miércoles, 19 de octubre de 2016

Por su orientación sexual, Banco Azteca echa a la calle a una empleada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Frustración, enojo y tristeza”, así describe Priscila Hernández el sentimiento que tuvo el día que la despidieron de Banco Azteca por su orientación sexual.

A un año de ser destituida de la empresa “a la que entregué tanto tiempo de mi vida”, Priscila decidió hacer la denuncia en el sitio change.org, desde donde demanda justicia y la reparación del daño.

Sin importar los años que llevaba laborando, y pese a que cumplía con las obligaciones asignadas, la gerente de Banco Azteca lanzó a la calle a la empleada por considerar que su imagen daba mal aspecto a la empresa.

En su denuncia, la víctima asegura que jamás ocultó su orientación sexual y que jamás tuvo problemas por ello, hasta que “el 20 de diciembre de 2015 la licenciada Claudia Zulema Beltrán Medina, encargada en Banco Azteca, me sorprendió con un ultimátum: tenía hasta la noche del domingo para definirme ‘si era niño o niña’, de tal suerte que tendría que cortarme el cabello o usar traje sastre y tacones”.

Añade: “Como mujer lesbiana, no sólo me sentí ofendida por la amenaza que recibí, sino indignada”.

Priscila hizo caso omiso a la exigencia de cortarse el cabello y usar tacones por ser “discriminatoria e ignorante”, así que un día después del ‘ultimátum’ llegó a su trabajo con la vestimenta que siempre usaba.

Un jefe directo notificó a Beltrán Medina que Priscila no había cumplido la orden, y ésta ordenó que la despidieran.

“Frustración, enojo y tristeza son palabras insuficientes para describir cómo me sentí ese día y las semanas siguientes por la humillación que recibí por parte de una empresa a la que entregué tanto tiempo de mi vida sólo por ser lesbiana. Pero gracias al apoyo y consejo de mis amigos y familiares decidí alzar la voz y luchar por mis derechos”, destaca la afectada en su denuncia.

Asimismo, señala que después de lo ocurrido contactó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero hasta ahora esas instancias no le han dado una respuesta, por lo que lanzó una petición a través del sitio web para que exigir que se le repare el daño causado.

“Necesito tu firma para que juntxs pongamos un freno a estos actos de discriminación por orientación sexual o de cualquier otra índole […] Esto no debe repetirse más, y por ello también exijo a la empresa Banco Azteca la capacitación de su personal con el fin de concientizar sobre los derechos de toda la población lésbico, gay, bisexual y trans”, se lee en la petición de Priscila, que hasta ahora ha recibido el apoyo de 3 mil 22 personas.





Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/459314/orientacion-sexual-banco-azteca-echa-a-la-calle-a-una-empleada

Destinará Astudillo 47 mdp al Teletón… y sólo 9 mdp a víctimas de narcoviolencia

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El proyecto de Presupuesto de Egresos del gobierno de Héctor Astudillo Flores para el ejercicio fiscal 2017 privilegia el gasto millonario de oficinas inexistentes y burocráticas en detrimento de la inversión en desarrollo social, de los sectores educativo, agropecuario, deportivo y la atención a víctimas por la narcoviolencia en la entidad.

La propuesta del Ejecutivo enviada al Congreso local este fin de semana, y que ayer fue turnada a comisiones para su análisis y posterior aprobación, plantea 50 mil 133.6 millones de pesos para ejercer el próximo año.

Esta cantidad representa un incremento de 886.9 millones de pesos, es decir, 1.8% en comparación con los 49 mil 246 millones 711 pesos del presupuesto autorizado para 2016.

De acuerdo con el documento oficial en poder de Apro, se indica que la planeación del presupuesto que analizan los legisladores locales está enfocada en “reducir el gasto corriente burocrático” y advierte sobre la austeridad y vigilancia de los recursos públicos ante los recortes anunciados por el gobierno federal.

No obstante, la asignación de recursos para el Poder Ejecutivo se proyecta en 30 mil 949.4 millones de pesos. El gasto previsto para el Legislativo es de 560 millones de pesos, es decir, 33 millones 724 mil pesos más que el presupuesto de este año.

Para el Poder Judicial se plantea también un incremento al gasto burocrático, pues de 609.459 millones pasaría a 657.5 millones de pesos.

Mientras que la asignación para los órganos autónomos asciende a 3 mil 719.9 millones, y para los 81 municipios, 10 mil 454 millones 490 pesos.

En el proyecto de asignación de recursos públicos para la administración central del Ejecutivo, destaca el caso de un área denominada “Jefe de la Oficina del Gobernador”, que dirige el exalcalde priista de Petatlán y José Azueta vinculado con el narco, Alejandro Bravo Abarca.

Para esta oficina creada de facto sin sustento legal por Astudillo para colocar a su amigo Alejandro Bravo en la administración pública, se plantea un presupuesto de 18 millones 284 mil pesos, es decir, casi dos millones más de los 16 millones 360 mil pesos que ejerce este año.

Mientras que para la oficina del representante del gobierno de Guerrero en la Ciudad de México, René Juárez Albarrán, se proyectan 10 millones 108 mil pesos, lo que representa un incremento de un millón 557 mil pesos en comparación con los 8 millones 551 mil pesos que ejerce este año.

Este funcionario del gobierno astudillista es hijo del subsecretario de Gobernación y exgobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros, y junto con Bravo Abarca se ha caracterizado por limitarse a ser figuras decorativas en actos públicos oficiales y exhibir fotografías que muestran excesos y frivolidades de ambos en redes sociales como viajes, espectáculos y artículos de lujo.

Otro aumento planteado por Astudillo es en el Sistema para Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que encabeza su esposa Mercedes Calvo, que de 151 millones 904 mil pesos que ejerce este año, se proyectan 155 millones 476 mil pesos para 2017.

El proyecto de presupuesto de Astudillo también plantea “un donativo” de 47 millones para la fundación Teletón de la empresa Televisa por concepto de “gasto público en salud”.

Ello, a pesar de que el documento oficial indica que el proyecto de Presupuesto de Egresos de Astudillo considera reducir las asignaciones para gasto corriente que “generen poco o nulo valor para la sociedad”, y enfocando más recursos a rubros que representen mayor beneficio social para la “reducción del gasto corriente burocrático”.

En contraste, se plantean 9 millones para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de la narcoviolencia.

Así como tres millones para el Consejo de Ciencia y Tecnología; dos millones, para el Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; seis millones, para el museo La Avispa y 17 millones, para el Instituto del Deporte, áreas consideras de bienestar social.

Además de cuatro millones para las universidades tecnológicas de Tierra Caliente y Acapulco; 14 millones, para la Universidad Intercultural, y una reducción de 9 millones 540 mil pesos al presupuesto de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).

Para el ejercicio 2017, el gobierno de Astudillo afirma que no considera la contratación de nuevos empréstitos y pretende liquidar la deuda pública estatal contraída en anteriores administraciones a través de seis líneas de crédito activas con dos instituciones privadas y una pública –Banamex, Santander y Banobras–, que suman 328.12 millones de pesos.






Fuente: Proceso
Autor: Ezequiel Flores Contreras
http://www.proceso.com.mx/459356/destinara-astudillo-47-mdp-al-teleton-9-mdp-a-victimas-narcoviolencia

#AlertaBachajón 1200 elementos de la seguridad publica y paramilitares presentes cerca de territorio Zapatista y de la Sexta de Bachajon

Compañeros y compañeras, organizaciones, reciban nuestro saludo combativo.


Solicitamos de su ayuda para compartir esta información urgente.

Hoy en la mañana aproximadamente como a las 9:00 am, se vio la presencia de la seguridad pública en crucero al acceso a las cascadas agua azul, reportaron que son 5 autobuses de seguridad pública, 7 camiones grandes y 8 camionetas mismo que van acompañados por 25 camionetas de paramilitares, un helicóptero de la policía estatal que está sobrevolando en territorio zapatista. 

Hay aproximadamente 800 elementos de la seguridad pública y 400 paramilitares, se suma a 1200 en total quienes van a participar para desalojar a un grupo de ejidatarios encabezados por CC. Daniel Moreno Gómez, Manuel Jiménez Moreno, Juan Álvaro Moreno, Carmen Aguilar, entre otros que se encuentran posesionados en la caseta de cobro, lo cual no es solo es el desalojo para esos grupos y sino también representa una gran amenaza para los adherentes a la sexta y para los compañeros bases de apoyo del EZLN ya que se encuentran en territorios indígenas y territorios zapatistas, privilegia el despojo de nuestras tierras.


Cabe señalar que esta obra es organizada por el comisariado ejidal C. Manuel Guzmán Álvaro, ya que han estado realizando bloqueos en diferentes puntos los días 17 y 18 de este mes para exigir la intervención de las autoridades estatales para que atienda los problemas ejidales, mismo que sacó un comunicado el 15 de octubre de este año donde exigen que se ejecuten ordenes de aprehensión y solicitan intervención de las autoridades estatales para desalojar a los grupos de ejidatarios y atender los problemas del poblado agua azul. Nosotros como adherentes a la sexta rechazamos la presencia policiaca en nuestro territorio, porque muchos de los compañeros indígenas no tienen conocimiento de lo que el comisariado ejidal está haciendo, le está dando facilidad al mal gobierno para que entre en territorios indígenas.


Viva la autonomía.


Fuera policias del mal gobierno en territorios indígenas.





Fuente: Espoir Chiapas
Autor: Redacción con información de Facebook Sexta Bachajón
http://espoirchiapas.blogspot.mx/2016/10/1200-elementos-de-la-seguridad-publica.html#more

"El Estado nos está dejando morir", exclaman mujeres

Ciudad de México. Estoy aquí porque mataron a mi hija, yo porque me salvé de ser asesinada, yo porque tengo miedo al salir temprano de casa y luego volver a ella, yo porque estoy harta de la violencia en mi hogar, a mí me fastidia que el Estado nos está dejando morir, todas desde niñas todas sufrimos acoso sexual. En resumen, éstos son algunos de los testimonios que en este momento mujeres de diferentes edades dan a conocer.

'Ni Una Menos': mujeres alzan la voz contra feminicidios en AL

Buenos Aires. La violación y el asesinato de una adolescente, un caso más de la creciente violencia de género en Argentina, fue la gota que colmó el vaso y miles de mujeres realizaron un paro de actividades el miércoles en una jornada de protesta y marchas replicadas en otras naciones de América Latina donde los feminicidios son también un flagelo.

Sí, Duarte, pero no olviden a Bermúdez, su jefe de policía, el que armó a criminales: familias

Policías de Tierra Blanca que levantaron a jóvenes de Playa Vicente laboraban con antecedentes penales y fueron reprobados en el examen de confianza, denunciaron los padres de las víctimas. Las evidencias ofrecidas por los familiares pudieran sentar evidencias en contra de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, pues de acuerdo con madres integrantes de colectivos, el 70 por ciento de las desapariciones apuntan a funcionarios públicos como actores materiales.

Cinco policías detenidos por la desaparición forzada de los jóvenes en Tierra Blanca, en enero pasado, laboraban con antecedentes penales y sin haber acreditado los estándares de Control y Confianza, esa es la presunta omisión que han presentado los padres de las víctimas ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Nabor Nava y Arturo Bermúdez Zurita, Secretario y Ex Secretario de Seguridad Pública en Veracruz.
“Arturo Bermúdez nombró a policías sabiendo que no habían acreditado los exámenes. Pero además los adiestró, les dio armas y poder. Tenía delincuentes trabajando con él. Así sea el ex Gobernador tiene que ser castigado porque destruyó a cinco familias”, demanda José Benítez Herrera, quien declaró a nombre de los cinco padres de Playa Vicente.

Blog Expediente tuvo acceso a la denuncia emitida por los padres de Playa Vicente ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, donde responsabilizan a cinco funcionarios y ex funcionarios de la SSP por haber expedido nombramientos de policías en favor de personas no acreditables:

1.- Arturo Bermúdez Zurita, Exsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

2.- José Nabor Nava Holguín, Subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

3.- Roberto González Meza, Director General de la Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

4.- José Alfonso Díaz Pineda, Director de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

5.- Xiomara Mirón Elizondo, Directora General del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

6.- Alejandro Contreras Uscanga, Jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

Según los argumentos presentados por los deudos, los funcionarios y ex funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) habrían violado el artículo 139 del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al haber dado de alta a cinco ex elementos de la corporación, incluido el Subdelegado Regional de Tierra Blanca, no obstante que todos presentaban estándares de No Acreditados.

Se trata de los ex oficiales: René Pelayo Vidal, Omar Cruz Santos, Luis Rey Landeche, Edgar Omar Ruíz Tecalco y Marcos Conde Hernández, todos recluidos en el penalices de media seguridad.


LOS POLICÍAS DE BERMÚDEZ Y NAVA

De acuerdo con el seguimiento a la evaluación en control de confianza y certificación del personal del servicio profesional de carrera de las Instituciones de Seguridad Pública, todos los resultados de las evaluaciones, que se realizan cada dos años, son enviados al Secretario de Seguridad Pública, en ese entonces así sucedió con Arturo Bermúdez.

Pues bien, con base en el oficio SSPO/055/2016, los cinco policías acusados de desaparición forzada fueron contratados desde el año de 2013 por el hoy ex secretario de Seguridad Pública, no obstante que hasta el 11 de enero de 2016, el día de la desaparición de los cinco muchachos, aparecían como No Certificados.

Por su parte, Nabor Nava Holguín, entonces encargado de la Subsecretaria de Operaciones, era el jefe inmediato de Marcos Conde Hernández, ex delegado de Tierra Blanca, uno de los 22 integrados a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Fue el actual Secretario de Seguridad quien llenó de poder al hoy recluido en Cosamaloapan, Veracruz.

A continuación, con base en el documento 0003/2016 se comprueba que cinco de los ocho policías detenidos presentaron órdenes de captura desde el año de 1999. Se ignora por qué continuaban laborando, pues según dicta el Estatus de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, debieron haber sido dados de baja.

1.- MARCOS CONDE HERNÁNDEZ

Actualmente recluido en el Penal de Cosamaloapan, Veracruz. De acuerdo con el oficio SSPO/055/2016, su estado hasta el 11 de enero de 2016 era:

Conde Hernández Marcos
RFC: COHM730425LC9
Fecha de evaluación: 06 y 07 de agosto de 2015
Estatus: No certificado

En su primera declaración ante la fiscal Verónica Zavaleta García, narró su experiencia laboral a partir del mes de octubre de 2012, cuando la SSP lo contrató. Sin embargo, omitió su historial negativo, que data desde el año 1999.

Según el expediente 0003/ 2016. Para entonces ya laboraba en la extinta policía Intermunicipal en la zona Veracruz – Boca del Río. En el mismo año, Marcos Conde fue apresado por el delito de Abuso de Autoridad, antecedente penal 35/1999.

Posteriormente, el 12 de junio de 2012 en la Ciudad de Medellín, Veracruz, Marcos Conde fue descubierto con un arma calibre 40, no obstante que permanecía dado de baja de manera temporal; delito señalado como grave y sin derecho a libertad bajo fianza, de acuerdo con la Ley Federal de Armas.

Conde Hernández, fue trasladado al CEFERESO 5 de Oriente, en Villa Aldama, Veracruz, donde se tiene registro que permaneció detenido hasta el 30 de julio de 2012. Sin embargo, Conde confesó ante la Fiscal Verónica Zavaleta García, que en el mes de octubre del mismo año 2012, fue afiliado al corporativo de la Policía Estatal.

Se desconoce la manera en que consiguió su libertad y más aún el contrato y la confianza de Arturo Bermúdez para llegar a nombrarlo delegado del regimiento octavo, en Tierra Blanca.


Actualmente, en el expediente de Conde, prevalecen dos órdenes vigentes de aprehensión en la Fiscalía General del Estado, además de un señalamiento ante la Procuraduría General de la República por presuntos nexos con el Cartel Jalisco Nueva Generación.

2.- OMAR CRUZ SANTOS, ALIAS “EL MAMADINO”

Permanece detenido en el penal de San Andrés Tuxtla. De acuerdo con el oficio SSPO/055/2016, su estado hasta el 11 de enero de 2016 era:

Cruz Santos Omar
RFC: CUSO790113UB5
Fecha de evaluación: 04 y 05 de agosto de 2015
Estatus: No certificado

Con base en el expediente 0003/ 2016, número de investigación ministerial: FGE/FIM/IM/01/2016, fue detenido por abuso a la autoridad.

Su ex compañero de trabajo, Rubén Pérez Andrade, quien relató el presunto fin de los cinco jóvenes playavicentinos, declaró saber que “El Mamadino”, había laborado en negocios en Ciudad Juárez, Chihuahua, sin detallar sus quehaceres.

Aunado a lo anterior, El Mamadino presenta en su informe policial homologado que fue agredido por impactos de bala en Ciudad Juárez, Chihuahua.

3.- RENÉ PELAYO VIDAL

Recluido en el penal de Pacho Viejo, Veracruz. De acuerdo con el oficio SSPO/055/2016, su estado hasta el 11 de enero de 2016 era:
Pelayo Vidal René
RFC: PEVR820118LMA
Fecha de evaluación: 24 y 25 de septiembre de 2015
Estatus: No certificado

4.- ÉDGAR OMAR RUÍZ TECALCO, ALIAS “LA PERRITA”

Recluido en el penal de Misantla, Veracruz. De acuerdo con el oficio SSPO/DJ/055/2016, su estado hasta el 11 de enero de 2016 era:

Ruiz Tecalco Édgar Omar
RFC: RUTE830525KY4
Fecha de evaluación: 24 y 25 de septiembre de 2015
Estatus: No certificado

Con base en el expediente 0003/ 2016, número de investigación ministerial: FGE/FIM/IM/01/2016, fue denunciado en el año de 2013 por delitos contra la salud, caso 319/2013.

Al detenido, la señora Clara González Ramírez, lo señala como responsable del asesinato de su hijo, Egon Abad López González, de 23 años y del joven Rafael Thiel Vera, de 18 años, la madre, asegura tener un testigo de los hechos ocurridos el pasado 15 de enero de 2015, en Tierra Blanca, quien señala a Ruíz Tecalco como el responsable de haber entregado a los jóvenes con integrantes del crimen organizado.

5.- LUIS REY COLORADO LANDECHE

Recluido en el penal de Acayucan, Veracruz. De acuerdo con el oficio SSPO/DJ/055/2016, su estado hasta el 11 de enero de 2016 era:

Landeche Colorado Luis Rey
RFC: LACL8508164WA
Fecha de evaluación: 24 y 25 de septiembre de 2015
Estatus: No certificado

Es el resumen de cinco de los ocho policías que han sido detenidos por la desaparición forzada de Susana Tapia Garibo, de 16 años, José Benítez de la O, 24 años, Alfredo González Díaz 25 años, Mario Arturo Orozco Sánchez, 27 años y Bernardo Benítez Arróniz.

Una denuncia federal por parte de los deudos que abre brecha en Veracruz, que además se trata una diligencia que omitió la misma Fiscalía General del Estado. Ahora los padres esperan que sus argumentos sean tomados en cuenta por la PGR y los responsables paguen hasta con 12 años de cárcel y la inhabilitación para ser servidor público, según dicta la Ley general del sistema nacional de seguridad pública.

Pero además, las evidencias ofrecidas por los padres de Playa Vidente, pudieran sentar evidencias en contra de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, pues de acuerdo con madres integrantes de colectivos, el 70 por ciento de las desapariciones apuntan a funcionarios públicos como actores materiales.
“Yo aplaudiría que más gente fuera valiente y exigiera sus derechos, que se pusieran en el papel de víctimas y denunciaran. Como ese hijo de la chingada de Bermúdez era intocable todos le tienen miedo, pero él ahora es un ciudadano como yo y si cometió delitos debe de pagarlos”, abunda José Benítez Herrera.
Han pasado nueve meses desde la desaparición de los cinco muchachos en Tierra Blanca, con la última diligencia ante la PGR, José Benítez asegura que seguirán peleando hasta que los agresores de sus hijos cumplan con el castigo que les merece.

“Hay miedo, porque al declarar exponemos la vida nuestra, pero si no lo hacemos, ¿quién va a exigir justicia por nuestros hijos? Las consecuencias las conozco, pero no me voy a sentar en una esquina a llorar, ellos nos llenaron de infelicidad y si ahora nos pasa algo a nosotros, serán los únicos culpables”, sentencia el padre de Playa Vicente.
FUENTE: SIN EMBARGO/BLOG EXPEDIENTE.
AUTOR: REDACCIÓN/MIGUEL ÁNGEL CARMONA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-10-2016/3105719

Masacre en estética de Juárez: 5 ejecutados; suman 13 muertos en Chihuahua, en 24 horas

Cinco personas fueron ejecutadas en una estética en Ciudad Juárez durante la mañana de hoy; con este asesinato múltiple suman 65 victimas de homicidios dolosos en la frontera en el mes de octubre, según las cifras de la misma Fiscalía Zona norte.

Cinco personas fueron acribilladas por sujetos con armas de fuego dentro de una estética ubicada en el Bulevar Zaragoza y Ejido Galeana, en la colonia Terrenos Nacionales, confirmó la Fiscalía Zona Norte por medio de su vocero, Alejandro Ruvalcaba, a SinEmbargo.

El funcionario detalló que agentes ministeriales acudieron al lugar para atender  el reporte del homicidio múltiple, y en estos momentos, peritos de la Fiscalía embalan las evidencias en la escena del crimen.

Con este acontecimiento violento suman 62 personas ejecutadas en la frontera, de acuerdo a información brindada por la vocería de la FGE zona norte.

Una hora antes del múltiple asesinato en Terrenos Nacionales, sujetos armados asesinaron a un hombre y dejaron con heridas graves a un niño de 12 años. El ataque ocurrió en las calles José María Arteaga y Ramón Rayón, en la zona centro de dicha cuidad fronteriza.

La frontera ha presentado  un aumento en los indicadores de homicidios. La organización Mesa de Seguridad, calificó al pasado mes de agosto como el mes con mayor número de asesinatos desde mayo de 2012 al documentar  56 casos; sin embargo, al registrar  62 homicidios en lo que va de octubre, es este mes el que se coloca como el más violento.


El primer repunte ocurrió precisamente entre junio y julio, después de la elección que ganó Cabada y cuando la cifra de 38 casos aumentó a 51; es decir, un 34 por ciento.

108 HOMICIDIOS EN EL ESTADO EN OCTUBRE: 45% MAS RESPECTO AL 2015

Por lo menos 108 homicidios dolosos son las que se contabilizan en lo que va del mes de octubre en el estado de Chihuahua, cifra 45% mayor respecto al número de homicidios correspondiente al mismo mes pero del año anterior, en donde octubre sumó en total 74 asesinatos.

En la frontera suman 62 homicidios en lo que va del año, incluidas las víctimas del reciente asesinato múltiple en Terrenos Nacionales, de acuerdo Alejandro Ruvalcaba, vocero de la FGE Zona norte. En ciudad Chihuahua conteos periodísticos acumulan por lo menos 40 víctimas, más las cuatro personas calcinadas en el enfrentamiento en ciudad Madera, otro hombre asesinado en la carretera Anahuac-Tacuba en ciudad Cuautémoc y un despachador de gasolina hallado muerto en ciudad Camargo a inicio de semana, se acumulan al menos 108 muertes por hechos violentos.

Mientras que el año 2015 cerró con un total de mil 151 homicidios dolosos en todo el estado, en el presente año, de enero a agosto del 2016, ya se han registrado 859 asesinatos en la Entidad.

En lo que va de este 2016, hasta el momento, el mes de junio es el que registra mayor número de asesinatos con un total de 128 homicidios, conforme al reporte mensual de victimas de homicidio doloso del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública .

Dichas estadísticas, mostradas hasta agosto, muestran el compartamiento a la alza en el año. De 20 homicidios que se registraron en enero, en febrero la cifra se disparó a 81 muertos. En Marzo registra 84 homicidios; abril, 109; mayo, 122; junio, 109; junio, 128 y agosto 136.

Alejandra Varela Ortiz del Observatorio Ciudadanos en la ciudad de Chihuahua, entrevistada por SinEmbargo

La declaración de la titular del Observatorio coincide con las cifras del SNSP, que muestran que en el mes de Octubre del 2013 se registraron 109 asesinatos de un total de mil 443 cometidos en todo el año.

Los datos proporcionados por la titular del Observatorio Ciudadano, muestran que que el indice de homicidios violentos es de 25.19 por cada 100 mil habitantes, lo que pone a Chihuahua 10 por ciento arriba de la media nacional.

La causa que dada a organismos como el Observatorio es el alza de violencia “que se debe a un ajuste entre los grupos criminales y a la venta de droga principalmente cocaína y cristal”, señaló la Varela Ortiz, quien aclaró que dicha explicación fue dada por las autoridades salientes en la última reunión que el Observatorio sostuvo con funcionarios de seguridad.

“Estamos trabajando para tener una reunión con las nuevas autoridades” comentó.


En el presente año, Chihuahua continúa dentro de los cinco primeros lugares del país con mayor número de asesinatos al registrar, tan sólo en el periodo de enero a agosto de 2016, un total de 859 homicidios; superado por estados como Veracruz que en el mismo tiempo registra 872 homicidios dolosos, Michoacán con 920, Guerrero con 1, 484 y, el Estado de México que presenta ¡el mayor número de asesinatos: 1, 514.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-10-2016/3105721

Estamos viviendo un circo, Duarte y Padrés huyen, las problemáticas se quedan: activistas

Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz y Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora se encuentran prófugos de la justicia. El 29 de septiembre la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República solicitó una orden de aprehensión contra Guillermo Padrés por los delitos de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos y el 3 de octubre la Interpol emitió una orden de localización, sin que hasta la fecha sea localizado.

En el caso de Javier Duarte, su huida se dio después de que el 12 de octubre anunció la solicitud de licencia para separarse del cargo como gobernador de Veracruz para que las investigaciones por las acusaciones de corrupción en su contra se llevarán a cabo.

El anuncio fue realizado en el informativo televisivo Despierta de Carlos Loret y tres días después, un juez giró una orden de aprehensión contra Javier Duarte por delincuencia organizada y operaciones de procedencia ilícita.

Hubo una “intervención tardía” de la federación frente a la desaparición de gobernadores corruptos, aseguran activistas de Sonora y Veracruz. “Estamos viviendo un circo definitivamente, la ciudadanía sonorense vive un clima de enojo, hartazgo y burla, no sabemos qué más se necesita para poder acceder a la justicia. Además de la corrupción el gobierno de Padrés fue cerrado, omiso y sordo, como lo está siendo el gobierno de Claudia Pavlovich. Todos los gobernantes son corruptos, no hay para donde hacernos y ningún color nos ha servido. Quienes defendemos los derechos humanos y las víctimas que acompañamos no pedimos nada extraordinario, ni descubrir el hilo negro, esto es un clamor general de toda la ciudadanía”, afirmo a Desinformémos Martha Solorzano, integrante de la Asociación Esperanza contra la Desaparición y la Impunidad.

En el caso de Veracruz la activista Araceli González, integrante de la organización Equifonía, refiere que “nuevamente hubo omisión por parte de las dependencias federales en los problemas que se enfrentan en Veracruz. Incluso se han agravado, no hay una intervención oportuna ni contundente por parte del gobierno federal. Más que asumir la responsabilidad para atender las problemáticas más apremiantes en Veracruz optan por salidas y decisiones que son insuficientes e inadecuadas y quienes seguimos afectados somos la población Veracruzana”.

La activista veracruzana manifestó su preocupación por la seguridad, la vida y el acceso a la justicia para las mujeres. “Desde 2008 la organización Equifonía documentó el incremento de la desaparición de mujeres, violencia sexual y violencia feminicida y la desaparición de 800 mujeres. No ha habido atención adecuada, ni se ha otorgado la alerta de género, al contrario el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong dijo que no es necesaria porque lo que se tiene que hacer es implementar políticas publicas, las cuales es evidente no se han implementado y que nos pone a las mujeres y a la población en general en un contexto de riesgo”, aseguro Araceli González.


Para las activistas las autoridades federales “deben hacer un análisis y acciones exhaustivas del contexto que se vive a nivel nacional y no sólo declaraciones cómodas. Es una burla que Padrés haya estado con amparos y amparos y ya que sale la orden no lo encuentran, no hay palabras para describir esto”, concluye Martha Solorzano.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ATZIRI ÁVILA.
LINK: https://desinformemonos.org/estamos-viviendo-un-circo-duarte-y-padres-huyen-las-problematicas-se-quedan-activistas/

CNTE realizará acto para exigir justicia a cuatro meses de los hechos en Nochixtlán

Maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevarán a cabo un evento político-cultural para exigir justicia por los hechos violentos en Nochixtlán, Oaxaca, sucedidos el 19 de junio de este año.

La CNTE se posicionará debajo del puente de la carretera en la que se los elementos de la policía federal y estatal atacaron a los maestros, integrantes de organizaciones sociales y habitantes de la comunidad, de los cuales 11 murieron y cientos resultaron heridos.

El evento, que tiene como propósito exigir justicia para las víctimas y sus familiares, así como no permitir que los hechos del 19 de junio queden en el olvido, iniciará a las 14 horas con la participación de pobladores, maestros, activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

La acción también tendrá como propósito continuar con la lucha de la CNTE contra la reforma educativa en el país, así como recordar a los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.

Por otra parte, el día de ayer en Oaxaca un grupo de profesores, familiares de las víctimas y lesionados por el enfrentamiento en Nochixtlán, retuvieron al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, por la falta de cumplimiento a los acuerdos pactados en las distintas reuniones que él encabezó.

De acuerdo con testigos, los hechos sucedieron luego de que Campa y su equipo comieran en la casa de Patricia Jiménez, madre de una de las víctimas de los hechos en Nochixtlán.

La mañana del 19 de junio, la policía federal y estatal atacó a la población que participaba en el bloqueo de la carretera México-Oaxaca, en el crucero de Nochixtlán. Aunque la primera reacción del gobierno fue declarar que la policía acudió desarmada, las evidencias demostraron lo contrario, pues se utilizaron balas de goma, palos y gases lacrimógenos contra la población.

Los pobladores permanecían en el bloqueo para apoyar las protestas magisteriales que emprendieron docentes integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quienes a través de manifestaciones, pronunciamientos, campañas informativas y un paro laboral establecido en distintas entidades federativas llevaban a cabo en contra de la “imposición de una reforma educativa” y “a favor de la educación gratuita en México”.


El magisterio y la población asegura que el resultado fueron 11 personas asesinadas y más de 100 heridas mientras que las autoridades dicen que fueron 8 personas quienes perdieron la vida.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/cnte-realizara-acto-para-exigir-justicia-a-cuatro-meses-de-los-hechos-en-nochixtlan/

Atacan y detienen a adherente de la Sexta en Bachajón, Chiapas

Domingo Pérez Álvaro, miembro tseltal adherido a la Sexta del ejido de San Sebastián Bachajón, Chiapas, y participante en el Congreso Nacional Indígena, fue agredido físicamente y posteriormente detenido a manos de un grupo del comisariado de Manuel Guzmán Álvaro, luego de que regresara de una visita penal en Playas de Catazajá.

Pérez Álvaro se encuentra en estado delicado por los fuertes golpes que recibió por parte de los simpatizantes de Guzmán Álvaro, quienes le reclamaron haber participado en un trabajo colectivo en tierras de la comunidad Bolom Ajaw, en Tumbalá, y por apoyar y colaborar con la Sexta de Bachajón, señaló la Sexta Bachajón en un comunicado.

“Despreciamos sus acciones de despojo que solamente vienen a confirmar sus acuerdos con el mal gobierno para entregar las tierras del ejido”, agregó.

Pérez Álvaro fue atacado cuando iba de regreso a su domicilio después de visitar a Santiago Moreno Pérez, preso político indígena desde el 2009 en Playas de Catazajá con cargos falsos que se le incriminaron para destituirlo de su puesto en el consejo de vigilancia autónomo.

La Sexta Bachajón responsabilizó a Manuel Guzmán Álvaro de las agresiones a Domingo Pérez, quien además es promotor de los derechos humanos a través de sus actividades en Chiapas, y rechazaron cualquier otro tipo de ataque contra los integrantes de la Sexta.

Desde su fundación, Pérez Álvaro trabaja con la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el ejido de Bachajón, y además es partícipe en las actividades del Congreso Nacional Indígena, como la reciente celebración del 20 aniversario desde su conformación.


Domingo Pérez estuvo preso durante cinco meses en el 2011 en el CERESO 17 de Playas Catazajá por delitos que no cometió y con múltiples violaciones a sus derechos humanos, como respuesta única del gobierno contra la defensa de las tierras indígenas.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 18 OCTUBRE 2016.
LINK: https://desinformemonos.org/atacan-y-detienen-a-miembro-tseltal-adherido-a-la-sexta-bachajon/

Los duartes en potencia (El caso de Kiko Vega)

Aun cuando ni el Poder Judicial ni la Procuraduría General de la República han confirmado que, efectivamente, existe una orden de aprehensión contra el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el hecho de la comisión de los ilícitos no asombra a los mexicanos, sí llama la atención que finalmente, la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, investigue, procese y pida sanción para un corrupto anidado en su partido el PRI.

Según la periodista Denise Maerker, el delito en investigación y origen de la orden de aprehensión sería el desvío de recursos del Gobierno del Estado de Veracruz, por un monto de 500 millones de pesos, utilizando empresas fantasma para la adquisición de bienes.

Sin embargo los dineros que no han encontrado buen destino en la administración estatal de Veracruz se cuentan por miles de millones de pesos. A la ya deuda histórica de Javier Duarte con la Universidad Veracruzana que fue denunciada por la Rectora Sara Ladrón de Guevara, y que supera los dos mil millones de pesos, se suman otras que poco a poco y ya envalentonadas las víctimas, se atreven a señalar.

Por ejemplo, al Organismo Público Local Electoral, el Gobierno de Veracruz cuando aún estaba en las manos de Duarte de Ochoa, le debía 167 millones de pesos. A una veintena de empresas de créditos para trabajadores del Estado, de esos que los pagos se descuentan vía nómina y el Gobierno tiene la obligación de saldar, les debe mil 45 millones de pesos. Además, de acuerdo al Regidor Víctor Hugo Vázquez, del Ayuntamiento de Veracruz, el Gobierno del Estado le debe a ese municipio 150 millones de pesos.

Ya en totales, el Órgano Superior de Fiscalización de Veracruz, calcula que la deuda pública del Gobierno de Javier Duarte y hasta diciembre de 2015, asciende a los 64 mil 886 millones de pesos, pero que si se suman 35 mil millones de pesos de gasto federalizado sin comprobar, aquello podría llegar a los 99 mil millones de pesos en deuda pública. Por su parte la diputada panista del Congreso de Veracruz, Ana Cristina Ledezma, ha declarado que entre deuda bancaria, adeudos a proveedores, daño patrimonial, y recursos pendientes por transferir entre otros, el Gobierno de Javier Duarte debe más de 180 mil millones de pesos.

Todo eso, por supuesto, acumulado en los cinco años y meses que se mantuvo en el cargo de Ejecutivo Estatal. Deudas que fueron incrementando año con año ante la pasividad de Cabildos, la permisibilidad del Congreso y la condescendencia del Gobierno Federal, tanto del panista encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, y cuanto más del priísta que maneja Enrique Peña Nieto.

Duarte fue un monstruo de la corrupción que entre todos los poderes y los ciudadanos, lo dejaron crecer. Las denuncias de corrupción, de transas, de irregularidad y venganzas, se consideraron serias en los últimos dos años. A excepción de los periodistas que con el asesinato de cada uno de los 17 periodistas que fueron muertos durante la administración del priísta, hicieron manifestaciones y denuncias diversas, los poderes del Estado guardaron silencio hasta hoy.

Dejar que los Gobernadores actúen con abusos, excesos y una conducta delictiva, sin considerar serias las denuncias ciudadanas, periodísticas, de la oposición, convierte a los otros poderes, al Legislativo y al Judicial, en cómplices de la irregularidad ¿Cuántas ocasiones los diputados de Veracruz tuvieron la oportunidad de llamar al Gobernador a rendir cuentas en cinco años y no lo hicieron? ¿Por qué en el Poder Judicial no se le dio seguimiento a las denuncias de ciudadanos afectados?

Los escenarios catastróficos de corrupción e irregularidades administrativas en un gobierno se pueden evitar. Baste la supervisión de los otros poderes y la denuncia ciudadana. La prensa libre siendo voz de las víctimas, replicando las denuncias anónimas, ciudadanas y legales, sobre los excesos, abusos y arbitrariedades.

En Baja California, como en muchos otros estados seguramente, la situación no es muy distinta. Antes del primer semestre de este 2016 y en el Semanario ZETA, a denuncia de profesores que no tenían recursos suficientes para administrar sus escuelas en el nivel básico, investigamos y denunciamos cómo el Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, panista, por cierto, llevaba cerca de nueve meses sin pagar a las escuelas el subsidio conocido como Beca Progreso, instaurado cuando se prohibió a las escuelas cobrar cuotas a los padres de familia. La educación sería verdaderamente gratuita con el apoyo adicional del Gobierno del Estado. Pero nada, la administración de Vega debía más de 340 millones de pesos a las escuelas bajacalifornianas. La semana siguiente a la publicación periodística, a través de un boletín informaron que destinarían 70 millones de pesos para ese efecto, acumulándose la deuda.

Hace un par de semanas, también a raíz de una denuncia ciudadana, los periodistas investigaron otro adeudo del Gobierno del Estado de Baja California: 476 millones de pesos que no ha pagado a la Universidad Autónoma de Baja California. Del caso, no ha aparecido boletín donde el Gobierno se comprometa a saldar o aminorar la suma.

Si sumamos esas dos deudas, tendríamos que la administración de Francisco “Kiko” (así le gusta que le digan) Vega le debe, solo a instituciones educativas, más de 800 millones de pesos. La administración panista recién cumplió los tres años de gobierno, y ya acumula deudas. Esto sin contar las que pudiera tener con otras instancias o proveedores que no han denunciado los casos.

Pero bueno, del adeudo de Beca Progreso, hubo tímidos reclamos de algunos sectores de la sociedad civil, y muy pocos y muy silenciosos del Poder Legislativo, mientras que de los 476 millones que debe a la Universidad Autónoma de Baja California, sí hubo un reclamo por parte del Rector, una denuncia por parte de la fracción priísta en el Congreso del Estado, y la inclusión del tema en la tribuna de la Cámara de Diputados en los siguientes días.

Los diputados de oposición solicitaron que el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid compareciera ante el Congreso para conocer el porqué del adeudo con la Universidad, sin embargo los diputados panistas, mayoría en esta cámara local, votaron contra esa iniciativa; se convirtieron en cómplices del Gobernador al “ayudarle” para que no rinda cuentas donde las tiene que rendir, el Congreso del Estado.

La sociedad denuncia los casos de abusos del Gobernador de Baja California, las transacciones comerciales, los convenios y las concesiones, las deudas, pero el Congreso del Estado lo protege, y el Gobierno Federal aún no lo alcanza ni a dimensionar (a pesar que es panista), ni a ver, por lo tanto no lo investigan.


En México hay muchos Duartes en potencia. Gobernadores que alejados de la administración federal, amañados con el Poder Legislativo y complacientes con el Poder Judicial, actúan con total impunidad abriendo así el margen para que el problema crezca a los niveles de Javier Duarte de Ochoa.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-10-2016/3105627

Productores de Guanajuato piden ayuda para evitar desplome de precios por sobreproducción de maíz

Los productores de maíz en Irapuato, Guanajuato, denunciaron ante la Secretaría de Desarrollo Agroindustrial y Rural (Sdayr) y a la Federación una excesiva producción de maíz en el estado lo que podría provocar una considerable reducción en los precios.

Ante la posible excesiva producción de maíz en el estado, agricultores pidieron ayuda a la Secretaría de Desarrollo Agroindustrial y Rural (Sdayr) y a la Federación para evitar que se desplome el precio del grano; como alternativa buscan exportar 500 mil toneladas a Corea, pero no cuentan con infraestructura para traslado.

A la petición se unió Ignacio Soto Gutierrez, presidente del CEAG, quien detalló el problema al que se enfrentan:
“Se sembró más maíz que sorgo, la cosecha podría llegar a un millón 800 mil toneladas, esto nos traería 600, 700 mil toneladas más (que) el estado no puede acomodar. El Secretario (de Agricultura) José Calzada, nos presentó con gente de Corea, (para) ver la posibilidad de poder exportar (grano) cercano al medio millón (de toneladas) a Corea, la desventaja es que no están pegados a los medios de comunicación (transportación) más baratos que son los marítimos y mover la cosecha hacia Asia”.

La lejanía y el mar de por medio ocasionaría que no pudieran cumplir con la petición, porque hay que trasladar el grano por carreteras, aunado a ello solicitan a la Secretaría de Desarrollo Agroindustrial y Rural del estado, la federación, los ayude a trasladar el grano a las costas.

“Para que se mantuviera el precio de los granos, tal vez buscar en Aserca (Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios) en un esquema, porque el estado no va a poder (requerir toda la producción, lo que) traería a la agricultura más desprotegida de este estado que son los productores de grano, la oportunidad de subirse a un Mercado en dólares y de exportación que raramente tienen ellos, trasformar esa desigualdad” indicó Enríquez.

Esta oportunidad que se puede extender a 10 años con Corea, ayudaría a meterse a la exportación en otros países, como Sudáfrica, Venezuela que tiene problemas económicos y están “desesperados” por el grano.

INSEGURIDAD

Otra queja fue la inseguridad que vive el sector. Ricardo León, de la Congeladora El Niño, pidió atender el problema de inseguridad. “Muchos de nosotros nos sentimos solos, entramos al campo con miedo”, por lo que solicitó que los programas se den para todos.

SECRETARIO PIDE TIEMPO: “DENME CHANC, TENGO 8 DÍAS”

Ante las exigencias de los productores, el Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos Rosales, pidió que le den oportunidad de entrar en la dinámica de trabajo, porque tiene pocos días en el puesto que dejó Javier Usabiaga.

Esto, luego de aceptar una mesa de trabajo con los agricultores para la revisión del programa 2017 y poder informarles cuándo y dónde se abrirán las ventanillas de los diversos programas.

“Yo les pido de favor, denme ‘chance’ porque hay muchas cosas que se han venido arrastrando pero yo tengo 8 días y las cosas tienen que cambiar, si queremos llevárnoslas tranquilo con el agua hasta el cuello no nos preocupemos, pero de mí se acuerdan si las cosas no van a cambiar. Denme la oportunidad de poderle agarrar a estos temas”, finalizó.
FUENTE: SIN EMBARGO/ZONA FRANCA.
AUTOR: REDACCIÓN/EDITH DOMÍNGUEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-10-2016/3105681

Exfuncionarios vinculados con empresas fantasma en Veracruz gozan de fuero como diputados

Cuatro personas que trabajaron en el gobierno de Javier Duarte y estuvieron detrás de la asignación de contratos a empresas fantasma discuten el presupuesto 2017 al ser diputados federales.

Cuatro altos exfuncionarios de la administración del gobernador Javier Duarte que estuvieron detrás de la asignación de contratos a empresas fantasma o que encabezaban las dependencias involucradas, son ahora diputados federales con fuero y actualmente discuten el presupuesto para 2017 en San Lázaro.

Otro más que había dejado su curul para ser vocero del gobierno de Duarte ya anunció que presentará su renuncia para regresar al Congreso. En tanto, un subsecretario y extesorero que no ha vuelto a tener apariciones públicas tras ganar una elección como diputado local, protestará en noviembre como legislador estatal.

Las investigaciones realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre la operación de compañías fantasma que recibieron contratos millonarios,descubrieron “inconsistencias relevantes” en la situación patrimonial de al menos seis funcionarios, entre ellos el hoy gobernador con licencia Javier Duarte,


Estas irregularidades consisten en que los funcionarios involucrados, cuyas identidades no se han confirmado – con excepción de la del gobernador sobre el que ya pesa una orden de aprehensión -, ostentan recursos e ingresos que no se justifican con los salarios que percibían como servidores públicos.

Animal Político pudo documentar la red de funcionarios que estuvieron detrás de la adjudicación de las empresas fantasma entre 2012 y 2014 y que hoy son, o están por ser, legisladores.

Algunos de ellos también han sido denunciados en otras posibles operaciones de desvío de recursos o por ser prestanombres del gobernador con licencia Javier Duarte.

La firma de este diputado aparece en un desplegado fechado el 22 de septiembre pasado en el que varios legisladores federales de Veracruz pidieron al presidente Enrique Ochoa del PRI que no se sancionará al hoy gobernador con licencia Javier Duarte.

Adolfo Mota Hernández

Era secretario de Educación del estado de Veracruz en el periodo en que esa dependencia concedió por lo menos siete contratos por casi 325 millones de pesos a compañías hoy inhabilitadas por el SAT; todos esos contratos se concedieron vía adjudicación directa sin competencia.

Mota Hernández actualmente es diputado federal por el Distrito 8 de Veracruz y pertenece a las comisiones de educación y de Gobernación en San Lázaro. Es integrante de la bancada del PRI. Goza de la protección del fuero federal y este martes 18 de octubre participó en la sesión ordinaria del Congreso donde comenzó a revisarse el presupuesto para el próximo año.

La firma de este diputado aparece en un desplegado fechado el 22 de septiembre pasado en el que varios legisladores federales de Veracruz pidieron al presidente Enrique Ochoa del PRI que no se sancionará al hoy gobernador con licencia Javier Duarte.

Edgar Spinoso Carrera

Bajo su gestión como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz se firmaron los referidos contratos de la Secretaría de Educación con las empresas fantasma, y su firma aparece en los documentos.

En su gestión como Oficial Mayor, la Auditoría Superior de la Federación detectó el posible desvío de más de seis mil millones de pesos de recursos federales destinados para apoyar la educación. Además fue denunciado por el gobernador electo Miguel Ángel Yúnes de pertenecer a una red de prestanombres de Javier Duarte.

Spinoso Carrera es actualmente diputado federal por el Distrito 07 y pertenece a seis comisiones distintas. Es integrante de la bancada del PVEM. Goza de la protección del fuero federal y este martes 18 de octubre participó en la sesión ordinaria en San Lázaro.

La firma de este diputado aparece en un desplegado fechado el 22 de septiembre pasado en el que varios legisladores federales de Veracruz pidieron al presidente Enrique Ochoa del PRI que no se sancionará al hoy gobernador con licencia Javier Duarte.

Noemí Guzmán Lagunes

Encabezó la Secretaría de Protección Civil en el periodo en que esta dependencia concedió nueve contratos por casi 30 millones de pesos a la red de empresas fantasma; también se entregaron de manera directa.

Guzmán es diputada federal por el Distrito 09 y pertenece a las comisiones de Hacienda, Protección Civil y Comunicaciones. Es integrante de la bancada del PRI. Goza de la protección del fuero federal y este martes 18 de octubre participó en la sesión ordinaria en San Lázaro.

La firma de este diputado aparece en un desplegado fechado el 22 de septiembre pasado en el que varios legisladores federales de Veracruz pidieron al presidente Enrique Ochoa del PRI que no se sancionará al hoy gobernador con licencia Javier Duarte.

Antonio Tarek Abdalá

Fue tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, dependencia que autorizó las partidas presupuestales para las empresas fantasma por un monto que, según la auditoría de Veracruz, asciende a casi mil millones de pesos.

Tarek es diputado federal por el distrito 17 de Cosamaloapan desde agosto de 2015 y ha trabajado en las comisiones de Economía, Juventud y Presupuesto y Cuenta Pública. Es integrante de la bancada del PRI. Goza de la protección del fuero federal y este martes 18 de octubre participó en la sesión ordinaria en San Lázaro.

La firma de este diputado aparece en un desplegado fechado el 22 de septiembre pasado en el que varios legisladores federales de Veracruz pidieron al presidente Enrique Ochoa del PRI que no se sancionará al hoy gobernador con licencia Javier Duarte.

Alberto Silva Ramos

Silva era el secretario de Desarrollo Social de Veracruz cuando esta dependencia concedió al menos 45 contratos por 243 millones de pesos, mediante licitaciones cerradas en la que se fraccionaron montos de contratos para que les permitiera no convocar a licitaciones públicas. Empresas de la misma red “compitieron” entre ellas.

Silva es diputado federal por el Distrito 3. Asumió esa responsabilidad en agosto del año pasado pero luego pidió su baja temporal para incorporarse de nueva cuenta a la administración de Duarte, pero como vocero del mismo.

Luego de las elecciones estatales que perdió el PRI en junio Silva Ramos limitó sus declaraciones públicas hasta que el pasado 13 de octubre declaró que renunciará al cargo de director de comunicación. De acuerdo con fuentes legislativas, el próximo 31 de octubre Silva se reincorporará a San Lázaro para asumir de nuevo su cargo como diputado y mantener vigente su fuero.

Vicente Benítez González

Fue subsecretario de Desarrollo Social en el periodo en que se concedieron los contratos a empresas fantasma. Anunció el arranque de tiendas comunitarias que venderían varios de los productos adquiridos con estas empresas, pero dichas tiendas no existieron.

Benítez posteriormente fue nombrado Tesorero del Estado pero renunció tras el hallazgo de maletas con dinero en efectivo en el aeropuerto de Toluca. En marzo de 2014 volvió al gobierno como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación en relevo de Spinoso.

Actualmente Benítez es candidato electo a diputado local tras ser postulado por el Partido Nueva Alianza. Desde que ganó la elección su presencia pública ha sido nula. Este miércoles debe presentarse a recoger su constancia de mayoría en el órgano Electoral del Estado y en noviembre deberá rendir protesta.

El cargo como diputado local le concede a Benítez González fuero constitucional pero a nivel estatal. No lo protege de delitos federales graves.

Otros involucrados

Astrid Elias Mansur era la encargada del Despacho de Finanzas y Administración del DIF Estatal, cuando ese organismo entregó una decena de contratos a las empresas fantasma. Actualmente es la Directora de ese organismo estatal que encabeza Karime Macías, esposa de Duarte, denunciada por el gobernador electo Miguel Ángel Yunes de colaborar en el desvío de recursos públicos.

El paradero de Karime Macías es desconocido al igual que el de Javier Duarte, de acuerdo con autoridades ministeriales consultadas por Animal Político.


Juan Carlos Rodríguez García fue director jurídico de la Secretaría Desarrollo Social en el periodo de la asignación de contratos a empresas fantasma. El PRI le retiró sus derechos como militante, aunque él argumentó que se trataba de un homónimo pues no estaba afiliado a ese partido.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/exfuncionarios-empresas-fantasma-veracruz/

Las claves de la iniciativa que busca dar amnistía a detenidos en protestas en la CDMX

Este jueves 20 de octubre está prevista la discusión en la ALDF de la ley de Amnistía que propone Morena; el PAN y el PRI la apoyan; el GDF se opone.

Mañana jueves 20 de octubre está previsto que se discuta en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) la propuesta de ley que busca conceder amnistía a todas las personas que fueron detenidas, procesadas, sentenciadas, o con orden de detención pendiente de ejecutar, por delitos imputados durante actos de protesta en la Ciudad de México (CDMX).

La iniciativa de Morena ya fue dictaminada por la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF el pasado 27 de septiembre. El PAN y el PRI en la ALDF reiteraron ayer su apoyo para que este jueves se discuta y apruebe la ley. Pero ésta continúa generando resistencias, especialmente en el gobierno de la CDMX, de extracción perredista, el cual considera la propuesta anticonstitucional.

En Animal Político te presentamos un análisis de las principales claves de la iniciativa, y de los puntos que el gobierno de la ciudad ha esgrimido en su contra.

¿Qué dice la iniciativa de Ley?

De aprobarse, la amnistía aplicaría para todos los ciudadanos contra quienes las autoridades de la ciudad emprendieron acciones penales por delitos como ataques a la paz pública, rebelión, motín, sabotaje o ataques a la autoridad, tras su participación en protestas en la Ciudad de México, del 1 de diciembre de 2012 al 1 de diciembre de 2015.

Aunque durante la discusión del dictamen el Partido Acción Nacional (PAN) propuso que quienes busquen la amnistía deben demostrar que sufrieron detenciones arbitrarias, el proyecto de ley finalmente estableció que la amnistía es incondicional para todos los detenidos en marchas en la ciudad, del 1 de diciembre de 2012 al 1 de diciembre de 2015. No obstante, el diputado panista Ernesto Sánchez reiteró el pasado lunes que apoyarán la liberación de los presos, siempre y cuando estos hayan sido detenidos por manifestarse de manera pacífica, y no se comprobara la comisión de delitos.

El artículo 2 del proyecto de ley que puedes leer íntegro aquí, también establece que cualquier persona que se encuentre actualmente prófugo de la justicia “dentro o fuera del país” por delitos imputados tras su participación en protestas, también se beneficiarían de la amnistía.

Además, la iniciativa contempla que las autoridades deberán cancelar las órdenes de aprehensión pendientes, y que en los casos de imputados con causas abiertas, el juez deberá declarar el proceso terminado y ordenar la puesta en libertad.

¿A quién reconoce como víctimas?


La ley de amnistía reconoce como víctimas a quienes sufrieron detenciones arbitrarias, violaciones a derechos humanos, o fueron víctimas de algún delito, con motivo de su participación en movilizaciones y protestas en la fecha señalada. Asimismo, serán reconocidas como víctimas las personas que sufrieran en este contexto algún daño económico, físico, mental o emocional.

¿Quién determinará si hubo detención arbitraria?

El proyecto establece que la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del DF será la encargada de revisar todos los casos “donde notoria y abiertamente existan violaciones a derechos humanos e inconsistencias que pongan en entredicho la aplicación de la justicia y el debido proceso”.

La Comisión podrá canalizar a las autoridades todos los casos en los que se demuestre la participación de servidores públicos en delitos contra las víctimas, y solicitar a la Secretaría de Gobierno de la CDMX medidas de reparación, como la creación de un programa de reinserción social para las víctimas, y de reinserción al estudio y al trabajo para las personas que fueron detenidas y/o sentenciadas.

Morena dice que se beneficiará a 500; el GDF dice que a 4

De aprobarse la amnistía, ésta sacaría automáticamente de la cárcel a cuatro personas que en la actualidad cumplen condena acusadas de haber cometido delitos durante diferentes protestas sociales.

Manuel Granados, consejero jurídico del gobierno de la Ciudad de México, criticó que esta amnistía sería “una ley individual o particular” que beneficiaría únicamente a estas cuatro personas. Por lo que, dijo en conferencia de prensa el pasado 12 de octubre, sería una ley anticonstitucional.

Cuestionado al respecto, César Cravioto, coordinador del grupo parlamentario Morena en la ALDF, rechazó las críticas. “Eso es una mentira –dijo Cravioto en entrevista con Animal Político-. Con la amnistía se beneficiaría aproximadamente a 500 personas que sufrieron procesos totalmente ilegales, amañados, y sin sustento jurídico”.

Entre esas 500 personas –puntualizó el diputado-, estarían los cuatro presos y también todos los que “actualmente enfrentan un proceso penal fuera de la cárcel”.


Cuestionado sobre cómo llegaron a la conclusión de que 500 personas podrían beneficiarse de la amnistía, Cravioto precisó que es una cifra obtenida a partir del recuento de personas que fueron detenidas en protestas del 1 de diciembre de 2012 al 1 de diciembre de 2015, y que fue realizado en colaboración con abogados.

¿Quiénes son los 4 presos que podrían obtener la amnistía?

Jesse Alejandro Montaño, de 31 años, detenido antes de la marcha del 1 de septiembre de 2013, en el Monumento a la Revolución, acusado de delitos contra la salud. Salió en libertad, pero fue detenido otra vez el 12 de junio de 2014 por subir a una megapantalla instalada con motivo del mundial 2014 en el Zócalo capitalino. La PGJDF lo acusó de ultrajes a la autoridad, portación de objetos aptos para agredir y posesión de mariguana. Sentenciado a 7 años y 7 meses de prisión.

Francisco Estrada, abogado coadyuvante de la defensa, explicó a Animal Político que pueden acreditar deficiencias en el caso. Por ejemplo, denunció, las autoridades capitalinas se negaron a revisar los videos ciudadanos y los captados por cámaras de seguridad, que “desmentirían las acusaciones”.

Luis Fernando Bárcenas Castillo, detenido el 13 de diciembre de 2014 durante una protesta contra el alza de las tarifas al Metro. Fue acusado de ataques a la paz pública en pandilla y de haber quemado el árbol de una refresquera. Condenado a 5 años y 9 meses. Según el abogado Estrada, el joven de 19 años y estudiante del CCH-Vallejo, fue sentenciado con la única prueba de un video “editado” en el que no se puede distinguir con detalle quién se encuentra en la protesta.

Abraham Cortés Ávila, de 23 años, detenido en la marcha del 2 de octubre de 2013, durante una carga policial que dejó varios detenidos. Condenado a 5 años y 9 meses por portación de objeto apto para agredir, tentativa de homicidio y ataques a la paz pública. El abogado coadyuvante denunció siembra de pruebas, agresiones físicas y psicológicas durante su traslado al MP, entre otras irregularidades.

Luis Fernando Sotelo, estudiante y activista, sentenciado a 33 años y 5 meses. Acusado de incendiar un Metrobús en CU, el 5 de noviembre de 2014. También fue parte del movimiento de protesta contra el alza al pasaje del Metro. Sus abogados señalaron que fue condenado solo con la declaración del chofer del Metrobús.

Solo Peña Nieto tiene facultad para dar amnistías: GDF

Ahora bien, ¿la ALDF puede otorgar amnistías? Según Manuel Granados, consejero jurídico del GDF, no tiene facultad para ello, ya que en la capital del país quien concede indultos para delitos previstos en el Código Penal local es el presidente, Enrique Peña Nieto. No obstante, para Morena la respuesta a esta pregunta no la puede dar el Gobierno capitalino, sino la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


Animal Político buscó la opinión sobre esta iniciativa de Rebeca Peralta, diputada del PRD y presidenta de la comisión de penales en la ALDF, y de Leonel Luna Estrada, también diputado perredista y presidente de la comisión de gobierno en la ALDF, pero al momento de publicar esta nota no ofrecieron respuesta.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/las-claves-la-iniciativa-busca-dar-amnistia-todos-los-detenidos-protestas-la-cdmx/