sábado, 26 de marzo de 2016

Salud pública: Un estudio insuficiente

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 7 de enero de 2016 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó su Segundo Estudio sobre el Sistema Mexicano de Salud. En el prefacio hay una impresionante lista de autores: expertos internacionales y funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Salud y de diversas instituciones de seguridad social. También se cita, como colaboradores o asesores, a legisladores, secretarios estatales de salud y profesionales de organizaciones no gubernamentales.

De ahí se deriva la sensación de que se llevó a cabo una amplia investigación para formular las recomendaciones incluidas en el estudio. Sin embargo, esta apreciación no se confirma con la lectura detallada del documento.

A diferencia de un trabajo anterior de la misma naturaleza, realizado por la OCDE en 2005 y el cual tuvo sustento en una amplia recopilación de datos, el presente trabajo abunda en juicios generales basados en unos cuantos fenómenos arbitrariamente seleccionados.

Por ejemplo, en la página 7 dice: “Casi tres de cada 10 mexicanos mueren dentro de un mes después de un infarto cardiaco y casi dos de cada 10 mexicanos mueren dentro de un mes posterior a un accidente cerebrovascular”. Comenta que esta letalidad es mucho mayor en México que en los países de la OCDE, pero no aclara si los datos mencionados provienen de una institución en particular o de todo el sistema, y si este fenómeno se registra en el ámbito hospitalario, pues estos datos corresponden a una valoración de calidad dentro de los internamientos hospitalarios.

Donde se hace más equívoco este tipo de comparación es cuando el estudio comenta que la esperanza de vida en México ha crecido muy poco. Así lo expresa: “Entre 2000 y 2013 la esperanza de vida aumentó de 77.1 años a 80.4 años; en México sólo se incrementó 1.3 años (de 73.8 a 74.6 años). Por lo tanto, la brecha de longevidad entre México y otros países de la OCDE se ha ampliado”.

En este contexto se da a entender que la esperanza de vida es el resultado del desempeño del sector salud, criterio que es sorprendente en una institución internacional, pues es ampliamente conocido por los sanitaristas, desde la segunda mitad del siglo pasado, que la esperanza de vida depende de muchos factores, como la nutrición, el saneamiento, el trabajo y el ingreso, la vivienda y la educación; es decir, de todo aquello que contribuye al nivel de vida. Cualquiera advierte que estos elementos son mucho más asequibles en las naciones de la OCDE que en nuestro país, donde viven 50 millones de personas en la pobreza y 10 de ellas en la más extrema.

Es inevitable que la OCDE en un momento se topara con el problema de la segmentación del sistema, formado por servicios públicos financiados con los impuestos generales y por las instituciones de seguridad social (IMSS e ISSSTE), que reciben recursos de conformidad con las leyes respectivas. Para los expertos de este organismo no tienen importancia otras organizaciones (existen 21 con sus propios reglamentos, poblaciones y servicios).

Para la OCDE, el Seguro Popular es equiparable a las instituciones de seguridad social, y gran parte de sus recomendaciones se enfocan a la homogeneización de instrumentos, procedimientos y costos, con la finalidad de facilitar convenios de intercambio de servicios.

Incurre en algunas suposiciones. Por ejemplo, afirma que anualmente se traslada de un subsistema institucional a otro todo un tercio de sus asegurados, “lo cual dificulta la continuidad de la atención”; de ser cierto esto, significaría, por ejemplo, que la tercera parte de los trabajadores informales cubiertos por el Seguro Popular pasara cada año a ser atendida por el ISSSTE o por el IMSS, lo cual sería verdaderamente catastrófico desde el punto de vista administrativo y financiero.

Otra fantasía que se encuentra en las aseveraciones del estudio es la de que los empleadores tienen la facultad de inscribir a los trabajadores en el seguro que ellos mismos decidan, sin tener en cuenta las disposiciones de las respectivas leyes.

Se añade a esto la aseveración de que no se ha promovido la disposición de que los asegurados se inscriban en un servicio de atención primaria, falla a la cual se atribuyen grandes consecuencias para la adecuada atención; pero para quienes se acerquen a las instituciones se hace evidente que tanto en el IMSS como en el ISSSTE la inscripción es un requisito que se hace automáticamente, seguido del registro en clínica familiar, y en los centros de salud, para el caso de los afiliados al Seguro Popular.

La atención hacia fenómenos muy particulares impide ver los grandes problemas tradicionales del sector, como la falta de un modelo sustentado en la demografía y la epidemiología que dé continuidad práctica a una atención integral de la salud mediante el acceso a los servicios de primer nivel y a los hospitalarios (segundo y tercer niveles) en una forma ordenada y efectiva. Esto, junto a la inadecuada disposición y distribución de los consultorios, camas hospitalarias y personal profesional, son las grandes fallas estructurales y estratégicas que la OCDE pasa por alto.

El sector privado aparece en el gasto comparado con el público. La OCDE le atribuye a aquel sector 26.8 hospitales por cada millón de habitantes y sólo 11.6 al público. Pero son cifras altamente engañosas; con un poco de análisis adicional surge el hecho de que la mayoría de los establecimientos privados no constituyen verdaderos hospitales, pues de los 3 mil 131 reportados, sólo 80 tienen más de 50 camas; la mayoría, más de 2 mil, tienen menos de 10. En total el sector público maneja más de 85 mil camas censables, en tanto que el privado cuenta con 35 mil.

Las recomendaciones

No es fácil aprovechar las aportaciones de la OCDE, pues en la mayoría de los casos parecen estar dirigidas a otros sistemas; en otras ocasiones su redacción requiere algunas explicaciones adicionales, como en este caso: “Un cambio gradual hacia un incremento del financiamiento de impuestos generales, en especial para nuevos ingresos, podría mejorar la previsibilidad del financiamiento”.

Pese a que repetidamente se menciona el alto porcentaje del gasto en el rubro administrativo, estimado en 9%, un buen número de recomendaciones llevaría, de adoptarse, a un crecimiento en este tipo de erogaciones, principalmente por nuevas entidades administrativas.

Una de ellas, que implicaría amplios compromisos, sería la creación de un nuevo organismo sectorial. La OCDE lo expresa así: “Se deben acelerar los planes para crear una nueva agencia nacional que promueva las actividades de mejora de la calidad en todos los niveles del sistema de salud. Este organismo, totalmente independiente de la Secretaría de Salud y de los institutos de seguridad social, debe desarrollar actividades clave, como el establecimiento de estándares mínimos de calidad”. ¡Nada menos!

Otro organismo que se propone también tendría amplias funciones. Su naturaleza se describe así: “Otras medidas incluyen establecer un foro permanente, o una comisión, para representar a todos los fondos de aseguramiento médico de la seguridad social y del Seguro Popular… y trabajar hacia la implementación de una agenda compartida de seguimiento y de mejora de la calidad, entre otras prioridades”. Atemoriza el costo que esto tendría, así como sus duplicaciones con otras unidades.

La OCDE enfocó su atención en el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica (Cenetec), unidad de la Secretaría de Salud encargada actualmente de evaluar tecnologías. Aprovechando nuestra lejanía de otros sistemas, nos dicen que el Centro de Excelencia mexicano fue creado para acompañar el Seguro Popular y se diseñó a imagen del National Institute for Clinical Excellence, del Reino Unido (conocido en Gran Bretaña por las sugerentes siglas de NICE). Esta unidad se dedica a la selección de intervenciones médicas y a su comparación en eficiencia y costo para asesorar al Servicio Nacional de Salud, nada más alejado del Cenetec.

Un rubro que parece ser de especial interés para la OCDE es el registro de todos los pacientes de los tres sistemas de seguridad social –del IMSS, del ISSSTE y del Seguro Popular– para tener “un registro consolidado de pacientes”, cuyos datos sean al menos intercambiables. Recomienda muy encarecidamente que las instituciones se involucren en un esfuerzo de esta naturaleza, sin tener en cuenta que ya lo han hecho gracias a sus propios registros, que son automáticos al momento de la afiliación.

Siempre quedará el dilema de qué hacer con un registro nacional de pacientes, pues para la planeación de salud siempre se ha recurrido con eficacia a los censos de población y a los registros de vigilancia epidemiológica. Por otra parte, es evidente que un registro consolidado de pacientes es de gran utilidad para las empresas productoras y distribuidoras de equipo, medicamentos y otros insumos, lo cual les permite estimar el volumen, ubicación y naturaleza de sus mercados.

Con insistencia la OCDE recomienda un sistema “centrado en la persona” (como si la atención pudiera centrarse en las cosas). Literalmente esto contradice las experiencias en salud pública, las cuales han puesto de manifiesto la importancia de la atención integral dirigida a la persona y a su familia, a la comunidad y al medio ambiente; es decir, el cuidado de los factores que condicionan la salud.

Conclusiones

Hay un momento en el cual el estudio aborda las principales medidas que contribuirían a una verdadera reforma con sentido de equidad, ciudadanía, eficacia, cobertura y calidad, como la separación del sistema de atención a la salud del de la seguridad social, para formar dos sistema distintos e independientes; así como el financiamiento universal a base de los fondos públicos generales, como se hace en los países europeos y Canadá, que iniciaron sus reformas de alto contenido social desde finales de la Segunda Guerra Mundial y en mucho contribuyeron a conformar sus Estados de bienestar y su desarrollo socioeconómico. Sin embargo, al tratar estos temas los funcionarios de la OCDE afirman que en nuestro país no hay condiciones favorables para considerarlos.

Llama la atención que ahora en el mundo intervengan en el campo de la salud, cada vez más, los organismos internacionales de carácter financiero o económico; primero el Banco Mundial en 1993, con su informe anual Invertir en Salud, y ahora la OCDE.

Con ello se ha relegado a papeles secundarios a los organismos internacionales sustantivos, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud. Este desplazamiento ha alejado una asesoría de carácter sustantivo que era muy valiosa en el campo de los sistemas de salud.

Se ha relegado a estas organizaciones a funciones insustanciales. La OMS, por ejemplo, se dedica, a difundir advertencias alarmantes, como lo hizo en 2009 con el caso de la gripe porcina y lo hace ahora con el zika, una enfermedad benigna que está restringida a los nichos ecológicos donde puede vegetar el mosco aedes aegypti, su transmisor.

* Gregorio Martínez Narváez es autor del libro Un sistema en busca de salud (FCE, 2013), que contiene un análisis integral del sistema de salud mexicano, efectúa comparaciones con otros sistemas y aporta soluciones estructurales para su mejoramiento y modernización. El prólogo es del doctor José Narro Robles e incluye un comentario final del doctor Guillermo Soberón Acevedo.



Fuente: Proceso
Autor: Gregorio Martínez Narváez
http://www.proceso.com.mx/434766/salud-publica-estudio-insuficiente

Recuerdan a los 43 normalistas a 18 meses de su desaparición

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Cuando se cumple 18 meses de la desaparición de los 43 normalistas, sus padres recordaron la fecha con la siembra de árboles, al tiempo que reiteraron su rechazo a cualquier indemnización o reparación del daño por parte del gobierno federal.

Los familiares de los estudiantes dejaron en claro que no han recibido ni recibirán dinero, pues afirmaron que la única forma de reparar el daño es con la aparición de los jóvenes.

“Nuestros hijos no se venden y no tienen precio”, aseguraron los padres en el acto en el que estuvieron acompañados de activistas y manifestantes en un camellón de Paseo de la Reforma.

“Nosotros no hemos recibido un solo peso del Gobierno (…) porque el amor de un hijo se respeta y no vale todo el dinero del mundo”, dijo María de Jesús Tlatempa, mamá de Eduardo.

Los presentes manifestaron su apoyo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y exigieron su permanencia en el país.

“No vamos a descansar hasta que este grupo concluya su proceso de investigación”, sostuvo Felipe de la Cruz, vocero de los padres.



Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/434817/recuerdan-a-los-43-a-18-meses-desaparicion

Con resultados insuficientes, más de 6 mil maestros de 30 a 40 años

De los 14 mil 545 maestros frente a grupo de prescolar, primaria y secundaria que obtuvieron resultados insuficientes en la evaluación de desempeño, 6 mil 94 tienen entre 30 y 40 años de edad. De ellos, 4 mil 62 son mujeres.

Por rango de edad, 5 mil 54 profesores con resultado insuficiente tienen entre 40 y 50 años, mientras los docentes de 50 a 60 años con este nivel de desempeño suman 2 mil 581. Aquellos con más de 60 años son 269.

De acuerdo con los resultados dados a conocer por la Secretaría de Educación Pública (SEP), los estados con el porcentaje más elevado de educadores que fueron examinados y que deberán someterse a un nuevo proceso de evaluación para garantizar su permanencia en el aula son Sonora, con 28.7 por ciento; Zacatecas, con 27.6; Morelos, con 21.9; Sinaloa, con 21.1, y Nuevo León, con 16.3 por ciento.

Los reportes por entidad revelan que Quintana Roo y Baja California Sur, con un número relativamente pequeño de docentes evaluados (mil 363 y 659, respectivamente), obtuvieron el porcentaje más alto de profesores destacados, con 15 por ciento, frente a una media nacional de 8 por ciento.

Les siguen Colima, con 14.5 por ciento de los 834 docentes convocados para ser evaluados; Yucatán, con 13.9 de los 2 mil 46; Aguascalientes, con 13.4 de un total de mil 330 maestros; la Ciudad de México, con 9.2 por ciento de 7 mil 110 educadores, y el estado de México, con 8.9 por ciento de los 14 mil 244 elegidos para ser evaluados.

En contraste, los estados con el mayor porcentaje de maestros con nivel suficiente –habilidades básicas para su labor educativa– fueron Tabasco y Tamaulipas, con 43.1 por ciento de los docentes que fueron llamados para examinarse. En el primer caso, a escala estatal se convocó a 2 mil 641 maestros y en el segundo a un total de 3 mil 325.

A estos se suma Coahuila, con 42.5 por ciento de los 2 mil 843 educadores examinados en la entidad. Baja California, San Luis Potosí, Puebla y Guanajuato reportaron que casi cuatro de cada 10 maestros (39 por ciento) que acudieron a la evaluación del desempeño obtuvieron calificación suficiente, mientras en Jalisco fue de 38.1 por ciento.


Los estados con el mayor porcentaje de educadores frente a grupo con resultados buenos fueron: Aguascalientes, con 53.4 por ciento; Quintana Roo, con 50.5; Yucatán, con 50.1; Hidalgo y Baja California, con 48 por ciento; y Colima y la Ciudad de México, con 47 por ciento, mientras las entidades con menos de cuatro de cada 10 docentes evaluados en este nivel de desempeño son: Coahuila (39.5), Veracruz (38.0), Jalisco (37.9), San Luis Potosí y Nayarit (36.5), Tlaxcala y Durango (34.7), Querétaro (35.1), Morelos (33.2), Nuevo León y Zacatecas (31.2), así como Sinaloa, con 30.1 por ciento.

De las cuatro entidades (Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero) donde la SEP ha anunciado que aplicará una evaluación extraordinaria de desempeño durante el primer semestre de este año, destacó que de los 18 mil 81 docentes que fueron convocados, sólo se presentaron 6 mil 981, por lo que 11 mil 100 decidieron no participar en este proceso.

De quienes acudieron, 2 mil 447, es decir, 13.5 por ciento, obtuvo resultados insuficientes; 2 mil 493 (13.7 por ciento) se ubicó en habilidades suficientes; con buenos resultados un total de mil 835 (10.1 por ciento) y 206 destacados (1.1 por ciento).

Para la primera evaluación del desempeño docente fueron convocados en Chiapas 2 mil 733 educadores, de los cuales 36.2 por ciento no se presentó; de Guerrero fueron llamados 4 mil 459, pero casi cinco de cada 10 decidieron no asistir (47.6 por ciento); en Michoacán fueron 5 mil 781, pero 78 por ciento no acudió, y en Oaxaca se convocó a 5 mil 108, pero 68 por ciento no se examinó.



Fuente: La Jornada
Autora: Laura Poy Solano
http://www.jornada.unam.mx/2016/03/26/sociedad/028n1soc

En riesgo la producción de maguey en Edomex

Productores de maguey de la región del Valle Teotihuacán demandaron a las autoridades frenar a las bandas dedicadas a extraer de manera indebida la hoja blanca de la penca del maguey para venderla en la elaboración de mixiotes, lo que pone en peligro esta actividad económica.

Raúl Martínez Sevilla, productor del municipio de Nopaltepec y miembro del comisariado ejidal, señaló que recientemente plantearon al secretario de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), Heriberto Ortega, la problemática de extracción de la película de la penca de maguey para vender en las centrales de abasto.

Quitar la hoja blanca pone en malas condiciones a los magueyes, los mata; y además de que se pierde la producción de aguamiel para el pulque, otros derivados también son aniquilados, como los chinicuiles y el gusano blanco. En el primer caso, cada litro de chinicuil cuesta entre 800 y mil pesos y en el segundo, de 600 a 800 pesos.

“Se solicitó apoyo para los rondines de vigilancia, pues el robo de la película ha inhibido la producción, así como se solicitó la compra de unas 5 mil plantas, ya que cada una cuesta entre dos y 25 pesos. El tiempo para que madure y se pueda producir aguamiel es de 10 años, pero antes los ‘desmixioteadores’ actúan y los echan a perder”, apuntó.

Martínez Sevilla destacó que ante esta problemática cada vez hay menos productores en Nopaltepec, y el fenómeno se reproduce en otros municipios de la región del Valle Teotihuacán.

Apuntó que lo que están haciendo los productores es picar el maguey en su tronco cada dos o tres meses; de ese modo se frena el retiro de la película, pero la gente está optando por dedicar sus esfuerzos a la tuna, el nopal, xoconostle o cebada, pues no se puede vigilar y hacer esa tarea, porque son muchos terrenos que se deben cubrir. Dijo que algunos ya no ven futuro en la plantación del maguey, “aunque con la ayuda gubernamental y una legislación adecuada, se podría revertir la situación e impulsar la producción y generar empleos, que es lo que está haciendo falta en la región.

Ortega expresó su confianza en que las autoridades apoyarán las solicitudes que se les formularon y que se brindará mayor seguridad en la zona para combatir a los grupos que atentan contra la conservación del maguey, una planta que forma parte de la tradición nacional y que representa empleos e ingresos para centenares de familias.



Fuente: La Jornada
Autor: Javier Salinas
http://www.jornada.unam.mx/2016/03/26/estados/023n1est

Acumula Colima balaceras y ejecuciones ante un nuevo plan de seguridad

COLIMA, Col. (apro).- La delincuencia organizada no se intimidó frente al reciente anuncio del impulso de una Fuerza de Seguridad Regional en las zonas limítrofes de Colima con Jalisco y Michoacán, por lo que las balaceras y ejecuciones continuaron en esas zonas, particularmente en los municipios de Tecomán, Armería y Manzanillo.

El miércoles 23, el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, encabezó una reunión de seguridad, en donde informó que el Gobierno del Estado atenderá el llamado del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para impulsar la conformación de una Fuerza de Seguridad Regional o Metropolitana.

Ochoa González expuso que por instrucciones del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, de inmediato iniciará el contacto con sus homólogos de los estados de Jalisco y Michoacán, para impulsar a la brevedad la conformación de esta fuerza que permita blindar los límites y cerrarle el paso a la delincuencia.

Entre las acciones a emprender a corto plazo destaca el reforzamiento de los operativos, de manera especial en los municipios en donde se registran mayores tasas de incidencia delictiva, lo anterior luego de los hechos delictivos registrados en los últimos días.

Ese mismo día por la noche fue localizado el cuerpo de un hombre ejecutado, envuelto con una sábana, en el municipio de Manzanillo, colindante con el estado de Jalisco, a la altura del poblado El Colomo, a un costado de la autopista a Colima.

El jueves 24, un grupo de pistoleros atacó a balazos a una familia que viajaba en una camioneta, en un hecho del que resultó muerta una mujer, en la comunidad Cofradía de Juárez, municipio de Armería.

La noche del jueves 24, en el municipio de Tecomán, colindante con el estado de Michoacán, un hombre fue herido de gravedad al salir de su domicilio, al ser atacado con armas de fuego por individuos que se desplazaban a bordo de una camioneta, en la colonia Benito Juárez de esa localidad.

Horas antes, dos hombres habían sido baleados, en hechos diferentes, en las colonias La Floresta y Libertad, de Tecomán.

La primera de las víctimas recibió cuatro impactos de bala en la pierna, mano derecha y hombro, así como una herida superficial en la cabeza, en tanto que el segundo recibió un impacto en la espalda con salida en el abdomen.



Fuente: Proceso
Autor: Pedro Zamora Briseño
http://www.proceso.com.mx/434753/crimen-en-colima-acumula-balaceras-ejecuciones-ante-nuevo-plan-seguridad

Alistan ONG movilizaciones contra la “ley Atenco”

SAN SALVADOR ATENCO, Edomex. (apro).- Por considerarla una “estrategia legaloide y perversa para criminalizar la protesta social”, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) anunció que combatirá la “ley Atenco”.

Ignacio del Valle, dirigente de este movimiento, indicó que su organización no está sorprendida por la promoción y la aprobación de la “Ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México”.

“Es uno de tantos medios que han utilizado para advertir que no nos movilicemos en contra del despojo de la tierra”, denunció luego de señalar que detrás de esta nueva norma se encuentra el Estado, convertido en “títere” de intereses económicos.

“Es aberrante, no tiene una justificación social relacionada con la ley y la justicia. Es un mensaje, una estrategia legaloide para justificar cualquier acto de represión, una amenaza velada y perversa que pretende la criminalización de un derecho”, expuso.

Del Valle Medina, detenido durante los enfrentamientos del 3 y 4 de mayo de 2006 entre pobladores de Texcoco y San Salvador Atenco y la fuerza pública, anticipó una serie de actividades jurídicas y de movilización que el Frente realizará para denunciar y argumentar las razones por las que el pueblo no puede aceptar la imposición de ese instrumento “que atenta contra el derecho legítimo a la protesta y manifestación en defensa de lo que pertenece a nuestra gente”.

Pese a la advertencia ya regulada del uso de la fuerza pública, dijo que a partir del lunes 28 celebrarán diversas actividades públicas para combatir la ley y hacer conciencia de sus alcances, entre ellas ruedas de prensa, foros y hasta marchas: “Estamos en nuestro derecho y no tenemos por qué asumir una actitud sumisa”.

Además, el Frente realiza diversas reuniones con las comunidades y ha emitido un posicionamiento público en el que informa su solicitud al Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero para que realice el estudio pormenorizado de la norma, a fin de conocer sus alcances y determinar las estrategias jurídicas a seguir, en el entendido de que no combatirla abrirá la puerta para que se extienda a todo el país.

A esta lucha, se han sumado, entre otras organizaciones, Administración Autónoma del Agua Potable de Coyotepec AC, Alianza Única del Valle, Apaxco Comunidades por la Vida, Coordinación de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica, Delegación Indígena Otomí San Francisco Magú, Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra San Francisco Xochicuautla, Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra San Lorenzo Huitzizilapan, Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra San Lorenzo Ayotuxco, Frente Popular 9 de Junio en Defensa de los Recursos Naturales AC, Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa-CNTE y el Sistema de Agua Potable de Tecámac AC.

A través de una misiva, estas organizaciones también lamentaron la opacidad de los diputados del Estado de México, pues “ningún partido político se atrevió a hacer pública la iniciativa de ley sino hasta el momento de su aprobación, previo a las vacaciones de Semana Santa”.

“Esta iniciativa se mantuvo en secreto para aspirar, ingenuamente, a que nadie haga nada para hacer contrapeso a dicha ley”, denunciaron.



Fuente: Proceso
Autora: Veneranda Mendoza
http://www.proceso.com.mx/434747/una-docena-ong-alista-movilizaciones-contra-ley-atenco

Otra vez Veracruz: “Levantan” a 4 jóvenes y sospechan de Policía o Ejército

XALAPA, Ver. (apro).- Cuatro hombres fueron “levantados” la madrugada del jueves pasado en distintos eventos en el puerto de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, y este viernes, desesperados por la inacción de las autoridades, familiares de los jóvenes montaron un plantón en la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán.

Fausto Isaac Cruz Aviña, Mario Antonio Ahedo Guillén, Jonatan Eduardo Guillén y Cristian Francisco Hernández desaparecieron la madrugada del jueves, sus familiares sospechan que detrás de estos “levantones” se encuentra la Policía Estatal, la Fuerza Civil o inclusive el Ejército Mexicano.

Unas 15 personas taparon el acceso a la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán, a la altura del puente Calzadas. Con cartulinas tapándose los rostros ante las cámaras fotográficas exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que acelere las diligencias para dar con el paradero, con vida, de sus seres queridos.

Ante reporteros locales, recriminaron que la FGE se ha negado sistemáticamente a recibir sus denuncias penales pues pretextaron esperar a que se cumplan 72 horas para poder hacer diligencias.

Una coincidencia en los cuatro “levantones” es que sus victimarios portaban armas largas, iban encapuchados y se trasladaban en vehículos de lujo sin placas.

“Las características de los vehículos y el modus operandi en cada caso de desaparición son las mismas”, expusieron familiares de los desaparecidos.

Por ejemplo a Cruz Aviña lo sacaron con lujo de violencia del interior de su domicilio en la colonia Petrolera; Mario Ahedo Guillén también fue privado de su libertad del interior de su domicilio.

Mientras que a Eduardo Guillén lo “levantaron” junto con Francisco Fernández en la colonia Playa del Sol.

Como nadie del gobierno de Javier Duarte o de la Fiscalía se ha acercado a dialogar con ellos o a establecer un acuerdo para agilizar las investigaciones, los familiares aseguraron que no levantaran la protesta hasta ver resultados concretos.

Los familiares de los cuatro hombres “levantados” aseguraron que no se conocen entre sí, que fue a raíz del viacrucis en la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos, este viernes, cuando decidieron hacer frente común.



Fuente: Proceso
Autor: Noé Zavaleta
http://www.proceso.com.mx/434761/otra-vez-veracruz-levantan-a-4-jovenes-sospechan-la-policia-estatal