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Prescribe orden de aprehensión contra “El Mencho”

Sin que se conozcan detalles, un juez federal en Jalisco declaró prescrita la acción penal emprendida hace por lo menos 13 años en contra del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, por su probable responsabilidad criminal en el delito de delincuencia organizada. Fallo que fue impugnado por la Fiscalía General de la República para que sea resuelto por un Tribunal Colegiado de Apelación en la misma entidad federativa.

La polémica resolución fue emitida el 28 de septiembre reciente por el Juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco dentro de la causa penal 53/2024 declarando prescrita la acción penal, y por tanto, la orden de aprehensión dictada en el año 2012 en contra del capo michoacano que también utiliza los nombres de Nemesio Oseguera Ramos y/o Rubén Oseguera Cervantes, también conocido como el Gallero o el Señor de los Gallos.

El asunto de delincuencia organizada por el que era acusado el Mencho está relacionado con el secuestro de una familia completa (hombres, mujeres y niños) en el año referido en la zona conocida como El Bajío, en el municipio de Zapopan, para despojarles de sus propiedades. Una vez liberados tras ser desapoderados de sus tierras, las víctimas salieron del país para refugiarse en Texas, desde donde se interpuso la denuncia y se llevan a cabo acciones legales para recuperar su inmueble.

Por los hechos existen personas presas, unas procesadas y otras sentenciadas condenatoriamente, pero para el juez de la causa el alcance de las autoridades ministeriales para llevar a cabo la captura del líder del CJNG ya feneció por el simple transcurso del tiempo sin que haya sido localizado ni llevado a juicio, por lo que decretó el sobreseimiento de la causa, dejando en estado de indefensión a las víctimas, según lo considera el Ministerio Público de la Federación, que desde luego apeló al fallo.

El asunto ya fue turnado al Primer tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito, donde se radicó el toca penal para resolver si confirma, modifica o revoca la resolución del juzgador. Incluso el expediente ya se turnó a uno de los tres magistrados para que funja como ponente y elabore el proyecto de sentencia correspondiente.

Los coacusados de Nemesio Oseguera Cervantes, visibles en el mismo caso, son, entre otros, César Cazarín Molina, el Tanque; Héctor de Jesús de la Cruz Juan, el Teto; Ulises Héctor Olivares López y Wilfrido Vázquez Gutiérrez.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Teniente coronel reclama prisión preventiva por cadetes ahogados de la GN

El teniente coronel de zapadores David López Ordaz, extitular del Centro de Adiestramiento y de Combate Integral Regional (CACIR) de la Guarnición Militar de El Ciprés, presentó una demanda de amparo tras serle impuesta la medida cautelar de prisión preventiva justificada dentro del proceso penal por el que se encuentra vinculado a la muerte por sumersión en el agua de siete cadetes de la Guardia Nacional (GN), el año pasado en las playas del municipio de Ensenada.

La acción de defensa constitucional del exmando castrense se registra después de que el pasado 6 de octubre se registró la audiencia de revisión de medidas cautelares en el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juzgado de Control, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada.

El juez Sergio Adolfo Peniche determinó que López Ordaz continúe tras las rejas con prisión preventiva justificada dentro de la carpeta judicial número 38/2024 y su acumulada 70/2024 de su índice, que se sigue en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio por dolo eventual en agravio de los cadetes que perdieron la vida ahogados el 20 de febrero de 2024 en Playa Corona, tras obedecer la orden del mando militar de lanzarse al mar pese al oleaje elevado y al mal temporal, en una presunta “novatada”.

El teniente coronel ahora presentó una demanda de amparo a través de su defensa, ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California con residencia en Ensenada, en espera de verse beneficiado con la protección de la justicia de la Unión y solicitó la suspensión provisional y definitiva para efecto de que el juez federal de la causa penal “señale fecha para la celebración de una audiencia de revisión de medida cautelar dentro de un plazo de 48 horas, donde deba fijar una diversa medida cautelar que no sea la de prisión preventiva justificada”. Desde luego, le fue denegada.

Al militar David López Ordaz se le responsabiliza penalmente, bajo el principio de presunción de inocencia, de la muerte de los cadetes Carlos Omar Frías Lanfard, Arturo Esteban Sarmiento Gaxiola, Brando Francisco Gastélum Ayala, Luis Manuel Vilchis Díaz, Fernando Isaías Pérez López, Michael Arellano Wilkinson y Óscar Abraham Sánchez Reyna, cuyos cadáveres fueron localizados entre el 25 de febrero y el 5 de marzo. Sobrevivieron a la práctica Alan Santiago Pérez Ríos, Jesús Andrés Portillo Calderón, Mauricio Alberto cabrera y Saúl Alejandro Matlacala Pérez.

El proceso penal en el fuero federal es independiente de la responsabilidad que el teniente coronel López Ordaz enfrente en el fuero de guerra donde se le imputaron inicialmente la probable comisión de los delitos militares de desobediencia y abuso de autoridad, sin que se conozca hasta el momento el avance de tales pesquisas, dada la opacidad y hermetismo de la procuración y administración de justicia en el ámbito castrense.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Asesinan al periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez en Durango

Desde el inicio del siglo, la organización contabiliza 174 asesinatos y 31 desapariciones de periodistas en la república.

La Fiscalía General de Durango confirmó este lunes el asesinato del periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez, en ese estado en el norte de México, y quien había denunciado las actividades del crimen organizado en la zona, en medio de la ola de violencia que vive el país.

El cuerpo de Beltrán Martínez, de 60 años, fue hallado sin vida con huellas de violencia y un mensaje amenazante en la carretera que conecta el estado de Durango con el vecino estado de Sinaloa, en el occidente, según reportaron medios locales.

Su hijo identificó el cuerpo el domingo cuando este había sido trasladado a las instalaciones forenses.

En la actualidad, Beltrán contaba con un perfil en la red social TikTok en el que difundía información del estado de Durango bajo el nombre de ‘Capo’.

El comunicador, de 60 años, había sido colaborador de medios como Contexto de Durango y La Voz de Durango, y también trabajó como reportero policíaco y cronista deportivo.

En 2025, siete periodistas han sido asesinados en México, según la organización de defensa de la libertad de expresión y derecho de la información, Artículo 19.

Desde el inicio del siglo, la organización contabiliza 174 asesinatos y 31 desapariciones de periodistas en la república.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

La 'cultura priista' que permea la 4T, analiza Edmundo Jacobo Molina

Edmundo Jacobo Molina identifica siete similitudes entre la cultura política del PRI y el actuar actual de Morena, desde la sucesión presidencial hasta la lealtad al presidente.

Edmundo Jacobo Molina, durante Aristegui en Vivo, expuso siete puntos clave sobre las similitudes que ve entre la cultura política del PRI y el proceder de Morena. En primer lugar, afirmó que “el presidente elige a su sucesor”, una práctica evidenciada en ambas etapas. Como segundo punto destacó “el exacerbado presidencialismo”, construyendo todo en torno a la figura presidencial.

El tercero fue “la lealtad a la presidencia de la República”, renovada cada sexenio, con la intención de acotar a la oposición. El cuarto, la relación de gobernadores como correas de transmisión del centro hacia el país.


El quinto aspecto es “la relación con el partido”, donde el PRI se ostentaba como partido de Estado y Morena funciona como un movimiento alrededor del líder.

El sexto es la figura del presidente que resuelve conflictos internos, algo presente en el PRI pero no del todo en Morena. Finalmente, Molina apuntó que Morena mantiene partidos satélites, como el PRI con el Verde y PT, para simular pluralidad.

Jacobo Molina aclaró que “no quiero decir que Morena sea igual al PRI. No, son distintos”. Señaló que el PRI era institucional mientras que Morena es un movimiento más personalista.

Subrayó que a pesar de las diferencias “hay muchos rasgos de la cultura priista que están en el proceder de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Periodista afirma que recibió evidencia del padrón de 2024 vinculada a posible hackeo del INE

Ignacio Gómez Villaseñor señaló que la muestra del padrón electoral de 2024 enviada por el grupo atacante fue analizada por un especialista, quien confirmó que los datos son distintos a la filtración ya conocida de 2018.

El periodista Ignacio Gómez Villaseñor ofreció una actualización sobre la investigación del presunto hackeo a los sistemas del Instituto Nacional Electoral (INE), en la que pudo confirmar con el grupo Sc0rp10n que una de las capturas difundidas por este corresponde a un manual interno del instituto del que no existía acceso público.

Según explicó, tuvo acceso al documento en formato PDF y comprobó que “el manual del INE al que se hace referencia no cuenta con ninguna liga pública; es decir, el atacante tuvo que acceder a él mediante un ataque”.

Gómez Villaseñor indicó que el grupo atacante reconoció que la captura provino directamente de ese manual y que su acceso se logró tras intervenir el sistema.

En sus palabras, el material permitió conocer a Sc0rp10n “cómo operaba la configuración interna de las VPN del Instituto”. Además, el comunicador precisó que el atacante dejó visible “la leyenda del INE y de la Dirección de Tecnología en la captura, pues no buscaba hacer pasar ese documento como una cuenta comprometida, sino mostrar que se trataba de material no público”.

Tras la respuesta del INE, el periodista señaló que Sc0rp10n le envió lo que afirmó ser evidencia del padrón electoral actualizado a 2024, “es decir, una filtración que, hasta el momento, no ha sido pública, a diferencia de la ya conocida de 2018, reconocida en varias ocasiones por las autoridades electorales”.

Para corroborar la información, Gómez Villaseñor dijo que consultó a Nicolás Azuara, analista en ciberseguridad, quien evaluó la muestra enviada por el grupo. Dijo que el análisis de Azuara determinó que “las CURP incluidas en la muestra son válidas y no aparecen en la filtración de 2018”, y tras revisar los datos del supuesto padrón de 2024, concluyó que “parece ser válida”, tanto por su formato como por contener información no presente en la base de 2018.

El periodista dijo que, hasta el momento, el INE no ha determinado la procedencia de las demás imágenes publicadas por Sc0rp10n como evidencia, salvo la correspondiente al manual.

Aun así, recordó que, en su comunicado, el instituto reconoce la posibilidad de que exista un backdoor que permita algún tipo de acceso no autorizado e indicó que está llevando a cabo “todas las medidas técnicas necesarias para verificar exhaustivamente que no exista el supuesto backdoor”.

Los backdoors son las “puertas traseras” que permiten a un atacante mantener el acceso remoto y persistente a un sistema, incluso después de que se haya detectado una intrusión.

Gómez Villaseñor enfatizó que “resulta prematuro descartar un hackeo, como lo ha insinuado la autoridad electoral, dado que las auditorías a sus sistemas aún no han concluido”. Agregó que dichas revisiones deberían hacerse públicas para “garantizar certeza y transparencia, y evitar que se repita un intento institucional por encubrir un posible ciberataque”.

El periodista agradeció a los medios de comunicación que han considerado ambas posturas y aclaró que su objetivo principal es informar sobre un posible ataque que podría tener serias consecuencias para México. Añadió que su actual viaje fuera del país ha limitado su comunicación, pero que continuará publicando actualizaciones en la medida de lo posible.

En sus mensajes anteriores, Gómez Villaseñor no descartó la existencia de backdoors en la red del INE luego de que el organismo señaló en un comunicado que “no existe evidencia de vulneración ni indicios de actividad anómala en los sistemas institucionales”.

Antecedentes de la denuncia

El caso se originó con una serie de publicaciones realizadas por Gómez Villaseñor el pasado sábado en la red social X, en las que advirtió sobre un presunto hackeo a los sistemas internos del INE por parte del grupo de ciberdelincuentes conocido como Sc0rp10n.

En su primera publicación, el periodista calificó el hecho como “el peor hackeo en la historia del INE”, al asegurar que dicho grupo había puesto en venta el “acceso TOTAL a los servidores internos” de la institución.

De acuerdo con Gómez, los atacantes afirmaron haber sido contratados por un partido político hace aproximadamente un año. En una de las capturas compartidas por el periodista se lee: “Hola, hoy estamos aquí para ofrecer uno de nuestros activos más valiosos. Como saben algunos de nuestros clientes más privados, un partido político nos contrató hace un año para extraer algunos datos famosos de este Instituto. No voy a declarar públicamente qué tipo de datos son, pero pueden imaginarlo”.

El comunicador afirmó que la evidencia difundida por el grupo “es bastante contundente” y que los atacantes “instalaron backdoors avanzadas y silenciosas en su red”, lo que, según dijo, haría que el instituto “no pudiera encontrarlas, incluso sabiendo que fueron hackeados”.

Añadió que el ataque significaría “una intrusión total en la red operativa del INE con posibilidad de manipular o exfiltrar información sensible”, entre la que mencionó datos del padrón o listado nominal, credenciales de acceso de personal, documentos administrativos y comunicaciones técnicas.

El periodista indicó no tener información sobre el partido político que habría financiado el ataque ni sobre el costo de los accesos ofrecidos por el grupo.


En publicaciones posteriores, Gómez Villaseñor indicó que “la cuenta y la red VPN comprometida eran reales” y que, de acuerdo con sus fuentes, “fueron eliminadas hace aproximadamente un año, justo durante el periodo electoral”, lo que coincidiría con la versión del atacante sobre la fecha de su presunta contratación.

Según el periodista, las redes actuales del INE ya cuentan con autenticación multifactor (MFA), implementada tras aquella depuración, pero “este mecanismo depende directamente de las cuentas de correo institucional de los empleados”, y existen “filtraciones con cookies de sesión activas que permitirían ingresar a esos correos y obtener el código de validación del MFA”.

Gómez Villaseñor sostuvo que especialistas en ciberseguridad consideran “técnicamente viable lo descrito por Sc0rp10n respecto a la creación de nuevas VPN dentro de la infraestructura comprometida”, mediante “túneles UDP sobre DNS”, una técnica que permitiría mantener comunicaciones encubiertas. “Aunque suene técnico -escribió-, estos elementos respaldan la veracidad del ataque” y explican “lo que realmente pudo haber ocurrido”.

El periodista insistió en que “el incidente es sumamente grave y el INE no debe minimizarlo”.

Respuesta del INE

Ante la difusión de la denuncia, el Instituto Nacional Electoral emitió un comunicado en el que reconoció que el evento al que se hacía referencia “corresponde a una incidencia registrada el año pasado, durante el periodo electoral, que fue atendida y contenida oportunamente”.

Señaló que las redes actuales “cuentan con autenticación multifactor (MFA) y otros controles de seguridad, fortalecidos a partir de esa fecha y que impiden el uso de accesos o credenciales previas”.
El INE precisó que hace dos meses realizó “una depuración total de las cuentas VPN activas”, complementada con la implementación del doble factor de autenticación para todo el personal con acceso remoto. Aseguró además que “a la fecha, no existe evidencia de vulneración ni indicios de actividad anómala en los sistemas institucionales”.

El instituto informó que sus áreas técnicas, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y su proveedor de ciberseguridad, mantienen una revisión preventiva y monitoreo permanente. Indicó que, aunque se analizaron “los supuestos datos publicados en la dark web”, hasta el momento “no se ha identificado información que pertenezca al INE ni evidencia que sustente las afirmaciones difundidas”.

Como medida adicional, un grupo de ingenieros se encuentra en oficinas centrales “realizando verificaciones técnicas sobre la infraestructura de comunicaciones y los componentes de seguridad en el segmento de red reportado”. El comunicado concluye que “se adoptarán todas las medidas técnicas necesarias para verificar exhaustivamente que no exista el supuesto backdoor mencionado”.

Periodista cuestiona postura del INE

Tras la publicación del comunicado del INE, Gómez Villaseñor señaló: El instituto “reconoce prácticamente todo lo que reporté: que la cuenta de VPN vulnerada fue eliminada, que ya implementaron MFA, entre otros puntos”.

Sin embargo, cuestionó que no se mencionara que “el propio sistema de MFA puede ser vulnerado, ya que lo vincularon a correos con credenciales previamente filtradas”.

El periodista también cuestionó que el INE mostrara “profundo desconocimiento técnico”, al afirmar que la evidencia había sido publicada en la dark web. “Aclaro que la publicación de Sc0rp10n no está en la dark web, como afirman, sino en un foro de la clearnet al que, por responsabilidad, no haré referencia para evitar su difusión”, escribió.

Además, advirtió que, según el propio atacante, este “mantiene acceso persistente a los sistemas” y que “en cualquier momento podría liberar nueva evidencia”, lo que dejaría “completamente expuesto” al instituto frente a “esta postura institucional tan lamentable”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Desvían en Tamaulipas becas para docentes que tienen hijos con alguna discapacidad y maestras jefas de familia

Registros oficiales revelan que la SET y la Sección 30 del SNTE desviaron 4.6 mdp en becas para entregarlas a integrantes del sindicato y sus familiares. Las irregularidades las avaló la Unidad Ejecutiva de la SET, encargada del control del programa.

La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) y la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) desviaron 4.6 millones de pesos del presupuesto de becas destinadas a docentes con hijos con discapacidad, estudiantes y maestras jefas de familia durante 2024.

Entregaron recursos para educación de Tamaulipas a docentes que no cumplían los requisitos para recibir becas, entre ellos 20 integrantes de la cúpula de la sección 30 del SNTE en Tamaulipas y sus familiares, que en realidad son ‘comisionados’, es decir, cobran salario del gobierno, pero se dedican a tareas sindicales.

Además, la SET violó los lineamientos de las becas al sobrepasar los montos de entrega establecidos. En 2024 dio entre 19 mil y hasta 142 mil pesos a 575 personas, pese a que el programa sólo prevé una beca anual de 2 mil pesos para personas con discapacidad y 1,500 pesos para madres trabajadoras docentes; o 150 pesos mensuales para hijos de maestros que estudian en preescolar y hasta 1,300 para alumnos de posgrado.


A través de solicitudes de transparencia, Elefante Blanco y Animal Político obtuvieron los registros de beneficiarios del programa llamado oficialmente Becas para hijos de trabajadores de la educación, para madres solteras e hijos con capacidades diferentes, uno de los beneficios para maestros sindicalizados previstos en el convenio entre la SET y el SNTE establecido desde 2013.

Entre los datos entregados están los nombres de los beneficiarios, clave del centro de trabajo (escuelas o unidades administrativas donde laboran), la función que desempeñan, y el monto de los cheques recibidos.

Al hacer el análisis se detectó que 575 beneficiarios estaban registrados como trabajadores de la Unidad Ejecutiva de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, con la clave 28ADG0055Y. Al mismo tiempo recibieron cheques como trabajadores de otros centros de trabajo. En todos los casos la SET les dio montos superiores al máximo previsto en sus lineamientos.

Por ejemplo, Aracely Arellano Ochoa es colaboradora de Ulises Ruiz Pérez, secretario particular del dirigente del SNTE en Tamaulipas, pero recibió 142 mil 500 pesos a través de 14 cheques, siete con la clave de la Unidad Ejecutiva y otros siete con la clave de trabajo de la oficina del titular de la SET.

Su hermana Fluvia Mireya Arellano Ochoa recibió 5 cheques de becas como trabajadora administrativa del área llamada “Departamento de Pagos al Personal Federal”, y 5 cheques más registrados con la clave de trabajo de la Unidad Ejecutiva de la SET.

El común denominador fue la inscripción como supuestos trabajadores de la Unidad Ejecutiva de la SET. Los pagos destinados a la Unidad Ejecutiva suman 4.6 millones de pesos en 2024, lo que representa el 17 % de los 26 millones de pesos entregados ese año por concepto de becas para el magisterio.

La Unidad Ejecutiva es un área administrativa que depende directamente del titular de Educación, y que se encarga de administrar el programa de becas, compensaciones y administra los centros regionales que controlan las escuelas de Tamaulipas.

La Unidad era dirigida en 2024 por Hugo Armando Fonseca Reyes, quien firmó los registros donde se aprobó a los beneficiarios de las becas, aún con las irregularidades antes descritas.

Antes de ser funcionario, Fonseca Reyes tuvo diferentes cargos dentro del sindicato. Su último puesto fue como secretario particular de Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE, y fue operador en la campaña del ahora gobernador, Américo Villarreal. Actualmente es Subsecretario de Administración de la SET.

Animal Político solicitó entrevistas con Fonseca Reyes, pero dejó de responder los mensajes de chat después de mencionarle los hallazgos de esta investigación. En tanto, Arnulfo Rodríguez, dirigente de la sección 30 del SNTE, aceptó la entrevista y aseguró que en su gestión logró que el gobierno de Américo Villarreal regresara estas becas que habían sido suspendidas en la administración panista de Francisco García Cabeza de Vaca.

Rechazó que hubiera algún desvío. “Nada de vela tengo en el entierro. Es muy fácil acusar, pero yo me siento contento de que los hijos de mis compañeros hayan contado con el apoyo del sindicato”. Al referirle que los montos entregados fueron superiores a lo previsto en los lineamientos, rechazó que hubiera irregularidades. “Actúen, yo no recibí ni un peso. Investiguen, pero yo y el sindicato jamás”.

Al buscar a los beneficiarios, Aracely Arellano respondió mensajes negando que hubiera recibido los recursos, aún cuando se le enviaron los documentos que comprueban la entrega, y no aceptó dar una entrevista.

Otro trabajador, Jesús Espinoza, respondió la llamada, pero al preguntarle por qué había recibido más dinero de lo previsto en las becas, dijo que “lo iba a checar” y colgó.


Exdirigente sindical interviene en las becas

En 2023, el SNTE hizo un paro laboral en Tamaulipas que duró 15 días. Entre sus exigencias estuvo presionar a la SET para que entregara los recursos de estas becas que hasta ese momento presentaban retrasos, según dijo el dirigente estatal, Arnulfo Rodríguez Treviño. El conflicto concluyó tras una reunión entre los dirigentes de la sección 30 del SNTE y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, y la SEP, Leticia Ramírez.

Al volver a clases, Hugo Armando Fonseca Reyes, titular de la Unidad Ejecutiva, desplazó en el diálogo con el sindicato a la secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor, y encabezó la revisión de los lineamientos del programa de becas a petición de la Sección 30 en 2024, el año en que ocurrieron estas irregularidades.

Fonseca Reyes es de cuna priista y fue vocero del partido durante seis años. En 2017 comenzó a trabajar con el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas. Tres años después renunció a su militancia priista. En 2022 fue nombrado coordinador de docentes en la Avanzada Tamaulipeca, grupo interno de Morena fundado por Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador y hoy delegado de programas sociales en Coahuila.

Ante la renuncia de Castillo Pastor a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, en abril de 2025, Hugo Fonseca se promovió para el cargo, pero sólo fue ascendido a la Subsecretaría de Administración y nombrado el negociador ante el sindicato.

Becas magisteriales desviadas

Desde 2013, las becas para el personal magisterial se otorgan mediante el convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación y la Sección 30 del SNTE. El 30 de diciembre de 2022, el gobierno de Américo Villarreal Anaya publicó los lineamientos para la beca SET-SNTE, Madres solteras y capacidades diferentes en el Periódico Oficial del Estado.

A partir de enero de 2024, las normas fueron analizadas por una comisión conformada por Hugo Armando Fonseca Reyes, de la Unidad Ejecutiva, y representantes de la Sección 30 del SNTE. En las reuniones participó Aracely Arellano Ochoa, una de las principales beneficiadas, como se pudo comprobar en la foto publicada por el SNTE en la que anuncian la mesa de trabajo.

Aracely Arellano recibió 142 mil 500 pesos, su hermana Fluvia Mireya. 133 mil pesos. Mientras que a su esposo, José Antonio Mata Charles, le dieron 100 mil 500 pesos, por medio de la Jefatura del sector 22 primarias en Victoria y la Unidad Ejecutiva. Actualmente labora en el Departamento de coordinación, de programas y seguimiento.

De acuerdo con información pública, Arellano Ochoa se integró a la secretaría particular de la Unidad Ejecutiva en mayo de 2023. Posteriormente fue comisionada a la dirigencia del SNTE, donde todavía trabaja con Ulises Ruiz Pérez, el principal operador del secretario general, Arnulfo Rodríguez Treviño.

La tercera persona más beneficiada es Jesús Adán Espinoza Puente, con 120 mil pesos. Con la clave 28ADG0011A, correspondiente a Subdirección de Control Escolar de la Secretaría de Planeación de la SET, obtuvo cinco cheques con montos máximos de 13 mil pesos. A través de la Unidad Ejecutiva se le asignaron 5 pagos por 15 mil pesos cada uno.

Otro matrimonio beneficiado es el integrado por Diana María Guevara Trejo y Bladimir Ramírez Martínez, con 107 mil 500 pesos en 9 cheques de becas. Ambos laboran en la Unidad Ejecutiva en el departamento de coordinación interinstitucional.

La familia Rodríguez Castillo, originaria de San Fernando, Tamaulipas, es la segunda que más obtuvo dinero de las becas. Oliver Rodríguez, quien es vicepresidente del comité sindical, consiguió 56 mil pesos. Su esposa Juana Castillo Villafranca, actualmente es regidora en el ayuntamiento local, ganó 45 mil 500 pesos. Además, a Luceldi Rodríguez Lara le asignaron 28 mil pesos en dos becas.

Cerca de 100 mil pesos fueron depositados vía nueve cheques a la familia del exdiputado de Morena, Juan Vital Román Martínez. Su hermanas Deyanira y Teresa Elizabeth sumaron 69 mil pesos en 7 pagos. Su hermano Emedith, profesor de secundaria en Padilla, Tamaulipas, cobró 28 mil pesos.

Deyanira Román fue exsecretaria particular del dirigente sindical, Arnulfo Rodríguez, en su primer periodo. Actualmente labora en la coordinación de la Unidad Ejecutiva, específicamente en la instancia que corrobora y vigila la entrega de las becas.

En Reynosa, el SNTE y la Unidad Ejecutiva entregaron 124 mil pesos en 10 cheques a los hermanos Bazaldúa Martínez. Nancy, quien es coordinadora de becas y secretaria delegacional en el Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede), recibió 62 mil pesos. La misma cantidad fue para César Homero, profesor de matemáticas de la secundaria general “Gumersindo Guerrero García”, de acuerdo con información de la SET.

Violan lineamientos de las becas

Los lineamientos para las becas indican que la Sección 30 del SNTE debe publicar y difundir una convocatoria por ciclo escolar. Sin embargo, en el periodo 2023-2024 no cumplió con esta obligación, de acuerdo con una búsqueda del documento en la página web, redes sociales y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

También es responsabilidad del sindicato registrar las solicitudes de becas, así como revisar el cumplimiento de requisitos, aprobar y asignar el monto por apoyo, en concordancia con el tabulador incluido en los lineamientos.

Posteriormente, el SNTE envía la base de datos de becas autorizadas a la Coordinación de Becas y Estímulos Educativos (CBEE) de la Unidad Ejecutiva. Dicha área verifica las solicitudes autorizadas por la dirigencia sindical junto con la información de las personas favorecidas.

Por último, la CBEE de la Unidad Ejecutiva recibe los cheques de la beca “para su distribución y pago a través de los Centros Regionales de Desarrollo Educativo (Credes)”, responsables de entregarlos.

La Sección 30 y la Unidad Ejecutiva son las responsables de que el programa se respete, refieren las normas estatales. El dinero de las becas es presupuesto público asignado a la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET).


La participación de la Coordinación de Becas y Estímulos Educativos es clave para comprobar los pagos. En esa área trabajó Francisco Javier Córdova González, quien recibió 73 mil pesos por medio de tres claves de centros de trabajo.

La operación para clonar las claves sin importar que no correspondieran a los lugares en que laboran las personas sucedió en todos los niveles. Es el caso de Martha Elena Castillo Mata, trabajadora administrativa de un jardín de niños, a quien le asignaron 6 cheques por un monto total de 75 mil pesos.

Una clave que solo fue utilizada en 15 casos es la 28ADG0001U, correspondiente a la secretaría particular de la SET. Uno de los pocos beneficiados fue Damián Eusebio Martínez Quintero, quien labora en el Departamento de pagos al personal federal.

En ninguno de los documentos aparece la firma de Augusto Francisco Bres Pintos, titular de la Coordinación de Becas y Estímulos Educativos desde 2022. Dicha área de la Unidad Ejecutiva debió revisar las solicitudes y validar la entrega de las becas que fueron desviadas con la firma de Hugo Fonseca.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO (UNIDAD DE INVESTIGACIÓN)
AUTOR: KAREN SALAS, CARLOS MANUEL JUÁREZ.

Perfilan impedir a ministra María Estela para decidir si Batres y Esquivel participarían en juicio contra Salinas Pliego

La ministra reconoció que en el pasado existió un “vínculo laboral” con la ministra Lenia Batres Guadarrama.

El ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propone aceptar un impedimento planteado por la ministra María Estela Ríos González para no ser ella quien defina si dos de sus compañeras participan en la resolución final de un juicio abierto en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego, por un adeudo fiscal de aproximadamente 33 mil millones de pesos. 

La ponencia del ministro Giovanni Figueroa consideró que la excusa planteada es legal debido a que, a través de un escrito, la ministra María Estela reconoció que en el pasado existió un “vínculo laboral” con la ministra Lenia Batres Guadarrama, una de las ministras involucradas en el caso, por lo que de resolver ella se generaría un problema de imparcialidad.

Por este motivo, el ministro Giovanni Azael presentó un proyecto de sentencia por el que propone calificar de legal el impedimento planteado por la ministra María Estela, “toda vez que su escrito revela la existencia de elementos objetivos de los cuales se podría seguir riesgo de pérdida de la imparcialidad”, asunto que está enlistado para resolverse por el Pleno de la Corte en su sesión de este 28 de octubre de 2025.

Ambas ministras trabajaron en la Consejería Jurídica de AMLO

El pasado viernes 24 de octubre se dio a conocer que la ministra María Estela Ríos González pidió no ser ella quien defina si dos de sus compañeras participan en la resolución final de un juicio abierto en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego. 

Así lo hizo al solicitar al máximo tribunal del país declararla imposibilitada para conocer del impedimento 33/2024, promovido por Grupo Elektra en contra del ahora ministro en retiro Alberto Pérez Dayán y las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa.

A través de un escrito, la ministra Ríos González argumentó que debían aceptar su solicitud, ya que, en el pasado, mantuvo un “vínculo laboral” con la ministra Lenia Batres en la oficina de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Existió una relación de cercanía que (podría dar) lugar a generar la presunción de la existencia de amistad o enemistad que pudiera conducirme, en el caso que nos ocupa, a actuar de manera parcial y subjetiva. Lo anterior, debido a que la existencia de dicho vínculo puede generar la presunción de riesgo de pérdida de imparcialidad”, señaló la ministra en su escrito enviado el 23 de octubre de 2025. 

Por ese motivo, para resolver el asunto, la Corte envió el asunto a la ponencia del ministro Giovanni Figueroa, quien estudió el asunto y presentó su propuesta de sentencia este mismo fin de semana.

El amparo de Grupo Elektra por 33 mmdp

En 2024, Grupo Elektra, del empresario Ricardo Salinas Pliego, interpuso un juicio de amparo en contra de la determinación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de aproximadamente 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos, al sumar actualizaciones y recargos. 

Al llegar el asunto a la Suprema Corte, bajo el expediente del amparo directo en revisión 6321/2024, se designó al entonces ministro Alberto Pérez Dayán para que elaborara un proyecto de sentencia para proponer una salida legal al conflicto.

Sin embargo, Grupo Elektra solicitó al Alto Tribunal declarar impedidos al ministro Alberto Pérez Dayán y a las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama para conocer del amparo, tras acusar una posible falta de imparcialidad de los juzgadores en el caso. 

De esta forma, Elektra logró retrasar la resolución de juicio en el que se resolvería el pago por el adeudo de 33 mil millones de pesos, con la interposición del impedimento 33/2024 que fue enviado a la ponencia del entonces ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Sin embargo, tras los resultados de la elección judicial, la nueva Corte envió el impedimento a la ponencia de la ministra María Estela Ríos González para resolver esta petición, misma que ahora busca no resolver. 

Mientras que el amparo directo en revisión 6321/2024 quedó en manos del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, quien deberá elaborar el proyecto de sentencia sobre el caso y presentarlo ante el Pleno de la Corte para su eventual resolución.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

Alertan a la ASF por irregularidades en obras millonarias en Nayarit

La diputada federal Mariana Jiménez Zamora presentó ante la ASF una solicitud para revisar presuntas irregularidades en la ejecución de mil 500 millones de pesos de origen federal.

Durante el gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero, hubo presuntas irregularidades en la ejecución de mil 500 millones de pesos de origen federal destinados a obras públicas en Nayarit. 

La diputada federal Mariana Jiménez Zamora presentó ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una solicitud formal para revisar dicho gasto, así como las obras iniciadas en la gestión de Navarro Quintero.

De acuerdo con los oficios enviados por la legisladora de Movimiento Ciudadano, en el Sistema Público de Consulta de Auditorías de la ASF existen 57 acciones pendientes de aclarar o recuperar, que en conjunto representan 757.3 millones de pesos. 

Del total, 23 acciones, equivalentes a 129.5 millones de pesos, se encuentran bajo análisis en la Dirección General de Investigación, sin información pública sobre su avance. Sólo 2.2 millones de pesos figuran como “atendidos”, aunque el sistema no precisa su estatus procesal. El resto de los casos permanece en proceso de “seguimiento”, algunos desde la Cuenta Pública 2021, pese a que los plazos legales para su cierre concluyeron en 2024. 

Una de las revisiones solicitadas se refiere a la demolición de la Ciudad de las Artes, en Tepic, para construir un estadio de futbol. Los trabajos comenzaron en mayo de este año, aunque la convocatoria de licitación fue publicada el 4 de junio y el acta de fallo se emitió el 13, con fecha de inicio prevista para el día 23, un desfase que motivó la petición de auditoría. 

El proyecto provocó manifestaciones de la sociedad civil y del sector cultural debido a la desaparición del complejo artístico inaugurado hace más de una década, cuya inversión pública superó los 500 millones de pesos. Actualmente, la obra cuenta con una suspensión definitiva por orden judicial emitida el 27 de junio. 

Mariana Jiménez también pidió auditar la construcción del estadio de beisbol Coloso del Pacífico, cuya ejecución presenta señalamientos de irregularidades.  

El inmueble fue inaugurado en noviembre de 2024, junto con la modernización de las vialidades que rodean la Unidad Deportiva Santa Teresita, donde se localiza. En conjunto, las obras representaron una inversión estimada de 700 millones de pesos y fue concesionado a una empresa privada en septiembre pasado. 

Otras obras bajo observación son el puente vehicular El Filo, en el municipio de Tecuala, con una inversión de 145 millones de pesos; la modernización del camino a Cofradía de Chocolón, por 25.8 millones de pesos; y la rehabilitación de 36 kilómetros de la carretera federal 15 Santa Cruz de las Haciendas, con recursos por 24 millones de pesos. 
“Estas obras forman parte de proyectos de infraestructura de alto costo para el erario federal. No obstante, en varias de ellas se han identificado falta de transparencia, información incompleta de contrataciones y señalamientos públicos sobre su pertinencia, ejecución y calidad”, señaló la legisladora en el documento dirigido al auditor superior David Colmenares Páramo. 
La legisladora detalló que ciudadanos de distintas localidades han presentado denuncias anónimas sobre la planeación y supervisión de las obras. En uno de los casos, se cita un video publicado el 24 de agosto de 2025 en YouTube, donde un habitante de Tecuala cuestiona la calidad del puente El Filo y el proceso mediante el cual fue recibido oficialmente.

Jiménez Zamora pidió a la ASF determinar si existen irregularidades en licitaciones, adjudicaciones, sobrecostos o deficiencias técnicas, así como la posible participación de contratistas vinculados con funcionarios públicos en el ejercicio de los recursos federales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.

Jiutepec mantiene activa la Alerta de Violencia de Género; van cuatro feminicidios en octubre

Jiutepec forma parte de los ocho en Morelos que mantienen activa la Alerta de Violencia de Género (AVG) debido al alto número de agresiones contra mujeres.

Jiutepec mantiene activa la Alerta de Violencia de Género (AVG) por el alto índice de agresiones contra las mujeres y ocupa el quinto lugar en homicidios dolosos, con 53 casos de enero a septiembre de 2025. 

Una mujer fue asesinada este domingo en el municipio de Jiutepec. Con este caso, suman ya cuatro feminicidios en esta municipalidad en lo que va del mes. Jiutepec forma parte de los ocho en Morelos que mantienen activa la Alerta de Violencia de Género (AVG) debido al alto número de agresiones contra mujeres.

Este municipio forma parte de la zona metropolitana de Cuernavaca y actualmente es gobernado por Eder Rodríguez Casillas, quien asumió la presidencia municipal por el partido Acción Nacional (PAN) en alianza con PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas. 

Desde agosto de 2015, Jiutepec es uno de los ocho municipios donde la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) activó la Alerta de Violencia de Género (AVG) debido a los altos índices de violencia y feminicidios que ocurren en estas localidades.  

Sin embargo, hasta el momento, lejos de disminuir la violencia, esta ha aumentado, ya que ninguna autoridad —municipal, estatal o federal— ha cumplido plenamente con las medidas que establece la AVG. Por ello, la situación de riesgo para las mujeres en Jiutepec continúa vigente. 

Este domingo, 26 de octubre, una mujer fue asesinada a balazos a plena luz del día en una zona transitada de la colonia Progreso. 

Según los reportes, vecinos de la calle Emiliano Zapata, cerca del campo deportivo Vicente Alcántar, escucharon detonaciones y dieron aviso a las autoridades. 

Elementos policiacos y paramédicos acudieron al lugar, donde encontraron a la mujer sobre el pavimento con heridas producidas por proyectiles de arma de fuego. 

Vestía sudadera negra y pantalón de mezclilla azul, y los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales. 

La zona fue asegurada mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaba las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, y se desconocen los agresores y el móvil del crimen. 

Martes 21 de octubre

Un hombre fue asesinado y una mujer resultó herida dentro de una vivienda en la colonia Calera Chica. Vecinos de la calle Ignacio Alanís reportaron el ataque alrededor de las 19:10 horas. La policía encontró a las víctimas con heridas de bala; los paramédicos confirmaron que el hombre había fallecido, mientras que la mujer fue trasladada a un hospital. 

Jueves 16 de octubre

Durante la madrugada, una mujer fue asesinada a balazos en la colonia Otilio Montaño. El ataque ocurrió alrededor de la 1:20 horas sobre la calle Francisco Villa. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones y encontrar a la víctima tirada en la vía pública. Los paramédicos confirmaron su fallecimiento en el lugar. 

Viernes 4 de octubre

Una pareja fue atacada a balazos dentro de su domicilio en la colonia Campanario. La mujer perdió la vida y el hombre resultó herido. Testigos señalaron que dos sujetos armados salieron del inmueble y huyeron en motocicleta con dirección a la colonia Maravillas. 

De acuerdo con información proporcionada por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), en los cuatro casos investiga la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, bajo el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para la Investigación del Delito de Feminicidio. 

Hasta el momento, no hay detenidos y ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto. 

En lo que va del mes de octubre se contabilizan, además, 10 homicidios dolosos. 

Hay que recordar que Jiutepec ocupa el quinto lugar en el delito de homicidio doloso, con 53 casos de enero a septiembre, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.