"Dos casos llamaron la atención de la sociedad, pero no de la autoridad federal. Primero, el robo de 180 kilogramos de cocaína, orquestado, operado y realizado por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, en horario de trabajo y con unidades oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, cometido el sábado 4 de octubre. El segundo, un ataque nunca antes visto con drones".
La realidad es que no se puede combatir la inseguridad en un Estado cuando las corporaciones facultadas para hacerlo están infestadas por el narcotráfico, viciadas en su estructura, organizadas al modo del crimen y alejadas de los valores y compromisos de una fuerza de orden. El mes de octubre de 2025 ha evidenciado la podredumbre que impera al interior de las dos principales policías del Estado, y también la incapacidad que han tenido sus titulares no sólo para limpiar las corporaciones, acaso para contener la inseguridad que se origina en sus entrañas.
A estas alturas lo que queda claro es que muchos de los policías están más del lado de los criminales que de la sociedad, y que de tanto delinquir para otros aprendieron a hacerlo para su provecho y han establecido cartelitos dentro de las corporaciones para extorsionar, robar droga, distribuirla, cobrar piso y llevar una vida criminal desde la comodidad del Estado y con la charola que portan como agentes de la Ley.
Dos casos llamaron la atención de la sociedad, pero no de la autoridad federal. Primero, el robo de 180 kilogramos de cocaína, orquestado, operado y realizado por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, en horario de trabajo y con unidades oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, cometido el sábado 4 de octubre. El segundo, un ataque nunca antes visto con drones a las instalaciones de la unidad de antisecuestros de la Fiscalía General del Estado, perpetrado por criminales que lanzaron explosivos caseros a las instalaciones una poblada zona residencial.
Aunque no es una novedad los ataques con drones en México por parte de los cárteles de la droga, aun cuando es una versión negada desde la Presidencia de la República, es una realidad, pero en Baja California no había sucedido. El insólito ataque se da además en el contexto de cambios realizados al interior de las dos principales instituciones de seguridad del Estado, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General.
Los explosivos fueron de manufactura casera, con un componente incendiario, artefactos metálicos, balines y canicas para al momento de explotar causar daños en la inmediación del siniestro. A pesar de la unidad antisecuestros estar anclada en una zona de alta densidad poblacional, los daños fueron exclusivamente materiales a bienes automotrices de la propia fiscalía.
A los días siguientes del ataque con drones a la FGE, varias mantas amenazantes fueron colgadas en por lo menos dos municipios de Baja California, donde criminales de los cárteles con actividad local como el Cártel Jalisco Nueva Generación, aun cuando no se adjudicaban el hecho, sí denunciaban a la Fiscal bajacaliforniana las labores ilícitas de varios de sus colaboradores, de manera particular a aquellos que están en posición de combatir el delito de narcomenudeo o de investigar homicidios, pero que son señalados por solicitar cuotas a los criminales, extorsionarlos.
Una semana antes, otro grupo criminal había dejado de igual forma mantas amenazantes, esta vez denunciando a elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana por el robo de droga, de 180 kilogramos de cocaína. Defendían a unos y acusaban a otros.
En ambas instituciones, preventiva una y procuradora de justicia otra, es evidente la corrupción interna, la infiltración del soborno del narco, y la complicidad con las células del Cártel Jalisco Nueva Generación y con el Cártel Arellano Félix, tanto, que sus titulares, Secretario y Fiscal, se vieron forzados a realizar cambios en los mandos de secretaría y fiscalía, inmovilizando o desplazando a aquellos señalados de participar del robo de droga o en las extorsiones de la FGE.
Y eso no ha sido suficiente. De manera especial cuando los elementos, agentes o mandos corruptos, no son retirados de la corporación para investigación, sino enviados a puntos fijos, suspendidos o degradados en la jerarquía de mandos, siguen durmiendo con el infiltrado en casa. Por supuesto que en estas condiciones no es factible combatir el crimen, no se puede cuando la base operativa y la cabeza de mando están corrompidas.
El Presidente Felipe Calderón Hinojosa no estaba errado al concentrar esfuerzos institucionales, operativos y establecer protocolos, para depurar las corporaciones policíacas del país, sabía de la corrupción y la infiltración del narcotráfico que imperaba en las bases operativas de Federación, Estado y Ayuntamiento, por lo que inició con las mesas de seguridad, los exámenes de control, evaluación y confianza, y cedió a la tropa más limpia por entonces, la Fuerzas Armadas, la coordinación del combate a la inseguridad y la persecución de líderes criminales.
Sin embargo en las administraciones que le siguieron se fue abandonado esa estrategia de depuración policíaca, y muchos elementos aún corruptos continúan “sirviendo en las fuerzas del orden”. La mayoría, por no decir todos los que han sido señalados de actos deshonestos en Baja California, tenían aprobados sus exámenes de control, evaluación y confianza, mismos que es evidente, ya no están funcionando, sea por falta de tecnología, de investigación, de precisión en el análisis de la información o porque tales pruebas no han evolucionado en términos científicos de indagación.
En estas condiciones, el narcotráfico parece iniciar en el Estado, o en el menor de los casos, que el Estado es uno más de sus tentáculos con la integración de elementos corruptos. Baja California está de manera sistemática entre las entidades de la República con mayor incidencia delictiva, pero es evidente que no está en el círculo prioritario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, porque mientras continúan los ataques, las investigaciones internas y las narcomantas, García Harfuch sigue sin acudir a investigar y coordinarse con lo poco que queda, para proveer seguridad y procesar a los elementos contaminados de la corrupción del crimen organizado y la omisión siempre acarrea consecuencias brutales con cárteles ya adentrados en las policías con tácticas ahora sí que terroristas.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
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