José Ascensión Murguía Santiago fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada agravado por ser servidor público y se ordenó la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de dos años.
También se determinó un periodo de cuatro meses para efectuar una investigación completa, en la que se buscará a más de 250 personas víctimas de algún delito.
La audiencia efectuada en la sala 2 del Centro de Justicia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, encabezada por la jueza Juana Beatriz Jiménez, inició a las 13:24 y concluyó a las 23:45, con una duración de diez horas y 21 minutos.
Por la parte acusatoria se presentaron seis fiscales de la Fiscalía General de la República (FGR), así como el titular de esa dependencia federal en Jalisco, Juan Manuel Guajardo Sosa.
Por la defensa fueron cuatro abogados y el funcionario municipal acusado, quien vestía una camisa tipo polo y un pantalón beige, color de uso obligado en el reclusorio y que, en momentos cruciales de la audiencia, se rascaba la cabeza calva, se ponía la mano en el hombro derecho y se cruzaba de brazos.
Testigos de la defensa son funcionarios del Ayuntamiento
La defensa de José Ascensión presentó cuatro testigos, uno presencial y los otros por escrito.
En la sala testificó la asistente particular del alcalde y quien también es la responsable del área de Ecología municipal, quien aseguró que siempre acompañaba el acusado y nunca atestiguó que hiciera algo ilegal o irregular. De hecho, comentó que “pasaba todo el día con él”, por lo que dijo le parecía “imposible creer” que los hechos de que lo acusan hayan pasado porque el alcalde “es muy miedoso” y es una persona sensible, ya que en una ocasión busco la forma de que no se sacrificara a “un perro atropellado”.
Después, ante preguntas de la Fiscalía, la secretaria particular reconoció que su horario laboral concluye a las 15:00 horas y solo en algunas ocasiones lo acompañaba en la tarde, cuando tenía actividades en la agenda pública o en ocasiones en el gimnasio, al que iba el funcionario entre las 20:00 y las 23:00 horas.
También se presentó el testimonio escrito del oficial mayor administrativo del Ayuntamiento, quien indicó que nunca se enteró de que el primer edil hiciera algo ilegal; añadió que “no conoce que el presidente formará parte de la delincuencia organizada” y “que eso es improbable”, ya que Teuchitlán es un “pueblo pequeño y todo se sabe”, además dijo que si eso fuera así, “yo no hubiera trabajado con él”.
Otro testimonio por escrito fue el del chofer y guardia del alcalde, quien está en la nómina municipal como bombero, y quien dijo que nunca vio al alcalde en una acción ilegal o sospechosa.
Señaló que, incluso, después de que se publicó la existencia del rancho, el alcalde acudió el 11 de marzo de 2025 para llevar agua y toldos a quienes efectuaban las labores periciales y “se perdió porque no sabía llegar al lugar” y tuvo que pedir la ubicación a policías municipales.
El chofer y guardaespaldas del alcalde dijo que “nunca le ha visto ni armas ni lujos”, y que “ni conoce que tenga nexos con grupos delictivos”.
Además, se presentó como testigo al dueño y administrador del bar “44”, quien dijo que en ese negocio “nunca vio” a José Ascensión, como aseguró un testigo, quien dijo que ahí se reunía el alcalde con integrantes del crimen organizado. Aseguró que al lugar sólo acuden personas “jóvenes de entre 17 a 25 años”.
Los abogados de la defensa también reclamaron que la FGR hubiera usado los testimonios que el alcalde efectuó en calidad de testigo el 14 y 21 de marzo pasados, lo cual viola su derecho a la no autoincriminación; al finalizar, la jueza determinó que estos no los tomaría en cuenta.
Los abogados de la defensa también alegaron que no eran ciertos los dichos de algunos testigos que aseguraron que el “presidente municipal” había cometido ciertos delitos entre abril y junio de 2024, y que esto no era cierto porque José Ascensión estuvo de licencia del 1 de marzo hasta finales de junio de 2024, por la campaña electoral. Además, argumentaron que las acciones de las que se acusaba al presidente municipal no encuadran dentro del delito que se invoca.
La FGR lleva testigos protegidos, sobrevivientes del rancho Izaguirre
Por su parte, los fiscales efectuaron la exposición de una parte de los 100 datos de pruebas que están asentados en 23 tomos de la documentación acusatoria, con las cuales la Fiscalía sustenta sus acusaciones.
Entre los datos están las declaraciones de varios testigos con identidad protegida y las de cuatro víctimas “que pasaron por el rancho Izaguirre” y que son “sobrevivientes de delitos como secuestro y trata, y que fueron “sobajándolos y deshumanizados” y quienes “sufrieron vejaciones humillaciones”, “para obligarlos a que pertenecieran al grupo delictivo” y quienes fueron “obligados con violencia extrema” a fabricar drogas en el rancho de La Vega.
Los fiscales aseguraron que Murguía Santiago “colaboró dolosa, voluntariamente, con plena conciencia” y que “colaboró de lo ocurrido” en el rancho Izaguirre. Aseveran que participó activamente aportando patrullas, armas e incluso una retroexcavadora del municipio y permitiendo que “personas armadas transcurrieron por el pueblo y no hacía nada”.
La parte acusatoria reclamó que el alcalde dijera que aquí “no se escuchaba” y “no se sabía” que el rancho Izaguirre era operado y controlado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuando eso es un “hecho notorio” e incluso manifestaron que era “irrisorio” y “vergonzoso” para los habitantes del municipio que el alcalde indicara esto.
Los fiscales manifestaron que los testigos dieron elementos para efectuar cateos donde se incautó droga con sellos de un sapo con trenzas y un corazón, además de armas y chalecos tácticos con las letras CJNG, lo cual, dijeron, le da credibilidad a los testimonios. “Aquí no hay un testigo único, hay varios que advirtieron que el señor alcalde pertenecía a ese grupo”.
Durante su argumentación, la Fiscalía aseguró que el alcalde “decidió apoyar y pertenecer" y “estaba en la nómina” de esa empresa criminal y aportaba recursos materiales y humanos, brindando “seguridad”. Aseguraron que los delitos de lo que lo acusan son de “realización oculta" y que por eso los testigos dicen desconocer estos hechos. Refirieron que un testigo declaró: “Cómo es posible que quien tenga que cuidarnos forme parte del grupo criminal y ayude a los malos”
La parte acusatoria preguntó “¿por qué el alcalde no denunció y no hizo de conocimiento de la autoridad superior? Recordaron que la obligación del alcalde era brindar orden y seguridad al municipio de Teuchitlán, pero en su lugar “dio seguridad, consintió y permitió que el grupo criminal siguiera desarrollándose y se asentará en Teuchitlán.
Afirmaron que José Ascensión “pertenecía” al Cártel Jalisco Nueva Generación y que participó de manera plena y con conocimiento como autor material y directo de los hechos denunciados.
Para cerrar su discurso, uno de los fiscales citó la frase de Benito Juárez: "Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan".
El alcalde hoy vinculado a proceso declinó hacer algún comentario durante la audiencia.
La jueza consideró que los testimonios acusatorios son consistentes
La jueza Juana Beatriz Jiménez consideró que los alegatos de la defensa solo eran opiniones. Hizo un recuento de todo lo denunciado por las víctimas y los testigos, y en esa parte manifestó que eran reclutados con engaños de falsas promesas de trabajo, llevados a los ranchos Izaguirre y La Vega, obligados a desnudarse y a entregar todas sus pertenencias, los entrenaban a disparar con pistolas tipo gotcha, los obligaban a levantarse temprano para entrenar, y los adiestraron en “La Escuelita”, y en un cerro cercano con la protección de la policía, algunos refirieron que los “obligaron a desmembrar cuerpos y a quemarlos”. La jueza agregó que se localizaron restos humanos de dos personas cuyo sexo no ha podido ser identificado.
Los testigos también indicaron que los obligaron con violencia extrema a fabricar drogas con precursores químicos. Un testigo aseguró que la protección al grupo criminal la efectuaban patrullas de “Tala, San Felipe, Etzatlán y San Sebastián”.
La jueza indicó que los testimonios son consistentes y están concatenados entre sí, añadió que los datos de prueba son razonables y suficientes. La juzgadora determinó que las acusaciones de la Fiscalía tenían mayor peso probatorio.
Cabe destacar que, antes de arrancar la audiencia, llegaron dos camiones foráneos con personas que dijeron ser el “pueblo de Teuchitlán”, que no incluyó a ningún familiar directo, estuvieron unos minutos protestando y demandando la liberación del alcalde, luego se fueron.
Al cierre de la jornada, el equipo de abogados encabezado por Carlos Santos se negó a dar declaraciones, solamente dijo que posteriormente “mandaría un comunicado” y literal huyó hacia su camioneta para evitar a los representantes de los medios de comunicación presentes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIZABETH RIVERA EVELAR.
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