MÉXICO, D.F: Andrés Manuel López Obrador afirmó que todavía es tiempo de rectificar porque no va a prescribir la demanda de aclarar lo sucedido a los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y castigar, sin miramientos, de fueros o jerarquías a los verdaderos responsables.
Durante una gira por Oaxaca, el excandidato presidencial consideró que es increíble que no se conozca la verdad a un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Se entiende que en México impera la impunidad y está quedando de manifiesto que (Enrique) Peña es parte de la red de complicidades y componendas, pero apuestan al olvido, encubrir y no hacer justicia, desgracia a los mexicanos y envilece al régimen”, señaló.
En una asamblea en Bartolomé de Ayautla, López Obrador dijo que no por un error de Gabino Cué, actual gobernador de Oaxaca, se permita el regreso del PRI. Recordó que cuando el priista Ulises Ruiz gobernó la entidad se violaron derechos humanos, hubo desaparecidos, asesinados y mucha gente encarcelada.
Reiteró que ahora quieren imponer a “un junior”, hijo del exgobernador José Murat. “Si esto no es una monarquía donde se hereden cargos, por el presidente Juárez es una República”.
Criticó que cuando Murat gobernó Oaxaca, conoció a lo mucho 200 municipios, de los 570 con los que cuenta el estado. “El hijo seguro conoce como 30 y en una de esas en helicóptero, porque quieren quedar bien”.
Recordó que el ex mandatario priista tiene más de seis mansiones en Estados Unidos —como lo dio a conocer el periódico The New York Times— y sostuvo que Oaxaca merece un mejor destino.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
domingo, 27 de septiembre de 2015
Pide la CNDH a Peña dar “respuesta puntual” a peticiones de los padres
MÉXICO, D.F: La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se sumó a las exigencias para que el presidente Enrique Peña Nieto “dé respuesta puntual” a las peticiones hechas por los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa el jueves 24 de septiembre, en la reunión sostenida en el Museo Tecnológico de la CFE.
El organismo, que preside Raúl González Pérez, también pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) reencauzar la investigación por la desaparición de los jóvenes y sancionar a funcionarios públicos que “no pudieron impedir la complicidad de la delincuencia con algunas autoridades”.
A un año de los ataques a normalistas que derivaron en la muerte de seis personas, 40 heridos y 43 desaparecidos, el ombudsman nacional no ha emitido una recomendación por los hechos.
Luego de difundirse las versiones de padres de las víctimas de que el encuentro del jueves fue ríspido, en un comunicado la CNDH fijó su posición en 12 puntos y destacó que la relación con las víctimas de violaciones a derechos humanos, debe ser “respetuosa y constante (…) en un contexto de dignidad y respeto”, lo que contribuye a la alcanzar “las metas comunes de verdad, justicia y reparación”.
Por ello, “se formula un exhorto al gobierno federal para que dé respuesta puntual a los planteamientos hechos por los padres de los estudiantes desaparecidos, sus representantes y diversas organizaciones sociales, en la carta que entregaron con motivo de la reunión sostenida el pasado 24 de septiembre”, puntualizó el organismo.
“El caso Iguala –se apuntó en el comunicado– es un expediente abierto, cuya investigación continúa, en la cual se debe considerar toda línea sustentada en elementos objetivos y no se dará por concluida hasta que se haya esclarecido el destino de los normalistas desaparecidos y tanto las víctimas, como la sociedad en general, tengan conocimiento de la verdad sobre los hechos acaecidos antes, durante y después del 26 y 27 de septiembre en el estado de Guerrero”.
Alcanzada la verdad, añadió, “se propiciará la reparación del daño a las víctimas, así como que los responsables de tales actos respondan de los mismos ante las autoridades competentes y reciban la sanción que corresponda conforme a derecho”.
Al señalar que mientras no se conozca con certeza el destino de los desaparecidos, el caso Iguala seguirá abierto, recomendó “efectuar una revisión integral del expediente integrado por la PGR, a efecto de detectar omisiones o irregularidades”, que después tendrán que ser investigadas y sancionadas.
En un comunicado, la CNDH pidió a la dependencia encabezada por Arely Gómez retomar las observaciones que hizo el propio organismo en julio pasado, en el documento “Estado de la Investigación del Caso Iguala”, así como las formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Puntualizó que es inadmisible la impunidad en este caso, sino que por el contrario “la investigación debe volverse un referente sobre el compromiso y capacidades del Estado y de la sociedad mexicana con la justicia y el respeto de la dignidad humana”.
Estimó que “recuperar la credibilidad de la sociedad en sus instituciones requiere, entre otras cosas, que las autoridades competentes den una respuesta a la debida demanda de justicia y de verdad”.
Para el organismo, el esclarecimiento del caso “sólo se logrará con los elementos concretos que se desprendan de una investigación científica y exhaustiva de los hechos, que adminicule todos los elementos probatorios que obren en el expediente mediante un análisis integral, lógico y objetivo de los mismos”.
Añadió que “los rumores, suposiciones infundadas y especulaciones, además de confundir a la opinión pública, desvirtúan las investigaciones, propiciando la demora en la conclusión de las mismas y que los hechos permanezcan impunes”.
Recomendó “dar transparencia, certidumbre y continuidad a la investigación que lleva a cabo la PGR, con independencia de las decisiones administrativas o burocráticas”, sin que ello afecte o dilate las conclusiones.
Al puntualizar que “la voluntad política expresada a favor de la verdad y la justicia debe encontrar expresión en avances concretos y objetivos de la investigación”, la CNDH pidió reconocer que “las estructuras estatales no pudieron impedir la complicidad de la delincuencia con algunas autoridades, y a la fecha no han podido deslindar las responsabilidades correspondientes ni que todos los que participaron en los hechos sean consignados”.
El organismo exigió a las autoridades federales reconocer el derecho de las víctimas a la participación de sus representantes como coadyuvantes en la investigación, para transparentar y enriquecer la indagatoria, considerando que los “expertos que acudan en apoyo cuenten con la confianza de las víctimas”.
Considerando que “la verdad en este caso es una”, el organismo hizo un llamado a quienes realizan investigaciones en torno a la desaparición de los jóvenes, a garantizar el derecho a la verdad como “prioridad jurídica, histórica, ética y de trascendencia para la dignidad nacional”.
Tras señalar que es necesario “impedir el uso político de estos hechos, así como evitar cualquier distorsión” que derive en la contaminación de la investigación, el organismo hizo un llamado a “dejar de lado descalificaciones”, sumar esfuerzos en la realización de una investigación “con el rigor, objetividad, responsabilidad y profesionalismo que el caso requiere”.
Al señalar que la CNDH continuará con su investigación y estará pendiente de las acciones que lleven a cabo las autoridades, consideró que “la verdad, la justicia y la reparación no pueden subordinarse a ningún tipo de interés o prioridad diversa”, insistió en que “los hechos de Iguala deben ser el parteaguas que nos lleve a renovar el compromiso que, como autoridades y sociedad, tenemos en favor del respeto a la dignidad humana y la vigencia del Estado de Derecho”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
El organismo, que preside Raúl González Pérez, también pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) reencauzar la investigación por la desaparición de los jóvenes y sancionar a funcionarios públicos que “no pudieron impedir la complicidad de la delincuencia con algunas autoridades”.
A un año de los ataques a normalistas que derivaron en la muerte de seis personas, 40 heridos y 43 desaparecidos, el ombudsman nacional no ha emitido una recomendación por los hechos.
Luego de difundirse las versiones de padres de las víctimas de que el encuentro del jueves fue ríspido, en un comunicado la CNDH fijó su posición en 12 puntos y destacó que la relación con las víctimas de violaciones a derechos humanos, debe ser “respetuosa y constante (…) en un contexto de dignidad y respeto”, lo que contribuye a la alcanzar “las metas comunes de verdad, justicia y reparación”.
Por ello, “se formula un exhorto al gobierno federal para que dé respuesta puntual a los planteamientos hechos por los padres de los estudiantes desaparecidos, sus representantes y diversas organizaciones sociales, en la carta que entregaron con motivo de la reunión sostenida el pasado 24 de septiembre”, puntualizó el organismo.
“El caso Iguala –se apuntó en el comunicado– es un expediente abierto, cuya investigación continúa, en la cual se debe considerar toda línea sustentada en elementos objetivos y no se dará por concluida hasta que se haya esclarecido el destino de los normalistas desaparecidos y tanto las víctimas, como la sociedad en general, tengan conocimiento de la verdad sobre los hechos acaecidos antes, durante y después del 26 y 27 de septiembre en el estado de Guerrero”.
Alcanzada la verdad, añadió, “se propiciará la reparación del daño a las víctimas, así como que los responsables de tales actos respondan de los mismos ante las autoridades competentes y reciban la sanción que corresponda conforme a derecho”.
Al señalar que mientras no se conozca con certeza el destino de los desaparecidos, el caso Iguala seguirá abierto, recomendó “efectuar una revisión integral del expediente integrado por la PGR, a efecto de detectar omisiones o irregularidades”, que después tendrán que ser investigadas y sancionadas.
En un comunicado, la CNDH pidió a la dependencia encabezada por Arely Gómez retomar las observaciones que hizo el propio organismo en julio pasado, en el documento “Estado de la Investigación del Caso Iguala”, así como las formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Puntualizó que es inadmisible la impunidad en este caso, sino que por el contrario “la investigación debe volverse un referente sobre el compromiso y capacidades del Estado y de la sociedad mexicana con la justicia y el respeto de la dignidad humana”.
Estimó que “recuperar la credibilidad de la sociedad en sus instituciones requiere, entre otras cosas, que las autoridades competentes den una respuesta a la debida demanda de justicia y de verdad”.
Para el organismo, el esclarecimiento del caso “sólo se logrará con los elementos concretos que se desprendan de una investigación científica y exhaustiva de los hechos, que adminicule todos los elementos probatorios que obren en el expediente mediante un análisis integral, lógico y objetivo de los mismos”.
Añadió que “los rumores, suposiciones infundadas y especulaciones, además de confundir a la opinión pública, desvirtúan las investigaciones, propiciando la demora en la conclusión de las mismas y que los hechos permanezcan impunes”.
Recomendó “dar transparencia, certidumbre y continuidad a la investigación que lleva a cabo la PGR, con independencia de las decisiones administrativas o burocráticas”, sin que ello afecte o dilate las conclusiones.
Al puntualizar que “la voluntad política expresada a favor de la verdad y la justicia debe encontrar expresión en avances concretos y objetivos de la investigación”, la CNDH pidió reconocer que “las estructuras estatales no pudieron impedir la complicidad de la delincuencia con algunas autoridades, y a la fecha no han podido deslindar las responsabilidades correspondientes ni que todos los que participaron en los hechos sean consignados”.
El organismo exigió a las autoridades federales reconocer el derecho de las víctimas a la participación de sus representantes como coadyuvantes en la investigación, para transparentar y enriquecer la indagatoria, considerando que los “expertos que acudan en apoyo cuenten con la confianza de las víctimas”.
Considerando que “la verdad en este caso es una”, el organismo hizo un llamado a quienes realizan investigaciones en torno a la desaparición de los jóvenes, a garantizar el derecho a la verdad como “prioridad jurídica, histórica, ética y de trascendencia para la dignidad nacional”.
Tras señalar que es necesario “impedir el uso político de estos hechos, así como evitar cualquier distorsión” que derive en la contaminación de la investigación, el organismo hizo un llamado a “dejar de lado descalificaciones”, sumar esfuerzos en la realización de una investigación “con el rigor, objetividad, responsabilidad y profesionalismo que el caso requiere”.
Al señalar que la CNDH continuará con su investigación y estará pendiente de las acciones que lleven a cabo las autoridades, consideró que “la verdad, la justicia y la reparación no pueden subordinarse a ningún tipo de interés o prioridad diversa”, insistió en que “los hechos de Iguala deben ser el parteaguas que nos lleve a renovar el compromiso que, como autoridades y sociedad, tenemos en favor del respeto a la dignidad humana y la vigencia del Estado de Derecho”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
GDF cede organización total de la consulta para Corredor Chapultepec al IEDF
El Director General de la Agencia de Inversión Social y Desarrollo para la Ciudad de México (ProCDMX), Simón Levy, publicó que por instrucciones del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se suspendía la actividad gubernamental en la consulta, porque "no se puede ser juez y parte".
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) anunció que ya no organizará la consulta ciudadana para la construcción del proyecto Corredor Cultural Chapultepec y sólo observará y actuará según lo considere el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) quien se encargará exclusivamente de realizar este ejercicio.
El Director General de la Agencia de Inversión Social y Desarrollo para la Ciudad de México (ProCDMX), Simón Levy, publicó que por instrucciones del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se suspendía la actividad gubernamental en la consulta, porque “no se puede ser juez y parte“.
“Para que sea un proceso ejemplar, para que el Gobierno de la Ciudad de México no interceda ni en la metodología ni en la realización de las preguntas, ni en la metodología del propio proceso, sino que, formalmente, como lo mandata la ley, pueda el IEDF realizar este proceso inédito”, informó Levy.
Desde que se anunció el proyecto, vecinos de Chapultepec se manifestaron en contra: afirman que el corredor es una “simulación de un parque elevado que transforma la vía pública en un centro comercial” y que “pretende privatizar la ciudad para beneficio de unos pocos”.
Los ciudadanos critican que resulta “contradictorio” que se desee unir las colonias Roma y Juárez con un segundo piso, pues “en realidad las separará con concreto y con la obligación a quienes por ahí pasen de cruzar un centro comercial”.
Apenas el pasado lunes 21 de septiembre, la organización Greenpeace pidió a Mancera reconsiderar el proyecto y rediseñarlo desde cero, “incluyendo la derogación del decreto de necesidad y la participación ciudadana desde el inicio del proceso y no a la mitad del mismo”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) anunció que ya no organizará la consulta ciudadana para la construcción del proyecto Corredor Cultural Chapultepec y sólo observará y actuará según lo considere el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) quien se encargará exclusivamente de realizar este ejercicio.
El Director General de la Agencia de Inversión Social y Desarrollo para la Ciudad de México (ProCDMX), Simón Levy, publicó que por instrucciones del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se suspendía la actividad gubernamental en la consulta, porque “no se puede ser juez y parte“.
Por instrucciones del #JefeDeGob @ManceraMiguelMX informamos que el ejercicio cívico de @ProCDMX p el @CCChapultepec se cancela,— Simon Levy (@SimonLevyMx) septiembre 27, 2015Aún cuando ya se tenían contempladas las tres preguntas para la consulta de los vecinos, el funcionario informó que será el IEDF quien las establezca, así como un nuevo cambio de fecha, pues se pretende realizarla el próximo 18 de octubre, según un reporte del diario Reforma.
“Para que sea un proceso ejemplar, para que el Gobierno de la Ciudad de México no interceda ni en la metodología ni en la realización de las preguntas, ni en la metodología del propio proceso, sino que, formalmente, como lo mandata la ley, pueda el IEDF realizar este proceso inédito”, informó Levy.
Desde que se anunció el proyecto, vecinos de Chapultepec se manifestaron en contra: afirman que el corredor es una “simulación de un parque elevado que transforma la vía pública en un centro comercial” y que “pretende privatizar la ciudad para beneficio de unos pocos”.
Los ciudadanos critican que resulta “contradictorio” que se desee unir las colonias Roma y Juárez con un segundo piso, pues “en realidad las separará con concreto y con la obligación a quienes por ahí pasen de cruzar un centro comercial”.
Apenas el pasado lunes 21 de septiembre, la organización Greenpeace pidió a Mancera reconsiderar el proyecto y rediseñarlo desde cero, “incluyendo la derogación del decreto de necesidad y la participación ciudadana desde el inicio del proceso y no a la mitad del mismo”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN
A un año de Ayotzinapa, padres convocan a nueva asamblea general
La Asamblea General Popular se realizará el próximo 16 de octubre en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa; al final de la manifestación, autoridades capitalinas no reportaron personas detenidas.
A un año de la desaparición de 43 estudiantes, los padres de las víctimas convocaron a una Asamblea General Popular, para el próximo 16 de octubre, en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, donde definirán el plan de acción para los próximos meses.
“No venimos a llorar ni a dar lástima, estamos aquí para exigir justicia”, señaló uno de los líderes estudiantiles de Ayotzinapa, durante el mitin realizado la tarde de este sábado 26 de septiembre en el Zócalo del Distrito Federal, luego de más de cuatro horas de marcha.
“Es impresionante ver lo grande del corazón del pueblo mexicano, la gente, aún con sus problemas, tiene espacio en sus corazones para nuestros 43 hijos”, señalaron los padres al llegar templete, donde hicieron un llamado a mantener la paz de la marcha y responsabilizaron al gobierno de los actos violentos, ya que grupos de personas con el rostro cubierto atacaron comercios ubicados a la altura de Paseo de la Reforma y Juárez.
Además, otro grupo de personas con el rostro cubierto lanzó petardos y bolas de pintura contra la sede del Senado de la República, en Insurgentes y Reforma; sin embargo no se reportaron personas detenidas ni lesionados.
Otro de los padres de Ayotzinapa, Epifanio Álvarez, agradeció el apoyo de la gente: “Aquí estamos de pie, si nos van a matar, daremos la cara, nuestros hijos son inocentes, luchamos por ellos y por los miles de desaparecidos. Gracias a todos los que siguen de pie, mojándose, apoyándonos”, dijo.
Al final de la manifestación, el Gobierno del Distrito Federal dio a conocer que 15 mil personas participaron en la marcha y que 18 mil personas estuvieron durante el mitin.
La manifestación comenzó alrededor de las 12:30 horas de este sábado, cuando padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, así como estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sindicatos, organizaciones civiles comenzaron a marchar sobre Avenida Paseo de la Reforma.
“Aquí estamos los 43 padres con el dolor de un año de no saber qué está pasando con ellos. Vean bien las caras de las madres y padres, seguimos de pie. Arranca la marcha por los 43 hijos, arranca la marcha, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, dijo Mario César González, uno de los padres de los normalistas desaparecidos, quien dio inicio a la manifestación.
Al comienzo de la marcha, el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, señaló que ellos “han caminado 365 días para decirle al mundo que este crimen no quedara impune. Hoy camina el pueblo junto con los padres de familia para decirle a Enrique Peña Nieto que con sus seis puntos no nos va a engañar”.
Horas más tarde, en un mitin realizado en el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli, Melitón Ortega señaló que los padres de Ayotzinapa le exigen al presidente Peña Nieto que “agote todas las líneas de investigación y se castigue a los responsables.
“Hoy no podemos quedarnos callados, hoy entramos a una nueva etapa de lucha. Solicitamos a la prensa que siga difundiendo nuestro mensaje”, dijo.
Este sábado se cumplió un año del ataque contra normalistas de Ayotzinapa, ocurrido la noche entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), l os normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero.
“Se puede concluir que los normalistas fueron detenidos, asesinados e incinerados en Cocula”, dijo el entonces procurador Jesús Murillo Karam, en una conferencia de prensa realizada el 27 de enero de este año.
Sin embargo, un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) establece que “los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula”, pues para quemar por completo 43 cuerpos se habría necesitado 30 mil kilos de madera, 13 mil kilos de neumáticos y que el fuego producido hubiera durado 60 horas, lo que habría producido una cantidad de humo que debió ser percibido a varios kilómetros a la redonda.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
A un año de la desaparición de 43 estudiantes, los padres de las víctimas convocaron a una Asamblea General Popular, para el próximo 16 de octubre, en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, donde definirán el plan de acción para los próximos meses.
“No venimos a llorar ni a dar lástima, estamos aquí para exigir justicia”, señaló uno de los líderes estudiantiles de Ayotzinapa, durante el mitin realizado la tarde de este sábado 26 de septiembre en el Zócalo del Distrito Federal, luego de más de cuatro horas de marcha.
“Es impresionante ver lo grande del corazón del pueblo mexicano, la gente, aún con sus problemas, tiene espacio en sus corazones para nuestros 43 hijos”, señalaron los padres al llegar templete, donde hicieron un llamado a mantener la paz de la marcha y responsabilizaron al gobierno de los actos violentos, ya que grupos de personas con el rostro cubierto atacaron comercios ubicados a la altura de Paseo de la Reforma y Juárez.
Además, otro grupo de personas con el rostro cubierto lanzó petardos y bolas de pintura contra la sede del Senado de la República, en Insurgentes y Reforma; sin embargo no se reportaron personas detenidas ni lesionados.
Otro de los padres de Ayotzinapa, Epifanio Álvarez, agradeció el apoyo de la gente: “Aquí estamos de pie, si nos van a matar, daremos la cara, nuestros hijos son inocentes, luchamos por ellos y por los miles de desaparecidos. Gracias a todos los que siguen de pie, mojándose, apoyándonos”, dijo.
Al final de la manifestación, el Gobierno del Distrito Federal dio a conocer que 15 mil personas participaron en la marcha y que 18 mil personas estuvieron durante el mitin.
La manifestación comenzó alrededor de las 12:30 horas de este sábado, cuando padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, así como estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sindicatos, organizaciones civiles comenzaron a marchar sobre Avenida Paseo de la Reforma.
“Aquí estamos los 43 padres con el dolor de un año de no saber qué está pasando con ellos. Vean bien las caras de las madres y padres, seguimos de pie. Arranca la marcha por los 43 hijos, arranca la marcha, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, dijo Mario César González, uno de los padres de los normalistas desaparecidos, quien dio inicio a la manifestación.
Al comienzo de la marcha, el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, señaló que ellos “han caminado 365 días para decirle al mundo que este crimen no quedara impune. Hoy camina el pueblo junto con los padres de familia para decirle a Enrique Peña Nieto que con sus seis puntos no nos va a engañar”.
Horas más tarde, en un mitin realizado en el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli, Melitón Ortega señaló que los padres de Ayotzinapa le exigen al presidente Peña Nieto que “agote todas las líneas de investigación y se castigue a los responsables.
“Hoy no podemos quedarnos callados, hoy entramos a una nueva etapa de lucha. Solicitamos a la prensa que siga difundiendo nuestro mensaje”, dijo.
Este sábado se cumplió un año del ataque contra normalistas de Ayotzinapa, ocurrido la noche entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), l os normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero.
“Se puede concluir que los normalistas fueron detenidos, asesinados e incinerados en Cocula”, dijo el entonces procurador Jesús Murillo Karam, en una conferencia de prensa realizada el 27 de enero de este año.
Sin embargo, un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) establece que “los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula”, pues para quemar por completo 43 cuerpos se habría necesitado 30 mil kilos de madera, 13 mil kilos de neumáticos y que el fuego producido hubiera durado 60 horas, lo que habría producido una cantidad de humo que debió ser percibido a varios kilómetros a la redonda.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
Madres de desaparecidos ganan premio en Suecia… No acuden por falta de recursos
Bruselas: El taller de retratos que imparte en Monterrey el artista plástico Damián Ontiveros a familiares de desaparecidos fue seleccionado para participar en el Stockholm Fringe Festival (Stoff), que tendrá lugar del 21 al 25 de octubre próximo en la capital sueca.
Sin embargo, Ontiveros informó a Apro que se vio obligado a declinar la invitación sueca por falta de recursos económicos para poder solventar el viaje a Europa. Así lo comunicó al festival el pasado lunes 21.
El Stoff no asume los gastos de transportación y hospedaje. Su apoyo se limita a difundir el trabajo de los artistas y a pagar la renta de los seis diferentes lugares en los que se presentarán los proyectos invitados (cuyo costo oscila entre 2 mil y 4 mil euros por noche cada sitio).
La invitación a los mexicanos consistía en que un grupo de tres mujeres que participó en el taller de retratos dibujara durante tres horas diarias –los cinco días que dura el festival– los rostros de algunos asistentes, tal como lo ha hecho con los de sus hijos y familiares desaparecidos. Ese ejercicio suele provocar fuertes emociones.
Ontiveros comentó a esta agencia que solicitó el apoyo financiero de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Pero la primera institución le contestó que no disponía de fondos y la segunda consideró que su proyecto no tenía impacto social y sólo lo beneficiaba a él, por lo que también le negó ayuda económica.
La embajada de México en Suecia se comprometió a apoyar al artista con 600 euros, pero eso corresponde apenas a 7.5% del presupuesto que él estima necesario para cubrir la totalidad de los gastos (150 mil pesos o casi 8 mil euros), que incluyen la compra de cuatro boletos de avión, el alojamiento y la alimentación durante siete días en Estocolmo, una ciudad cara en Europa.
“Sería terrible que las autoridades mexicanas no vieran el valor del proyecto y no lo apoyaran; sería muy triste”, dijo a Apro el fundador y codirector del Stoff, Adam Potrykus, cuando hace dos semanas se enteró de la posibilidad de que el proyecto mexicano no pudiera acudir a Estocolmo.
Ontiveros intentó en vano vender obra suya para recolectar fondos suficientes y poder realizar el viaje a Suecia. Para el gobierno –explica– es un tema “inconveniente” y para la iniciativa privada es uno “sensible”.
Ahora que declinó la invitación, el artista sólo enviará un video que muestra el trabajo del taller para que sea proyectado durante el festival. “Pero –lamenta– la fuerza del proyecto, el cara a cara con el público, se perderá”.
Visibilizar el problema
Potrykus explicó que “los proyectos artísticos que se presentan en el Stoff reflejan los temas que importan en el mundo. El proyecto de Ontiveros refleja, desde nuestro punto de vista, un asunto importante, interesante y, por supuesto, muy trágico de la realidad de México”.
Continúa: “Es maravillosa la forma en que el proyecto mexicano nos cuenta historias conmovedoras, capaces de transportar a la audiencia muy lejos. La manera de trabajar del taller es fabulosa”. Potrykus consideraba “una fortuna” contar con la presencia de madres mexicanas de desaparecidos en su festival.
El taller de retratos fue creado por Ontiveros con el apoyo de Jesús González, integrante de la organización civil Fuerzas unidas por nuestros desaparecidos en Nuevo León (Fundenl).
En 2012, Ontiveros ya había realizado un taller con esposas e hijos de soldados, a quienes considera una nueva clase vulnerable a la violencia a la que se debe ofrecer apoyo.
Inspirado en el proyecto de Fundenl, Bordando por la Paz (pañuelos bordados con textos y dibujos dedicados a desaparecidos y otras víctimas de la violencia en México), el taller comenzó con 12 participantes poco antes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
“Fue una desafortunada coincidencia”, señala el artista.
El objetivo del taller, narra, fue desde el principio crear una plataforma para visibilizar el problema de los desaparecidos y, en paralelo, mostrar el trabajo resultante en festivales internacionales de video experimental para “tratar de avergonzar a los políticos mexicanos de la tragedia que está ocurriendo en México y que es su culpa”.
Pero también Ontiveros se planteó el taller como un espacio para generar, a través de las artes plásticas, un momento de “catarsis y depuración” que ayudara emocionalmente a los familiares de los desaparecidos. En el fondo, la idea, explica Ontiveros, es conformar “pequeñas comunidades” que “fracturen los elementos naturales de dominación del poder: la violencia, la pobreza, la educación”.
“No soy activista, pero me parece muy doloroso e injusto permitir que estas cosas (las desapariciones) sigan sucediendo. No he tenido la desgracia de tener un desaparecido en mi familia, pero como ciudadano me siento en el deber de visibilizar el problema: veo que hay una gran separación entre aquellos que ya les pasó algo y a quienes todavía no”, declara el artista plástico.
Catarsis
En el taller las mujeres recibieron un curso básico de dibujo, en donde aprendieron a identificar los elementos del retrato. Dibujaron los rostros de sus hijos “cientos de veces” con papel calca, refiere Ontiveros, y luego tomaron un curso de creación literaria con el escritor regiomontano Paulino Ordoñez, tras lo cual pudieron añadir texto a sus obras.
Ontiveros creó una animación, en el que encimó a las bocas de los desaparecidos retratados las de sus familiares, que narran los recuerdos que tienen de ellos pero en tiempo presente, como si nunca hubieran partido.
El taller –que duró en total dos meses con sesiones semanales de dos horas– finalizó en un acto artístico titulado Son: microespacios de estética comunitaria, que se celebró el 11 de diciembre en la Galería Alternativa Once de Monterrey.
Durante ese evento se expuso el trabajo del taller y las cinco participantes que quedaron del grupo inicial de 12 dibujaron ahí mismo, cara a cara, los rostros del público, a quienes después regalaban sus retratos.
El evento causó gran emoción. “Fue tremendo, muy energético. Hubo mucha empatía con el público. Acabamos abrazados y llorando”, recuerda Ontiveros.
Las imágenes de esa presentación fueron las que impactaron a Potrykus, quien enfatiza que el tema de los derechos humanos ha sido siempre una preocupación de su festival.
El Stoff –cuya primera edición se celebró en 2010 y que recibe subvenciones de la ciudad y del gobierno federal—es un festival que estimula los trabajos innovadores y experimentales, especialmente en teatro, performance e instalación.
Potrykus expone que el festival suele jugar un papel político por el simple hecho de que muchas de las obras que se presentan son de ese corte. “Creo que es importante llevar esas problemáticas a la luz pública”, dice.
–¿En Suecia están al tanto de la crisis de derechos humanos que vive México?
–No somos expertos de los que pasa en su país. Sabemos lo que sucede a través de los medios de comunicación. Pero consideramos que las historias que narra Ontiveros en su proyecto son muy conmovedoras y emotivas. El proyecto es lo suficientemente bueno para haber sido seleccionado entre los cientos que nos llegaron provenientes de 53 países”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCO APPEL (REPORTAJE ESPECIAL).
Sin embargo, Ontiveros informó a Apro que se vio obligado a declinar la invitación sueca por falta de recursos económicos para poder solventar el viaje a Europa. Así lo comunicó al festival el pasado lunes 21.
El Stoff no asume los gastos de transportación y hospedaje. Su apoyo se limita a difundir el trabajo de los artistas y a pagar la renta de los seis diferentes lugares en los que se presentarán los proyectos invitados (cuyo costo oscila entre 2 mil y 4 mil euros por noche cada sitio).
La invitación a los mexicanos consistía en que un grupo de tres mujeres que participó en el taller de retratos dibujara durante tres horas diarias –los cinco días que dura el festival– los rostros de algunos asistentes, tal como lo ha hecho con los de sus hijos y familiares desaparecidos. Ese ejercicio suele provocar fuertes emociones.
Ontiveros comentó a esta agencia que solicitó el apoyo financiero de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Pero la primera institución le contestó que no disponía de fondos y la segunda consideró que su proyecto no tenía impacto social y sólo lo beneficiaba a él, por lo que también le negó ayuda económica.
La embajada de México en Suecia se comprometió a apoyar al artista con 600 euros, pero eso corresponde apenas a 7.5% del presupuesto que él estima necesario para cubrir la totalidad de los gastos (150 mil pesos o casi 8 mil euros), que incluyen la compra de cuatro boletos de avión, el alojamiento y la alimentación durante siete días en Estocolmo, una ciudad cara en Europa.
“Sería terrible que las autoridades mexicanas no vieran el valor del proyecto y no lo apoyaran; sería muy triste”, dijo a Apro el fundador y codirector del Stoff, Adam Potrykus, cuando hace dos semanas se enteró de la posibilidad de que el proyecto mexicano no pudiera acudir a Estocolmo.
Ontiveros intentó en vano vender obra suya para recolectar fondos suficientes y poder realizar el viaje a Suecia. Para el gobierno –explica– es un tema “inconveniente” y para la iniciativa privada es uno “sensible”.
Ahora que declinó la invitación, el artista sólo enviará un video que muestra el trabajo del taller para que sea proyectado durante el festival. “Pero –lamenta– la fuerza del proyecto, el cara a cara con el público, se perderá”.
Visibilizar el problema
Potrykus explicó que “los proyectos artísticos que se presentan en el Stoff reflejan los temas que importan en el mundo. El proyecto de Ontiveros refleja, desde nuestro punto de vista, un asunto importante, interesante y, por supuesto, muy trágico de la realidad de México”.
Continúa: “Es maravillosa la forma en que el proyecto mexicano nos cuenta historias conmovedoras, capaces de transportar a la audiencia muy lejos. La manera de trabajar del taller es fabulosa”. Potrykus consideraba “una fortuna” contar con la presencia de madres mexicanas de desaparecidos en su festival.
El taller de retratos fue creado por Ontiveros con el apoyo de Jesús González, integrante de la organización civil Fuerzas unidas por nuestros desaparecidos en Nuevo León (Fundenl).
En 2012, Ontiveros ya había realizado un taller con esposas e hijos de soldados, a quienes considera una nueva clase vulnerable a la violencia a la que se debe ofrecer apoyo.
Inspirado en el proyecto de Fundenl, Bordando por la Paz (pañuelos bordados con textos y dibujos dedicados a desaparecidos y otras víctimas de la violencia en México), el taller comenzó con 12 participantes poco antes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
“Fue una desafortunada coincidencia”, señala el artista.
El objetivo del taller, narra, fue desde el principio crear una plataforma para visibilizar el problema de los desaparecidos y, en paralelo, mostrar el trabajo resultante en festivales internacionales de video experimental para “tratar de avergonzar a los políticos mexicanos de la tragedia que está ocurriendo en México y que es su culpa”.
Pero también Ontiveros se planteó el taller como un espacio para generar, a través de las artes plásticas, un momento de “catarsis y depuración” que ayudara emocionalmente a los familiares de los desaparecidos. En el fondo, la idea, explica Ontiveros, es conformar “pequeñas comunidades” que “fracturen los elementos naturales de dominación del poder: la violencia, la pobreza, la educación”.
“No soy activista, pero me parece muy doloroso e injusto permitir que estas cosas (las desapariciones) sigan sucediendo. No he tenido la desgracia de tener un desaparecido en mi familia, pero como ciudadano me siento en el deber de visibilizar el problema: veo que hay una gran separación entre aquellos que ya les pasó algo y a quienes todavía no”, declara el artista plástico.
Catarsis
En el taller las mujeres recibieron un curso básico de dibujo, en donde aprendieron a identificar los elementos del retrato. Dibujaron los rostros de sus hijos “cientos de veces” con papel calca, refiere Ontiveros, y luego tomaron un curso de creación literaria con el escritor regiomontano Paulino Ordoñez, tras lo cual pudieron añadir texto a sus obras.
Ontiveros creó una animación, en el que encimó a las bocas de los desaparecidos retratados las de sus familiares, que narran los recuerdos que tienen de ellos pero en tiempo presente, como si nunca hubieran partido.
El taller –que duró en total dos meses con sesiones semanales de dos horas– finalizó en un acto artístico titulado Son: microespacios de estética comunitaria, que se celebró el 11 de diciembre en la Galería Alternativa Once de Monterrey.
Durante ese evento se expuso el trabajo del taller y las cinco participantes que quedaron del grupo inicial de 12 dibujaron ahí mismo, cara a cara, los rostros del público, a quienes después regalaban sus retratos.
El evento causó gran emoción. “Fue tremendo, muy energético. Hubo mucha empatía con el público. Acabamos abrazados y llorando”, recuerda Ontiveros.
Las imágenes de esa presentación fueron las que impactaron a Potrykus, quien enfatiza que el tema de los derechos humanos ha sido siempre una preocupación de su festival.
El Stoff –cuya primera edición se celebró en 2010 y que recibe subvenciones de la ciudad y del gobierno federal—es un festival que estimula los trabajos innovadores y experimentales, especialmente en teatro, performance e instalación.
Potrykus expone que el festival suele jugar un papel político por el simple hecho de que muchas de las obras que se presentan son de ese corte. “Creo que es importante llevar esas problemáticas a la luz pública”, dice.
–¿En Suecia están al tanto de la crisis de derechos humanos que vive México?
–No somos expertos de los que pasa en su país. Sabemos lo que sucede a través de los medios de comunicación. Pero consideramos que las historias que narra Ontiveros en su proyecto son muy conmovedoras y emotivas. El proyecto es lo suficientemente bueno para haber sido seleccionado entre los cientos que nos llegaron provenientes de 53 países”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCO APPEL (REPORTAJE ESPECIAL).
Congresistas de EU piden extraditar a exgobernadores de Tamaulipas
MÉXICO, D.F: Los congresistas federales de EU, Filemón Vela y Michael McCaul, solicitaron al Departamento de Estado acelerar el proceso para que Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, exgobernadores de Tamaulipas, sean extraditados a Estados Unidos.
En una carta enviada el jueves pasado al secretario de Estado, John Kerry y a la procuradora de Justicia, Loretta Lynch, los legisladores consideran necesario llevar a los exmandatarios ante la justicia estadounidense para que sean enjuiciados por los supuestos delitos que han cometido, que incluyen lavado de dinero y narcotráfico, entre otros.
“Estos dos exgobernadores del estado de Tamaulipas en México son acusados de ser personajes clave en empresas criminales que impactan en forma negativa en nuestras comunidades en ambos lados de la frontera“, indica la petición.
Señala que las agencias de justicia federal dedican sus recursos materiales y humanos para investigar acusaciones de fraude, corrupción, tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos.
“Como resultado de estas investigaciones se han emitido órdenes de detención contra estos dos hombres”.
“Traer a Tomás Yarrington y Eugenio Hernández debe ser una prioridad e instamos a acelerar su extradición”, dice la carta.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
En una carta enviada el jueves pasado al secretario de Estado, John Kerry y a la procuradora de Justicia, Loretta Lynch, los legisladores consideran necesario llevar a los exmandatarios ante la justicia estadounidense para que sean enjuiciados por los supuestos delitos que han cometido, que incluyen lavado de dinero y narcotráfico, entre otros.
“Estos dos exgobernadores del estado de Tamaulipas en México son acusados de ser personajes clave en empresas criminales que impactan en forma negativa en nuestras comunidades en ambos lados de la frontera“, indica la petición.
Señala que las agencias de justicia federal dedican sus recursos materiales y humanos para investigar acusaciones de fraude, corrupción, tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos.
“Como resultado de estas investigaciones se han emitido órdenes de detención contra estos dos hombres”.
“Traer a Tomás Yarrington y Eugenio Hernández debe ser una prioridad e instamos a acelerar su extradición”, dice la carta.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Los gobiernos los tienen marginados, dicen familiares de jugadores de Los Avispones atacados en Iguala
Demandan información de las investigaciones, castigo a los responsables y reparación del daño. Padres de los futbolistas han sido víctimas de hostigamiento, amenazas y extorsión de desconocidos porque se piensa que los gobiernos les dieron recursos millonarios.
Víctimas y familiares de los integrantes del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, que fueron atacados la noche del 27 de septiembre del 2014 en el crucero de Santa Teresa en la entrada de Iguala, denunciaron que los gobiernos estatal y federal no han cumplido los apoyos que les prometieron, y que los tienen marginados en comparación con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
En conferencia de prensa dijeron que a cuatro días de que se cumpla un año de esos ataques, en los que fueron asesinados un integrante del equipo y el chofer del autobús que los transportaba, una mujer y tres normalistas, los familiares demandaron el “esclarecimiento de la verdad”, información de las investigaciones, castigo a los responsables y reparación del daño.
Se quejaron de que lejos de encontrar justicia y la ayuda que les prometieron, algunos de los padres de los futbolistas han sido víctimas de hostigamiento, amenazas y extorsión de desconocidos, al grado que han tenido que sacar del estado a sus hijos.
A las 4:30 de la tarde de ayer algunos de los jóvenes del equipo de futbol y sus familiares, ofrecieron una conferencia de prensa en la pozolería La Flor más Bella, en Chilpancingo, encabezados por Roberta Evangelista Hernández, madre de David Josué García Evangelista, el joven que falleció durante el ataque.
Denunciaron que a diferencia de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que han sido recibidos constantemente por funcionarios federales y una vez por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ellos se encuentran relegados y marginados.
En la lona que colgaron atrás de la mesa del presidum se leía: “A un año de la masacre los olvidados de la noche trágica de Iguala. Club de Futbol Avispones de Chilpancingo”.
La noche del 26 de septiembre, tras el primer ataque a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala, hombres armados también dispararon contra el camión que trasladaba de regreso a Chilpancingo a los jugadores de los Avispones, y a automovilistas que pasaron por el lugar en la carretera Iguala-Chilpancingo, en el crucero de Santa Teresa.
Allí murieron el jugador David Josué García Evangelista y el chofer Víctor Manuel Lugo Ortiz. También falleció en ese mismo punto la pasajera de un taxi, Blanca Montiel Sánchez.
Como resultado de la balacera hubo otras 13 personas heridas: Enrique Hernández Carranza chofer de un taxi, Norma Angélica Rendón Chávez familiar de un futbolista, Hermenegildo Morales Cortés agente del Ministerio Público.
Fátima Viridiana Bahena Peña maestra, Alfredo Ramírez García secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), Francisco Xavier Medina Bello futbolista, Luis Ángel Torreblanca futbolista, Félix Pérez Pérez futbolista, Carlos Adame Flores miembro del cuerpo técnico del equipo, Pedro Rentería Lujano miembro del cuerpo técnico del equipo, Jorge León Saénz miembro del cuerpo técnico del equipo y Facundo Serrano Urióstegui también miembro del cuerpo técnico.
Ayer a nombre de los futbolistas y de los familiares, Carmen López Salgado leyó un comunicado de prensa en el que piden una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto y reclaman, “esclarecimiento de la verdad e información sobre la situación actual de las investigaciones del ataque, justicia y castigo a los responsable y reparación del daño a las víctimas directas e indirectas”.
Mediante el escrito piden al presidente Peña Nieto, “atención personalizada a los jugadores, cuerpo técnico y padres de familia, para que se haga justicia y se aclaren los hechos que costaron la vida a personas inocentes”.
Subrayan que después de ese día, “nada ha sido igual para nuestras familias”, y que para que los jugadores, equipo técnico y sus familiares puedan recuperarse del dolor y retomar sus vidas, Peña Nieto debe hacerse responsable de la salud, la integridad física, y asegurar un mejor futuro para los jugadores “que vieron esa pesadilla”.
Demandan audiencia con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez para que les informe del avance de las investigaciones de ese organismo, “ya que desconocemos la situación real”, dice el escrito.
En el documento subrayan que han actuado de manera pacífica esperando la atención del gobierno federal, sin resultado alguno, y denuncian que la indiferencia de las autoridades ha provocado que surjan personas ajenas a estos hechos “que están lucrando con el dolor de las familias, junto con la complicidad y el beneplácito de las mismas autoridades que les siguen abriendo las puertas, mientras que a las verdaderas víctimas las dejan de lado en espera de una atención que no ha llegado”.
A la hora de las preguntas, sin embargo, evitaron decir nombres de estas personas que se han aprovechado del caso, pero Leonel Fons Falcón, uno de los padres, denunció que como consecuencia de estas personas que han lucrado con el caso, “hay personas que dicen que hemos recibido millones de pesos”, con lo cual, se quejó, “sólo nos ponen en riesgo”.
Otro de los padres informó que debido a esa situación, ha sufrido en los últimos seis meses dos asaltos y dos llamadas telefónicas para extorsionarlo, por lo que ha tenido que sacar a su hijo fuera del estado. Agregó que por lo menos otros tres o cuatro muchachos han salido del estado por la misma causa.
Agregó que la realidad es que no han recibido apoyo de los gobiernos federal ni estatal, más que una beca de estudios del gobierno federal en cuya normatividad se establece que si dejan de estudiar o se inscriben en una escuela particular la pierden.
Mientras tanto, el ahora gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero les entregó otra beca deportiva, pero denunciaron que el actual gobernador Rogelio Ortega Martínez “la maneja como un apoyo económico”.
Otro padre dijo que desconoce si este apoyo estatal lo seguirán recibiendo con el próximo gobernador, Héctor Astudillo Flores.
Denunció que el fideicomiso que anunció Ortega Martínez para garantizar los estudios superiores a los futbolistas no funcionó, y que el camión que les entregó no reúne las condiciones que requieren los futbolistas, por lo que le solicitaron que se los cambiara y no han tenido respuesta.
Por su parte, la madre de David Josué García, Roberta Evangelista aseguró que sólo recibió del gobierno los gastos funerarios.
A su vez, Carmen López Falcón declaró que seguramente han sido marginados por las autoridades porque no han recurrido a las acciones que han realizado los padres de los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos y los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, “nosotros hemos actuado de manera diferente, seguramente por eso nos tienen olvidados y marginados”.
FUENTE: EL SUR.
AUTOR: ZACARÍAS CERVANTES.
Víctimas y familiares de los integrantes del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, que fueron atacados la noche del 27 de septiembre del 2014 en el crucero de Santa Teresa en la entrada de Iguala, denunciaron que los gobiernos estatal y federal no han cumplido los apoyos que les prometieron, y que los tienen marginados en comparación con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
En conferencia de prensa dijeron que a cuatro días de que se cumpla un año de esos ataques, en los que fueron asesinados un integrante del equipo y el chofer del autobús que los transportaba, una mujer y tres normalistas, los familiares demandaron el “esclarecimiento de la verdad”, información de las investigaciones, castigo a los responsables y reparación del daño.
Se quejaron de que lejos de encontrar justicia y la ayuda que les prometieron, algunos de los padres de los futbolistas han sido víctimas de hostigamiento, amenazas y extorsión de desconocidos, al grado que han tenido que sacar del estado a sus hijos.
A las 4:30 de la tarde de ayer algunos de los jóvenes del equipo de futbol y sus familiares, ofrecieron una conferencia de prensa en la pozolería La Flor más Bella, en Chilpancingo, encabezados por Roberta Evangelista Hernández, madre de David Josué García Evangelista, el joven que falleció durante el ataque.
Denunciaron que a diferencia de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que han sido recibidos constantemente por funcionarios federales y una vez por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ellos se encuentran relegados y marginados.
En la lona que colgaron atrás de la mesa del presidum se leía: “A un año de la masacre los olvidados de la noche trágica de Iguala. Club de Futbol Avispones de Chilpancingo”.
La noche del 26 de septiembre, tras el primer ataque a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala, hombres armados también dispararon contra el camión que trasladaba de regreso a Chilpancingo a los jugadores de los Avispones, y a automovilistas que pasaron por el lugar en la carretera Iguala-Chilpancingo, en el crucero de Santa Teresa.
Allí murieron el jugador David Josué García Evangelista y el chofer Víctor Manuel Lugo Ortiz. También falleció en ese mismo punto la pasajera de un taxi, Blanca Montiel Sánchez.
Como resultado de la balacera hubo otras 13 personas heridas: Enrique Hernández Carranza chofer de un taxi, Norma Angélica Rendón Chávez familiar de un futbolista, Hermenegildo Morales Cortés agente del Ministerio Público.
Fátima Viridiana Bahena Peña maestra, Alfredo Ramírez García secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), Francisco Xavier Medina Bello futbolista, Luis Ángel Torreblanca futbolista, Félix Pérez Pérez futbolista, Carlos Adame Flores miembro del cuerpo técnico del equipo, Pedro Rentería Lujano miembro del cuerpo técnico del equipo, Jorge León Saénz miembro del cuerpo técnico del equipo y Facundo Serrano Urióstegui también miembro del cuerpo técnico.
Ayer a nombre de los futbolistas y de los familiares, Carmen López Salgado leyó un comunicado de prensa en el que piden una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto y reclaman, “esclarecimiento de la verdad e información sobre la situación actual de las investigaciones del ataque, justicia y castigo a los responsable y reparación del daño a las víctimas directas e indirectas”.
Mediante el escrito piden al presidente Peña Nieto, “atención personalizada a los jugadores, cuerpo técnico y padres de familia, para que se haga justicia y se aclaren los hechos que costaron la vida a personas inocentes”.
Subrayan que después de ese día, “nada ha sido igual para nuestras familias”, y que para que los jugadores, equipo técnico y sus familiares puedan recuperarse del dolor y retomar sus vidas, Peña Nieto debe hacerse responsable de la salud, la integridad física, y asegurar un mejor futuro para los jugadores “que vieron esa pesadilla”.
Demandan audiencia con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez para que les informe del avance de las investigaciones de ese organismo, “ya que desconocemos la situación real”, dice el escrito.
En el documento subrayan que han actuado de manera pacífica esperando la atención del gobierno federal, sin resultado alguno, y denuncian que la indiferencia de las autoridades ha provocado que surjan personas ajenas a estos hechos “que están lucrando con el dolor de las familias, junto con la complicidad y el beneplácito de las mismas autoridades que les siguen abriendo las puertas, mientras que a las verdaderas víctimas las dejan de lado en espera de una atención que no ha llegado”.
A la hora de las preguntas, sin embargo, evitaron decir nombres de estas personas que se han aprovechado del caso, pero Leonel Fons Falcón, uno de los padres, denunció que como consecuencia de estas personas que han lucrado con el caso, “hay personas que dicen que hemos recibido millones de pesos”, con lo cual, se quejó, “sólo nos ponen en riesgo”.
Otro de los padres informó que debido a esa situación, ha sufrido en los últimos seis meses dos asaltos y dos llamadas telefónicas para extorsionarlo, por lo que ha tenido que sacar a su hijo fuera del estado. Agregó que por lo menos otros tres o cuatro muchachos han salido del estado por la misma causa.
Agregó que la realidad es que no han recibido apoyo de los gobiernos federal ni estatal, más que una beca de estudios del gobierno federal en cuya normatividad se establece que si dejan de estudiar o se inscriben en una escuela particular la pierden.
Mientras tanto, el ahora gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero les entregó otra beca deportiva, pero denunciaron que el actual gobernador Rogelio Ortega Martínez “la maneja como un apoyo económico”.
Otro padre dijo que desconoce si este apoyo estatal lo seguirán recibiendo con el próximo gobernador, Héctor Astudillo Flores.
Denunció que el fideicomiso que anunció Ortega Martínez para garantizar los estudios superiores a los futbolistas no funcionó, y que el camión que les entregó no reúne las condiciones que requieren los futbolistas, por lo que le solicitaron que se los cambiara y no han tenido respuesta.
Por su parte, la madre de David Josué García, Roberta Evangelista aseguró que sólo recibió del gobierno los gastos funerarios.
A su vez, Carmen López Falcón declaró que seguramente han sido marginados por las autoridades porque no han recurrido a las acciones que han realizado los padres de los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos y los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, “nosotros hemos actuado de manera diferente, seguramente por eso nos tienen olvidados y marginados”.
FUENTE: EL SUR.
AUTOR: ZACARÍAS CERVANTES.
Enviarán a la Universidad de Innsbruck más restos tomados del basurero de Cocula
Peritos de la PGR elegirán las muestras junto con especialistas argentinos.
El próximo mes la Procuraduría General de la República (PGR) enviará a la Universidad de Innsbruck, en Austria, nuevas muestras de restos óseos para que sean analizados, con la intención de que se identifique a más normalistas que pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula.
Los especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) trabajarán de manera coordinada con los peritos de la PGR y seleccionarán las muestras que serán enviadas a la universidad austriaca.
Esta vez los peritos nacionales y argentinos analizarán y determinarán de común acuerdo cuáles restos, de entre más de 63 mil fragmentos recuperados en la zona del basurero y el río de Cocula, serán sometidos a análisis genéticos.
En días pasados la procuradora Arely Gómez González instruyó al personal de Servicios Periciales para que integre un equipo de trabajo conformado por médicos, antropólogos y genetistas, a los que se sumarán miembros del EAAF y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que uno a uno sean revisados y evaluados nuevamente los más de 63 mil fragmentos óseos.
De acuerdo con información proporcionada por funcionarios de la PGR, estas piezas óseas serán sometidas a las mismas pruebas que los fragmentos que permitieron identificar a Alexander Mora Venancio, en diciembre de 2014.
Actualmente los peritos de la Universidad de Innsbruck continúan trabajando en la identificación de la procedencia biológica de otros 16 restos óseos que habían preservado material genético sin degradar.
Posterior a la prueba de ADN nuclear, se realizó un segundo análisis de ADN mitocondrial, del cual no se obtuvo elemento que permitiera la identificación de un perfil genético, por ello fue necesaria la utilización de otras técnicas de investigación que llevaron meses de trabajo en el laboratorio, pero que permitieron identificar a Jhosivani Guerrero de la Cruz.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO GARCÍA.
El próximo mes la Procuraduría General de la República (PGR) enviará a la Universidad de Innsbruck, en Austria, nuevas muestras de restos óseos para que sean analizados, con la intención de que se identifique a más normalistas que pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula.
Los especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) trabajarán de manera coordinada con los peritos de la PGR y seleccionarán las muestras que serán enviadas a la universidad austriaca.
Esta vez los peritos nacionales y argentinos analizarán y determinarán de común acuerdo cuáles restos, de entre más de 63 mil fragmentos recuperados en la zona del basurero y el río de Cocula, serán sometidos a análisis genéticos.
En días pasados la procuradora Arely Gómez González instruyó al personal de Servicios Periciales para que integre un equipo de trabajo conformado por médicos, antropólogos y genetistas, a los que se sumarán miembros del EAAF y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que uno a uno sean revisados y evaluados nuevamente los más de 63 mil fragmentos óseos.
De acuerdo con información proporcionada por funcionarios de la PGR, estas piezas óseas serán sometidas a las mismas pruebas que los fragmentos que permitieron identificar a Alexander Mora Venancio, en diciembre de 2014.
Actualmente los peritos de la Universidad de Innsbruck continúan trabajando en la identificación de la procedencia biológica de otros 16 restos óseos que habían preservado material genético sin degradar.
Posterior a la prueba de ADN nuclear, se realizó un segundo análisis de ADN mitocondrial, del cual no se obtuvo elemento que permitiera la identificación de un perfil genético, por ello fue necesaria la utilización de otras técnicas de investigación que llevaron meses de trabajo en el laboratorio, pero que permitieron identificar a Jhosivani Guerrero de la Cruz.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO GARCÍA.
La hora de la UNAM: Alcocer, Graue y Ruiz, en busca de la rectoría
La Universidad Nacional Autónoma de México tendrá un nuevo rector a más tardar el 17 de noviembre próximo. Al elegido le tocarán los comicios presidenciales de 2018 y será central a la hora de delinear la postura de la máxima casa de estudios del país respecto de las recientes reformas estructurales -cuyos efectos ya habrán comenzado a sentirse-, el vínculo entre la vida académica y laboral, y la proyección de la universidad hacia el exterior. Proceso presenta entrevistas, en estricto orden alfabético, con tres aspirantes al cargo, representantes de sendas corrientes al interior de la UNAM. El ejercicio cobra importancia debido a que en estos días corre el periodo para que la comunidad universitaria exprese sus opiniones y preferencias.
MÉXICO, D.F: Hasta hace un par de meses subsecretario de Estado y secretario general de la UNAM en el periodo 2007-2011, Sergio Alcocer Martínez de Castro es señalado como el candidato oficial, preferido de Enrique Peña Nieto y José Narro Robles, para dirigir la máxima casa de estudios del país.
Él rechaza esa presunción y asegura que quiere ser rector porque la comunidad de la universidad así se lo ha pedido.
Dice que la UNAM pasa por un gran momento y que el doctor José Narro “ha hecho un magnifico trabajo en los últimos ocho años”.
El mayor obstáculo que tiene Enrique Graue Wiechers para dirigir a la UNAM es su mayor fortaleza: ha dedicado 37 años de su vida a la docencia en la Facultad de Medicina, de la que ha sido director los últimos ocho, por lo cual se inscribe en el grupo de “los médicos”, que han ocupado la rectoría las últimas cuatro administraciones.
También reconoce la labor de Narro al frente de la UNAM, pero cree que aún hay mucho por mejorar en educación e investigación.
Y a Rosaura Ruiz Gutiérrez se le ha ubicado como la candidata de la “izquierda”. Particularmente se le vincula con Andrés Manuel López Obrador, a quien apoyó abiertamente durante el proceso electoral del 2012, por “representar el único proyecto que garantiza los derechos de las mujeres”.
Sin embargo, ataja: “se me quiere encajonar como candidata de la izquierda y yo creo que eso es un error. La universidad es plural y yo respeto la pluralidad”.
(Fragmentos de las entrevistas que se publican en la edición 2030 de la revista Proceso, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SANTIAGO IGARTÚA.
MÉXICO, D.F: Hasta hace un par de meses subsecretario de Estado y secretario general de la UNAM en el periodo 2007-2011, Sergio Alcocer Martínez de Castro es señalado como el candidato oficial, preferido de Enrique Peña Nieto y José Narro Robles, para dirigir la máxima casa de estudios del país.
Él rechaza esa presunción y asegura que quiere ser rector porque la comunidad de la universidad así se lo ha pedido.
Dice que la UNAM pasa por un gran momento y que el doctor José Narro “ha hecho un magnifico trabajo en los últimos ocho años”.
El mayor obstáculo que tiene Enrique Graue Wiechers para dirigir a la UNAM es su mayor fortaleza: ha dedicado 37 años de su vida a la docencia en la Facultad de Medicina, de la que ha sido director los últimos ocho, por lo cual se inscribe en el grupo de “los médicos”, que han ocupado la rectoría las últimas cuatro administraciones.
También reconoce la labor de Narro al frente de la UNAM, pero cree que aún hay mucho por mejorar en educación e investigación.
Y a Rosaura Ruiz Gutiérrez se le ha ubicado como la candidata de la “izquierda”. Particularmente se le vincula con Andrés Manuel López Obrador, a quien apoyó abiertamente durante el proceso electoral del 2012, por “representar el único proyecto que garantiza los derechos de las mujeres”.
Sin embargo, ataja: “se me quiere encajonar como candidata de la izquierda y yo creo que eso es un error. La universidad es plural y yo respeto la pluralidad”.
(Fragmentos de las entrevistas que se publican en la edición 2030 de la revista Proceso, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SANTIAGO IGARTÚA.
Condenan a 520 años a tres implicados en caso Heaven
México, DF. Un juez condenó a 520 años de prisión a tres presuntos responsables del secuestro de 13 jóvenes en el bar Heaven de la ciudad de México y su posterior asesinato en 2013, informó este domingo la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
A Ernesto Espinosa y José de Jesús Carmona, ambos socios del bar, y al presunto sicario Víctor Manuel Torres, se les acusó penalmente del secuestro y asesinato de los chicos, que fueron raptados a plena luz del día el 26 de mayo de 2013 de ese bar de la Zona Rosa ubicado a unos metros de una sede policial.
"Con los elementos de prueba suficientes recabados por la policía de investigación, el ministerio público (...) logró que el juez resolviera imponerles, además de la pena individual de 520 años de prisión, multa de 5 millones 51 mil 280 pesos a cada uno", dijo la PGJDF en un comunicado.
Sin embargo, la dependencia señaló que la causa penal contra otra docena de involucrados en el caso sigue abierta.
Los cadáveres de los 13 jóvenes, la mayoría residentes del barrio de Tepito, fueron encontrados tres meses después de su secuestro -luego de fuertes protestas de sus familiares- en una fosa clandestina cavada en un racho de una localidad aledaña a la ciudad de México.
Según las investigaciones, el crimen habría sido una represalia por el homicidio de un vendedor de drogas al por menor cometido pocos días antes en otro bar de la ciudad de México.
La capital mexicana quedó sacudida por el "caso Heaven", que puso en entredicho la imagen supuestamente ajena de la ciudad a la violencia que se vive en otras regiones del país por las pugnas entre los poderosos cárteles narcotraficantes.
Fuente: La Jornada
Autor: AFP
El Estado está ausente, paralizado
El magistrado español Carlos Castresana se dice preocupado por la crisis de derechos humanos por la que atraviesa México, pero sobre todo porque, afirma, en este escenario de violencia e inseguridad el Estado parece ausente, paralizado. A diferencia de otras naciones de Latinoamérica –como Colombia o Guatemala, donde la movilización ciudadana coadyuvó a la caída del presidente Otto Pérez Molina–, el Estado mexicano no sabe qué hacer y eso, advierte, puede llevar al país a la ingobernabilidad. “Ya no es tiempo de palabras, sino de hechos”, advierte quien llevó a juicio al exdictador Augusto Pinochet.
MÉXICO, D.F: Detrás de la crisis de los derechos humanos en México está la ausencia del Estado, sostiene el magistrado español Carlos Castresana, y pone como ejemplo la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, a manos de uniformados locales en complicidad con el crimen organizado.
Consultor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para temas de justicia e impunidad y exintegrante de la comisión internacional para la justicia en Guatemala, a Castresana le preocupa que el Estado mexicano no dé una respuesta a esta crisis como lo exige la sociedad. Advierte que si ésta no se resuelve con reformas judiciales de gran calado y el compromiso de los actores políticos, podría generarse una situación de ingobernabilidad y una explosión social de graves consecuencias.
Conocedor de la realidad del país desde 1996, Castresana insiste: en México el problema es la ausencia del Estado. Y esa es la diferencia con países en los cuales ha habido una situación similar de violencia, como Colombia, donde a pesar de una larga crisis de 50 años el Estado siempre estuvo presente.
“En Colombia –dice– nunca faltó el Estado. En México la crisis de derechos humanos pasa por la ausencia del Estado”. Y aclara: “No se trata de un Estado fallido o carente de recursos. Simplemente está ausente. No quiere (actuar) o no sabe cómo hacerlo.
“Esa es la parte más preocupante del problema visto desde afuera: un Estado que está paralizado, incapaz de dar respuesta a la legítima demanda de justicia de los ciudadanos.”
Refiere que una de las causas de la violencia exacerbada en México es el fracaso de la transición a la democracia durante los 12 años de gobierno del PAN. Vicente Fox, puntualiza, no quiso crear una comisión de la verdad para investigar los crímenes del Estado durante el régimen del PRI, y optó sólo por una fiscalía –la que encabezó Ignacio Carrillo Prieto–, mientras que Felipe Calderón optó más por el uso de la violencia institucional para combatir al narcotráfico.
“El 2000, que significó el fin del régimen del PRI y la llegada de Vicente Fox, concitó muchas esperanzas de un cambio y no lo hizo en las instituciones. No hubo una reforma a fondo en las Fuerzas Armadas, ni en las policías ni en el sistema general de justicia.
“No se hizo y ahora se están pagando las consecuencias de un sistema anticuado, que no está al día, que no responde a las necesidades de los ciudadanos y que no es capaz de solucionar y poner fin a esas situaciones gravísimas de violaciones de los derechos humanos mediante una administración de justicia pronta, eficiente y transparente.”
–Esta violencia que vemos ahora ¿es la expresión más clara del fracaso de la transición a la democracia?
–Yo creo que no hay ninguna duda que la decisión de Fox fue equivocada al crear una fiscalía y no una comisión de la verdad. En todos los países donde tenemos referentes es al revés: primero se hace una comisión de la verdad, se esclarecen los hechos y luego, sobre la base de ese esclarecimiento histórico, se hace justicia. En Colombia primero han acordado la creación de la Comisión de la Verdad y luego la del mecanismo de justicia. Eso debería haberse hecho en México.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2030, ya en circulación)
FUENTE. PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS
MÉXICO, D.F: Detrás de la crisis de los derechos humanos en México está la ausencia del Estado, sostiene el magistrado español Carlos Castresana, y pone como ejemplo la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, a manos de uniformados locales en complicidad con el crimen organizado.
Consultor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para temas de justicia e impunidad y exintegrante de la comisión internacional para la justicia en Guatemala, a Castresana le preocupa que el Estado mexicano no dé una respuesta a esta crisis como lo exige la sociedad. Advierte que si ésta no se resuelve con reformas judiciales de gran calado y el compromiso de los actores políticos, podría generarse una situación de ingobernabilidad y una explosión social de graves consecuencias.
Conocedor de la realidad del país desde 1996, Castresana insiste: en México el problema es la ausencia del Estado. Y esa es la diferencia con países en los cuales ha habido una situación similar de violencia, como Colombia, donde a pesar de una larga crisis de 50 años el Estado siempre estuvo presente.
“En Colombia –dice– nunca faltó el Estado. En México la crisis de derechos humanos pasa por la ausencia del Estado”. Y aclara: “No se trata de un Estado fallido o carente de recursos. Simplemente está ausente. No quiere (actuar) o no sabe cómo hacerlo.
“Esa es la parte más preocupante del problema visto desde afuera: un Estado que está paralizado, incapaz de dar respuesta a la legítima demanda de justicia de los ciudadanos.”
Refiere que una de las causas de la violencia exacerbada en México es el fracaso de la transición a la democracia durante los 12 años de gobierno del PAN. Vicente Fox, puntualiza, no quiso crear una comisión de la verdad para investigar los crímenes del Estado durante el régimen del PRI, y optó sólo por una fiscalía –la que encabezó Ignacio Carrillo Prieto–, mientras que Felipe Calderón optó más por el uso de la violencia institucional para combatir al narcotráfico.
“El 2000, que significó el fin del régimen del PRI y la llegada de Vicente Fox, concitó muchas esperanzas de un cambio y no lo hizo en las instituciones. No hubo una reforma a fondo en las Fuerzas Armadas, ni en las policías ni en el sistema general de justicia.
“No se hizo y ahora se están pagando las consecuencias de un sistema anticuado, que no está al día, que no responde a las necesidades de los ciudadanos y que no es capaz de solucionar y poner fin a esas situaciones gravísimas de violaciones de los derechos humanos mediante una administración de justicia pronta, eficiente y transparente.”
–Esta violencia que vemos ahora ¿es la expresión más clara del fracaso de la transición a la democracia?
–Yo creo que no hay ninguna duda que la decisión de Fox fue equivocada al crear una fiscalía y no una comisión de la verdad. En todos los países donde tenemos referentes es al revés: primero se hace una comisión de la verdad, se esclarecen los hechos y luego, sobre la base de ese esclarecimiento histórico, se hace justicia. En Colombia primero han acordado la creación de la Comisión de la Verdad y luego la del mecanismo de justicia. Eso debería haberse hecho en México.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2030, ya en circulación)
FUENTE. PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS
Intocables, los amigos de Osorio Chong ante fuga de ‘El Chapo’
Tras la segunda fuga de El Chapo Guzmán, ocurrida en julio último, el aparato de justicia actuó rápidamente para castigar a los presuntos cómplices del narcotraficante evadido, pero hasta cierto punto, pues sólo fueron detenidos servidores públicos de menor jerarquía. Y pese a que el sistema carcelario federal está en manos de funcionarios de más alto nivel, ninguno de ellos ha sido llamado a cuentas. Comparten una característica: pertenecen al círculo cercano del secretario de Gobernación.
MÉXICO, D.F: El castigo por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán ha recaído en los internos del penal del Altiplano y en exfuncionarios ajenos al entorno del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pese a que el sistema carcelario federal está en manos de quienes han sido estrechos colaboradores de éste, desde su época como gobernador de Hidalgo. Hasta ahora ninguno de ellos ha sido llamado a cuentas.
El control de este grupo llega hasta la Secretaría de Función Pública (SFP), donde ya había denuncias sobre lo que ocurría en esa prisión desde semanas antes de la evasión del sinaloense.
El régimen carcelario ha empeorado en el penal del Altiplano. El endurecimiento se ha centrado en quienes fueron vecinos de Guzmán Loera en el área de Tratamientos Especiales y han declarado ante la Procuraduría General de la República (PGR) lo que vieron y escucharon en los días previos a la fuga del Chapo, el 11 de julio pasado.
El vecino más próximo fue Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, lugarteniente de Los Zetas, organización rival del Cártel de Sinaloa. Tamaulipeco, Nájera falleció el lunes 7 dentro del penal por causas aún no confirmadas oficialmente, pero que la familia atribuye a envenenamiento.
“En las últimas semanas se quejó de la comida. Llevaba días sintiéndose mal, con vómitos, diarrea y dolor de cabeza. A las 5:30 se empezó a quejar y hasta una hora después, personal carcelario lo recogió del piso y lo llevó al servicio médico. En el pasillo todavía pudo levantar la mano para despedirse de los internos de las otras celdas. A las 7:40 fue declarado clínicamente muerto. Tardaron dos días en entregar el cuerpo y hasta ahora no se sabe con exactitud qué pasó”, dicen personas cercanas a otros internos, quienes hablaron a condición del anonimato.
Refieren que las complicaciones para el exjefe operativo zeta comenzaron después de su declaración, de más de cuatro horas, en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la PGR, sobre la fuga de El Chapo.
Empezó el hostigamiento. Se le abrieron cuatro procesos disciplinarios que él estaba combatiendo legalmente porque implicaban aislamiento de 76 días por cada uno, además de suspensión de la visita íntima y hasta restricción para ir al área de locutorios. Se pretendía incomunicarlo.
En estrados se corroboró la existencia de cuatro amparos interpuestos desde principios de agosto por Talamantes: el 1067/2015, el 1072/2015, el 1157/2015 y el 1250/2015, en los juzgados Primero y Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca.
Talamantes no fue el único que declaró ante la SEIDO sobre lo advertido por los reos en los días previos a la fuga, como los trabajos de impermeabilización en la azotea, que se hicieron sólo en el área de la celda 20, la de Guzmán. Esa labor se hizo en plena temporada de lluvias.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2030, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JJORGE CARRASCO ARAIZAGA.
MÉXICO, D.F: El castigo por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán ha recaído en los internos del penal del Altiplano y en exfuncionarios ajenos al entorno del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pese a que el sistema carcelario federal está en manos de quienes han sido estrechos colaboradores de éste, desde su época como gobernador de Hidalgo. Hasta ahora ninguno de ellos ha sido llamado a cuentas.
El control de este grupo llega hasta la Secretaría de Función Pública (SFP), donde ya había denuncias sobre lo que ocurría en esa prisión desde semanas antes de la evasión del sinaloense.
El régimen carcelario ha empeorado en el penal del Altiplano. El endurecimiento se ha centrado en quienes fueron vecinos de Guzmán Loera en el área de Tratamientos Especiales y han declarado ante la Procuraduría General de la República (PGR) lo que vieron y escucharon en los días previos a la fuga del Chapo, el 11 de julio pasado.
El vecino más próximo fue Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, lugarteniente de Los Zetas, organización rival del Cártel de Sinaloa. Tamaulipeco, Nájera falleció el lunes 7 dentro del penal por causas aún no confirmadas oficialmente, pero que la familia atribuye a envenenamiento.
“En las últimas semanas se quejó de la comida. Llevaba días sintiéndose mal, con vómitos, diarrea y dolor de cabeza. A las 5:30 se empezó a quejar y hasta una hora después, personal carcelario lo recogió del piso y lo llevó al servicio médico. En el pasillo todavía pudo levantar la mano para despedirse de los internos de las otras celdas. A las 7:40 fue declarado clínicamente muerto. Tardaron dos días en entregar el cuerpo y hasta ahora no se sabe con exactitud qué pasó”, dicen personas cercanas a otros internos, quienes hablaron a condición del anonimato.
Refieren que las complicaciones para el exjefe operativo zeta comenzaron después de su declaración, de más de cuatro horas, en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la PGR, sobre la fuga de El Chapo.
Empezó el hostigamiento. Se le abrieron cuatro procesos disciplinarios que él estaba combatiendo legalmente porque implicaban aislamiento de 76 días por cada uno, además de suspensión de la visita íntima y hasta restricción para ir al área de locutorios. Se pretendía incomunicarlo.
En estrados se corroboró la existencia de cuatro amparos interpuestos desde principios de agosto por Talamantes: el 1067/2015, el 1072/2015, el 1157/2015 y el 1250/2015, en los juzgados Primero y Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca.
Talamantes no fue el único que declaró ante la SEIDO sobre lo advertido por los reos en los días previos a la fuga, como los trabajos de impermeabilización en la azotea, que se hicieron sólo en el área de la celda 20, la de Guzmán. Esa labor se hizo en plena temporada de lluvias.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2030, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JJORGE CARRASCO ARAIZAGA.
Javier Duarte rompe con los Yunes priístas; los manda a pescar "otros peces más gordos"
Ante miles de cenecistas, el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa envió un claro mensaje a los dos senadores y aspirantes de su partido a la gubernatura, Héctor Yunes Landa y José Yunes Zorrilla.
Utilizando el cumpleaños número 57 de Yunes Landa, el mandatario estatal lo mencionó en los amplios saludos que acostumbra hacer antes de sus discursos, argumentando su afición a la pesca, tomó una caña de pescar y se la entregó al legislador.
“Me permito regalarle al senador, esta caña de pescar, para que pesque esos peces gordos que busca y le recomiendo, aquí, muy cerquita de aquí en el estero, hay unos peces gordos muy importantes que puede pescar con esta caña”, expresó el mandatario estatal seguido de los vitores de los asistentes y las caras de asombro de los políticos que lo acompañaban en el templete.
Utilizando el cumpleaños número 57 de Yunes Landa, el mandatario estatal lo mencionó en los amplios saludos que acostumbra hacer antes de sus discursos, argumentando su afición a la pesca, tomó una caña de pescar y se la entregó al legislador.
“Me permito regalarle al senador, esta caña de pescar, para que pesque esos peces gordos que busca y le recomiendo, aquí, muy cerquita de aquí en el estero, hay unos peces gordos muy importantes que puede pescar con esta caña”, expresó el mandatario estatal seguido de los vitores de los asistentes y las caras de asombro de los políticos que lo acompañaban en el templete.
Se tiene que recorrer las calles para exigir la verdad de los 43 desaparecidos: Normalistas
“Ni frutsis ni pingüinos, somos estudiantes” retumbó durante la marcha de normalistas, universitarios, organizaciones no gubernamentales al conmemorarse un año de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Más de 3 mil personas se unieron a lo que se denominó “Acción Global por Ayotzinapa”, y marcharon desde la escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” hasta la Plaza Lerdo donde a lo largo del trayecto lanzaron consignas contra el gobierno federal y estatal, así como exigir la aparición con vida de los 43 de Ayotzinapa.
A pesar de la llovizna, decidieron sumarse a la principal petición: la verdad sobre lo ocurrido aquella noche de 26 de septiembre en Iguala, Guerrero “porque no queremos la verdad independiente, la verdad oficial y mucho menos la verdad histórica”.
Aunque apenas hace un par de días el gobernador Javier Duarte de Ochoa instruyó que no hubiera presencia de policías, sí se alcanzaron a observar algunos informadores políticos mejor conocidos como políticos.
Fuera de este hecho, la marcha se realizó en completa calma y con participación de organizaciones como Recive, Lavida y el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, así como normalistas y estudiantes de la Universidad Veracruzana.
Durante el mitin realizado en la plaza Lerdo se resaltó que Xalapa se sumó a la Acción Global por Ayotzinapa con tal de demandar en primer lugar la aparición de los 43 estudiantes normalistas.
Dentro de las protestas no sólo se reprochó al gobierno federal por la desaparición de los estudiantes, sino que no ha tenido interés alguno por aclarar este hecho.
Gobierno ha fallado
El gobierno federal ha fallado en esclarecer la artera desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y eso ha generado un despertar de la conciencia no sólo de los estudiantes sino de la sociedad en general, señaló el director de la Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, Fidel Hernández Fernández, al ser entrevistado previo a la marcha de este sábado realizada en conmemoración de los 43 desaparecidos.
El maestro aseguró que este crimen de lesa humanidad no debe quedar impune y se debe exigir que se llegue a la verdad histórica y no lo que han dicho las autoridades, que según expresó, demuestra que no fue ni verdadera ni certera.
Con respecto al panorama estatal, Hernández Fernández dijo que los maestros luchan no sólo por la educación, sino por todos porque la ciudadanía debe unirse a la exigencia para el esclarecimiento de este caso sin precedentes.
Además, precisó que las marchas a las que ha convocado la Normal Veracruzana nunca han sido violentas ni se ha generado hechos de violencia, por lo que el aviso de las autoridades estatales en el sentido de que no presenciaría la marcha personal de la Secretaría de Seguridad Pública no tiene ninguna razón.
Queremos la verdad: normalistas
La exigencia de la verdad en el caso de los normalistas desaparecidos en Guerrero tiene que ser a gritos porque las autoridades tienen oídos sordos y se niega a oír la exigencia de justicia de la sociedad, señaló el profesor integrante del Sindicato Normalista de Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SNTEV), José Luis Martínez.
Alertó que el gobierno le apuesta a que la sociedad olvide este caso, que se diluya entre tantas otras exigencias pero que los mexicanos recorren sus ciudades con una sola petición: la verdad.
“Queremos una verdad sin adjetivos, no verdades oficiales, ni mediáticas, ni verdades independientes y mucho menos verdades históricas (…) deseamos, buscamos, exigimos la verdad porque la verdad nos hará libres del dolor del dolor de los padres y los hermanos que sufren las ausencias, del dolor que nos lastima por la justicia infringida contra el débil, por la violencia del poderoso, por la imposición de la mentira más ignominiosa”.
Por ello, dijo que el Sindicato Normalista se suma a todas las voces para decirles al gobierno federal y a los gobiernos de cada uno de los estados del país, que basta de cubrirse unos a otros como una banda de facinerosos, de delincuentes que han tomado al país como rehén.
FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ.
LINK: http://www.jornadaveracruz.com.mx/se-tiene-que-recorrer-las-calles-para-exigir-la-verdad-de-los-43-desaparecidos-normalistas/
Más de 3 mil personas se unieron a lo que se denominó “Acción Global por Ayotzinapa”, y marcharon desde la escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” hasta la Plaza Lerdo donde a lo largo del trayecto lanzaron consignas contra el gobierno federal y estatal, así como exigir la aparición con vida de los 43 de Ayotzinapa.
A pesar de la llovizna, decidieron sumarse a la principal petición: la verdad sobre lo ocurrido aquella noche de 26 de septiembre en Iguala, Guerrero “porque no queremos la verdad independiente, la verdad oficial y mucho menos la verdad histórica”.
Aunque apenas hace un par de días el gobernador Javier Duarte de Ochoa instruyó que no hubiera presencia de policías, sí se alcanzaron a observar algunos informadores políticos mejor conocidos como políticos.
Fuera de este hecho, la marcha se realizó en completa calma y con participación de organizaciones como Recive, Lavida y el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, así como normalistas y estudiantes de la Universidad Veracruzana.
Durante el mitin realizado en la plaza Lerdo se resaltó que Xalapa se sumó a la Acción Global por Ayotzinapa con tal de demandar en primer lugar la aparición de los 43 estudiantes normalistas.
Dentro de las protestas no sólo se reprochó al gobierno federal por la desaparición de los estudiantes, sino que no ha tenido interés alguno por aclarar este hecho.
Gobierno ha fallado
El gobierno federal ha fallado en esclarecer la artera desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y eso ha generado un despertar de la conciencia no sólo de los estudiantes sino de la sociedad en general, señaló el director de la Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, Fidel Hernández Fernández, al ser entrevistado previo a la marcha de este sábado realizada en conmemoración de los 43 desaparecidos.
El maestro aseguró que este crimen de lesa humanidad no debe quedar impune y se debe exigir que se llegue a la verdad histórica y no lo que han dicho las autoridades, que según expresó, demuestra que no fue ni verdadera ni certera.
Con respecto al panorama estatal, Hernández Fernández dijo que los maestros luchan no sólo por la educación, sino por todos porque la ciudadanía debe unirse a la exigencia para el esclarecimiento de este caso sin precedentes.
Además, precisó que las marchas a las que ha convocado la Normal Veracruzana nunca han sido violentas ni se ha generado hechos de violencia, por lo que el aviso de las autoridades estatales en el sentido de que no presenciaría la marcha personal de la Secretaría de Seguridad Pública no tiene ninguna razón.
Queremos la verdad: normalistas
La exigencia de la verdad en el caso de los normalistas desaparecidos en Guerrero tiene que ser a gritos porque las autoridades tienen oídos sordos y se niega a oír la exigencia de justicia de la sociedad, señaló el profesor integrante del Sindicato Normalista de Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SNTEV), José Luis Martínez.
Alertó que el gobierno le apuesta a que la sociedad olvide este caso, que se diluya entre tantas otras exigencias pero que los mexicanos recorren sus ciudades con una sola petición: la verdad.
“Queremos una verdad sin adjetivos, no verdades oficiales, ni mediáticas, ni verdades independientes y mucho menos verdades históricas (…) deseamos, buscamos, exigimos la verdad porque la verdad nos hará libres del dolor del dolor de los padres y los hermanos que sufren las ausencias, del dolor que nos lastima por la justicia infringida contra el débil, por la violencia del poderoso, por la imposición de la mentira más ignominiosa”.
Por ello, dijo que el Sindicato Normalista se suma a todas las voces para decirles al gobierno federal y a los gobiernos de cada uno de los estados del país, que basta de cubrirse unos a otros como una banda de facinerosos, de delincuentes que han tomado al país como rehén.
FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ.
LINK: http://www.jornadaveracruz.com.mx/se-tiene-que-recorrer-las-calles-para-exigir-la-verdad-de-los-43-desaparecidos-normalistas/
Ortega: “La intención del gobierno federal era arrasar la Normal”
El secretario de Gobernación propuso en diciembre una ocupación violenta de la Normal de Ayotzinapa, asegura a este semanario el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez. Su intención, afirma en entrevista, era dar carpetazo al caso de los 43 desaparecidos y arrasar su escuela, aun cuando eso significara un baño de sangre. El pretexto que esgrimía el funcionario federal era que los estudiantes de ese plantel planeaban hacer arder en su totalidad la ciudad de Chilpancingo.
ACAPULCO, Gro: El pasado diciembre, el gobierno de Enrique Peña Nieto pretendía dar carpetazo al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y planeaba tomar violentamente la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, sin importar que ello significara una matanza.
Así lo dice a Proceso el gobernador sustituto de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez. Sostiene que se opuso al planteamiento de tomar la escuela rural por la fuerza, propuesto desde la Secretaría de Gobernación (Segob).
Con 11 meses como gobernador de un estado sumido en el caos por la convulsión social y la violencia permanente del crimen organizado, Ortega, catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y fundador del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano, reflexiona sobre las dificultades de su mandato al cumplirse un año de la tragedia de Iguala, donde además seis personas fueron ejecutadas extrajudicialmente y más de 40 resultaron heridas.
Entrevistado el lunes 21 en la residencia oficial Casa Acapulco, en la exclusiva zona de Pichilingue del puerto guerrerense, narra algunas de las diferencias que tuvo con Osorio Chong para atender la conflictividad social.
Reproduce el diálogo vía internet que tuvo con Osorio Chong y “mandos” de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, de la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) una madrugada de diciembre que no pudo identificar con claridad.
Designado gobernador el 26 de octubre de 2014, para suplir al defenestrado perredista Ángel Aguirre Rivero, Rogelio Ortega fue dirigente estudiantil de la UAG en el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa, en cuya administración fue detenido y torturado durante ocho días en mazmorras custodiadas por Mario Arturo Acosta Chaparro, entonces responsable de las corporaciones policiacas de la entidad (Proceso 1983).
Chilpancingo en llamas
Dice Ortega que se había corrido la versión de que “miles de contingentes iban a salir de Ayotzinapa por la noche para ir a quemar todos los edificios públicos en Chilpancingo. Iba a ser la mayor tragedia de la historia con el riesgo de que se extendiera a toda la población”.
A través del chat que tiene el mandatario con las instancias federales, se le informó que en la intentona participarían 4 mil personas que supuestamente esa noche estaban concentradas en la escuela rural, a media hora de la capital guerrerense, con todo lo necesario para el incendio.
Instalada la IX Región Militar en Chilpancingo, y la VII Naval en Acapulco, y con refuerzos de 12 mil efectivos del Ejército y mil 200 de Gendarmería, el planteamiento que se le hizo a Ortega para “abortar” el supuesto plan de los normalistas y organizaciones aliadas, era la toma por asalto de la escuela.
Sin titubeos, sostiene que en el chat con el gobierno federal se le dijo que “la única forma es ir a tomar de una vez Ayotzinapa. O bien, en el tramo carretero dejarlos avanzar cinco kilómetros, poner un tope adelante y atrás y ahí ya detenerlos”.
En ese momento, era de madrugada, tras escuchar el plan de los “mandos”, lo que imaginó Ortega es que de llevarlo a cabo “hubiera sido una batalla campal”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2030, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
ACAPULCO, Gro: El pasado diciembre, el gobierno de Enrique Peña Nieto pretendía dar carpetazo al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y planeaba tomar violentamente la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, sin importar que ello significara una matanza.
Así lo dice a Proceso el gobernador sustituto de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez. Sostiene que se opuso al planteamiento de tomar la escuela rural por la fuerza, propuesto desde la Secretaría de Gobernación (Segob).
Con 11 meses como gobernador de un estado sumido en el caos por la convulsión social y la violencia permanente del crimen organizado, Ortega, catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y fundador del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano, reflexiona sobre las dificultades de su mandato al cumplirse un año de la tragedia de Iguala, donde además seis personas fueron ejecutadas extrajudicialmente y más de 40 resultaron heridas.
Entrevistado el lunes 21 en la residencia oficial Casa Acapulco, en la exclusiva zona de Pichilingue del puerto guerrerense, narra algunas de las diferencias que tuvo con Osorio Chong para atender la conflictividad social.
Reproduce el diálogo vía internet que tuvo con Osorio Chong y “mandos” de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, de la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) una madrugada de diciembre que no pudo identificar con claridad.
Designado gobernador el 26 de octubre de 2014, para suplir al defenestrado perredista Ángel Aguirre Rivero, Rogelio Ortega fue dirigente estudiantil de la UAG en el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa, en cuya administración fue detenido y torturado durante ocho días en mazmorras custodiadas por Mario Arturo Acosta Chaparro, entonces responsable de las corporaciones policiacas de la entidad (Proceso 1983).
Chilpancingo en llamas
Dice Ortega que se había corrido la versión de que “miles de contingentes iban a salir de Ayotzinapa por la noche para ir a quemar todos los edificios públicos en Chilpancingo. Iba a ser la mayor tragedia de la historia con el riesgo de que se extendiera a toda la población”.
A través del chat que tiene el mandatario con las instancias federales, se le informó que en la intentona participarían 4 mil personas que supuestamente esa noche estaban concentradas en la escuela rural, a media hora de la capital guerrerense, con todo lo necesario para el incendio.
Instalada la IX Región Militar en Chilpancingo, y la VII Naval en Acapulco, y con refuerzos de 12 mil efectivos del Ejército y mil 200 de Gendarmería, el planteamiento que se le hizo a Ortega para “abortar” el supuesto plan de los normalistas y organizaciones aliadas, era la toma por asalto de la escuela.
Sin titubeos, sostiene que en el chat con el gobierno federal se le dijo que “la única forma es ir a tomar de una vez Ayotzinapa. O bien, en el tramo carretero dejarlos avanzar cinco kilómetros, poner un tope adelante y atrás y ahí ya detenerlos”.
En ese momento, era de madrugada, tras escuchar el plan de los “mandos”, lo que imaginó Ortega es que de llevarlo a cabo “hubiera sido una batalla campal”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2030, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
Policías cercan Iguala por marcha; vigilan plaza comercial propiedad de Abarca
IGUALA, Gro: Decenas de policías estatales mantienen cercada esta ciudad donde padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa anunciaron una marcha para seguir exigiendo justicia a un año de la tragedia.
Los agentes resguardan el centro comercial Galerías Tamarindos, propiedad de José Luis Abarca Velázquez, expresidente municipal perredista de Iguala que se encuentra preso por sus presuntos nexos con el narco y señalado como responsable de la cacería desatada contra los normalistas que dejó un saldo de seis muertos, una decena de heridos y 43 normalistas desaparecidos.
VIDEO:
https://www.periscope.tv/w/1ypKdDzPWqjKW
La plaza comercial se ubica frente al cuartel del 27 Batallón de Infantería donde fueron colocadas barricadas alambradas en el portón de acceso principal.
Mientras que otro bloque de uniformados se encuentra apostado en la entrada sur de Iguala, sobre la carretera federal México-Acapulco, en el entronque que conecta esta localidad con el poblado El Tomatal.
En este punto, los policías con equipo antimotín revisan los autobuses que ingresan a la ciudad donde el año pasado agentes municipales, federales y soldados actuaron en contubernio con el narco para atacar y desaparecer a los normalistas de Ayotzinapa.
Informes oficiales refieren que al menos 12 autobuses salieron de la Normal de Ayotzinapa rumbo a esta ciudad, donde pretenden realizar una marcha para conmemorar el primer aniversario de la tragedia de Iguala.
Las unidades con normalistas a bordo llegaron a las 12:20 horas a esta localidad y ya se preparan para la marcha.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
Los agentes resguardan el centro comercial Galerías Tamarindos, propiedad de José Luis Abarca Velázquez, expresidente municipal perredista de Iguala que se encuentra preso por sus presuntos nexos con el narco y señalado como responsable de la cacería desatada contra los normalistas que dejó un saldo de seis muertos, una decena de heridos y 43 normalistas desaparecidos.
VIDEO:
https://www.periscope.tv/w/1ypKdDzPWqjKW
La plaza comercial se ubica frente al cuartel del 27 Batallón de Infantería donde fueron colocadas barricadas alambradas en el portón de acceso principal.
Mientras que otro bloque de uniformados se encuentra apostado en la entrada sur de Iguala, sobre la carretera federal México-Acapulco, en el entronque que conecta esta localidad con el poblado El Tomatal.
En este punto, los policías con equipo antimotín revisan los autobuses que ingresan a la ciudad donde el año pasado agentes municipales, federales y soldados actuaron en contubernio con el narco para atacar y desaparecer a los normalistas de Ayotzinapa.
Informes oficiales refieren que al menos 12 autobuses salieron de la Normal de Ayotzinapa rumbo a esta ciudad, donde pretenden realizar una marcha para conmemorar el primer aniversario de la tragedia de Iguala.
Las unidades con normalistas a bordo llegaron a las 12:20 horas a esta localidad y ya se preparan para la marcha.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
Y un año después “ni la lluvia, ni Peña, detendrán al movimiento”
MÉXICO, D.F: Afluentes de muchas causas, sindicatos, universidades, organizaciones civiles, ciudadanos confluyeron desde el mediodía en la avenida Reforma en una tarde sabatina nublada. Es el primer año de la tragedia de Iguala. Es la primera gran marcha de la indignación en contra de la “mentira histórica” del gobierno de Peña Nieto.
Ya no se trata sólo de pedir justicia, sino de “ajustar cuentas” con la administración federal que en los últimos meses perdió todo su capital político frente a la incansable movilización de los padres de los normalistas de Ayotzinapa.
Todos esperamos desde las distintas glorietas y monumentos, de la Estela de Luz hasta el Ángel de la Independencia, al contingente de los héroes cívicos de este primer año trágico: los invencibles padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa que marchan desde Los Pinos con sus 43 rostros y miles de carteles con una tortuga que nos mira, el símbolo de esta manifestación.
Causa de causas, Ayotzinapa se ha convertido en el crisol no sólo de un grito constante “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, sino también del enorme descontento que marcha en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Al Ángel de la Independencia llegaron con sus machetes y encabezados por Ignacio del Valle los ejidatarios de San Salvador Atenco. Ellos saben, desde mayo de 2006, de qué tamaño es la represión y la impunidad del peñismo.
También decenas de organizaciones sindicales, desde el SME hasta los telefonistas, el STUNAM, y los estudiantes de universidades privadas, de los CCH de Vallejo, Naucalpan, Azcapotzalco, de las facultades de Economía, Políticas, FES Acatlán, FES Aragón, de la escuela Carlos Septién, cuyos alumnos marchan y, al mismo tiempo, entrevistan, quieren captar el momento intenso de esta jornada.
Inseparable con su cámara, el documentalista Epigmenio Ibarra transmite en vivo y convoca, una vez más, al “pase de lista” de los 43 desaparecidos que él ha realizado con inquebrantable fidelidad todos los días en su cuenta de Twitter.
Elena Poniatowska, la cronista de nuestras grandes tragedias nacionales, marcha portando una pancarta que dice: “Hoy el cielo llora, mañana la Luna sangra. En la tierra 43 semillas crecen. Serán el sol de la justicia”. Le aplauden, la saludan, la quieren los capitalinos que desde el 68 hasta ahora no habían repetido tanto las consignas contra el Estado represor como en los tiempos del peñismo.
Al filo de las 13:00 horas, el contingente de los padres de familia, fuertemente acordonado, llega a la Glorieta de la Diana, mientras a unos 300 metros, en la Glorieta del Ángel, el conteo del 1 al 43, con el grito de “¡Justicia!” retumba en la avenida.
La lluvia amenaza, pero miles de capitalinos no dejan de llegar para sumarse a la marcha. Muchos recuerdan a los más de 50 mil ciudadanos que protagonizaron la manifestación de las veladoras, aquella noche del 20 de noviembre de 2014, cuando en la plancha del Zócalo capitalino una enorme imagen de veladoras sintetizó el sentir de todos: “Fue el Estado”.
En esta concentración hay menos ciudadanos, más indignación y menos temor ante los grupos de anarquistas o simples provocadores que fueron aislados por los cuerpos policiacos.
En el cruce de avenida 5 de Mayo y el Eje Central, a unas cuadras del Zócalo, un grupo de encapuchados lanzó objetos y bombas de humo contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. La respuesta inmediata de los contingentes fue “No violencia, no violencia”.
Otros encapuchados arrojaron petardos y pinturas contra la sede del Senado de la República, en el cruce de Insurgentes y Reforma, pero fueron repelidos muy pronto por granaderos y elementos de la Policía capitalina.
“Ni la lluvia ni el viento detendrán el movimiento”
Desde las 15 horas, la llovizna se transformó en fría lluvia que bañó a la mayoría de los participantes de la marcha. Pero las consignas no cesaron: “ni la lluvia ni el viento detendrán el movimiento”.
En el Hemiciclo a Juárez, una instalación con fotos de los 43 jóvenes normalistas y la imagen del Palacio Nacional en una réplica de cartón es la síntesis de lo que está sucediendo en el Distrito Federal y en varias ciudades del país: Ayotzinapa atrapó el corazón político del país.
“Ni la lluvia, ni Peña Nieto, detendrán al movimiento”, remedan algunos integrantes del contingente de los telefonistas.
En la plancha del Zócalo continuaron llegando los contingentes de estudiantes, activistas, familias enteras, mientras en la tarima Felipe de la Cruz, vocero de los padres, advirtió que “la mentira histórica fue hecha pedazos por la verdad científica”.
“Peña Nieto se volvió a equivocar: vamos a ajustar cuentas contra él y contra sus funcionarios”, advirtió De la Cruz. Y se volvió a escuchar la consigna: “Fuera Peña, Fuera Peña”.
“Peña acabará en la cárcel”, remató De la Cruz.
Para mediados de octubre, el movimiento de los padres convocó a una convención en Ayotzinapa. Ya no sólo piden encontrar a sus 43 hijos, hacer justicia contra los responsables de la tragedia sino también revocar el mandato del gobierno peñista.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Ya no se trata sólo de pedir justicia, sino de “ajustar cuentas” con la administración federal que en los últimos meses perdió todo su capital político frente a la incansable movilización de los padres de los normalistas de Ayotzinapa.
Todos esperamos desde las distintas glorietas y monumentos, de la Estela de Luz hasta el Ángel de la Independencia, al contingente de los héroes cívicos de este primer año trágico: los invencibles padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa que marchan desde Los Pinos con sus 43 rostros y miles de carteles con una tortuga que nos mira, el símbolo de esta manifestación.
Causa de causas, Ayotzinapa se ha convertido en el crisol no sólo de un grito constante “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, sino también del enorme descontento que marcha en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Al Ángel de la Independencia llegaron con sus machetes y encabezados por Ignacio del Valle los ejidatarios de San Salvador Atenco. Ellos saben, desde mayo de 2006, de qué tamaño es la represión y la impunidad del peñismo.
También decenas de organizaciones sindicales, desde el SME hasta los telefonistas, el STUNAM, y los estudiantes de universidades privadas, de los CCH de Vallejo, Naucalpan, Azcapotzalco, de las facultades de Economía, Políticas, FES Acatlán, FES Aragón, de la escuela Carlos Septién, cuyos alumnos marchan y, al mismo tiempo, entrevistan, quieren captar el momento intenso de esta jornada.
Inseparable con su cámara, el documentalista Epigmenio Ibarra transmite en vivo y convoca, una vez más, al “pase de lista” de los 43 desaparecidos que él ha realizado con inquebrantable fidelidad todos los días en su cuenta de Twitter.
Elena Poniatowska, la cronista de nuestras grandes tragedias nacionales, marcha portando una pancarta que dice: “Hoy el cielo llora, mañana la Luna sangra. En la tierra 43 semillas crecen. Serán el sol de la justicia”. Le aplauden, la saludan, la quieren los capitalinos que desde el 68 hasta ahora no habían repetido tanto las consignas contra el Estado represor como en los tiempos del peñismo.
Al filo de las 13:00 horas, el contingente de los padres de familia, fuertemente acordonado, llega a la Glorieta de la Diana, mientras a unos 300 metros, en la Glorieta del Ángel, el conteo del 1 al 43, con el grito de “¡Justicia!” retumba en la avenida.
La lluvia amenaza, pero miles de capitalinos no dejan de llegar para sumarse a la marcha. Muchos recuerdan a los más de 50 mil ciudadanos que protagonizaron la manifestación de las veladoras, aquella noche del 20 de noviembre de 2014, cuando en la plancha del Zócalo capitalino una enorme imagen de veladoras sintetizó el sentir de todos: “Fue el Estado”.
En esta concentración hay menos ciudadanos, más indignación y menos temor ante los grupos de anarquistas o simples provocadores que fueron aislados por los cuerpos policiacos.
En el cruce de avenida 5 de Mayo y el Eje Central, a unas cuadras del Zócalo, un grupo de encapuchados lanzó objetos y bombas de humo contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. La respuesta inmediata de los contingentes fue “No violencia, no violencia”.
Otros encapuchados arrojaron petardos y pinturas contra la sede del Senado de la República, en el cruce de Insurgentes y Reforma, pero fueron repelidos muy pronto por granaderos y elementos de la Policía capitalina.
“Ni la lluvia ni el viento detendrán el movimiento”
Desde las 15 horas, la llovizna se transformó en fría lluvia que bañó a la mayoría de los participantes de la marcha. Pero las consignas no cesaron: “ni la lluvia ni el viento detendrán el movimiento”.
En el Hemiciclo a Juárez, una instalación con fotos de los 43 jóvenes normalistas y la imagen del Palacio Nacional en una réplica de cartón es la síntesis de lo que está sucediendo en el Distrito Federal y en varias ciudades del país: Ayotzinapa atrapó el corazón político del país.
“Ni la lluvia, ni Peña Nieto, detendrán al movimiento”, remedan algunos integrantes del contingente de los telefonistas.
En la plancha del Zócalo continuaron llegando los contingentes de estudiantes, activistas, familias enteras, mientras en la tarima Felipe de la Cruz, vocero de los padres, advirtió que “la mentira histórica fue hecha pedazos por la verdad científica”.
“Peña Nieto se volvió a equivocar: vamos a ajustar cuentas contra él y contra sus funcionarios”, advirtió De la Cruz. Y se volvió a escuchar la consigna: “Fuera Peña, Fuera Peña”.
“Peña acabará en la cárcel”, remató De la Cruz.
Para mediados de octubre, el movimiento de los padres convocó a una convención en Ayotzinapa. Ya no sólo piden encontrar a sus 43 hijos, hacer justicia contra los responsables de la tragedia sino también revocar el mandato del gobierno peñista.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
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