Ante la próxima aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley General en materia de desaparición en México, la Secretaría de Gobernación entregó al Senado un documento con las sugerencias que considera pertinente incorporar luego de diversas reuniones con colectivos. Sin embargo, personas que buscan a sus familias y aliados de todo el país aseguran que es insuficiente e insisten en un parlamento abierto.

De acuerdo con el documento “propuestas relevantes de modificaciones a la iniciativa de reformas a la Ley General en materia de desaparición de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, remitido por la Consejería Jurídica el 18 de junio pasado, durante las mesas fueron presentadas más de 570 propuestas que quedaron plasmadas en solo 30 modificaciones a la iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado el 27 de marzo.

“Exigimos al Senado de la República y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que atiendan con profesionalismo, humanismo y seriedad esta problemática, y que tengan la apertura para convocar a un Parlamento Abierto en el que se pueda discutir públicamente la iniciativa del Ejecutivo Federal. No hacerlo concretaría el proceso de simulación el cual tendrá como resultado más impunidad y alargar la tortura que vivimos las familias”, advirtieron más de 300 familiares, colectivos y personas aliadas este martes 24.

Recordaron, además, que la ley vigente en materia de desaparición de personas nació como producto de la apertura de las fuerzas políticas del Congreso de la Unión, sin prisas, con responsabilidad, profesionalismo, trabajo técnico y empatía a su dolor. “La reforma a la ley se debe de dar en los mismos términos y no como resultado de los caprichos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación”, continúa el documento difundido por colectivos y familiares de personas desaparecidas.

Entre otros aspectos, las propuestas enviadas por Gobernación permiten también la participación de otras autoridades en la investigación, cuando sea necesario, y a quienes tengan acceso a mediciones generadas por satélites o aeronaves permitir su consulta solo a las fiscalías y comisiones de búsqueda –en este punto se omite a todas las instituciones de seguridad pública, como decía la iniciativa original–.

Otras sugerencias de adición apuntan a atender los más altos estándares científicos en materia de identificación humana, a la actuación de oficio para realizar pruebas dactiloscópicas y genéticas antes de remitir a fosas comunes, a la actuación diligente de las fiscalías, a la integración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con voz y voto en el Sistema Nacional de Búsqueda, a la difusión pública de lineamientos, a no condicionar la búsqueda a la presentación de la CURP, al énfasis en los hijos e hijas de personas desaparecidas, a los planes para la seguridad y protección de las familias, a la sensibilización de la población en relación con prevención y mitigación de factores de riesgo, así como algunas sanciones específicas a autoridades que no cumplan las disposiciones a cabalidad.

El 4 de mayo pasado, Animal Político documentó que el Senado no había tenido ninguna participación en los diálogos con colectivos y familiares de personas desaparecidas. A petición de la presidenta Sheinbaum, el órgano legislativo solo estaba a la espera de las observaciones de Gobernación para dictaminar y aprobar el documento.

Desde entonces, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, había asegurado en entrevistas que existía urgencia de que en el periodo extraordinario se contemplara la iniciativa para su aprobación inmediata. Al mismo tiempo, la senadora Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación en esa Cámara, declaró que el Senado no tenía proyectado un proceso de parlamento abierto que nutriera la iniciativa con la participación pública de víctimas y especialistas, como ya habían demandado colectivos con anterioridad.

Familiares de personas desaparecidas rechazaron la reforma en materia de desaparición de personas del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual acusan de “imponer un sistema de vigilancia masiva” sin atender la crisis de desapariciones en el país, e hicieron un llamado a las Nación Unidas (ONU) a observar su avance en el Congreso.

En un comunicado, firmado por más de 300 colectivos y personas buscadoras, señalaron que la iniciativa presentada el lunes por el Ejecutivo al Legislativo “no sirve” para la búsqueda de sus familiares desaparecidos y “puede ser peligroso para la seguridad de todas las personas en México”.

“Esta (reforma) no partió de una consulta amplia y pública, por ello, reiteramos que es una iniciativa que no respaldamos, principalmente porque no responde a la grave problemática que sufrimos como familiares de personas desaparecidas”, indicaron.

Rosa María Jara Montes, líder del colectivo “Por Nuestros Corazones”, de buscadores de personas desaparecidas en Nayarit, denunció que al menos dos desapariciones forzadas recientes, estarían vinculadas con elementos de la policía estatal.

“Yo lo expuse en la mesa con el gobernador. El secretario de Seguridad quedó muy puntualmente de ver ese caso personalmente y hasta la fecha no se ha comunicado ni conmigo ni con la madre del joven”, afirmó Jara Montes.

Dijo que el caso más reciente es el de un joven privado de la libertad en abril pasado en la plaza de La Cantera, aunque horas después, liberado con golpes.

“La madre del joven logró señalar a un policía estatal como involucrado en la desaparición”, sostuvo.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) manifestó su preocupación por las reformas a la Ley de la Guardia Nacional y a la Ley General contra las Desapariciones Forzadas que son discutidas hoy en el periodo extraordinario del Congreso de la Unión.

“El periodo extraordinario que hoy inicia, con una cargada agenda que no augura discusión de fondo, no trae buenas noticias para los derechos humanos: preocupan las reformas de la Guardia Nacional y las reformas a la Ley en Materia de Desapariciones”, publicó el Centro Prodh en sus redes sociales.

Señaló que la iniciativa propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum para cambiar la ley de la Guardia Nacional y reformar leyes secundarias en la materia asegura que ésta “sea plenamente militar, sin controles civiles”, además de que al modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública “se amplían excesivamente las atribuciones de Sedena (Secretaría Nacional de Defensa) en inteligencia”.

“Así, avanza la militarización”, afirmó el centro de derechos humanos sobre la propuesta, con la que la Guardia Nacional pasaría a formar parte de la Sedena y con la que se permitiría, entre otros puntos, legalizar la vigilancia de las comunicaciones por parte del ejército.

Por su parte, el Centro Prodh criticó que las reformas a la Ley General en materia de Desaparición “no parecen representar un avance sustantivo”, por lo que la iniciativa “se seguiría quedando corta frente a la magnitud de la crisis”.

“Esto ocurriría, por poner solo un ejemplo, si no se fortalece normativamente al hoy abandonado Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), fundamental para enfrentar el rezago forense, y si sí se elimina en cambio la figura del reporte administrativo por desaparición, lo que disminuirá las denuncias y permitirá controlar las cifras”, precisó el centro.

De acuerdo con la organización, con las modificaciones “no se avanzaría sustantivamente” en la atención a la crisis de desaparición, “que requiere medidas de fondo”, y por el contrario se desmovilizaría la exigencia de justicia por los hallazgos de desaparicidos en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco; se cancelaría la exigencia de renovación de funcionarios en cargos clave; se facilitaría que se informen al Comité Contra la Desaparición Forzada “avances ficticios en el marco de la activación del artículo 34 de la Convención”, y “se retrocedería en victorias ganadas”.

“Celebrar y saludar los diálogos del gobierno con las víctimas no tiene por qué conllevar bajar la exigencia y la revisión crítica sobre las medidas que se adoptan frente a una realidad tan dolorosa como la crisis de desapariciones”, concluyó el Centro Prodh.

“Nosotros aquí los estábamos esperando, pero ya no llegaron”, dice la señora Maritza, madre de José Isaías García, quien lleva dos meses y 11 días sin regresar a su casa en San Juan del Río, Querétaro. Un viaje de celebración a Mazatlán, Sinaloa, se convirtió en el inicio de semanas de incertidumbre para los familiares de tres jóvenes queretanos que ahora están desaparecidos.

José Isaías, de 23 años de edad, salió de viaje al destino turístico con sus amigos, los hermanos Santiago y Carlos Enrique Sánchez, para festejar su cumpleaños. Como ya había visitado el estado norteño en otras ocasiones, estaba emocionado por pasar un fin de semana en la playa.

“Ellos ya venían de regreso de sus vacaciones”, comparte Maritza en entrevista. “Venían por Concordia, Sinaloa, y se pierde la señal de comunicación con ellos, ellos ya venían rumbo al estado de Querétaro”.

Las familias de Isaías, Santiago y Enrique estaban pendientes de su trayecto a través de GPS, pero alrededor de las 18 horas, cuando atravesaban el área de Concordia, a menos de 50 kilómetros de distancia de Mazatlán, perdieron la señal y no volvieron a tener noticias de los muchachos.

Jesús Muñoz Mata, de 35 años, permanece desaparecido desde el 20 de octubre de 2024, cuando fue secuestrado en el municipio de Alvarado, Veracruz. A pesar de que su familia accedió a las exigencias económicas de los captores, hasta la fecha no se tiene información sobre su paradero. 

Jesús es sobrino de la periodista Gloria Muñoz, quien junto a familiares ha solicitado el apoyo de la ciudadanía para compartir su ficha de búsqueda, difundida por la Fiscalía General de la República (FGR) a través del programa “¿Has visto a…?”.

A inicios de mayo, el Subsecretario de derechos humanos de Gobernación, Arturo Medina, articuló la voz oficial del Estado mexicano, para el reconocimiento internacional y la disculpa pública ofrecida por la desaparición de Ivette Melissa Flores Román, ocurrida el 24 de octubre de 2012, cuando un comando armado entró a su casa en Iguala, Guerrero, y se la llevó de manera forzosa. Tenía entonces 19 años y casi 13 años después, continúa desaparecida. 

La disculpa fue consecuencia del dictámen emitido por el Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación contra las mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) que halló responsable a México de haber discriminado y criminalizado a la joven desaparecida y a su familia, dilatando la investigación criminal y omitiendo cualquier mecanismo para buscarla, ignorando el contexto de violencia extrema y predominio del crimen organizado que vivían entonces en Iguala y que, en 2014, se volvió tristemenente conocido como el sitio de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. 

Así como las Naciones Unidas han hecho énfasis en sus condenas previas a México, en la relación entre la violencia machista y feminicidio; este caso sentó un precedente por su denuncia del vínculo entre la desaparición de mujeres “como una de las representaciones más graves de la violencia de género” y la dificultad para su reconocimiento cuando la delincuencia organizada participa en los crímenes. 

Conocida como la “sentencia CEDAW sobre la desaparición de mujeres”, el dictámen del caso de Ivette Melissa incluye varios puntos extra, que exigen al Estado una política eficaz para proteger a las mujeres “en contextos de extrema violencia”. Eso vale incluso para su madre, Sandra Luz Román Jaimes, principal artífice de este proceso que puja por la justicia, quien pidió a las autoridades presentes en el evento, su compromiso de brindarle seguridad a ella y a su familia, para continuar en este camino. 

El caso fue presentado para el análisis del Comité por la organización civil Idheas Litigio Estratégico en octubre de 2019, fue aceptado en 2020 y dictaminado el 24 de octubre de 2022, al cumplirse diez años de la desaparición. El Estado tardó otros dos años y medio en ofrecer la disculpa, catalogada como “un primer acto de reparación”, por el encargado de la oficina del Alto comisionado para las Naciones Unidas en México, Jesús Peña Palacios. 

Una red

Ivette Melissa conoció a su novio estudiando en Iguala y fue madre a los 16 años, tras lo cual se mudó a vivir con la familia de su pareja, un joven de su edad. El maltrato en ese sitio comenzó pronto, fue obligada a cortar el contacto con su familia y aislada, signos reconocidos como episodios de violencia machista. La familia de la joven madre también reconoció la violencia que envolvía a Ivette, quien comenzó una segiudilla de escapatorias de su familia política. Mientras su madre y sus hermanos, intentaban auxiliarla, del otro lado emergió la figura de su suegro, el padre de su pareja, llamado Humberto Velázquez Delgado, como el personaje que mandataba la violencia. 

Vélazquez Delgado era entonces comandante de la policía ministerial de la Fiscalía de Guerrero, y acumulaba una larga trayectoria, -desde los años 90- de denuncias en su contra por violencia policial y señalamientos de su vinculación con el grupo criminal, Guerreros Unidos. A pesar de las múltiples evidencias que se acumularon contra él durante la década que lleva abierto el caso, nunca fue citado a declarar. Fue asesinado en su tienda de equipamiento militar en Iguala, en la tarde del 21 de junio de 2021. 

Así como las autoridades se negaron a citar al identificado agresor, las autoridades ignoraron este contexto de violencia criminal como un hecho vinculado a la desaparición de la joven. Incluso existe un antecedente en el expediente, señalado por las abogadas de Idheas, dónde se argumentó no encontrar elementos para acreditar la razón de género como motivo de su desaparición. 

“Estamos ante un caso emblemático, y aunque no puede considerarse suficiente por sí misma, esta disculpa implica reconocer, de manera explícita y oficial, la existencia de una violencia estructural en contra de las mujeres, y asumir la responsabilidad por las omisiones institucionales graves, que permiten esta violencia extrema”, sostuvo Frida Velázquez, representante legal de Idheas. 

Luz en el camino

Sandra Luz Román Jaimes, madre de Ivette Melissa, recorrió (y aún recorre) un tortuoso camino en pos de la justicia, ya que las amenazas continuaron hacia ella y su familia, una vez que su hija fue desaparecida. Los primeros dos años los sufrió casi en soledad, cobrándole a su salud y cambiando su vida por completo, dedicándola a la búsqueda. La familia recibió otro duro golpe cuando su sobrina y prima de Ivette, Norma Angélica Bruno Román, fue asesinada por el grupo criminal, frente a sus hijos pequeños. Su muerte continúa en la impunidad. 

Por eso, cuando en 2014 explotó la atención sobre las desapariciones en México, tras la desaparición de los 43 normalistas, Sandra junto a otras familias igualtecas claves para este país, -como la familia Vergara, por ejemplo- fundaron “los Otros desaparecidos” y surcieron el camino a la justicia que abrió el Comité de madres y padres de los 43, hacia el resto de las familias que sufren la desaparición de uno de los suyos. 

Tres años después, fundó su propio colectivo Madres Igualtecas en busca de sus desaparecidos AC y desde entonces, ha sido referente para acompañar a otras familias que pasan por lo mismo. Durante el acto de disculpa pública, las compañeras del colectivo llenaron los espacios disponibles para los invitados de la familia. 

En entrevista con Desinformémonos, Sandra contó que han conseguido que la justicia emita algunas órdenes de aprehensión referidas al caso; y que como parte de este proceso de reparación, buscan que se instale una placa en Iguala, en memoria de su hija. También que el dictámen de CEDAW ha permitido la colaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda, y con ellos han retomado las búsquedas en vida en el vecino estado de Morelos, dónde trabajaron la última semana de mayo, y la primera quincena de junio. “Estoy emocionada, no tengo palabras, pero esperemos que en todo lo que se comprometió el Estado, la Federación y las autoridades internacionales sigan apoyándome, y que no termine yo en un ataúd, como varias de las buscadoras que buscan como yo”, concluyó.

Cuatro policías de Romita, Guanajuato, fueron liberados tras haber sido acusados de desaparición forzada y homicidio del matrimonio conformado por Daniela Castro y Juan Pablo Vargas, de 27 y 25 años, y de Carlos Esteban Rocha Anguiano de 25.

El pasado 11 de enero de este año, el juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región del Estado, Alfonso Israel Valdez Alvarado, liberó a cuatro expolicías de Romita que habían sido acusados por el delito de desaparición forzada, incluido el entonces director de Policía de dicho municipio, pues la Fiscalía no pudo sostener mediante pruebas que existieron amenazas previas y que las personas detenidas fueron entregadas a un grupo delincuencial.

De acuerdo con la Plataforma por la Paz y Justicia de Guanajuato, el 19 de febrero de 2023 a las 19:00 horas, las víctimas viajaban en un automóvil, cuando colisionó con otro que se encontraba estacionado en la calle. Al lugar de los hechos arribaron agentes de la policía vial para proporcionar asistencia, pero la víctima refiere al oficial que ya se están arreglando con los propietarios del vehículo y que su presencia no es necesaria.

Además, la madrugada del 19 de mayo, se registró un ataque armado en la comunidad de San Bartolo, en el municipio de San Felipe, que dejó como saldo siete muertos, todos del sexo masculino, informó el ayuntamiento.