Ciudad de México, 4 de enero: Alfredo Castillo Cervantes, el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, y según sus críticos “Virrey del estado”, insistió esta semana en calificar los actos de violencia que se registraron el pasado 16 de diciembre como un pleito entre Hipólito Mora Chávez y Luis Antonio Torres, mejor conocido como “El Americano”.
“Lo que estamos viviendo ahorita ya no es un tema de seguridad pública, es un tema de conflictividad social”, consideró Castillo Cervantes el martes pasado, luego de que los implicados en la balacera en La Ruana, que dejó un saldo de 11 muertos, se entregaran a las autoridades.
Lejos de reconocer que la entidad la violencia sigue presente, y que incluso se ha recrudecido, el Comisionado federal designado en enero de 2014 por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, negó que lo sucedido sea un tema de seguridad e incluso aseguró que Michoacán “está construyendo su futuro”, y presumió que haber logrado que los participantes en la balacera se entregaran sin un solo disparo, algo que habría sido imposible hace un año.
Sin embargo, el Comisionado celebró antes de tiempo, pues aún faltan 19 personas, todas pertenecientes al grupo de “El Americano”, por entregarse a a las autoridades.
El 15 de enero de 2014, el Gobierno federal envió a Alfredo Castillo a Michoacán para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de procuración de justicia, además de legalizar e integrar a los grupos de Autodefensa que surgieron en la entidad en una Fuerza Rural.
Desde el 28 de abril pasado, Castillo anunció la desmovilización y desarme de las autodefensas que habían surgido en el estado debido a la violencia. El 10 de mayo se presentó en su lugar, la llamada Fuerza Rural, conformada por ex comunitarios.
Pese a la creación de la figura del Comisionado y la regularización de las autodefensas, la violencia y el terror no se han ido de ese estado.
Por ello, el pasado 14 de diciembre personas, algunas de ellas armadas, quienes se identificaron como autodefensas realizaron varios bloqueos y manifestaciones el domingo pasado en distintos municipios de Michoacán, para exigirle a los tres niveles de gobierno que detengan a los integrantes del cártel de Los Caballeros Templarios.
Además amenazaron con volver a tomar las armas ante la falta de resultados de las autoridades.
En un comunicado por video, el vocero de las autodefensas, Jorge Vázquez, aseguró que rompieron sus relaciones con el gobierno estatal y federal y con el comisionado Alfredo Castillo. “Han resurgido las autodefensas”, fue el grito de guerra de los civiles armados.
Días después, el 16 de diciembre, en La Ruana se registró un enfrentamiento que dejó un saldo de 11 muertos, luego de una balacera que se prolongó durante al menos seis horas. El pasado martes, Castillo Cervantes advirtió que si Hipólito Mora y Luis Antonio Torres, alias “El Americano”, no declaraban antes de terminar la semana frente a las autoridades, las Fuerzas Armadas intervendrían en su búsqueda.
Luego del enfrentamiento que tuvo lugar ese martes, Alfredo Castillo dio como plazo lo que restaba de esa semana, a Hipólito Mora y a “El Americano” a que se entregaran a las autoridades, junto con las personas que habían participado en la balacera. De lo contrario, advirtió el Comisionado, las fuerzas de seguridad intervendrían.
Hipólito Mora Chávez, fundador de las autodefensas michoacanas, junto con 26 de sus hombres, fue detenido el sábado 27 de diciembre, por la tarde en el municipio de Buenavista Tomatlán, y trasladado al penal “David Franco Rodríguez”, conocido como Mil Cumbres, por el enfrentamiento en La Ruana. En tanto, el grupo de “El Americano”, quien también participó en la balacera, realizó desde la madrugada de ese mismo día un bloqueo en Buenavista contra las órdenes de aprehensión.
Mora Chávez había adelantado desde un día antes que se presentaría con “sus muchachos” ante la autoridad.
Aseguró en Noticias MVS: “No necesitan venir y esposarme o llevarme por la fuerza, estamos esperando ir a presentarnos y lo haremos con gusto para ayudar al Gobierno a que haga su trabajo, y detengan a las personas que no se presenten”.
Además dijo que su grupo sólo disparó al aire para que el grupo de Luis Antonio Torres, no se acercara, “nosotros somos inocentes, por eso no tenemos miedo de presentarnos ante un juez, y Alfredo Castillo tiene toda la información, dejaremos que un juez decida”.
Posteriormente la mañana del 30 de diciembre, “El Americano” y otras nueve personas al Procurador de Michoacán, Martín Godoy Castro, por el enfrentamiento.
Los diez detenidos también fueron trasladados al penal de “Mil Cumbres”.
Horas después, Castillo presumió que la mayoría de los involucrados se hubieran entregado de forma voluntaria además negó que el conflicto con las Fuerzas Rurales de Tierra Caliente, en Michoacán, sea “un tema de seguridad pública” sino de ”conflictividad social”.
En conferencia de prensa, Castillo Cervantes aseguró que “Michoacán está construyendo su futuro, lo logrado el día de hoy [el martes 30 de diciembre] hace un año hubiera sido impensable. Hemos logrado que sin un solo disparo estas personas se sometan a los tribunales”.
Sobre la balacera en La Ruana, reconoció que hubo una división interna entre los miembros de las ex autodefensas que derivó en el enfrentamiento, y destacó que en Michoacán “lo que estamos viviendo ya no es un tema de seguridad pública, es un tema de conflictividad social”.
Por otra parte, la Diputada local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Selene Vázquez Alatorre, explicó que la entidad perdió su soberanía desde que el gobierno federal designó a Alfredo Castillo Cervantes como Comisionado especial para la región, “el Estado de Derecho en Michoacán está absolutamente roto, porque aquí hay un virrey que es plenipotenciario, que está encima de todos los poderes”, remató.
Diversos sectores, además del político, están inconformes ante el fracaso manifiesto del Comisionado Castillo, quien no ha cumplido con las de por sí precarias expectativas de dar paz y tranquilidad a la entidad, y mucho menos ha detenido al líder del Cártel de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, quien se ha convertido en un capo escurridizo, aun cuando constantemente figura en videos y mensajes expuestos abiertamente a través de las redes sociales.
Desde su llegada a Michoacán como Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de la entidad, Alfredo Castillo Cervantes ha tomado uno de los papeles más importantes de la administración del gobierno michoacano, incluso por encima del actual Gobernador, Salvador Jara Guerrero, quien fue designado luego de que Fausto Vallejo Figueroa dejara ese cargo, sin embargo poco han sido sus resultados.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-01-2015/1206894.
lunes, 5 de enero de 2015
El gobierno de Peña Nieto pagó casi mil mdp en publicidad las últimas semanas del año
Reforma reporta que la administración del presidente buscó revertir la mala imagen causada por el caso Ayotzinapa, que generó baja en la aprobación del mandatario.
La administración del presidente Enrique Peña Nieto invirtió durante las últimas semanas de 2014 al menos mil millones de pesos para promocionar obras, reformas y campañas de salud bajo el lema “Mover a México”, reportó este lunes 5 de enero el diario Reforma.
El Ejecutivo destinó al menos 450 millones de pesos a publicidad en televisión, 175 millones en periódicos y otros 100 millones en radio, reportaron agencias de publicidad, según el diario mexicano.
Expertos consultados por Reforma opinaron que el gasto fue un intento de revertir la mala imagen y baja en la aprobación del trabajo del presidente por el caso Ayotzinapa y el de su relación con el Grupo Higa.
El caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre pasado, es la principal crisis que enfrentó el gobierno de Peña Nieto; miles de personas se han manifestado en México y el mundo.
Para 2014, el gobierno de Peña previó un gasto de 4,900 millones de pesos en comunicación y publicidad oficial.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La administración del presidente Enrique Peña Nieto invirtió durante las últimas semanas de 2014 al menos mil millones de pesos para promocionar obras, reformas y campañas de salud bajo el lema “Mover a México”, reportó este lunes 5 de enero el diario Reforma.
El Ejecutivo destinó al menos 450 millones de pesos a publicidad en televisión, 175 millones en periódicos y otros 100 millones en radio, reportaron agencias de publicidad, según el diario mexicano.
Expertos consultados por Reforma opinaron que el gasto fue un intento de revertir la mala imagen y baja en la aprobación del trabajo del presidente por el caso Ayotzinapa y el de su relación con el Grupo Higa.
El caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre pasado, es la principal crisis que enfrentó el gobierno de Peña Nieto; miles de personas se han manifestado en México y el mundo.
Para 2014, el gobierno de Peña previó un gasto de 4,900 millones de pesos en comunicación y publicidad oficial.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El 70% de las armas incautadas en México provienen de EU, según un estudio
El estudio “Tráfico de armas. Entorno, propuestas legislativas y opinión pública” concluye que los homicidios violentos ocurridos en México están relacionados con las armas ilegales que llegan desde EU.
El estudio Tráfico de armas. Entorno, propuestas legislativas y opinión pública, elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, concluye que los homicidios violentos ocurridos en México están relacionados con las armas ilegales que llegan a nuestro país desde Estados Unidos, principalmente.
Dicha investigación retoma el documento Cuatro hechos sobre la legislación de armas y la violencia de los cárteles en México, de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), donde revela que en México han ocurrido más de 60 mil muertes violentas relacionada con las drogas de 2006 a 2013 y “como factor detonante de esta violencia, el tráfico de armas ha jugado un papel importante”.
De acuerdo con WOLA, 70% de las armas recuperadas en México y que habían sido objeto de rastreo e investigación en el periodo 2007 y 2011 provino de los Estados Unidos. “Las razones son obvias ya que es casi imposible comprar legalmente un arma en México, pero hay más de 8 mil comerciantes de armas en los estados fronterizos de Estados Unidos y los cárteles mexicanos de la droga pueden adquirir fácilmente armas de fuego en aquel país a través de testaferros o en ferias de armas”.
De acuerdo con el estudio de la Cámara de Diputados, la Procuraduría General de la República (PGR), ha identificado que “unas 2 mil armas se introducen de manera ilegal de Estados Unidos a México cada día”. Además, dos de cada tres armas involucradas en hechos criminales en México han sido fabricadas o importadas legalmente de los Estados Unidos.
El documento agrega que hasta 2012, de las 15 millones de armas circulantes en México, 85% es ilegal, es decir, 12 millones 750 mil son del mercado negro. Sin embargo también proviene de otras partes del mundo, pues “cerca de la mitad del armamento recuperado en México tiene su origen en Centroamérica y muchas de las granadas de mano utilizadas por la delincuencia organizada en México son de los arsenales militares guatemaltecos”.
Además, diversas armas pesadas recuperadas en nuestro país, han sido rastreadas hasta los oferentes estadounidenses que las transfieren al ejército hondureño. Igualmente en Chiapas, muy cerca de la frontera con Guatemala, se han requisado miles de armas de armas de fuego y municiones que han sido recuperadas en grandes cantidades en Guatemala y El Salvador.
“Los análisis respectivos indican que la costa guatemalteca del Pacífico –particularmente, la provincia de San Marcos–, es un punto importante de tráfico para las armas de fuego provenientes de Panamá con dirección a México”, agrega el documento del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.
Este panorama contribuye a que las muertes violentas prevalezcan en la región. El Estudio Global sobre Homicidio 2013, elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, reporta que de los homicidios registrados en América, 66% ocurre por arma de fuego, lo que significa el porcentaje más alto con respecto al resto de países analizados en los cinco continentes.
Mientras en Oceanía y Europa el porcentaje de muerte con arma de fuego es el menor registrado con 10 y 13 por ciento respectivamente; en Asia y África la proporción es de 28 por ciento.
El estudio concluye que el costo en vidas humanas y los daños a la salud derivados de los ilícitos cometidos con armas de fuego, “debe ser un indicador que determine la naturaleza y la dirección de las políticas públicas a implementarse en materia de control de armamento”, pues el hecho de que a nivel nacional en más del 50 por ciento de los ilícitos haya de por medio un arma, confirma la gravedad de una situación que “paulatinamente va dejando ver toda su crudeza”.
Sin embargo, el diseño de una normatividad sobre el tema necesariamente tendría que ir aparejada con la implementación de medidas bilaterales acordadas con el gobierno de los Estados Unidos, por tanto, el Poder Legislativo en México tendría una importancia crucial para impulsarlas y contener este fenómeno.
El tráfico de armas, un detonante de la violencia en México: estudio:
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
El estudio Tráfico de armas. Entorno, propuestas legislativas y opinión pública, elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, concluye que los homicidios violentos ocurridos en México están relacionados con las armas ilegales que llegan a nuestro país desde Estados Unidos, principalmente.
Dicha investigación retoma el documento Cuatro hechos sobre la legislación de armas y la violencia de los cárteles en México, de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), donde revela que en México han ocurrido más de 60 mil muertes violentas relacionada con las drogas de 2006 a 2013 y “como factor detonante de esta violencia, el tráfico de armas ha jugado un papel importante”.
De acuerdo con WOLA, 70% de las armas recuperadas en México y que habían sido objeto de rastreo e investigación en el periodo 2007 y 2011 provino de los Estados Unidos. “Las razones son obvias ya que es casi imposible comprar legalmente un arma en México, pero hay más de 8 mil comerciantes de armas en los estados fronterizos de Estados Unidos y los cárteles mexicanos de la droga pueden adquirir fácilmente armas de fuego en aquel país a través de testaferros o en ferias de armas”.
De acuerdo con el estudio de la Cámara de Diputados, la Procuraduría General de la República (PGR), ha identificado que “unas 2 mil armas se introducen de manera ilegal de Estados Unidos a México cada día”. Además, dos de cada tres armas involucradas en hechos criminales en México han sido fabricadas o importadas legalmente de los Estados Unidos.
El documento agrega que hasta 2012, de las 15 millones de armas circulantes en México, 85% es ilegal, es decir, 12 millones 750 mil son del mercado negro. Sin embargo también proviene de otras partes del mundo, pues “cerca de la mitad del armamento recuperado en México tiene su origen en Centroamérica y muchas de las granadas de mano utilizadas por la delincuencia organizada en México son de los arsenales militares guatemaltecos”.
Además, diversas armas pesadas recuperadas en nuestro país, han sido rastreadas hasta los oferentes estadounidenses que las transfieren al ejército hondureño. Igualmente en Chiapas, muy cerca de la frontera con Guatemala, se han requisado miles de armas de armas de fuego y municiones que han sido recuperadas en grandes cantidades en Guatemala y El Salvador.
“Los análisis respectivos indican que la costa guatemalteca del Pacífico –particularmente, la provincia de San Marcos–, es un punto importante de tráfico para las armas de fuego provenientes de Panamá con dirección a México”, agrega el documento del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.
Este panorama contribuye a que las muertes violentas prevalezcan en la región. El Estudio Global sobre Homicidio 2013, elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, reporta que de los homicidios registrados en América, 66% ocurre por arma de fuego, lo que significa el porcentaje más alto con respecto al resto de países analizados en los cinco continentes.
Mientras en Oceanía y Europa el porcentaje de muerte con arma de fuego es el menor registrado con 10 y 13 por ciento respectivamente; en Asia y África la proporción es de 28 por ciento.
El estudio concluye que el costo en vidas humanas y los daños a la salud derivados de los ilícitos cometidos con armas de fuego, “debe ser un indicador que determine la naturaleza y la dirección de las políticas públicas a implementarse en materia de control de armamento”, pues el hecho de que a nivel nacional en más del 50 por ciento de los ilícitos haya de por medio un arma, confirma la gravedad de una situación que “paulatinamente va dejando ver toda su crudeza”.
Sin embargo, el diseño de una normatividad sobre el tema necesariamente tendría que ir aparejada con la implementación de medidas bilaterales acordadas con el gobierno de los Estados Unidos, por tanto, el Poder Legislativo en México tendría una importancia crucial para impulsarlas y contener este fenómeno.
El tráfico de armas, un detonante de la violencia en México: estudio:
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
Formal prisión a ‘El Americano’ y 9 de su grupo por homicidio calificado
MORELIA, Mich: Luis Antonio Torres, El Americano y nueve integrantes de su grupo fueron declarados formalmente presos por homicidio calificado; la juez de distrito Primero de lo Penal, María Consuelo López, consideró que hay pruebas suficientes para determinar que participaron en el enfrentamiento en La Ruana, el pasado 16 de diciembre.
El fallo se da dos días después de que también se declarara formal prisión en contra de Hipólito Mora y 26 de sus hombres que participaron en el enfrentamiento que dejó 11 muertos, entre ellos Manuel Mora Moreno, hijo mayor de Mora.
El Americano y sus hombres dieron positivo a las pruebas de radizonato de sodio que comprueban que dispararon sus armas el día del enfrentamiento. Además, elementos de la Gendarmería testificaron en su contra.
También existen pruebas de que Torres y su grupo se encontraban en el kilómetro 1.5 de la carretera Buenavista-La Ruana, en donde se registró el enfrentamiento del 16 de diciembre.
La juez refirió en rueda de prensa que cerca de las 16:00 horas se notificó a los inculpados su situación jurídica, por lo que enfrentarán el proceso en prisión.
Manifestó que no existen elementos suficientes para saber quiénes iniciaron el enfrentamiento y dijo que sólo cuenta con los datos que le entregaron en el expediente y el agente del Ministerio Público no presentó pruebas completas de los peritajes, por lo que será en el proceso penal donde se definan responsabilidades.
Torres y nueve de sus hombres se entregaron a las autoridades cuatro días después del límite para hacerlo de forma voluntaria. Además quedaron pendientes 15 órdenes de aprehensión más contra miembros de su grupo que participaron en los hechos y que según El Americano se quedaron en La Ruana para velar por la seguridad de su gente.
El sábado pasado 3 de enero, la juez dictó formal prisión contra Hipólito Mora Chávez y 26 de sus hombres quienes acataron el ultimátum del comisionado Alfredo Castillo para entregarse de forma voluntaria a más tardar el pasado 26 de diciembre.
Mora se dijo sorprendido por el fallo de la jueza y dijo que no se lo esperaba. “No me lo explico, quisiera que alguien me explicara porque me siento como un pendejo, como un idiota, no entiendo si es legal autodefenderse o si es mejor que nos quedemos a que nos maten”, señaló en la rejilla de prácticas.
El exlíder de autodefensas dijo haberse entregado porque confiaba en las instituciones, pero advirtió que nada va a detener su lucha. Su abogado Eduardo Quintero Madrigal anunció que apelará la sentencia.
Se prevé que El Americano y sus hombres sean consignados al penal de mediana seguridad David Franco Rodríguez, mejor conocido como Mil Cumbres, donde también se encuentra Hipólito Mora y sus hombres.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El fallo se da dos días después de que también se declarara formal prisión en contra de Hipólito Mora y 26 de sus hombres que participaron en el enfrentamiento que dejó 11 muertos, entre ellos Manuel Mora Moreno, hijo mayor de Mora.
El Americano y sus hombres dieron positivo a las pruebas de radizonato de sodio que comprueban que dispararon sus armas el día del enfrentamiento. Además, elementos de la Gendarmería testificaron en su contra.
También existen pruebas de que Torres y su grupo se encontraban en el kilómetro 1.5 de la carretera Buenavista-La Ruana, en donde se registró el enfrentamiento del 16 de diciembre.
La juez refirió en rueda de prensa que cerca de las 16:00 horas se notificó a los inculpados su situación jurídica, por lo que enfrentarán el proceso en prisión.
Manifestó que no existen elementos suficientes para saber quiénes iniciaron el enfrentamiento y dijo que sólo cuenta con los datos que le entregaron en el expediente y el agente del Ministerio Público no presentó pruebas completas de los peritajes, por lo que será en el proceso penal donde se definan responsabilidades.
Torres y nueve de sus hombres se entregaron a las autoridades cuatro días después del límite para hacerlo de forma voluntaria. Además quedaron pendientes 15 órdenes de aprehensión más contra miembros de su grupo que participaron en los hechos y que según El Americano se quedaron en La Ruana para velar por la seguridad de su gente.
El sábado pasado 3 de enero, la juez dictó formal prisión contra Hipólito Mora Chávez y 26 de sus hombres quienes acataron el ultimátum del comisionado Alfredo Castillo para entregarse de forma voluntaria a más tardar el pasado 26 de diciembre.
Mora se dijo sorprendido por el fallo de la jueza y dijo que no se lo esperaba. “No me lo explico, quisiera que alguien me explicara porque me siento como un pendejo, como un idiota, no entiendo si es legal autodefenderse o si es mejor que nos quedemos a que nos maten”, señaló en la rejilla de prácticas.
El exlíder de autodefensas dijo haberse entregado porque confiaba en las instituciones, pero advirtió que nada va a detener su lucha. Su abogado Eduardo Quintero Madrigal anunció que apelará la sentencia.
Se prevé que El Americano y sus hombres sean consignados al penal de mediana seguridad David Franco Rodríguez, mejor conocido como Mil Cumbres, donde también se encuentra Hipólito Mora y sus hombres.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Regidora de San Luis Potosí usa el palacio municipal para modelar
MÉXICO, D.F: La regidora de San Luis Potosí Yadira Salas fue blanco de críticas luego de publicar en su cuenta de Facebook una serie de fotografías en las que aparece posando dentro de la sede del palacio municipal.
Como si fuera una modelo profesional, la funcionaria del Partido Verde Ecologista (PVEM) aparece frente a las puertas de un balcón del salón de Cabildo, recargada en una baranda de piedra y en las escalinatas.
Las fotografías generaron rechazo entre algunos ciudadanos por el uso del recinto como fondo para su sesión de fotos. Según las disposiciones del Reglamento Interno del ayuntamiento, los recintos oficiales deben ser cuidados y salvaguardados y usados sólo para actos autorizados por el Cabildo y el alcalde.
En la mayoría de los comentarios a las publicaciones que hace la funcionaria los usuarios resaltan sus atributos físicos, pero algunos también destacan la falta de trabajo y su labor.
“Definitivamente irreconocible, esas cirugías son maravillosas, solo espero que no hayan sido pagadas con el erario”, “Eres modelo o regidora Yadira Salas”, “sueños de primera dama”, “guapísima”, “si su muro es personal no le ponga su función pública, mejor díganos de su desempeño, resultados, proyectos, deje de usar su título de regidora en un muro lleno de egocentrismo”, fueron algunos de los comentarios de usuarios de la red social sobre las fotos que ya fueron eliminadas.
La regidora, quien también recibió comentarios de apoyo, sólo dejó las fotos en las que aparece con miembros de su equipo y las que se ha tomado en eventos con la gente.
Ante la cascada de críticas que recibió, la regidora comentó:
“Respeto todos sus comentarios, así como hay reconocimiento de quien sabe, hay críticas de quien no está informado, los invito a participar en mis actividades y a conocer de cerca mis propuestas… Saludos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Como si fuera una modelo profesional, la funcionaria del Partido Verde Ecologista (PVEM) aparece frente a las puertas de un balcón del salón de Cabildo, recargada en una baranda de piedra y en las escalinatas.
Las fotografías generaron rechazo entre algunos ciudadanos por el uso del recinto como fondo para su sesión de fotos. Según las disposiciones del Reglamento Interno del ayuntamiento, los recintos oficiales deben ser cuidados y salvaguardados y usados sólo para actos autorizados por el Cabildo y el alcalde.
En la mayoría de los comentarios a las publicaciones que hace la funcionaria los usuarios resaltan sus atributos físicos, pero algunos también destacan la falta de trabajo y su labor.
“Definitivamente irreconocible, esas cirugías son maravillosas, solo espero que no hayan sido pagadas con el erario”, “Eres modelo o regidora Yadira Salas”, “sueños de primera dama”, “guapísima”, “si su muro es personal no le ponga su función pública, mejor díganos de su desempeño, resultados, proyectos, deje de usar su título de regidora en un muro lleno de egocentrismo”, fueron algunos de los comentarios de usuarios de la red social sobre las fotos que ya fueron eliminadas.
La regidora, quien también recibió comentarios de apoyo, sólo dejó las fotos en las que aparece con miembros de su equipo y las que se ha tomado en eventos con la gente.
Ante la cascada de críticas que recibió, la regidora comentó:
“Respeto todos sus comentarios, así como hay reconocimiento de quien sabe, hay críticas de quien no está informado, los invito a participar en mis actividades y a conocer de cerca mis propuestas… Saludos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La SCT revive el tren México-Querétaro
MÉXICO, D.F: A dos meses de ser cancelado, el proyecto de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro revivirá el próximo 14 de enero, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publique las “prebases” con las mismas características del proceso anterior.
De acuerdo con un comunicado de la SCT, el proyecto será también “llave en mano”, es decir, el ganador será responsable de garantizar “la funcionalidad y seguridad del tren, y deberá atender un periodo de pruebas extendidas por cinco años”.
Entre la publicación de las pre-bases y la el fallo transcurrirán 180 días. El testigo social de esta nueva licitación será Humberto Santillana Díaz, según la SCT quien se comprometió a garantizar “la total transparencia y legalidad del proceso”.
La nueva licitación se realizará tras la cancelación del pasado 6 de noviembre. Apenas tres días antes, el 3 de noviembre de 2014, la SCT confirmó que el consorcio ganador estaba encabezado por las empresas GIA-A de Hipólito Gerard, cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari quien insistió que no tiene relación con el exmandatario; Constructora Teya, filial de Grupo Higa, del contratista consentido del peñismo, Juan Armando Hinojosa Cantú; Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir, postor de la segunda y tercera cadenas de televisión abiertas; GHP Infraestructura Mexicana, y las empresas chinas China Railway Construction Corporation International, CSR Corporation Limited y la francesa Systra, filial del Sistema Nacional Ferrocarriles de Francia.
El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, defendió el fallo durante su comparecencia ante comisiones en el Senado de la República el 6 de noviembre. Horas después, para sorpresa de todos, ordenó la cancelación.
El 9 de noviembre, AristeguiOnLine y la revista Proceso revelaron el escándalo de la Casa Blanca, mansión a nombre de una de las filiales de Hinojosa Cantú, la financiadora de la primera dama Angélica Rivera.
La cancelación del proyecto, cuyo costo original sería de 59 mil millones de pesos, generó el pago de una compensación de 16 millones de dólares al consorcio ganador, así como tensión con los consorcios de origen chino, en plena gira de trabajo del primer mandatario Enrique Peña Nieto en el país asiático.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
De acuerdo con un comunicado de la SCT, el proyecto será también “llave en mano”, es decir, el ganador será responsable de garantizar “la funcionalidad y seguridad del tren, y deberá atender un periodo de pruebas extendidas por cinco años”.
Entre la publicación de las pre-bases y la el fallo transcurrirán 180 días. El testigo social de esta nueva licitación será Humberto Santillana Díaz, según la SCT quien se comprometió a garantizar “la total transparencia y legalidad del proceso”.
La nueva licitación se realizará tras la cancelación del pasado 6 de noviembre. Apenas tres días antes, el 3 de noviembre de 2014, la SCT confirmó que el consorcio ganador estaba encabezado por las empresas GIA-A de Hipólito Gerard, cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari quien insistió que no tiene relación con el exmandatario; Constructora Teya, filial de Grupo Higa, del contratista consentido del peñismo, Juan Armando Hinojosa Cantú; Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir, postor de la segunda y tercera cadenas de televisión abiertas; GHP Infraestructura Mexicana, y las empresas chinas China Railway Construction Corporation International, CSR Corporation Limited y la francesa Systra, filial del Sistema Nacional Ferrocarriles de Francia.
El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, defendió el fallo durante su comparecencia ante comisiones en el Senado de la República el 6 de noviembre. Horas después, para sorpresa de todos, ordenó la cancelación.
El 9 de noviembre, AristeguiOnLine y la revista Proceso revelaron el escándalo de la Casa Blanca, mansión a nombre de una de las filiales de Hinojosa Cantú, la financiadora de la primera dama Angélica Rivera.
La cancelación del proyecto, cuyo costo original sería de 59 mil millones de pesos, generó el pago de una compensación de 16 millones de dólares al consorcio ganador, así como tensión con los consorcios de origen chino, en plena gira de trabajo del primer mandatario Enrique Peña Nieto en el país asiático.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Se desploma el precio del barril de petróleo; el dólar llega a los 15.27 pesos
El precio del barril se ubica en 50 dólares, lo que no había ocurrido desde 2009.
El precio del petróleo en Estados Unidos cayó este lunes 5 de enero por debajo de la barrera simbólica de los 50 dólares por barril, lo que a su vez causó que el dólar subiera a 15.27 pesos en los bancos de México.
Es la primera vez que el precio del petróleo basa así desde abril de 2009.
El valor del crudo estadounidense, conocido como WTI (West Texas Intermediate) está a menos de la mitad del que tenía hace seis meses.
Otro de los precios de referencia del petróleo a nivel mundial, el llamado crudo de Brent, o del Mar del Norte, se cotizó el lunes a US$53, también experimentando una tendencia a la baja.
Los inversores están preocupados que una combinación de un exceso de oferta de crudo en el mercado y una débil demanda por cuenta de la recesión global podría llevar a nuevas reducciones en el precio del petróleo.
Menos apetito
La producción en Estados Unidos ha aumentado sustancialmente en los últimos años por cuenta del uso del método de “fracking”, que ha convertido a regiones como el estado de Dakota del Norte y Pensilvania en grandes productores.
Sin embargo, el aumento en la actividad petrolera ocurre justo en momentos en que muchas economías globales, desde Europa hasta China, han disminuido su antes voraz apetito por el petróleo.
Esto, combinado con la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de continuar extrayendo petróleo a su ritmo actual, ha dejado preocupados a muchos inversores.
Lo que a su vez ha llevado a que las acciones de las principales empresas petroleras, desde BP a Exxon Mobil, hayan experimentado fuertes caídas en los últimos meses.
Líos fiscales
Como señala el reportero de la BBC Russell Hutton, los analistas predicen una ola de fusiones y adquisiciones en las empresas petroleras, con compañías aferrándose a acuerdos de rescate y con una caída el valor de las acciones que puede generar gangas para los depredadores que tengan los bolsillos más grandes.
También se teme que la caída en los precios globales de petróleo provoque serios aprietos fiscales en varios de los principales países productores como
Venezuela y Rusia, naciones que dependen en buena medida de las exportaciones del crudo.
Pero como indica María Esperanza Sanchez de BBC Mundo, para países que importan petróleo, como los países centroamericanos o Chile, la caída de los precios es una gran noticia.
Chile es quizás uno de los mayores beneficiarios, ya que depende en buena medida de la producción de cobre, que requiere un alto consumo de energía.
Bolivia, que mantiene un programa de subsidios al consumo energético, podrá al menos reducir sus gastos por este concepto.
Y por supuesto están los países de Centroamérica y del Caribe, que son en su mayoría pequeñas economías importadoras de petróleo, y que por lo tanto también se beneficiarán.
De manera que la caída de los precios es una bendición para unos, pero un verdadero dolor de cabeza para algunas de las economías más importantes de la región, indica María Esperanza Sanchez, de BBC Mundo.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/BBC MUNDO
El precio del petróleo en Estados Unidos cayó este lunes 5 de enero por debajo de la barrera simbólica de los 50 dólares por barril, lo que a su vez causó que el dólar subiera a 15.27 pesos en los bancos de México.
Es la primera vez que el precio del petróleo basa así desde abril de 2009.
El valor del crudo estadounidense, conocido como WTI (West Texas Intermediate) está a menos de la mitad del que tenía hace seis meses.
Otro de los precios de referencia del petróleo a nivel mundial, el llamado crudo de Brent, o del Mar del Norte, se cotizó el lunes a US$53, también experimentando una tendencia a la baja.
Los inversores están preocupados que una combinación de un exceso de oferta de crudo en el mercado y una débil demanda por cuenta de la recesión global podría llevar a nuevas reducciones en el precio del petróleo.
Menos apetito
La producción en Estados Unidos ha aumentado sustancialmente en los últimos años por cuenta del uso del método de “fracking”, que ha convertido a regiones como el estado de Dakota del Norte y Pensilvania en grandes productores.
Sin embargo, el aumento en la actividad petrolera ocurre justo en momentos en que muchas economías globales, desde Europa hasta China, han disminuido su antes voraz apetito por el petróleo.
Esto, combinado con la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de continuar extrayendo petróleo a su ritmo actual, ha dejado preocupados a muchos inversores.
Lo que a su vez ha llevado a que las acciones de las principales empresas petroleras, desde BP a Exxon Mobil, hayan experimentado fuertes caídas en los últimos meses.
Líos fiscales
Como señala el reportero de la BBC Russell Hutton, los analistas predicen una ola de fusiones y adquisiciones en las empresas petroleras, con compañías aferrándose a acuerdos de rescate y con una caída el valor de las acciones que puede generar gangas para los depredadores que tengan los bolsillos más grandes.
También se teme que la caída en los precios globales de petróleo provoque serios aprietos fiscales en varios de los principales países productores como
Venezuela y Rusia, naciones que dependen en buena medida de las exportaciones del crudo.
Pero como indica María Esperanza Sanchez de BBC Mundo, para países que importan petróleo, como los países centroamericanos o Chile, la caída de los precios es una gran noticia.
Chile es quizás uno de los mayores beneficiarios, ya que depende en buena medida de la producción de cobre, que requiere un alto consumo de energía.
Bolivia, que mantiene un programa de subsidios al consumo energético, podrá al menos reducir sus gastos por este concepto.
Y por supuesto están los países de Centroamérica y del Caribe, que son en su mayoría pequeñas economías importadoras de petróleo, y que por lo tanto también se beneficiarán.
De manera que la caída de los precios es una bendición para unos, pero un verdadero dolor de cabeza para algunas de las economías más importantes de la región, indica María Esperanza Sanchez, de BBC Mundo.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/BBC MUNDO
Veracruz decide ocultar el gasto en publicidad del gobernador Javier Duarte
Las autoridades estatales clasificaron como "reservada" la información fiscal relativa a la "difusión de mensajes sobre programas gubernamentales".
Entre los años 2011 y 2014, la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno de Veracruz dispuso de un presupuesto de 267 millones 100 mil pesos, para la difusión de los programas y acciones del Poder Ejecutivo estatal, encabezado por el priista Javier Duarte de Ochoa.
Sin embargo, el destino concreto de dichos recursos y la forma en que fueron invertidos no puede ser conocido por la ciudadanía, debido a que las autoridades estatales clasificaron como “reservada” la información fiscal relativa a la “difusión de mensajes sobre programas gubernamentales”.
Tal como consta en el oficio CGCS/UAIP/067/2014, emitido por la Coordinación General de Comunicación Social del Estado de Veracruz, “el gasto de publicidad social es información reservada, con base en el acuerdo que tiene por objeto clasificar como de Acceso Restringido, en la modalidad de ‘Reserva”, la información relativa a la partida 513636100005, (denominada) ‘Difusión de Mensajes sobre Programas Gubernamentales'”.
De esta forma, toda la información relacionada con “el costo de los servicios de promoción, publicidad y difusión de las acciones del Gobierno del Estado de Veracruz, en los diversos medios de información, para difundir ampliamente las acciones y obras de gobierno” quedó sometida a “restricción” al menos por los siguientes seis años –lapso que puede ser prorrogable indefinidamente–, alegando las autoridades estatales que “proporcionar dicha información traería como consecuencia una ventaja indebida entre los propios medios de comunicación (contratados por el gobierno de Javier Duarte con fines publicitarios)”.
La decisión de declarar como “reservada” toda información relacionada con el gasto en publicidad oficial durante el gobierno de Duarte (así como la del último año de gobierno de su antecesor, Fidel Herrera) fue tomada por la administración estatal el pasado 13 de agosto de 2014, un mes después de que Animal Político solicitara un reporte pormenorizado sobre la inversión en difusión gubernamental realizada por la gestión duartista.
Otro de los argumentos para negar la información solicitada, según el acuerdo del gobierno estatal, es que, de transparentar el gasto en publicidad, “la atención a la sociedad quedaría en riesgo”, ya que “el estado (de Veracruz), buscando parámetros que le permitan tener ahorros en el gasto público, en beneficio de la sociedad, realiza negociaciones (con los medios de comunicación contratados)”, por lo cual “aperturar esta información debilita la posición de las autoridades en la negociación de acuerdos”.
Así, según el gobierno de Javier Duarte, es necesario mantener el gasto en publicidad fuera del escrutinio público, puesto que eso garantiza que “en ningún momento se suspenda la tarea informativa, (y) la oportuna difusión de las obras y acciones del gobierno del estado” o, de lo contrario, advierte, “la oportuna prevención y atención a la sociedad quedaría en riesgo, en materia de salud o protección civil, por ejemplo”.
El mismo acuerdo del 13 de agosto de 2014, cabe destacar, establece que toda la información relacionada con costos de difusión debe ser presentada a la sociedad en “versión pública” (es decir, omitiendo los datos que puedan poner en riesgo derechos de terceros, en este caso los medios contratados para la difusión), no obstante, el gobierno de Javier Duarte decidió tampoco dar a conocer dicha “versión pública” de su gasto en promoción.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
Entre los años 2011 y 2014, la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno de Veracruz dispuso de un presupuesto de 267 millones 100 mil pesos, para la difusión de los programas y acciones del Poder Ejecutivo estatal, encabezado por el priista Javier Duarte de Ochoa.
Sin embargo, el destino concreto de dichos recursos y la forma en que fueron invertidos no puede ser conocido por la ciudadanía, debido a que las autoridades estatales clasificaron como “reservada” la información fiscal relativa a la “difusión de mensajes sobre programas gubernamentales”.
Tal como consta en el oficio CGCS/UAIP/067/2014, emitido por la Coordinación General de Comunicación Social del Estado de Veracruz, “el gasto de publicidad social es información reservada, con base en el acuerdo que tiene por objeto clasificar como de Acceso Restringido, en la modalidad de ‘Reserva”, la información relativa a la partida 513636100005, (denominada) ‘Difusión de Mensajes sobre Programas Gubernamentales'”.
De esta forma, toda la información relacionada con “el costo de los servicios de promoción, publicidad y difusión de las acciones del Gobierno del Estado de Veracruz, en los diversos medios de información, para difundir ampliamente las acciones y obras de gobierno” quedó sometida a “restricción” al menos por los siguientes seis años –lapso que puede ser prorrogable indefinidamente–, alegando las autoridades estatales que “proporcionar dicha información traería como consecuencia una ventaja indebida entre los propios medios de comunicación (contratados por el gobierno de Javier Duarte con fines publicitarios)”.
La decisión de declarar como “reservada” toda información relacionada con el gasto en publicidad oficial durante el gobierno de Duarte (así como la del último año de gobierno de su antecesor, Fidel Herrera) fue tomada por la administración estatal el pasado 13 de agosto de 2014, un mes después de que Animal Político solicitara un reporte pormenorizado sobre la inversión en difusión gubernamental realizada por la gestión duartista.
Otro de los argumentos para negar la información solicitada, según el acuerdo del gobierno estatal, es que, de transparentar el gasto en publicidad, “la atención a la sociedad quedaría en riesgo”, ya que “el estado (de Veracruz), buscando parámetros que le permitan tener ahorros en el gasto público, en beneficio de la sociedad, realiza negociaciones (con los medios de comunicación contratados)”, por lo cual “aperturar esta información debilita la posición de las autoridades en la negociación de acuerdos”.
Así, según el gobierno de Javier Duarte, es necesario mantener el gasto en publicidad fuera del escrutinio público, puesto que eso garantiza que “en ningún momento se suspenda la tarea informativa, (y) la oportuna difusión de las obras y acciones del gobierno del estado” o, de lo contrario, advierte, “la oportuna prevención y atención a la sociedad quedaría en riesgo, en materia de salud o protección civil, por ejemplo”.
El mismo acuerdo del 13 de agosto de 2014, cabe destacar, establece que toda la información relacionada con costos de difusión debe ser presentada a la sociedad en “versión pública” (es decir, omitiendo los datos que puedan poner en riesgo derechos de terceros, en este caso los medios contratados para la difusión), no obstante, el gobierno de Javier Duarte decidió tampoco dar a conocer dicha “versión pública” de su gasto en promoción.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
Peña, un presidente sin respuestas: AP
MÉXICO, D.F: En víspera del encuentro que sostendrán este martes Enrique Peña Nieto y Barack Obama en Washington, el periódico New York Times publicó hoy un análisis en el que la directora de la oficina de Associated Press en México, Catherine Corcoran, califica de “gobierno sin respuestas” a la administración del mandatario priista ante los repetidos escándalos que la mancharon durante el 2014.
Según Corcoran, durante su mensaje de Año Nuevo, el presidente mexicano prometió ser un “mejor oyente”, así como luchar contra la corrupción y la impunidad, pero subraya que Peña Nieto “otra vez no ofreció nada concreto”.
En esta ocasión, si bien el mandatario reconoció que la violencia sacude el país y que esta situación no puede permanecer así, Corcoran deplora que su única respuesta fue “que 2015 sería un año con menores facturas de gas, luz y teléfono, gracias a las reformas”.
Y recuerda que dichas reformas aún no produjeron los efectos en términos de inversión y crecimiento que prometió el gobierno al abogar por ellos.
Lo anterior, según Corcoran, representa “una de las razones principales por las cuales la tasa de aprobación (de Peña Nieto) alcanzó 38%, la más baja por un presidente mexicano desde la crisis del peso, hace 20 años”.
Los mexicanos, según la directora de la oficina de AP en el país, repudian a los partidos tradicionales, “dejando pocas opciones para los decepcionados por Peña Nieto”.
Apunta que, al volver al poder en 2012 después de dos sexenios panistas, el PRI se presentó como “arrepentido y reconstruido”, pero observa que el “nuevo PRI” se resumió a “políticos jóvenes operando con las viejas reglas del juego”.
Las críticas no se originan solamente en México, apunta Corcoran, al observar que “la cobertura de los medios extranjeros, antes favorable, se volvió feroz” durante el año.
Escándalos
Durante el 2014, “todos los niveles de gobierno han sido ensuciados” en casos de corrupción, abunda Corcoran.
“Se descubrió que presidentes municipales y policías estatales lambisconearon con el crimen organizado, mientras los fiscales estuvieron más interesados en resolver problemas políticos que crímenes”.
Corcoran escribe que, más allá del discurso, el presidente mexicano esperó un mes antes de reunirse con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y llamó a superar el caso “apenas semanas después de su secuestro”.
En reacción a la tragedia de Iguala, “decenas de miles de personas tomaron las calles”, recuerda Corcoran, al añadir que “aún instituciones generalmente cuidadosas en criticar al gobierno”, como la Iglesia Católica Romana, hicieron declaraciones sobre el caso.
Detalla que, en respuesta a las protestas, el gobierno “(envió) policías a castigar a los manifestantes y (describió) a los disturbios como un complot para desestabilizar el gobierno y socavar las reformas”.
Al estallar el escándalo de la llamada Casa Blanca de Las Lomas, “construida y financiada por uno de los contratistas consentidos del gobierno” –Juan Armando Hinojosa Cantú, a través de la empresa Grupo Higa–, el gobierno trató de justificar al presidente al aseverar que la casa, estimada a 7 millones de dólares, pertenecía a su esposa.
Sin embargo, “los mexicanos contestaron con irreverencia a los argumentos de Peña Nieto, que vieron como arrogancia y desconexión”, señala Corcoran.
Y no sólo ellos: la corresponsal de la cadena CNBC en México, Michelle Caruso Cabrera, declaró al titular de la Secretaría de Hacienda Luís Videgaray que “si Barbara Bush (la esposa del expresidente estadunidense George W. Bush) viviera en una casa construida por (el grupo petrolero) Halliburton, su esposo hubiera sido destituido”.
Asimismo, Corcoran denuncia que la Procuraduría General de la República (PGR), bajo el mando de Jesús Murillo Karam, no investigó la masacre extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya sino hasta tres meses después que periodistas revelaran la actuación criminal del Ejército.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
Según Corcoran, durante su mensaje de Año Nuevo, el presidente mexicano prometió ser un “mejor oyente”, así como luchar contra la corrupción y la impunidad, pero subraya que Peña Nieto “otra vez no ofreció nada concreto”.
En esta ocasión, si bien el mandatario reconoció que la violencia sacude el país y que esta situación no puede permanecer así, Corcoran deplora que su única respuesta fue “que 2015 sería un año con menores facturas de gas, luz y teléfono, gracias a las reformas”.
Y recuerda que dichas reformas aún no produjeron los efectos en términos de inversión y crecimiento que prometió el gobierno al abogar por ellos.
Lo anterior, según Corcoran, representa “una de las razones principales por las cuales la tasa de aprobación (de Peña Nieto) alcanzó 38%, la más baja por un presidente mexicano desde la crisis del peso, hace 20 años”.
Los mexicanos, según la directora de la oficina de AP en el país, repudian a los partidos tradicionales, “dejando pocas opciones para los decepcionados por Peña Nieto”.
Apunta que, al volver al poder en 2012 después de dos sexenios panistas, el PRI se presentó como “arrepentido y reconstruido”, pero observa que el “nuevo PRI” se resumió a “políticos jóvenes operando con las viejas reglas del juego”.
Las críticas no se originan solamente en México, apunta Corcoran, al observar que “la cobertura de los medios extranjeros, antes favorable, se volvió feroz” durante el año.
Escándalos
Durante el 2014, “todos los niveles de gobierno han sido ensuciados” en casos de corrupción, abunda Corcoran.
“Se descubrió que presidentes municipales y policías estatales lambisconearon con el crimen organizado, mientras los fiscales estuvieron más interesados en resolver problemas políticos que crímenes”.
Corcoran escribe que, más allá del discurso, el presidente mexicano esperó un mes antes de reunirse con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y llamó a superar el caso “apenas semanas después de su secuestro”.
En reacción a la tragedia de Iguala, “decenas de miles de personas tomaron las calles”, recuerda Corcoran, al añadir que “aún instituciones generalmente cuidadosas en criticar al gobierno”, como la Iglesia Católica Romana, hicieron declaraciones sobre el caso.
Detalla que, en respuesta a las protestas, el gobierno “(envió) policías a castigar a los manifestantes y (describió) a los disturbios como un complot para desestabilizar el gobierno y socavar las reformas”.
Al estallar el escándalo de la llamada Casa Blanca de Las Lomas, “construida y financiada por uno de los contratistas consentidos del gobierno” –Juan Armando Hinojosa Cantú, a través de la empresa Grupo Higa–, el gobierno trató de justificar al presidente al aseverar que la casa, estimada a 7 millones de dólares, pertenecía a su esposa.
Sin embargo, “los mexicanos contestaron con irreverencia a los argumentos de Peña Nieto, que vieron como arrogancia y desconexión”, señala Corcoran.
Y no sólo ellos: la corresponsal de la cadena CNBC en México, Michelle Caruso Cabrera, declaró al titular de la Secretaría de Hacienda Luís Videgaray que “si Barbara Bush (la esposa del expresidente estadunidense George W. Bush) viviera en una casa construida por (el grupo petrolero) Halliburton, su esposo hubiera sido destituido”.
Asimismo, Corcoran denuncia que la Procuraduría General de la República (PGR), bajo el mando de Jesús Murillo Karam, no investigó la masacre extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya sino hasta tres meses después que periodistas revelaran la actuación criminal del Ejército.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
Cesan a funcionario por cobrar moches en El Marqués, Querétaro
QUERÉTARO, Qro: El secretario de Administración del gobierno municipal panista de El Marqués, Noé Miguel Marín Noriega, fue cesado luego de difundirse un video que lo implica en el cobro de 50 mil pesos a cambio de la asignación de obra pública a un contratista.
La grabación difundida por Reforma lo exhibe con los fajos de billetes en la mano, quejándose porque la cantidad está incompleta, al tiempo que su interlocutor, al que llama Bruno, le pide más tiempo para reunirle el dinero faltante.
El alcalde de El Marqués, Enrique Vega Carriles, aseguró que el funcionario ya fue separado de su cargo, de manera temporal, en lo que se realizan las investigaciones.
“Me desligo totalmente de esta situación, él tendrá que comprobar sus dichos. Insisto, no tolero acto de corrupción alguno en esta administración”, acotó el edil panista.
En su comunicado 001/2015, el gobierno de El Marqués explicó que el funcionario tendrá que defenderse en el órgano interno de control de la Contraloría Municipal.
Vega Carriles destacó que de manera interina nombró a Juana Hernández Hernández al frente de la Secretaría de Administración.
Recientemente también se destacó otro caso de presunta corrupción en el gobierno estatal que encabeza el priista José Eduardo Calzada Rovirosa.
La Unidad de Servicios de Salud en la entidad adquirió un paquete de 73 camillas chinas, a 43 mil pesos cada una, pero recibió otras a un precio de 9 mil pesos, cinco veces menos a lo que pagó por las de manufactura asiática.
La Entidad Superior de Fiscalización en el Estado (ESFE) detectó la irregularidad y estimó el daño patrimonial en poco más de 2 millones y medio de pesos, debido a que las camillas incumplían con las especificaciones establecidas.
Apro documentó que la empresa beneficiada, Comercializadora CEM S.A. de C.V., tiene como accionista mayoritario a un amigo del secretario de Salud, Mario César García Feregrino, y opera desde un inmueble propiedad de la esposa del funcionario, Cintya María Jiménez Ontiveros.
En este caso, el titular de Salud justificó que todo fue una “casualidad” y hasta la fecha continúa al frente de la dependencia del gobierno priista de Calzada Rovirosa.
Inicia PAN proceso de expulsión
El Comité Ejecutivo Nacional del PAN dio a conocer que inició el proceso de expulsión de Marín Noriega, grabado cuando cobraba “moches”.
El PAN resalta en un comunicado que tiene el compromiso de combatir la corrupción, por lo que da a conocer tres puntos:
Primero, que el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, y su similar estatal José Báez solicitaron formalmente el inicio del proceso de expulsión del funcionario de El Marqués.
Además, que el alcalde removió de su cargo a Marín Noriega con la finalidad de que se inicie el procedimiento legal correspondiente y se llegue hasta las últimas consecuencias.
Por último, que en el PAN seguirán insistiendo en la aprobación de un Sistema Nacional Anticorrupción que sea eficaz, y que le otorgue a los mexicanos certeza de que se castigará a quienes cometan actos de corrupción.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERIC PACHECO.
La grabación difundida por Reforma lo exhibe con los fajos de billetes en la mano, quejándose porque la cantidad está incompleta, al tiempo que su interlocutor, al que llama Bruno, le pide más tiempo para reunirle el dinero faltante.
El alcalde de El Marqués, Enrique Vega Carriles, aseguró que el funcionario ya fue separado de su cargo, de manera temporal, en lo que se realizan las investigaciones.
“Me desligo totalmente de esta situación, él tendrá que comprobar sus dichos. Insisto, no tolero acto de corrupción alguno en esta administración”, acotó el edil panista.
En su comunicado 001/2015, el gobierno de El Marqués explicó que el funcionario tendrá que defenderse en el órgano interno de control de la Contraloría Municipal.
Vega Carriles destacó que de manera interina nombró a Juana Hernández Hernández al frente de la Secretaría de Administración.
Recientemente también se destacó otro caso de presunta corrupción en el gobierno estatal que encabeza el priista José Eduardo Calzada Rovirosa.
La Unidad de Servicios de Salud en la entidad adquirió un paquete de 73 camillas chinas, a 43 mil pesos cada una, pero recibió otras a un precio de 9 mil pesos, cinco veces menos a lo que pagó por las de manufactura asiática.
La Entidad Superior de Fiscalización en el Estado (ESFE) detectó la irregularidad y estimó el daño patrimonial en poco más de 2 millones y medio de pesos, debido a que las camillas incumplían con las especificaciones establecidas.
Apro documentó que la empresa beneficiada, Comercializadora CEM S.A. de C.V., tiene como accionista mayoritario a un amigo del secretario de Salud, Mario César García Feregrino, y opera desde un inmueble propiedad de la esposa del funcionario, Cintya María Jiménez Ontiveros.
En este caso, el titular de Salud justificó que todo fue una “casualidad” y hasta la fecha continúa al frente de la dependencia del gobierno priista de Calzada Rovirosa.
Inicia PAN proceso de expulsión
El Comité Ejecutivo Nacional del PAN dio a conocer que inició el proceso de expulsión de Marín Noriega, grabado cuando cobraba “moches”.
El PAN resalta en un comunicado que tiene el compromiso de combatir la corrupción, por lo que da a conocer tres puntos:
Primero, que el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, y su similar estatal José Báez solicitaron formalmente el inicio del proceso de expulsión del funcionario de El Marqués.
Además, que el alcalde removió de su cargo a Marín Noriega con la finalidad de que se inicie el procedimiento legal correspondiente y se llegue hasta las últimas consecuencias.
Por último, que en el PAN seguirán insistiendo en la aprobación de un Sistema Nacional Anticorrupción que sea eficaz, y que le otorgue a los mexicanos certeza de que se castigará a quienes cometan actos de corrupción.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERIC PACHECO.
Policía desdeña alerta sobre restos humanos calcinados en Chihuahua
CHIHUAHUA, Chih: Ejidatarios del poblado de San José de los Baylón, ubicado en el municipio de Balleza, localizaron restos humanos calcinados; dieron aviso a las autoridades y a medios de comunicación, pero sólo acudieron reporteros.
Los reporteros de El Monitor de Parral encontraron los restos con ropa pegada, así como pertenencias personales.
El hallazgo se registró a un costado de la carretera de Parral a Guadalupe y Calvo, a la altura del kilómetro 17. Los reporteros rastrearon hasta encontrar los restos incinerados y dispersos.
Los representantes de los medios de comunicación informaron también a las corporaciones estatales y federales con el fin de no ir solos a la búsqueda, pero fueron ignorados.
De acuerdo con los reporteros de El Monitor de Parral, primero localizaron huesos que parecían la tibia y el peroné de una persona, que tenían pedazos de ropa, aun cuando el cuerpo estaba esparcido en huesos y quemado.
Cerca del lugar vieron y fotografiaron tarjetas bancarias, una MasterCard de Banamex con el número 5256-7811-9036-8592; captaron también una fotografía borrosa de una niña.
En octubre pasado, habitantes de San Juan de los Iturralde, ubicado también en Balleza -localizado en la Sierra Tarahumara-, reportaron que un grupo de sicarios tomó el pueblo y obligó a los pobladores a resguardarse durante varios días en las montañas o a huir de la comunidad.
Aseguraron que hubo muertes y por lo menos diez personas desaparecidas, situación que fue desatendida por las autoridades de todos los niveles.
Después de dos días localizaron el cuerpo de un hombre llamado Othón Luna Lazos, de 33 años, y posteriormente a Martín Payán Loya, de 53.
Familias completas tuvieron que huir por la inseguridad que sufre esa comunidad y otras aledañas.
Entre agosto y septiembre de 2014, el Ejército se retiró de El Vergel, el principal seccional de Balleza, y esa situación agravó la crisis de inseguridad.
En septiembre fue asesinada Norma Moreno, una joven de 37 años que ayudaba en un restaurante de su padre.
Norma Moreno había recabado firmas de los pobladores para pedir al Ejército que regresara, porque era necesaria su presencia en la región, según relataron los habitantes de El Vergel.
Sin embargo, el Ejército no regresó y tampoco ha atendido los hechos delictivos que se han registrado, principalmente de desaparición involuntaria o forzada.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
Los reporteros de El Monitor de Parral encontraron los restos con ropa pegada, así como pertenencias personales.
El hallazgo se registró a un costado de la carretera de Parral a Guadalupe y Calvo, a la altura del kilómetro 17. Los reporteros rastrearon hasta encontrar los restos incinerados y dispersos.
Los representantes de los medios de comunicación informaron también a las corporaciones estatales y federales con el fin de no ir solos a la búsqueda, pero fueron ignorados.
De acuerdo con los reporteros de El Monitor de Parral, primero localizaron huesos que parecían la tibia y el peroné de una persona, que tenían pedazos de ropa, aun cuando el cuerpo estaba esparcido en huesos y quemado.
Cerca del lugar vieron y fotografiaron tarjetas bancarias, una MasterCard de Banamex con el número 5256-7811-9036-8592; captaron también una fotografía borrosa de una niña.
En octubre pasado, habitantes de San Juan de los Iturralde, ubicado también en Balleza -localizado en la Sierra Tarahumara-, reportaron que un grupo de sicarios tomó el pueblo y obligó a los pobladores a resguardarse durante varios días en las montañas o a huir de la comunidad.
Aseguraron que hubo muertes y por lo menos diez personas desaparecidas, situación que fue desatendida por las autoridades de todos los niveles.
Después de dos días localizaron el cuerpo de un hombre llamado Othón Luna Lazos, de 33 años, y posteriormente a Martín Payán Loya, de 53.
Familias completas tuvieron que huir por la inseguridad que sufre esa comunidad y otras aledañas.
Entre agosto y septiembre de 2014, el Ejército se retiró de El Vergel, el principal seccional de Balleza, y esa situación agravó la crisis de inseguridad.
En septiembre fue asesinada Norma Moreno, una joven de 37 años que ayudaba en un restaurante de su padre.
Norma Moreno había recabado firmas de los pobladores para pedir al Ejército que regresara, porque era necesaria su presencia en la región, según relataron los habitantes de El Vergel.
Sin embargo, el Ejército no regresó y tampoco ha atendido los hechos delictivos que se han registrado, principalmente de desaparición involuntaria o forzada.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
¿Qué veremos en 2015 tras la reforma energética? El ciudadano común, nada
Aunque ya inició la apertura del sector, el ciudadano de a pie no verá una baja en los precios del gas, de la luz o de la gasolina.
En 2014 se completó la reforma energética tras la aprobación de 21 leyes secundarias y algunos reglamentos, pero ¿qué beneficios habrá para la ciudadanía en este año con la apertura del sector que ya inició?
“El ciudadano no va a sentir en 2015 absolutamente ningún cambio, ni en materia de petróleo, ni en energía eléctrica ni en el tema del gas. Lo que pueda ocurrir este año con la reforma energética no traerá beneficios para el ciudadano, pues no es una reforma con beneficios a corto plazo”, explicó en entrevista Raymundo Tenorio, director de las carreras de Economía de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Sante Fe.
En diciembre de 2013 se aprobaron los cambios constitucionales que permiten la participación de privados en el sector energético y, tras más de 100 horas de discusión legislativa, el Congreso avaló en agosto pasado las leyes reglamentarias que la complementaron.
Y aunque los promocionales del gobierno federal a favor de la reforma insistían en que con ésta bajarían los precios del gas y de la energía eléctrica, en este 2015, el primer año con la reforma energética, no se concretarán ninguna de esas promesas.
“¿Por qué no baja la tarifa eléctrica? La Comisión Federal de Electricidad (CFE) todavía no empieza a invertir y a utilizar gas para generar energía, sólo eso le permitirá tener procesos más baratos y reducir los costos. Actualmente está arrancando el proceso de conversión y hasta que éste no se complete —y no tenemos fecha para que eso suceda— y veamos cómo funciona, no sabremos sí será posible bajar las tarifas en el recibo de luz”, explicó el académico.
En el caso del Gas LP los cambios llegarán en 2016 cuando privados podrán importarlo y un año después venderlo, lo que permitirá que el precio deje de ser fijo en todo el país —impuesto por el gobierno federal— y se maneje por la oferta y la demanda.
Sin embargo, lo anterior no garantiza que el precio se vaya para abajo, pues puede ocurrir lo contrario dependiendo de la participación privada y de los costos de importarlo.
¿Y la gasolina?
En el caso del combustible, hay una buena noticia: en este 1 de enero de 2015 se aplicó el último gasolinazo, que fue del 1.9%.
Además se establece un precio máximo para la gasolina y los gasolineros tienen la libertad de ajustarlo a la baja por cuestiones de competencia, aunque los mismos empresarios del ramo reconocen que no están en condiciones de vender a un monto menor del máximo, pues terminarían perdiendo porque en el mercado todavía no hay condiciones para manejar precios diferenciados.
Por lo tanto, será hasta 2017 cuando los ciudadanos verán un cambio real de la apertura energética pues empresas privadas nacionales y extranjeras ya podrán tener gasolineras y vender combustible con sus propias marcas; por lo que éste deja de ser un negocio exclusivo de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los cambios visibles siguen hasta 2018, cuando esas empresas ya no estarán obligados a vender en sus gasolineras el combustible de Pemex y podrán empezar a traer el suyo, con lo que finalmente podría haber cambios significativos en el precio del combustible pues se abre la competencia entre gasolinas de diferentes marcas. En ese año, por lo tanto, se liberará el precio.
Pero entonces, ¿ya inició la apertura energética?
Aunque el ciudadano común no notará en este 2015 algún cambio por la reforma energética, la apertura del sector a la iniciativa privada inició en diciembre pasado con el arranque de la llamada Ronda Uno.
En la Ronda Uno el gobierno federal abrió 14 bloques de exploración en aguas someras para que empresas nacionales y extranjeras concursen para participar en la producción de crudo, lo cuál, podrán hacerlo en alianza con Pemex o tras la firma de contratos de producción, utilidad compartida o licencias que les permitirán hacerlo solos.
El anuncio de qué empresas privadas participarán por primera vez —tras siete décadas de ser una industria estatal— en la exploración de hidrocarburos se dará a conocer en el primer trimestre de 2015.
“Lo que sí va a caminar en 2015 son estas asignaciones, licitaciones y concesiones de la llamada Ronda Uno. Es posible que haya otro cambio, las empresas pueden estar en condiciones de emplear a personas y generen empleos. Pero por lo que se incluye en esta primera Ronda los nuevos empleos serán máximo unos 8,000”, dijo el investigador Raymundo Tenorio.
La apertura energética comenzará en la práctica cuando se dé a conocer el nombre de las empresas que participarán en la producción de hidrocarburos y se decida de qué forma será su participación en el sector, si trabajarán con Pemex o lo harán por su parte.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
En 2014 se completó la reforma energética tras la aprobación de 21 leyes secundarias y algunos reglamentos, pero ¿qué beneficios habrá para la ciudadanía en este año con la apertura del sector que ya inició?
“El ciudadano no va a sentir en 2015 absolutamente ningún cambio, ni en materia de petróleo, ni en energía eléctrica ni en el tema del gas. Lo que pueda ocurrir este año con la reforma energética no traerá beneficios para el ciudadano, pues no es una reforma con beneficios a corto plazo”, explicó en entrevista Raymundo Tenorio, director de las carreras de Economía de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Sante Fe.
En diciembre de 2013 se aprobaron los cambios constitucionales que permiten la participación de privados en el sector energético y, tras más de 100 horas de discusión legislativa, el Congreso avaló en agosto pasado las leyes reglamentarias que la complementaron.
Y aunque los promocionales del gobierno federal a favor de la reforma insistían en que con ésta bajarían los precios del gas y de la energía eléctrica, en este 2015, el primer año con la reforma energética, no se concretarán ninguna de esas promesas.
“¿Por qué no baja la tarifa eléctrica? La Comisión Federal de Electricidad (CFE) todavía no empieza a invertir y a utilizar gas para generar energía, sólo eso le permitirá tener procesos más baratos y reducir los costos. Actualmente está arrancando el proceso de conversión y hasta que éste no se complete —y no tenemos fecha para que eso suceda— y veamos cómo funciona, no sabremos sí será posible bajar las tarifas en el recibo de luz”, explicó el académico.
En el caso del Gas LP los cambios llegarán en 2016 cuando privados podrán importarlo y un año después venderlo, lo que permitirá que el precio deje de ser fijo en todo el país —impuesto por el gobierno federal— y se maneje por la oferta y la demanda.
Sin embargo, lo anterior no garantiza que el precio se vaya para abajo, pues puede ocurrir lo contrario dependiendo de la participación privada y de los costos de importarlo.
¿Y la gasolina?
En el caso del combustible, hay una buena noticia: en este 1 de enero de 2015 se aplicó el último gasolinazo, que fue del 1.9%.
Además se establece un precio máximo para la gasolina y los gasolineros tienen la libertad de ajustarlo a la baja por cuestiones de competencia, aunque los mismos empresarios del ramo reconocen que no están en condiciones de vender a un monto menor del máximo, pues terminarían perdiendo porque en el mercado todavía no hay condiciones para manejar precios diferenciados.
Por lo tanto, será hasta 2017 cuando los ciudadanos verán un cambio real de la apertura energética pues empresas privadas nacionales y extranjeras ya podrán tener gasolineras y vender combustible con sus propias marcas; por lo que éste deja de ser un negocio exclusivo de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los cambios visibles siguen hasta 2018, cuando esas empresas ya no estarán obligados a vender en sus gasolineras el combustible de Pemex y podrán empezar a traer el suyo, con lo que finalmente podría haber cambios significativos en el precio del combustible pues se abre la competencia entre gasolinas de diferentes marcas. En ese año, por lo tanto, se liberará el precio.
Pero entonces, ¿ya inició la apertura energética?
Aunque el ciudadano común no notará en este 2015 algún cambio por la reforma energética, la apertura del sector a la iniciativa privada inició en diciembre pasado con el arranque de la llamada Ronda Uno.
En la Ronda Uno el gobierno federal abrió 14 bloques de exploración en aguas someras para que empresas nacionales y extranjeras concursen para participar en la producción de crudo, lo cuál, podrán hacerlo en alianza con Pemex o tras la firma de contratos de producción, utilidad compartida o licencias que les permitirán hacerlo solos.
El anuncio de qué empresas privadas participarán por primera vez —tras siete décadas de ser una industria estatal— en la exploración de hidrocarburos se dará a conocer en el primer trimestre de 2015.
“Lo que sí va a caminar en 2015 son estas asignaciones, licitaciones y concesiones de la llamada Ronda Uno. Es posible que haya otro cambio, las empresas pueden estar en condiciones de emplear a personas y generen empleos. Pero por lo que se incluye en esta primera Ronda los nuevos empleos serán máximo unos 8,000”, dijo el investigador Raymundo Tenorio.
La apertura energética comenzará en la práctica cuando se dé a conocer el nombre de las empresas que participarán en la producción de hidrocarburos y se decida de qué forma será su participación en el sector, si trabajarán con Pemex o lo harán por su parte.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
Calcula Ceesp crecimiento de tan sólo 2.2% para México en 2015
México, DF. El débil avance de la economía mexicana durante el segundo año de gobierno de Enrique Peña Nieto resultó todavía menor al modesto crecimiento que había venido registrando el país en los últimos 20 años y se espera que este 2015 el panorama siga siendo de debilidad porque el mercado interno "no da señales de una pronta recuperación", sostuvo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).
En su análisis semanal, el organismo, dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que mientras el promedio de crecimiento anual de la economía mexicana desde mediados de los 90 hasta ahora fue de 2.6 por ciento, para el 2015 el Ceesp prevé un avance de 2.2 puntos porcentuales.
Lo anterior, explicó, debido a que los datos más recientes de la evolución de los principales indicadores económicos del país, hacen evidente que la tasa de crecimiento para el año pasado estará "muy por debajo de lo que se estimó a principios del año".
Lo más preocupante, señaló el Ceesp, es que no se perciben indicios claros de un repunte importante en los próximos meses, a pesar del desempeño de uno de los principales factores que han funcionado como motor del crecimiento para nuestro país, el dinamismo de la economía estadunidense.
De acuerdo con datos revisados por el Departamento de Comercio, durante el tercer trimestre del año la economía estadunidense creció a una tasa anualizada de 5 por ciento, mientras que la actividad económica de México, bajo la misma metodología, tuvo un avance de 2 por ciento en el mismo periodo.
Además, señaló que las cifras disponibles hasta octubre del 2014 indican que las ventas al menudeo acumularon dos meses consecutivos con variaciones mensuales negativas.
Datos más recientes de la ANTAD indican que durante noviembre sus ventas tuvieron un comportamiento poco favorable, ya que a pesar de verse influidas por el periodo de ventas denominado el “Buen Fin”, su evolución fue incluso más débil que en el mismo mes del 2013, cuando todavía se enfrentaban los efectos de la debilidad de la economía mundial.
Agregó que adicionalmente existe la posibilidad de un nivel inflacionario mayor a lo estimado como consecuencia del incremento de principios del año en el precio de las gasolinas y de todas las tarifas públicas, además del efecto que puede tener el tipo de cambio en los bienes comerciables.
Aunado a esto, señaló que hay un entorno político-social que puede incidir significativamente en la parte económica del país.
Por ello, consideró que la eficiente instrumentación de las reformas estructurales será un factor fundamental para fortalecer la actividad económica, pero todo ello deberá estar acompañada de un ambiente seguridad pública libre de corrupción e impunidad.
"El 2015 no puede ser otro año de prueba, sino de resultados contundentes que nos coloquen en la senda de desarrollo tan buscada en las últimas décadas", puntualizó.
AUTOR: JUAN CARLOS MIRANDA.
El PRI boicotea dos años la reforma anticorrupción, una urgencia del gobierno peñista
Otra vez, el debate para generar instancias legales para el combate a la corrupción tendrá que esperar mejores tiempos en el Congreso de la Unión.
Cuando ha arrancado el tercer año de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, no hay institución con el encargo de erradicar el crecido cáncer que le cuesta al país 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Y es el Partido Revolucionario Institucional (PRI) –el mismo al que pertenece el primer mandatario– el dueño de las mayores trabas en el Congreso de la Unión, coinciden expertos.
En noviembre de 2012, dos semanas antes de tomar posesión, Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa en el Senado de la República para conformar la Comisión Nacional Anticorrupción que sustituiría a la Secretaría de la Función Pública. Era (aún es) el compromiso por cumplir número uno en su lista de promesas firmadas ante Notario Público.
Mayoría en la Cámara de Diputados, el PRI logró la postergación del debate durante un año con un argumento principal: la Comisión debería depender del gobierno federal y ser parte de la Procuraduría General de la República (PGR) sin autonomía constitucional, como lo deseaban los partidos de oposición, el de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN).
A través de los periodos ordinarios de sesiones, el PRI argumentó que la agenda legislativa tenía como prioridades el debate de las once reformas que en los ámbitos Educativo, Energético, Financiero, Fiscal y de Telecomunicaciones, había enviado el Presidente de la República.
En ese desacuerdo, los partidos políticos quedaron enfrascados y después de ese año de aletargamiento, el texto fue aprobado y enviado a la Cámara de Diputados para su evaluación. Ahí está desde el 4 de febrero de 2014, en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Transparencia y Anticorrupción, a la espera de que se reanime el debate.
“Fue la historia perfecta de la simulación. El resto de reformas inhibió cualquier otro tema en el Congreso. Un tiempo perdido porque la anti-corrupción debió ser la base de todo el andamiaje de modificaciones a la Constitución, desde la Educativa hasta la Energética”, expresó Ernesto Gómez Magaña frente al recuento de eventos que en 2013 impidieron la creación de la Comisión. Director ejecutivo de Participación Ciudadana de Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas indicó que desde el poder se impidió el avance de una modificación esencial con un PRI que jamás mostró voluntad.
Cuando parecía que el estancamiento no sería superado, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, presentó un Sistema Nacional Anticorrupción en octubre del año pasado. Ese mismo día, el presidente del PRI, César Camacho Quiroz, recordó que la iniciativa del Presidente de México había sido crear la Comisión Nacional Anticorrupción y enfatizó que la propuesta del PAN venía a “enriquecerla” y que era bienvenida.
“Estamos seguros que la minuta relacionada con la Comisión Nacional Anticorrupción podrá, en las comisiones de estudio y dictamen correspondientes, ampliar el horizonte de la discusión, y de cara a la sociedad, procesar en una mesa o en los mecanismos que la propia Cámara establezca. Se podrá enriquecer el planteamiento original y hacer que queden satisfechos los ciudadanos, no sólo los partidos políticos”, expresó el dirigente nacional priista en una conferencia de prensa.
Pero ocurrió de nuevo. En la vorágine del escándalo que representó la casa blanca (la multimillonaria mansión que habita la familia presidencial que está a nombre del contratista Hinojosa Cantú, principal beneficiario de los contratos de infraestructura del gobierno federal) y los procesos de licitación de adjudicación directa, el tricolor sorprendió con una propuesta alterna –de un sistema nacional de integridad pública– e hizo el intento para que en comisiones transitara un proyecto de dictamen que diluía el modelo panista pues restaba independencia y facultades a los órganos anticorrupción.
La oposición no aprobó la iniciativa del PRI. Y no hubo acuerdo en la Comisión de Puntos Constitucionales para debatirlo y votarlo. Pero la jugada impidió la reforma constitucional que permitiría una instancia legal. Tanto la Comisión como el Sistema quedaron detenidos.
LOS COSTOS DEL PANTANO
En 2012, cuando Enrique Peña Nieto resultó candidato electo, una encuesta del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) expuso que la corrupción era el tercer problema que más preocupaba a los mexicanos (los otros eran la violencia y la pobreza). En ese tiempo, México ocupaba el sitio 109 de 177 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI). Hoy, está en el sitio 106 de 177 naciones en la misma lista.
En Latinoamérica, México es el país más corrupto, un sitio que comparte con Argentina, según el Barómetro Global, otro indicador de TI. Este índice ofrece una advertencia de la continuidad del abuso del poder, tratos secretos y el soborno en las sociedades de todo el mundo. Los partidos políticos, así como sus representantes y la policía son los que la sociedad percibe como más corruptos.
“México se ha colocado en la retaguardia en el combate a la corrupción. Las maniobras del partido gobernante para evadir el tema han sido obvias y burdas. Y es de señalar la gravedad del empantanamiento del debate real de la reforma más importante para el país, la que combatirá a la corrupción”, dijo Ernesto Villanueva, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Mientras, los escándalos siguen con su goteo incesante. Algunos más, otros menos, pero los funcionarios mexicanos muestran que el lujo no es algo que deseen ocultar. En diciembre pasado, la escena la tomó Heliodoro Díaz Escárraga quien se desempeñaba como coordinador de la zona sur del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Quien también fuera presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, secretario general del Gobierno de Oaxaca y presidente del PRI en esa entidad, publicó en Facebook que le regaló un Porsche Cayman, color amarillo, de más de un millón de pesos a su hijo homónimo y quien fungía como subdirector jurídico corporativo de Lechería Nacional (Liconsa).
Antes, el mismo Presidente de la República fue señalado por habitar una casa de 86 millones de pesos, que está a nombre de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, empresa beneficiaria de los contratos de infraestructura del gobierno federal, escándalo conocido como “casa blanca”. A la par, a finales del año pasado, se conoció que Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, fue exonerado de cargos por enriquecimiento ilícito y ordenó que le fueran devueltos 19 millones de dólares repartidos en 12 cuentas bancarias, así como 41 propiedades.
En 2013, el ex Gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, fue detenido por malversación de fondos, evasión de impuestos y lavado de dinero. En una conversación filtrada a los medios de comunicación, se jactaba de atesorar 400 pares de zapatos, 300 trajes y mil camisas compradas en tiendas de lujo de Nueva York y Los Ángeles.
En el panorama, la corrupción en México tiene lugares comunes: Carlos Romero Deschamps, dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) ejerce su vida pública como senador priista bajo la sombra de la sospecha de enriquecimiento ilícito.
El investigador de la Transparencia Mexicana del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Ernesto Villanueva, ha concluido en varios estudios realizados en lo que va de la administración peñista: México no sólo se constituyó en el escenario perfecto para ejercer la corrupción; también es una galería de impunidad.
AUTOR: Linaloe R. Flores.
Grupos civiles exigen a EU frenar ayuda militar a México; rechazan la visita de EPN
Integrantes de la Coalición Latinoamericana por Ayotzinapa y la Coordinadora Independencia entregaron este día dos cartas a las senadoras demócratas por California, Barbara Boxer y Dianne Feinstein, para que pidan la suspensión de ayuda militar de Estados Unidos a México en repuesta a “las violaciones a los derechos humanos que sufren los mexicanos incluyendo algunas de nuestras familias que han sido víctimas de la supuesta guerra contra el narcotráfico”.
“Consideramos que es muy preocupante que se siga subsidiando con dinero de nuestros impuestos a un gobierno violador de derechos humanos y que no rinde cuentas a la población”, manifestaron las organizaciones civiles.
En la misiva se les pidió a las senadoras estar al tanto de lo que sucede en México y hacer valer medidas “como la enmienda Leahy, legislación que prohíbe el envío de fondos a unidades de fuerzas extranjeras violadoras de derechos humanos como consideramos es el caso del gobierno de Enrique Peña Nieto”.
“Esta es la primera comunicación con sus oficinas sobre este preocupante asunto y nos gustaría establecer un lazo de comunicación permanente para informarle sobre los que está sucediendo en México y su impacto en muchas familias en California así como apoyar medidas como la realización de una audiencia pública en el Senado sobre esta grave crisis de derechos humanos en México”, dice el documento enviado a las representantes demócratas.
Los activistas, residentes en California “preocupados por la grave ola de violencia que azota a México” y con familias en México, refirieron a Boxer y Feinstein cómo “en los escasos dos años de la administración de Enrique Peña Nieto, según datos oficiales, más de 40 mil mexicanos han sido asesinados y cerca de 10 mil han sido desaparecidos, incluyendo 43 jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa”.
Dijeron que su demanda se enmarca en la visita que realiza el Presidente Enrique Peña Nieto a su homólogo Barack Obama, la cual tendrá lugar en Washington “donde según anunciaron fortalecerán las relaciones bilaterales en materia de seguridad, inmigración y comercio. Sin embargo, por lo antes expresado, consideramos que es muy preocupante que se siga subsidiando con dinero de nuestros impuestos a un gobierno violador de derechos humanos y que no rinde cuentas a la población”.
MOVILIZACIONES CONTRA EPN
En tanto, en más de 20 ciudades de Estados Unidos se realizarán protestas por la visita oficial del Presidente Enrique Peña Nieto a su homólogo Barack Obama, en Washington, para discutir temas como la seguridad, migración, así como el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con su convocatoria en redes sociales #UsTired2 y sus aliados organizan “una movilización para protestar por sus masivas violaciones a los derechos humanos [del gobierno de Enrique Peña Nieto], una crisis que Human Rights Watch y otros han etiquetado como ‘la peor’ en toda América Latina en los últimos 30 años”.
En los consulados de México en ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Seattle, Nueva York, Dallas, Houston, Washington, se preparan actos para exigir justicia por el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre por policías municipales de Iguala y Cocula.
Entre sus exigencias, también está la liberación de la comandante de la Policía Comunitario de Guerrero, Nestora Salgado, de quien un juzgado ordenó su liberación, pero que el gobierno mexicano no ha cumplido.
La visita oficial de Peña a Washington es en respuesta a una invitación que le hizo el Presidente Obama, con el fin de abordar temas prioritarios de la agenda bilateral. Además, el según lo destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Entre esos temas se tiene contemplado que los mandatarios aborden la seguridad, migración, educación y ciencia y tecnología.
Peña Nieto tiene prevista un reunión privada con Obama, mientras que en paralelo se llevará a cabo un encuentro a nivel ministerial entre delegaciones de las dos naciones para trabajar en esos temas.
El 3 de diciembre, estudiantes, dirigentes de comunidades mexicanas y latinas, activistas pro migrantes, organizaciones religiosas y académicos que se agrupan en la organización #USTired2 realizaron vigilias y movilizaciones en decenas de ciudades de Estados Unidos en protesta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. “México no es sólo un asunto de política exterior”, anunció uno de sus comunicados, “México es familia”.
“También aquí en los Estados Unidos estamos cansados de toda la matanza, cansado de todas las desapariciones y cansados de todas las políticas de guerra de drogas fallidas que fomentan estas catástrofes, pagadas por nuestro gobierno con el dinero de nuestros impuestos”, denunció la asociación. Dijo que su protesta se fundamenta en la ley estadounidense, según se estipula en la Enmienda Leahy, que establece que el gobierno de ese país está obligado a cortar la ayuda a las fuerzas de seguridad que se encuentran en violación de los derechos humanos.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-01-2015/1208698.
“Consideramos que es muy preocupante que se siga subsidiando con dinero de nuestros impuestos a un gobierno violador de derechos humanos y que no rinde cuentas a la población”, manifestaron las organizaciones civiles.
En la misiva se les pidió a las senadoras estar al tanto de lo que sucede en México y hacer valer medidas “como la enmienda Leahy, legislación que prohíbe el envío de fondos a unidades de fuerzas extranjeras violadoras de derechos humanos como consideramos es el caso del gobierno de Enrique Peña Nieto”.
“Esta es la primera comunicación con sus oficinas sobre este preocupante asunto y nos gustaría establecer un lazo de comunicación permanente para informarle sobre los que está sucediendo en México y su impacto en muchas familias en California así como apoyar medidas como la realización de una audiencia pública en el Senado sobre esta grave crisis de derechos humanos en México”, dice el documento enviado a las representantes demócratas.
Los activistas, residentes en California “preocupados por la grave ola de violencia que azota a México” y con familias en México, refirieron a Boxer y Feinstein cómo “en los escasos dos años de la administración de Enrique Peña Nieto, según datos oficiales, más de 40 mil mexicanos han sido asesinados y cerca de 10 mil han sido desaparecidos, incluyendo 43 jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa”.
Dijeron que su demanda se enmarca en la visita que realiza el Presidente Enrique Peña Nieto a su homólogo Barack Obama, la cual tendrá lugar en Washington “donde según anunciaron fortalecerán las relaciones bilaterales en materia de seguridad, inmigración y comercio. Sin embargo, por lo antes expresado, consideramos que es muy preocupante que se siga subsidiando con dinero de nuestros impuestos a un gobierno violador de derechos humanos y que no rinde cuentas a la población”.
MOVILIZACIONES CONTRA EPN
En tanto, en más de 20 ciudades de Estados Unidos se realizarán protestas por la visita oficial del Presidente Enrique Peña Nieto a su homólogo Barack Obama, en Washington, para discutir temas como la seguridad, migración, así como el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con su convocatoria en redes sociales #UsTired2 y sus aliados organizan “una movilización para protestar por sus masivas violaciones a los derechos humanos [del gobierno de Enrique Peña Nieto], una crisis que Human Rights Watch y otros han etiquetado como ‘la peor’ en toda América Latina en los últimos 30 años”.
En los consulados de México en ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Seattle, Nueva York, Dallas, Houston, Washington, se preparan actos para exigir justicia por el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre por policías municipales de Iguala y Cocula.
Entre sus exigencias, también está la liberación de la comandante de la Policía Comunitario de Guerrero, Nestora Salgado, de quien un juzgado ordenó su liberación, pero que el gobierno mexicano no ha cumplido.
La visita oficial de Peña a Washington es en respuesta a una invitación que le hizo el Presidente Obama, con el fin de abordar temas prioritarios de la agenda bilateral. Además, el según lo destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Entre esos temas se tiene contemplado que los mandatarios aborden la seguridad, migración, educación y ciencia y tecnología.
Peña Nieto tiene prevista un reunión privada con Obama, mientras que en paralelo se llevará a cabo un encuentro a nivel ministerial entre delegaciones de las dos naciones para trabajar en esos temas.
El 3 de diciembre, estudiantes, dirigentes de comunidades mexicanas y latinas, activistas pro migrantes, organizaciones religiosas y académicos que se agrupan en la organización #USTired2 realizaron vigilias y movilizaciones en decenas de ciudades de Estados Unidos en protesta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. “México no es sólo un asunto de política exterior”, anunció uno de sus comunicados, “México es familia”.
“También aquí en los Estados Unidos estamos cansados de toda la matanza, cansado de todas las desapariciones y cansados de todas las políticas de guerra de drogas fallidas que fomentan estas catástrofes, pagadas por nuestro gobierno con el dinero de nuestros impuestos”, denunció la asociación. Dijo que su protesta se fundamenta en la ley estadounidense, según se estipula en la Enmienda Leahy, que establece que el gobierno de ese país está obligado a cortar la ayuda a las fuerzas de seguridad que se encuentran en violación de los derechos humanos.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-01-2015/1208698.
El DF de Miguel Mancera es un gobierno policial y sin contrapesos, afirman abogados
El gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa en el Distrito Federal se ha destacado, hasta ahora, por mantener una visión centrada en una política policial “restrictiva” y “autoritaria”, afirman abogados especialistas en defensa de derechos humanos y de la libertad de expresión.
En ello ha influido la trayectoria profesional del Jefe de Gobierno capitalino –quien antes de asumir el cargo se desempeñaba como Procurador en la Ciudad de México y, previamente, había laborado en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF)– y la ausencia de contrapesos de los poderes Legislativo y Judicial locales, consideraron Leopoldo Maldonado, de la organización Artículo 19, y Sergio Soto, de la Liga de Abogados 1º de Diciembre .
“La visión del gobierno es la visión de un Ministerio Público”, plantea Soto, integrante del colectivo de abogados que desde el 1 de diciembre de 2012 ha defendido legalmente a personas detenidas en la capital del país en contextos de protesta social o de forma arbitraria.
El señalamiento de Soto alude a la trayectoria profesional del actual Jefe de Gobierno fue como servidor público de la SSPDF y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), de la que incluso fue titular. Previamente a sus labores como funcionario público, se había desempeñado como abogado litigante.
Su trayectoria en el servicio público ha incidido en que sean precisamente tales dependencias las que han destacado más en lo que va de su administración, por encima de otras como Desarrollo Social, Salud o Educación.
“El tema de seguridad, desde una perspectiva judicial sumamente restrictiva de derechos, ha ocupado la centralidad de la administración de Mancera. Es decir, no se ha destacado la presente administración por sus políticas sociales, o por hacer algún contrapeso real al gobierno federal, como lo fueron las dos anteriores administraciones, o por alguna propuesta política novedosa, creativa”, expone Maldonado.
A esto, Soto agrega: “La visión de las áreas fuertes es una visión formada en la procuración de justicia, en la investigación y persecución de delitos, y la visión del gobierno del Distrito Federal está muy contaminada en términos de ver a la política como una prolongación de la función del Ministerio Público”.
Pero a ello también ha contribuido el hecho de que quienes estaban, hasta hace poco, al frente de ambas dependencias eran personas cercanas a Mancera.
Por un lado, al frente de la PGJDF se encuentra Rodolfo Ríos Garza, cercano a Mancera desde hace muchos años y quien entre 2010 y 2011 se desempeñó como su secretario particular, cuando Mancera era Procurador.
En 2012, Mancera dejó el cargo para contender por la Jefatura de Gobierno para el periodo 2012-2018. Ríos Garza se convirtió en coordinador de asesores de la PGJDF. Al frente de la PGJDF quedó Jesús Rodríguez Almeida, quien se desempeñaba como subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales.
Mancera y Rodríguez Almeida se habían conocido en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), donde el primero daba clases. Rodríguez Almeida fue alumno suyo en tres asignaturas.
Fue Mancera quien invitó a su ex alumno a trabajar en la PGJDF como fiscal de procesos de Juzgados Penales Norte en 2008. De ahí, Rodriguez Almeida pasó a la subprocuraduría y luego reemplazó a su ex profesor.
Una vez que Mancera se convirtió en Jefe de Gobierno, lo propuso para ocupar la titularidad de la SSPDF, mientras que a Ríos Garza lo propuso para ocupar la PGJDF. El Presidente Enrique Peña Nieto avaló ambos nombramientos.
Rodríguez Almeida fue titular de la SSPDF hasta el pasado 5 de diciembre, cuando renunció al cargo tras denuncias de abusos del uso de la fuerza por parte de granaderos y policías auxiliares, al término de la marcha del 1 de diciembre, y de una polémica declaración en la que defendió el trabajo de los policías capitalinos durante las movilizaciones del 20 de noviembre.
Ese día, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías tanto en el aeropuerto como en el Zócalo. Fue en la plaza central donde los policías hicieron detenciones arbitarias y agredieron a manifestantes.
Cuatro días después, Rodríguez Almeida felicitó a los policías por su actuación, “porque restablecieron el orden público, le guste a quien le guste”.
Durante toda su gestión fueron recurrentes los señalamientos de abusos policiales durante las protestas sociales. La última fue ese 1 de diciembre, cuando al finalizar una movilización pacífica y luego de que un grupo de jóvenes con los rostros cubiertos vandalizó negocios ubicados sobre Paseo de la Reforma durante unos 40 minutos, cientos de elementos de la Policía Auxiliar y de los granaderos se replegaron sobre la avenida, a la altura del Senado.
Ahí agredieron a personas que no habían sido responsables de los actos vandálicos, y en algunos casos ni siquiera habían participado en la marcha. Un grupo de unas cien personas también fue “encapsulado” por los policías, y sólo la intervención de visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta evitó su detención.
TRADICIÓN ROTA
El abogado Soto habla sobre las repercusiones que ha tenido el establecimiento de una política con visión policial. Dice que la principal es que se han coartado las libertades democráticas que desde el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas se habían ido afianzando en la capital del país.
“Con la entrada de Mancera a la Jefatura de Gobierno se rompe tajantemente esta tradición que se venia cuajando, en el ámbito de gobernanza en el Distrito Federal”, considera.
Él y Maldonado coinciden en que uno de los más claros reflejos de esta política policial es la “mano dura” frente a las muestras de descontento social, donde se ha hecho comunes prácticas como las detenciones arbitrarias y violentas, se recurre de forma sistemática a los “encapsulamientos” durante las protestas, e incluso de han restringido los espacios para manifestarse.
La “cereza en el pastel” de esta política ha sido la Ley de Movilidad del Distrito Federal, promulgada el 14 de julio de este año, afirma el abogado de Artículo 19.
El pasado 3 de diciembre, la juez Segunda de Distrito en Materia Administrativa, Paula García Villegas, declaró inconstitucionales los artículos 212, 231 y 214 de dicha ley al considerar que violan el derecho a la asociación y a la libertad de expresión.
La resolución de inconstitucionalidad vino luego de que una decena de organizaciones civiles, agrupadas en el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, interpusieron 14 mil amparos contra la Ley, que establece una serie de condiciones a quienes quieran manifestarse.
Particularmente los artículos impugnados refieren que se tiene que dar aviso previo (por lo menos de 48 horas) a la SSPDF para llevar a cabo una manifestación de cualquier índole, que éstas no pueden utilizar vitalidades primarias y que la SSPDF “tomará las medidas necesarias para evitar el bloqueo en vías primarias de circulación”.
Pero la visión policial del gobierno capitalino no sólo es perceptible durante las protestas en las calles, señala Maldonado. También está presente en el día a día en el sistema de procuración de justicia, donde la tortura sigue siendo una práctica habitual como método de investigación, y donde se siguen atendiendo a criterios de cuotas de detenciones y consignaciones.
A ello se suma “un Poder Judicial carente de independencia que prácticamente convalida todo lo que hace la Procuraduría. Es decir, una serie de deficiencias estructurales en el sistema de procuración y administración de justicia que provocan violaciones sistemáticas al debido proceso”.
El Poder Legislativo, representado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), tampoco es un contrapeso real al Ejecutivo local, considera el abogado.
La explicación que da al respecto es que Mancera ha logrado imponer su agenda política en la Asamblea a partir de negociaciones y componendas con las distintas corrientes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), mayoritario en la ALDF.
A pesar de que el PRD se erigió como un partido de izquierda, lo que sus corrientes internas han demostrado, dice Maldonado, es que sus intereses de grupo están por encima de una voluntad de establecer un programa progresista.
Bajo esta lógica, “se ha sacrificado el programa político por los intereses de las ‘tribus’, y por eso [Mancera] ha logrado impulsar esta agenda policiaca”, expone.
SIN CAMBIOS
Tras la renuncia de Rodríguez Almeida, el pasado 16 de diciembre Hiram Almeida Estrada fue nombrado nuevo titular de la SSPDF. Hasta entonces, Almeida Estrada se desempeñó como Contralor General del gobierno capitalino.
Al asumir el cargo, Almeida Estrada dijo que no se tolerarían los abusos de autoridad o del uso de la fuerza contra los ciudadanos.
Para Soto, la llegada de Almeida Estrada a la SSPDF no supone cambio alguno.
Ejemplo de ello, dice, es que sigue pendiente el cumplimiento de la recomendación 7/2013, emitido por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, tras los abusos policiales en el operativo del 1 de diciembre de 2012.
En ella se planteó, entre otras cosas, revisar los protocolos de actuación de los policías para el control de multitudes, así como crear un modelo que garantizase el respeto a los derechos humanos, y fue dirigida a la SSPDF, así como a la PGJDF, al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.
Maldonado también ve el nuevo nombramiento con poco optimismo, pues considera que una primera señal necesaria para hablar de una transformación en la visión del gobierno sería que los policías, incluidos sus mandos medido y altos, comenzaran a rendir cuentas de los abusos que han cometido.
“No basta con decir que se va a hacer sino que se debería empezar a hacer, a partir de muchísimas evidencias que hay en los últimos dos años, eso sería una señal positiva pero cuando se comience a hacer. Y sanciones que de verdad impliquen un inicio hacia una reparación del daño a todas las víctimas de estos abusos”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MAYELA SÁNCHEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-01-2015/1202168.
En ello ha influido la trayectoria profesional del Jefe de Gobierno capitalino –quien antes de asumir el cargo se desempeñaba como Procurador en la Ciudad de México y, previamente, había laborado en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF)– y la ausencia de contrapesos de los poderes Legislativo y Judicial locales, consideraron Leopoldo Maldonado, de la organización Artículo 19, y Sergio Soto, de la Liga de Abogados 1º de Diciembre .
“La visión del gobierno es la visión de un Ministerio Público”, plantea Soto, integrante del colectivo de abogados que desde el 1 de diciembre de 2012 ha defendido legalmente a personas detenidas en la capital del país en contextos de protesta social o de forma arbitraria.
El señalamiento de Soto alude a la trayectoria profesional del actual Jefe de Gobierno fue como servidor público de la SSPDF y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), de la que incluso fue titular. Previamente a sus labores como funcionario público, se había desempeñado como abogado litigante.
Su trayectoria en el servicio público ha incidido en que sean precisamente tales dependencias las que han destacado más en lo que va de su administración, por encima de otras como Desarrollo Social, Salud o Educación.
“El tema de seguridad, desde una perspectiva judicial sumamente restrictiva de derechos, ha ocupado la centralidad de la administración de Mancera. Es decir, no se ha destacado la presente administración por sus políticas sociales, o por hacer algún contrapeso real al gobierno federal, como lo fueron las dos anteriores administraciones, o por alguna propuesta política novedosa, creativa”, expone Maldonado.
A esto, Soto agrega: “La visión de las áreas fuertes es una visión formada en la procuración de justicia, en la investigación y persecución de delitos, y la visión del gobierno del Distrito Federal está muy contaminada en términos de ver a la política como una prolongación de la función del Ministerio Público”.
Pero a ello también ha contribuido el hecho de que quienes estaban, hasta hace poco, al frente de ambas dependencias eran personas cercanas a Mancera.
Por un lado, al frente de la PGJDF se encuentra Rodolfo Ríos Garza, cercano a Mancera desde hace muchos años y quien entre 2010 y 2011 se desempeñó como su secretario particular, cuando Mancera era Procurador.
En 2012, Mancera dejó el cargo para contender por la Jefatura de Gobierno para el periodo 2012-2018. Ríos Garza se convirtió en coordinador de asesores de la PGJDF. Al frente de la PGJDF quedó Jesús Rodríguez Almeida, quien se desempeñaba como subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales.
Mancera y Rodríguez Almeida se habían conocido en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), donde el primero daba clases. Rodríguez Almeida fue alumno suyo en tres asignaturas.
Fue Mancera quien invitó a su ex alumno a trabajar en la PGJDF como fiscal de procesos de Juzgados Penales Norte en 2008. De ahí, Rodriguez Almeida pasó a la subprocuraduría y luego reemplazó a su ex profesor.
Una vez que Mancera se convirtió en Jefe de Gobierno, lo propuso para ocupar la titularidad de la SSPDF, mientras que a Ríos Garza lo propuso para ocupar la PGJDF. El Presidente Enrique Peña Nieto avaló ambos nombramientos.
Rodríguez Almeida fue titular de la SSPDF hasta el pasado 5 de diciembre, cuando renunció al cargo tras denuncias de abusos del uso de la fuerza por parte de granaderos y policías auxiliares, al término de la marcha del 1 de diciembre, y de una polémica declaración en la que defendió el trabajo de los policías capitalinos durante las movilizaciones del 20 de noviembre.
Ese día, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías tanto en el aeropuerto como en el Zócalo. Fue en la plaza central donde los policías hicieron detenciones arbitarias y agredieron a manifestantes.
Cuatro días después, Rodríguez Almeida felicitó a los policías por su actuación, “porque restablecieron el orden público, le guste a quien le guste”.
Durante toda su gestión fueron recurrentes los señalamientos de abusos policiales durante las protestas sociales. La última fue ese 1 de diciembre, cuando al finalizar una movilización pacífica y luego de que un grupo de jóvenes con los rostros cubiertos vandalizó negocios ubicados sobre Paseo de la Reforma durante unos 40 minutos, cientos de elementos de la Policía Auxiliar y de los granaderos se replegaron sobre la avenida, a la altura del Senado.
Ahí agredieron a personas que no habían sido responsables de los actos vandálicos, y en algunos casos ni siquiera habían participado en la marcha. Un grupo de unas cien personas también fue “encapsulado” por los policías, y sólo la intervención de visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta evitó su detención.
TRADICIÓN ROTA
El abogado Soto habla sobre las repercusiones que ha tenido el establecimiento de una política con visión policial. Dice que la principal es que se han coartado las libertades democráticas que desde el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas se habían ido afianzando en la capital del país.
“Con la entrada de Mancera a la Jefatura de Gobierno se rompe tajantemente esta tradición que se venia cuajando, en el ámbito de gobernanza en el Distrito Federal”, considera.
Él y Maldonado coinciden en que uno de los más claros reflejos de esta política policial es la “mano dura” frente a las muestras de descontento social, donde se ha hecho comunes prácticas como las detenciones arbitrarias y violentas, se recurre de forma sistemática a los “encapsulamientos” durante las protestas, e incluso de han restringido los espacios para manifestarse.
La “cereza en el pastel” de esta política ha sido la Ley de Movilidad del Distrito Federal, promulgada el 14 de julio de este año, afirma el abogado de Artículo 19.
El pasado 3 de diciembre, la juez Segunda de Distrito en Materia Administrativa, Paula García Villegas, declaró inconstitucionales los artículos 212, 231 y 214 de dicha ley al considerar que violan el derecho a la asociación y a la libertad de expresión.
La resolución de inconstitucionalidad vino luego de que una decena de organizaciones civiles, agrupadas en el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, interpusieron 14 mil amparos contra la Ley, que establece una serie de condiciones a quienes quieran manifestarse.
Particularmente los artículos impugnados refieren que se tiene que dar aviso previo (por lo menos de 48 horas) a la SSPDF para llevar a cabo una manifestación de cualquier índole, que éstas no pueden utilizar vitalidades primarias y que la SSPDF “tomará las medidas necesarias para evitar el bloqueo en vías primarias de circulación”.
Pero la visión policial del gobierno capitalino no sólo es perceptible durante las protestas en las calles, señala Maldonado. También está presente en el día a día en el sistema de procuración de justicia, donde la tortura sigue siendo una práctica habitual como método de investigación, y donde se siguen atendiendo a criterios de cuotas de detenciones y consignaciones.
A ello se suma “un Poder Judicial carente de independencia que prácticamente convalida todo lo que hace la Procuraduría. Es decir, una serie de deficiencias estructurales en el sistema de procuración y administración de justicia que provocan violaciones sistemáticas al debido proceso”.
El Poder Legislativo, representado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), tampoco es un contrapeso real al Ejecutivo local, considera el abogado.
La explicación que da al respecto es que Mancera ha logrado imponer su agenda política en la Asamblea a partir de negociaciones y componendas con las distintas corrientes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), mayoritario en la ALDF.
A pesar de que el PRD se erigió como un partido de izquierda, lo que sus corrientes internas han demostrado, dice Maldonado, es que sus intereses de grupo están por encima de una voluntad de establecer un programa progresista.
Bajo esta lógica, “se ha sacrificado el programa político por los intereses de las ‘tribus’, y por eso [Mancera] ha logrado impulsar esta agenda policiaca”, expone.
SIN CAMBIOS
Tras la renuncia de Rodríguez Almeida, el pasado 16 de diciembre Hiram Almeida Estrada fue nombrado nuevo titular de la SSPDF. Hasta entonces, Almeida Estrada se desempeñó como Contralor General del gobierno capitalino.
Al asumir el cargo, Almeida Estrada dijo que no se tolerarían los abusos de autoridad o del uso de la fuerza contra los ciudadanos.
Para Soto, la llegada de Almeida Estrada a la SSPDF no supone cambio alguno.
Ejemplo de ello, dice, es que sigue pendiente el cumplimiento de la recomendación 7/2013, emitido por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, tras los abusos policiales en el operativo del 1 de diciembre de 2012.
En ella se planteó, entre otras cosas, revisar los protocolos de actuación de los policías para el control de multitudes, así como crear un modelo que garantizase el respeto a los derechos humanos, y fue dirigida a la SSPDF, así como a la PGJDF, al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.
Maldonado también ve el nuevo nombramiento con poco optimismo, pues considera que una primera señal necesaria para hablar de una transformación en la visión del gobierno sería que los policías, incluidos sus mandos medido y altos, comenzaran a rendir cuentas de los abusos que han cometido.
“No basta con decir que se va a hacer sino que se debería empezar a hacer, a partir de muchísimas evidencias que hay en los últimos dos años, eso sería una señal positiva pero cuando se comience a hacer. Y sanciones que de verdad impliquen un inicio hacia una reparación del daño a todas las víctimas de estos abusos”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MAYELA SÁNCHEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-01-2015/1202168.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)