El presidente del consejo de administración de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean rechazó las acusaciones y dijo que un despacho está considerando emprender acciones legales. Expresó que la misiva es un “intento orquestado para causar daño a la reputación de la empresa y sus empleados”. The Wall Street Journal menciona que el anónimo de 15 páginas se distribuyó a finales de abril vía mail entre los consejeros de la cadena hispana Univisión y Grupo Televisa, en ella se pide hacer una investigación a Alfonso de Angoitia por presuntamente desviar mil millones de dólares a una caja fuerte que se escondió en el Estadio Azteca y que de ahí pasó, en efectivo, a cuentas bancarias.
Una carta anónima recibida por el periódico norteamericano The Wall Street Journal acusa a altos operadores financieros de Grupo Televisa de haber recibido dinero en efectivo de gobiernos y partidos políticos, y haberlo desviado.
La carta señala directamente al menos a uno de los hombres más cercanos de Emilio Azcárraga Jean de haber recibido este dinero del gobierno federal mexicano, media docena de gobiernos estatales y de partidos políticos para infomerciales.
Azacárraga Jean rechazó las acusaciones y dijo que una firma de abogados está considerando emprender acciones legales.
El rotativo explica que el anónimo de 15 páginas se distribuyó a finales de abril vía mail entre los consejeros de la cadena hispana Univisión y Grupo Televisa, en donde piden hacer una investigación a Alfonso de Angoitia por presuntamente desviar mil millones de dólares en una caja fuerte que se escondieron en el Estadio Azteca y de ahí pasó en efectivo a cuentas bancarias.
De Angoitia es el vicepresidente ejecutivo y presidente del comité de finanzas de Grupo Televisa y uno de los principales asesores de Emilio Azcárraga Jean.
La misiva enviada a The Wall Street Journal afirma que el monto en efectivo fue “enmascarado” como un ingreso de eventos especiales (conciertos) en el estadio y luego fue trasladado a varias cuentas bancarias en el extranjero controladas por De Angoitia y varios de sus familiares.
El anónimo alega que el presunto desvío de dinero en efectivo se llevó a cabo en una de las oficinas de Televisa en la Ciudad de México. Parte del dinero supuestamente se trasladó a la taquilla del Estadio Azteca en la Ciudad de México, que también es propiedad de Televisa, señala el prestigioso diario.
Televisa dijo que estas afirmaciones son falsas.
La carta, con fecha del 25 de abril, refiere que los miembros de Televisa muestran “su apoyo incondicional” para De Angoitia y su equipo.
Ayer, en una declaración a The Wall Street Journal, Emilio Azcárraga dijo que la misiva era un “intento orquestado para causar daño a la reputación de la empresa y sus empleados”.
Para verificar este presunto desvió, los despachos de abogados Wachtell, Lipton, Rosen & Katzobtener, autorizados por De Angoitia y sus familiares, contactaron con los bancos para confirmar o negar la existencia de las cuentas. “El bufete de abogados está en espera de respuestas de los bancos”, expone el diario. Sin embargo, se señala que hasta el momento las acusaciones han demostrado ser “ficticias y sin fundamento”.
La carta, añade el medio, está llena de errores gramaticales y ortográficos. Incluye detalles personales sobre el señor De Angoitia, tales como su número de identificación fiscal, los nombres de sus guardaespaldas y un diagrama de un apartamento que posee en Manhattan, Estados Unidos.
The Wall Street Journal menciona que para verificar la validez de la carta, envió correos a la cuenta desde la que se originó la misma, pero no fueron respondidos.
“Hasta la fecha, la identidad del remitente del correo electrónico no se ha determinado”, dice el rotativo especializado en economía y negocios.
“Yo confío en que esto es una calumnia”, dijo al diario Enrique Krauze, miembro de la junta de Televisa. El también historiador mexicano dijo que “el señor Alfonso tiene una larga trayectoria de honestidad y estoy seguro de que será capaz de demostrar que estas son mentiras”.
Televisa dijo que el correo electrónico también parecía haber sido enviado al Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero éste último se negó a comentar algo al respecto cuando fue cuestionado por el rotativo.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-05-2016/1657288
viernes, 6 de mayo de 2016
Encañonaron a activista, pero sin dolo de policías: fue “revisión de rutina”, dice el Edil de Orizaba
El pasado 29 de abril, la activista Araceli Salcedo, quien pertenece al Colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba-Veracruz, fue encañonada por elementos de la policía estatal y del municipio de Orizaba, denunció la Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares, en la que actualmente colabora para la localización de fosas clandestinas en la entidad.
El Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, que encabeza Juan Manuel Diez rechazó haber agredido a la activista Araceli Salcedo y aseguró que fue una revisión de rutina “que se aplica a todos los ciudadanos”, por lo que no puede ser considerada como hostigamiento.
El pasado 29 de abril, la activista perteneciente al Colectivo de Familias De Desaparecidos Orizaba-Veracruz fue encañonada por elementos de la policía estatal de Veracruz y de Orizaba, denunció la Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares, en la que actualmente colabora para la localización de fosas clandestinas en la entidad.
A través de un comunicado, los activistas señalaron en aquella ocasión que Araceli Salcedo fue interceptada por oficiales que viajaban en ocho patrullas estatales y del municipio de Orizaba entre las calles norte 10 y Oriente 31, quienes rodearon el vehículo en el que viajaba, fotografiaron y apuntaron sus armas contra ella y los escoltas que le asignó la Procuraduría General de la República (PGR).
Según el gobierno municipal, la camioneta “Ford color blanco de reciente modelo en la que viajaba la señora Salcedo y cinco personas más fue detenida por agentes municipales y estatales en una revisión, tras la llamada de una ciudadana que señaló la presencia de dos vehículos –la camioneta y un Jetta–, donde viajaban sujetos con armas largas de fuego y fornituras”.
Agregó que se realizó una revisión de los vehículos “se trató de una revisión rutinaria que aplica para todos los ciudadanos y que no puede ser considerada ‘hostigamiento’, pues en ningún momento se les agredió ni se les faltó el respeto”.
El Ayuntamiento señaló que los acompañantes se identificaron como “agentes ministeriales del Estado de México”, y se les permitió continuar su camino.
El Gobierno de Orizaba aseguró que la “Secretaría de Gobernación federal no reconoce que esta policía o alguna o otra División de Seguridad esté prestando ese tipo de servicio a la señora Salcedo” y que hasta el momento la activista no ha informado a las autoridades municipales sobre el equipo que la vigila.
“Cualquier persona que porte armas sin uniforme y sin la debida acreditación, puede representar un peligro para nuestras familias”, se lee en el comunicado.
Sin embargo, la Brigada señaló que en aquella ocasión los policías argumentaron que perseguían a un automóvil Tsuru, el cual “no coincide en lo absoluto con el vehículo en el que viajaban las personas agredidas”
Los activistas consideraron este hecho como “un claro acto de hostigamiento”. Aseguraron que se están iniciando las acciones legales correspondientes y que se dio aviso a autoridades federales.
Araceli Salcedo es la madre de la joven desaparecida Fernanda Rubí y es quien el año pasado encaró a Javier Duarte de Ochoa en Orizaba.
En un video dado a conocer por El Mundo de Orizaba, quedó grabado el momento en que la señora Araceli Salcedo exigía al mandatario estatal que la atendiera, mientras éste continuaba su marcha, por lo que la mujer lo siguió.
Tras ello, la señora lo encaró y le dijo que no se riera ante la mueca que Duarte dibujó en su rostro.
– No, señor Gobernador. No se escude, sus fiscalías no sirven de nada, nos ayudan en nada, señor. Aquí está su pueblo mágico donde nos desaparecen a nuestros hijos y usted como si nada, dijo Araceli.
– No, respondió Duarte
– Claro que sí, señor. Y no se burle, quite su sonrisa porque yo no vivo desde ese tiempo, replicó la madre
Posteriormente, la mujer le preguntó la fecha en podía ser recibida por él, a lo que el mandatario le asegura que lo consultara con el Fiscal.
– El Fiscal, el Fiscal es lo mismo que ustedes: pura corrupción, le gritó la señora.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-05-2016/1657506
El Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, que encabeza Juan Manuel Diez rechazó haber agredido a la activista Araceli Salcedo y aseguró que fue una revisión de rutina “que se aplica a todos los ciudadanos”, por lo que no puede ser considerada como hostigamiento.
El pasado 29 de abril, la activista perteneciente al Colectivo de Familias De Desaparecidos Orizaba-Veracruz fue encañonada por elementos de la policía estatal de Veracruz y de Orizaba, denunció la Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares, en la que actualmente colabora para la localización de fosas clandestinas en la entidad.
A través de un comunicado, los activistas señalaron en aquella ocasión que Araceli Salcedo fue interceptada por oficiales que viajaban en ocho patrullas estatales y del municipio de Orizaba entre las calles norte 10 y Oriente 31, quienes rodearon el vehículo en el que viajaba, fotografiaron y apuntaron sus armas contra ella y los escoltas que le asignó la Procuraduría General de la República (PGR).
Según el gobierno municipal, la camioneta “Ford color blanco de reciente modelo en la que viajaba la señora Salcedo y cinco personas más fue detenida por agentes municipales y estatales en una revisión, tras la llamada de una ciudadana que señaló la presencia de dos vehículos –la camioneta y un Jetta–, donde viajaban sujetos con armas largas de fuego y fornituras”.
Agregó que se realizó una revisión de los vehículos “se trató de una revisión rutinaria que aplica para todos los ciudadanos y que no puede ser considerada ‘hostigamiento’, pues en ningún momento se les agredió ni se les faltó el respeto”.
El Ayuntamiento señaló que los acompañantes se identificaron como “agentes ministeriales del Estado de México”, y se les permitió continuar su camino.
El Gobierno de Orizaba aseguró que la “Secretaría de Gobernación federal no reconoce que esta policía o alguna o otra División de Seguridad esté prestando ese tipo de servicio a la señora Salcedo” y que hasta el momento la activista no ha informado a las autoridades municipales sobre el equipo que la vigila.
“Cualquier persona que porte armas sin uniforme y sin la debida acreditación, puede representar un peligro para nuestras familias”, se lee en el comunicado.
Sin embargo, la Brigada señaló que en aquella ocasión los policías argumentaron que perseguían a un automóvil Tsuru, el cual “no coincide en lo absoluto con el vehículo en el que viajaban las personas agredidas”
Los activistas consideraron este hecho como “un claro acto de hostigamiento”. Aseguraron que se están iniciando las acciones legales correspondientes y que se dio aviso a autoridades federales.
Araceli Salcedo es la madre de la joven desaparecida Fernanda Rubí y es quien el año pasado encaró a Javier Duarte de Ochoa en Orizaba.
En un video dado a conocer por El Mundo de Orizaba, quedó grabado el momento en que la señora Araceli Salcedo exigía al mandatario estatal que la atendiera, mientras éste continuaba su marcha, por lo que la mujer lo siguió.
Tras ello, la señora lo encaró y le dijo que no se riera ante la mueca que Duarte dibujó en su rostro.
– No, señor Gobernador. No se escude, sus fiscalías no sirven de nada, nos ayudan en nada, señor. Aquí está su pueblo mágico donde nos desaparecen a nuestros hijos y usted como si nada, dijo Araceli.
– No, respondió Duarte
– Claro que sí, señor. Y no se burle, quite su sonrisa porque yo no vivo desde ese tiempo, replicó la madre
Posteriormente, la mujer le preguntó la fecha en podía ser recibida por él, a lo que el mandatario le asegura que lo consultara con el Fiscal.
– El Fiscal, el Fiscal es lo mismo que ustedes: pura corrupción, le gritó la señora.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-05-2016/1657506
Detienen a reportero en Piedras Negras por tomar fotografías de un choque entre patrullas
CIUDAD DE MÉXICO: Molesto porque tomó fotografías de un choque entre dos patrullas, el director de la policía de Piedras Negras, Coahuila, José Ángel Puentes Zavala, ordenó la detención del reportero Sergio Raúl Hernández Gijón, de la emisora La Rancherita del Aire.
Los subordinados de Puentes de inmediato acataron la orden y aprehendieron al periodista que cubre la fuente policiaca y le quitaron su teléfono celular con el fin de borrar las imágenes que había tomado minutos antes.
Los hechos ocurrieron este viernes sobre la avenida las Américas y la vialidad de entrada y salida al área de estacionamiento de las patrullas, en el edificio de la corporación. En el accidente resultaron heridos dos policías municipales.
Después de esposarlo y encerrarlo en una celda por aproximadamente 40 minutos, sin explicación alguna Hernández Gijón fue liberado.
La Asociación de Reporteros y Corresponsales del Norte de Coahuila (ARCNC) condenó el hecho y exigió que se sancione a los elementos policiacos que arrestaron al reportero de la Rancherita del Aire, la estación de radio líder en noticias en el norte de Coahuila y sur de Texas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/439903/detienen-a-reportero-en-piedras-negras-tomar-fotografias-choque-patrullas
Los subordinados de Puentes de inmediato acataron la orden y aprehendieron al periodista que cubre la fuente policiaca y le quitaron su teléfono celular con el fin de borrar las imágenes que había tomado minutos antes.
Los hechos ocurrieron este viernes sobre la avenida las Américas y la vialidad de entrada y salida al área de estacionamiento de las patrullas, en el edificio de la corporación. En el accidente resultaron heridos dos policías municipales.
Después de esposarlo y encerrarlo en una celda por aproximadamente 40 minutos, sin explicación alguna Hernández Gijón fue liberado.
La Asociación de Reporteros y Corresponsales del Norte de Coahuila (ARCNC) condenó el hecho y exigió que se sancione a los elementos policiacos que arrestaron al reportero de la Rancherita del Aire, la estación de radio líder en noticias en el norte de Coahuila y sur de Texas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/439903/detienen-a-reportero-en-piedras-negras-tomar-fotografias-choque-patrullas
Policías de Coahuila irrumpen con violencia en la casa del director del diario Vanguardia
Elementos de Fuerza Coahuila, la Policía estatal de esa entidad, arribaron esta madrugada a la casa del director general del diario Vanguardia y, como si se tratara de un operativo dirigido en contra de una organización criminal, instalaron un “perímetro de seguridad” de varios kilómetros alrededor de la propiedad, denunció el medio de comunicación.Ciudad de México, 6 mayo (SinEmbargo/Vanguardia).– Esta madrugada, tras denunciar en las páginas de Vanguardia los ataques y el acecho del que este medio ha sido objeto, un comando armado de la Secretaría de Gobierno de Coahuila, a cargo de Víctor Zamora Rodríguez, irrumpió violentamente en un inmueble habitado por el director del medio, Armando Castilla Galindo, para despojarlo de sus pertenencias y desalojar el inmueble.En el acto, realizado al amparo de la oscuridad y en condiciones de clandestinidad, participaron alrededor de treinta elementos de la corporación Fuerza Coahuila, quienes se auxiliaron de maquinaria pesada. Los elementos, quienes en todo momento actuaron bajo las órdenes de un individuo vestido de civil, aparentemente ajeno a la corporación, arribaron esta madrugada a la casa del director general de ese medio y, como si se tratara de un operativo dirigido en contra de una organización criminal, instalaron un “perímetro de seguridad” de varios kilómetros alrededor de la propiedad para, posteriormente, romper candados, invadir y dañar otras propiedades privadas, con el propósito de ejecutar un presunto desalojo ordenado judicialmente.Los elementos de Fuerza Coahuila, corporación recientemente presentada por el Gobierno del Estado bajo el lema “seguridad y justicia”, no solamente actuaron para proteger al presunto funcionario judicial y los civiles que encabezaron el despojo, sino que toleraron, pese a las reiteradas solicitudes que se les formularon para intervenir, la realización de múltiples actos ilegales, entre ellos que un vehículo particular arrollara intencionalmente al director, causándole lesiones, y que se intentara atropellar a los periodistas de esta casa editorial que acudieron a cubrir los hechos.“Como lo hemos señalado con anterioridad, en Vanguardia realizamos un esfuerzo permanente por actuar con responsabilidad y no lanzar voces de alerta sin sustento. Sin embargo, no podemos ignorar que este presunto acto judicial coincide con las denuncias que hemos realizado en los últimos días para dar a conocer actos de “vigilancia” e intimidación que han sufrido miembros dede nuestro personal y nuestro Director”, expuso el diario.“La forma en la cual se realizó la presunta diligencia judicial y, sobre todo, la actuación de los elementos policiales al mando del Secretario de Gobierno de Coahuila, Víctor Zamora Rodríguez, nos deja claro que se trata de una acción concertada que busca fines más allá del presunto cumplimiento de la ley y la defensa del estado de derecho”.“El exceso en el uso de la fuerza implica, para nosotros, un mensaje claro: los autores intelectuales del ataque tienen en la fuerza su único argumento para imponer su ideario y lograr con ello el cumplimiento de su agenda particular”, denunció el diario.
FUENTE: SIN EMBARGO.MX
FOTOS: VANGUARDIA
¿Ponen el ejemplo? Solo 17 de 128 senadores que votarán Sistema Anticorrupción presentaron su declaración
Los senadores no han puesto el ejemplo, 87% de senadores han declinado hacer pública esa información, algunos son los principales detractores de la ley 3de3 durante la discusión de la iniciativa en el Senado.
Los senadores que rechazan convertir la iniciativa ciudadana 3de3 en una ley que obligaría a los funcionarios y legisladores a hacer pública su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, no han transparentado sus datos de forma voluntaria.
Sólo 17 de 128 senadores han publicado la información sobre sus bienes, sus actividades y relaciones que pueden intervenir en su ejercicio público y el reporte de pago de impuestos en la página de internet creada por 20 organizaciones sociales.
Los líderes de las bancadas del PRI y PVEM, Emilio Gamboa y Fernando Herrera, respectivamente, forman parte de ese 87% de senadores que han declinado hacer pública esa información y fueron los principales detractores durante la discusión de la iniciativa en el Senado la semana pasada.
Su propuesta de ley preveía que “los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás datos contenidos en la declaración patrimonial, sólo podrán ser públicos con la autorización expresa del servidor público”; es decir, le quitaba la obligatoriedad de transparencia que había propuesto la sociedad civil.
El próximo lunes 9 de mayo, la comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana sesionará para elaborar el dictamen de las siete leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, aunque sólo existe consenso en 4: Adecuaciones a la Ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación, a la Ley orgánica de la administración pública federal; la Ley general del sistema nacional anticorrupción y la Ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
De acordar este y los dos dictámenes pendientes sobre mando único policial y despenalización de la mariguana, la Comisión Permanente podría llamar a un periodo extraordinario de sesiones para discutirlos y aprobarlos, toda vez que el primer periodo concluyó el 30 de abril.
El presidente de la comisión Anticorrupción es Pablo Escudero del PVEM y tampoco ha publicado su información. De los nueve integrantes, sólo tres lo han hecho: Marcela Torres (PAN), Laura Rojas (PAN) y Ernesto Ruffo (PAN).
Los seis restantes que harían el dictamen del Sistema Nacional Anticorrupción han declinado a la invitación ciudadana de transparentar su patrimonio. Se trata de Anabel Acosta (PRI), Daniel Amador (PRI), María del Rocío Pineda (PRI), Raúl Cervantes (PRI), Luis Fernández (PRD) y Armando Ríos Piter (PRD).
La iniciativa ciudadana 3de3 consiguió la firma de 634 mil mexicanos, superando seis veces el número requerido para que los legisladores integraran la propuesta en su discusión.
Sin embargo, el coordinador de los priistas, Emilio Gamboa, aseguró que la aprobación de la iniciativa 3de3 propiciaría una “cacería de brujas” debido a un artículo que incluía un esquema de recompensas para quien denunciara actos de corrupción.
Hasta el momento, los ciudadanos no pueden saber cuál es el patrimonio de este político que tiene 34 años en el servicio público mexicano. Tampoco se puede comprobar que no tiene conflicto de interés ni el registro de sus declaraciones fiscales.
Entre los cargos que ha ocupado está la dirección de la Lotería Nacional, en la administración del ex presidente Ernesto Zedillo; secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Carlos Salinas y diputado federal, entre otros.
Aunque los coordinadores del PAN y PRD dicen apoyar la ley 3de3, tampoco han publicado su información patrimonial. El perredista Miguel Barbosa inició su carrera legislativa en el 2000 y ha ocupado distintos cargos de dirección en su partido.
El coordinador de los panistas, Fernando Herrera, inició su carrera política en Aguascalientes en 1992 y desde entonces ha tenido cargos en su partido y en la Secretaría de Desarrollo Social durante la administración de Heriberto Félix.
Desde abril de 2015, una veintena de organizaciones lanzaron la plataforma 3de3 para que la clase política publicara su información patrimonial, de intereses y fiscal como parte de su compromiso con la transparencia hacia los ciudadanos.
A un año del lanzamiento, un porcentaje mínimo ha respondido a este ejercicio de transparencia. Entre los rubros menos participativos están los presidentes municipales, pues sólo 1% de los más de 2 mil 400 ha publicado su información, mientras que en la administración federal, sólo uno de 18 secretarios de Estado lo ha hecho.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/05/solo-17-de-128-senadores-que-votaran-sistema-anticorrupcion-presentaron-su-declaracion/
Los senadores que rechazan convertir la iniciativa ciudadana 3de3 en una ley que obligaría a los funcionarios y legisladores a hacer pública su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, no han transparentado sus datos de forma voluntaria.
Sólo 17 de 128 senadores han publicado la información sobre sus bienes, sus actividades y relaciones que pueden intervenir en su ejercicio público y el reporte de pago de impuestos en la página de internet creada por 20 organizaciones sociales.
Los líderes de las bancadas del PRI y PVEM, Emilio Gamboa y Fernando Herrera, respectivamente, forman parte de ese 87% de senadores que han declinado hacer pública esa información y fueron los principales detractores durante la discusión de la iniciativa en el Senado la semana pasada.
Su propuesta de ley preveía que “los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás datos contenidos en la declaración patrimonial, sólo podrán ser públicos con la autorización expresa del servidor público”; es decir, le quitaba la obligatoriedad de transparencia que había propuesto la sociedad civil.
El próximo lunes 9 de mayo, la comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana sesionará para elaborar el dictamen de las siete leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, aunque sólo existe consenso en 4: Adecuaciones a la Ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación, a la Ley orgánica de la administración pública federal; la Ley general del sistema nacional anticorrupción y la Ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
De acordar este y los dos dictámenes pendientes sobre mando único policial y despenalización de la mariguana, la Comisión Permanente podría llamar a un periodo extraordinario de sesiones para discutirlos y aprobarlos, toda vez que el primer periodo concluyó el 30 de abril.
El presidente de la comisión Anticorrupción es Pablo Escudero del PVEM y tampoco ha publicado su información. De los nueve integrantes, sólo tres lo han hecho: Marcela Torres (PAN), Laura Rojas (PAN) y Ernesto Ruffo (PAN).
Los seis restantes que harían el dictamen del Sistema Nacional Anticorrupción han declinado a la invitación ciudadana de transparentar su patrimonio. Se trata de Anabel Acosta (PRI), Daniel Amador (PRI), María del Rocío Pineda (PRI), Raúl Cervantes (PRI), Luis Fernández (PRD) y Armando Ríos Piter (PRD).
La iniciativa ciudadana 3de3 consiguió la firma de 634 mil mexicanos, superando seis veces el número requerido para que los legisladores integraran la propuesta en su discusión.
Sin embargo, el coordinador de los priistas, Emilio Gamboa, aseguró que la aprobación de la iniciativa 3de3 propiciaría una “cacería de brujas” debido a un artículo que incluía un esquema de recompensas para quien denunciara actos de corrupción.
Hasta el momento, los ciudadanos no pueden saber cuál es el patrimonio de este político que tiene 34 años en el servicio público mexicano. Tampoco se puede comprobar que no tiene conflicto de interés ni el registro de sus declaraciones fiscales.
Entre los cargos que ha ocupado está la dirección de la Lotería Nacional, en la administración del ex presidente Ernesto Zedillo; secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Carlos Salinas y diputado federal, entre otros.
Aunque los coordinadores del PAN y PRD dicen apoyar la ley 3de3, tampoco han publicado su información patrimonial. El perredista Miguel Barbosa inició su carrera legislativa en el 2000 y ha ocupado distintos cargos de dirección en su partido.
El coordinador de los panistas, Fernando Herrera, inició su carrera política en Aguascalientes en 1992 y desde entonces ha tenido cargos en su partido y en la Secretaría de Desarrollo Social durante la administración de Heriberto Félix.
Desde abril de 2015, una veintena de organizaciones lanzaron la plataforma 3de3 para que la clase política publicara su información patrimonial, de intereses y fiscal como parte de su compromiso con la transparencia hacia los ciudadanos.
A un año del lanzamiento, un porcentaje mínimo ha respondido a este ejercicio de transparencia. Entre los rubros menos participativos están los presidentes municipales, pues sólo 1% de los más de 2 mil 400 ha publicado su información, mientras que en la administración federal, sólo uno de 18 secretarios de Estado lo ha hecho.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/05/solo-17-de-128-senadores-que-votaran-sistema-anticorrupcion-presentaron-su-declaracion/
Los casos de trata de personas en Tlaxcala, impunes desde hace más de ocho años
Dos casos de menores desaparecidas en San Pablo del Monte, ochos años de diferencia, mismo modo de operar de los agresores y la Procuraduría estatal sigue sin resolver.
A Valeria* y a Karla las raptaron en el mismo mes: enero. A la primera en 2008, a la segunda en 2016.
La adolescencia al ser secuestradas es su principal rasgo en común, pero hay otros, igual de importantes: ambas son habitantes del municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala; ambas fueron raptadas en la vía pública, en pleno día; y en contra de ambas, los atacantes usaron prácticamente el mismo método: aproximarse en autos particulares, obligarlas a abordar mediante el uso de la fuerza física, y huir.
En su condición de víctimas, además, ambas menores comparten también el mismo abandono por parte de las autoridades de Tlaxcala.
Valeria, que entonces tenía 14 años, pudo escapar de sus secuestradores, a pesar de encontrarse severamente lesionada, un día después de ser raptada. Karla, quien cumplió 12 años el pasado 27 de abril, permanece desaparecida desde hace ya 112 días.
Secuestros
Berenice* es mamá de Valeria. Olga es mamá de Karla. Una se sienta al lado de la otra y hablan. Sus voces son muy distintas, la primera grave, sin ser ronca, la segunda aguda, pero sus palabras, las historias que narran mientras lloran, parecen la misma.
“A mi hija la secuestraron el 19 de enero de 2008 –dice Berenice, profesora de una escuela del sector público–, tenía 14 años en ese momento, y fue al café internet que está a unas cuadras de la casa, en San Pablo del Monte, Tlaxcala, para hacer una tarea; llegó ahí, al negocio, y empezó a trabajar, pero en el lugar no había hojas para imprimir, así que ella salió a buscar hojas, y fue cuando se la llevaron. Un auto se le acercó, un Neón con puertas grises, y la jalaron, le vendaron los ojos, y entre dos sujetos la llevaban en la parte de atrás del carro, mientras otro sujeto iba conduciendo.”
Con Karla fue igual, pero con ocho años de diferencia: “Mi niña salió de casa el pasado 13 de enero (de 2016) rumbo a la escuela, que está a unas cuadras de distancia, también en San Pedro del Monte –cuenta Olga, con una voz que apenas y se escucha–. Pero no llegó a la escuela. Un testigo vio cuando se le acercó un carro oscuro y la jalaron.”
Tanto Berenice como Olga, al percatarse de la desaparición, instantes después de ocurridas, salieron en busca de sus hijas, primero con familiares y amigos de las niñas, luego por las calles, preguntando a la gente, y finalmente acudieron, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala.
En ambos casos, la Procuraduría estatal fue notificada de estas desapariciones, apenas horas después de ocurridas, y el procedimiento seguido por el Ministerio Público de Tlaxcala, tanto en 2008 como en 2016, fue el mismo: no hacer nada.
“Fui a la agencia del MP de San Pablo –narra Berenice– y les dije a los policías ‘esta es mi hija, mírenla por favor, está desaparecida, sólo estaba haciendo una tarea, por favor ayúdenme’. Pero ellos me respondieron que apenas tenía dos horas ausente y que ella no estaba desaparecida, sólo porque yo no supiera dónde estaba… les rogué que al menos radiaran su nombre, que estaba desaparecida, les pedí que me recibieran fotografías de ella, para que las giraran en la terminal, en las casetas, y la respuesta fue que había que esperar, al menos, 72 horas… ‘¿sabe todo lo que le pueden hacer a una niña en 72 horas?’, le pregunté al policía”.
Desesperada, sin saber qué hacer, pero conscientes de que las autoridades no les brindarían auxilio, Berenice y sus familiares comenzaron a recorrer las calles de San Pablo del Monte, buscando a Valeria, de 14 años, por sus propios medios.
Ocho años después, el 13 enero de 2016, a esas mismas oficinas del MP en San Pablo del Monte acudió Olga, para reportar la desaparición de su hija, Karla Tezmol Juárez, de 11 años en ese momento. “Pero ese día estaba lluvioso, y se habían quedado sin luz, así que me dijeron que no podían hacer nada, ni siquiera tomarme los datos de la niña, mucho menos redactar la denuncia por la desaparición, nada.”
Olga tuvo que trasladarse hasta la capital del estado (a una hora de camino), para obtener atención en las oficinas centrales de la Procuraduría de Tlaxcala, en donde, sin embargo, se negaron a emitir una alerta especial (la Alerta Amber), que permitiera la búsqueda inmediata de Karla.
“Dijeron que Karla se fue con el novio…”, musita su mamá.
Respuesta en presencia de la víctima
El 20 de enero de 2008, cerca de las 7:00 horas (es decir, 14 horas después de que Valeria fue raptada), la menor regresó, por su propio pie, a la casa de su abuela.
“Había sido drogada, y estaba totalmente aturdida –narra su mamá–, ella me contó que varios tipos la habían atacado sexualmente, tenía marcas en las manos provocadas por las ataduras, y ella escuchaba cómo sus agresores acordaban si llevársela a Tijuana o a otro lugar. Me dijo: ‘mamá, pensé que ya no te volvería a ver jamás’… Esa noche, esos sujetos acabaron tan ebrios y drogados que se durmieron y, en la madrugada, mi hija escapó, y caminó, sin saber por dónde… ella estaba muy afectada por la droga que le dieron, llevaba la ropa desgarrada, y luego de no sabe cuánto tiempo, reconoció que estaba cerca de la casa de su abuela, y caminó hasta ahí”.
Para ese año, en Tlaxcala ni siquiera se reconocía la trata de personas como un delito, a pesar de lo cual, el rapto y agresión sufridos por Valeria fueron denunciados ante la Procuraduría de Justicia estatal, encabezada en ese momento por Leopoldo Zárate Aguilar.
“No queríamos que le hicieran a otra niña lo que le hicieron a mi hija –narra Berenice–, por eso fuimos a la Procuraduría, pero fue un grave error. Llegamos a las 4 de la tarde, y nos atendieron hasta las 12 de la noche, hora en la que le pidieron a mi hija rendir su declaración, contar todo lo que pasó, todo lo que le hicieron durante esa noche, cómo logró huir… y luego nos pasaron a otra oficina, con otro funcionario, para que le repitiera todo otra vez… y luego a otra oficina, otro funcionario, y así… hicieron que mi hija repitiera una y otra y otra y otra otra vez. Y al final, de madrugada, luego de hacerla revivir ese sufrimiento en su mente, fue puesta en manos de un perito que la volvió a hacer víctima de una agresión sexual.”
–¿El tipo de exámenes que le realizaron son equiparables con una agresión sexual? –se pregunta a Berenice.
– A mi hija la pusieron enfrente de un hombre, desconocido para ella, y la obligaron a desnudarse. Y este sujeto estuvo tomando muestras. El cuerpo de mi hija, para ellos, era simplemente el cuerpo del delito, y así la trataron.
Berenice llora y se culpa: “Mi hija fue nuevamente víctima de lo que en los hechos representa una agresión sexual, pero esta vez había sido yo la que la expuso a eso”.
Una semana después, madre e hija fueron citadas por la Procuraduría estatal, para recibir un informe sobre las investigaciones.
–¿Qué fue lo que les informaron?
–Sólo nos dijeron que, efectivamente, mi hija había sido violada y que sí, había sido drogada. O sea, lo que ya sabíamos… Luego nos preguntaron si, acaso, nosotras nos imaginábamos quiénes pudieron haberlo hecho, como si la investigadora fuera yo.
–¿Su hija recibió algún tipo de asistencia victimológica, por parte de las autoridades?
–En realidad, no. En la Procuraduría de Tlaxcala nos canalizaron al área de psicología, pero ahí la presionaban para que admitiera que se había ido con el novio. Le decían: “era tu novio, ¿verdad? ¿Te fuiste con él o él te llevó?”… Le decían “acuérdate quién fue… ¿era tu novio?”. Esa era toda su terapia, e insistían, a pesar de que mi hija les aclaraba que no tenía novio. Ella era una niña de 14 años… decidimos no volver más a la Procuraduría. La llevé al ISSSTE, y fue peor: ahí la psicóloga me dijo que el acné de mi hija probaba que tenía la “hormona alborotada”, y que por eso le pasó lo que le pasó…
Respuesta en ausencia de la víctima
La Alerta Amber, instituida en México en el año 2012, es un protocolo de búsqueda de menores de edad secuestrados, desaparecidos o en riesgo de serlo, diseñado para activarse de forma inmediata, para impedir que la víctima sea extraída de la entidad en la que se reportó su ausencia.
Sin embargo, en el caso de la niña Karla Tezmol Juárez, la Procuraduría de Tlaxcala se negó a activar este protocolo de localización durante los primeros 21 días transcurridos después del reporte.
A pesar de que existen testimonios de personas que presenciaron el rapto, así como reportes anónimos que vinculan el secuestro de Karla con la actividad de bandas de tratantes y explotadores sexuales de Tlaxcala y Puebla, la Procuraduría estatal se ha negado, hasta la fecha, a iniciar una averiguación previa formal.
Es decir, no se reconoce la presunta comisión de ningún delito; y a Karla no se le asume oficialmente como víctima.
Entre las preguntas realizadas por la Procuraduría estatal a la familia, luego de su reporte de desaparición, están: “¿Karla es enojona? ¿Karla ya menstrúa? ¿Karla tiene o tuvo novio o amigos varones?“
A finales de marzo, tras cumplirse dos meses de la desaparición de Karla, la Procuraduría envió un “binomio canino” a su vivienda.
“Trajeron dos perritos –narra Olga–, me pidieron permiso para revisar la casa, como si la niña estuviera aquí, enterrada. Yo les permití que entraran e hicieran su trabajo. Ellos creen que soy ignorante, y que no me doy cuenta que me investigan a mí, cuando lo que deberían estar haciendo es buscar a mi hija. Yo quería que trajeran esos perros cuando desapareció mi hija, el 13 de enero, y no dos meses después, en un día de lluvia. Yo creo que eso nada más fue para tener algo para decir que trabajaron. Estuvieron como 20 minutos aquí, revisaron toda la casa y los perritos no encontraron nada. Luego se fueron, pero antes de irse, el comandante Tepox me preguntó si no había yo escuchado nada aún, algún rumor, algún chisme. Así me lo preguntó, así investiga él”.
En el año 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció que el estado de Tlaxcala forma parte de al menos cinco corredores controlados por bandas del crimen organizado, especializadas en trata de personas.
Estos corredores contemplan puntos geográficos de secuestro y enganche de las víctimas (básicamente niñas y mujeres), así como puntos de tránsito y explotación, ubicados dentro y fuera de México.
La primera de estas rutas va de Tlaxcala a Puebla. Otras tres inician en Veracruz, Guanajuato y Morelos, y terminan en Tlaxcala y Puebla.
Y una última, ésta internacional, inicia en Puebla y Tlaxcala, y llega hasta Arizona y Nueva York.
Peor aún: la lista de municipios de Tlaxcala en los que prolifera la trata de personas inicia, precisamente, con San Pablo del Monte, la localidad en donde Valeria y Karla fueron raptadas.
Durante los 112 que han transcurrido desde la desaparición de esta menor, las únicas acciones reales de búsqueda han sido realizadas por sus familiares, a través de la distribución de volantes con su fotografía, en casetas carreteras, y recorridos por zonas de “tolerancia” (lugares en donde la explotación sexual comercial es abiertamente permitida por las autoridades).
Con la toga sobre los ojos
Aunque no existen reportes actualizados sobre el número de niñas y mujeres no localizadas, raptadas o desaparecidas en Tlaxcala, sí existen indicios de la magnitud de este problema, y del claro perfil de las víctimas.
Un reporte de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de la PGR, que abarca de mayo de 2012 a diciembre de 2014, señala que en ese periodo desaparecieron 20 menores de edad en Tlaxcala, de los cuales 14 son niñas y 6 niños. Según este mismo reporte, sólo los niños fueron localizados.
Debido a que ninguna de estas circunstancias fue considerada por la Procuraduría estatal cuando descartó iniciar una averiguación previa por el rapto de Karla, su familia promovió en abril pasado un amparo, intentando que la justicia federal obligara a las autoridades de Tlaxcala a investigar esta desaparición como un posible delito en activo.
A finales de mes, sin embargo, el juez segundo de Distrito en Tlaxcala, Carlos Alberto González García, denegó el amparo, al considerar que no hay violación a los derechos de la menor.
* Se usa pseudónimo, para resguardar su identidad.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/05/los-casos-de-trata-de-personas-en-tlaxcala-impunes-desde-hace-mas-de-ocho-anos/
A Valeria* y a Karla las raptaron en el mismo mes: enero. A la primera en 2008, a la segunda en 2016.
La adolescencia al ser secuestradas es su principal rasgo en común, pero hay otros, igual de importantes: ambas son habitantes del municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala; ambas fueron raptadas en la vía pública, en pleno día; y en contra de ambas, los atacantes usaron prácticamente el mismo método: aproximarse en autos particulares, obligarlas a abordar mediante el uso de la fuerza física, y huir.
En su condición de víctimas, además, ambas menores comparten también el mismo abandono por parte de las autoridades de Tlaxcala.
Valeria, que entonces tenía 14 años, pudo escapar de sus secuestradores, a pesar de encontrarse severamente lesionada, un día después de ser raptada. Karla, quien cumplió 12 años el pasado 27 de abril, permanece desaparecida desde hace ya 112 días.
Secuestros
Berenice* es mamá de Valeria. Olga es mamá de Karla. Una se sienta al lado de la otra y hablan. Sus voces son muy distintas, la primera grave, sin ser ronca, la segunda aguda, pero sus palabras, las historias que narran mientras lloran, parecen la misma.
“A mi hija la secuestraron el 19 de enero de 2008 –dice Berenice, profesora de una escuela del sector público–, tenía 14 años en ese momento, y fue al café internet que está a unas cuadras de la casa, en San Pablo del Monte, Tlaxcala, para hacer una tarea; llegó ahí, al negocio, y empezó a trabajar, pero en el lugar no había hojas para imprimir, así que ella salió a buscar hojas, y fue cuando se la llevaron. Un auto se le acercó, un Neón con puertas grises, y la jalaron, le vendaron los ojos, y entre dos sujetos la llevaban en la parte de atrás del carro, mientras otro sujeto iba conduciendo.”
Con Karla fue igual, pero con ocho años de diferencia: “Mi niña salió de casa el pasado 13 de enero (de 2016) rumbo a la escuela, que está a unas cuadras de distancia, también en San Pedro del Monte –cuenta Olga, con una voz que apenas y se escucha–. Pero no llegó a la escuela. Un testigo vio cuando se le acercó un carro oscuro y la jalaron.”
Tanto Berenice como Olga, al percatarse de la desaparición, instantes después de ocurridas, salieron en busca de sus hijas, primero con familiares y amigos de las niñas, luego por las calles, preguntando a la gente, y finalmente acudieron, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala.
En ambos casos, la Procuraduría estatal fue notificada de estas desapariciones, apenas horas después de ocurridas, y el procedimiento seguido por el Ministerio Público de Tlaxcala, tanto en 2008 como en 2016, fue el mismo: no hacer nada.
“Fui a la agencia del MP de San Pablo –narra Berenice– y les dije a los policías ‘esta es mi hija, mírenla por favor, está desaparecida, sólo estaba haciendo una tarea, por favor ayúdenme’. Pero ellos me respondieron que apenas tenía dos horas ausente y que ella no estaba desaparecida, sólo porque yo no supiera dónde estaba… les rogué que al menos radiaran su nombre, que estaba desaparecida, les pedí que me recibieran fotografías de ella, para que las giraran en la terminal, en las casetas, y la respuesta fue que había que esperar, al menos, 72 horas… ‘¿sabe todo lo que le pueden hacer a una niña en 72 horas?’, le pregunté al policía”.
Desesperada, sin saber qué hacer, pero conscientes de que las autoridades no les brindarían auxilio, Berenice y sus familiares comenzaron a recorrer las calles de San Pablo del Monte, buscando a Valeria, de 14 años, por sus propios medios.
Ocho años después, el 13 enero de 2016, a esas mismas oficinas del MP en San Pablo del Monte acudió Olga, para reportar la desaparición de su hija, Karla Tezmol Juárez, de 11 años en ese momento. “Pero ese día estaba lluvioso, y se habían quedado sin luz, así que me dijeron que no podían hacer nada, ni siquiera tomarme los datos de la niña, mucho menos redactar la denuncia por la desaparición, nada.”
Olga tuvo que trasladarse hasta la capital del estado (a una hora de camino), para obtener atención en las oficinas centrales de la Procuraduría de Tlaxcala, en donde, sin embargo, se negaron a emitir una alerta especial (la Alerta Amber), que permitiera la búsqueda inmediata de Karla.
“Dijeron que Karla se fue con el novio…”, musita su mamá.
Respuesta en presencia de la víctima
El 20 de enero de 2008, cerca de las 7:00 horas (es decir, 14 horas después de que Valeria fue raptada), la menor regresó, por su propio pie, a la casa de su abuela.
“Había sido drogada, y estaba totalmente aturdida –narra su mamá–, ella me contó que varios tipos la habían atacado sexualmente, tenía marcas en las manos provocadas por las ataduras, y ella escuchaba cómo sus agresores acordaban si llevársela a Tijuana o a otro lugar. Me dijo: ‘mamá, pensé que ya no te volvería a ver jamás’… Esa noche, esos sujetos acabaron tan ebrios y drogados que se durmieron y, en la madrugada, mi hija escapó, y caminó, sin saber por dónde… ella estaba muy afectada por la droga que le dieron, llevaba la ropa desgarrada, y luego de no sabe cuánto tiempo, reconoció que estaba cerca de la casa de su abuela, y caminó hasta ahí”.
Para ese año, en Tlaxcala ni siquiera se reconocía la trata de personas como un delito, a pesar de lo cual, el rapto y agresión sufridos por Valeria fueron denunciados ante la Procuraduría de Justicia estatal, encabezada en ese momento por Leopoldo Zárate Aguilar.
“No queríamos que le hicieran a otra niña lo que le hicieron a mi hija –narra Berenice–, por eso fuimos a la Procuraduría, pero fue un grave error. Llegamos a las 4 de la tarde, y nos atendieron hasta las 12 de la noche, hora en la que le pidieron a mi hija rendir su declaración, contar todo lo que pasó, todo lo que le hicieron durante esa noche, cómo logró huir… y luego nos pasaron a otra oficina, con otro funcionario, para que le repitiera todo otra vez… y luego a otra oficina, otro funcionario, y así… hicieron que mi hija repitiera una y otra y otra y otra otra vez. Y al final, de madrugada, luego de hacerla revivir ese sufrimiento en su mente, fue puesta en manos de un perito que la volvió a hacer víctima de una agresión sexual.”
–¿El tipo de exámenes que le realizaron son equiparables con una agresión sexual? –se pregunta a Berenice.
– A mi hija la pusieron enfrente de un hombre, desconocido para ella, y la obligaron a desnudarse. Y este sujeto estuvo tomando muestras. El cuerpo de mi hija, para ellos, era simplemente el cuerpo del delito, y así la trataron.
Berenice llora y se culpa: “Mi hija fue nuevamente víctima de lo que en los hechos representa una agresión sexual, pero esta vez había sido yo la que la expuso a eso”.
Una semana después, madre e hija fueron citadas por la Procuraduría estatal, para recibir un informe sobre las investigaciones.
–¿Qué fue lo que les informaron?
–Sólo nos dijeron que, efectivamente, mi hija había sido violada y que sí, había sido drogada. O sea, lo que ya sabíamos… Luego nos preguntaron si, acaso, nosotras nos imaginábamos quiénes pudieron haberlo hecho, como si la investigadora fuera yo.
–¿Su hija recibió algún tipo de asistencia victimológica, por parte de las autoridades?
–En realidad, no. En la Procuraduría de Tlaxcala nos canalizaron al área de psicología, pero ahí la presionaban para que admitiera que se había ido con el novio. Le decían: “era tu novio, ¿verdad? ¿Te fuiste con él o él te llevó?”… Le decían “acuérdate quién fue… ¿era tu novio?”. Esa era toda su terapia, e insistían, a pesar de que mi hija les aclaraba que no tenía novio. Ella era una niña de 14 años… decidimos no volver más a la Procuraduría. La llevé al ISSSTE, y fue peor: ahí la psicóloga me dijo que el acné de mi hija probaba que tenía la “hormona alborotada”, y que por eso le pasó lo que le pasó…
Respuesta en ausencia de la víctima
La Alerta Amber, instituida en México en el año 2012, es un protocolo de búsqueda de menores de edad secuestrados, desaparecidos o en riesgo de serlo, diseñado para activarse de forma inmediata, para impedir que la víctima sea extraída de la entidad en la que se reportó su ausencia.
Sin embargo, en el caso de la niña Karla Tezmol Juárez, la Procuraduría de Tlaxcala se negó a activar este protocolo de localización durante los primeros 21 días transcurridos después del reporte.
A pesar de que existen testimonios de personas que presenciaron el rapto, así como reportes anónimos que vinculan el secuestro de Karla con la actividad de bandas de tratantes y explotadores sexuales de Tlaxcala y Puebla, la Procuraduría estatal se ha negado, hasta la fecha, a iniciar una averiguación previa formal.
Es decir, no se reconoce la presunta comisión de ningún delito; y a Karla no se le asume oficialmente como víctima.
Entre las preguntas realizadas por la Procuraduría estatal a la familia, luego de su reporte de desaparición, están: “¿Karla es enojona? ¿Karla ya menstrúa? ¿Karla tiene o tuvo novio o amigos varones?“
A finales de marzo, tras cumplirse dos meses de la desaparición de Karla, la Procuraduría envió un “binomio canino” a su vivienda.
“Trajeron dos perritos –narra Olga–, me pidieron permiso para revisar la casa, como si la niña estuviera aquí, enterrada. Yo les permití que entraran e hicieran su trabajo. Ellos creen que soy ignorante, y que no me doy cuenta que me investigan a mí, cuando lo que deberían estar haciendo es buscar a mi hija. Yo quería que trajeran esos perros cuando desapareció mi hija, el 13 de enero, y no dos meses después, en un día de lluvia. Yo creo que eso nada más fue para tener algo para decir que trabajaron. Estuvieron como 20 minutos aquí, revisaron toda la casa y los perritos no encontraron nada. Luego se fueron, pero antes de irse, el comandante Tepox me preguntó si no había yo escuchado nada aún, algún rumor, algún chisme. Así me lo preguntó, así investiga él”.
En el año 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció que el estado de Tlaxcala forma parte de al menos cinco corredores controlados por bandas del crimen organizado, especializadas en trata de personas.
Estos corredores contemplan puntos geográficos de secuestro y enganche de las víctimas (básicamente niñas y mujeres), así como puntos de tránsito y explotación, ubicados dentro y fuera de México.
La primera de estas rutas va de Tlaxcala a Puebla. Otras tres inician en Veracruz, Guanajuato y Morelos, y terminan en Tlaxcala y Puebla.
Y una última, ésta internacional, inicia en Puebla y Tlaxcala, y llega hasta Arizona y Nueva York.
Peor aún: la lista de municipios de Tlaxcala en los que prolifera la trata de personas inicia, precisamente, con San Pablo del Monte, la localidad en donde Valeria y Karla fueron raptadas.
Durante los 112 que han transcurrido desde la desaparición de esta menor, las únicas acciones reales de búsqueda han sido realizadas por sus familiares, a través de la distribución de volantes con su fotografía, en casetas carreteras, y recorridos por zonas de “tolerancia” (lugares en donde la explotación sexual comercial es abiertamente permitida por las autoridades).
Con la toga sobre los ojos
Aunque no existen reportes actualizados sobre el número de niñas y mujeres no localizadas, raptadas o desaparecidas en Tlaxcala, sí existen indicios de la magnitud de este problema, y del claro perfil de las víctimas.
Un reporte de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de la PGR, que abarca de mayo de 2012 a diciembre de 2014, señala que en ese periodo desaparecieron 20 menores de edad en Tlaxcala, de los cuales 14 son niñas y 6 niños. Según este mismo reporte, sólo los niños fueron localizados.
Debido a que ninguna de estas circunstancias fue considerada por la Procuraduría estatal cuando descartó iniciar una averiguación previa por el rapto de Karla, su familia promovió en abril pasado un amparo, intentando que la justicia federal obligara a las autoridades de Tlaxcala a investigar esta desaparición como un posible delito en activo.
A finales de mes, sin embargo, el juez segundo de Distrito en Tlaxcala, Carlos Alberto González García, denegó el amparo, al considerar que no hay violación a los derechos de la menor.
* Se usa pseudónimo, para resguardar su identidad.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/05/los-casos-de-trata-de-personas-en-tlaxcala-impunes-desde-hace-mas-de-ocho-anos/
El Gobierno tolera que empresas paguen menos a mujeres por el “riesgo” de un embarazo: estudio
El Informe 2016 del Observatorio de Salario reveló que en México las mujeres ganan menos que los hombres porque los empresarios se blindan ante la posibilidad de un embarazo. También destacó que las autoridades reproducen estas prácticas y se vuelven cómplices al ser “omisas”.
Salario promedio mensual de un hombre casado: 7 mil 807.54.
Salario promedio mensual de una mujer: 6 mil 187.11.
Salario promedio mensual de un hombre casado: 7 mil 807.54.
Salario promedio mensual de una mujer: 6 mil 187.11.
Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo).– El Gobierno de México es omiso y reproduce la desigualdad laboral por género al permitir que las mujeres ganen menos que los hombres ante la posibilidad que tienen de quedar embarazadas, reveló el Informe 2016 del Observatorio de Salario elaborado por la Universidad Iberoamericana de Puebla.
“El Gobierno de México es omiso y reproduce la desigualdad de género. El empresario está pensando en salvaguardar sus costos en una situación donde la mujer pudiera embarazarse, por eso ganan menos que los hombres”, explicó en entrevista paraSinEmbargo, Miguel Santiago Reyes Fernández, director del Observatorio de Salarios.
Mencionó que las autoridades mexicanas se convierten en cómplices de las empresas al no supervisar estas diferencias salariales. “Se presume que la omisión del Gobierno se deriva de la corrupción que hay entre ambas”, expresó.
En edad fértil, dijo, la mujer puede ausentarse por ley de 60 a 90 días, entonces el empresario se blinda por los días que va faltar esa trabajadora.
“Esto lo hacen las empresas aunque la mujer no tenga hijos, por el hecho de contratar a una mujer, la empresa ya se cubre ante ese riesgo de ausentismo”, detalló el académico.
Planteó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) regule los salarios promedio por sector e instrumente mecanismos para que las empresas reduzcan esa brecha salarial por género.
De acuerdo con el informe, la desigualdad en los salarios se manifiesta a favor de los hombres casados y contra las mujeres, especialmente si están embarazadas, como lo muestran las siguientes cifras:
Salario promedio mensual: 7 mil 365.60.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que el mercado laboral en México tiende más a contratar hombres: por cada 10 personas activas seis son hombres y cuatro mujeres. La cifra es contraria en el tiempo laborado: mientras el hombre trabaja en promedio 67 horas, la mujer labora 92.
El panorama general, de acuerdo con cifras del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las mujeres profesionistas en el país pueden ganar hasta 24 por ciento menos que un hombre realizando el mismo trabajo.
En el caso de las obreras (de la industria eléctrica, de la construcción y de los servicios), llegan a ganar hasta 40 por ciento menos.
La gran desigualdad fue uno de los principales datos revelados en el Informe 2016 del Observatorio de Salarios, donde se menciona que uno por ciento de la población en México concentra 32 por ciento del ingreso, y el 10 por ciento más rico concentra 67 por ciento del ingreso nacional.
En el documento también se destaca que no hay una relación entre productividad y salarios, pues en México la productividad va a la alza y tiene un diferencial promedio mayor que el de los países desarrollados, pero no hay un aumento salarial de acuerdo con esa productividad.
“Mientras sigan estas condiciones de distribución, o de redistribución inequitativa, no se vislumbra una mejora en las condiciones de vida de la población asalariada”, refirió el Doctor Reyes.
Añadió que de toda la producción que se genera en México, 74 por ciento se la quedan los empresarios y 26 por ciento los trabajadores.
Por ello, el académico de la Ibero mencionó que hay que establecer mecanismos distintos de reparto de la productividad para que la recuperación del salario mínimo y el salario en general no sea sólo por cuestiones coyunturales (como la caída del precio del petróleo y su impacto en las materias primas), sino que parta de la redistribución de las condiciones productivas.
Propuso que el salario mínimo no se establezca por decreto, sino liberalizarlo para permitir su recuperación hasta alcanzar los 16 mil 400 pesos mensuales.
Aumentar el salario mínimo (que aproximadamente es de dos mil 191 pesos al mes) es una de las tres acciones específicas propuestas por el Observatorio de Salarios.
DESIGUALDAD FISCAL ENTRE EMPRESARIOS
La desigualdad fiscal entre empresarios se refleja en que mientras los pequeños y medianos pagan una tasa promedio de 30 por ciento de impuesto, los grandes corporativos pagan 13 por ciento, por lo que el estudio propuso establecer pisos mínimos equitativos en el que todos paguen el mismo impuesto sobre la renta.
En materia de salarios, un empresario pobre (del sector agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza) con la ganancia promedio menor obtiene 5 millones 499 mil 34 pesos al mes; y un empresario rico (del sector corporativos) con la ganancia promedio mayor tiene 25 mil 457 veces más ingresos mensuales, al obtener 138 millones 722 mil 627 pesos.
El texto destacó que en 2014 las ganancias promedio mensuales por tamaño de empresa fueron: las más altas, de 7 millones 411 mil 243 pesos (en empresas con mil o más trabajadores); y las más bajas, de 5 millones 865 mil 96 pesos (en empresas hasta con dos trabajadores), es decir, mil 265 veces menos que las primeras.
Ante la necesidad de contar con políticas públicas redistributivas el Observatorio de Salarios propuso tres acciones específicas para alcanzar los 16 mil 400 pesos de salario mínimo:
–Que los salarios generales no se establezcan respecto al salario mínimo, sino de acuerdo con la productividad promedio, como una redistribución por sectores, de actividad económica, por ramas, por clases; y que entonces se liberalice ese salario promedio, los salarios y el salario mínimo.
–Desaparecer los regímenes tributarios especiales y con ello que todas las empresas grandes y corporativos paguen la misma tasa impositiva que las pequeñas y medianas. En específico, debe desaparecer el régimen opcional para grupos de sociedades, antes de consolidación fiscal.
El Informe 2016 fue elaborado y auspiciado conjuntamente por el Observatorio de Salarios de la Ibero Puebla y el Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad (Equide) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
FUENTE: SINEMBARGO.MX
AUTOR: GUADALUPE FUENTES GOMEZ
PRI y PAN al frente rumbo a 2018; Chong y Zavala, puntean en sus partidos: Mitofsky
CIUDAD DE MÉXICO: El PRI es el instituto político con mayor preferencia del electorado rumbo a las elecciones presidenciales de 2018, con 22.3 por ciento, seguido del PAN, con 18.6.
Morena se ubica en tercer lugar, con 12.1 por ciento; después, el PRD, con 8.7, y Movimiento Ciudadano, con 1.9.
Estos resultados fueron publicados hoy por el periódico El Economista en colaboración con la empresa Consulta Mitofsky.
Tanto el PRI como el PAN y Morena registran una tendencia al alza; no así, el PRD, que en la medición de marzo registró 10.8 y en la más reciente cayó a 8.7.
La encuesta estudia las preferencias entre los aspirantes de cada partido; en el PRI se consolida en primer lugar el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con 26.4 por ciento de las preferencias del electorado y 54.0 entre los priistas.
Margarita Zavala es la preferida de los panistas, con 59 por ciento; le sigue Ricardo Anaya, con 18.6, Miguel Márquez, con 9.2 y Rafael Moreno Valle, con 6.3.
El candidato independiente a la cabeza es Jaime Rodríguez “El Bronco”, con 20.9; le siguen Juan Ramón de la Fuente, 5.9, y Pedro Ferriz, 5.5.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/439823/pri-pan-lideran-preferencias-rumbo-a-2018-chong-zavala-los-preferidos-en-sus-partidos
Morena se ubica en tercer lugar, con 12.1 por ciento; después, el PRD, con 8.7, y Movimiento Ciudadano, con 1.9.
Estos resultados fueron publicados hoy por el periódico El Economista en colaboración con la empresa Consulta Mitofsky.
Tanto el PRI como el PAN y Morena registran una tendencia al alza; no así, el PRD, que en la medición de marzo registró 10.8 y en la más reciente cayó a 8.7.
La encuesta estudia las preferencias entre los aspirantes de cada partido; en el PRI se consolida en primer lugar el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con 26.4 por ciento de las preferencias del electorado y 54.0 entre los priistas.
Margarita Zavala es la preferida de los panistas, con 59 por ciento; le sigue Ricardo Anaya, con 18.6, Miguel Márquez, con 9.2 y Rafael Moreno Valle, con 6.3.
El candidato independiente a la cabeza es Jaime Rodríguez “El Bronco”, con 20.9; le siguen Juan Ramón de la Fuente, 5.9, y Pedro Ferriz, 5.5.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/439823/pri-pan-lideran-preferencias-rumbo-a-2018-chong-zavala-los-preferidos-en-sus-partidos
Profepa verifica emisiones de contaminantes en 160 empresas; dos le niegan el acceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su visita a 160 empresas de jurisdicción federal en la Zona Metropolitana del Valle de México para verificar las emisiones de contaminantes precursores de ozono y partículas, dos empresas no permitieron el acceso a personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Se trata de Plastotécnica, S.A., y Proveedores Plásticos Mach, S.A. de C.V., donde no se pudo realizar la verificación de sus obligaciones ambientales, como la reducción de sus actividades y de sus emisiones contaminantes a la atmósfera.
En un comunicado, la Profepa señaló que llevará a cabo las respectivas visitas de inspección para verificar “de manera estricta” que ambas empresas cumplan con todas y cada una de las obligaciones establecidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de su Reglamento en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera, e impondrá, en su caso, las medidas de seguridad necesarias y las sanciones procedentes a éstas.
En las demás empresas que permitieron el acceso a sus instalaciones para la visita técnica, destacó que el personal del organismo verificó que las actividades de limpieza y desengrase en donde se utilizan productos orgánicos volátiles fueron suspendidas, y constató que se redujeron las emisiones de contaminantes precursores de ozono y partículas en un 30 y 40%.
FUENTE: PROCESO
Revelan en EU presuntas cuentas secretas de Televisa con funcionarios y políticos
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las cuentas secretas de Grupo Televisa y sus subsidiarias con los gobiernos estatales, el federal y los partidos políticos vuelven a estar en el centro del huracán, pero ahora en la prensa estadunidense y en los órganos reguladores del mercado bursátil de Estados Unidos.
Un documento de 15 cuartillas, enviado de forma anónima al periódico especializado The Wall Street Journal, y al cual tuvieron acceso también funcionarios de Univisión (donde Televisa es accionista) acusan al vicepresidente ejecutivo de la empresa, Alfonso de Angoitia, y a Salvi Rafael Folch Viadero, jefe de finanzas de la compañía, de ser los artífices de un mecanismo para lavar alrededor de 14 mil millones de pesos (mil millones de dólares) provenientes de la publicidad encubierta a favor de al menos media docena de gobernadores y del gobierno federal.
El documento revela que Televisa recibe “dinero en efectivo de los partidos políticos y de gobiernos estatales para recibir cobertura a nivel local, para aparecer en nuevos espectáculos y en cobertura publicitaria en sus revistas y en promoción especial”.
Estos ingresos no son reportados a las cuentas oficiales de la compañía y son guardados en una caja fuerte en las oficinas del corporativo de Santa Fe y transferidos como “eventos especiales” en el Estadio Azteca, propiedad de Grupo Televisa, según el reporte de The Wall Street Journal.
El rotativo neoyorquino informó que la carta anónima llegó como correo electrónico a miembros del consejo de Univisión y presuntamente del Departamento de Estado norteamericano. El Journal mencionó que para verificar la validez de esta carta envió correos a la cuenta de la que se originó la misma.
“Hasta la fecha, la identidad del remitente del correo electrónico no se ha determinado”, afirmó el rotativo en su nota, difundida el jueves.
Y Televisa se autoinvestiga
Ante la divulgación de parte del contenido de este informe anónimo, el presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, manifestó su “apoyo inquebrantable” a De Angoitia y a su equipo y calificó las acusaciones como “ficticias y sin fundamento”.
Azcárraga Jean afirmó a The Wall Street Journal que la carta anónima es un “intento orquestado para infligir un daño a la reputación de la compañía y de sus empleados”.
Televisa informó que contrató a un bufete de abogados de Nueva York, Wachtell, Lipton, Rosen and Katzobtener, autorizados por De Angoitia y sus familiares, para investigar a la propia empresa que los contrató.
Según Azcárraga Jean el bufete contactó a bancos relacionados con el vicepresidente de Televisa para confirmar o descartar la existencia de las cuentas bancarias que menciona la misiva privada.
En sintonía con la respuesta de Azcárraga Jean, el comentarista de la empresa Joaquín López Dóriga publicó en su columna de Milenio Diario que las acusaciones contra De Angoitia “rebasan la ficción” y que el mismo The Wall Street Journal “desecha”.
“El anónimo incluye datos personales de Alfonso, datos que dan una línea para descubrir al patrocinador o patrocinadora y a los operadores de esta ofensiva que tienen como común denominador el rumor a esta casa y sus antecedentes en la misma”, afirmó López Dóriga, quien enfrenta una demanda penal por presunto delito de extorsión, interpuesta por la empresaria María Asunción Aramburuzabala.
En su columna de trascendidos “Bajo Reserva”, El Universal afirma que Televisa está “bajo fuego de ‘anónimos’”. En esta columna el rotativo que ha publicado las versiones extraoficiales de Televisa relata:
“Un día atípico se vivió el jueves en Televisa, que preside Emilio Azcárraga, donde se conoció que en abril llegaron denuncias anónimas por correo electrónico contra directivos de la empresa, por supuestos actos de defraudación. Los mensajes fueron enviados también a consejeros del grupo Televisa y a algunas autoridades. Una firma independiente basada en Nueva York, Wachtell-Lipton, ha estado investigando y no ha encontrado irregularidad alguna de sus funcionarios. Nos dicen que en esa línea llama mucho la atención que hasta las cuentas bancarias a donde habría traspasos irregulares son inexistentes. Después de comenzar la indagatoria, nos comentan que este tipo de ataques son comunes en Estados Unidos, pero es la primera vez que enfocan sus baterías contra una empresa mexicana. ¿Quién desde suelo estadounidense estará atrás de estos actos de desprestigio a ejecutivos de la televisora y qué persiguen?”.
El “anónimo” se divulgó después de que Grupo Televisa presentó ante la Securities and Exchange Commission (SEC), autoridad bursátil estadunidense, su informe anual sobre su situación financiera y los riesgos que presentará en este año.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: JENARO VILLAMIL
Sistema anticorrupción, otra gran pantomima
Los legisladores priistas volvieron a mentir y delinearon un sistema anticorrupción que no sirve para nada, vacío, que los protege y les permite mantener su modus operandi. Le cerraron el paso a las sanciones penales a los funcionarios transas, tejieron una red de opacidad en torno de sus ingresos y gastos, ocultaron los debates, intentaron aplicar la congeladora y evitaron la llegada de un verdadero “zar contra la corrupción”.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Dejaron pasar más de tres semanas de trabajos en comisiones unidas, se congratularon por la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas –conocida como Ley3de3 y avalada por más de 600 mil firmas– y dejaron correr la discusión legislativa en la modalidad de parlamento abierto para eliminar las “negociaciones en lo oscurito”, pero el pasado 21 de abril el coordinador de la bancada priista, Emilio Gamboa Patrón, le dio la estocada al paquete de siete leyes anticorrupción en el Senado: señaló que la Ley3de3 podría desatar una “cacería de brujas”.
“Hay un artículo por ahí que dice que cualquier hombre o mujer que denuncie algo especial de su vecino se quedaría con el 10% de una comisión. Me parece que esto va a desatar una cacería de brujas”, afirmó Gamboa Patrón en conferencia de prensa.
Gamboa Patrón, experto operador de las órdenes de Los Pinos en el Senado, ejemplificó la supuesta “cacería de brujas”: “Si mañana llegas tú con un carro nuevo: ‘A ver, investíguenla. ¿Con qué lo compró, qué dinero utilizó, qué cheque dio, qué depositó?’. Me parece que hay cosas que van a lastimar a la sociedad mexicana”.
Los senadores Armando Ríos Piter, del PRD, y Laura Rojas, del PAN, le respondieron que la Ley3de3 sólo hace referencia a servidores públicos y a las personas físicas y morales que reciban recursos públicos, pero el veto priista ya estaba colocado.
El objetivo del PRI y de su aliado el Partido Verde no fue evitar una “cacería de brujas” sino ganar tiempo y frenar la posibilidad de que se discutieran y aprobaran siete leyes que eran reglamentarias de la reforma constitucional en materia anticorrupción, en especial, las reformas al Código Penal Federal y la creación de una Fiscalía General Anticorrupción.
Desde el principio, los enlaces de la Secretaría de Gobernación en el Senado y de la consejería jurídica de Los Pinos, encabezada por Humberto Castillejos, buscaron frenar la posibilidad de que las leyes anticorrupción tuvieran “dientes” penales y que se creara la figura de un “zar anticorrupción”, defendida por la alianza del PRD y del PAN.
El senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, comenta a Proceso que el bloque priista buscaba sacar solamente las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades Administrativas y las reformas al Tribunal Fiscal y Administrativo, pero nada que abriera la posibilidad a la sanción penal de quienes incumplieran lo establecido en la reforma anticorrupción.
Divide y vencerás
La alianza del PAN y del PRD en el Senado, junto con las organizaciones promotoras de la Ley3de3, encabezadas por organismos empresariales como la Coparmex, académicos del CIDE y del ITAM, así como Transparencia Mexicana, Fundar o el Instituto Mexicano de la Competitividad, prendió los focos de alerta en el bloque oficial.
El bloque del PRI-Verde primero optó por dejar correr el reloj legislativo sin participar en las discusiones de las comisiones dictaminadoras. Después fracturó a la bancada del PAN con ayuda del propio presidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil Zuarth, a quien el senador Ernesto Ruffo le reclamó airadamente en sesión privada de la bancada, el pasado 28 de abril: “¿Estás trabajando al servicio del gobierno?”
El llamado “bloque calderonista” dentro de la bancada panista en el Senado se alejó de la alianza con el PRD y dejó sólo a su coordinador, Fernando Herrera, en el tema de la anticorrupción.
La senadora independiente Martha Tagle, quien participó en todas las deliberaciones, afirma en declaraciones a Proceso: “Todo el tiempo intentaron fracturar a la oposición. Primero al PAN. Siete senadores firmaron una carta con el PRI para decir que había que modificar el mecanismo de parlamento abierto, aunque Gamboa Patrón por ahí afirmaba que tenía 20 legisladores panistas de su lado”.
–¿Por qué los puso tan nerviosos el mecanismo de parlamento abierto?
–El parlamento abierto pone en entredicho al PRI. Porque ponía en evidencia que no habían leído nada del contenido de las leyes y que ellos están acostumbrados a trabajar en lo oscurito. Que los dictámenes se negocien.
El PRI y el gobierno también fracturaron al bloque de las organizaciones ciudadanas promotoras de la Ley3de3. Contaron también con la ayuda y las presiones de empresas como Televisa y de algunos integrantes de los organismos empresariales, a quienes también les indujeron el miedo con la misma frase: se va a desatar “una cacería de brujas”.
El pasado 26 de abril, en su columna “Espectro”, de El Universal, el director jurídico de Televisa, Javier Tejado Dondé condenó la Ley3de3 porque obligaría a que cualquier empresa o persona que reciba ingresos del gobierno por alguna venta “deberá transparentar todos sus ingresos –públicos o privados– y dar cuenta de todo su patrimonio”.
Es decir, que las empresas del sector de comunicaciones estarían siendo sujetas de la Ley3de3: desde los periódicos hasta las estaciones de radio, televisión y telefónicas que reciban pagos por dinero público, ejemplificó el funcionario de Televisa.
El esquema de las tres declaraciones (patrimonial, de intereses y de impuestos) “abre la puerta a una cacería de brujas y pone en riesgo la privacidad y seguridad de decenas de miles de personas que nada tienen que ver con el gobierno ni reciben recursos públicos y mucho menos son parte de actos de corrupción”, afirmó Tejado Dondé, coincidiendo con la expresión de Gamboa Patrón.
–¿Se fracturó a la sociedad civil? –se le preguntó a Martha Tagle.
–En algunos casos les metieron el mismo miedo. Que si algunos querían participar en la llamada “Mesa de las 7 Sillas”, donde estarían representantes de las organizaciones ciudadanas dentro del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, debían también hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de impuestos y de intereses.
“Creo que el papel de la sociedad civil en este proceso debe ser de bisagra. No se les puede exigir ‘estás conmigo o estás contra mí’ o ‘ya cambiaste de bando’”, afirma Tagle en clara referencia a una declaración del coordinador de la bancada del PRD, Miguel Barbosa, quien acusó a la sociedad civil de haber “cambiado de bando” tras su reunión con el PRI y el Verde.
También del lado de la negociación del PRD y del PAN hubo errores, comentaron algunos senadores. Entre esos, concentrar la negociación sólo en dos o tres senadores que desconocían los mecanismos del parlamento abierto y las negociaciones políticas.
Gatopardismo
Finalmente, el pasado 26 de abril Gamboa Patrón admitió en conferencia de prensa que no había condiciones para sacar el paquete anticorrupción antes de que terminara el periodo ordinario de sesiones y que el PRI y el Verde ya estaban trabajando “un documento jurídico” con las organizaciones Transparencia Mexicana, Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), Fundar, Fundación Espinosa Yglesias y México Evalúa.
“Son ONG muy serias, como todas, pero han trabajado todo el viernes, todo el sábado y el domingo, y el día de hoy están por terminar el proyecto que creo que va a tener que ser presentado a los grupos parlamentarios”, afirmó Gamboa Patrón, admitiendo así que no se trabajó en parlamento abierto.
El 28 de abril, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, presentó una carta a los presidentes del Senado, Roberto Gil, y de la Junta de Coordinación Política, Emilio Gamboa Patrón, demandándoles que cumplieran con lo establecido por la Constitución en materia de reforma anticorrupción. El próximo viernes 27 se vence el plazo que dio la reforma constitucional para publicar las leyes secundarias.
“Solicitamos que de no haber consenso antes del 30 de abril, se convoque de inmediato a un periodo extraordinario en el que se discuta y aprueben los dictámenes de todas y cada una de las leyes que conforman el andamiaje del Sistema Nacional Anticorrupción”, dijo el presidente de la Coparmex.
El líder empresarial expresó su desacuerdo con la posibilidad de una reforma cosmética, sin capacidad de sancionar a los funcionarios públicos:
“El Sistema debe poseer dientes para morder a la impunidad, es decir, afectar directamente los bienes producto de la corrupción en un marco jurídico adecuado para resarcir el daño”.
A pesar de estas demandas, el 28 de abril el PRI y el Partido Verde presentaron sus cinco iniciativas que trabajaron a puerta cerrada con algunos representantes de la sociedad civil.
Y sólo plantearon la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a las leyes de Fiscalización, Coordinación Fiscal y Contabilidad Gubernamental.
La parte medular de la Ley3de3 desapareció en las iniciativas del PRI y del Verde: la obligación de los servidores públicos de hacer públicas sus declaraciones de bienes patrimoniales, de conflictos de interés y fiscales queda a voluntad de los sujetos obligados.
Así se establece claramente en el artículo 29 de su iniciativa de Ley General de Responsabilidades Públicas:
“El servidor público que así lo determine podrá hacer pública la totalidad de su declaración patrimonial. Los declarantes podrán incluir la información de sus cónyuges y dependientes económicos directos, siempre y cuando cuenten con la autorización expresa del titular de la información”.
Lo mismo se ordena para las declaraciones de intereses y las declaraciones fiscales anuales.
“No le cambiaron nada a lo que actualmente ya existe en materia de declaraciones patrimoniales”, reprochó la senadora Martha Tagle.
La posibilidad de un periodo extraordinario quedó en el limbo. Gamboa Patrón negociaba convocar hasta el 7 y 8 de julio de este año, “después de las elecciones de los estados”, y después del plazo límite de la reforma constitucional en materia de anticorrupción, que vence el sábado 28
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