Hernán Bermúdez Requena, quien fuera designado en 2019 secretario de Seguridad Pública por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, se encuentra actualmente prófugo de la justicia, con una ficha de búsqueda emitida por la Interpol. 

Las acusaciones que pesan sobre él son graves: supuestamente brindó protección a un grupo delictivo conocido como “La Barredora”, dedicado al robo de combustible, una práctica conocida popularmente como “huachicol”.

Reportes de inteligencia militar, señalan directamente a Bermúdez Requena como cómplice de una organización criminal especializada en la sustracción ilícita de hidrocarburos en el estratégico puerto de Dos Bocas.

En 2022, Mexicanos contra la Corrupción publicó informes de inteligencia militar en los que se menciona al entonces secretario de Seguridad de Tabasco y a dos de sus colaboradores como cómplices del grupo criminal “La Barredora” dedicado al huachicol.

No fue sino hasta que la situación de inseguridad en el estado se volvió insostenible que Bermúdez Requena renunció al cargo en enero de 2024.

Actualmente tiene orden de aprehensión vigente desde febrero pero que fue confirmada apenas este 16 de julio por el gabinete de seguridad federal y la presidenta Sheinbaum, sin embargo, hasta el momento Adán Augusto López está fuera de cualquier carpeta de investigación de la Fiscalía local o FGR, de acuerdo con la propia presidenta. 

Habría salido del país el 26 de enero de este año.

CONVENIOS BAJO SOSPECHA: LOS DOCUMENTOS CLAVE

El convenio hace referencia a una “autorización de donación” de Petróleos Mexicanos (PEMEX), con fechas y fichas específicas (DCAS/3118/2020, DCAS/3235/2021, GRS/MR/007/2021 del 18 de diciembre de 2021), y un contrato de donación inicial del 18 de diciembre de 2020, con un convenio modificatorio un año después.

Otro apartado relevante del mismo convenio establece que la SEDENER aportaría a la SSYPC hasta 1,567,000 (un millón quinientos sesenta y siete mil) litros de gasolina Magna y 58,000 (cincuenta y ocho mil) litros de diésel. Se especifica que este combustible se usaría para “llevar a cabo la cobertura total de los cuadrantes que comprenden los operativos de seguridad planteados para este año”, y que el recurso sería entregado en vales de combustible y/o tarjetas magnéticas, sin posibilidad de canje por efectivo.

La investigación sugiere que, a pesar de estas especificaciones, el control sobre el destino final de esos millones de litros de combustible se diluía en un esquema que, en la práctica, podría facilitar el desvío y el beneficio indebido.

Esto coincide con los reportes de inteligencia militar sobre la supuesta protección oficial a grupos huachicoleros. La fuga de Bermúdez Requena añade un capítulo más a este complejo entramado de presunta corrupción y crimen organizado desde las oficinas del poder en Tabasco.

Otro apartado relevante del mismo convenio establece que la SEDENER aportaría a la SSYPC hasta 1,567,000 (un millón quinientos sesenta y siete mil) litros de gasolina Magna y 58,000 (cincuenta y ocho mil) litros de diésel. Se especifica que este combustible se usaría para “llevar a cabo la cobertura total de los cuadrantes que comprenden los operativos de seguridad planteados para este año”, y que el recurso sería entregado en vales de combustible y/o tarjetas magnéticas, sin posibilidad de canje por efectivo.

En una parte del documento se establece que Bermúdez Requena estaba facultado para firmar los acuerdos porque fue designado por Adán Augusto López:

“El 11 de diciembre del 2019, el Lic. Hernán Bermúdez Requena, fue designado por el Lic. Adán Augusto López Hernández, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado; por tanto, cuenta con las facultades legales necesarias para suscribir el presente instrumento”.

Adán Augusto López Hernández fue gobernador de Tabasco desde el 1 de enero de 2019 hasta el 26 de agosto de 2021, cuando solicitó licencia para asumir el cargo de secretario de Gobernación. Sin embargo, su secretario de Seguridad siguió al frente hasta enero de 2024.

La noche del miércoles 16 de julio, Ricardo Heleno Sánchez Quintero, conocido como “Comandante Richard”, fue asesinado a balazos mientras conducía su camioneta Ford Ranger roja por el sur de Culiacán. El ataque ocurrió sobre el bulevar Manuel J. Clouthier, frente a una plaza comercial y una sucursal bancaria, en plena zona urbana.

Con 11 años de servicio en la Policía Municipal y al mando del escuadrón motorizado, Richard tenía su base en el Parque 87. Pero al momento del ataque, estaba fuera de servicio. Según testigos, al percatarse de que era seguido por un grupo armado, intentó escapar, conduciendo incluso en sentido contrario. Sin embargo, fue alcanzado por sus agresores, quienes le dispararon en múltiples ocasiones. La camioneta quedó inmovilizada con las llantas ponchadas y el cuerpo del comandante recostado en el asiento, aún con el motor encendido.

Un video difundido en redes sociales captó el sonido de más de 30 detonaciones, lo que confirmaría la violencia del ataque. La escena fue asegurada por agentes estatales y federales, y la Fiscalía General del Estado inició la investigación, aún sin sospechosos detenidos.

🔴 El comandante de la Policía Municipal de Culiacán, Ricardo Heleno, alias “Comandante Richard”, fue asesinado a balazos la noche del miércoles, mientras se desplazaba en su vehículo particular por calles de la colonia Libertad.

Al momento del ataque, se encontraba en su día de… pic.twitter.com/I873kcDm7Y

— Emeequis (@emeequis) July 17, 2025

La ejecución de ambos comandantes expone una escalada alarmante de violencia contra mandos policiacos en Sinaloa. De acuerdo con el medio local Noroeste, en los últimos 10 meses han sido asesinados al menos 44 elementos de seguridad en la entidad. Tan solo a finales de junio, otro agente municipal, Jesús Alejandro “N”, fue ejecutado en el fraccionamiento Los Ángeles.

Estos asesinatos reflejan un patrón inquietante: los ataques no solo están dirigidos a policías en activo, sino también en sus días de descanso, con métodos de persecución propios de células criminales entrenadas. La impunidad reina en la mayoría de los casos.

Mientras las autoridades locales y federales guardan silencio o emiten declaraciones de rutina, la ciudadanía vuelve a acostumbrarse a convivir con el terror. Los ejecutados no son solo nombres más en las cifras, sino símbolos de una guerra soterrada entre el Estado y los grupos criminales que no han soltado el control de la capital sinaloense.

Entre las recomendaciones para los comités de evaluación, el informe enfatiza la necesidad de establecer requisitos mínimos objetivos que aseguren la independencia e imparcialidad de sus integrantes. También propone diseñar metodologías estandarizadas para la evaluación de candidaturas, evitar la duplicidad de postulaciones, prever criterios de idoneidad como los del esquema “8 de 8”, y prohibir que una misma persona se postule simultáneamente a cargos políticos y judiciales.

Asimismo, el OEJ recomienda que se garantice la publicidad permanente de toda la información generada durante el proceso y que las autoridades judiciales respeten las resoluciones emitidas por jueces y tribunales.

En un video, Hernández relató que un presunto sicario del Cártel del Golfo lo amenazó mientras supervisaba uno de sus negocios.

“Se sacó una pistola que traía en la cintura y me la puso en el estómago, luego me dijo que decía ‘La Chispa’ que dejara las cosas como están, porque si no se iba a meter la gente de ‘Miguelito’ a Reynosa a rafaguearnos”, señaló entonces.

Tras el asesinato del buscador, el colectivo solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para revisar el funcionamiento del Mecanismo de Protección Federal, el cual consideran ineficiente.

“Rogamos a la presidenta Claudia Sheinbaum su intervención también para depurar los mecanismos de protección que no funcionan. No queremos más madres ni buscadores y defensores de Derechos Humanos asesinados, por favor”, publicaron.

El colectivo también expresó su preocupación por otros integrantes, en particular una pareja de padres buscadores, quienes a pesar de contar con una orden judicial desde el pasado 10 de julio para ser incorporados al Mecanismo de Protección Federal, no han sido trasladados a un lugar seguro fuera de Reynosa.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre el homicidio.