Televisión Azteca, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, deberá pagar a sus acreedores de Estados Unidos más de 580 millones de dólares que adeuda, luego de que un tribunal colegiado revocó la protección que le dio desde 2020 un Juez de la Ciudad de México con el argumento de la pandemia de COVID.
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió dejar sin efecto las medidas cautelares dictadas por el Juez Miguel Ángel Robles Villegas quien usó la pandemia como pretexto para autorizar a Salinas Pliego no cumplir su deuda con los acreedores. El fallo establece que las medidas decretadas fueron excesivas e imprecisas, al suspender de manera general los efectos del contrato.
Este caso se originó a partir de un contrato de emisión de bonos celebrado entre TV Azteca y un banco de Nueva York. Luego de que éste emitió un aviso de vencimiento anticipado de la deuda por presunto incumplimiento, la empresa promovió un juicio ordinario mercantil en el que pidió la nulidad del aviso y la suspensión temporal de sus pagos, con el argumento que las consecuencias económicas de la pandemia por COVID-19 constituían un “caso fortuito” o “fuerza mayor” que justificaba el incumplimiento de sus obligaciones.
La sentencia de este lunes está fundada en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que precisan que las situaciones extraordinarias, como la pandemia por COVID-19, no eximen automáticamente del cumplimiento de las obligaciones contractuales, ya que para que opere la figura del caso fortuito o fuerza mayor, deben acreditarse plenamente sus elementos conforme a la ley.
Akin, la firma legal que asesora a los afectados, ha denunciado que TV Azteca utilizó un "procedimiento secreto" para obtener una medida cautelar del Juez Miguel Ángel Robles Villegas para alargar el pago de 580 millones de dólares a inversionistas en EU, pese a presentar "motivos falsos y fácilmente refutables" como señalar que debido a la pandemia de la COVID-19 no podía pagar su deuda.
La deuda inició en 2017, cuando la televisora emitió 400 millones de dólares (más de siete mil millones de pesos) en títulos de deuda con el acuerdo de pagar semestralmente intereses a una tasa anual de 8.25 por ciento, pero en 2021 dejó de cumplir. Los inversionistas de EU, a través de filiales constituidas en las Islas Caimán, adquirieron esos bonos de deuda que ha ido aumentando hasta la fecha.
Por la falta de pago, las administradoras de fondos de inversión Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partner presentaron un arbitraje en junio de 2023 contra el Gobierno federal bajo el marco del T–MEC y ahora piden diálogo directo con el Ejecutivo para llegar a un acuerdo.
Además de este adeudo, Salinas Pliego debe al fisco mexicano más de 74 mil millones de pesos, que continúa litigando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Tribunales Colegiados de Circuito y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para alargar el pago el mayor tiempo posible.
De igual forma, Ricardo Salinas Pliego pagó una fianza de 25 millones de dólares en Estados Unidos para evitar su arrestó por una deuda que tiene con la multinacional AT&T Inc. Esta deuda, diferente a las otras, se originó en el año 2014, cuando la estadounidense AT&T compró la telefónica Iusacell, entonces propiedad de Salinas Pliego, la intención de la empresa extranjera era ingresar al mercado mexicano.
El "Juez amigo"
TV Azteca, que actualmente ya no publica sus reportes financieros en la Bolsa Mexicana de Valores, utilizó un "procedimiento secreto" para obtener una medida cautelar del Juez Miguel Ángel Robles Villegas para no pagar a sus prestamistas en EU, pese a presentar "motivos falsos y fácilmente refutables", informó Akin, la firma legal que representa a los afectados.
Este Juez en 2020 concedió una medida que impedía a Diamond Films ejecutar las reclamaciones contra TV Azteca en un litigio fuera de México y el 9 de mayo de 2023 dictó otra medida precautoria —sin notificar ni dar oportunidad de defensa a las contrapartes— permitiendo que TV Azteca se abstuviera de divulgar información financiera legalmente exigida como empresa que cotizaba en la Bolsa Mexicana de Valores.
"Esta orden judicial permite a la empresa blindar información de su desempeño financiero real y continuar fingiendo que ha sufrido dificultades debido a la pandemia de COVID-19. Convenientemente, esto también significa que no hay base para que los prestamistas digan que TV Azteca ciertamente puede pagar la deuda que ahora debe en su totalidad, así como las obligaciones fiscales impagas que también está desafiando", plantea el comunicado de los fondos de inversión.
Entonces, el arbitraje presentado en 2023 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial busca que el Estado mexicano repare con 220 millones de dólares por "la manipulación abusiva de TV Azteca de los tribunales mexicanos para obstruir la recuperación legítima de 500 millones de dólares por parte de los inversionistas estadounidenses".
Esta acción de Salinas Pliego la califican en el documento del caso CIADI No. ARB/23/33 como un "intento abusivo que lamentablemente fue exitoso" en tribunales mexicanos.
Katherine P. Padgett, asesora legal de los demandantes en este arbitraje contra el Estado mexicano, comentó que en lugar de cumplir con sus obligaciones de pago bajo los términos del préstamo, TV Azteca optó por "jugar" con el sistema judicial.
"México es responsable del mal uso de su sistema judicial a favor de TV Azteca, lo que ha resultado en una clara denegación de justicia para los inversionistas estadounidenses. El arbitraje internacional es la única vía para que los inversionistas hagan valer sus derechos", expuso a SinEmbargo. "Dicho esto, buscamos dialogar con las autoridades gubernamentales mexicanas porque consideramos importante que el poder judicial mexicano actúe conforme a la Ley y los principios internacionales del debido proceso".
En 2022 TV Azteca inició un procedimiento secreto ante el Sexagésimo Tercer Juzgado Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México solicitando que declarara que la pandemia del COVID-19 constituía un caso de fuerza mayor que impedía a la televisora cumplir con sus obligaciones y pagar sus deudas a los inversionistas.
Cinco días después, el Juez Miguel Ángel Robles Villegas les otorgó medidas cautelares sin conceder audiencia ni notificar a los inversionistas, dictaminando la suspensión de pagos hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el fin de la pandemia, a pesar de que las actividades del Tribunal Superior de Justicia de la CdMx se habían reanudado por completo seis meses antes, en marzo de 2022.
Cuando los prestamistas buscaron que se levantara la medida cautelar después de que la OMS declaró el fin de la emergencia de salud pública, el Sexagésimo Tercer Tribunal Superior negó esa solicitud con el argumento de que "sólo se declararon terminadas las acciones extraordinarias, pero todavía hay casos del virus COVID 19".
Además, el 30 de enero de 2024 la Tercera Sala del Tribunal de Apelaciones sostuvo que la medida cautelar debe mantenerse hasta que sea TV Azteca la que notifique a los 35 acusados, lo que, a consideración de los demandantes, no ha sucedido ni sucederá.
Hoy, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil de la capital del país resolvió dejar sin efecto las medidas cautelares dictadas en el juicio mercantil promovido por TV Azteca contra sus acreedores de Estados Unidos, entre ellas la pandemia de COVID, al considerar que las mismas carecían de la debida fundamentación jurídica y se basaban en criterios ajenos a la materia mercantil.
AUTOR: REDACCIÓN.
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