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“Quisiera acabar, ya quiero paz”: familias con casos detenidos piden a autoridades resolver paro laboral en Poder Judicial de CDMX

Familias con casos urgentes enfrentan el cierre de juzgados por el paro de labores en el Poder Judicial de CDMX, pese a ello, respaldan a los trabajadores.

Hace tres años, Gabriela Moctezuma Ramírez se separó de su esposo tras más de 23 años de matrimonio. Como en tantas otras relaciones, los problemas y la monotonía terminaron con el amor. El divorcio fue relativamente sencillo hasta que él tomó la decisión de no dar pensión alimenticia, ni a ella ni a sus dos hijas, por lo que tuvieron que iniciar una demanda en su contra. 

El procedimiento para demandar la pensión alimenticia de las tres fue el mismo que cientos de personas en la ciudad deben afrontar día con día: buscar un abogado, acudir a un juzgado familiar, reunir ciertos documentos y esperar las fechas de las audiencias con la esperanza de que estas no sean diferidas. En otras palabras, gastar tiempo, dinero y energía en espera de una sentencia favorable. 

Para suerte de Gabriela, empleada doméstica de 49 años de edad, un juez de lo familiar resolvió, en medio de su espera, que era su derecho recibir una pensión alimenticia, aunque de forma provisional. Por ello, inició un procedimiento para transformar esa orden en una definitiva, pero ya no avanzó debido al paro de labores en el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), que inició el 29 de mayo de 2025.

El de Gabriela es un caso más que se suma a la lista de miles de asuntos que se mantienen en parálisis en la capital del país, sobre todo en materia familiar, luego de que las y los trabajadores comenzaron a manifestarse en demanda a una mejora salarial y de sus condiciones laborales, exigencias que las autoridades no han podido solventar. 

“En mi familia llevamos más de dos años con esto y sí quisiera terminar, pero creo que esto (el paro) lo ha retrasado bastantes meses. Yo quisiera ya acabar. Ya quiero paz”, dice Gabriela, con el semblante visiblemente cansado, en entrevista con Animal Político.


A pesar del cansancio y la frustración por no poder continuar con su procedimiento, Gabriela pide a las autoridades resolver las demandas de trabajadores, testigo de las condiciones laborales en las que trabajan. 

“Sí me gustaría que pudieran trabajar bajo las condiciones que ellos demandan o bajo algún régimen que para ellos sea justo, para poder tener sus servicios y que nosotros podamos tener el seguimiento en tiempo y forma de nuestros asuntos”, señala.

“No sé si voy a durar meses y no voy a resolver nada”

En circunstancias similares se encuentra Eluvia Martínez Nila, una extrabajadora jubilada de la empresa Teléfonos de México (Telmex), que a pesar de que su esposo falleció desde marzo de este año, no ha podido iniciar un juicio intestamentario -que se promueve cuando una persona muere sin dejar testamento-, necesario para hacer diversos trámites.  

“Por ejemplo, el departamento donde vivo, porque me casé con bienes mancomunados, no puedo ni heredarlo, ni venderlo hasta que no haga el juicio intestamentario. Y pues no lo puedo realizar porque los juzgados están cerrados”, señala Eluvia, quien tiene 62 años. 

La muerte del esposo de Eluvia, quien falleció en un gimnasio en la zona sur de la capital, fue difundida en su momento en medios de comunicación. El hombre murió de forma repentina tras caer de una máquina para hacer ejercicio.

“Yo ya quisiera arreglar mis asuntos, la verdad, porque con esto de la pérdida de mi esposo, uno hace reflexión y piensa ‘no sé si voy a durar dos meses o tres meses y no voy a arreglar nada, ningún papel’. De mis hijos van a decir: murió su papá, murió su mamá y no arreglaron nada. Pero no saben las dificultades que nos vamos presentando ahorita, de que está detenido todo”, comenta. 

Además, Eluvia no solo tuvo que lidiar con promover el juicio, sino también con el retraso en la entrega de los documentos de la muerte de su marido por parte del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo), perteneciente al Poder Judicial de la Ciudad de México, que por falta de material, también acumulan cadáveres sin identificar o mal almacenados.

Los peritos y médicos forenses del Incifo se sumaron al paro de labores -aunque de forma activa para no agravar más la crisis forense- de trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, en demanda a un aumento salarial, mejora en sus condiciones de trabajo y el despido de sus directivos.

Autoridades piden a trabajadores de juzgados en CDMX regresar a laborar

El 26 de junio de junio de 2025, tras un mes de protestas, Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, informó que, a pesar de sostener 19 mesas de diálogo, no habían podido alcanzar un acuerdo con las y los trabajadores, por lo que simplemente volvió a exhortarlos para que regresaran a trabajar a partir del lunes 30 de junio.

“Sabemos que cada día que el Tribunal no opera plenamente representa un inmenso retraso para la ciudadanía en sus asuntos y en sus procesos legales. Estamos evaluando todas las oposiciones para mitigar los efectos de esta situación en sus trámites […] Por ello, exhorto, así lo vuelvo a decir, a cada uno de nuestros trabajadores que regresen a sus áreas de trabajo”, señaló en una conferencia, sin ofrecer mayores soluciones.

Ante esta situación, Eluvia se sumó a la exigencia para que las autoridades resuelvan las demandas de los trabajadores y que ellos a su vez puedan retomar su caso y los de cientos de capitalinos.

“Yo quisiera decirles que, por favor, tomen cartas en el asunto de los trabajadores. Que los apoyen, que los ayuden, para que a su vez también ellos, como resultado al público, a la gente que necesitamos de esa atención, pues nos atiendan a la brevedad para recuperar el tiempo que estamos aquí detenidos. Sí, me gustaría que las autoridades tomaran cartas en el asunto y le pusieran más atención a su personal. Al fin de cuentas, todo tiene que ser a través de ellos. No hay otro camino”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

“Es una burla para nosotros”: familia pide justicia tras hallar a su ser querido entre los cuerpos del crematorio de Ciudad Juárez

La Fiscalía de Chihuahua dio a conocer que uno de los 383 cuerpos localizados en el crematorio de Ciudad Juárez fue identificado este jueves 3 de julio por familiares y explicó que corresponde a un cadáver que fue encontrado en una carroza en el patio del lugar.

Una de las 383 personas cuyos cuerpos se localizaron en el Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, el pasado 26 de junio, fue identificada por sus familiares como Gabriel Ruiz Arango, de 66 años de edad, quien falleció el pasado 13 de junio.

“Tengo el video de donde lo velamos y tengo la foto de donde se encontró”, dijo Pedro Ruiz Hernández al salir de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua en la zona norte, cargando una urna donde creía que estaban los restos cremados de su tío Gabriel, ahora dice que el recipiente contiene piedras y basura.

Pedro aseguró que el cuerpo de Gabriel es uno de los dos que estaban en el interior de la carroza que fue hallada en el patio del Crematorio Plenitud, ubicado en la carretera Panamericana número 10631 sur, de la colonia Granjas Polo Gamboa.

“Ya lo encontramos” dijo para luego explicar que lo reconoció inicialmente por la fotografía que se ha difundido en diferentes medios de comunicación, que comparó con el imagen de su tío en un video que él guarda del día que fue velado en la funeraria Latinoamericana.

“El (cuerpo) estaba afuera (del crematorio) y las cenizas no son cenizas… abrí (la urna) y tiene mucho scrap, basura, algo así. Tiene mucha cosa, viene revuelta piedra con terrones, se ve muy sucio no es, no son los huesitos de mi tío, no son. Lo tuve que abrir para darme cuenta qué es lo que nos había entregado, y no es”, afirmó al salir de la Fiscalía donde le corroboraron que el cuerpo de su pariente es uno de los 383 localizados en el crematorio.

El hombre señaló que entregó a las autoridades un dispositivo USB con imágenes, y también parte de las cenizas de la urna que recibió al personal de la Fiscalía que lo atendió este jueves 3 de julio.

El fiscal de la zona Norte, Carlos Manuel Salas, solo confirmó que un cuerpo fue identificado este jueves 3 de julio por familiares y explicó que corresponde a un cadáver que fue encontrado en una carroza, el cual tenía la ropa con la que había sido velado y dijo que ya hubo una identificación inicial por parte de familiares pero faltan los protocolos de ley, que podrían concluirse en las próximas 48 horas.

Pedro explicó que el miércoles también acudió a la Fiscalía y que seguirá el proceso que sea necesario para recuperar el cuerpo de su ser querido y para buscar justicia por el dolor que le están causando a él, a su familia y a decenas de personas.

“Que paguen conforme a derecho, que paguen por daños y perjuicios y por fraude, porque es un fraude esto, es una burla para nosotros, para mí y para todos los que estamos en esto. Que paguen las consecuencias que tengan que pagar”, exigió al referirse a quienes hicieron el almacenamiento y ocultamiento de los cuerpos.

También recordó que en 2020 la misma empresa Crematorio Plenitud incumplió con incinerar unos 63 cuerpos y aseguró que entre estos estaba su hermano y posiblemente otro familiar. Lamentó que en aquella ocasión las autoridades investigadoras no intervinieron.

Crematorio Plenitud operaba de forma irregular, no había sido revisado por la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COESPRIS) desde el 7 de marzo del 2022; el dictamen de impacto ambiental venció el 3 de marzo del 2023; el horno crematorio estaba fuera de servicio y las dos cámaras de refrigeración no funcionaban. No había agua potable, energía eléctrica, ni gas, se informó en la primera audiencia judicial realizada en contra de dos personas detenidas como presuntas responsables.

Al momento del hallazgo, los 383 cadáveres estaban en estado de descomposición, entre estos había fauna nociva, como ratones, y el sitio no contaba con un control sanitario, lo que representa un riesgo de salud para la población juarense, principalmente para las personas que viven o trabajan cerca del negocio, se indicó en la diligencia judicial.

Decenas de personas cuestionan si sus familiares siguen en el crematorio de Ciudad Juárez

Decenas de personas continúan llegando a las instalaciones de la Fiscalía, ubicada en eje vial Juan Gabriel y calle Aserraderos, en busca de información ante el temor de que los restos de sus seres queridos pudieran haber sido algunos de los recuperados en el Crematorio Plenitud. Las autoridades reportaron que se han atendido a más de 600 deudos.

Las personas empezaron a presentarse desde el lunes 30 de junio, y las largas filas empezaron a verse este miércoles. Una de las que acudió es Silvia Banda Pedroza, mamá de una mujer víctima de feminicidio, Fabiola Janeth Valenzuela Banda, y quien ahora busca si el cuerpo de su hijo, fallecido en 2023, está entre los localizados en el crematorio.

“Duele bastante, mucho. Y si está en duda porque se ocuparon esos servicios y hay más duda porque se supone que una cremación es en 72 horas, sino me equivocó y mi hijo falleció el 17 de diciembre. El 19 se terminó el servicio de la funeraria, el 27 de diciembre el papá de mi hijo firma unos documentos para la incineración y el día 30 se lo llevan al crematorio y hasta el día 3 entregan las cenizas. Estoy ahorita como que a punto de abrir la urna para saber que hay”, dijo Silvia en la explanada de la Fiscalía al salir a tomar un poco de aire fresco para luego regresar al edificio.

Fabiola Janeth Valenzuela Banda desapareció en agosto del 2010, cuando tenía 18 años. Aunque su cuerpo, que fue incinerado, se localizó un mes después por las autoridades, su mamá lo recibió hasta enero del 2012 y a la fecha tiene dudas si los restos que recibió corresponden a ella justo por una equivocación cometida en 2013 con los cuerpos de dos mujeres asesinadas, por parte de una funeraria.

Silvia sigue en espera de que los restos de su hija sean exhumados, tiene esa incertidumbre y ahora se suma el temor de que el cuerpo de su hijo pudiera ser uno de los 383 cuerpos que estaban apilados en Plenitud.

En un comunicado de prensa personal de la FGE zona Norte informó este jueves que la Dirección General de Servicios Periciales ha analizado 96 cuerpos y de cuatro de ellos se recuperaron huellas dactilares para identificación que serán enviadas al Instituto Nacional Electoral (INE) para su cotejo. También que se trabaja en técnicas de hidratación con 15 más para recuperación de huellas.

La Fiscalía reiteró que, de los 383 cuerpos, 218 con hombres, 149 mujeres y 16 indeterminados, y que se continúa trabajando con unos restos disasociados para determinar su correspondencia o bien, que el número final de individuos pudiera aumentar.

Además, se dio a conocer que conformó un equipo de 40 funcionarios entre agentes del Ministerios Públicos, psicólogos y trabajadores sociales, para otorgar información a los usuarios sobre los 383 cuerpos que podrían haber llegado al crematorio referidos de al menos seis funerarias.

Mientras que, el fiscal Carlos Manuel Salas, reiteró que la primera persona que  será entregada a sus familiares, corresponde a la que fue encontrada en una carroza, que ya fue identificado por la familia, la cual incluso mostró las supuestas cenizas que les fueron entregadas.

Por otra parte, advirtió que se está solicitando plena colaboración a las empresas que brindan los servicios funerarios, involucradas con Plenitud, para tener disponibles todos los expedientes de cinco años a la fecha, que permitan avanzar en la identificación de los cuerpos, de lo contrario, serán acreedoras a sanciones.

“Tenemos que llegar a la verdad. Es algo que nos llena de estupefacción, de tristeza de cómo podemos llegar a ese nivel de deshumanización, de hacer un negocio bajo esas características y dormir tranquilamente en casa”, afirmó.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/LA VERDAD JUÁREZ.
AUTOR: REDACCIÓN/BLANCA CARMONA.

Invasión de viviendas: Migrantes regresan de Estados Unidos y encuentran su casa ocupada

Familia regresó tras más de 10 años en EE.UU. y encontró su casa ocupada; iniciaron proceso de desalojo.

Una madre y su hija, originarias de Tampico, Tamaulipas, regresaron a México luego de más de una década en Estados Unidos y hallaron su casa ocupada por personas desconocidas.

Irma Guadalupe y su hija Daniela volvieron a México con la intención de recuperar su vivienda familiar, que dejaron bajo custodia de un pariente hace unos 20 años. Llegaron en junio de 2025, según video compartido por @highdaniela en TikTok, y en cuestión de minutos constataron que extraños residían en la propiedad.

En el video, Irma menciona que es la dueña del inmueble y exige el desalojo. En lugar de atender el reclamo legal, las ocupantes respondieron con cuestionamientos personales, burlas y dijeron: “¿Tiene usted esposo?”, frase que circuló en redes sociales.

Según Daniela, las ocupantes pagaron hasta dos o tres meses de renta inicialmente y luego dejaron de hacerlo. A partir de entonces, cortaron toda comunicación. Desde Estados Unidos, la familia intentó procedimientos legales sin éxito.
@highdaniela ATTENCION: Que impotencia encontrar mi casa invadida por estás personas que no tienen vergüenza ni dignidad, les platicó somos originarias de Tampico Tamaulipas, nos fuimos a EEUU a trabajar como muchos mexicanos, hace aprox 10 años dejamos la casa a cargo de un familiar, dejo meter a estás personas que salen en el vídeo que desde hace ese tiempo no se salen, me presento con ellas con mis papeles para comprobar que es mi propiedad y es así como responden!! No tienen vergüenza, todavia que llevan 10 anos sin pagar renta. Les pido hacer viral este video para que las personas tomen conciencia y se salgan de mi casa!!! #mexico #tampico #claudiasheimbaum #injusticia ♬ original sound - Daniela
Grupo de invasores de casas ha sido señalado en otros estados

El caso de Irma Guadalupe recuerda a los grupos organizados que ocupan ilegalmente viviendas deshabitadas. Uno de los más conocidos es el denominado “Los 200”, al que se ha vinculado con invasiones de casas en Ciudad de México, Puebla, Estado de México y otras entidades.

Este grupo, cuyo nombre se refiere a un número estimado de integrantes, se caracteriza por ocupar inmuebles de forma escalonada. Sus miembros presuntamente se turnan en la posesión de casas, simulando residencia continua para intentar obtener la propiedad por medio de la figura legal de la usucapión.

El mismo patrón fue observado en el caso de Tampico: presencia prolongada sin contrato, interrupción de pagos simbólicos y negativa a desalojar aun cuando se les presentaron documentos legales.

La Procuraduría Social de la Ciudad de México ha reconocido que existen redes que operan bajo la figura de “posesión por necesidad”, pero no ha confirmado vínculos criminales en todos los casos. Aun así, las similitudes entre lo ocurrido en Tampico y otros incidentes reportados por vecinos en la capital han generado inquietud entre colectivos de defensa patrimonial.

Inicia proceso de desalojo tras denuncia en redes

La familia ya solicitó orden de desalojo, de acuerdo con infromación de Milenio, respaldada por escritura y pagos en regla. Las autoridades fueron notificadas y abogados presentan la documentación ante un juzgado civil.

Daniela declaró que el objetivo de publicar los videos fue presionar para que la autoridad interviniera: “Fui yo quien subió el video… no sabíamos qué hacer”.

Este caso se ha comparado con otros episodios recientes, como el de Carlota “N”, quien enfrentó a ocupantes armada en abril de 2025, con resultado letal. Inclusive en los comentarios del video en TikTok los usuarios comentan que "le llame a Carlota  para que la asesore"..

Tamaulipas enfrenta retos para migrantes de retorno

El Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM) ofrece asesoría a migrantes de retorno, aunque no cuenta con protocolos específicos para la protección patrimonial ante invasiones. Según un diagnóstico de la Secretaría de Gobernación publicado en 2021, Tamaulipas es uno de los estados con mayor flujo de migración hacia Estados Unidos y retorno posterior, lo que incrementa los riesgos sobre inmuebles desocupados o administrados a distancia.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN.

Desaparece Domingo Leal Medina, defensor del agua y la tierra en Morelos

Domingo Leal Medina es reconocido por su oposición al Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye un gasoducto que atraviesa Tlaxcala, Puebla y Morelos, y una termoeléctrica en Huexca.

El defensor del agua y la tierra, así como uno de los principales opositores a la termoeléctrica de Huexca —en el tramo del acueducto— y excandidato a la presidencia municipal de Ciudad Ayala, Domingo Leal Medina, fue reportado como desaparecido ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Integrantes de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos (APPM) exigieron a las autoridades intensificar los trabajos para localizarlo. 

El activista, de 59 años y originario de la comunidad de Tecomalco, municipio de Ayala, fue visto por última vez el pasado 25 de abril por familiares y compañeros de lucha. Tras su desaparición, integrantes de la APPM iniciaron una búsqueda en diversas regiones con el apoyo de amigos y familiares. 

No fue sino hasta el 1 de julio que, con autorización de su familia, se hizo pública la denuncia sobre su desaparición. Desde entonces, diferentes organizaciones y movimientos sociales han difundido una ficha de búsqueda elaborada por los propios colectivos. 

La ficha se ha compartido en redes sociales acompañada de un llamado a la población para proporcionar cualquier información que ayude a encontrarlo. Los contactos habilitados son la organización ASURCO y el perfil de Facebook La Bola Records – Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos. 

“Lo consideramos un defensor comunitario y su desaparición no puede ser tomada a la ligera”, señalaron integrantes de la APPM, quienes urgieron a las autoridades estatales y federales a intensificar las labores de búsqueda. 

El 3 de julio se levantó el reporte formal ante la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos (CBPM), donde se abrió un expediente y en las próximas horas se emitirá una ficha oficial. También están en proceso de que la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) acceda a iniciar el reporte de desaparición e iniciar las investigaciones para dar con su paradero. 

Un luchador contra megaproyectos

Domingo Leal Medina es reconocido por su oposición al Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye un gasoducto que atraviesa Tlaxcala, Puebla y Morelos, una termoeléctrica en Huexca y un acueducto que cruza Ayala y Cuautla. Es miembro activo de la APPM y ha participado en diversas movilizaciones en defensa del agua y el territorio. 

Además, en la elección 2023-2024, Leal Medina fue candidato a la presidencia municipal de Ciudad Ayala por el Partido Verde Ecologista de México, un dato que refuerza su presencia política y social en la región. 

Jorge Velázquez Escalvazeta, activista e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala, recordó su papel activo en las protestas regionales. 

“Ha sido una figura clave en la resistencia contra el despojo de tierras y el impacto ambiental del megaproyecto impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Siempre fue muy creativo en la organización de las movilizaciones, por lo cual era indispensable su apoyo”, destacó. 

En defensa de tierras ejidales

Desde hace 19 años, Domingo Leal Medina también forma parte de la lucha por la defensa de tierras ejidales expropiadas para la construcción de la autopista Siglo XXI. Como ejidatario de Tecomalco e integrante de la comisión negociadora, ha participado en bloqueos, protestas y exigencias de pagos justos, reparación de daños y transparencia en los procesos. 

Uno de los momentos clave ocurrió el 16 de mayo de 2016, cuando habitantes de Tecomalco, con Leal Medina al frente, bloquearon los trabajos de la autopista para exigir el pago directo a los propietarios de las tierras y la reparación de caminos dañados por maquinaria pesada. 

“Nosotros queríamos que el gobierno nos pagara directamente y no a otras personas que no tenían nada que ver. Nosotros éramos los afectados, pues se trataba de nuestras tierras”, declaró ese día. Señaló que los gobiernos federal y estatal habían entregado más de 9 millones de pesos al entonces alcalde de Ayala, Bernardo Sosa, sin que los ejidatarios recibieran el recurso. 

También exigían un informe oficial sobre el proceso de expropiación, del cual no habían recibido información. 

La autopista Siglo XXI cruza al menos cinco comunidades de Ciudad Ayala y, pese a que lleva más de una década en construcción, el conflicto agrario continúa vigente, con inconformidades por pagos pendientes y daños sin reparar. 

La desaparición de Domingo Leal Medina ocurre en un contexto de resistencia activa de las comunidades afectadas en el oriente de Morelos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Señalan a GN, Ejército y AIC por presunta desaparición forzada de José Juan, adolescente de 14 años

El 19 de junio, José Juan fue retenido y subido junto con su motocicleta a una camioneta con logos del Ejército ante los ojos de su papá. Desde entonces no se sabe su paradero.

Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía del estado son señalados como presuntos responsables de la desaparición forzada de un adolescente de 14 años, al que se llevaron después de que aparentemente acudieron a ejecutar un cateo en una vivienda en Valle de Santiago el 19 de junio, y de quien no se sabe su paradero desde entonces. 

José Juan Arias Solís fue retenido y subido junto con su motocicleta a una camioneta con logos del Ejército ante los ojos de su papá. El hombre estaba en la azotea de su casa en la colonia Ranchos Unidos; escuchó los gritos de su hijo, quien llegó al exterior de la casa cuando vio llegar las patrullas con los elementos, a las 11:30 de la mañana de ese día, y según contó, vio cómo lo sometían, lo golpeaban y después se lo llevaban, sin que haya podido localizarlo desde ese momento.

Los elementos acudieron en vehículos oficiales, camionetas de la GN y vehículos del Ejército y de la AIC, de los cuales por lo menos de uno se cuenta con el número, además de que hay una cámara del C4 cerca de la casa, informó el abogado José Luis Miranda, asesor jurídico de la familia del adolescente. 

Miranda indicó que ya se interpuso un amparo que fue admitido por la titular del Juzgado Noveno de Distrito en Irapuato, Karla Macías Lovera, para requerir a las autoridades involucradas la información, búsqueda y ubicación del muchacho.  

La jueza Macías ha llevado varios casos similares en el estado, por los que ha requerido e incluso sancionado al Ejército ante reportes de desaparición de personas y su posible responsabilidad.  

“Él (el papá del menor) estaba en la azotea dándole de comer a los perros, escucha a su hijo gritar, quiere salir, se lo impiden (los agentes); a las 4 de la tarde se presenta un supuesto agente del ministerio público; se llevan al papá a la fiscalía, no le imputan ningún delito, es liberado a las 10:30 de la noche”, detalló. 

Aunque desde ese día los padres de José Juan preguntaron en la Fiscalía si había alguna acusación contra su hijo o si se encontraba detenido y en dónde, no hubo respuestas.  

Los militares y la AIC incluso se llevaron la motocicleta de José Juan en una de las patrullas. El funcionario de la Fiscalía estatal que se presentó en la casa dijo que efectivamente se trataba de un cateo; se trata de una persona adscrita a la oficina de la FGE en Valle de Santiago, que se negó a proporcionar su nombre y cargo al papá de José Juan, dijo el abogado. 

Omisiones y sospechas

A pesar de la denuncia por la desaparición, fue hasta el 30 de junio cuando se emitió la ficha de búsqueda por la propia Fiscalía estatal.


Al día siguiente, la carpeta de investigación pasó a manos de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Irapuato. 

El asesor jurídico explicó que la Fiscalía estatal tampoco ha informado sobre el motivo del supuesto cateo, que fue realizado cerca del mediodía del 19 de junio en el domicilio de la familia de José Juan, ubicado en la colonia Ranchos Unidos de Valle de Santiago, al sur del estado.   

“No tenemos evidencia de que haya una diligencia en alguna carpeta de investigación”, sostuvo. “Pedimos a la fiscalía que solicite información sobre si hay otra carpeta de investigación que justifique el supuesto cateo o fue una diligencia fuera de la ley”. 

El abogado precisó que en caso de que José Juan hubiera sido detenido, tendrían que haberlo remitido a una fiscalía especializada en justicia para menores, pero hoy en día no hay noticia de su paradero. “Conforme pasa el tiempo es más preocupante”.  

Mediante el amparo interpuesto, dijo el asesor jurídico, se exige la localización inmediata de José Juan, que la Guardia Nacional, el Ejército y la AIC proporcionen los nombres de los elementos involucrados, el acceso a los videos del C4 y la geolocalización con ayuda del teléfono celular que tenía el menor cuando se lo llevaron. 

Miranda dijo que hay algunos elementos de prueba que ya fueron entregados a la Fiscalía, con datos de las patrullas.  

José Juan es estudiante de secundaria; fuera de sus clases, ayuda a sus papás en el taller mecánico a cargo de su padre y en un comercio que atiende su mamá.  

“Suponiendo que estuviera en malos pasos, la autoridad de todos modos debe responder qué pasó con él”, demandó el asesor de la familia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.

“Necesitamos que nos volteen a ver”: extrabajadores de la financiera CAME no han recibido su liquidación tras ser despedidos

La Sofipo no ha pagado la liquidación de alrededor de 300 extrabajadores, con una antigüedad que va de los dos hasta los 17 años, ni la última quincena de marzo; piden que las autoridades los apoyen con sus casos.

Ante el cierre de oficinas y la suspensión de operaciones de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME), alrededor de 300 extrabajadores de distintos estados del país siguen esperando su liquidación y el pago de la última quincena de marzo.

Días antes de que terminara ese mes la empresa convocó a los empleados a una reunión virtual para avisarles que estaba pasando por “situaciones complicadas”, por lo que ya no podría seguir con la relación laboral. Les prometió que su última quincena se les depositaría junto con su liquidación, a más tardar dos semanas después del anuncio, pero eso no ha ocurrido hasta el día de hoy.

A tres meses de su despido, nadie responde llamadas ni correos y tampoco hay oficinas abiertas para reclamar. Ante ello, algunos trabajadores acudieron a los Centros de Conciliación de su entidad sin que hayan logrado tener un avance ya que solo han recibido una carta de “no conciliación” debido a que, en la mayoría de los casos, los representantes de CAME no se presentaron a las audiencias.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, la carta de no conciliación certifica que se agotó la etapa en la que ambas partes pueden negociar y que los extrabajadores pueden presentar una demanda ante el Tribunal Laboral e iniciar un proceso judicial.

Animal Político platicó con al menos ocho extrabajadores de CAME que laboraban en las oficinas de Chiapas, CDMX, Puebla, Oaxaca, Estado de México, Morelos, Jalisco y San Luis Potosí, quienes igual que sus compañeros reclaman su liquidación por una antigüedad que va de dos hasta 17 años.

También se consultó a representantes de la Sofipo, pero hasta el cierre de edición de esta nota no hubo respuesta. La CNBV indicó que hay tiempos legales y procesos que deben respetar y no pueden dar información del proceso, del caso de los ahorradores o de los trabajadores.

En tanto, Centros de Conciliación laboral locales en los que se han interpuesto las quejas, cuyas copias tiene este medio, informaron que el proceso de los trabajadores continuará “dejando a salvo los derechos de los interesados para ejercer las acciones respectivas ante el Tribunal Laboral competente en término del artículo 123”, que hace referencia a los derechos y obligaciones de los trabajadores y los patrones. 

Extrabajadores de CAME exigen el pago de sus liquidaciones

Marco, extrabajador de CAME, señala que no habían querido dar declaraciones o sumarse a las protestas que han hecho los ahorradores ya que querían esperar su pago y terminar la relación laboral de la mejor manera; sin embargo, la falta de respuestas los ha dejado en la incertidumbre, que ha crecido ante los señalamientos de un posible fraude o quiebra.

“El llamado es a que la empresa nos responda tal como nosotros le respondimos, en mi caso cinco años. Si las autoridades ya intervinieron la empresa pues que también nos tomen en cuenta. Sí, los afectados son los ahorradores, pero también lo somos los trabajadores ya que están violando nuestros derechos”, declara.

Marco indica que seis meses antes de que lo despidieran dejaron de pagar el Seguro Social y en los tres últimos años CAME cambió de razón social al menos en seis ocasiones. “Nosotros nos dábamos cuenta por el IMSS, cuando ya aparecía otra razón social”.

“Éramos parte de CAME y por no querer afectar a la empresa y recibir nuestro finiquito no levantamos la voz, pero sí necesitamos que también nos volteen a ver”, asegura el extrabajador.

Paula, quien trabajó para la financiera casi durante 17 años, terminó internada dos semanas después de que la despidieran al ver que en las noticias comenzaron a hablar de un posible fraude, y su preocupación creció al pensar que tal vez no le pagarían por todos los años laborados.  

Sin dinero tuvo que enfrentarse a una operación de emergencia y comenzar a organizarse vía WhatsApp con otros empleados en su misma situación; convaleciente acudió a interponer su denuncia.

Paula aún no ha podido buscar trabajo debido a su operación, aún le resta una recuperación que durará aproximadamente seis meses. Los pocos ahorros se le están agotando, por lo que exige que se le deposite lo que les corresponde por ley y su última quincena que tampoco recibió.

Recuerda que mientras trabajó en CAME fue víctima de asaltos que la llevaron al hospital y no paró de trabajar durante la pandemia de Covid-19. “No se vale porque nosotros como empleados dimos todo por la empresa y ahora no nos quieren pagar, que se hagan responsables de nuestra liquidación, nosotros ya lo trabajamos y estuvimos al pie del cañón y no es justo que no nos paguen lo que nos corresponde”.

En tanto, Martha, otra extrabajadora, tenía alrededor de 8 mil pesos ahorrados en la aplicación Techcreo CAME donde le depositaban su sueldo, pero una vez que ésta dejó de funcionar ya no pudo acceder a sus recursos.

Ella tenía planeado juntar 10 mil pesos para apoyar en la operación de cataratas que su mamá se realizaría a finales de julio, cirugía que se tendrá que retrasar. 

“Exigimos nuestros derechos, estamos esperando el depósito de nuestra liquidación, no peleamos nada más. Estamos desempleados y sin dinero, yo tengo ahí mis ahorros por 8 mil pesos, está pendiente también mi quincena”, reclama. 

Mientras que Alberto, cuyo nombre se cambió para proteger su identidad, cuenta que en 2024 algunas oficinas de la Sofipo comenzaron a cerrar y a finales del año CAME les ofreció un porcentaje extra por cada ahorrador que invirtiera en la empresa. Muchos de los trabajadores invitaron a sus familiares y ahora están a la espera de saber cómo van a recuperar su dinero.

Otra cosa que llamó su atención desde las oficinas de Chiapas es que hicieron un préstamo a nombre de toda la plantilla de trabajadores sin que ellos lo solicitaran. Todo por Techcreo CAME, aplicación que utilizaban los ahorradores y donde a ellos les depositaban su sueldo.

“Prácticamente nos obligaron a firmar y los que no firmamos el préstamo aún así se reflejó en la aplicación. En mi caso se hizo un préstamo por 48 mil pesos, se hacía dependiendo del sueldo del trabajador, desde coordinadores, ejecutivos, promotores, asesores, gerentes, toda la oficina”.

“Era como un préstamo fantasma porque en realidad no nos descontaban, solo que en el sueldo aparecía como una ‘compensación’ por la cantidad que teníamos que pagar del préstamo para que así se compensara (…) Nos dijeron que no nos preocupáramos y ante nuestro nerviosismo nos entregaron una carta finiquito de dicho préstamo”, dice Alberto.

Moody’s advierte que recursos no alcanzan para indemnizar a ahorradores

El pasado 13 de junio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención y suspensión de operaciones de la Sofipo, tras detectar irregularidades contables y una situación de insolvencia financiera crítica. La autoridad tiene pendiente todavía dar una resolución definitiva sobre la situación de CAME.

En su comunicado, el organismo supervisor del sistema financiero destacó que los recursos de los ahorradores están protegidos por el Fondo de Protección, el cual garantiza hasta 25 mil Unidades de Inversión (UDIS), alrededor de 211 mil pesos por persona física o moral, sin importar el número o tipo de operaciones que mantengan con la entidad intervenida.

En caso de que se active el seguro de depósitos, el monto asegurado podría cubrir a una parte de los ahorradores; sin embargo, quienes tengan más de ese monto no tendrían asegurada la parte excedente de sus depósitos como el es caso de algunas personas que llegaron a invertir más de 10 millones de pesos.

Recientemente la calificadora Moody’s advirtió en un reporte que los recursos del fondo que respalda a los ahorradores no son suficientes para cubrir la totalidad de los depósitos y el fondo no tiene capacidad suficiente para enfrentar una devolución simultánea de recursos a más de un millón de personas.

Asimismo, recordó que el gobierno federal tiene la facultad de realizar aportaciones extraordinarias para fortalecer la capacidad de respuesta del fondo.

Preocupa a ahorradores de CAME que su caso se minimice

Los ahorradores han expresado su preocupación porque su caso se minimice ante los señalamientos del Departamento de Tesoro de Estados Unidos contra Intercam, CI Banco y la casa de bolsa Vector, por presuntamente facilitar el lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo.

Los afectados no han dejado de hacer manifestaciones en avenidas principales de la Ciudad de México para exigir la devolución total de sus recursos. Hace unos días un grupo asistió a la Cámara de Diputados para solicitar “un mecanismo legislativo y financiero de emergencia para garantizar la devolución de su dinero”.

También demandan que los funcionarios de la CNBV y de Hacienda comparezcan para explicar qué fue lo que pasó y por qué se tardaron tanto en intervenir en el caso. 

El miércoles 2 de julio, un grupo de ahorradores cerraron Paseo de la Reforma, frente a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), en donde los recibió su titular, Alfredo Higuera Bernal, quien les prometió una reunión para el próximo 9 de julio para hablar sobre sus demandas interpuestas de manera individual y colectiva, así como de la investigación en curso.

Leticia Ávila, una de las afectadas, sostuvo que hasta ahora no han recibido información clara sobre los responsables ni sobre el destino de sus ahorros, por lo que piden que se amplíen las líneas de investigación del caso, incluso a posibles operaciones ligadas a lavado de dinero.

También exigen que se identifique a los funcionarios involucrados en la operación de la financiera y se congelen sus cuentas hasta que se deslinden responsabilidades.

“Nosotros no vamos a ser otro Ficrea, se tiene que hacer justicia y exigimos la devolución completa de nuestros ahorros”, demanda Leticia, hija de uno de los afectados que tiene 80 años e invirtió con CAME más de 2 millones de pesos. 

Hasta el momento, ni la CNBV ni la Secretaría de Hacienda han explicado a las víctimas cómo ni cuándo se activará el proceso de devolución de sus ahorros. Sobre los trabajadores no han dado ninguna postura.


FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA CASASOLA.

Fiscalía de EU entrega pruebas de tortura a “Kiki” Camarena, en caso vs Caro Quintero

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) compartió, el 4 de julio de 2025, evidencias sobre el caso de Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe” -cofundador del Cártel de Guadalajara, el primero que hubo en México, junto a Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Padrino” o “El Jefe de Jefes”, y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”-, como grabaciones y fotografías de asesinatos.

En una carta firmada por el fiscal Joseph Nucella, se informó a la defensa legal del narcotraficante sinaloense, el contenido de los documentos a los cuales denominaron como “material de descubrimiento sensible”.

En el escrito se señaló que entre las evidencias había grabaciones sobre el interrogatorio y tortura del del agente especial de la Administración para el Control de Drogas​ (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique “Kiki” Camarena Salazar. Además, habría fotografías de múltiples homicidios llevados a cabo en 1985 y un asesinato ocurrido en 1981.

El juez Frederic Block, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, fijó para el 18 de septiembre de 2025, la audiencia en la que Caro Quintero conocería los nuevos avances de la Fiscalía de EE. UU. para pedir o no que fuera susceptible de aplicársele la pena de muerte.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó, el 17 de marzo de 2025, se le aplicaría “todo el peso de la ley” a Caro Quintero, quien, según datos del Buró Federal de Prisiones de EE. UU. (BOP, por sus siglas en inglés), se encontraba recluido en el Centro Correccional Metropolitano, Nueva York (MCC New York, por sus siglas en inglés), con el número de registro 12303-016, ello después de ser enviado por el Gobierno mexicano a Estados Unidos, por supuestas causas de seguridad nacional.

“Han estado buscando a esta persona por años y lo conseguimos. Este malvado asesino será procesado con todo el peso de la ley”, dijo el magnate neoyorquino, durante una conferencia de prensa, llevada a cabo en el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

Asimismo, Trump se refirió al agente especial de la Administración Antidrogas de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique “Kiki” Camarena, quien fue presuntamente secuestrado, torturado y posteriormente asesinado, en 1985, por órdenes del capo sinaloense Caro Quintero.

“México entregó recientemente a los 29 líderes más grandes de los cárteles, incluido el depravado capo acusado del asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena”, afirmó el magnate neoyorquino.

La Fiscal General de Estados Unidos, Pamela Jo Bondi, y el Fiscal General Adjunto en funciones, Emil Bove, mantuvieron, el 28 de febrero de 2025, una “poderosa y emotiva” llamada telefónica con el Juez Enrique Camarena, hijo del agente especial de la DEA.

“En 1985, el Agente Especial Camarena fue secuestrado, torturado y asesinado. Su presunto asesino, Rafael Caro Quintaro, estaba entre los 29 acusados ​​buscados que fueron puestos bajo custodia en los Estados Unidos ayer, quienes ahora enfrentarán un proceso judicial bajo la ley estadounidense”, recordó el DOJ, en un comunicado.

“El presidente Trump y yo estamos comprometidos a responsabilizar a todos los miembros de los cárteles por sus crímenes y a brindar justicia a las familias de todas y cada una de las víctimas”, dijo la procuradora general Pamela Bondi. “Fue un verdadero honor hablar con el juez Camarena para expresarle mis más sinceras condolencias por la pérdida de su padre y asegurarle que seremos incansables en nuestra búsqueda de justicia en este caso”, agregó Bondi, citada en el comunicado.

“Hoy es un día que hemos esperado durante mucho tiempo. Cuarenta largos años de espera, de preguntas y de esperanzas de que finalmente se haga justicia. Después de cuatro décadas, la persona responsable de arrebatarnos a nuestra querida Kiki ha sido traída a los Estados Unidos para responder por lo que hizo”, indicó, por su parte, la familia Camarena, también citada en el comunicado.

“No hay palabras para describir por completo el dolor que hemos soportado: el asiento vacío en la mesa, los cumpleaños y las fiestas sin él. La vida que nos robaron, no solo a él, sino a todos los que lo amábamos. Hemos vivido con esta pérdida todos los días”, agregó la familia del agente especial de la DEA.

“Durante 14.631 días, mantuvimos la esperanza: la esperanza de que este momento llegaría, la esperanza de que viviríamos para ver la rendición de cuentas. Y ahora, esa esperanza finalmente se ha convertido en realidad. Si bien ninguna cantidad de tiempo puede borrar el dolor ni recuperar lo que perdimos, hoy marca un paso hacia la justicia”, abundó la familia de “Kiki” Camarena.

“Queremos agradecer a la DEA, a las agencias policiales, a los investigadores y a los funcionarios, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, que nunca se rindieron. Queremos agradecer al presidente Trump por usar el peso de este país para lograr lo que pensábamos que nunca ocurriría. Gracias a todos los que han trabajado en este caso durante 40 años. No los conocemos a todos, pero sepan que tienen el más profundo agradecimiento y aprecio de nuestra familia”, insistió la familia del agente especial de la DEA.

“A quienes nos han apoyado, celebrado la Semana del Lazo Rojo con nosotros y nos han acompañado en los momentos más oscuros (nuestra extensa familia, amigos e incluso desconocidos que han compartido nuestro dolor), les estaremos eternamente agradecidos”, finalizó la familia de “Kiki” Camarena.

“En un gesto simbólico, el juez Enrique ‘Kiki’ Camarena Jr. entregó las esposas de su padre al exagente de la DEA Steve Paris, integrante de la ‘Operación Leyenda’, quien las llevó a Nueva York para colocárselas a Caro Quintero durante su comparecencia ante la corte mañana, cerrando así un ciclo de dolor, recuerdo y justicia”, informó, el mismo día, Illicit Investigations, que se describen a sí mismos como “periodistas de investigación galardonados que cubren el crimen organizado en YouTube”.

El 25 de junio de 2025, la Fiscalía de la Corte Federal para el Distrito Este anunció que recuperó grabaciones de audio sobre el interrogatorio y la tortura a “Kiki” Camarena y que serían utilizadas como “pruebas sensibles” en el caso contra Caro Quintero.

“Hemos revisado registros en los que quedó grabada la manera de proceder [de Caro Quintero], fotografías, autopsias, el tráfico de marihuana, cocaína y fentanilo. También tenemos grabaciones de audio con el interrogatorio y tortura hace cuarenta años a Enrique Camarena”, dijo la fiscal Saritha Komatireddy, citada en un comunicado.

Tras un conflicto de intereses con su otrora abogado, Michael Vitaliano, el equipo legal de Caro Quintero estaría compuesto ahora por el letrado Mark DeMarco y Elizabeth Macedonio, esta última elegida como representante especial para defender al capo sinaloense de la posible pena de muerte.

A finales de marzo de 2025, el juez Bloc fijó un plazo de 90 días para que la Fiscalía de EE. UU. aclarara si pensaba pedir la pena capital para Caro Quintero, a quien definieron entonces como “malvado asesino”.

El 25 de junio de 2025, la Fiscalía de EE. UU. comunicó que ello era una posibilidad que “sigue sobre la mesa”, pero que el Departamento de Justicia de Estados Unidos necesitaba “más tiempo” para hacer progresos al respecto.

Familiares de Camarena Salazar presentaron, el 19 de marzo de 2025, una demanda civil, en la Corte Federal de San Diego, California, contra Caro Quintero, Félix Gallardo y Fonseca Carrillo, para exigir pago de daños y perjuicios a los tres capos sinaloenses, a los que acusan de “actos de terrorismo” por el secuestro, tortura y ejecución del del agente especial de la DEA, en 1985.

Los afectados -entre ellos nueve parientes de Camarena, incluidos su viuda y tres hijos-, demandaron a Caro Quintero, Félix Gallardo y Fonseca Carrillo, bajo reglas de la Ley Antiterrorismo de 1992, que permitía a cualquier estadounidense afectado por este tipo de actos, demandar a los extranjeros supuestamente responsables de dicho delito.

Sin embargo, los demandantes no especificaron el monto de su reclamo, que quedaría a decisión del jurado, pero pidieron pago por daños compensatorios, daños punitivos, y un concepto conocido como “treble damages”, previsto en la Ley Antiterrorismo, por el cual la Corte Federal debería triplicar la cantidad que determinara el jurado.

“Como integrantes de una organización criminal de narcotráfico especialmente designada, y de una organización terrorista extranjera, los demandados causaron las lesiones y muerte aquí descritas, y son responsables por los actos criminales, incluidos actos de terrorismo internacional, conspiración para cometer actos de terrorismo internacional, y participación en una empresa criminal continua con fines de terrorismo”, señalaron los afectados en la demanda.

Según lo reportó el diario Reforma, la mayor parte del escrito era una narración de la vida de Enrique Camarena, su carrera en el Cuerpo de Marines y sus años como policía local en Calexico, California, antes de unirse a la DEA y ser transferido a Guadalajara, Jalisco.

También detalló el secuestro de Camarena y el piloto aviador de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Alfredo Zavala Avelar, perpetrado en febrero de 1985, como reacción de Caro Quintero ante vuelos de reconocimiento que llevaron a un decomiso masivo de mariguana en el rancho Búfalo, ubicado Chihuahua, en noviembre de 1984.

Además, se alegó el sufrimiento de su esposa, Mika, quien se quedó esperando a Camarena en un restaurante en Guadalajara el día que fue secuestrado, y luego tuvo que quedar con sus hijos bajo vigilancia permanente del Gobierno de EE. UU., antes de regresar a San Diego.

“Kiki” Camarena y el piloto aviador de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Alfredo Zavala Avelar, fueron secuestrados por un grupo de hombres armados el 7 de febrero de 1985, en Jalisco. Un mes después sus cuerpos fueron hallados en un rancho del estado de Michoacán, con señales de tortura.

“Antes de que pudiera exponer las operaciones de narcotráfico, fue secuestrado en ruta a almorzar con su esposa el 7 de febrero de 1985 en Guadalajara, Jalisco. Supuestamente, las órdenes directas del secuestro fueron dadas por Caro Quintero”, indicó el Gobierno de EE. UU., en abril de 2018.

“Camarena fue rodeado por cinco hombres armados que lo arrojaron dentro de un automóvil y se lo llevaron. Se cree que Camarena murió a los dos o tres días de su secuestro, pero su cuerpo no fue encontrado sino hasta el 5 de marzo de 1985. Sobreviven al agente especial Camarena su esposa y sus tres hijos”, abundó el Gobierno estadounidense.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Crimen y violencia amenazan proyecto de Rocío Nahle en Veracruz

El municipio veracruzano de Tuxpan enfrenta una ola de ejecuciones, que han alcanzado a varios empresarios, y hechos violentos producto de enfrentamientos entre las organizaciones criminales Grupo Sombra y células del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El asesinato de Antonio Huesca Figueroa, director del penal de Tuxpan, el 18 de junio último, quien meses atrás fue amenazado presuntamente por el crimen organizado, y el homicidio de tres personas al interior de una vivienda en un fraccionamiento de lujo, expone el repunte de la violencia en este municipio del norte de Veracruz. 

En los últimos dos años Tuxpan ha alcanzado sus peores niveles de violencia en al menos un sexenio, en un contexto de enfrentamientos entre grupos delictivos que se disputan el control de la región, particularmente entre una escisión del Cártel del Golfo –denominada “Grupo Sombra”– y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En medio de la imparable violencia en ese municipio, la gobernadora Rocío Nahle pretende avanzar en su promesa electoral de instalar ahí un polo de desarrollo.

El 26 de junio último la mandataria firmó ante la presidenta Claudia Sheinbaum el convenio de coordinación para la puesta en marcha del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODEBI) en Tuxpan, proyecto estratégico con el que espera consolidar a ese municipio como uno de los principales destinos de inversión industrial del país. 

“Tuxpan cuenta con condiciones inmejorables: acceso a gas, agua y electricidad; además de conectividad estratégica con el centro del país y el mercado internacional. Hemos destinado 233 hectáreas para el desarrollo de un parque industrial enfocado en sectores como la química, agroindustria y economía circular”, dijo durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, aunque no habló de la violencia que padece el municipio. 

Sólo en los primeros meses de 2025 cuatro empresarios fueron asesinados y también un comandante de la fiscalía estatal. 

En marzo el empresario restaurantero Josué Cruz Martínez fue baleado. Días antes fue asesinado Víctor Poisot Bermejo, quien tenía negocios inmobiliarios. Mientras en abril fueron ejecutados Nabor Casco Machorro, dueño de farmacias y el líder agrarista, y el empresario Rubén Cruz Sagastume, atacado en las oficinas de la asociación ganadera local en pleno centro de la ciudad.

La gobernadora Rocío Nahle descartó que esos crímenes estén ligados al cobro de piso. Pero hasta la fecha no hay detenidos ni se han informado las líneas de investigación de estos asesinatos. 

Raúl Palma Moguel, segundo comandante de la Policía Ministerial de Tuxpan, murió tras ser herido en un ataque armado. 

La presencia del crimen en la región se evidenció en marzo último, cuando en un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales fueron detenidos 11 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El despliegue se realizó tras un ataque armado con saldo de un secuestrado y cuatro heridos.    

Tras esos hechos, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública “Máxima Presencia”, se reforzaron los operativos conjuntos entre fuerzas federales, estatales y municipales en todo el municipio, mediante patrullajes permanentes, presencia policial en puntos estratégicos y la instalación de puestos de control. 

La violencia de los primeros meses de este año es similar a lo vivido en 2024.  Ese año, en las calles y el malecón frente al Golfo de México, ocurrieron varios hechos violentos, el más grave de ellos fue el hallazgo de 13 cuerpos abandonados en hieleras y bolsas negras junto a las letras turísticas de la ciudad, acompañados de mensajes atribuidos a la delincuencia organizada.
También fue dejado un cuerpo en una camioneta a las afueras del ayuntamiento de Tuxpan una noche, según consta en una carpeta de investigación. 

A esto se suma el ataque a balazos dirigido al director de Protección Civil de Tuxpan, José Téllez. Antes, en 2022, la síndica Beatriz Piña fue retenida por personas que se identificaron como El Grupo Sombra.

Pese a esos hechos, el alcalde de Morena, Juan Manuel Pozos, solicitó licencia en octubre último para asumir el cargo de subsecretario de Gobierno en la administración de la gobernadora Rocío Nahle.

Pozos ha sido dos veces diputado local, diputado federal, coordinador de la unidad administrativa del C4 y presidente de la Junta de Coordinación Política de Morena en el Congreso local, así como presidente de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal. 

El funcionario solicitó licencia al cargo de alcalde el 17 de octubre, pocos días después de que Tuxpan quedara paralizado por un enfrentamiento armado entre los grupos delictivos Grupo Sombra–Los Tercios y el Cártel Jalisco Nueva Generación. El hecho ocurrió el 3 de octubre y causó el cierre de comercios y la suspensión de clases en todos los niveles educativos en una ciudad de más de 150 mil habitantes.

Este municipio, al igual que otros de la zona norte como Poza Rica, Tihuatlán y Álamo, ha experimentado una escalada de violencia en los últimos meses. Por ejemplo, en marzo pasado de 2024 el grupo criminal conocido como Grupo Sombra dejó cuerpos desmembrados en las letras turísticas de Cazones–ubicado a aproximadamente 62 kilómetros de Tuxpan– y realizó disparos al aire.

En 2024 la Fiscalía de Veracruz reportó más de 20 asesinatos en Tuxpan. Además, otros delitos que experimentaron un incremento fueron la extorsión y el narcomenudeo. Durante los seis años del primer sexenio morenista en este municipio se contabilizaron 14 secuestros y casi 100 homicidios, además de la apertura de 167 investigaciones relacionadas por narcomenudeo y 100 por extorsión. 

Delincuencia al alza

Tras el abandono de cuerpos en la vía pública, acompañados de narcomensajes, las autoridades reforzaron la seguridad con la llegada de la Guardia Nacional y el Ejército. Sin embargo, la violencia persistió. 

El gobierno atribuyó estos hechos al grupo Fuerza Especial Grupo Sombra (FEGS), escisión del Cártel del Golfo, y quien mantiene una disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

El nombre de este grupo delictivo es ampliamente conocido en la región. Su presencia se ha extendido por gran parte del norte de Veracruz dejando cadáveres abandonados en hieleras, bolsas negras y acompañados de narcomensajes.

Entre 2017 y 2018 también publicó mensajes en redes sociales y recorrió colonias de la región norte, donde regaló juguetes y despensas. Posteriormente, en 2020, durante la pandemia de covid-19 distribuyó cubrebocas.

Desde 2018 el grupo ha estado en la mira del gobierno, que ofreció una recompensa de un millón de pesos por la captura de siete líderes de este cartel, dedicado al tráfico de drogas, robo de transporte de carga, secuestro, extorsión, cobro de piso y homicidios en la zona norte veracruzana.

Ese año el cártel grabó un video en el que mostraban la decapitación de “la comandanta Paty”, a quien identificaron como responsable de planificar secuestros en varios municipios de Veracruz para el Cártel de Los Zetas.

Posteriormente, en 2021, el Grupo Sombra se hizo visible mediante un video en el que se deslindó de las amenazas dirigidas a diversos candidatos que aspiraban a cargos de elección para presidencias municipales.

En los últimos dos años la fiscalía ha reportado la detención de al menos 25 personas vinculadas a este grupo, entre ellas siete policías y un comandante en Álamo. Pese a ello, su presencia en la zona norte y en Tuxpan no ha disminuido.

Síndica, en la mira

En noviembre de 2022 la síndica Beatriz Piña fue retenida por individuos que afirmaron pertenecer al grupo delictivo Sombra.

Por estos hechos presentó la denuncia penal TXP/DVI/F4/875/2022 ante la Unidad de Procuración de Justicia del Distrito VI de Tuxpan. Sin embargo, hasta la fecha, el caso sigue sin resolverse.

“Me interceptan una camioneta blanca y un taxi con hombres armados, me bajan a mí y a mi hijo y nos encañonan. Me dicen ‘le bajas de huevos o te atienes a las consecuencias’ y no denuncies, porque vamos a venir por ti”, fue la declaración la síndica en la carpeta de investigación que se hizo pública en redes sociales. 

Los hechos quedaron registrados en las cámaras de seguridad de la zona, y todo el material fue entregado a la fiscalía. A raíz de lo ocurrido, Piña cuenta con protección de seguridad proporcionada por policías municipales. 

En febrero último una denuncia por acoso y hostigamiento sexual  de una empleada del ayuntamiento de Tuxpan dio un giro a su caso. 

La exjefa de Contabilidad Martha Patricia Gómez presentó una denuncia contra el tesorero municipal de Tuxpan, Néstor José Flores Lugo, por acoso sexual. 

La carpeta de investigación TXP/DVI/FEMUJ/F2/49/2024 del 2 de febrero 2024 relata el hostigamiento de Flores Lugo a la empleada, de quien trató de abusar físicamente y le hacía insinuaciones verbales y físicas, además de que la citaba en fiestas en su casa particular. 

De acuerdo con Martha Patricia, el entonces alcalde Pozos Castro le pidió presentar su renuncia, con la promesa de una reinstalación en otro puesto. Pero cuando él pidió licencia al cargo la Tesorería ordenó despedirla.

La denuncia, que también se conoció públicamente, revela un testimonio de la exjefa de contabilidad donde denuncia amenazas del tesorero municipal y agrega: “Yo sí tengo miedo de las amenazas del Sr. Néstor, porque una vez que entré a su oficina alcancé a escuchar que le decía al director de Adquisiciones, que si yo no le hacía caso, me iba a hacer lo mismo que le pasó a la síndica el día de su atentado”. 

Este testimonio fue añadido a la carpeta de investigación relacionada con la agresión a la síndica Beatriz Piña. Sin embargo, según las fuentes consultadas, hasta el momento no se le ha dado seguimiento como una línea de investigación seria.

Beatriz Piña –quien apoyó la denuncia de la exjefa de Contabilidad– había tenido desencuentros con el área de Tesorería, pues entre 2022 y 2023  firmó al menos siete estados financieros bajo protesta y votó en contra en sesiones de cabildo. 

En la copia de los documentos que son públicos, se pueden leer anotaciones como: “Se realizan pagos a prestadores de servicio sin contrato. Previo se presentan modificaciones presupuestales sin autorización de la comisión de hacienda”. 

También en los estados financieros, la síndica denuncia que el tesorero realiza modificaciones presupuestales que no aparecen en las cuentas oficiales y no tienen respaldo. 

Alcalde en escándalos

En medio de esta situación de violencia, al interior del ayuntamiento que encabezaba Pozos se denunciaron situaciones de acoso sexual y violencia institucional. 

La entonces jefa de Contabilidad, Martha Patricia Gómez, afirmó en su denuncia que su caso no era el único dentro del ayuntamiento. Sin embargo, señaló que muchas mujeres permanecían en silencio por temor a posibles represalias. “No pasa nada, y además te despiden”, agregó.

El hijo del exalcalde, José Manuel Pozos del Ángel, quien ahora es titular del Instituto Veracruzano de Vivienda en el gabinete de Rocío Nahle, también fue denunciado en 2022 ante la Fiscalía por abuso y hostigamiento sexual.

En julio de 2022 una mujer denunció públicamente haber sido víctima de privación ilegal de la libertad y contacto físico forzado por parte de Pozos del Ángel, quien en ese momento se desempeñaba como subsecretario de Finanzas en el gobierno de Cuitláhuac García. Esta situación derivó en la renuncia de Pozos del Ángel a su cargo.

Un año después, en junio de 2023, un juez local dictó en su favor auto de no vinculación a proceso por los delitos de abuso sexual y hostigamiento sexual y archivó el proceso.

Inconformes, el asesor Jurídico y la víctima interpusieron una apelación que en diciembre pasado fue resuelta por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia penal, que resolvió instruir al juez dictar una nueva resolución del caso, en la que realice el examen integral y exhaustivo del fallo de primer grado y, en caso de no encontrar violaciones a derechos fundamentales, estudie los agravios planteados.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALES.

Nestlé invertiría en los polos de desarrollo de Sheinbaum; interés especial en el Corredor del Itsmo

De acuerdo con información del gobierno federal, el Plan México contempla la creación de Polos de Desarrollo Económico en distintas regiones del país, con incentivos fiscales, infraestructura logística y facilidades administrativas.

Nestlé sí tiene interés en invertir en el proyecto de los Polos de Desarrollo y particularmente en la región del Istmo de Tehuantepec, una de las zonas estratégicas del denominado Plan México.

En entrevista con Proceso, el presidente ejecutivo de Nestlé México, Fausto Costa, aseguró que el país sigue siendo atractivo para la firma de origen suizo por diversos factores, entre ellos el nuevo esquema de desarrollo económico planteado por el gobierno entrante, esto a pesar de las presiones de Estados Unidos a la nación mexicana.
“Para la empresa de origen suizo el país es atractivo para invertir y hay diferentes componentes que hacen al país atractivo, y uno de ellos es el Plan México”, dijo el directivo.
De acuerdo con información del gobierno federal, el Plan México contempla la creación de Polos de Desarrollo Económico en distintas regiones del país, con incentivos fiscales, infraestructura logística y facilidades administrativas.

Estos polos buscan detonar sectores clave como agroindustria, aeroespacial, automotriz, bienes de consumo, farmacéutica y dispositivos médicos, electrónica y semiconductores, energía, química y petroquímica, textil, calzado y economía circular.

Costa explicó que Nestlé ya sostiene conversaciones con funcionarios del llamado segundo piso de la Cuarta Transformación para definir posibles áreas de inversión que cumplan con los criterios económicos, sociales y medioambientales de la compañía.

“Tenemos interés en los polos de desarrollo. Hemos platicado eso con el gobierno. Creo que es una medida muy interesante. La estamos evaluando, pero siempre decidimos las inversiones que hagan sentido económico, sentido social y medioambiental”, indicó.

De manera particular, el ejecutivo señaló que una de las regiones que más interés genera para la compañía es la del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que conecta los estados de Veracruz y Oaxaca. Actualmente, esta zona se encuentra en análisis dentro de la estrategia de expansión de Nestlé.

“Yo diría que hay muchos proyectos ahí que son bastante atractivos. Creo que toda esta zona del transístmico”, comentó.

Compromisos y compras locales

Costa precisó que el interés de Nestlé en el Plan México se alinea con la estrategia de inversión que la firma ha sostenido en el país.

Recordó que al inicio del nuevo sexenio, en enero de este año, la empresa formalizó un compromiso por mil millones de dólares destinado a la ampliación de plantas, construcción de nuevas fábricas y fortalecimiento de sus operaciones.

“Hicimos recientemente también un anuncio público de una inversión de 2 mil millones de dólares en compra de insumos locales, compra de productos del campo mexicano, porque tenemos una característica que es que producimos la gran mayoría de los productos que vendemos en México y que exportamos con insumos locales”, subrayó.

El presidente de Nestlé México enfatizó que la firma se ha consolidado como uno de los principales compradores de insumos en distintas cadenas productivas nacionales.

“Somos un gran comprador de insumos de varias cadenas productivas. Entonces, cuando exportamos un producto Hecho en México, exportamos con un alto contenido nacional, con una agregación de valor local muy relevante, que es muy diferente de una operación transaccional. Aquí es una operación que sí agrega valor y nuestro compromiso es seguir expandiendo y seguir creciendo”, dijo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

ONU-DH condena hallazgo de 383 cuerpos en un crematorio; urge "investigación eficaz"

Al solidarizarse con las familias de las personas fallecidas, la ONU-DH  recordó al Estado mexicano las obligaciones internacionales “de proteger y respetar a los muertos” contenidas en las recomendaciones del relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias.

En el contexto del hallazgo de 383 cuerpos en un crematorio de Ciudad Juárez, la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) urgió a “realizar una investigación eficaz y a respetar los derechos de las personas fallecidas”.  

Al solidarizarse con las familias de las personas fallecidas, la ONU-DH  recordó al Estado mexicano las obligaciones internacionales “de proteger y respetar a los muertos” contenidas en las recomendaciones del relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Morris Tidball-Binz, emitidas en abril de 2024.

El documento, presentado ante la Asamblea General de la ONU, el informe reconoce las tradiciones de los grupos sociales de honrar a los muertos, de ahí que “en los casos de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (es decir, muertes ilícitas), los cadáveres de las víctimas atestiguan la vulneración del derecho a la vida y, por lo tanto, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger y salvaguardar a las personas fallecidas”.  

El relator especial hace un análisis sobre las distintas formas de honrar a los muertos de acuerdo a las tradiciones y culturas en distintas partes del mundo, así como las legislaciones que regulan la deposición de los restos.  

“Muchas de las desigualdades, discriminaciones e injusticias que se producen en la vida persisten en la muerte”, sostiene en su informe Morris Tidball-Binz, al destacar que persiste “un importante solapamiento de leyes, reglamentos y prácticas relativos a las muertes no violentas y cotidianas”.  

Para el relator “la dignidad de la persona y el respeto debió a su cuerpo y a sus restos humanos no se extinguen con la muerte”, por lo que “alterar esos procesos, mediante la protección indebida o el trato irrespetuoso de los muertos, hace daño a las personas y las sociedades y, en el caso de las muertes ilícitas, socava o impide el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.  

El reporte de la relatoría especial e la ONU puntualiza que “las obligaciones del Estado de proteger a los fallecidos son primordiales para hacer efectivos los derechos de las familias y para garantizar que todas las muertes potencialmente ilícitas se investiguen a fondo”, garantizando que se cumplan las normas internacionales como el Protocolo de Minnesota y los Principios Relativos a una Eficaz, Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias.  

Agrega que en esos casos “la protección de los muertos sigue planteando problemas considerables, que acentúan el dolor y la sensación de pérdida de quienes desean llorar a sus seres queridos”, además de que se dificulta la defensa de los derechos “de los miembros de minorías y de las personas indígenas, la situación e las personas indigentes y los cadáveres no identificados y no reclamados”.  

Tras hacer un análisis de las dificultades para las minorías de contar con la protección de los estados para realizar sus ritos funerarios o las reticencias para solventar los gastos para dar sepultura o incinerar a los indigentes fallecidos, el informe abunda que en el caso de los cadáveres no identificados o no reclamados. 

“En todo el mundo, millones de fallecidos siguen sin identificar y nunca son devueltos a sus familias o comunidades. Los cadáveres no identificados o no reclamados -personas fallecidas sin familiares conocidos o autorizados- plantean un enorme reto a los sistemas medico-legales de los Estados. 
“La identificación de cadáveres no reclamados suele resultar complicada debido a la escasez de peritos forenses y de recursos científicos, a la financiación insuficiente de los sistemas forenses, a las infraestructuras inadecuadas y la falta de directrices claras”, resalta el documento.  
Sobre este tema, abunda que “cuando no hay identificación, un cadáver pasa a ser na persona desaparecida, lo cual no solo perjudica a las familias al privarlas de su derecho al duelo y al restablecimiento, sino que también tiene implicaciones jurídicas y puede obstaculizar las investigaciones penales en casos de muerte potencialmente ilícita”.

El informe hace una revisión de distintas condiciones de fallecimiento y de la recuperación de restos (en casos de ejecución, de conflicto armado, de crisis sanitarias, en casos de emergencias), resaltando de manera preponderante el caso de migrantes fallecidos, quienes, “aunque sean recuperados, muchos de los restos quedan sin identificar”.   

El relator especial hace una serie de recomendaciones a los Estados parte, entre ellas al  trato digno de las personas fallecidas de manera potencialmente ilícita; armonizar la protección de los muertos con base en el derecho internacional, de manera que los Estados dispongan de “medidas nacionales pertinentes -leyes, reglamentos, protocolos, directrices y mecanismos de aplicación- para proteger a los muertos en la práctica y velar por que los restos humanos de una persona fallecida sean atendidos y gestionados adecuadamente, con el fin de preservar la dignidad de los fallecidos y garantizar que se respeten los derechos de sus familias en todo momento”.  

Al recomendar el respeto irrestricto a los familiares de las personas fallecidas, el informe asienta que “los Estados deben velar porque las instituciones y los profesionales responsables de recuperar, documentar y proteger los restos humanos, incluidos los sistemas medico legales de investigación de muertes, dispongan de la capacidad y los recursos adecuados y reciban la capacitación y el apoyo necesarios para que puedan cumplir con sus obligaciones de proteger a los muertos e investigar las violaciones del derecho a la vida, incluso en incidentes con muchas víctimas mortales”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Caso Keila Nicole: exigen justicia por el asesinato de la adolescente que se encontraba desaparecida en Baja California

Keila Nicole salió de su casa para ver a una de sus amigas, pero nunca llegó. Varias partes de su cuerpo fueron localizadas al siguiente día en un camino de terracería. Habitantes de la comunidad de El Rosario y colectivos exigen justicia por este crimen.

Un nuevo caso de violencia contra las mujeres ha estremecido a la población de Baja California, al norte de México. En el municipio pesquero de San Quintín, los restos de una adolescente de 13 años, identificada como Keila Nicole, fueron hallados horas después de su desaparición. 

Las primeras indagatorias indican que la adolescente salió de su casa ubicada en la comunidad de El Rosario, al sur del municipio, la tarde del martes 1 de julio para visitar a una de sus amigas, pero nunca llegó. Esta fue la última vez que se supo algo de ella. 

Medios locales refieren que su madre reportó la desaparición el miércoles 2 de julio por la mañana y posteriormente recibió una llamada anónima que le informó sobre la presencia de una extremidad en un camino vecinal de terracería, por lo que familiares y fuerzas de seguridad se trasladaron al sitio. 

Al arribar, autoridades confirmaron la localización de varias partes de un cuerpo femenino con visibles signos de violencia. En la escena también se encontraba un tubo metálico oxidado, que consideraron como una posible arma utilizada en el crimen.

La zona fue acordonada y agentes de la Fiscalía General del Estado llegaron al lugar para levantar evidencias e iniciar con las investigaciones correspondientes. 

Ayer, el fiscal central de Baja California, Rafael Orozco, informó que el cuerpo pudo ser identificado por familiares de Keila Nicole al momento del hallazgo, ya que contaba con aproximadamente 12 horas de haber fallecido. 

Asimismo, indicó que hay avances importantes en el caso cuyos detalles no se pueden dar a conocer para no alertar a presuntos responsables. “Tenemos ya información muy importante y en las próximas podremos accionar legalmente como corresponde”, precisó.

El gobierno municipal de San Quintín expresó su dolor y solidaridad ante los hechos ocurridos y se comprometió a reforzar las medidas de prevención que permitan atender en tiempo y forma los casos de secuestro o desaparición forzada.

Agregó que brinda acompañamiento psicológico y legal a la familia afectada y mantiene una coordinación con la fiscalía estatal para contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la aplicación de justicia.

También se reforzaron los operativos preventivos y la presencia policiaca en escuelas, espacios públicos y comunidades vulnerables.

“Como gobierno municipal no descansaremos hasta que se haga justicia y se implementen acciones que eviten que hechos tan dolorosos vuelvan a ocurrir”, sostuvo. 

Búsqueda continúa

Al darse a conocer que los restos de Keila Nicole estaban incompletos, habitantes de la comunidad y colectivos se unieron a la búsqueda que continuó este viernes por la mañana. 

A través de un comunicado, el Colectivo de Búsqueda San Quintín hizo un llamado a exigir justicia para evitar que el caso se quede impune y a compartir información sobre los hechos por todos los medios posibles para poder dar con los responsables y que sean castigados.

Por su parte, la asociación de Madres Buscadoras de San Quintín emitió un comunicado en el que exigió a las autoridades implementar las medidas necesarias para prevenir y sancionar los actos de desaparición.

En particular, la asociación pidió crear una célula así como una comisión local de búsqueda en San Quintín, reforzar a la fiscalía especializada en el área de desaparecidos, así como la creación de una unidad especializada en homicidios para que las autoridades no deban trasladarse desde Ensenada para hacer las diligencias correspondientes.  

Este viernes, habitantes de El Rosario realizarán una caminata del centro a la fiscalía en apoyo a la familia de la adolescente y se reunirán en las letras emblemáticas de la localidad para encender una vela y despedirla. El encuentro está programado a las 19:00 horas y se requiere llevar vestimenta blanca o morada.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.