Como resultado de las sanciones, todos los bienes de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos quedan bloqueados.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra Los Chapitos, una facción del cártel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán, por tráfico de fentanilo.
Además, subió de 5 a 10 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su detención.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, ambos prófugos, como líderes de una organización violenta vinculada a laboratorios de producción de pastillas falsificadas con fentanilo que terminan en calles estadounidenses.
La sanción obedece al papel que tienen en el tráfico de fentanilo y por la acusación contra el cartel de Sinaloa del asesinato en 2024 del exmarine estadounidense Nicholas Quets en Sonora.
Las sanciones se amparan en las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, que facultan a Estados Unidos a bloquear activos y perseguir redes vinculadas al narcotráfico y al terrorismo.
Ovidio y Joaquín Guzmán López, también hijos de “El Chapo”, están bajo custodia en Estados Unidos.
EU impone sanciones financieras a red de “Los Chapitos”
Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso sanciones financieras a una red regional de Los Chapitos con sede en Mazatlán “que se dedica al tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro y el blanqueo de dinero”, indica el comunicado.
Esta célula está liderada presuntamente por Víctor Manuel Barraza Pablos y cuenta con financiación del “empresario mexicano José Raúl Núñez Ríos”, cuya esposa Sheila Paola Urías Vázquez, una maquilladora, “también está involucrada en la red criminal”, acusa el gobierno estadounidense.
La OFAC sancionó a diez empresas de Núñez: Beach Y Marina; Club Playa Real; Proyecta Interna; Eco Campestres Ultra; IMB 24 Siete; MKT 24 Siete; Mue Renta y Venta de Vestidos, Carpe Diem Spa, Sea Wa Beach Club y Comercializadora Copado.
Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.
Pese a denuncias por presuntos abusos y hasta tortura cuando se desempeñaba como agente del Ministerio Público en el Estado de México, la candidata Carmen Alejandra Lozano Maya ganó la elección como jueza penal en CDMX.
Tras ser denunciada por presuntos actos de tortura, abuso sexual y extorsión, Carmen Alejandra Lozano Maya dejó en 2020 el cargo de agente del Ministerio Público que ocupó durante aproximadamente dos décadas en el Estado de México. Cinco años después, figura como la candidata con mayor número de votos para ocupar una jueza penal en la Ciudad de México, según los resultados de la elección judicial celebrada el 1 de junio.
Según el resolutivo del “procedimiento de presunta responsabilidad administrativa” emitido por la Unidad Investigadora del Órgano Interno de Control de la Fiscalía del Estado de México, el 17 de enero de 2019, la entonces agente del Ministerio Público, Carmen Alejandra Lozano Maya, encabezó un operativo de cateo en un domicilio del Fraccionamiento Héroes Tecámac, en el que participaron al menos 25 funcionarios ministeriales con el rostro cubierto.
Durante el operativo, los funcionarios ministeriales, bajo la dirección de la agente Lozando Maya, ingresaron a un inmueble distinto al señalado en la orden de cateo. En ese lugar, una mujer y su hija menor de edad denunciaron haber sido privadas de la libertad, golpeadas, tiradas al piso y esposadas. Luego, a la madre de familia le colocaron un pie sobre la cabeza y el cuello, para inmovilizarla, mientras que a la menor de edad le revisaron su cuerpo, incluyendo sus partes intimas, y “la persona que la revisó no era del mismo sexo”.
Según la denuncia de las víctimas, en el momento en que estos abusos sexuales y de tortura eran perpetrados por agentes ministeriales hombres, “la menor de edad citada le indicaba a la mencionada Agente del Ministerio Publico (Carmen Alejandra Lozano Maya, a cargo del operativo) que era menor de edad, a lo que le contestaba que le valía madres”.
En la denuncia presentada por la familia se señala que, durante el operativo, al domicilio llegó el segundo hijo de la mujer, quien también era menor de edad al momento de los hechos. Según el testimonio, fue inmovilizado y sometido a agresiones físicas.
“No se omite señalar –se enfatiza– que dichos servidores públicos pidieron la cantidad de 150 mil pesos para que no siguieran torturando al hijo de la denunciante”, se lee en la denuncia.
Al no contar con la cantidad solicitada, los dos menores fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público con sede en Los Héroes Tecámac, mientras que su madre fue liberada con el propósito de que reuniera el dinero exigido.
“No sabía a dónde acudir –señala la madre, víctima de los abusos, en el documento de denuncia que presentó en 2019–, y cuando creí que una autoridad me ayudaría, terminó pidiéndome dinero para liberar a mis hijos, que ni siquiera habían cometido un delito”.
Según la denuncia, ya en la agencia del MP, Carmen Alejandra Lozano Maya fue la encargada de reiterar a la madre de familia que “si quiere ver a sus hijos libres, tiene que entregar 150 mil pesos”. Mientras tanto, sus hijos permanecerían detenidos, como garantía del pago.
“Me dijo ‘que se junte ciento cincuenta varos, y ya ahorita se los lleva, si no, se van a chingar a Toluca –se lee en el documento–… Yo le dije que sólo tenía setenta y cinco mil pesos, me dijo; ‘vete a juntar la lana, mejor’.”
Hacia las 23:00 horas, tras obtener el dinero, los familiares de los dos menores retenidos lo entregaron a un funcionario identificado por ellos como el superior jerárquico de la agente Lozano Maya. “Fue ahí cuando mi [familiar] le entregó el dinero en su mano”, relató la madre.
Tras la entrega del efectivo, los menores fueron liberados sin cargos.
Aunque la denuncia de esta familia incluía actos delictivos, como abuso sexual, tortura y extorsión, la Unidad Investigadora del Órgano Interno de Control de la Fiscalía del Estado de México decidió iniciar una indagatoria en contra de los agentes señalados sólo por el delito de “cohecho”, que cometen los funcionarios públicos cuando reciben dinero o beneficios por parte de terceros, para desempeñen su labor de forma sesgada.
Finalmente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México desechó el expediente, al considerar que las víctimas no contaban con videos o fotografías de los hechos denunciados y, por lo tanto, no existían pruebas contra los funcionarios ministeriales acusados.
Carmen Alejandra Lozano Maya, avalada por el Gobierno de CDMX
Un año después de las agresiones reportadas por esta familia de Tecámac, la agente Carmen Alejandra Lozano Maya fue nuevamente denunciada por abusos y actos de corrupción, esta vez por parte del colectivo “Presunción de inocencia”, integrado por familiares de personas que han sido víctimas de fabricación de delitos, durante un foro legislativo realizado en 2020.
Ahí, Jolman Cázares González, representante de la organización de familias, narró el caso de su tío, también víctima de detención arbitraria y tortura. “Esa carpeta de investigación fue iniciada por Carmen Alejandra Lozano Maya, quien, a pesar de haber sido detenida en febrero por denuncias de extorsión, sigue ejerciendo como servidora pública”, afirmó frente a las comisiones legislativas.
En este caso, la víctima fue acusada de robo por la agente Lozano Maya, quien presuntamente colocó mariguana y objetos supuestamente robados para justificar la detención. Además, según el testimonio del afectado, fue torturado para firmar una confesión, y su vehículo fue robado por los agentes involucrados.
En marzo de 2020, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se desistió de la acusación en contra de la víctima, luego que se determinara que no existían elementos suficientes para procesarla. Para tratar de evitar una sanción, los agentes involucrados ofrecieron devolver el vehículo que robaron.
Durante este foro legislativo, el colectivo Presunción de Inocencia señaló que, a raíz de estos hechos, se dio vista a la Fiscalía Anticorrupción por las irregularidades detectadas,”ya que se comprobó que dicha carpeta fue fabricada por la agente del Ministerio Público Carmen Alejandra Lozano Maya“. Pese a ello, no recibió ninguna sanción.
A raíz de estas denuncias, la agente Carmen Alejandra Lozano Maya dejó su cargo y se dedicó, tal como señala su currículum, a la práctica privada de la abogacía y, tras la reforma judicial aprobada en 2024, solicitó su registro como candidata al cargo de juez penal de primera instancia, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Pese a su historial, la solicitud de candidatura de Carmen Alejandra Lozano Maya fue avalada por el comité de evaluación del Poder Ejecutivo de la capital del país, encabezado por la jefa de gobierno Clara Brugada (del partido Morena), y así logró ser postulada al cargo de jueza penal por el segundo distrito judicial-electoral de la Ciudad de México, que abarca una parte de la alcaldía Gustavo A. Madero y otra parte de la alcaldía Cuauhtémoc.
En la jornada electoral del pasado 1 de junio, en la que se eligieron jueces y magistrados federales y locales, Carmen Alejandra Lozano Maya obtuvo 44 mil 382 votos, lo que la convierte en la candidata a jueza penal con más sufragios en su favor, incluso por encima del candidato varón con más sufragios (Carlos Alfredo Zetina Cornejo, que acumuló 42 mil 779 votos).
Esta elección se realizó para seleccionar a quienes ocuparán 12 plazas de juez penal del sistema de justicia de la Ciudad de México, seis personas elegidas deben ser hombres y seis mujeres. Tal como establece la reforma legal en la materia, los y las candidatas que hayan obtenido mayor votación, tomarán protesta de esos cargos el próximo 1 de septiembre de 2025.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/OBSERVATORIO IBERO SOBRE SISTEMA DE JUSTICIA.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los hechos están siendo investigados y que próximamente dará mayor información.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el grupo de seguridad de Chiapas “Pakal” cruzó la frontera con Guatemala, lo cual consideró que “no está bien” e instruyó mayor investigación al respecto.
“Todo parece indicar que sí, lo están investigando, y no está bien que eso haya ocurrido. Y mañana, si quieren, vamos a dar toda la información sobre esto, que lo pueda dar ya el secretario de Seguridad”, dijo.
Añadió que hasta esta mañana no había información de que elementos policiacos de Guatemala estuvieran coludidos con las organizaciones criminales, razón por la cual el grupo de seguridad en el sureste mexicano ingresara a territorio guatemalteco.
“No tenemos información sobre ello. Y mañana podemos dar más información. Sí se dio el informe en el Gabinete de Seguridad, pero quedaron de… Les pedí, les instruí a que hicieran una mayor investigación”, afirmó.
Esta mañana el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, publicó en su cuenta de X: “Sobre los hechos lamentables ocurridos en la línea divisoria con la hermana República de Guatemala, es muy delicado que autoridades encargadas de velar por la seguridad de sus conciudadanos participen en estos actos. No es cosa menor estar coludidos, pero lo que es peor es estar al servicio de la delincuencia”.
Agregó: “Esperamos que nuestra hermana República de Guatemala actúe con legalidad y responsabilidad con los elementos de sus corporaciones. Nosotros seguiremos aplicando la ley con firmeza y sin distinción alguna. El pueblo de Chiapas vivirá en paz”.
Su familia comenzó una intensa búsqueda en colaboración con otras personas en las mismas condiciones, quienes se unieron para formar el ahora Comité Eureka, una organización dedicada a la búsqueda de justicia para las víctimas de la "Guerra sucia", durante los sexenios de Díaz Ordaz y Echeverría.
Desde hace 48 años el paradero de Rafael Ramírez Duarte es desconocido. Es una de las víctimas del periodo de la "guerra sucia"; fue secuestrado por la Brigada Blanca, estuvo recluido y fue torturado en una cárcel clandestina del Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México, por ser un hombre de “ideas peligrosas".
"Seguimos extrañándote, necesitándote y exigiendo verdad, memoria y justicia”, se lee en un comunicado publicado este 9 de junio, por los familiares de Rafael Ramírez Duarte, integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre.
En el documento criticaron la ceremonia del pasado 12 de mayo, para la colocación de los restos fúnebres del general Hermenegildo Cuenca Díaz, secretario de Defensa Nacional en el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976), señalado de autorizar “los vuelos de la muerte” durante la Guerra Sucia:
“En vez de recordarles y honrarles a ustedes, se decide honrar a personajes tan siniestros como Hermenegildo Cuenca Díaz, encargado de operar las desapariciones durante el gobierno de Luis Echeverría. Esto pese a que tenemos una presidenta que en su juventud adoptó tu causa”.
El homenaje contó con la presencia del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo y de la plana mayor del Ejército, bajo mando de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Nos dicen que las desapariciones ya no son como antes, pero siguen impunes como antes y duelen igual que antes; porque seguimos sin saber dónde están, sin ver condenados a quienes se los llevaron. (...) La desaparición forzada también está sucediendo ahora. (...) No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Juicio y castigo. ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos!”, finaliza el comunicado.
Rafael, ¿dónde estás?
Rafael Ramírez Duarte nació en 1948 en Zirándaro, Guerrero. Estudió en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es hijo de doña Delia Duarte, esposo de Sara Hernández y padre de Pavel y Tania Ramírez.
Su familia comenzó una intensa búsqueda en colaboración con otras personas en las mismas condiciones, quienes se unieron para formar el ahora Comité Eureka, una organización dedicada a la búsqueda de justicia para las víctimas de la "Guerra sucia", durante los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría.
Desde aquel 9 de junio, Rafael sigue desaparecido, mientras sus familiares siguen exigiendo una respuesta por parte del Estado mexicano, así como castigo a los responsables.
Archivo histórico de la "Guerra sucia"
Durante las décadas de los sesenta y setenta, México tuvo una severa crisis de derechos humanos y falta de libertades democráticas.
Los gobiernos de Díaz Ordaz y Echeverría, controlaron el país bajo una serie de políticas represivas para combatir cualquier movimiento u organización social, considerada opositora.
Como parte de estos esfuerzos, surgió la "Guerra sucia", un periodo donde el Ejército, la policía y la Dirección Federal de Seguridad (DFS) cometieron graves violaciones a los derechos humanos, como actos de tortura, secuestros, asesinatos, abuso sexual, desapariciones forzadas, entre otros.
Gracias a testimonios de perpetradores, de sobrevivientes de cárceles clandestinas y de testigos, ha podido establecerse que desde 1974 hasta 1979, las fuerzas militares utilizaron los “vuelos de la muerte” para deshacerse de los cuerpos.
Los aviones despegaban de la base militar número 7, ubicada en el municipio de Acapulco, y desde el aire arrojaban personas —vivas o muertas— al océano, algunas dentro de costales cargados con piedras, otras picoteadas por bayonetas para que fueran devoradas por los tiburones, otras amarradas a vigas metálicas o a bloques de concreto para asegurar que nunca aparecieran.
Varias víctimas eran activistas o personas bajo sospecha del Estado. De acuerdo con el Archivo General de la Nación, al frente de estas operaciones estuvieron Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, miembros de la DFS y fundadores de la Brigada Blanca.
La Brigada, conformada por 240 elementos provenientes del Ejército Mexicano, la DFS, la Procuraduría General de la República, entre otros, buscaba exterminar organizaciones guerrilleras como la Liga Comunista 23 de Septiembre, un conglomerado de agrupaciones políticas que buscaban convertirse en un bloque socialista.
Los archivos históricos también señalan a Hermenegildo Cuenca Díaz como el principal firmante de las órdenes de “exterminio” que acabaron con la vida de numerosos opositores al régimen más corrupto y sanguinario que ha tenido México, de acuerdo con “El País”, en referencia a la Guerra Sucia que dejó 10 mil víctimas.
Algunas de las víctimas comenzaron a denunciar la existencia de estas prácticas, sin recibir apoyo de vías legales o una respuesta por parte de las autoridades, lo que dio como resultado varios colectivos de búsqueda y justicia que permanecen hasta la actualidad.
A pesar de que el gobierno negó los actos atroces cometidos por elementos del Estado, “hoy en día, gracias a la liberación de los expedientes de la DFS y su acceso público en el Archivo General de la Nación, se confirma su existencia”, señala el Gobierno de México.
“Estos documentos son fundamentales para reconstruir los eventos del pasado que intentaron ser borrados por diversas instituciones de inteligencia, y que hoy siguen siendo relevantes (...) para garantizar el derecho a la memoria y la búsqueda de la verdad, la justicia y la no repetición de violaciones a los derechos humanos”, añade.
By: Draco Draculon lunes, junio 09, 2025/comment : 0Nacional,
Seguridad
Los integrantes de la banda delictiva fueron declarados culpables de secuestro, privación ilegal de la libertad y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Un juez federal sentenció hasta 320 años de prisión a 7 integrantes de la banda de secuestradores denominada “Los Flacos”, la cual operaba principalmente en el Estado de México.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) el juez Primero de Distrito en materia Penal con sede en Toluca, Estado de México declaró culpables a 7 personas de los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Los sentenciados son: Ulises Eduardo Tamez Covarrubias, Iván Martínez Damián, Luis Manuel Olivares Rubí, Juan Manuel Ramírez Castro, Alaín Pérez Campos, Heriberto Isaí Rosas Martinez y Alfonso Donis Ruiz.
Luis Manuel Olivares fue condenado a 320 años de prisión y multa por 334 mil 140 pesos por delincuencia organizada en su hipótesis de secuestro, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en agravio de 8 víctimas, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea y portación de arma de fuego sin licencia.
Alaín Pérez, recibió una pena de 280 años y multa de 295 mil 780 pesos por los mismos delitos, pero en agravio de 7 víctimas.
Alfonso Donis, fue condenado a 300 años de cárcel y multa de 314 mil 328 pesos por privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en agravio de 8 víctimas.
Iván Martínez y Juan Ramírez, quienes igualmente recibieron 274 años de prisión y multa de 290 mil 333 pesos por delincuencia organizada en su hipótesis de secuestro y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en agravio de 7 víctimas.
Heriberto Rosas, condenado a 266 años de prisión y multa de 279 mil 553 pesos por privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en agravio de 7 víctimas, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y portación de arma de fuego sin licencia.
Ulises Tamez, con 84 años de prisión y multa de 91 mil 85 pesos por delincuencia organizada en su hipótesis de secuestro y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en agravio de 2 víctimas.
La gobernadora de Veracruz respondió a los señalamientos de Movimiento Ciudadano sobre presuntas irregularidades en los procesos electorales que se llevaron a cabo en Poza Rica y Papantla.
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, señaló a Movimiento Ciudadano por postular para las elecciones del pasado 1 de junio a candidatos con presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Además, dijo que no trabajará con “personajes dudosos”.
“Movimiento Ciudadano le apostó a querer ganar elecciones con personajes vinculados a la delincuencia organizada y con personajes que tienen vinculación directa en muchos temas, pero no fue así de repente”, sentenció la morenista en conferencia de prensa.
Nahle fue cuestionada sobre las declaraciones de Jorge Álvarez Máynez, líder nacional del partido naranja, sobre presuntas irregularidades en los procesos electorales que se llevaron a cabo en Poza Rica y Papantla.
“En Papantla y Poza Rica hemos vivido el peor fraude electoral desde 2018. No bastó condicionar programas federales, estatales y municipales. Reventaron los conteos, abrieron los paquetes, alteraron las boletas. Hay evidencia”, dijo Máynez en un mensaje publicado en X dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Ante los dichos del emecista, la gobernadora de Veracruz respondió que “lo que debe hacer” es no caer en provocaciones y se refirió a Máynez como un “simulador profesional”.
Añadió que el proceso electoral ya terminó y “ya cada quien esta donde el pueblo o las urnas dijeron”.
Tras señalar los presuntos vínculos criminales, Nahle mencionó que “nosotros no tenemos pacto con nadie y donde estén personajes dudosos o algo, yo ahí no voy a trabajar. Voy a trabajar para el pueblo. Ahí sí. Y no voy a dejar ningún espacio en el territorio”.
Asimismo, dijo que tiene que cuidar la investidura, al gobierno que encabeza, así como a la población de Veracruz.
Morena impugnará resultados en Veracruz en medio de señalamientos de MC por presunto fraude
Este fin de semana, Morena anunció que impugnará los resultados en 23 municipios de Veracruz, esto con el argumento de presuntas irregularidades durante las elecciones del pasado 1 de junio así como la diferencia mínima que hay en algunas demarcaciones.
“Aproximadamente son 23. Boca del Río por supuesto, hubo ciertas irregularidades y lo vamos a demostrar en tribunales (…) Tlalnelhuayocan donde también se quemó, vamos a llegar a tribunales, son en los que tenemos posibilidad y estamos en el rango del 5 %”, señaló, Gabriel zúñiga Ovando, representante del partido guinda ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE).
De acuerdo con el funcionario morenista, entre las irregularidades detectadas, además de la quema de boletas, están la sustitución de funcionarios de casilla por otros que no pertenecían a la sección, temas de fiscalización y el rebase del tope de gastos de campaña.
Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), denunció un presunto fraude y manipulación de votos en Papantla y Poza Rica, luego de que el miércoles el OPLE pausara el conteo ya que en Papantla hubo cambio de sede y en Poza Rica el organismo ejerció la facultad de atracción.
De acuerdo con el dirigente emecista, se “violó la cadena de custodia” de los paquetes electorales y cuando se reinició el conteo de votos comenzaron a aparecer boletas a favor de MC, pero tachadas encima para convertirlos en votos nulos.
“Lo que está haciendo Morena en Veracruz tiene un nombre: FRAUDE y traición a la democracia”, acusó Álvarez Máynez.
En tanto, el también emecista Dante Alfonso Delgado señaló en sus redes sociales que Morena pretende “arrebatarles el triunfo en Poza Rica” mediante un presunto fraude electoral.
Paola denunció ante el INER que un compañero residente la había amenazado de muerte, pero el Instituto no atendió la queja y la dio de baja sin justificar los motivos.
Paola Palomares estaba en la recta final de su especialización en cirugía torácica cuando una denuncia por violencia de género le truncó sus sueños. Ella había concluido su tercer año de estudios, de cuatro en total, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), cuando fue amenazada de muerte por un compañero residente menor que ella, Gustavo “N” y al denunciar, fue despedida de manera injustificada.
“Ya sabíamos todos en el INER los antecedentes que él tenía, que lo habían corrido previamente de otro hospital por conductas aberrantes y violentas, sobre todo hacia las mujeres”, dijo en entrevista Paola. “Por lo mismo uno procuraba no conflictuarse con él, tener un trato meramente laboral, y nada más”.
Gustavo “N” era residente médico en el INER de menor jerarquía que Paola, pero cuando ella y sus compañeras le llamaban la atención por no acatar órdenes, él hacía caso omiso o las contradecía. Aunque estas conductas machistas e incluso violentas –pues llegó a perseguir a sus compañeras mayores en los pasillos del hospital de forma amenazante– fueron reportadas a los jefes de residentes, no se tomaron acciones concretas en contra del médico.
Médica denunció violencia de género en el INER por un compañero, pero no obtuvo respuesta
Fue hasta inicios de septiembre del 2024, cuando Paola iba saliendo de su guardia y se encaminaba para la salida del Instituto, cerca del estacionamiento en un sitio sin cámaras, que Gustavo se acercó a ella para preguntarle a dónde se dirigía.
“Le dije, ‘ya voy para la salida’, y me dice, ‘sí, pero si la sigo hasta este punto del hospital, nadie se dará cuenta cuando la estrangule’”, relató Paola. “Así, de la nada, me dice eso y me paro en seco. Me le quedo viendo y tenía en su cara esta expresión como de risa, como de alguien que no está bien, y se da la media vuelta y se va”.
Al llegar a su casa, le comentó a sus roomies –quienes también son residentes– lo ocurrido, y la animaron a poner su denuncia por la amenaza de muerte. Unos días después, cuando regresó al INER de su descanso, dos profesores se acercaron con ella para cuestionarla sobre lo sucedido, e igualmente la motivaron a interponer una denuncia.
“Uno de ellos me dijo, ‘le tienes que meter la denuncia, porque eso ya es algo de género, y ya tiene muchos reportes, muchos problemas que ha causado, de ahí nos podemos agarrar para correrlo’”, recordó la doctora. “Yo no quería problemas, pero decido proceder con la denuncia porque ya había muchas quejas de mis compañeras”.
Mediante un escrito dirigido a la subdirectora de Cirugía de Tórax, el Jefe de Servicio de Cirugía y la titular de la Dirección de Enseñanza, Paola y sus compañeras presentaron sus quejas, incluyendo que Gustavo les había gritado, perseguido, e incluso amenazado con saber dónde vivían y que se encontraran fuera de la institución para “arreglar cuentas”.
Paola intentó levantar una queja ante la Dirección de Enseñanza del INER, pero los encargados le dijeron que ellos no podían hacer algo al respecto y la remitieron al Comité de Ética, cuya encargada le aseguró que por protocolo las autoridades debieron separar a Gustavo de su cargo tras la amenaza de muerte.
Con incongruencias y rúbricas falsas, despiden a Paola del INER
Por parte del Comité de Ética, le sugirieron que se acercara a la Fiscalía capitalina, la Defensoría de su universidad –la UNAM– y hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al ser el Instituto un hospital federal, aunque en este último le aseguraron que primero el INER tendría que resolver internamente el caso y en la UNAM desestimaron la denuncia por falta de pruebas.
Mientras Paola esperaba que atendieran su denuncia, continuó con su servicio y en febrero del año en curso concluyó su tercer año de la residencia, por lo que recibió sus calificaciones y se percató que tenía bloques reprobados, lo cual le provocó extrañeza pues en sus evaluaciones anteriores había recibido buenas marcas.
Al hacer una revisión de sus actas, la residente se percató que el INER había registrado en el sistema documentos apócrifos que tenían las calificaciones reprobatorias, en vez de los originales que ella había entregado después de ser evaluada por los profesores de su rotación. Inmediatamente, solicitó a sus superiores una explicación y que se rectificaran sus actas, pero se le notificó que ella ya no podía continuar en la institución y tendría que repetir su tercer año de especialidad en otro hospital.
Con incongruencias y rúbricas falsas, despiden a Paola del INER
Por parte del Comité de Ética, le sugirieron que se acercara a la Fiscalía capitalina, la Defensoría de su universidad –la UNAM– y hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al ser el Instituto un hospital federal, aunque en este último le aseguraron que primero el INER tendría que resolver internamente el caso y en la UNAM desestimaron la denuncia por falta de pruebas.
Mientras Paola esperaba que atendieran su denuncia, continuó con su servicio y en febrero del año en curso concluyó su tercer año de la residencia, por lo que recibió sus calificaciones y se percató que tenía bloques reprobados, lo cual le provocó extrañeza pues en sus evaluaciones anteriores había recibido buenas marcas.
Al hacer una revisión de sus actas, la residente se percató que el INER había registrado en el sistema documentos apócrifos que tenían las calificaciones reprobatorias, en vez de los originales que ella había entregado después de ser evaluada por los profesores de su rotación. Inmediatamente, solicitó a sus superiores una explicación y que se rectificaran sus actas, pero se le notificó que ella ya no podía continuar en la institución y tendría que repetir su tercer año de especialidad en otro hospital.
“[Me dieron de baja] Sin tener una revisión de exámenes, sin ellas tener la evidencia de por qué me calificaron así”, dijo. “Hay muchas inconsistencias, muchas incongruencias entre ellas mismas, las doctoras de enseñanza y la profesora titular”.
“Yo no hice nada malo. Creo que mi único pecado fue eso, denunciar una amenaza de muerte”.
Silencio del INER y Secretaría de Salud
A raíz del despido injustificado, Paola intentó escalar el asunto a la Secretaría de Salud federal, que es responsable del INER, pero a la fecha no ha tenido una respuesta. “Mi abogado ya metió un recurso por silencio administrativo ante los órganos internos de control, tanto del INER como de la Secretaría de Salud”, detalló.
Cuando ella presentó su denuncia ante el INER el año pasado, la institución canalizó su testimonio a la Fiscalía capitalina, por lo que la citaron a inicios de abril del año en curso para dar seguimiento a su caso; pero Paola tuvo que pausar el proceso legal porque podría afectar su inscripción a otro hospital para continuar con su especialidad.
“Ser médico es difícil, ser especialista más”
Mientras que Gustavo “N” sigue empleado como residente en el Instituto, el sueño de Paola de convertirse en cirujana torácica se ha obstaculizado.
“Yo sentía esta vergüenza, me daba vergüenza contarle [a mi familia] y ellos dijeran, ‘¿Cómo que te corrieron del hospital?’. Tardé un tiempo para agarrar valor y contarles, y cuando reflexioné que yo en realidad no había hecho nada malo”, compartió.
“Hacer otra especialidad en este momento de mi vida no es una opción, yo ya hice dos años de cirugía general, llevaba 3 años de tórax, ya es mucho, y sinceramente sí me gusta la cirugía torácica”.
Compañeros de todo el país se han acercado con Paola a través de redes sociales para expresarle su solidaridad ante la situación, así como denunciar los malos tratos que ellos mismos han vivido en distintos hospitales como residentes.
“Creo que México es un país donde ser médico es difícil, ser especialista lo es aún más, y es algo de lo que se quejan diario, que en este país faltan especialistas como para que a los que estamos en formación nos quieran truncar nuestros sueños”, reflexionó la doctora.
La firma francesa anunció que acompañará a los 480 trabajadores que se verán afectados por el cierre; para Ebrard es solo una “fusión”.
Al reconocer que se trata de una decisión tomada como último recurso, Michelin anunció el cierre de su planta en Querétaro para finales de este 2025.
En un comunicado oficial, Michelin México y Centroamérica detalló que comenzará un proceso paulatino de reducción de producción de la planta, con miras a cesar totalmente las operaciones industriales antes de que termine el año.
“Es una decisión tomada como último recurso, impulsada por cambios en el mercado de llantas para automóviles de pasajeros y camionetas ligeras. La decisión de cerrar la planta es el resultado de una revisión exhaustiva de sus operaciones”, indicó la firma de origen francés.
De acuerdo con Michelin, la tendencia actual del mercado apunta a neumáticos de mayor tamaño, productos para los cuales la infraestructura de la planta queretana ya no es apta.
“La planta se ha vuelto obsoleta desde el punto de vista económico y tecnológico, lo que hace inviable convertirla en una instalación competitiva que cumpla con las demandas actuales del mercado”, sostuvo la empresa en el comunicado.
Actualmente, esta instalación produce menos de 0.5 millones de llantas al año de la marca BFGoodrich, enfocadas en autos de pasajeros y camionetas ligeras.
Además, cuenta con un taller de producción de bandas de renovado para llantas de camión.
“Poner fin a la historia de nuestra primera planta de México ha sido una de las decisiones más difíciles que hayamos tenido que tomar. Se decidió después de evaluar todas las alternativas posibles”, declaró Matthieu Aubron, CEO de Michelin para la Región México y Centroamérica.
Apoyo a trabajadores y compromiso local
Michelin aseguró que se está abriendo un proceso de diálogo colectivo con los empleados, el cual se llevará a cabo a lo largo de esta semana. El objetivo, según la empresa, es acompañar a los 480 trabajadores que se verán afectados por el cierre.
“Existe un compromiso de apoyar a cada empleado hacia su futuro. En línea con los valores de Michelin, la empresa se compromete a apoyar a cada uno de los 480 empleados impactados para su futuro”, señaló la compañía.
El plan incluye paquetes de indemnización económica, beneficios adicionales, programas de acompañamiento para la búsqueda de empleo y acceso a capacitaciones externas diseñadas para reforzar habilidades conforme a las demandas actuales del mercado laboral.
Además, Michelin informó que “la compañía ha asegurado un fondo específico que permitirá el desarrollo de actividades sostenibles en beneficio del Estado y la Comunidad Local”.
No es cierre, es fusión: Ebrard
A pesar del anuncio oficial de Michelin, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, matizó la situación al asegurar que la empresa no está saliendo del país, sino que se trata de una “fusión operativa” con otra de sus plantas en territorio nacional.
“Michelin informó a la Secretaría de Economía que ha decidido fusionar la planta de Querétaro a la que tiene en León, Guanajuato. La fusión es porque en ésta se producen las llantas más adecuadas al mercado actual de nuestro país. Michelin mantiene su presencia y compromiso con México”, explicó el funcionario a través de redes sociales.
Michelin informó a la Secretaria de Economía que ha decidido fusionar la planta de Querétaro a la que tiene en León ,Gto. La fusión es porque en ésta se producen las llantas más adecuadas al mercado actual de nuestro país.Michelin mantiene su presencia y compromiso con México.
“Es fundamental que se actúe con firmeza para proteger a nuestras industrias”, asevera la confederación patronal.
Con la entrada en vigor del nuevo incremento arancelario ordenado por el presidente Donald Trump, que eleva al 50% los gravámenes al acero y al aluminio provenientes de México, el sector empresarial mexicano pidió ya aplicar “medidas recíprocas”.
A través de un posicionamiento, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió al Ejecutivo mexciano ya responder a la decisión unilateral de los Estados Unidos.
“Es fundamental que se actúe con firmeza para proteger a nuestras industrias, y que se contemplen medidas recíprocas que garanticen condiciones equitativas de competencia”, planteó el organismo empresarial.
Desde la perspectiva del empresariado agrupado en Coparmex, la nueva política comercial de Trump representa “un retroceso grave en la integración económica de América del Norte”, y contraviene directamente el marco de cooperación y libre comercio establecido por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“En la Coparmex consideramos que esta medida, que eleva los gravámenes de 25% a 50% (...) constituye un acto unilateral que contradice el espíritu de cooperación del T-MEC y amenaza directamente la competitividad de sectores clave en nuestra región, como el automotriz y el manufacturero”, señaló.
La Coparmex también criticó los argumentos de la Casa Blanca para imponer este tipo de restricciones comerciales. Particularmente, rechazó la narrativa de seguridad nacional que Estados Unidos ha usado como sustento para esta medida, al subrayar que los flujos bilaterales de acero entre ambos países son fundamentales y están profundamente entrelazados.
“Los datos del 2024 indican que Estados Unidos tuvo un superávit de 4 mil millones de dólares y 2.3 millones de toneladas en productos terminados”, recordó el organismo. Esto significa, precisó, que la dinámica actual beneficia incluso más a los intereses estadounidenses que a los mexicanos.
“El 75% del acero producido en México tiene como destino Estados Unidos, por lo que esta decisión compromete miles de empleos y pone en riesgo inversiones esenciales para el desarrollo económico de la región”, sostuvo.
Además, el documento empresarial refutó la lógica estratégica del gobierno de Trump. “En 2024, el 52% del acero exportado por ese país tuvo como destino México, y aproximadamente el 35% de sus importaciones provino de socios del T-MEC como Canadá y México”.
Nuevas estrategias
La Coparmex también llamó al gobierno de México a enfocarse en fortalecer el entorno interno. El organismo insistió en que es momento de reducir la dependencia comercial del vecino del norte y apostar por una estrategia de desarrollo productivo más sólida y autónoma.
“Facilitar el acceso a insumos competitivos, garantizar un entorno de seguridad y Estado de Derecho, así como promover políticas públicas que incentiven el crecimiento sostenido de las micro, pequeñas y medianas empresas”, expuso.
Líderes indígenas denuncian que el próximo presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, avaló abusos, consultas amañadas, represión contra la Nación Yaqui y manipulación del “Plan de Justicia” de López Obrador. En este contexto prevalece el acoso del Crimen organizado en su territorio.
Indígenas yoremes de la Nación Yaqui manifestaron zozobra por la asunción de Hugo Aguilar Ortiz como presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre próximo. En entrevista telefónica, denuncian que él es uno de los responsables del despojo actual y abusos que sufre este grupo ancestral, y aseguran: “No queremos a ese indígena, el más corrupto que se pueda conocer en todo México”.
En los últimos años el grupo indígena yoreme ha tenido que resistir la ocupación territorial cada vez mayor del crimen organizado y la intervención del gobierno federal para implementar el “Plan de Justicia del Pueblo Yaqui”, decretado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2021.
Este plan presuntamente contempló la restitución a los yaquis de 20 mil hectáreas de territorio, créditos para vivienda, impulso a la educación y servicios de salud, pero principalmente la ejecución de un plan hidráulico en la Cuenca del Río Yaqui, en respuesta a la escasez que padecen los pueblos del sur de Sonora, a raíz de la construcción del Acueducto Independencia en 2009, principalmente.
El principal operador del Plan de Justicia, según señala la tropa yoeme, fue Hugo Aguilar Ortiz, entonces coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y ahora virtual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras las elecciones del 1 de junio último.
Fernando Jiménez, indígena yoreme y defensor del territorio yaqui, denuncia en la entrevista con Proceso que el supuesto Plan de Justicia de López Obrador se trató en realidad de “una herramienta de control en donde el INPI es el que tiene las palancas en la mano; ellos deciden cómo, cuándo y quiénes van a recibir los apoyos y las bondades de un plan de justicia.”
También Jiménez señala tanto a Aguilar Ortiz como a Adelfo Regino –titular del mismo INPI–, como los funcionarios que los discriminaron y negaron el acceso a los indígenas yoremes a las reuniones de las consultas indígenas para ejecutar el “Plan de Justicia” y que, a puerta cerrada, celebraron con otras dependencias federales y autoridades yaquis impuestas por ellos mismos.
Ahí –puntualiza Jiménez– se notó prácticamente que el control, la batuta, la llevaba el INPI en las personas de Adelfo Regino y Hugo Aguilar. Todos los escritos, todas las actas que se levantaban en esas reuniones no tenían las características que hace un secretario tradicional, tenían una esencia ya más rebuscada, ya más politizada; ellos decidían qué era lo bueno para los yaquis y qué era lo malo para los yaquis.
Estos señalamientos también quedaron asentados en la queja que presentó el defensor de los derechos yaquis César Cota Tórtola desde agosto de 2021ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reportada en la edición 2344 de Proceso.
En ella, Cota señala como responsables de prácticas discriminatorias a los ya mencionados Aguilar Ortiz y Regino, así como también a los funcionarios locales del INPI Luis Andrés Chávez Vera, delegado en Sonora, y a Hilario Molina Amarillas, representante del mismo Instituto en el pueblo de Pótam.
De acuerdo con esta queja, presentada ante el Quinto visitador de la CNDH, David Mendívil Figeroa, Cota expresó de estos funcionarios que “en diversas reuniones que han sostenido con las autoridades tradicionales de los Ocho pueblos de la tribu yaqui (...) han estado incitando al odio, al racismo, la confrontación y a la división entre los diversos representantes de (...) la Nación Yaqui”.
Lo anterior con el fin de imponer “a toda costa los acuerdos que a ellos les favorezcan, como representantes del gobierno de México, queriendo callar, opacar, menoscabar y limitar la participación de los yoremes de la Nación Yaqui”, detalla Cota Tórtola.
Además de los funcionarios del INPI ya mencionados, la queja de César Cota señala a funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Comuninaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entre otras.
“Aprovechándose de su condición política –continúa la queja– y abusando de su poder de servidores públicos, pretenden imponer a los gobernadores de los Ocho Pueblos de la tribu yaqui, lo que debe acordarse en las reuniones de las consultas indígenas y en las reuniones del Plan de Justicia Yaqui, siendo ellos mismos los que manipulan a su placer las actas de hechos y minutas de trabajo que se celebran entre autoridades tradicionales”.
También, se asienta en esta queja, “los servidores públicos enunciados han estado utilizando los recursos públicos del erario nacional y abusando constantemente de su poder para fomentar la corrupción en el interior de nuestras autoridades tradicionales (...) con prebendas y dádivas económicas o en especie”.
De esa manera –explica el defensor yaqui Cota Tórtola en el escrito–, los funcionarios señalados “solicitan las firmas de nuestras autoridades tradicionales para poder mandar en las reuniones de las consultas indígenas, utilizando también el pretexto de que están haciendo valer el Plan de Justicia (...) que les ordenó realizar el presidente, sin ni siquiera tomar en consideración las opiniones de nuestras autoridades tradicionales.
“Simplemente les imponen los acuerdos y los extorsionan intimidándolos al manifestarles que, si no hacen lo que ellos dicen y mandan, simplemente les retiran los apoyos y los pueden echar fuera de las autoridades tradicionales de la tribu yaqui”, denuncia Cota, actual líder de la tropa yoemia.
Todo lo anterior –explica la queja–, pese a contar con dos sentencias de amparo para realizar consultas indígenas, las cuales fueron ordenadas por el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia, bajo los expedientes 461/2011, radicada en el Juzgado octavo de distrito; y el 603/2014 en el Juzgado décimo de distrito, ambos del estado de Sonora, así como otras sentencias ejecutorias de amparo y juicios de amparo en proceso.
“Las autoridades del gobierno de México (…) no permiten que dichos procesos de consulta indígena sean debidamente desahogados en nuestras comunidades indígenas, siendo el principal promotor en el desacato a las órdenes judiciales el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas”, puntualiza Cota Tórtola en su documento.
Además, en la entrevista para Proceso, el defensor yoreme Fernando Jiménez declaró que la intervención de Hugo Aguilar y los funcionarios públicos mencionados “dentro de nuestra política interna, hicieron cambiar ya las formas de gobierno, mediante el INPI o lo que ellos manejan como lo que es mejor para la tribu.
“Los secretarios ahorita llevan el control y las decisiones de un gobierno tradicional. Ya no se convocan a reuniones, a una asamblea general para tomar decisiones tan importantes como es el problema que tenemos con el agua”, expone Jiménez.
Violencia y crimen organizado
La intromisión en la política interna de los pueblos yaquis por parte de Hugo Aguilar y otros funcionarios públicos del INPI ha tenido consecuencias aún más graves, ya que también han obstaculizado otros temas vitales para la tribu como lo es la violencia originada por el crimen organizado.
Vivimos ante el acecho del despojo de nuestras tierras y nuestros recursos naturales por parte del crimen organizado, que está apoderándose con el claro objetivo de exterminar nuestra raza indígena ancestral, a través de la comisión de delitos, y de los constantes ataques a nuestros usos y costumbres que generan los servidores públicos en complicidad con las células del crimen organizado presentes en nuestro territorio.
Así se puede leer en otra queja presentada el 4 de julio de 2024 ante la CNDH en la Ciudad de México, tramitada por los representantes yaquis Esteban Guillén Álvarez, Isabel Seguapicio Hurtado, Agustín Molina Meza y César Cota.
En ese documento, los miembros de la tropa yoreme señalan que desde 2011 células del crimen organizado comenzaron a asentarse en el territorio yaqui. Eso en el contexto de las movilizaciones populares que realizó la tribu contra la construcción del “Acueducto Independencia” en 2009.
Sin embargo, los representantes yaquis señalan que en la actualidad “la situación es consternante”, debido a que grupos del crimen organizado están reclutando “a niños desde los diez años y a adolescentes, quienes son equipados con armas de alto calibre, enviciados y utilizados como halcones o vigilantes” para mantener el control de los territorios yaquis.
“Al que no respete sus reglas simplemente lo desaparecen o asesinan y los descuartizan aventando sus restos en nuestras iglesias o en las guardias tradicionales donde se reúnen nuestras autoridades para atender los asuntos del gobierno interno de nuestros pueblos yaquis”, denuncia el escrito.
Hasta el momento, los yaquis cuentan con las denuncias y testimonios que dan cuenta de alrededor de 50 integrantes de la tribu yaqui que se encuentran desaparecidas o han sido asesinadas.
Debido a la amenaza que esto representa para su comunidad, expresa la queja que el 15 de junio de 2023 los representantes yaquis se reunieron con Ana Luisa Chávez Haro, subsecretaria de Concertación Social del gobierno de Sonora, junto a otros representantes gubernamentales, con la mediación del entonces delegado de la CNDH en Sonora, Octavio Grijalva Vázquez, con el fin de coordinar medidas de seguridad para los pueblos yaquis.
Sin embargo, estas gestiones fueron obstaculizadas por la intervención de Abel Leyva Castellanos, coordinador de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora (CEDIS-Sonora), quien defendió que “todas las acciones de seguridad por indicaciones del gobernador del estado debían ser coordinadas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en el marco de la implementación del Plan de Justicia Yaqui que ejecutaba el gobierno federal”.
Asimismo el funcionario alegó que ninguna acción de seguridad podía entenderse con autoridades duales o representantes no autorizados del pueblo yaqui, por lo que –señalan los yoreme–, “no podíamos sostener ningún tipo de acuerdo en defensa de los derechos de nuestros pueblos, por ser supuestamente autoridades duales no reconocidas por el gobierno.”
Lo anterior, evidenció –según la denuncia– “que los principales actores que obstaculizan el debido desarrollo y progreso de los acuerdos de la mesa de seguridad del estado de Sonora, en coordinación con las autoridades del gobierno federal, son los mismos representantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, Hugo Aguilar Ortiz”, entre otros.
Estos servidores públicos “mienten constantemente en sus informes y de paso siembran la división, confrontación y distanciamiento entre autoridades tradicionales de los ocho pueblos yaquis, con el claro objetivo de que no exista unión y acuerdos entre autoridades del gobierno tradicional (…) que puedan presentar organizada y unificadamente una solución a la problemática de la violencia”.
En ese sentido, los representantes de la tribu yaqui también señalan como corresponsables a “los servidores públicos de la Secretaría de Gobernación, especialmente los de las áreas de Derechos Humanos (a quienes señalan de) no hacen nada por atender la situación, (…) han presentado informes y girado instrucciones para que no se nos atienda en ninguna instancia”, negándoles sus facultades para representar a la tribu yaqui.
El acoso contra los yoremes
Dado que la lucha de los yaquis ha sido popular pero también legal –debido a la alianza que han tejido con organizaciones de la sociedad civil y despachos de abogados de Sonora y la Ciudad de México–, en un mensaje videograbado el 11 de enero de 2022 un grupo de cinco indígenas yoreme denunció persecusión política, amenazas, intimidación y acoso por parte de autoridades impuestas del pueblo de Pótam, en específico Patricio Varela Martínez y el secretario de Vícam Pueblo (una de las ocho poblaciones yaquis), Onésimo Viquimea Valenzuela.
Por órdenes de estas personas, según lee una mujer yaqui en castellano, un grupo armado ajeno a la comunidad secuestró a Juan Pedro Maldonado Martínez, Jesús Molina Castillo y Anselmo Molina en la guardia de Pótam.
De acuerdo con la denuncia, Varela Martínez y Viquimea, “con el apoyo de los servidores públicos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas están generando esta ola de violencia en la Nación Yaqui. El motivo de ello es obligarnos a firmar el desistimiento de una demanda de amparo que interpusimos para garantizar nuestros derechos humanos, resguardando el derecho de todos los yoremes de la Nación Yaqui, por el confuso decreto de la creación del Distrito de Riesgo 018”.
En anteriores ocasiones hemos declarado en la búsqueda de la verdad que los integrantes de la santa iglesia de Pótam, junto con la tropa yoremia de los ocho pueblos de la Nación Yaqui, interpusimos ese amparo para detener la entrada en vigor del citado decreto, porque lamentablemente nos percatamos que con mentiras y engaños el INPI simuló la organización de una consulta indígena, queriéndonos imponer por la fuerza un decreto que debe ser sujeto de revisión.
A la fecha, la persecución no ha parado y apenas el pasado 16 de mayo “un comando disfrazado de militares o como marinos” irrumpieron en la guardia tradicional del pueblo Loma de Guamúchil-Cocorit, atacando a dos yaquis, incluyendo el propio líder de la tropa Yoremia, César Cota Tórtola, con el fin de “amedrentar y tratar de callar la voz (...). Intimidación y amenazas es lo que estamos pasando en éstas últimas fechas.
Jiménez cuestiona los resultados de las elecciones que le dieron el triunfo a Aguilar Ortiz: “Mirando la elección por televisión la noche del domingo iba César Gutiérrez Priego, le llevaba (ventaja) y sorpresivamente en la madrugada pues se cayó (...) A Hugo Aguilar Ortiz no lo conocen en ninguna parte del país y la pregunta del millón es ¿cómo le hizo?”
Asimismo César Cota –quien se encuentra solicitando medidas cautelares por la represión que ha vivido en las últimas semanas–, asegura que Hugo Aguilar es “el causante de lo que está pasando con la tribu yaqui (...) También que lo digan los indígenas del sur, de Chiapas (...) de Jalisco (...) que también alcen la voz porque no les conviene que un traidor indígena se quede ahí, siendo el causante de lo que pasa en la tribu yaqui (...) el que ha causado mucho destrozo en el estado y en toda la nación.”
El indígena yoreme Agustín Molina dice: “Hugo Aguilar para nosotros es un indígena corrupto, no lo queremos ni queremos que tenga una representación legal, ni en la Suprema Corte de Justicia.”
“Y quisiera decirles a todos los grupos indígenas de todo el Estado mexicano –agrega Molina– que alcen su voz, no queremos a ese indígena, el más corrupto que se pueda conocer en todo México”.
Por decisión de la asamblea popular, defensores del agua clausuraron el pozo número 4 de la comunidad de San Miguel Xoxtla, Puebla, ante la amenaza de que el gobierno municipal y la empresa Agua de Puebla para Todos extraigan el líquido para abastecer las zonas residenciales de la ciudad de Puebla.
La clausura fue realizada por los pobladores de Xoxtla acompañados de los pueblos cholultecas y comunidades que participaron en el foro «Alto a la privatización del agua», el pasado 8 de junio.
«Por decisión del pueblo, este pozo se tapa, se clausura», señalaron los habitantes de Xoxtla que desde el pasado 28 de mayo intensificaron su lucha contra el despojo del agua, luego de que la presidenta municipal Guadalupe Ortiz, informara públicamente la ratificación del convenio que su antecesora Guadalupe Peregrina firmó con el gobierno de Puebla, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) y la empresa Agua de Puebla para rehabilitar el pozo 4 de la comunidad y llevar 50 por ciento de su agua a la capital del estado.
«El agua es un asunto estratégico en Puebla. Y son los pobladores de las comunidades y pueblos los que están haciendo lo necesario para entender la gravedad del problema», explicó el Consejo Ciudadano Defensores de la Tierra y el Agua de San Miguel Xoxtla en un comunicado, concluido el foro y la clausura del pozo.
Desde el 28 de mayo, los defensores del agua han realizado bloqueos carreteros, protestas y movilizaciones para manifestar su rechazo a las intenciones del gobierno municipal y la empresa para llevarse el agua a la capital del estado, pues «el agua es de Xoxtla» y «se queda en Xoxtla».
Las acciones de los pobladores de Xoxtla también han sido objeto de represión por parte de las fuerzas de seguridad en Puebla. Tan sólo el pasado 3 de junio, las fuerzas armadas y policiales llevaron a cabo un operativo contra los defensores del agua cuando participaban en un cabildo abierto para derogar toda concesión del líquido a la empresa Agua de Puebla.
A pesar de la represión, los defensores reiteraron que mantendrán su lucha en defensa del agua y que no permitirán «ni una gota más para la ciudad».
COMUNICADO:
Clausuran pobladores pozo 4 en Xoxtla
8.JUN.2025
La decisión la tomó la gente en asamblea popular ahí mismo, en el sitio en el que se ubica el Pozo 4, como le llaman los pobladores.
Se escucharon estas consignas:
«Vamos a apedrear este monstruo».
«Ni una gota más para la ciudad».
«Por decisión del pueblo, este pozo se tapa, se clausura».
«El agua es de Xoxtla, se queda en Xoxtla».
Y con ese ánimo lo clausuraron.
Luego subieron a Facebook imágenes del hecho y este mensaje para el gobernador Armenta:
¡CLAUSURADO Y DESTRUIDO POR LA LEY DE LOS PUEBLOS!
¿Alejandro Armenta y Concesiones integrales SAdeCV (Agua de Puebla para Todos) escucharon? El #agua es de los pueblos.
¿ESCUCHARON?
Es el sonido de su mundo derrumbándose.
Es el del nuestro resurgiendo.
El día que fue el día, era noche.
Y noche será el día que será el día.
¡DEMOCRACIA!
¡LIBERTAD!
¡JUSTICIA!
#EZLN#CNI
Consejo Ciudadano Defensores de la Tierra y el Agua de San Miguel Xoxtla
El agua es un asunto estratégico en Puebla. Y son los pobladores de las comunidades y pueblos los que están haciendo lo necesario para entender la gravedad del problema.
Tras los operativos, el cónsul en Los Ángeles se trasladó "de inmediato al centro de detenciones y trató de identificar, entrevistar a los connacionales que habían sido detenidos, tomar la información de sus familiares para contactarlos y ofrecerles la asesoría legal", relató el canciller.
El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, informó que un total de 42 mexicanos fueron detenidos durante redadas realizadas por la agencia estadounidense ICE en Los Ángeles, California, el pasado viernes.
Según explicó, las acciones ocurrieron en un estacionamiento de Home Depot y en una fábrica textil, ambas ubicadas en la zona centro de la ciudad.
“Desde el inicio, el viernes por la mañana, la presidenta Sheinbaum estuvo personalmente dándole seguimiento al asunto y dándonos instrucciones puntuales tanto a la Cancillería como a los consulados”, indicó De la Fuente en la conferencia matutina presidencial.
Las redadas fueron ejecutadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), una agencia del gobierno federal estadounidense.
Tras los operativos, el cónsul en Los Ángeles se trasladó “de inmediato al centro de detenciones y trató de identificar, entrevistar a los connacionales que habían sido detenidos, tomar la información de sus familiares para contactarlos y ofrecerles la asesoría legal“, relató el canciller.
De la Fuente informó que las personas detenidas fueron trasladadas a distintos centros de detención en Santa Ana, San Bernardino y Calexico, debido a disturbios ocurridos cerca del centro inicial.
Precisó que “hasta este momento, el censo que tenemos actualizado es de 42 connacionales que están detenidos en estos cuatro centros, 37 hombres y cinco mujeres“.
El canciller aseguró que se cuenta ya con una base de datos con toda la información de cada uno de los detenidos y que sus familiares han sido contactados; también, informó que cuatro personas fueron deportadas el domingo, dos de ellas con orden de remoción previa.
Durante el fin de semana, la Cancillería mantuvo comunicación con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson y con el embajador Esteban Moctezuma en Washington, para facilitar el acceso de personal consular a los centros de detención.
“Hay que agradecer esas gestiones porque no era fácil por los disturbios tener acceso. Sin embargo, el personal de nuestros consulados tuvo acceso, pudo ver a nuestros connacionales detenidos, constatar que estuvieran bien de salud y darles el apoyo que requieren en estos momentos, que no dejan de ser de una enorme tensión”, señaló.
La red consular mexicana en Estados Unidos continúa atenta a la situación.
Toda la red consular está realmente alertada para estar reforzando la información que deben tener en estos momentos nuestros connacionales.
De la Fuente reiteró que todos los migrantes tienen derechos, sin importar su estatus migratorio, y recordó que, “tienen derecho a permanecer en silencio, no deben firmar nada que no entiendan y tienen derecho por la Convención de Viena a solicitar la presencia de personal de su consulado”.
También llamó a mantener la calma y a manifestarse pacíficamente y “por la vía legal vamos a encontrar las mejores salidas para todas y todos ellos”.
El canciller destacó que la mayoría de los detenidos estaban trabajando al momento de su detención.
“La mayoría de nuestros connacionales son gente que está trabajando y es gente buena. La mayoría de los que fueron detenidos en estas redadas estaban trabajando en la fábrica textil de Ambiance. La inmensa mayoría de todas ellas y ellos es gente trabajadora“, sostuvo.
Aseguró que las acciones del gobierno mexicano seguirán basándose en los principios de diálogo y cooperación.
La instrucción también en esto ha sido muy clara: diálogo todo el que sea necesario, cooperación con mucho gusto, coordinación desde luego, pero no subordinación.
En conferencia de prensa, familiares de migrantes aseguraron que las personas detenidas en Los Ángeles no son delincuentes, por lo que su aprehensión es una "violación de todo lo que esta ciudad representa".
Familiares de migrantes en detención tras las redadas ordenas por el Gobierno del Presidente Donald Trump exigieron la inmediata liberación de sus seres queridos. Perla Ríos, líder de comunidad indígena en Los Ángeles, originaria de Veracruz, señaló que sus familiares “fueron secuestrados el viernes 6 de junio por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), con el apoyo del Departamento de Policía de Los Ángeles”. Agregó que ICE no les ha negado toda comunicación con quienes fueron detenidos.
Montserrat, estudiante de universidad e hija de José Arrazola, denunció que su padre fue “secuestrado” por ICE violando su derecho a un debido proceso. Relató que ella presenció la redada. “Vi con mis ojos el dolor de las familias, gritando sin saber qué hacer, como yo”. Exigió que los lugares de trabajo que colaboran con ICE rindan cuentas y que el estatus de santuario sea respetado en toda California.
En conferencia de prensa donde participaron las familias, Gabriel, hermano de Jacob Vázquez denunció que el trabajador fue secuestrado por ICE en la bodega de Ambience. Señaló que también los hijos de Jacob dependen completamente del trabajo que realiza su padre.
Durante el evento, la concejal municipal de Los Ángeles por el distrito 14, Ysabel Jurado, aseguró que las personas detenidas son miembros de la comunidad y no son delincuentes, además de que los operativos son una "violación de todo lo que esta ciudad representa". A raíz de ello, exigió la liberación inmediata de las y los detenidos, así como de suspender cualquier proceso de deportación.
"La redada no fue por seguridad pública, fue una redada para intimidar, pero no guardaremos silencio. Defenderemos lo que es justo. El pueblo de Los Ángeles está con cada uno de los detenidos. No daremos la espalda a personas que trabajan por esta ciudad”, puntualizó la concejal para medios locales.
Desde el sábado 7 de junio, al menos tres grandes redadas se llevaron a cabo en zonas predominantemente hispanas del centro de Los Ángeles, incluyendo el Distrito de la Moda y el área de Westlake.
Los operativos, descritos como los más grandes en décadas en la ciudad, involucraron a agentes fuertemente armados con equipo táctico, quienes utilizaron granadas aturdidoras, gas lacrimógeno y balas no letales para dispersar a cientos de manifestantes que intentaron bloquear los arrestos. En el Distrito de la Moda, una tienda mayorista de ropa fue blanco de una redada, lo que desencadenó enfrentamientos cuando activistas y civiles se congregaron para protestar.
Las redadas masivas fueron ejecutadas por agentes del ICE contra migrantes indocumentados, de las cuales desataron una fuerte reacción por parte de la comunidad, activistas y líderes locales, quienes calificaron las acciones como "crueles" y "arbitrarias".
By: Draco Draculon lunes, junio 09, 2025/comment : 0Inflación,
Nacional
México registró una inflación de 4.42 por ciento en mayo, inferior a la de 2024, cuando fue de 4.69 por ciento, según el Inegi.
La inflación anual en México se ubicó en 4.42 por ciento en mayo de 2025, con un aumento mensual de 0.28 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Es decir, tocó su mayor nivel desde noviembre del año pasado.
La presidenta del Inegi, Graciela Márquez Colín, difundió los resultados en redes sociales con un gráfico que muestra la evolución de este indicador desde 2016.
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) alcanzó un nivel de 140.012, que reflejó una desaceleración respecto al mismo mes de 2024, cuando la inflación anual fue de 4.69 por ciento y la mensual de -0.19 por ciento.
Buenos días. Hoy publicamos los resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC. En mayo 2025, la #inflación general anual fue de 4.42%.
— Graciela Márquez Colín (@GMarquezColin) June 9, 2025
El índice de precios subyacente, que excluye productos con precios volátiles o regulados, tuvo un incremento mensual de 0.30 por ciento, impulsado por aumentos en mercancías (0.35 por ciento) y servicios (0.24 por ciento).
Por su parte, el componente no subyacente, que contempla productos agropecuarios y energéticos, se elevó 0.23 por ciento mensual. Dentro de este rubro, los precios de productos pecuarios crecieron 3.48 por ciento, mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno cayeron 2.12 por ciento, principalmente por ajustes estacionales en las tarifas eléctricas en 11 ciudades.
A tasa anual, la inflación subyacente fue de 4.06 por ciento; en tanto, la no subyacente se estacionó en 5.34 por ciento, cifras inferiores a las registradas en mayo de 2024 (4.21 por ciento y 6.19 por ciento, respectivamente).
En mayo 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 140.012 y representó un aumento de 0.28% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 4.42%.
El INPC reportó niveles de 139.878 y 140.146 en la primera y segunda quincena de mayo, respectivamente, lo que implicó un aumento quincenal de 0.19 por ciento.
Entre los productos con mayor impacto al alza, estuvieron los siguientes: pollo, jitomate, vivienda propia y carne de res; mientras que la electricidad, el transporte aéreo y el limón registraron reducciones de precio.
Tabasco, Hidalgo y Oaxaca mostraron las mayores alzas a nivel estatal. Por otro lado, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur presentaron las mayores disminuciones.
