicitó información sobre reuniones sostenidas con comunidades indígenas de Rosarito, Municipio de Rosamorada, Nayarit, para conocer el proyecto de la hidroeléctrica.
La CFE le contestó que la información está reservada debido a un proceso deliberativo con las comunidades indígenas y el gobierno de Nayarit.
Sin embargo, al analizar el caso, el comisionado ponente Joel Salas Suárez señaló que si bien existe un proceso deliberativo, la información es de interés público porque permite verificar que el Estado garantiza el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas en decisiones que impactan su forma de vida.
Y es que según denuncias de los pueblos indígenas, confirmadas por organizaciones civiles como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), eso no ha sido cumplido.
Además denunciaron que la CFE no documenta opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos, y el INAI afirmó que tampoco acreditó de manera suficiente el daño potencial que se ocasionaría con la publicación de la misma.
Al respecto, el comisionado argumentó que la recién aprobada Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone que no se puede clasificar información sin que dicha prueba esté debidamente fundamentada y motivada, por lo que hizo un llamado a la CFE a ajustarse a esta previsión.
Además, señaló que existen precedentes sobre el tema, pues el 4 de marzo pasado instruyó a la CFE entregar los resultados de las consultas de opinión.
También, dijo, durante 2014 se resolvieron otros recursos de revisión en los que se pidió información del proyecto “Las Cruces” a otras dependencias como Semarnat o la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Salas destacó que “la vida cotidiana de los habitantes de la zona en que se desarrollará el proyecto se verá afectada y tienen derecho a contar con información completa sobre ello.
“Sin este requisito, no es posible afirmar que se han previsto las medidas de mitigación necesarias”, abundó, por lo que propuso al pleno del INAI revocar la respuesta de CFE e instruirla a generar versión pública de la información pues podría contener datos personales que pudieran hacer identificables a quienes participaron en las reuniones.
AUTOR: REDACCIÓN.
Televisa calla ante resolución de la Corte favorable al IFT
MÉXICO, D.F: El principal noticiario de Televisa difundió nueve notas informativas de noviembre de 2014 a febrero de este año para desplegar la controversia constitucional que interpuso el senador Javier Lozano ante la Suprema Corte de Justicia en contra de los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pero guardó silencio absoluto sobre la resolución de los ministros a favor del IFT el pasado jueves 7.
Como un ejemplo claro de la alineación de la llamada “telebancada” del Senado con los intereses de la empresa de Emilio Azcárraga Jean, desde el 3 de noviembre de 2014, El Noticiario de Joaquín López Dóriga le dio amplia cobertura a la denuncia de senadores del PRI, PAN y Verde contra el IFT por querer posponer 90 días la entrada en vigor de la portabilidad numérica gratuita.
Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, emprendió una campaña contra los comisionados del IFT y los acusó de tener una “muy caprichosa interpretación” del artículo 32 transitorio de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Anunció que su partido interpondría una controversia constitucional.
La posición de Lozano fue respaldada por el diputado federal Federico González Luna, del Partido Verde, presidente de la Comisión de Radio y TV, que también forma parte de la llamada “telebancada”.
El pasado 5 de enero la Suprema Corte admitió la controversia constitucional presentada por el Senado contra el IFT. Fue la primera vez desde la reforma del 2011 que una de las cámaras del Congreso interpuso este recurso contra un organismo autónomo. El Noticiario de Canal 2 también le dio amplia cobertura.
El 9 de febrero, López Dóriga editorializó: “Mañana entran en vigor, por lo menos oficialmente, las nuevas reglas de portabilidad numérica que permitirán el cambio de compañía telefónica sin costo. Y dicen que en menos de 24 horas, lo que veo muy difícil.
“Mientras tanto, la Corte continúa la revisión de la controversia presentada por el Senado contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones por aplazar hasta mañana la entrada en vigor de las nuevas reglas que debieron haber iniciado el 6 de noviembre pasado, de acuerdo con la ley”.
El pasado jueves 7 de mayo los ministros de la Suprema Corte consideraron infundada la controversia. El proyecto de resolución, a cargo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, consideró que la facultad del artículo 28 constitucional que le permite al IFT emitir disposiciones administrativas de carácter general, se complementa con la atribución del Congreso para expedir leyes, en el sentido de que si éste no legisla, entonces el IFT no encontrará mayor límite para emitir regulación que el establecido en la propia Constitución.
Sin embargo, Televisa guardó silencia sobre el fallo judicial, a pesar del interés extraordinario que mostró en sus noticiarios para respaldar la posición de Javier Lozano. Ni una sola mención.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARA VILLAMIL.
Como un ejemplo claro de la alineación de la llamada “telebancada” del Senado con los intereses de la empresa de Emilio Azcárraga Jean, desde el 3 de noviembre de 2014, El Noticiario de Joaquín López Dóriga le dio amplia cobertura a la denuncia de senadores del PRI, PAN y Verde contra el IFT por querer posponer 90 días la entrada en vigor de la portabilidad numérica gratuita.
Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, emprendió una campaña contra los comisionados del IFT y los acusó de tener una “muy caprichosa interpretación” del artículo 32 transitorio de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Anunció que su partido interpondría una controversia constitucional.
La posición de Lozano fue respaldada por el diputado federal Federico González Luna, del Partido Verde, presidente de la Comisión de Radio y TV, que también forma parte de la llamada “telebancada”.
El pasado 5 de enero la Suprema Corte admitió la controversia constitucional presentada por el Senado contra el IFT. Fue la primera vez desde la reforma del 2011 que una de las cámaras del Congreso interpuso este recurso contra un organismo autónomo. El Noticiario de Canal 2 también le dio amplia cobertura.
El 9 de febrero, López Dóriga editorializó: “Mañana entran en vigor, por lo menos oficialmente, las nuevas reglas de portabilidad numérica que permitirán el cambio de compañía telefónica sin costo. Y dicen que en menos de 24 horas, lo que veo muy difícil.
“Mientras tanto, la Corte continúa la revisión de la controversia presentada por el Senado contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones por aplazar hasta mañana la entrada en vigor de las nuevas reglas que debieron haber iniciado el 6 de noviembre pasado, de acuerdo con la ley”.
El pasado jueves 7 de mayo los ministros de la Suprema Corte consideraron infundada la controversia. El proyecto de resolución, a cargo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, consideró que la facultad del artículo 28 constitucional que le permite al IFT emitir disposiciones administrativas de carácter general, se complementa con la atribución del Congreso para expedir leyes, en el sentido de que si éste no legisla, entonces el IFT no encontrará mayor límite para emitir regulación que el establecido en la propia Constitución.
Sin embargo, Televisa guardó silencia sobre el fallo judicial, a pesar del interés extraordinario que mostró en sus noticiarios para respaldar la posición de Javier Lozano. Ni una sola mención.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARA VILLAMIL.
El 51% de usuarios desconoce el servicio de tv e internet que contrata
México D.F., 11 de mayo: La mayoría de los usuarios de telecomunicaciones en México desconoce las características del servicio que contratan, sobre todo, en televisión de paga e internet, seis de cada 10 no compara los servicios que desea contratar, 36% de los usuarios de telefonía fija desean cambiar de proveedor, pero no existe otra competencia y 25% de los usuarios de telefonía móvil permanecen con la misma compañía ante la inexistencia de otros competidores.
Estos son algunos de los principales datos que arrojó la primera encuesta trimestral entre usuarios de telecomunicaciones realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones con la aplicación de 4 mil 017 entrevistas, entre diciembre de 2014 y enero de 2015.
El desconocimiento en los servicios de internet y de televisión de paga es de más del 51%, mientras que en telefonía fija 39% desconoce las características y en telefonía móvil sólo 27% ignora las condiciones y plazos de los servicios.
Por compañía, 59% de usuarios de Telcel no buscaron otras empresas antes de contratar, 67% en el caso de Telefónica-Movistar, 73% entre los usuarios de Iusacell y 100% en el caso de Nextel. Este último caso indica que no buscaron comparar los servicios antes de contratar.
Un 33% de los encuestados afirma que no han cambiado de proveedor de telefonía móvil por “falta de tiempo” y 50% señala que no cambian de compañía porque se encuentran satisfechos. 26% se guían porque sus amigos y familiares tienen la misma compañía.
En el caso de telefonía fija, 24% no cambia porque no existe otra compañía (Telmex domina 80% del mercado), mientras que 47% declaró que han estado satisfechos con el servicio que tiene actualmente.
En el caso de la televisión de paga, 44% no cambia de compañía porque “tengo un plazo forzoso que cumplir todavía” y 34% porque no encuentran otras empresas que ofrezcan el mismo servicio en sus localidades.
En el caso de internet, 87% de los usuarios no ha pensado en cambiar de compañía. Un 45% permanece con la compañía porque tiene plazos forzosos que cumplir y 32% porque no encuentran otra compañía.
Más de dos horas diarias de Telefonía Móvil e Internet
Sobre el tiempo de uso de los servicios, 50% de los encuestados declararon que usan el teléfono móvil al menos 2 horas al día y 80% tienen un contrato de prepago, porcentaje demasiado alto, concentrado, sobre todo, entre usuarios de 18 a 25 años.
En el caso de internet, 90% de los encuestados dijo que lo utilizan al menos 2 horas al día. Si el uso es fuera del hogar, sólo 62% afirmó destinarle dos horas máximo y un 70% ignora la velocidad de su servicio de internet.
Un 70% declaró destinarle al menos 2 horas al día a ver televisión de paga en su hogar.
La mayoría de los usuarios de internet que le destinan más de cinco horas es por cuestiones personales y de trabajo.
Los usuarios de 18 a 24 años de telefonía móvil concentran el uso entre las 6 de la tarde y la medianoche, mientras que los usuarios de 35 a 44 años utilizan más el servicio entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Los usuarios de 25 a 34 años concentran el uso entre las 2 y las 6 de la tarde.
Un 34% de los usuarios de 18 a 24 años contratan servicios de prepago, porcentaje que baja conforme aumenta la edad: 32% entre 25 y 34 años, 18% entre 35 y 44 años, y 11% entre los usuarios de 45 a 55 años.
Wi-Fi Público, el sistema más utilizado
Un 38% de los usuarios de telefonía móvil utiliza Wi-fi público para tener acceso a internet, mientras que 36% utiliza los datos que proporciona el proveedor. Sólo 20% utiliza exclusivamente los datos de la compañía.
En televisión de paga, 66% de los encuestados contrató servicios de entre 400 y 600 pesos, mientras que sólo 10% contrató servicios de 600 a 900 pesos y menos de 3% contrató servicios por más de 900 pesos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Estos son algunos de los principales datos que arrojó la primera encuesta trimestral entre usuarios de telecomunicaciones realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones con la aplicación de 4 mil 017 entrevistas, entre diciembre de 2014 y enero de 2015.
El desconocimiento en los servicios de internet y de televisión de paga es de más del 51%, mientras que en telefonía fija 39% desconoce las características y en telefonía móvil sólo 27% ignora las condiciones y plazos de los servicios.
Por compañía, 59% de usuarios de Telcel no buscaron otras empresas antes de contratar, 67% en el caso de Telefónica-Movistar, 73% entre los usuarios de Iusacell y 100% en el caso de Nextel. Este último caso indica que no buscaron comparar los servicios antes de contratar.
Un 33% de los encuestados afirma que no han cambiado de proveedor de telefonía móvil por “falta de tiempo” y 50% señala que no cambian de compañía porque se encuentran satisfechos. 26% se guían porque sus amigos y familiares tienen la misma compañía.
En el caso de telefonía fija, 24% no cambia porque no existe otra compañía (Telmex domina 80% del mercado), mientras que 47% declaró que han estado satisfechos con el servicio que tiene actualmente.
En el caso de la televisión de paga, 44% no cambia de compañía porque “tengo un plazo forzoso que cumplir todavía” y 34% porque no encuentran otras empresas que ofrezcan el mismo servicio en sus localidades.
En el caso de internet, 87% de los usuarios no ha pensado en cambiar de compañía. Un 45% permanece con la compañía porque tiene plazos forzosos que cumplir y 32% porque no encuentran otra compañía.
Más de dos horas diarias de Telefonía Móvil e Internet
Sobre el tiempo de uso de los servicios, 50% de los encuestados declararon que usan el teléfono móvil al menos 2 horas al día y 80% tienen un contrato de prepago, porcentaje demasiado alto, concentrado, sobre todo, entre usuarios de 18 a 25 años.
En el caso de internet, 90% de los encuestados dijo que lo utilizan al menos 2 horas al día. Si el uso es fuera del hogar, sólo 62% afirmó destinarle dos horas máximo y un 70% ignora la velocidad de su servicio de internet.
Un 70% declaró destinarle al menos 2 horas al día a ver televisión de paga en su hogar.
La mayoría de los usuarios de internet que le destinan más de cinco horas es por cuestiones personales y de trabajo.
Los usuarios de 18 a 24 años de telefonía móvil concentran el uso entre las 6 de la tarde y la medianoche, mientras que los usuarios de 35 a 44 años utilizan más el servicio entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Los usuarios de 25 a 34 años concentran el uso entre las 2 y las 6 de la tarde.
Un 34% de los usuarios de 18 a 24 años contratan servicios de prepago, porcentaje que baja conforme aumenta la edad: 32% entre 25 y 34 años, 18% entre 35 y 44 años, y 11% entre los usuarios de 45 a 55 años.
Wi-Fi Público, el sistema más utilizado
Un 38% de los usuarios de telefonía móvil utiliza Wi-fi público para tener acceso a internet, mientras que 36% utiliza los datos que proporciona el proveedor. Sólo 20% utiliza exclusivamente los datos de la compañía.
En televisión de paga, 66% de los encuestados contrató servicios de entre 400 y 600 pesos, mientras que sólo 10% contrató servicios de 600 a 900 pesos y menos de 3% contrató servicios por más de 900 pesos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Militares en conflicto Perú-Grupo México
Ante protestas por proyecto de minera de Grupo México en Perú, ahora el ejército de este país se suma a los elementos policiacos para resguardar la zona.
Unos 500 soldados iniciaron ayer el resguardo de una ciudad del sur de Perú, donde miles de pobladores protestan desde marzo en contra de un proyecto de la minera mexicana Grupo México.
Soldados del Ejército, Aviación y de la Armada “se instalan en posiciones estratégicas, llámense puentes, túneles e instalaciones de distribución de combustible” de la provincia de Islay, dijo el ministro de Defensa Jakke Valakivi a la televisora estatal.
Los militares colaborarán por 30 días con los dos mil policías presentes en la zona que se han enfrentado con los pobladores en choques casi diarios, los cuales han dejado tres muertos; dos pobladores y un policía.
Contaminación en duda
Los agricultores del valle de Tambo se oponen al proyecto llamado Tía María, de mil 400 millones de dólares, porque consideran que la mina a tajo abierto para extraer cobre contaminará las aguas del río Tambo con las que riegan sus cultivos. Grupo México afirma que utilizará agua del Océano Pacífico procesada en una planta desalinizadora.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
Unos 500 soldados iniciaron ayer el resguardo de una ciudad del sur de Perú, donde miles de pobladores protestan desde marzo en contra de un proyecto de la minera mexicana Grupo México.
Soldados del Ejército, Aviación y de la Armada “se instalan en posiciones estratégicas, llámense puentes, túneles e instalaciones de distribución de combustible” de la provincia de Islay, dijo el ministro de Defensa Jakke Valakivi a la televisora estatal.
Los militares colaborarán por 30 días con los dos mil policías presentes en la zona que se han enfrentado con los pobladores en choques casi diarios, los cuales han dejado tres muertos; dos pobladores y un policía.
Contaminación en duda
Los agricultores del valle de Tambo se oponen al proyecto llamado Tía María, de mil 400 millones de dólares, porque consideran que la mina a tajo abierto para extraer cobre contaminará las aguas del río Tambo con las que riegan sus cultivos. Grupo México afirma que utilizará agua del Océano Pacífico procesada en una planta desalinizadora.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
La CNDH va ‘a fondo’ en desaparición de normalistas, dice ombudsman a expertos de CIDH
Sostuvieron un encuentro en las oficinas de la Comisión; las investigaciones continuarán.
El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dijo e expertos de la CIDH que la CNDH va a fondo en la investigación sobre los normalistas desaparecidos.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió la mañana de este lunes a dos de los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la investigación sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre pasado.
González Pérez dijo que la Comisión Nacional va a fondo en la investigación sobre los normalistas desaparecidos e instruyó al primer visitador general, Ismael Eslava, y al titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, José Larrieta –ambos ahí presentes— a que se continúe la profundización de la investigación y análisis de los asuntos en los que se han señalado hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, como tortura y/o trato cruel, inhumano o degradante.
Por su parte, los expertos de la CIDH, Carlos Beristain y Claudia Paz y Paz, reconocieron la colaboración y la disposición de esta Comisión Nacional durante el desarrollo de sus trabajos.
El comunicado de la CNDH:
LA CNDH VA A FONDO EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS NORMALISTAS DESAPARECIDOS, DIJO EL OMBUDSMAN A EXPERTOS DE LA CIDH
Luis Raúl González Pérez los recibió en sus oficinas, donde intercambiaron información y puntos de vista sobre las investigaciones sobre el caso Iguala
El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, recibió esta mañana en sus oficinas a dos de los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la investigación sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre pasado.
En el encuentro, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la CIDH intercambiaron información y puntos de vista sobre el desarrollo de las investigaciones en torno al caso Iguala.
González Pérez dijo que la Comisión va a fondo en la investigación sobre los normalistas desaparecidos e instruyó al Primer Visitador General, Ismael Eslava, y al Titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, José Larrieta –ambos ahí presentes— a que se continúe la profundización de la investigación y análisis de los asuntos en los que se han señalado hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, como tortura y/o trato cruel, inhumano o degradante.
“Fortalezcamos todo lo que tengamos que fortalecer para continuar con las investigaciones”, subrayó el Ombudsman nacional, y aseveró que la CNDH tiene la firme convicción de incorporar todo lo que abone al fortalecimiento de las investigaciones.
Por su parte, los expertos de la CIDH, Carlos Beristain y Claudia Paz y Paz, reconocieron la colaboración y la disposición de esta Comisión Nacional durante el desarrollo de sus trabajos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dijo e expertos de la CIDH que la CNDH va a fondo en la investigación sobre los normalistas desaparecidos.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió la mañana de este lunes a dos de los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la investigación sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre pasado.
González Pérez dijo que la Comisión Nacional va a fondo en la investigación sobre los normalistas desaparecidos e instruyó al primer visitador general, Ismael Eslava, y al titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, José Larrieta –ambos ahí presentes— a que se continúe la profundización de la investigación y análisis de los asuntos en los que se han señalado hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, como tortura y/o trato cruel, inhumano o degradante.
Por su parte, los expertos de la CIDH, Carlos Beristain y Claudia Paz y Paz, reconocieron la colaboración y la disposición de esta Comisión Nacional durante el desarrollo de sus trabajos.
El comunicado de la CNDH:
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
México, D. F., a 11 de mayo de 2015
Comunicado de Prensa CGCP/113/15
LA CNDH VA A FONDO EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS NORMALISTAS DESAPARECIDOS, DIJO EL OMBUDSMAN A EXPERTOS DE LA CIDH
Luis Raúl González Pérez los recibió en sus oficinas, donde intercambiaron información y puntos de vista sobre las investigaciones sobre el caso Iguala
El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, recibió esta mañana en sus oficinas a dos de los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la investigación sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre pasado.
En el encuentro, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la CIDH intercambiaron información y puntos de vista sobre el desarrollo de las investigaciones en torno al caso Iguala.
González Pérez dijo que la Comisión va a fondo en la investigación sobre los normalistas desaparecidos e instruyó al Primer Visitador General, Ismael Eslava, y al Titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, José Larrieta –ambos ahí presentes— a que se continúe la profundización de la investigación y análisis de los asuntos en los que se han señalado hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, como tortura y/o trato cruel, inhumano o degradante.
“Fortalezcamos todo lo que tengamos que fortalecer para continuar con las investigaciones”, subrayó el Ombudsman nacional, y aseveró que la CNDH tiene la firme convicción de incorporar todo lo que abone al fortalecimiento de las investigaciones.
Por su parte, los expertos de la CIDH, Carlos Beristain y Claudia Paz y Paz, reconocieron la colaboración y la disposición de esta Comisión Nacional durante el desarrollo de sus trabajos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La CIDH pide homologar la investigación del caso Ayotzinapa
MÉXICO, D.F: El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que asesora a las autoridades gubernamentales y a los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, presentó hoy los resultados de la tercera etapa de su trabajo en el país con cuatro recomendaciones puntuales:
Reactivar inmediatamente la búsqueda de los estudiantes, reclasificar el delito a desaparición forzada, acceso al cuartel del 27 Batallón, para entrevistar a los soldados e integrar en un solo expediente las 13 causas penales abiertas sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, con el fin de mantener la conexidad de los delitos, permitir el acceso a la justicia de las víctimas y evitar la pérdida de evidencia.
En conferencia de prensa, Carlos Beristáin y Claudia Paz, argumentaron que por lo menos se tiene una docena de quejas de los procesos por tortura, tratos crueles y alteraciones al debido proceso, los cuales fueron presentados ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Con base en “numerosos testimonios y cruces de información”, el grupo de expertos dio a conocer también que la noche del 26 de septiembre los estudiantes llegaron a Iguala después del evento que presidió la presidenta del DIF y esposa del entonces alcalde y que el ataque se dio en otro lugar. Las autoridades, aseguraron, sabían desde un inicio de que se trataba de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que se encontraban en acciones de boteo y toma de autobuses.
A petición de los familiares y las autoridades, el GIEI gestionó un encuentro entre un numeroso grupo de familiares de los normalistas y Enrique Galindo, Comisionado General de la Policía Federal. Éste se llevó a cabo el 5 de mayo pasado, y acordaron continuar con el proceso de búsqueda hasta que se tenga certeza del destino de los normalistas desaparecidos.
También se propuso a la PGR realizar nuevas diligencias para completar la investigación del expediente, debido a que muchas de ellas se encuentran pendientes.
Los integrantes del GIEI continúan sus gestiones para entrevistarse directamente con los miembros del 27 batallón de infantería del ejército, destacamentado en Iguala, Guerrero; así como con agentes federales, con el fin de completar información fuera del ámbito judicial, sin embargo a mes y medio de haber hecho esta solicitud, aún no se tiene respuesta.
Después de un examen de la investigación, el GIEI externó su preocupación por la dispersión de los procesos y de la consignación de presuntos responsables vinculados al caso de la desaparición de los 43 normalistas.
Explicaron que existen más de 13 causas penales radicadas en seis juzgados de distintas ciudades del país: Matamoros, Tamaulipas; Iguala, Guerrero; Cuernavaca, Morelos; Toluca, Estado de México y Guadalajara, Jalisco, mientras que los presuntos responsables se encuentran en prisiones de Tepic, Nayarit; Jalisco y el Estado de México.
Por ello, sugirieron que se unifique la investigación para que no se pierda la visión integral de los hechos; no se dificulte el encuentro entre los consignados, sus familias y sus representantes legales; acortar distancias y facilitar el acceso de las víctimas a la justicia y evitar situaciones de inseguridad, además de que se garantiza que existe un adecuado acercamiento al proceso.
El GIEI, dijeron, considera fundamental esta medida con el fin de evitar la fragmentación y resalta la importancia de tener en cuenta el patrón de actuación, el contexto y la conexidad de los delitos cometidos, lo que considera que es clave para determinar la responsabilidad del modus operandi.
Por último, pidieron que se reclasifique el delito a desaparición forzada y que se investiguen otros: “se configura el delito de desaparición forzada, no de secuestro, aunque también se presentaron otras graves violaciones de derechos humanos y delitos como tortura en el caso de Julio César Mondragón Fontes; así como tentativas de homicidio, encubrimiento, obstrucción de la justicia y abuso de autoridad; uso no adecuado de la fuerza, además de lesiones y amenazas, sufridas por los normalistas sobrevivientes”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Reactivar inmediatamente la búsqueda de los estudiantes, reclasificar el delito a desaparición forzada, acceso al cuartel del 27 Batallón, para entrevistar a los soldados e integrar en un solo expediente las 13 causas penales abiertas sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, con el fin de mantener la conexidad de los delitos, permitir el acceso a la justicia de las víctimas y evitar la pérdida de evidencia.
En conferencia de prensa, Carlos Beristáin y Claudia Paz, argumentaron que por lo menos se tiene una docena de quejas de los procesos por tortura, tratos crueles y alteraciones al debido proceso, los cuales fueron presentados ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Con base en “numerosos testimonios y cruces de información”, el grupo de expertos dio a conocer también que la noche del 26 de septiembre los estudiantes llegaron a Iguala después del evento que presidió la presidenta del DIF y esposa del entonces alcalde y que el ataque se dio en otro lugar. Las autoridades, aseguraron, sabían desde un inicio de que se trataba de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que se encontraban en acciones de boteo y toma de autobuses.
A petición de los familiares y las autoridades, el GIEI gestionó un encuentro entre un numeroso grupo de familiares de los normalistas y Enrique Galindo, Comisionado General de la Policía Federal. Éste se llevó a cabo el 5 de mayo pasado, y acordaron continuar con el proceso de búsqueda hasta que se tenga certeza del destino de los normalistas desaparecidos.
También se propuso a la PGR realizar nuevas diligencias para completar la investigación del expediente, debido a que muchas de ellas se encuentran pendientes.
Los integrantes del GIEI continúan sus gestiones para entrevistarse directamente con los miembros del 27 batallón de infantería del ejército, destacamentado en Iguala, Guerrero; así como con agentes federales, con el fin de completar información fuera del ámbito judicial, sin embargo a mes y medio de haber hecho esta solicitud, aún no se tiene respuesta.
Después de un examen de la investigación, el GIEI externó su preocupación por la dispersión de los procesos y de la consignación de presuntos responsables vinculados al caso de la desaparición de los 43 normalistas.
Explicaron que existen más de 13 causas penales radicadas en seis juzgados de distintas ciudades del país: Matamoros, Tamaulipas; Iguala, Guerrero; Cuernavaca, Morelos; Toluca, Estado de México y Guadalajara, Jalisco, mientras que los presuntos responsables se encuentran en prisiones de Tepic, Nayarit; Jalisco y el Estado de México.
Por ello, sugirieron que se unifique la investigación para que no se pierda la visión integral de los hechos; no se dificulte el encuentro entre los consignados, sus familias y sus representantes legales; acortar distancias y facilitar el acceso de las víctimas a la justicia y evitar situaciones de inseguridad, además de que se garantiza que existe un adecuado acercamiento al proceso.
El GIEI, dijeron, considera fundamental esta medida con el fin de evitar la fragmentación y resalta la importancia de tener en cuenta el patrón de actuación, el contexto y la conexidad de los delitos cometidos, lo que considera que es clave para determinar la responsabilidad del modus operandi.
Por último, pidieron que se reclasifique el delito a desaparición forzada y que se investiguen otros: “se configura el delito de desaparición forzada, no de secuestro, aunque también se presentaron otras graves violaciones de derechos humanos y delitos como tortura en el caso de Julio César Mondragón Fontes; así como tentativas de homicidio, encubrimiento, obstrucción de la justicia y abuso de autoridad; uso no adecuado de la fuerza, además de lesiones y amenazas, sufridas por los normalistas sobrevivientes”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Acusa la CNDH a Borge de violar derechos de Pedro Canché
MÉXICO, D.F: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación –la 13/2015– al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo; al presidente del Tribunal Superior de Justicia y presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero, y a los integrantes del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, por violaciones a la libertad de expresión, a la seguridad jurídica y a la integridad personal cometidas en agravio del comunicador maya Pedro Canché.
La recomendación se deriva de la queja interpuesta por Canché el 28 de agosto de 2014 en la que denunció que recibió amenazas por parte de dos personas, una de ellas servidor público, quienes le enviaron mensajes intimidatorios y lo involucraron en los hechos relacionados con el bloqueo de las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, del 11 al 19 de agosto.
Canché se encargó de dar cobertura a ese evento desde el día 16 de ese mes, sin embargo, servidores públicos de esa entidad lo responsabilizaron de ser el organizador de la manifestación y del bloqueo a las citadas oficinas, por lo que como consecuencia de una denuncia de hechos el día 22 de dicho mes se ejerció acción penal en su contra y de otras dos personas por el delito de sabotaje. Posteriormente fue detenido y recluido en la Cárcel Pública Municipal sin derecho a fianza porque el cargo que le imputaron está considerado como grave.
La imputación que le endilgó el gobierno de Borge Angulo estuvo basada en un peritaje de “criminalística de campo, fotografía, valuación y extracción de información”, y cuatro testimonios.
Sin embargo, expertos de la CNDH analizaron los anteriores elementos desde la perspectiva de los derechos humanos y, a la luz de los criterios expuestos por organismos y tribunales internacionales, llegó a la conclusión que son insuficientes para imputar el delito de sabotaje y constituyen acciones desproporcionadas de la autoridad ministerial que tienen por objeto inhibir la libertad de expresión de quien documenta y difunde cuestiones públicas.
Por otro lado, se tuvo por acreditado que la mañana del 31 de agosto de 2014 el agraviado fue golpeado por otros internos en la cárcel pública municipal de Felipe Carrillo Puerto, por lo que las autoridades que tenían a su cargo velar por su seguridad vulneraron su derecho a la integridad personal.
En la recomendación, la CNDH determinó que un servidor público emitió comentarios en la red social Twitter que tuvieron como propósito estigmatizar y descalificar al agraviado por documentar y emitir opiniones sobre asuntos de interés público, y forman parte de los actos que de conformidad con diversos organismos internacionales deben ser investigados y, eventualmente, sancionados.
Por ello, le pidió al gobernador de Quintana Roo instruir al procurador General de Justicia de esa entidad para que, en atención a las violaciones a derechos humanos acreditadas y que han trascendido a la situación jurídica actual del agraviado, se haga valer esta circunstancia en la causa penal lo antes posible para que pueda ser tomada en cuenta por el juez correspondiente.
También se solicitó reparar el daño a la víctima; la implementación de cursos sobre la relevancia de la libertad de expresión en esa entidad federativa y colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de las denuncias que formule ante los órganos correspondientes en contra de los servidores públicos involucrados y de quien resulte responsable.
El periodista maya cumplió el pasado 30 de abril ocho meses preso, a pesar de que un juez federal reconoció que existen arbitrariedades en el caso, así como violaciones a los derechos humanos y faltas en el debido proceso.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La recomendación se deriva de la queja interpuesta por Canché el 28 de agosto de 2014 en la que denunció que recibió amenazas por parte de dos personas, una de ellas servidor público, quienes le enviaron mensajes intimidatorios y lo involucraron en los hechos relacionados con el bloqueo de las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, del 11 al 19 de agosto.
Canché se encargó de dar cobertura a ese evento desde el día 16 de ese mes, sin embargo, servidores públicos de esa entidad lo responsabilizaron de ser el organizador de la manifestación y del bloqueo a las citadas oficinas, por lo que como consecuencia de una denuncia de hechos el día 22 de dicho mes se ejerció acción penal en su contra y de otras dos personas por el delito de sabotaje. Posteriormente fue detenido y recluido en la Cárcel Pública Municipal sin derecho a fianza porque el cargo que le imputaron está considerado como grave.
La imputación que le endilgó el gobierno de Borge Angulo estuvo basada en un peritaje de “criminalística de campo, fotografía, valuación y extracción de información”, y cuatro testimonios.
Sin embargo, expertos de la CNDH analizaron los anteriores elementos desde la perspectiva de los derechos humanos y, a la luz de los criterios expuestos por organismos y tribunales internacionales, llegó a la conclusión que son insuficientes para imputar el delito de sabotaje y constituyen acciones desproporcionadas de la autoridad ministerial que tienen por objeto inhibir la libertad de expresión de quien documenta y difunde cuestiones públicas.
Por otro lado, se tuvo por acreditado que la mañana del 31 de agosto de 2014 el agraviado fue golpeado por otros internos en la cárcel pública municipal de Felipe Carrillo Puerto, por lo que las autoridades que tenían a su cargo velar por su seguridad vulneraron su derecho a la integridad personal.
En la recomendación, la CNDH determinó que un servidor público emitió comentarios en la red social Twitter que tuvieron como propósito estigmatizar y descalificar al agraviado por documentar y emitir opiniones sobre asuntos de interés público, y forman parte de los actos que de conformidad con diversos organismos internacionales deben ser investigados y, eventualmente, sancionados.
Por ello, le pidió al gobernador de Quintana Roo instruir al procurador General de Justicia de esa entidad para que, en atención a las violaciones a derechos humanos acreditadas y que han trascendido a la situación jurídica actual del agraviado, se haga valer esta circunstancia en la causa penal lo antes posible para que pueda ser tomada en cuenta por el juez correspondiente.
También se solicitó reparar el daño a la víctima; la implementación de cursos sobre la relevancia de la libertad de expresión en esa entidad federativa y colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de las denuncias que formule ante los órganos correspondientes en contra de los servidores públicos involucrados y de quien resulte responsable.
El periodista maya cumplió el pasado 30 de abril ocho meses preso, a pesar de que un juez federal reconoció que existen arbitrariedades en el caso, así como violaciones a los derechos humanos y faltas en el debido proceso.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Pobladores exigen que comunitarios vinculados al narco se vayan de Chilapa
CHILAPA, Gro: Por tercer día consecutivo, la guardia comunitaria vinculada con el grupo delictivo Los Ardillos, que dirige la familia del presidente del Congreso local, el perredista Bernardo Ortega Jiménez, mantiene el control de entradas y salidas de Chilapa.
También obligaron al director de Seguridad Pública municipal, Job Encarnación Cuenca, a presentar su renuncia al cargo y acusaron al alcalde de ese municipio, el priista Francisco García González, de proteger a la banda de Los Rojos.
Por su parte, habitantes de la cabecera se congregaron en el zócalo de la ciudad para exigir el retiro de la guardia comunitaria vinculada al narco. Esta situación mantiene una tensa calma, debido a que los ciudadanos pretenden confrontar a los civiles armados.
En tanto que el Ejército y las policías federal y estatal siguen en coordinación con este grupo armado que irrumpió desde el sábado en la ciudad donde desataron una cacería contra Zenén Nava Sánchez, señalado como líder de Los Rojos.
El gobernador sustituto, Rogelio Ortega Martínez, ha hecho mutis frente a este caso que exhibe el vacío de autoridad y los presuntos nexos de políticos con el narco, dejando a su suerte a los habitantes de la cabecera municipal que permanecen encerrados y aterrorizados en sus viviendas.
La economía local está colapsada ante el cierre de establecimientos comerciales y las labores académicas en el municipio permanecen suspendidas.
Mientras que en el Congreso local se alistaba la comparecencia del gabinete de Seguridad estatal, encabezado por el secretario de Gobierno, David Cienfuegos, y el titular de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes.
La sesión de pleno es encabezada por el presidente del Congreso, Bernardo Ortega, quien se muestra relajado y dicharachero, a pesar de las recientes acciones del grupo criminal que dirigen sus hermanos que se adjudicaron la ejecución del candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa y dirigen la toma de la cabecera municipal de esta plaza estratégica en la geografía del narco en Guerrero.
Reportes oficiales refieren que la guardia comunitaria al servicio de Los Ardillos retiró el retén que instaló desde el sábado en la entrada de Chilapa, pero mantiene los filtros de revisión sobre otros accesos como el crucero a Zitlala y Atzacoaloya.
El grueso de los civiles armados se replegó a la glorieta Eucaria Apreza donde se mantienen frente a soldados y policías federales y estatales, quienes simplemente observaban las acciones de la guardia comunitaria enfocadas en desmantelar la estructura delincuencial de Los Rojos.
La sospechosa actitud del Ejército y las corporaciones policiacas contrasta con la actitud asumida hace unos meses en contra de la guardia comunitaria surgida en el poblado de Petaquillas, municipio de Chilpancingo.
En ese entonces, soldados y federales trataron de desarmar a los policías comunitarios que decidieron combatir a Los Ardillos ante la indolencia gubernamental.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
También obligaron al director de Seguridad Pública municipal, Job Encarnación Cuenca, a presentar su renuncia al cargo y acusaron al alcalde de ese municipio, el priista Francisco García González, de proteger a la banda de Los Rojos.
Por su parte, habitantes de la cabecera se congregaron en el zócalo de la ciudad para exigir el retiro de la guardia comunitaria vinculada al narco. Esta situación mantiene una tensa calma, debido a que los ciudadanos pretenden confrontar a los civiles armados.
En tanto que el Ejército y las policías federal y estatal siguen en coordinación con este grupo armado que irrumpió desde el sábado en la ciudad donde desataron una cacería contra Zenén Nava Sánchez, señalado como líder de Los Rojos.
El gobernador sustituto, Rogelio Ortega Martínez, ha hecho mutis frente a este caso que exhibe el vacío de autoridad y los presuntos nexos de políticos con el narco, dejando a su suerte a los habitantes de la cabecera municipal que permanecen encerrados y aterrorizados en sus viviendas.
La economía local está colapsada ante el cierre de establecimientos comerciales y las labores académicas en el municipio permanecen suspendidas.
Mientras que en el Congreso local se alistaba la comparecencia del gabinete de Seguridad estatal, encabezado por el secretario de Gobierno, David Cienfuegos, y el titular de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes.
La sesión de pleno es encabezada por el presidente del Congreso, Bernardo Ortega, quien se muestra relajado y dicharachero, a pesar de las recientes acciones del grupo criminal que dirigen sus hermanos que se adjudicaron la ejecución del candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa y dirigen la toma de la cabecera municipal de esta plaza estratégica en la geografía del narco en Guerrero.
Reportes oficiales refieren que la guardia comunitaria al servicio de Los Ardillos retiró el retén que instaló desde el sábado en la entrada de Chilapa, pero mantiene los filtros de revisión sobre otros accesos como el crucero a Zitlala y Atzacoaloya.
El grueso de los civiles armados se replegó a la glorieta Eucaria Apreza donde se mantienen frente a soldados y policías federales y estatales, quienes simplemente observaban las acciones de la guardia comunitaria enfocadas en desmantelar la estructura delincuencial de Los Rojos.
La sospechosa actitud del Ejército y las corporaciones policiacas contrasta con la actitud asumida hace unos meses en contra de la guardia comunitaria surgida en el poblado de Petaquillas, municipio de Chilpancingo.
En ese entonces, soldados y federales trataron de desarmar a los policías comunitarios que decidieron combatir a Los Ardillos ante la indolencia gubernamental.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
Apuñalan a ex militar en Cereso de Cancún
Cancún, QR. Un ex militar al servicio del cártel del Golfo (CDG) fue apuñalado la tarde de este lunes en la cancha de futbol del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cancún, lo que a punto estuvo de provocar una batalla campal al interior del reclusorio.
El incidente volvió a prender los focos rojos entre las autoridades carcelarias, que la víspera habían reforzado la vigilancia ante la amenaza de un motín durante el Día de las Madres.
Los hechos sucedieron alrededor de las cuatro de la tarde, pero no fue sino hasta las seis que los familiares del interno dieron a conocer el percance mediante mensajes de texto y WhatsApp.
Se trata del ex militar José de la Cruz García Tiquet (a) El Zopi, quien fue apuñalado por la espalda a la altura de la cadera cuando peloteaba en el campo de futbol y quien fue enviado al Hospital General porque estaba perdiendo mucha sangre.
De acuerdo con los mismos familiares del reo, es un sicario al servicio del CDG que ingresó al penal con otros seis matones al servicio del grupo delictivo, y aseguran que hasta el momento se desconoce quién lo lesionó porque pasó caminando por el lugar.
La víspera, el centro de reclusión amaneció con vigilancia reforzada ante la advertencia de un posible motín al persistir una abierta disputa por el control interior por parte de grupos delictivos, que han generado disputas y motines que han puesto en riesgo a los internos y a sus familias, cuando los hechos ocurren en día de visita.
Reporte del hospital
En tanto, el hospital general Jesús Kumate García”reportó que el lesionado ingresó con una herida penetrante en fosa renal derecha con lesión en el riñón derecho y líquido libre en la cavidad peritoneal.
El informe añadió que “está ingresado en el área de choque y trauma en espera de pasar al quirófano para realizarle una laparotomía exploratoria, por lo que su estado de salud es grave y de pronóstico reservado”.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Carlos Águila Arreola
El incidente volvió a prender los focos rojos entre las autoridades carcelarias, que la víspera habían reforzado la vigilancia ante la amenaza de un motín durante el Día de las Madres.
Los hechos sucedieron alrededor de las cuatro de la tarde, pero no fue sino hasta las seis que los familiares del interno dieron a conocer el percance mediante mensajes de texto y WhatsApp.
Se trata del ex militar José de la Cruz García Tiquet (a) El Zopi, quien fue apuñalado por la espalda a la altura de la cadera cuando peloteaba en el campo de futbol y quien fue enviado al Hospital General porque estaba perdiendo mucha sangre.
De acuerdo con los mismos familiares del reo, es un sicario al servicio del CDG que ingresó al penal con otros seis matones al servicio del grupo delictivo, y aseguran que hasta el momento se desconoce quién lo lesionó porque pasó caminando por el lugar.
La víspera, el centro de reclusión amaneció con vigilancia reforzada ante la advertencia de un posible motín al persistir una abierta disputa por el control interior por parte de grupos delictivos, que han generado disputas y motines que han puesto en riesgo a los internos y a sus familias, cuando los hechos ocurren en día de visita.
Reporte del hospital
En tanto, el hospital general Jesús Kumate García”reportó que el lesionado ingresó con una herida penetrante en fosa renal derecha con lesión en el riñón derecho y líquido libre en la cavidad peritoneal.
El informe añadió que “está ingresado en el área de choque y trauma en espera de pasar al quirófano para realizarle una laparotomía exploratoria, por lo que su estado de salud es grave y de pronóstico reservado”.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Carlos Águila Arreola
Renuncia alto directivo de OHL en México por escándalo de corrupción en el Edomex
Además la empresa dio instrucciones de denunciar los hechos para determinar el origen de las grabaciones y los responsables.
La constructora OHL México aceptó este lunes la “renuncia voluntaria” del directivo Pablo Wallentin, tras del escándalo desatado por la divulgación de presuntas conversaciones entre ejecutivos sobre supuestos sobrecostos en obras y eventual aumento de tarifas en una importante vía cercana a la capital mexicana, informa CNN Expansión
“OHL México sostuvo hoy una sesión extraordinaria en la que, además de instruir a denunciar los hechos para determinar el origen de las grabaciones y los responsables, ha acordado aceptar la renuncia voluntaria de D. Pablo Wallentin como directivo de la compañía“, dijo la empresa en un comunicado.
Señala CNN que OHL México ha dicho que no ha cometido ningún fraude contra el Estado de México (Edomex), con el que está negociando ajustes a su título de concesión para construir y operar el Viaducto Bicentenario.
El director de Relaciones Institucionales de OHL México, Pablo Wallentin, ha sido uno de los ejecutivos más expuestos en las presuntas grabaciones, inclusive en una referida al supuesto pago de costosas vacaciones al secretario de Comunicación de Estado de México, Apolinar Mena. Sin embargo, ambos han rechazado las acusaciones.
GRABACIONES:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La constructora OHL México aceptó este lunes la “renuncia voluntaria” del directivo Pablo Wallentin, tras del escándalo desatado por la divulgación de presuntas conversaciones entre ejecutivos sobre supuestos sobrecostos en obras y eventual aumento de tarifas en una importante vía cercana a la capital mexicana, informa CNN Expansión
“OHL México sostuvo hoy una sesión extraordinaria en la que, además de instruir a denunciar los hechos para determinar el origen de las grabaciones y los responsables, ha acordado aceptar la renuncia voluntaria de D. Pablo Wallentin como directivo de la compañía“, dijo la empresa en un comunicado.
Señala CNN que OHL México ha dicho que no ha cometido ningún fraude contra el Estado de México (Edomex), con el que está negociando ajustes a su título de concesión para construir y operar el Viaducto Bicentenario.
El director de Relaciones Institucionales de OHL México, Pablo Wallentin, ha sido uno de los ejecutivos más expuestos en las presuntas grabaciones, inclusive en una referida al supuesto pago de costosas vacaciones al secretario de Comunicación de Estado de México, Apolinar Mena. Sin embargo, ambos han rechazado las acusaciones.
GRABACIONES:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Policía estatal desató violencia en San Quintín; iba por líderes jornaleros, acusan
MÉXICO, D.F: Integrantes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social acusaron a la policía estatal de Baja California de los hechos de violencia registrados el pasado fin de semana en el Valle de San Quintín.
Lucila Hernández, miembro de dicha agrupación, dijo que la policía irrumpió en varias comunidades de la delegación Vicente Guerrero, donde residen los principales dirigentes del movimiento jornalero, con la idea de detenerlos.
Incluso, refiere que ella visitó el fin de semana, junto con seis observadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las comunidades de Lomas de San Ramón, San Juan Copala y Díaz Ordaz, donde se concentraron las agresiones.
Con base en los relatos recabados, la activista cuenta que la madrugada de ese día los jornaleros fueron sorprendidos por 20 patrullas y un “tanque” de las autoridades estatales, cuando descendían de sus viviendas para ir a trabajar.
Los uniformados, prosigue, arremetieron sin motivo alguno contra los jornaleros cuando se dirigían a sus centros de trabajo agrícola; incluso, dice que allanaron algunas viviendas (al menos cinco) donde se refugiaban mujeres, menores de edad y personas adultas mayores.
Por esa razón, refiere que respondieron a las agresiones.
Las mujeres también fueron agredidas. Según Hernández García, la mayoría de ellas fueron arrastradas por los uniformados mientras intentaban defender a sus familias, sus animales y sus casas.
Dos adultas mayores que estaban en uno de los campamentos de protesta que se encuentra sobre la carretera Transpeninsular y una mujer que observaba los hechos desde un local de motores fueron golpeadas en el cuerpo por los uniformados.
La activista del movimiento jornalero no tiene claro cuántas bajas sufrieron, sólo dice que hubo varios heridos por el impacto de balas de goma. La mayoría fue atendida en el Hospital Rural 69 del Instituto Mexicano del Seguro Social que se encuentra en la colonia 13 de Mayo, de la delegación Vicente Guerrero.
Además, 14 personas fueron detenidas y trasladadas hasta la cabecera del municipio de Ensenada. Entre ellas, una jornalera de nombre Agustina Luna Santos –liberada la tarde de ayer junto con cuatro menores de edad–, quien fue arrestada por los uniformados mientras buscaba el apoyo de una ambulancia.
De acuerdo con el testimonio de Agustina –que compartió con los observadores de la CNDH–, la mujer fue violentada psicológica y verbalmente por los agentes judiciales, quienes la amenazaron de acusarla de “delitos graves” si no señalaba la vivienda de los líderes del movimiento.
Luego de los enfrentamientos, los jornaleros decidieron usar piedras para bloquear los caminos y resguardaron un tanque blindado de la policía estatal para impedir nuevos actos represivos.
Según la activista, un día después de estos hechos, el subsecretario de Gobierno del estado, Pablo Alejo López Núñez, se reunió con los voceros de la Alianza para negar que él hubiera ordenado la represión contra las y los jornaleros, y aseguró que si el movimiento desbloqueaba la carretera entonces el gobierno del estado accedería a liberar a las personas detenidas.
Lucila Hernández asegura que una parte de los habitantes de la delegación Vicente Guerrero “resguardan la comunidad ante la expectativa” de nuevas agresiones” y que el resto de habitantes fue a trabajar.
“La gente no tiene miedo, tenemos coraje, dolor, tristeza de este gobierno que en vez de darnos solución está reprimiendo e intenta matar a nuestro pueblo”, dice.
A la par de estas declaraciones, la directora de la Casa de la Mujer Indígena, Margarita Amalia Cruz Cruz, señaló en entrevista que apenas supo de los hechos llamó de inmediato a los habitantes de la delegación Vicente Guerrero (a 40 minutos de la organización), quienes confirmaron la agresión y aseguraron que los policías estatales iban en busca de los líderes, según lo que les iban gritando.
La defensora de los derechos de las mujeres cuestionó que la policía estatal estuviera afuera de las casas de una comunidad que se ubica a más de 600 metros arriba de la carretera Transpeninsular, en el horario en que las familias salían a trabajar, lo que a todas luces hace ver los hechos como una “provocación” por parte de las autoridades de la entidad.
Cruz Cruz explica que desde la marcha del pasado viernes hubo presencia de “infiltrados” que buscaban disolver las negociaciones que ese día habrían de llevarse a cabo con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, quien no asistió a la mesa porque “no había transporte” y aún no concluían los trabajos previos.
Sin embargo, los integrantes del movimiento jornalero pidieron a los manifestantes que se retiraran del lugar a fin de descubrir a los “provocadores”.
Tras deslindarse de los hechos represivos, Miranda Nava se comprometió a reanudar la mesa de diálogo con las y los jornaleros este miércoles 13 de mayo para responder si habrá aumento de salario a 200 pesos como mínimo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANGÉLICA JOCELYN SOTO.
Lucila Hernández, miembro de dicha agrupación, dijo que la policía irrumpió en varias comunidades de la delegación Vicente Guerrero, donde residen los principales dirigentes del movimiento jornalero, con la idea de detenerlos.
Incluso, refiere que ella visitó el fin de semana, junto con seis observadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las comunidades de Lomas de San Ramón, San Juan Copala y Díaz Ordaz, donde se concentraron las agresiones.
Con base en los relatos recabados, la activista cuenta que la madrugada de ese día los jornaleros fueron sorprendidos por 20 patrullas y un “tanque” de las autoridades estatales, cuando descendían de sus viviendas para ir a trabajar.
Los uniformados, prosigue, arremetieron sin motivo alguno contra los jornaleros cuando se dirigían a sus centros de trabajo agrícola; incluso, dice que allanaron algunas viviendas (al menos cinco) donde se refugiaban mujeres, menores de edad y personas adultas mayores.
Por esa razón, refiere que respondieron a las agresiones.
Las mujeres también fueron agredidas. Según Hernández García, la mayoría de ellas fueron arrastradas por los uniformados mientras intentaban defender a sus familias, sus animales y sus casas.
Dos adultas mayores que estaban en uno de los campamentos de protesta que se encuentra sobre la carretera Transpeninsular y una mujer que observaba los hechos desde un local de motores fueron golpeadas en el cuerpo por los uniformados.
La activista del movimiento jornalero no tiene claro cuántas bajas sufrieron, sólo dice que hubo varios heridos por el impacto de balas de goma. La mayoría fue atendida en el Hospital Rural 69 del Instituto Mexicano del Seguro Social que se encuentra en la colonia 13 de Mayo, de la delegación Vicente Guerrero.
Además, 14 personas fueron detenidas y trasladadas hasta la cabecera del municipio de Ensenada. Entre ellas, una jornalera de nombre Agustina Luna Santos –liberada la tarde de ayer junto con cuatro menores de edad–, quien fue arrestada por los uniformados mientras buscaba el apoyo de una ambulancia.
De acuerdo con el testimonio de Agustina –que compartió con los observadores de la CNDH–, la mujer fue violentada psicológica y verbalmente por los agentes judiciales, quienes la amenazaron de acusarla de “delitos graves” si no señalaba la vivienda de los líderes del movimiento.
Luego de los enfrentamientos, los jornaleros decidieron usar piedras para bloquear los caminos y resguardaron un tanque blindado de la policía estatal para impedir nuevos actos represivos.
Según la activista, un día después de estos hechos, el subsecretario de Gobierno del estado, Pablo Alejo López Núñez, se reunió con los voceros de la Alianza para negar que él hubiera ordenado la represión contra las y los jornaleros, y aseguró que si el movimiento desbloqueaba la carretera entonces el gobierno del estado accedería a liberar a las personas detenidas.
Lucila Hernández asegura que una parte de los habitantes de la delegación Vicente Guerrero “resguardan la comunidad ante la expectativa” de nuevas agresiones” y que el resto de habitantes fue a trabajar.
“La gente no tiene miedo, tenemos coraje, dolor, tristeza de este gobierno que en vez de darnos solución está reprimiendo e intenta matar a nuestro pueblo”, dice.
A la par de estas declaraciones, la directora de la Casa de la Mujer Indígena, Margarita Amalia Cruz Cruz, señaló en entrevista que apenas supo de los hechos llamó de inmediato a los habitantes de la delegación Vicente Guerrero (a 40 minutos de la organización), quienes confirmaron la agresión y aseguraron que los policías estatales iban en busca de los líderes, según lo que les iban gritando.
La defensora de los derechos de las mujeres cuestionó que la policía estatal estuviera afuera de las casas de una comunidad que se ubica a más de 600 metros arriba de la carretera Transpeninsular, en el horario en que las familias salían a trabajar, lo que a todas luces hace ver los hechos como una “provocación” por parte de las autoridades de la entidad.
Cruz Cruz explica que desde la marcha del pasado viernes hubo presencia de “infiltrados” que buscaban disolver las negociaciones que ese día habrían de llevarse a cabo con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, quien no asistió a la mesa porque “no había transporte” y aún no concluían los trabajos previos.
Sin embargo, los integrantes del movimiento jornalero pidieron a los manifestantes que se retiraran del lugar a fin de descubrir a los “provocadores”.
Tras deslindarse de los hechos represivos, Miranda Nava se comprometió a reanudar la mesa de diálogo con las y los jornaleros este miércoles 13 de mayo para responder si habrá aumento de salario a 200 pesos como mínimo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANGÉLICA JOCELYN SOTO.
México, segundo lugar mundial en crímenes por homofobia
MÉXICO, D.F: En los últimos 19 años se han registrado mil 218 homicidios por homofobia en el país, aunque se estima que por cada caso reportado hay tres o cuatro más que no se denuncian, de acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia (CCCOH).
Realizado por la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana con base en reportes periodísticos de todo el país, el informe asegura que con estas cifras, México ocupa el segundo lugar a escala mundial en crímenes por homofobia, sólo después de Brasil.
Y advierte que se corre el peligro de que “la violencia, la impunidad y la corrupción” que gira en torno a la investigación de estos crímenes en nuestro país “invisibilice” el problema.
Durante la presentación del informe de la CCCOH, como parte del Foro Homofobia y Derechos Humanos en México –en la Facultad de Derecho de la UNAM–, el investigador Alejandro Flores Medel, detalló que la mayoría de los mil 218 homicidios fue contra hombres (976), integrantes de la comunidad trans –travestis, transgénero y transexuales (226) y mujeres (16).
No obstante, en este último rubro el investigador advirtió que los asesinatos contra lesbianas están “subreportados” pues los medios de comunicación no los identifican como homicidios homofóbicos, sino como feminicidios.
En el estudio, el DF ocupa el primer lugar en la lista de los lugares donde se presentaron estos homicidios, con 190 casos. Le siguen el Estado de México con 119, Nuevo León 78, Veracruz 72, Chihuahua 69, Jalisco 66, Michoacán 65 y Yucatán con 60.
Sobre la edad más frecuente de las víctimas de estos crímenes, el estudio indica que la mayoría van de los 30 a 39 años (266 registros) y de los 18 a 29 años (261); le siguen los de 40 a 49 años (170), de 50 a 59 años (105), 60 en adelante (74) y menores de edad (23); en el resto de los casos (319) no se encontró dato de las víctimas.
A propósito del lugar donde se cometieron los crímenes, el reporte señala que el domicilio de la víctima es el lugar preferido de los agresores, seguido por la vía pública, lotes baldíos, hoteles o moteles, el campo, el lugar de trabajo, canales o ríos y en sus vehículos.
En cuanto al tipo de agresión, se encontró que más de 80% de las víctimas fueron agredidas con arma blanca. Le siguieron los golpes, el bloqueo de la respiración –asfixia, estrangulamiento o ahogamiento–, disparo de arma de fuego, ataque con objetos contundentes, atropellamiento, tortura, calcinamiento, descuartizamiento y envenenamiento.
De los años que se tomaron en cuenta para el informe de la CCCOH –de 1995 a 2014–, el 2005 tuvo el más alto registro con 71 casos. Desde entonces, las cifras registran “una tendencia al aumento en el número de homicidios motivados por el prejuicio homofóbico”.
Según el informe, este hecho “coincide con la mayor visibilidad pública ganada por la comunidad de la diversidad sexual desde ese año”; aunque aclaró que el aumento también se puede deber a una mayor cobertura periodística de este tipo de crímenes.
Alejandro Brito Lemus, director de la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana, acusó que en el DF y varias partes del país, se ha identificado el modus operandi de bandas organizadas que eligen a los integrantes de la comunidad LGBT como “blancos vulnerables y fáciles” para delinquir.
De los casos denunciados, dijo, 35% son crímenes de odio y homofobia. “Las víctimas pertenecen a poblaciones vulnerables al delito, pero eso las autoridades no lo toman en cuenta”.
El “gancho”, explicó, se da en las plazas principales del país y en internet, donde los delincuentes “seducen” a sus víctimas, las enamoran y cuando éstas les abren las puertas de sus casas, los agreden, llaman a sus cómplices y saquean sus propiedades.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
Realizado por la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana con base en reportes periodísticos de todo el país, el informe asegura que con estas cifras, México ocupa el segundo lugar a escala mundial en crímenes por homofobia, sólo después de Brasil.
Y advierte que se corre el peligro de que “la violencia, la impunidad y la corrupción” que gira en torno a la investigación de estos crímenes en nuestro país “invisibilice” el problema.
Durante la presentación del informe de la CCCOH, como parte del Foro Homofobia y Derechos Humanos en México –en la Facultad de Derecho de la UNAM–, el investigador Alejandro Flores Medel, detalló que la mayoría de los mil 218 homicidios fue contra hombres (976), integrantes de la comunidad trans –travestis, transgénero y transexuales (226) y mujeres (16).
No obstante, en este último rubro el investigador advirtió que los asesinatos contra lesbianas están “subreportados” pues los medios de comunicación no los identifican como homicidios homofóbicos, sino como feminicidios.
En el estudio, el DF ocupa el primer lugar en la lista de los lugares donde se presentaron estos homicidios, con 190 casos. Le siguen el Estado de México con 119, Nuevo León 78, Veracruz 72, Chihuahua 69, Jalisco 66, Michoacán 65 y Yucatán con 60.
Sobre la edad más frecuente de las víctimas de estos crímenes, el estudio indica que la mayoría van de los 30 a 39 años (266 registros) y de los 18 a 29 años (261); le siguen los de 40 a 49 años (170), de 50 a 59 años (105), 60 en adelante (74) y menores de edad (23); en el resto de los casos (319) no se encontró dato de las víctimas.
A propósito del lugar donde se cometieron los crímenes, el reporte señala que el domicilio de la víctima es el lugar preferido de los agresores, seguido por la vía pública, lotes baldíos, hoteles o moteles, el campo, el lugar de trabajo, canales o ríos y en sus vehículos.
En cuanto al tipo de agresión, se encontró que más de 80% de las víctimas fueron agredidas con arma blanca. Le siguieron los golpes, el bloqueo de la respiración –asfixia, estrangulamiento o ahogamiento–, disparo de arma de fuego, ataque con objetos contundentes, atropellamiento, tortura, calcinamiento, descuartizamiento y envenenamiento.
De los años que se tomaron en cuenta para el informe de la CCCOH –de 1995 a 2014–, el 2005 tuvo el más alto registro con 71 casos. Desde entonces, las cifras registran “una tendencia al aumento en el número de homicidios motivados por el prejuicio homofóbico”.
Según el informe, este hecho “coincide con la mayor visibilidad pública ganada por la comunidad de la diversidad sexual desde ese año”; aunque aclaró que el aumento también se puede deber a una mayor cobertura periodística de este tipo de crímenes.
Alejandro Brito Lemus, director de la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana, acusó que en el DF y varias partes del país, se ha identificado el modus operandi de bandas organizadas que eligen a los integrantes de la comunidad LGBT como “blancos vulnerables y fáciles” para delinquir.
De los casos denunciados, dijo, 35% son crímenes de odio y homofobia. “Las víctimas pertenecen a poblaciones vulnerables al delito, pero eso las autoridades no lo toman en cuenta”.
El “gancho”, explicó, se da en las plazas principales del país y en internet, donde los delincuentes “seducen” a sus víctimas, las enamoran y cuando éstas les abren las puertas de sus casas, los agreden, llaman a sus cómplices y saquean sus propiedades.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
Imputan un solo delito a exmando involucrado en desaparición de normalistas
MÉXICO, D.F: El exsubdirector operativo de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, Francisco Salgado Valladares, uno de los principales implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue recluido hoy en el penal federal de Tepic, Nayarit, acusado de portación de arma de uso reservado a las fuerzas armadas.
En un escueto comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que el inculpado fue detenido por elementos de la Policía Federal en Cuernavaca, Morelos, el pasado jueves 7, en flagrancia, por lo que fue puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde rindió su declaración ministerial.
El parte informativo no hace mayor mención del papel que desempeñó en la desaparición de los normalistas en septiembre del año pasado, salvo que en ese entonces se desempeñaba como subdirector operativo de la Policía Municipal de Iguala, y que contaba con una orden de aprehensión vigente librada por el juez Primero de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas.
Salgado Valladares ingresó este lunes al Centro Federal de Readaptación Social Número 4 “El Rincón” de Tepic, Nayarit.
De acuerdo con reportes dados a conocer por la propia PGR desde noviembre de 2014, Salgado Valladares fue quien ordenó a César Nava, exsubdirector de Seguridad Pública del municipio de Cocula, trasladar al grupo de normalistas al punto identificado por las autoridades como Loma de los Coyotes, en donde fueron recibidos por integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos, quienes presumiblemente los habrían incinerado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
En un escueto comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que el inculpado fue detenido por elementos de la Policía Federal en Cuernavaca, Morelos, el pasado jueves 7, en flagrancia, por lo que fue puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde rindió su declaración ministerial.
El parte informativo no hace mayor mención del papel que desempeñó en la desaparición de los normalistas en septiembre del año pasado, salvo que en ese entonces se desempeñaba como subdirector operativo de la Policía Municipal de Iguala, y que contaba con una orden de aprehensión vigente librada por el juez Primero de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas.
Salgado Valladares ingresó este lunes al Centro Federal de Readaptación Social Número 4 “El Rincón” de Tepic, Nayarit.
De acuerdo con reportes dados a conocer por la propia PGR desde noviembre de 2014, Salgado Valladares fue quien ordenó a César Nava, exsubdirector de Seguridad Pública del municipio de Cocula, trasladar al grupo de normalistas al punto identificado por las autoridades como Loma de los Coyotes, en donde fueron recibidos por integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos, quienes presumiblemente los habrían incinerado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
Problemas en trenes y comunicación: choferes narran el choque en el Metro
Los choferes coincidieron en que el día del accidente había una fuerte lluvia acompañada con granizo; uno de ellos narró que trató de frenar, pero fue imposible, y que además ni los limpiaparabrisas funcionaban.
Aún falta un día para que las autoridades del DF revelen las causas del choque en el Metro Oceanía, en el que 12 personas resultaron heridas. Sin embargo, los choferes de ambas unidades coincidieron este lunes 11 de mayo en que la colisión ocurrió por la intensa lluvia de ese día y por diversas fallas, tanto en las unidades como en la comunicación con el Puesto de Control Central.
Fernando Israel Rosales Martínez narró a Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula, que previo al choque no recibió aviso alguno acerca de que estaba lloviendo, por lo que no cambió el modo de conducción de piloto automático a manual, como indica el protocolo.
Agregó que al salir del túnel, ya para llegar a la estación Oceanía, se percató “de la fuerte lluvia acompañada de granizo, una cortina que no permitía la visibilidad; intento poner mis limpiaparabrisas, el cual no funciona (…) no lo detengo (al tren) porque la pendiente es muy elevada y se corre el riesgo de que si yo bloqueaba el tren se regresara (…) Por seguridad, lo termino de subir adonde está techado, para entonces proceder a cambiar el modo de pilotaje automático a manual, para tener control del tren”.
De acuerdo con su narración, tras cambiar el modo de conducción, el tren se comenzó a deslizar. Hasta ese momento veía una “señalización permisiva” para continuar su trayectoria, pero intentaba detener el tren sin éxito. “Salgo del techado y nuevamente me encuentro la cortinilla, pero sin alcanzar a ver la señal de entrada (…) ya cuando logro entrar a la estación, veo que ya la tengo en rojo; ahí es donde pido mi primer corte corriente (también sin éxito)”.
Pero, ¿por qué se encontró con un tren a pesar de que la primera señalización indicaba que podía avanzar?
Rodrigo Pacual Martín, chofer del otro convoy, dijo en el programa radiofónico que tuvo que parar porque vio un objeto, como una lámina, caer a las vías del tren. “Apliqué frenado para no dañar el tren (…) Llamé al puesto de control para solicitar corte de corriente, (pero ) la comunicación estaba anunciada como mala desde el 3 de mayo”.
De acuerdo con un documento presentado la semana pasada en el noticiario de Denise Maerker en Grupo Fórmula, el tren que chocó el lunes pasado en el Metro del DF había registrado 22 fallas en sólo 26 días, antes del accidente.
Además, las autoridades de la Ciudad de México lo habían presentado como “recuperado” el 6 de febrero de 2014, después de haber pasado tres años sin dar servicio por “presentar fallas en las tarjetas PCST de los equipos Agate, quecontrola la tracción y frenado del tren“.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Aún falta un día para que las autoridades del DF revelen las causas del choque en el Metro Oceanía, en el que 12 personas resultaron heridas. Sin embargo, los choferes de ambas unidades coincidieron este lunes 11 de mayo en que la colisión ocurrió por la intensa lluvia de ese día y por diversas fallas, tanto en las unidades como en la comunicación con el Puesto de Control Central.
Fernando Israel Rosales Martínez narró a Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula, que previo al choque no recibió aviso alguno acerca de que estaba lloviendo, por lo que no cambió el modo de conducción de piloto automático a manual, como indica el protocolo.
Agregó que al salir del túnel, ya para llegar a la estación Oceanía, se percató “de la fuerte lluvia acompañada de granizo, una cortina que no permitía la visibilidad; intento poner mis limpiaparabrisas, el cual no funciona (…) no lo detengo (al tren) porque la pendiente es muy elevada y se corre el riesgo de que si yo bloqueaba el tren se regresara (…) Por seguridad, lo termino de subir adonde está techado, para entonces proceder a cambiar el modo de pilotaje automático a manual, para tener control del tren”.
De acuerdo con su narración, tras cambiar el modo de conducción, el tren se comenzó a deslizar. Hasta ese momento veía una “señalización permisiva” para continuar su trayectoria, pero intentaba detener el tren sin éxito. “Salgo del techado y nuevamente me encuentro la cortinilla, pero sin alcanzar a ver la señal de entrada (…) ya cuando logro entrar a la estación, veo que ya la tengo en rojo; ahí es donde pido mi primer corte corriente (también sin éxito)”.
Pero, ¿por qué se encontró con un tren a pesar de que la primera señalización indicaba que podía avanzar?
Rodrigo Pacual Martín, chofer del otro convoy, dijo en el programa radiofónico que tuvo que parar porque vio un objeto, como una lámina, caer a las vías del tren. “Apliqué frenado para no dañar el tren (…) Llamé al puesto de control para solicitar corte de corriente, (pero ) la comunicación estaba anunciada como mala desde el 3 de mayo”.
De acuerdo con un documento presentado la semana pasada en el noticiario de Denise Maerker en Grupo Fórmula, el tren que chocó el lunes pasado en el Metro del DF había registrado 22 fallas en sólo 26 días, antes del accidente.
Además, las autoridades de la Ciudad de México lo habían presentado como “recuperado” el 6 de febrero de 2014, después de haber pasado tres años sin dar servicio por “presentar fallas en las tarjetas PCST de los equipos Agate, quecontrola la tracción y frenado del tren“.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Los estados que deben más de lo que ‘ganan': Quintana Roo, Nuevo León y Coahuila
En esas tres entidades la deuda es más del 100% de los ingresos de 2014. Chihuahua está a punto de vivir un panorama similar aunque ya es el estado cuya deuda implica el más alto porcentaje del PIB estatal.
La deuda de Quintana Roo, Nuevo León y Coahuila ya es más grande que todos los ingresos que cada entidad tuvo en 2014, es decir, lo que deben esos estados superó el año pasado la suma de los recursos que tienen disponibles.
Los 1.3 millones de habitantes de Quintana Roo deben, en promedio, 13,788 pesos de la deuda estatal que al finalizar diciembre pasado ya implicaba el 104% de los recursos totales del estado, según los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El caso de Nuevo León y Coahuila es similar, su deuda ya implica el 102% de sus ingresos y sus habitantes deberán 12,180 pesos y 11,897 pesos respectivamente de deuda pública durante los próximos 17 años, aunque esos montos sólo se calculan considerando que sus gobernantes no decidan endeudarse más.
En el análisis sobre Endeudamiento de las Entidades Federativas 2004-2014 que realizó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) se concluye que esas tres entidades, más Chihuahua, Veracruz, Sonora y Nayarit son las que más incrementaron su nivel de deuda en los últimos 10 años; mientras que el Distrito Federal y el Estado de México son las que la disminuyeron más.
Si bien la deuda de Chihuahua todavía no alcanza a ser el 100% de sus ingresos, si es la que representa el porcentaje más alto del PIB estatal con 9.2%.
Hace 10 años, la deuda de Chihuahua era sólo el 2.4% de su PIB, por lo que en ese periodo casi se cuadruplicó.
En Veracruz, la deuda era en 2004 el 0.9% del PIB estatal y para 2014 ya era el 4.7%; lo mismo que en Nayarit que pasó del 0.5% al 5.9% o Chiapas del 0.7% al 6.8% de su PIB estatal.
En realidad, las cifras de la Secretaría de Hacienda muestran que en los últimos 10 años sólo cuatro entidades han disminuido el monto de la deuda en función de su PIB estatal: Guerrero con una baja mínima de 1.8% de su PIB en 2004 a 1.3 en 2014; San Luis Potosí de 1.8 a 1.4; el Distrito Federal de 2.8 a 2.4%; y el Estado de México con avances más importantes, al pasar de 4 a 2.6% de su PIB.
Sin embargo, en el caso del Distrito Federal el monto de deuda sigue siendo alto en función de los recursos que obtiene, pues lo que debe representa el 44.3% de sus ingresos; el séptimo monto más elevado a nivel nacional.
Los indicadores sobre quién contrató la deuda en las entidades federativas muestran que en 81.2% de los casos se trató de gobiernos estatales; 10.7% de municipios y en 7% de otros organismos del estado.
Lo que debería hacer la diferencia para los próximos 10 años es la Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios que se aprobó en febrero pasado en el Congreso y que ya fue avalada también, la semana pasada, por al menos 24 entidades federativas.
Esta ley reforma los artículos 25,73,79, 108, 116 y 117 de la Constitución para controlar el endeudamiento público y sancionar a los funcionarios que incumplan con normas para adquirir deuda.
Para empezar está prohibido que estados y municipios contraten deuda poniendo de garantía los recursos federales, que la deuda se utilice para cubrir gasto corriente o que se adquiera en el último trimestre de un periodo de gobierno.
Se crea un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda, establece que ésta debe utilizarse para inversiones públicas productivas y obliga a liquidar las obligaciones adquiridas a corto plazo en el último trimestre del mandato. También se aprobó que la Auditoria Superior de la Federación tenga capacidad de revisar el estado de las deudas estatales y municipales.
El objetivo de esta ley no sólo es tener mayor control de la deuda, si no evitar que los gobernantes adquieran más justo al finalizar su periodo y entreguen la administración con deuda recién contratada.
Los datos oficiales muestran que la deuda pública en los estados en 2007 era de 186 mil 470 millones de pesos y al cierre de 2014 esa cifra de triplicó para cerrar en más de 510 mil millones de pesos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
La deuda de Quintana Roo, Nuevo León y Coahuila ya es más grande que todos los ingresos que cada entidad tuvo en 2014, es decir, lo que deben esos estados superó el año pasado la suma de los recursos que tienen disponibles.
Los 1.3 millones de habitantes de Quintana Roo deben, en promedio, 13,788 pesos de la deuda estatal que al finalizar diciembre pasado ya implicaba el 104% de los recursos totales del estado, según los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El caso de Nuevo León y Coahuila es similar, su deuda ya implica el 102% de sus ingresos y sus habitantes deberán 12,180 pesos y 11,897 pesos respectivamente de deuda pública durante los próximos 17 años, aunque esos montos sólo se calculan considerando que sus gobernantes no decidan endeudarse más.
En el análisis sobre Endeudamiento de las Entidades Federativas 2004-2014 que realizó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) se concluye que esas tres entidades, más Chihuahua, Veracruz, Sonora y Nayarit son las que más incrementaron su nivel de deuda en los últimos 10 años; mientras que el Distrito Federal y el Estado de México son las que la disminuyeron más.
Si bien la deuda de Chihuahua todavía no alcanza a ser el 100% de sus ingresos, si es la que representa el porcentaje más alto del PIB estatal con 9.2%.
Hace 10 años, la deuda de Chihuahua era sólo el 2.4% de su PIB, por lo que en ese periodo casi se cuadruplicó.
En Veracruz, la deuda era en 2004 el 0.9% del PIB estatal y para 2014 ya era el 4.7%; lo mismo que en Nayarit que pasó del 0.5% al 5.9% o Chiapas del 0.7% al 6.8% de su PIB estatal.
En realidad, las cifras de la Secretaría de Hacienda muestran que en los últimos 10 años sólo cuatro entidades han disminuido el monto de la deuda en función de su PIB estatal: Guerrero con una baja mínima de 1.8% de su PIB en 2004 a 1.3 en 2014; San Luis Potosí de 1.8 a 1.4; el Distrito Federal de 2.8 a 2.4%; y el Estado de México con avances más importantes, al pasar de 4 a 2.6% de su PIB.
Sin embargo, en el caso del Distrito Federal el monto de deuda sigue siendo alto en función de los recursos que obtiene, pues lo que debe representa el 44.3% de sus ingresos; el séptimo monto más elevado a nivel nacional.
Los indicadores sobre quién contrató la deuda en las entidades federativas muestran que en 81.2% de los casos se trató de gobiernos estatales; 10.7% de municipios y en 7% de otros organismos del estado.
Lo que debería hacer la diferencia para los próximos 10 años es la Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios que se aprobó en febrero pasado en el Congreso y que ya fue avalada también, la semana pasada, por al menos 24 entidades federativas.
Esta ley reforma los artículos 25,73,79, 108, 116 y 117 de la Constitución para controlar el endeudamiento público y sancionar a los funcionarios que incumplan con normas para adquirir deuda.
Para empezar está prohibido que estados y municipios contraten deuda poniendo de garantía los recursos federales, que la deuda se utilice para cubrir gasto corriente o que se adquiera en el último trimestre de un periodo de gobierno.
Se crea un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda, establece que ésta debe utilizarse para inversiones públicas productivas y obliga a liquidar las obligaciones adquiridas a corto plazo en el último trimestre del mandato. También se aprobó que la Auditoria Superior de la Federación tenga capacidad de revisar el estado de las deudas estatales y municipales.
El objetivo de esta ley no sólo es tener mayor control de la deuda, si no evitar que los gobernantes adquieran más justo al finalizar su periodo y entreguen la administración con deuda recién contratada.
Los datos oficiales muestran que la deuda pública en los estados en 2007 era de 186 mil 470 millones de pesos y al cierre de 2014 esa cifra de triplicó para cerrar en más de 510 mil millones de pesos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
Gobierno de Peña, ineficiente en investigar asesinatos de periodistas: relatoría de la OEA
WASHINGTON: La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA recriminó al gobierno de México por la falta de avances y efectividad en las investigaciones sobre asesinatos de periodistas durante 2014.
En su informe anual correspondiente al año pasado, la Relatoría, que forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluye que en México persisten graves ataques a la prensa y a los comunicadores.
“Se registran, en cambio, pocos avances en las investigaciones de estos crímenes y falta de efectividad de los mecanismos de protección establecidos”, subraya el informe.
La Relatoría de la OEA, capítulo México, añade que el gobierno de Enrique Peña Nieto no logró contener los ataques a la prensa en 2014.
“La CIDH recibió con preocupación información sobre la persistencia de graves ataques a la vida e integridad personal de periodistas y comunicadores en México, en detrimento del ejercicio de la libertad de expresión”, subraya el documento.
Y añade:
“En el 2014 se incrementó la violencia contra periodistas y comunicadores, particularmente en aquellas zonas del país con presencia del crimen organizado”.
Según sus datos, en México fueron asesinados cinco periodistas y una comunicadora por causas que podrían estar asociadas al ejercicio de la libertad de expresión. “Estas muertes ocurrieron en un contexto de amenazas y hostigamientos generalizados a la prensa en distintas regiones del país”, aclara.
La entidad interamericana destaca también que la CIDH recibió información sobre violencia y detenciones arbitrarias en manifestaciones públicas.
El caso más emblemático, dijo, fue la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
Pese a repunte de la violencia, Duarte insiste: “Veracruz está funcionando”
Xalapa, Ver: El repunte de la violencia en la entidad obligó al gobernador Javier Duarte a enviar un mensaje televisado a los veracruzanos en el que admitió que la seguridad y el estado de derecho siguen siendo el “gran desafío” para su gobierno.
“Los veracruzanos pueden tener la certeza de que mi gobierno no bajará la guardia por la vigencia plena del estado de derecho. El pueblo de Veracruz lo merece”, subrayó.
En su mensaje difundido por Radio Televisión de Veracruz, el mandatario sostuvo que “como gobernante y como ciudadano, comparto y me solidarizo con el sufrimiento de las familias de las víctimas, como lo dio a conocer el domingo anterior el Fiscal Luis Ángel Bravo la autoridad veracruzana logró esclarecer el secuestro agravado de la joven y se tiene a un responsable en el otro caso, los presuntos responsables han sido identificados y han sido presentados ante un juez”.
Duarte dijo que el Estado “no puede prevenir los hechos aislados” por lo que es imperante actuar de forma implacable para procurar justicia, pues en Veracruz “el más alto compromiso” es con la armonía y la paz social.
Y luego remachó:
“Que quede claro…Veracruz está funcionando…”.
El mensaje televisado de Duarte de Ochoa se da dos días después del hallazgo del cuerpo de Columba Campillo, de 16 años, en Boca del Río. La joven se encontraba secuestrada.
Otro hecho que estremeció a la sociedad fue el asesinato del abogado David Bermejo al salir de un banco en Coatzacoalcos.
El 5 de mayo, en el ejido Laguna Blanca de Soledad de Doblado, un comando armado arrojó los restos, desmembrados, de cuatro personas en un predio baldío; dos días antes, otra célula delincuencial tiro los restos de seis jóvenes en la autopista Veracruz-Xalapa a la altura de las comunidades Cerro Gordo y Plan del Río, los cadáveres fueron dejados a la orilla de la cinta asfáltica.
Sobre el homicidio de la joven Campillo, el gobernador comentó que como padre de familia se “lleno de indignación y rabia”, por lo que “asume” la responsabilidad para atender el “reclamo”.
Con la detención de los presuntos asesinos de Columba Campillo, entre ellos la de la señora, Ileana Mortera Trolle ya empezó a generar “reacciones” en las redes sociales, pues Mortera es sobrina de Maruchi Bravo Pagola, la tuitera encarcelada por el gobierno de Duarte en agosto del 2011.
Ileana Mortera originaria del puerto de Veracruz, pero radicada en Cholula, Puebla desde hace un año, fue la primera en conseguir una fotografía del cuerpo de Columba Campillo arrojado en Boca del Río y filtrarla a la propia Bravo Pagola, quien de forma inmediata la compartió con sus redes sociales, lo que dio origen a la circulación viral de la etiqueta #MeDuelesVeracruz.
Bravo Pagola aduce que detrás de la detención de Ileana Mortera se asoma de nuevo el autoritarismo del mandatario priista, él mismo, que la puso tras las rejas, partiendo del hecho de que Ileana le facilitó la primer fotografía de la escena del crimen donde apareció Columba Campillo.
“La subí a mí muro y causó la indignación de buena parte de la sociedad veracruzana. La imagen se compartió entre cientos de usuarios y generó la molestia de lo más alto en el poder. La foto que Mortera compartió con su tía le fue enviada desde Veracruz por un periodista, Ileana fue la primera en pasarme la foto, no hay que dejar de ver eso”, dijo Bravo en declaraciones al portal Blog Expediente y al Piñero de la Cuenca.
Apenas el fin de semana, el gobernador Duarte tuvo “reuniones privadas” con mandos de la Secretaria de Marina y el Ejército Mexicano para revisar la situación de seguridad en el Estado, el propio Secretario de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez boletinó solo a algunos medios que se replantearan las estrategias de seguridad, aunque no desglosó como.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
“Los veracruzanos pueden tener la certeza de que mi gobierno no bajará la guardia por la vigencia plena del estado de derecho. El pueblo de Veracruz lo merece”, subrayó.
En su mensaje difundido por Radio Televisión de Veracruz, el mandatario sostuvo que “como gobernante y como ciudadano, comparto y me solidarizo con el sufrimiento de las familias de las víctimas, como lo dio a conocer el domingo anterior el Fiscal Luis Ángel Bravo la autoridad veracruzana logró esclarecer el secuestro agravado de la joven y se tiene a un responsable en el otro caso, los presuntos responsables han sido identificados y han sido presentados ante un juez”.
Duarte dijo que el Estado “no puede prevenir los hechos aislados” por lo que es imperante actuar de forma implacable para procurar justicia, pues en Veracruz “el más alto compromiso” es con la armonía y la paz social.
Y luego remachó:
“Que quede claro…Veracruz está funcionando…”.
El mensaje televisado de Duarte de Ochoa se da dos días después del hallazgo del cuerpo de Columba Campillo, de 16 años, en Boca del Río. La joven se encontraba secuestrada.
Otro hecho que estremeció a la sociedad fue el asesinato del abogado David Bermejo al salir de un banco en Coatzacoalcos.
El 5 de mayo, en el ejido Laguna Blanca de Soledad de Doblado, un comando armado arrojó los restos, desmembrados, de cuatro personas en un predio baldío; dos días antes, otra célula delincuencial tiro los restos de seis jóvenes en la autopista Veracruz-Xalapa a la altura de las comunidades Cerro Gordo y Plan del Río, los cadáveres fueron dejados a la orilla de la cinta asfáltica.
Sobre el homicidio de la joven Campillo, el gobernador comentó que como padre de familia se “lleno de indignación y rabia”, por lo que “asume” la responsabilidad para atender el “reclamo”.
Con la detención de los presuntos asesinos de Columba Campillo, entre ellos la de la señora, Ileana Mortera Trolle ya empezó a generar “reacciones” en las redes sociales, pues Mortera es sobrina de Maruchi Bravo Pagola, la tuitera encarcelada por el gobierno de Duarte en agosto del 2011.
Ileana Mortera originaria del puerto de Veracruz, pero radicada en Cholula, Puebla desde hace un año, fue la primera en conseguir una fotografía del cuerpo de Columba Campillo arrojado en Boca del Río y filtrarla a la propia Bravo Pagola, quien de forma inmediata la compartió con sus redes sociales, lo que dio origen a la circulación viral de la etiqueta #MeDuelesVeracruz.
Bravo Pagola aduce que detrás de la detención de Ileana Mortera se asoma de nuevo el autoritarismo del mandatario priista, él mismo, que la puso tras las rejas, partiendo del hecho de que Ileana le facilitó la primer fotografía de la escena del crimen donde apareció Columba Campillo.
“La subí a mí muro y causó la indignación de buena parte de la sociedad veracruzana. La imagen se compartió entre cientos de usuarios y generó la molestia de lo más alto en el poder. La foto que Mortera compartió con su tía le fue enviada desde Veracruz por un periodista, Ileana fue la primera en pasarme la foto, no hay que dejar de ver eso”, dijo Bravo en declaraciones al portal Blog Expediente y al Piñero de la Cuenca.
Apenas el fin de semana, el gobernador Duarte tuvo “reuniones privadas” con mandos de la Secretaria de Marina y el Ejército Mexicano para revisar la situación de seguridad en el Estado, el propio Secretario de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez boletinó solo a algunos medios que se replantearan las estrategias de seguridad, aunque no desglosó como.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
Pide ayuda poblado mazateco de Oaxaca: no hay servicios de salud ni médicos
OAXACA, Oax: Autoridades de Mazatlán Villa de Flores hicieron un enérgico llamado al gobernador Gabino Cué y en particular al secretario de Salud, Germán Tenorio, debido a que esa comunidad indígena lleva un año sin servicios de salud.
En una carta dirigida a las secretarías de Salud federal, Mercedes Juan López, y de Desarrollo Social, Rosario Robles, los agentes municipales y representantes de todas las comunidades que integran el municipio de Mazatlán Villa de Flores cuestionaron a Tenorio Vasconcelos para que ponga atención y de una forma decidida resuelva el problema de salud pública que enfrentan.
Y es que desde hace más de un año no cuentan con un doctor que atienda el centro de salud de esta población mazateca.
“En repetidas ocasiones hemos acudido y solicitado ante las diversas instancias de la dependencia que usted encabeza para que se asigne un doctor o doctora para el municipio, sin embargo, una y otra vez no hemos encontrado respuestas favorables, pareciera que han hecho oídos sordos ante el reclamo de la gente que sólo pide que se garantice su derecho a la salud”, resalta el documento.
En la misiva hacen llamado “al gobernador Gabino Cué Monteagudo para que tome cartas en el asunto y resuelva esta situación cuanto antes, pues la gente de Mazatlán Villa de Flores lo merece y se lo agradecerá, pues la salud del pueblo es primero”.
Además, consideran que la situación en Mazatlán es verdaderamente preocupante, pues al no haber quién brinde la atención médica, los pobladores se ven en la necesidad de salir del pueblo y acudir a clínicas y hospitales de comunidades cercanas de la misma región o inclusive en algunos casos tienen que acudir a instituciones del vecino estado de Puebla.
También reclaman que el derecho a la salud no sea “letra muerta” en este municipio, porque “ya se han presentado casos de mujeres que han parido a sus hijos en lugares que no cuentan con las mínimas condiciones de higiene y salud. Todo esto se podría evitar teniendo a un doctor o doctora en el pueblo”.
Por eso “exigimos a Germán Tenorio Vasconcelos que de una vez y de manera decidida garantice el derecho a la salud de todos los pobladores de Mazatlán Villa de Flores”.
El escrito lo firman Mario Juárez Hernández, de la Toma; Alfonso Ortega Joaquín, de Peña Blanca; Severo Castillo, de Cruz de Plata; Marcelino Pérez Victoriano, de Nogaltepec; Agliberto Cid Pérez, de San Simón Coyoltepec; Gabino Delgado García, de Agua Duende, y Claudio López Miguel, de Pochotepec.
Asimismo, Silvino Cruz Díaz, de Cacalotepec; Willebaldo Flores Filio, de Loma Celosa; Demetrio Carrera Cervantes, de Soyaltitla; Guillermo Cortés Casimiro, de San Pedro Mazatlán; Mauricio Patricio, de La Ihualeja; Alberto Salazar Olivares, de Agua Mosquito, y Raúl García García, de Aguacatitla.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
En una carta dirigida a las secretarías de Salud federal, Mercedes Juan López, y de Desarrollo Social, Rosario Robles, los agentes municipales y representantes de todas las comunidades que integran el municipio de Mazatlán Villa de Flores cuestionaron a Tenorio Vasconcelos para que ponga atención y de una forma decidida resuelva el problema de salud pública que enfrentan.
Y es que desde hace más de un año no cuentan con un doctor que atienda el centro de salud de esta población mazateca.
“En repetidas ocasiones hemos acudido y solicitado ante las diversas instancias de la dependencia que usted encabeza para que se asigne un doctor o doctora para el municipio, sin embargo, una y otra vez no hemos encontrado respuestas favorables, pareciera que han hecho oídos sordos ante el reclamo de la gente que sólo pide que se garantice su derecho a la salud”, resalta el documento.
En la misiva hacen llamado “al gobernador Gabino Cué Monteagudo para que tome cartas en el asunto y resuelva esta situación cuanto antes, pues la gente de Mazatlán Villa de Flores lo merece y se lo agradecerá, pues la salud del pueblo es primero”.
Además, consideran que la situación en Mazatlán es verdaderamente preocupante, pues al no haber quién brinde la atención médica, los pobladores se ven en la necesidad de salir del pueblo y acudir a clínicas y hospitales de comunidades cercanas de la misma región o inclusive en algunos casos tienen que acudir a instituciones del vecino estado de Puebla.
También reclaman que el derecho a la salud no sea “letra muerta” en este municipio, porque “ya se han presentado casos de mujeres que han parido a sus hijos en lugares que no cuentan con las mínimas condiciones de higiene y salud. Todo esto se podría evitar teniendo a un doctor o doctora en el pueblo”.
Por eso “exigimos a Germán Tenorio Vasconcelos que de una vez y de manera decidida garantice el derecho a la salud de todos los pobladores de Mazatlán Villa de Flores”.
El escrito lo firman Mario Juárez Hernández, de la Toma; Alfonso Ortega Joaquín, de Peña Blanca; Severo Castillo, de Cruz de Plata; Marcelino Pérez Victoriano, de Nogaltepec; Agliberto Cid Pérez, de San Simón Coyoltepec; Gabino Delgado García, de Agua Duende, y Claudio López Miguel, de Pochotepec.
Asimismo, Silvino Cruz Díaz, de Cacalotepec; Willebaldo Flores Filio, de Loma Celosa; Demetrio Carrera Cervantes, de Soyaltitla; Guillermo Cortés Casimiro, de San Pedro Mazatlán; Mauricio Patricio, de La Ihualeja; Alberto Salazar Olivares, de Agua Mosquito, y Raúl García García, de Aguacatitla.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
Los expedientes ocultos
Los delegados del Distrito Federal acumulan denuncias ante la Contraloría, la mayoría de ellas en estatus ‘concluido’, por lo que nada les impide seguir su camino en busca de otro cargo público.
Extorsión, abuso de autoridad, gastos excesivos, irregularidades administrativas, omisión, violación a las leyes y deshonestidad son algunas de las denuncias que forman parte del historial ante la Contraloría General del Distrito Federal de quienes fueron delegados en el Distrito Federal y que hoy aspiran a seguir viviendo del erario público.
La lista de funcionarios denunciados ante la Contraloría la encabeza el extitular de Coyoacán, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, por extorsión a empresarios de la demarcación que gobernó; así como abuso de autoridad.
Hoy el delegado con licencia enterró sus escándalos y se candidatea a diputado local por el Distrito XXXII de Coyoacán.
Nada pasó en su contra, a pesar de que fue públicamente denunciado por exigir sobornos millonarios a cambio de no clausurar construcciones que algunas empresas inmobiliarias levantaron en la demarcación perredista, donde fue titular del 2012 al 2015.
En el segundo año de su gobierno, Toledo Gutiérrez enfrentó abiertas acusaciones de pedir dinero a cambio de conceder favores en Coyoacán, como aquella en la que exigió cuotas de un millón de pesos en adelante para permitir la reapertura de gasolinerías.
Los expedientes CI/COY/D/ 662/2012, CI/COY/D/104/2013 y la CI/COY/D/195/2013, dan cuenta del largo historial de irregularidades de este perredista, que busca una curul en la próxima legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Hoy dichos expedientes manejados por María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo, en su calidad de titular de la Contraloría Interna, refieren como estatus: “Concluido”.
Adrián Rubalcava Suárez, único delegado priista en el Distrito Federal, con dominio en Cuajimalpa, aparece también en la lista negra de la Contraloría con denuncias administrativas.
Como jefe delegacional en Cuajimalpa, Rubalcava enfrentó dos procesos en su contra; sin embargo, su círculo rojo de colaboradores también fue denunciado.
Es el caso de Mariano Alberto Granados García, en su calidad de director Jurídico de la demarcación, quien fue acusado de utilización indebida de vehículos oficiales, trato irrespetuoso y otras irregularidades administrativas.
En todos los casos, las denuncias contra Rubalcava y sus colaboradores es estado “concluido.
El único priista
Adrián Rubalcava Suárez, único delegado priista en el Distrito Federal, con dominio en Cuajimalpa, aparece también en la lista negra de la Contraloría con denuncias administrativas.
Como jefe delegacional en Cuajimalpa, Rubalcava enfrentó dos procesos en su contra; sin embargo, su círculo rojo de colaboradores también fue denunciado.
Es el caso de Mariano Alberto Granados García, en su calidad de director Jurídico de la demarcación, quien fue acusado de utilización indebida de vehículos oficiales, trato irrespetuoso y otras irregularidades administrativas.
En todos los casos, las denuncias contra Rubalcava y sus colaboradores es estado “concluido.
El panista Romero
En el mismo caso se encuentran los expedientes en contra del delegado panista con licencia, Jorge Romero Herrera, a quien se le denunció incluso por firmar documentos oficiales como licenciado sin siquiera estar titulado.
La Contraloría General del Distrito Federal reporta en su contra los expedientes CI/BJU/D/320/2012, CI/BJU/D/216/2013, CI/BJU/D/275
/2013, CI/BJU/D/164/2013 y CI/BJU/D/066/2014 por gastos excesivos en la rendición del primer informe de gobierno, retiro indebido y parcial de casetas telefónicas y negarse a aplicar el presupuesto participativo 2013 correspondiente a la colonia Xoco en el proyecto, Casa de Desarrollo Social.
Todas las denuncias en contra del panista que hoy busca, igual que su similar de Coyoacán, una curul en la ALDF, están reportadas como “concluidas”, según la titular de la contraloría interna de esa demarcación, Karla Rubí García González.
Traicionó a Bejarano... y a Derechos Humanos
Históricamente por su complejidad, manejo de recursos y giros negros la delegación Cuauhtémoc enfrenta denuncias e investigaciones de irregularidades.
El delegado saliente, Alejandro Fernández Ramírez, no es la excepción.
El exseguidor de René Bejarano aparece en la lista de la Contraloría General con cuatro expedientes en su contra, en los que se le acusa de nombrar en diferentes cargos de su gestión a personal que no cumple con el perfil según la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.
En otros casos también fue denunciado por no cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y por obligar a sus empleados a llevar a beneficiarios de programas sociales a las casillas para que votaran a su conveniencia.
Fernández, quien en las recientes elecciones internas del PRD dejó al grupo político de Bejarano, hoy busca su espacio en la ALDF. Sus expedientes reportan el estatus de “concluido.
El delegado de las camionetas
A pesar de haber protagonizado uno de los escándalos más grandes al chocar en estado inconveniente una camioneta que le había prestado un proveedor de la delegación Iztapalapa, Jesús Valencia Guzmán aparece en la lista de la Contraloría con tres expedientes en su contra por “Falta de aplicación a la normatividad”.
Valencia, quien por meses enfrentó la acusación por conflicto de interés, tiene tres expediente con el estatus de “concluido”, según el titular de la contraloría interna Enrique Jacobo Lechuga.
El perredista es candidato plurinominal por una diputación.
Bajo la lupa de Hacienda
El perredista que también aparece en la lista de acusados e investigados por la Contraloría es el exdelegado en Xochimilco, Miguel Ángel Cámara Arango.
La investigación en su contra involucraba los detalles de las operaciones de al menos 90 contratos.
Cabe recordar que en el 2014, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda emitió una autorización para investigar, auditar y en su caso incautar sus cuentas.
Pese al escándalo, su expediente en la Contraloría se reporta también concluido.
Casos cerrados
Otros delegados con licencia que hoy buscan saltar a otro cargos públicos son: la de Iztacalco, Elizabeth Mateos Hernández; la de Magdalena contreras, Leticia Quezada Contreras, a quien se le iniciaron seis expedientes.
Milpa Alta, bajo la administración de Víctor Hugo Monterola Ríos, suma siete expedientes ante la Contraloría cuyos casos están concluidos.
En Tláhuac, la perredista Angelina Méndez Álvarez, a quien públicamente se le acusó de cobrar cuota a sus empleados, reporta expedientes desde 2008 con el cargo de directora general de Servicios Urbanos y luego en 2013, cuando ya era la delegada.
A partir de una solicitud de información en la que se le pide a la Contraloría General del Distrito Federal se informe de las denuncias en contra de los 16 delegados (2012-2015) salientes que hoy aspiran a otro cargo público, la dependencia reservó 22 expedientes.
Dichos expedientes involucran investigaciones en las delegaciones Gustavo A. Madero, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Venustiano Carranza, Milpa Alta y Xochimilco.
“Debido a que no se ha dictado resolución administrativa definitiva en los mismos.
“Aunado a que se trata de procedimientos administrativos los cuales no cuentan con una resolución definitiva, motivo por el cual, el dar a conocer información contenida en los expedientes que se reservan podría generar entorpecimiento al propio procedimiento”, puntualiza el documento.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
Extorsión, abuso de autoridad, gastos excesivos, irregularidades administrativas, omisión, violación a las leyes y deshonestidad son algunas de las denuncias que forman parte del historial ante la Contraloría General del Distrito Federal de quienes fueron delegados en el Distrito Federal y que hoy aspiran a seguir viviendo del erario público.
La lista de funcionarios denunciados ante la Contraloría la encabeza el extitular de Coyoacán, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, por extorsión a empresarios de la demarcación que gobernó; así como abuso de autoridad.
Hoy el delegado con licencia enterró sus escándalos y se candidatea a diputado local por el Distrito XXXII de Coyoacán.
Nada pasó en su contra, a pesar de que fue públicamente denunciado por exigir sobornos millonarios a cambio de no clausurar construcciones que algunas empresas inmobiliarias levantaron en la demarcación perredista, donde fue titular del 2012 al 2015.
En el segundo año de su gobierno, Toledo Gutiérrez enfrentó abiertas acusaciones de pedir dinero a cambio de conceder favores en Coyoacán, como aquella en la que exigió cuotas de un millón de pesos en adelante para permitir la reapertura de gasolinerías.
Los expedientes CI/COY/D/ 662/2012, CI/COY/D/104/2013 y la CI/COY/D/195/2013, dan cuenta del largo historial de irregularidades de este perredista, que busca una curul en la próxima legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Hoy dichos expedientes manejados por María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo, en su calidad de titular de la Contraloría Interna, refieren como estatus: “Concluido”.
Adrián Rubalcava Suárez, único delegado priista en el Distrito Federal, con dominio en Cuajimalpa, aparece también en la lista negra de la Contraloría con denuncias administrativas.
Como jefe delegacional en Cuajimalpa, Rubalcava enfrentó dos procesos en su contra; sin embargo, su círculo rojo de colaboradores también fue denunciado.
Es el caso de Mariano Alberto Granados García, en su calidad de director Jurídico de la demarcación, quien fue acusado de utilización indebida de vehículos oficiales, trato irrespetuoso y otras irregularidades administrativas.
En todos los casos, las denuncias contra Rubalcava y sus colaboradores es estado “concluido.
El único priista
Adrián Rubalcava Suárez, único delegado priista en el Distrito Federal, con dominio en Cuajimalpa, aparece también en la lista negra de la Contraloría con denuncias administrativas.
Como jefe delegacional en Cuajimalpa, Rubalcava enfrentó dos procesos en su contra; sin embargo, su círculo rojo de colaboradores también fue denunciado.
Es el caso de Mariano Alberto Granados García, en su calidad de director Jurídico de la demarcación, quien fue acusado de utilización indebida de vehículos oficiales, trato irrespetuoso y otras irregularidades administrativas.
En todos los casos, las denuncias contra Rubalcava y sus colaboradores es estado “concluido.
El panista Romero
En el mismo caso se encuentran los expedientes en contra del delegado panista con licencia, Jorge Romero Herrera, a quien se le denunció incluso por firmar documentos oficiales como licenciado sin siquiera estar titulado.
La Contraloría General del Distrito Federal reporta en su contra los expedientes CI/BJU/D/320/2012, CI/BJU/D/216/2013, CI/BJU/D/275
/2013, CI/BJU/D/164/2013 y CI/BJU/D/066/2014 por gastos excesivos en la rendición del primer informe de gobierno, retiro indebido y parcial de casetas telefónicas y negarse a aplicar el presupuesto participativo 2013 correspondiente a la colonia Xoco en el proyecto, Casa de Desarrollo Social.
Todas las denuncias en contra del panista que hoy busca, igual que su similar de Coyoacán, una curul en la ALDF, están reportadas como “concluidas”, según la titular de la contraloría interna de esa demarcación, Karla Rubí García González.
Traicionó a Bejarano... y a Derechos Humanos
Históricamente por su complejidad, manejo de recursos y giros negros la delegación Cuauhtémoc enfrenta denuncias e investigaciones de irregularidades.
El delegado saliente, Alejandro Fernández Ramírez, no es la excepción.
El exseguidor de René Bejarano aparece en la lista de la Contraloría General con cuatro expedientes en su contra, en los que se le acusa de nombrar en diferentes cargos de su gestión a personal que no cumple con el perfil según la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.
En otros casos también fue denunciado por no cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y por obligar a sus empleados a llevar a beneficiarios de programas sociales a las casillas para que votaran a su conveniencia.
Fernández, quien en las recientes elecciones internas del PRD dejó al grupo político de Bejarano, hoy busca su espacio en la ALDF. Sus expedientes reportan el estatus de “concluido.
El delegado de las camionetas
A pesar de haber protagonizado uno de los escándalos más grandes al chocar en estado inconveniente una camioneta que le había prestado un proveedor de la delegación Iztapalapa, Jesús Valencia Guzmán aparece en la lista de la Contraloría con tres expedientes en su contra por “Falta de aplicación a la normatividad”.
Valencia, quien por meses enfrentó la acusación por conflicto de interés, tiene tres expediente con el estatus de “concluido”, según el titular de la contraloría interna Enrique Jacobo Lechuga.
El perredista es candidato plurinominal por una diputación.
Bajo la lupa de Hacienda
El perredista que también aparece en la lista de acusados e investigados por la Contraloría es el exdelegado en Xochimilco, Miguel Ángel Cámara Arango.
La investigación en su contra involucraba los detalles de las operaciones de al menos 90 contratos.
Cabe recordar que en el 2014, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda emitió una autorización para investigar, auditar y en su caso incautar sus cuentas.
Pese al escándalo, su expediente en la Contraloría se reporta también concluido.
Casos cerrados
Otros delegados con licencia que hoy buscan saltar a otro cargos públicos son: la de Iztacalco, Elizabeth Mateos Hernández; la de Magdalena contreras, Leticia Quezada Contreras, a quien se le iniciaron seis expedientes.
Milpa Alta, bajo la administración de Víctor Hugo Monterola Ríos, suma siete expedientes ante la Contraloría cuyos casos están concluidos.
En Tláhuac, la perredista Angelina Méndez Álvarez, a quien públicamente se le acusó de cobrar cuota a sus empleados, reporta expedientes desde 2008 con el cargo de directora general de Servicios Urbanos y luego en 2013, cuando ya era la delegada.
A partir de una solicitud de información en la que se le pide a la Contraloría General del Distrito Federal se informe de las denuncias en contra de los 16 delegados (2012-2015) salientes que hoy aspiran a otro cargo público, la dependencia reservó 22 expedientes.
Dichos expedientes involucran investigaciones en las delegaciones Gustavo A. Madero, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Venustiano Carranza, Milpa Alta y Xochimilco.
“Debido a que no se ha dictado resolución administrativa definitiva en los mismos.
“Aunado a que se trata de procedimientos administrativos los cuales no cuentan con una resolución definitiva, motivo por el cual, el dar a conocer información contenida en los expedientes que se reservan podría generar entorpecimiento al propio procedimiento”, puntualiza el documento.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
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