Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

Morena, otro partido de Estado

En el punto número cinco de las diez máximas que Claudia Sheinbaum Pardo entregó, vía epistolar, a su partido Morena, a manera de su participación en el Consejo Nacional en calidad de militante con licencia, consigna que no deben convertirse en un partido de Estado. La lectura fervorosa que hizo la líder morenista de las palabras de la Presidenta, arrancó varios aplausos, y confirmó que son eso que no quiere ser: un partido de Estado, un partido hegemónico, dominante, influyente, concentrador de poder.

Incluso, la falsa “sana distancia” de Presidenta y partido quedó evidenciada con el envío de la carta que, por sobre todo, tiene como objetivo darle rumbo político, formación y sentido al partido en el poder. Las palabras de la mandataria fueron lo más trascendente de la reunión morenista, donde aún resuena el nombre del ex presidente como su líder fundador ante la apenas perceptible participación de su vástago, Andrés López Beltrán.

Claudia Sheinbaum tuvo para todos. Tiró dardos que dieron en el blanco. Aunque en su retórica intente ser vistos de otra forma, se confirman como lo que son: el partido de Estado que controla las cámaras legislativas, el Poder Ejecutivo y va por el control del Poder Judicial. El partido que aprueba por aplastante mayoría todo lo que la presidenta quiere, el partido que tiene 23 de 32 gubernaturas estatales y la mayoría de los municipios y, por supuesto, los congresos en los Estados.

La mandataria nacional se atrevió a decir que su partido, Morena, es el movimiento más fuerte “del planeta”, unido además sin hacer “pactos escrupulosos” como la derecha, dejando de lado los pactos que hizo con priistas y panistas como Miguel Ángel Yunes o Alejandro Murat, que ahora están en sus filas y apoyaron las reformas constitucionales por ella propuestas.

Exige a sus militantes “honestidad, humildad y sencillez”, alejarse de actos frívolos, del consumismo y el dinero cuando gobernadores, gobernadoras, alcaldes y legisladores, como Fernández Noroña, son dados a viajar en primera clase; a poseer relojes de alta gama como su secretario de Economía, Marcelo Ebrard, o su representante legislativo, Adán Augusto. Es notorio cómo la nueva clase política de Morena goza del dinero en su vestimenta y efectos personales.

Pidió una vez más que no haya en las filas gubernamentales de Morena, ni amiguismo, ni influyentismo, ni nepotismo, cuando el hijo del fundador de su partido, es el secretario general del mismo; o el padre de la gobernadora de Guerrero quiere sucederla en el cargo, cuando él fue quien le dio la nominación a ella cuando quedó impedido para ser candidato. Exige que todos los gobiernos de Morena se concreten a la “austeridad republicana”, que no se trasladen en camionetas de último modelo con decenas de escoltas, alejados de la sociedad, cuando es la nueva norma.

En Tijuana, el alcalde Ismael Burgueño -por cierto, dado a los efectos de lujo que adquiere, al igual que la síndico morenista en San Diego, California- acude a cualquier sitio, sea una colonia en la menor de las ocasiones y a restaurantes o reuniones, con cerca de 15 elementos de seguridad, que prácticamente toman las instalaciones. El derroche del erario es visible, y la protección que se autoproveen para proteger su integridad contrasta con la inseguridad que vulnera a la mayoría de la sociedad.

En ese sentido, pidió que los morenistas en los gobiernos no se coludieran con el crimen organizado o de cuello blanco, pero la manera en que entregan las obras los gobiernos es precisamente a un ya establecido grupo de empresas y empresarios dados a la comisión para la obtención de contratos y concesiones. Ahora mismo es el caso de un empresario ligado a Adán Augusto, Fernando Padilla Farfán, que con sus caravanas de salud ha ganado miles de millones de pesos en los Estados gobernados por Morena, entre ellos Baja California, donde la gobernadora le habría dado casi dos mil millones de pesos por la renta de sus caravanas de salud. Y ese tema llevó a otro relevante de manera reciente: las campañas adelantadas para las sucesiones en los estados y en el Poder Legislativo en los comicios de 2027.

Para ese proceso electoral, la Presidenta pidió a los morenistas que se establezcan reglas claras, que lo hagan en enero de 2026, para respetar los tiempos electorales legales, y los conminó a reescribir las normas: prohibir la promoción de políticos en carteleras y espectaculares, no promover campañas de odio contra la competencia interna, no utilizar más recursos económicos privados, ni públicos, ni dinero ni avaricia, campaña casa por casa, entregando propaganda de mano en mano y repartiendo el periódico del partido.

Y el tema fue relevante dado las ansias de poder de la legisladora Andrea Chávez, quien aspira a ser candidata de su partido al gobierno de Chihuahua en 2027, y para lo cual trae por lo menos tres caravanas de salud a costo -de acuerdo a lo que se invierte en el mismo servicio en Baja California- de unos 20 millones de pesos mensuales por la renta de los camiones con servicios médicos, que en aquel estado la legisladora ofrece de manera gratuita, con su imagen a tamaño espectacular en las caravanas que primero, dijo, le eran patrocinadas por la comunidad empresarial, y después que era una donación. Como sea, 20 millones de pesos al mes por caravana exceden las sugerencias de la Presidenta.

Porque justo lo que Claudia Sheinbaum sugiere hacer para no convertirse en un partido de Estado, con ansia del poder por el poder, con ambición no sólo política sino económica, es en lo que se ha transformado el movimiento de Morena: un partido hegemónico, que avasalla en la generación de políticas públicas y la creación de leyes, al son que dicte Palacio Nacional, integrado por una nueva clase política pudiente, con muchos recursos económicos a su servicio, con camionetas blindadas, escoltas para cuidarlos y acaso alejarlos de la vida cotidiana y adentrarlos en una llena de lujos, de poder, de excesos. Así es el partido de Estado en que se ha convertido Morena y, con base en el pasado, se sabe que esto no es un buen camino para México.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

Asesinan a la activista María Dolores Patiño, en Culiacán

Tras ser secuestrada por un grupo armado horas antes, María Dolores Patiño Moreno, activista y rescatista de animales en Culiacán de Rosales, Sinaloa, fue encontrada asesinada, alrededor de las 14:20 horas del 9 de mayo de 2025, con impactos de bala, atada de manos y con la cabeza cubierta, en la calle Eustaquio Buelna. entre Catedráticos y Teófilo Álvarez Borboa, de la colonia Tierra Blanca, en la capital sinaloense.

Según testigos citados por medios locales, un grupo de hombres abandonó en el lugar, el cadáver de la activista fundadora de TRAC Sinaloa Protectora de Animales A.C. y la Unidad de Cuidado Animal Huellitas de la Calle en Culiacán.

Horas antes se había reportado, que Patiño Moreno, de 46 años de edad, activista protectora de animales, fue privada de la libertad por un grupo armado cuando se encontraba en el interior de una vivienda en la colonia 5 de Mayo, también en la capital sinaloense.

Un día antes, Juan José Córdova Liera, de 30 años de edad, agente adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Desaparición Forzada de Personas de la Zona Sur, de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, fue asesinado a balazos, mientras llevaba a cabo una investigación en el municipio de Mazatlán.

El crimen ocurrió cerca de una gasolinera en la colonia Puesta del Sol, en Mazatlán, mientras el agente de la FGR sinaloense realizaba labores de investigación relacionadas con un presunto secuestro, según detalló la institución de procuración de justicia.

Según los reportaron medios locales, Córdova Liera se encontraba en un vehículo marca Nissan, modelo Versa, de color blanco, cuando fue atacado a balazos. El agente alcanzó a activar el botón de pánico de su radio, lo que alertó a sus compañeros.

Elementos de investigación que acudieron en su auxilio se percataron de la presencia de dos jóvenes en una motocicleta, cerca del lugar del ataque. Al revisarlos, uno estaba en posesión de un arma de fuego, por lo que ambos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, para determinar si tuvieron participación en el atentado.

Paramédicos que llegaron al sitio del ataque, ubicado cerca del Club Muralla, brindaron los primeros auxilios al agente herido y lo trasladaron de urgencia a un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Sin embargo, Córdova Liera falleció poco después, a causa de las graves lesiones sufridas por los impactos de bala.

La FGE emitió un breve comunicado lamentando la pérdida de su agente y confirmando que el crimen estaba siendo investigado en relación con las actividades oficiales que Córdova Liera realizaba en Mazatlán.

El asesinato de Córdova Liera se produjo apenas unas horas después de otro ataque ocurrido la noche del miércoles 7 de mayo de 2025, mientras agentes de la Policía Municipal cenaban en una taquería en la zona de Pradera Dorada 6, en Mazatlán. Dos oficiales murieron en el lugar y otras cuatro personas, incluyendo civiles, resultaron heridas. El mismo día, un policía municipal fue asesinado al arribar a su domicilio particular, ubicado en la colonia 10 de Mayo.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Violenta jornada en el norte de Sinaloa: bloqueos, balaceras y vehículos incendiados

La noche del viernes y la madrugada de este sábado habitantes de Ahome, Guasave y Angostura vivieron horas de tensión marcadas por una serie de hechos violentos.

La noche del viernes y la madrugada de este sábado estuvieron marcadas por una serie de hechos violentos en la zona norte de Sinaloa, donde se registraron bloqueos carreteros, enfrentamientos armados y la quema de vehículos en municipios como Ahome, Guasave y Angostura.

En Los Mochis, municipio de Ahome, civiles armados instalaron al menos tres bloqueos en distintos puntos. El primero ocurrió en el entronque de la carretera internacional México 15 y el canal lateral 18, cerca del ejido 20 de Noviembre Nuevo.

Otro cierre se registró en la carretera Los Mochis–Topolobampo, donde civiles armados despojaron a cuatro tráileres, atravesaron las unidades sobre la vía e incendiaron una de ellas junto con una vagoneta en el entronque con el ejido 9 de Diciembre.

Un tercer bloqueo tuvo lugar en la calle Matamoros y bulevar Antonio Rosales, en el fraccionamiento Paseo Las Aves, donde un vehículo de lujo fue completamente calcinado.

También se reportaron otros actos de sabotaje como la quema de neumáticos y la colocación de ponchallantas sobre la avenida Agustina Ramírez, al poniente de la ciudad.

En Angostura, habitantes de comunidades como Chinitos reportaron intensas balaceras durante la noche, lo que provocó temor entre la población. Además, en la sindicatura de Alhuey, la autopista Benito Juárez fue bloqueada con camiones, afectando seriamente la circulación en una de las principales vías del estado.

En Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, un tráiler fue utilizado para bloquear el bulevar Francisco Labastida Ochoa, en su entronque con la carretera a Angostura. En otras vialidades, se incendiaron llantas para impedir el paso vehicular, generando alarma entre automovilistas.

Durante la mañana de este sábado 10 de mayo, la situación continuaba tensa. En el poblado Dámaso Cárdenas, en Angostura, elementos del Ejército Mexicano aseguraron al menos dos camionetas, presuntamente vinculadas con los hechos violentos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó, mediante un comunicado, que los bloqueos en Ahome, Guasave y Angostura ya fueron retirados y que las autoridades continúan trabajando para restablecer el orden en la región.

FUENTE: NOROESTE.
AUTOR: REDACCIÓN.

Hallan drogas y armas en propiedades del alcalde morenista de Cuautempan, Puebla

Los cateos se realizaron tras denuncias de cobro de piso a comerciantes, robo a transportistas y venta de drogas.

La Fiscalía General de Puebla, con el apoyo del Ejército, la Marina y policía estatal, cateó inmuebles propiedad del alcalde de Cuautempan, Gerardo Cortés Caballero, quien fue postulado por PT-Morena, en los cuales decomisó drogas, armas, cartuchos útiles y vehículos.

En un comunicado, la FGEP señala que estos cateos llevados a cabo en Cuautempan y en Ahuacatlán, ambos municipios ubicados en la Sierra Norte de Puebla, se derivan de reportes de actividades ilícitas en esos lugares como cobro de piso de 200 a 500 pesos por comerciante, robo de mercancías a transportistas y negocios, así como venta y distribución de droga.

Según medios locales, las casas intervenidas son propiedad del actual presidente municipal, Cortés Caballero, y de su padre, de igual nombre, quien también fue alcalde de ese municipio en dos periodos anteriores (2008-2011 y 2018-2021), grupo político que se había sumado a la 4T.

Los pobladores reportan que Cortés Caballero no ha hecho apariciones públicas desde el jueves, por lo que se presume que se dio a la fuga.

En tanto que la FGEP informó que los inmuebles quedaron asegurados, pero no reporta personas detenidas. Solo indica que las investigaciones continúan para dar con los responsables de esas actividades ilícitas.

Cabe recordar que el 7 de marzo fueron aprehendidos los alcaldes de Chalchicomula de Sesma y de Tlachichuca, los hermanos Uruviel y Giovanni González Vieyra, luego de que se llevaron a cabo cateos en inmuebles de su propiedad.

A la fecha se encuentra prófugo Ramiro González Vieyra, quien es hermano de los dos ediles detenidos y a su vez era presidente municipal de la localidad vecina de San Nicolás Buenos Aires. Los tres hermanos llegaron a la alcaldía tras ser candidatos por Movimiento Ciudadano.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Colectivos firman convenio para la búsqueda de desaparecidos en Chiapas

Este 10 de Mayo, madres de cientos de desaparecidos realizarán una caminata desde el municipio de Chiapa de Corzo a la capital Tuxtla Gutiérrez.

Para atender la crisis de las desapariciones en Chiapas, provocada por los grupos criminales y la desidia del sexenio pasado de no investigar los casos y no brindar la ayuda necesaria a las familias, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y el Estado de Chiapas firmaron un convenio que contribuirá a las “acciones de búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o no Localizadas”

Este 10 de Mayo, madres de cientos de desaparecidos realizarán una caminata desde el municipio de Chiapa de Corzo a la capital Tuxtla Gutiérrez; harán una parada en la Fiscalía General del Estado y en la plaza principal de las oficinas del titular del Ejecutivo se reunirán con familias víctimas de feminicidio.

El convenio implica la transferencia de recursos por el orden de los 16 millones 338 mil 215 pesos que la Federación envía al gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas; esto porque el gobierno del estado, tendría que aportar 1.6 millones de pesos por concepto de coparticipación. Dicho monto equivale al diez por ciento del monto federal autorizado.

Esto de acuerdo con el convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas a través de sus comisiones locales de búsqueda, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de mayo de este año.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Chiapas recibirá los recursos federales y estatales en dos administraciones. La primera de 70 por ciento y la segunda de 30 por ciento.

El convenio corresponde al ejercicio fiscal 2025. El Ramo 04 Gobernación del Presupuesto de Egresos de la Federación que dispondrá de 854.6 millones de pesos para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, a fin de que “realicen y ejecuten acciones de búsqueda en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y búsqueda forense con fines de identificación humana”.

De esa cantidad, 621.1 millones de pesos es el monto distribuible entre los estados de la República Mexicana, cuyos convenios de colaboración con la Secretaría de Gobernación comienzan a aparecer en el Diario Oficial de la Federación.

La crisis de las desapariciones en Chiapas

En marzo de este año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) presentó el informe: “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal (Entre el caos gubernamental, la delincuencia organizada y los caminos de la lucha y resistencia)”.

En su introducción, el informe del organismo fundado por el obispo Samuel Ruiz García indica: “La gran complejidad de la violencia en la que vive Chiapas”. Observa también que “seguimos contando historias de terror y dolor, en medio de una guerra interminable”.

El Frayba destaca que entre 2019 y 2023, la desaparición forzada aumentó en un 358 por ciento en el estado de Chiapas. El colectivo lo atribuye a la “disputa por el domino del territorio basada en la confrontación armada entre grupos criminales que cuentan con el amparo de instancias locales, nacionales y transnacionales”.

El gobierno actual de Chiapas, en un informe al mes de enero del presente año, reportó a través de la Alerta de Género 287 mujeres no localizadas desde 2011 al 31 de enero de 2025.

Para el Frayba, con las desapariciones “la intención sigue siendo el control de la vida social, económica y política de las comunidades mediante la estrategia del terror, con lo que se pretende acallar toda posibilidad de movimiento social y autogestión del territorio”. Además de que esta situación no es nueva, se ha visto en otras regiones del país y ahora en Chiapas, principalmente en las regiones Sierra y Frontera.

Sobre la “violencia machista”, en el informe se plasma que la desaparición de mujeres en el estado es mucho mayor que en los índices nacionales, ya que supera ampliamente el promedio nacional del 25 por ciento, alcanzando más del 60 por ciento, en su mayoría afectando a niñas y adolescentes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

'Estamos muertos en vida': Buscadoras protestan por sus desaparecidos este Día de las Madres

En la marcha, participaron familias que llevan más de cuatro sexenios presidenciales -desde el exmandatario Felipe Calderón (2006-2012) hasta el actual- esperando una respuesta por parte del Estado mexicano, y reconocen que “el tema de los derechos humanos es muy lento”.

Miles de madres marcharon este sábado, Día de las Madres, para exigir verdad, justicia y reparación por lo más de 127 mil desaparecidos en el país y que no se desaparezca ni se asesine a las personas que se dedican a la búsqueda de sus seres queridos.

“Estamos muertos en vida, no nos sabe la comida, no nos sabe la vida”, confiesan Teresa y Héctor Águila, una pareja que busca desde hace dos años a su hijo, un joven de 27 años que desapareció en Jalisco, donde se ubica el Rancho Izaguirre, el presunto “campo de adiestramiento” del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ambos recorrieron el país para llegar a la ‘XIII Marcha nacional de madres buscadoras’, que arrancó en el Monumento a la Madre y finalizó en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México.

Entre cientos de pancartas y nombres de desaparecidos, la familia de Héctor Águila pidió a grito abierto que “las autoridades federales hagan algo en materia de la desaparición forzada, porque dicen que no existe”.

“Quisiera que (las autoridades) nos acompañen un día a Jalisco (…) y vean cómo están matando a las madres buscadoras; en el mes de abril nos mataron a dos, tenemos miedo”, afirma Héctor, refiriéndose a asesinatos como el de la buscadora María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez.

El miedo de buscar y ser asesinado

Gloria Carmona, madre buscadora del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas y que no localiza a su hijo, Bernardo Iván Pérez, desde 2021, dijo a EFE que el miedo a ser asesinada es latente.

“He trabajado en campo con mis manos. Hemos tenido que sacar a muchas personas que, hasta el momento, no sé quiénes son. Tengo una frustración muy grande, porque, a pesar de todo lo que hemos sacado en dos años, no tengo una respuesta”, confirma con un nudo en la garganta al saber que ya van más de 29 personas buscadoras asesinadas en México.

Carmona, al igual que muchos familiares, es responsable del hallazgo de restos de desaparecidos en fosas clandestinas.

Sobre esta labor relata que ha encontrado “osamentas, piezas dentales y kilos de huesitos calcinados”, los cuales muchas veces le hacen “perder la fe” de ver de nuevo a su hijo con vida.

Son las madres las que están buscando “con sus manos, picos y palas”, porque en este país, explica la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México, Edith Olivares Ferreto, “el Estado no busca a las personas desaparecidas”.

Por eso, continúa, “esperaría que cuando lleguemos al Ángel de la Independencia esté la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para recibirlas y para decirles cómo les va a reparar el daño por toda la violencia”.

Búsqueda “multigeneracional”

En la marcha, había familias que llevan más de cuatro sexenios presidenciales -desde el exmandatario Felipe Calderón (2006-2012) hasta el actual- esperando una respuesta por parte del Estado mexicano, y reconocen que “el tema de los derechos humanos es muy lento”.

Ese es el caso de Dan Fernández, hijo de una madre buscadora y hermano de Dan Jeremeel, quien desapareció hace 17 años en Coahuila y, después de casi dos décadas de búsqueda, advierte que sus hijos ya se están involucrando en las pesquisas al ser un “tema multigeneracional”.

“Empezaron las madres, seguimos los hijos y ahora van los nietos. Desgraciadamente muchas madres y padres fallecieron sin saber la suerte de su hija o hijo y nos toca a nosotros tomar esa estafeta”, sostiene.

Araceli Rodríguez, quien egresó como maestra en derecho penal tras la desaparición de su hijo Luis Ángel hace 13 años en Michoacán, señala que mientras las personas que buscan siguen vivas“ jamás” dejan de buscar ni de prepararse para encontrarles.

Y es que, afirma, después de tanto tiempo “conviertes tu dolor en causa. Cuando mi hijo desapareció yo solo tenía (había estudiado) la primaria”, concluye.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Nuevo alcalde de Teuchitlán… es del equipo de José Ascención Murguía

¿Renovación? El nuevo alcalde de Teuchitlán es un cuadro político del mismo partido, Movimiento Ciudadano, y del mismo alcalde, José Ascención Murguía Santiago.

El cabildo de Teuchitlán, Jalisco, designó a Jaime Alberto Rodríguez Ballesteros como alcalde sustituto luego de que José Ascención Murguía Santiago fuera vinculado a proceso por los hechos del Rancho Izaguirre. 

¿Renovación? En realidad se trata de un cuadro político del mismo partido, Movimiento Ciudadano, y del mismo alcalde, José Ascención Murguía Santiago. 

En la cuenta de Facebook de Movimiento Ciudadano Teuchitlán, Jaime Alberto Rodríguez Ballesteros puso en mensaje descriptivo el 13 de mayo del año pasado: “Tengo 35 años (actualmente serían 36) y estudié la carrera de Cirujano Dentista en la Universidad de Guadalajara LAMAR. Soy candidato a Regidor Propietario y seguiremos trabajando para mejorar el Sector Salud en nuestro municipio como hasta el día de hoy”.


Con el nombre del alcalde bordado en la camiseta.

El 23 de mayo de 2024, en otro mensaje con motivo de las campañas del año pasado, en las que Murguía Santiago buscaba la reelección (que finalmente obtuvo), Rodríguez Ballesteros pedía que votaran por quien ahora está acusado de participar en los hechos del Rancho Izaguirre. 

Con el nombre de Chon Murguía bordado en la camiseta, decía: “Hola, soy Jaime Alberto Rodríguez Ballesteros, soy cirujano dentista de la delegación de la Estanzuela (donde está el Rancho Izaguirre). Mi compromiso es continuar mejorando y fortaleciendo el área de Protección Civil y Bomberos Brac, con capacitaciones y equipo para mejorar el servicio. Seguir gestionando ante autoridades federales y estatales el mejoramiento de servicios de salud. Por eso, este 2 de junio te invito a que votes por esta planilla de Movimiento Ciudadano, la cual encabeza Chon Murguía ¡estamos de vuelta!”.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Madres buscadoras exigen a funcionarios de Puebla que “dejen de simular”

Los colectivos reiteraron sus reclamos hacia el gobierno de Alejandro Armenta por revictimizar a los desaparecidos y desacreditar el trabajo que ellas hacen.

Al marchar por las calles de Puebla, madres buscadoras reiteraron sus reclamos hacia el gobierno de Alejandro Armenta por revictimizar a los desaparecidos y desacreditar el trabajo que ellas hacen en busca de sus seres queridos y que correspondería al Estado.

Este 10 de mayo, Día de las Madres, dijeron que no hay nada qué celebrar, pues “también el Estado está huérfano”.

Previo a la Marcha de la Dignidad, que se reproduce en otras entidades del país, las madres integrantes del Colectivo Voz de los Desaparecidos, cuya dirigente María Luisa Núñez Barojas recientemente fue víctima de señalamientos públicos por parte del secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, pidieron a las autoridades que “dejen de simular”.

“Les decimos a los funcionarios de Casa Aguayo y de la Comisión Estatal de Búsqueda dejen de revictimizar a nuestros desaparecidos y dejen de querer desacreditar lo que nosotros hacemos por amor y con el corazón, dejen de ofender nuestro trabajo que es el que ustedes deberían de hacer”.

El mensaje leído por Núñez Barojas hizo un llamado al gobierno estatal a que entiendan que la emergencia de los colectivos es resultado de un sistema estructuralmente corrupto.

Además, hicieron referencia a la más reciente confrontación pública que tuvieron con Aguilar Pala, quien contradijo a las madres buscadoras en relación a que fue el Ejército y no los familiares los que encontraron una fosa clandestina en el municipio de Palmar de Bravo.

“No señor Pala”, reclamaron en su mensaje, “no es un trofeo, la existencia de fosas clandestinas debería darles vergüenza y es algo que la sociedad no deberíamos seguir tolerando.”

En tanto que otros colectivos siguieron dando su respaldo a Núñez Barojas y a las madres buscadoras, como la Coordinación de Organizaciones Tejiendo Territorio, que manifestó su rechazo a “la narrativa de intimidación y descalificación” proveniente del gobierno de Puebla, lo cual ocurre en un contexto de violencia contra las personas defensoras e incrementa su vulnerabilidad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

La guerra entre Mayos y Chapitos se extiende a Ahome y Guasave

Este viernes y sábado, a ocho meses de iniciada la guerra intestina en el Cártel de Sinaloa, se registraron por primera vez enfrentamientos y bloqueos en el norte del estado.

La guerra entre Chapitos y Mayos ya se extendió a los municipios de Ahome y Guasave, ubicados al norte del estado y de los pocos en donde no se habían registrado hechos de alto impacto en los ocho meses de fuego entre las facciones rivales del cártel.

Anoche y durante las primeras horas de este sábado se registraron bloqueos en la carretera Internacional México 15 en Ahome y choques armados incluso al interior de la ciudad de Los Mochis, cabecera municipal.

La carretera Internacional México 15 también tuvo bloqueos a la altura de Las Brisas, zona al norte de Guasave, con choques armados hasta Batamote. En esa zona se reportaron además vehículos despojados y ponchallantas.

Los bloqueos se reportaron en desde la medianoche y lograron ser removidos hasta entrada la mañana, según informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

En Angostura se reportó otro enfrentamiento en donde un militar resultó herido y siete presuntos gatilleros detenidos, luego de la refriega reportada en la comunidad de Rafael Buelna. Tras el choque armado, el Ejército aseguró también cuatro pick ups todas con blindaje artesanal.

Estos hechos violentos se dan recién cumplidos ocho meses de violencia ininterrumpida por la disputa interna del cártel, que ha cobrado la vida de casi mil 200 personas y desaparecido a alrededor de mil 400.

La batalla se había concentrado en Culiacán, Eldorado y la zona rural, y se extendió poco a poco hacia el sur en los municipios de Elota, Cosalá y San Ignacio hasta llegar al sur en Concordia, Mazatlán, Rosario y Escuinapa.

En la región centro norte recientemente se han reportado choques armados en Mocorito, Badiraguato, Angostura y Salvador Alvarado, y desde hace poco más de un mes en la zona serrana de Choix y El Fuerte, quedando prácticamente “en paz” Guasave y Ahome.

Estos municipios son zonas de influencia de Fausto Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro, de quien no se habían tenido reportes de que participara en la batalla entre Chapitos y Mayos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: AARÓN IBARRA.

Tras 10 horas de audiencia, vinculan a proceso al alcalde de Teuchitlán por el rancho Izaguirre

José Ascensión Murguía Santiago fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada agravado por ser servidor público y se ordenó la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de dos años.

El alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada agravado por ser servidor público y se ordenó la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de dos años en el Penal de Sentenciados, donde ya estaba desde el domingo pasado, cuando lo imputaron. 

También se determinó un periodo de cuatro meses para efectuar una investigación completa, en la que se buscará a más de 250 personas víctimas de algún delito.

La audiencia efectuada en la sala 2 del Centro de Justicia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, encabezada por la jueza Juana Beatriz Jiménez, inició a las 13:24 y concluyó a las 23:45, con una duración de diez horas y 21 minutos. 

Por la parte acusatoria se presentaron seis fiscales de la Fiscalía General de la República (FGR), así como el titular de esa dependencia federal en Jalisco, Juan Manuel Guajardo Sosa. 

Por la defensa fueron cuatro abogados y el funcionario municipal acusado, quien vestía una camisa tipo polo y un pantalón beige, color de uso obligado en el reclusorio y que, en momentos cruciales de la audiencia, se rascaba la cabeza calva, se ponía la mano en el hombro derecho y se cruzaba de brazos. 

Testigos de la defensa son funcionarios del Ayuntamiento

La defensa de José Ascensión presentó cuatro testigos, uno presencial y los otros por escrito.  

En la sala testificó la asistente particular del alcalde y quien también es la responsable del área de Ecología municipal, quien aseguró que siempre acompañaba el acusado y nunca atestiguó que hiciera algo ilegal o irregular. De hecho, comentó que “pasaba todo el día con él”, por lo que dijo le parecía “imposible creer” que los hechos de que lo acusan hayan pasado porque el alcalde “es muy miedoso” y es una persona sensible, ya que en una ocasión busco la forma de que no se sacrificara a “un perro atropellado”.  

Después, ante preguntas de la Fiscalía, la secretaria particular reconoció que su horario laboral concluye a las 15:00 horas y solo en algunas ocasiones lo acompañaba en la tarde, cuando tenía actividades en la agenda pública o en ocasiones en el gimnasio, al que iba el funcionario entre las 20:00 y las 23:00 horas. 

También se presentó el testimonio escrito del oficial mayor administrativo del Ayuntamiento, quien indicó que nunca se enteró de que el primer edil hiciera algo ilegal; añadió que “no conoce que el presidente formará parte de la delincuencia organizada” y “que eso es improbable”, ya que Teuchitlán es un “pueblo pequeño y todo se sabe”, además dijo que si eso fuera así, “yo no hubiera trabajado con él”. 

Otro testimonio por escrito fue el del chofer y guardia del alcalde, quien está en la nómina municipal como bombero, y quien dijo que nunca vio al alcalde en una acción ilegal o sospechosa. 

Señaló que, incluso, después de que se publicó la existencia del rancho, el alcalde acudió el 11 de marzo de 2025 para llevar agua y toldos a quienes efectuaban las labores periciales y “se perdió porque no sabía llegar al lugar” y tuvo que pedir la ubicación a policías municipales.  

El chofer y guardaespaldas del alcalde dijo que “nunca le ha visto ni armas ni lujos”, y que “ni conoce que tenga nexos con grupos delictivos”.  

Además, se presentó como testigo al dueño y administrador del bar “44”, quien dijo que en ese negocio “nunca vio” a José Ascensión, como aseguró un testigo, quien dijo que ahí se reunía el alcalde con integrantes del crimen organizado. Aseguró que al lugar sólo acuden personas “jóvenes de entre 17 a 25 años”. 

Los abogados de la defensa también reclamaron que la FGR hubiera usado los testimonios que el alcalde efectuó en calidad de testigo el 14 y 21 de marzo pasados, lo cual viola su derecho a la no autoincriminación; al finalizar, la jueza determinó que estos no los tomaría en cuenta. 

Los abogados de la defensa también alegaron que no eran ciertos los dichos de algunos testigos que aseguraron que el “presidente municipal” había cometido ciertos delitos entre abril y junio de 2024, y que esto no era cierto porque José Ascensión estuvo de licencia del 1 de marzo hasta finales de junio de 2024, por la campaña electoral. Además, argumentaron que las acciones de las que se acusaba al presidente municipal no encuadran dentro del delito que se invoca. 

La FGR lleva testigos protegidos, sobrevivientes del rancho Izaguirre

Por su parte, los fiscales efectuaron la exposición de una parte de los 100 datos de pruebas que están asentados en 23 tomos de la documentación acusatoria, con las cuales la Fiscalía sustenta sus acusaciones. 

Entre los datos están las declaraciones de varios testigos con identidad protegida y las de cuatro víctimas “que pasaron por el rancho Izaguirre” y que son “sobrevivientes de delitos como secuestro y trata, y que fueron “sobajándolos y deshumanizados” y quienes “sufrieron vejaciones humillaciones”, “para obligarlos a que pertenecieran al grupo delictivo” y quienes fueron “obligados con violencia extrema” a fabricar drogas en el rancho de La Vega.  

Los fiscales aseguraron que Murguía Santiago “colaboró dolosa, voluntariamente, con plena conciencia” y que “colaboró de lo ocurrido” en el rancho Izaguirre. Aseveran que participó activamente aportando patrullas, armas e incluso una retroexcavadora del municipio y permitiendo que “personas armadas transcurrieron por el pueblo y no hacía nada”.  

La parte acusatoria reclamó que el alcalde dijera que aquí “no se escuchaba” y “no se sabía” que el rancho Izaguirre era operado y controlado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuando eso es un “hecho notorio” e incluso manifestaron que era “irrisorio” y “vergonzoso” para los habitantes del municipio que el alcalde indicara esto. 

Los fiscales manifestaron que los testigos dieron elementos para efectuar cateos donde se incautó droga con sellos de un sapo con trenzas y un corazón, además de armas y chalecos tácticos con las letras CJNG, lo cual, dijeron, le da credibilidad a los  testimonios. “Aquí no hay un testigo único, hay varios que advirtieron que el señor alcalde pertenecía a ese grupo”. 

Durante su argumentación, la Fiscalía aseguró que el alcalde “decidió apoyar y pertenecer" y “estaba en la nómina” de esa empresa criminal y aportaba recursos materiales y humanos, brindando “seguridad”. Aseguraron que los delitos de lo que lo acusan son de “realización oculta" y que por eso los testigos dicen desconocer estos hechos. Refirieron que un testigo declaró: “Cómo es posible que quien tenga que cuidarnos forme parte del grupo criminal y ayude a los malos” 

La parte acusatoria preguntó “¿por qué el alcalde no denunció y no hizo de conocimiento de la autoridad superior? Recordaron que la obligación del alcalde era brindar orden y seguridad al municipio de Teuchitlán, pero en su lugar “dio seguridad, consintió y permitió que el grupo criminal siguiera desarrollándose y se asentará en Teuchitlán.  

Afirmaron que José Ascensión “pertenecía” al Cártel Jalisco Nueva Generación y que participó de manera plena y con conocimiento como autor material y directo de los hechos denunciados.  

Para cerrar su discurso, uno de los fiscales citó la frase de Benito Juárez: "Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan".  

El alcalde hoy vinculado a proceso declinó hacer algún comentario durante la audiencia. 

La jueza consideró que los testimonios acusatorios son consistentes

La jueza Juana Beatriz Jiménez consideró que los alegatos de la defensa solo eran opiniones. Hizo un recuento de todo lo denunciado por las víctimas y los testigos, y en esa parte manifestó que eran reclutados con engaños de falsas promesas de trabajo, llevados a los ranchos Izaguirre y La Vega, obligados a desnudarse y a entregar todas sus pertenencias, los entrenaban a disparar con pistolas tipo gotcha, los obligaban a levantarse temprano para entrenar, y los adiestraron en “La Escuelita”, y en un cerro cercano con la protección de la policía, algunos refirieron que los “obligaron a desmembrar cuerpos y a quemarlos”. La jueza agregó que se localizaron restos humanos de dos personas cuyo sexo no ha podido ser identificado. 

Los testigos también indicaron que los obligaron con violencia extrema a fabricar drogas con precursores químicos. Un testigo aseguró que la protección al grupo criminal la efectuaban patrullas de “Tala, San Felipe, Etzatlán y San Sebastián”. 

La jueza indicó que los testimonios son consistentes y están concatenados entre sí, añadió que los datos de prueba son razonables y suficientes. La juzgadora determinó que las acusaciones de la Fiscalía tenían mayor peso probatorio. 

Cabe destacar que, antes de arrancar la audiencia, llegaron dos camiones foráneos con personas que dijeron ser el “pueblo de Teuchitlán”, que no incluyó a ningún familiar directo, estuvieron unos minutos protestando y demandando la liberación del alcalde, luego se fueron. 

Al cierre de la jornada, el equipo de abogados encabezado por Carlos Santos se negó a dar declaraciones, solamente dijo que posteriormente “mandaría un comunicado” y literal huyó hacia su camioneta para evitar a los representantes de los medios de comunicación presentes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIZABETH RIVERA EVELAR.