La presidenta nacional del Sol Azteca, Alejandra Barrales, reconoció que quienes firmaron el Pacto por México, incluida ella, deben de rectificar pues el tiempo les ha demostrado que los objetivos del Pacto no se han cumplido.
Para la elección Presidencial de 2018 todos los aspirantes a ser candidato por el PRD tendrán piso parejo para competir internamente, aseguró Alejandra Barrales Magdaleno, presidenta de la fuerza política. Barrales recién electa y que proviene del grupo político del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, afirmó que esa seguridad no sólo depende de ella, sino de todo el partido. Pero que el porvenir del gabinete de Mancera no intervendrá en la elección del candidato del Sol Azteca para la elección de 2018.
“Tengo la fortuna de tener una buena relación con todos los compañeros: con Silvano Aureoles, con Mancera, con Graco Ramírez y habrá piso parejo para todos”, dijo.
Barrales reconoció que recibe un partido en la “etapa más difícil” de su historia y que una de sus tareas será lograr recuperar la confianza de la población. “No queremos ser un partido que vaya a la cola de otro nada más para no desaparecer”, indicó. La nueva dirigente del PRD reconoció que quienes firmaron el Pacto por México, y que lo apoyaron, incluyéndola, actuaron de buena fe, pensando que podían ayudar a su país.
“Yo he señalado que fue para nosotros participar de buena fe, pensado que se podía ayudar a nuestro país. El tiempo nos ha demostrado que no se ha cumplido con esos objetivos. Tenemos que reconocer que hay que rectificar, que hay que replantear qué hacer”, dijo.
El pasado 16 de julio, los consejeros del Comité Ejecutivo Nacional del PRD eligieron a Barrales como su nueva presidenta para que concluya el periodo 2016-2017.
La Senadora consiguió 264 votos a favor mientras que Pablo Gómez sólo obtuvo 58 sufragios. Hubo dos abstenciones. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SHAILA ROSAGEL. LINK: http://www.sinembargo.mx/20-07-2016/3069524
El Juez de Estados Unidos aplazó la sentencia que se tenía previsto dictar hoy contra el narcotraficante, Alfredo Beltrán Leyva. El Gobierno de EEUU pide un máximo de cadena perpetua y un mínimo de diez años de prisión.
El juez de Estados Unidos Richard J. Leon aplazó hoy la sentencia “nada fácil” que tenía previsto dictar contra Alfredo Beltrán Leyva, miembro de uno de los carteles del narcotráfico más conocidos de México y al que el Gobierno estadounidense reclama 10.000 millones de dólares. “Tendremos más audiencias. Esto podría llevar dos años. Pero, no me extraña nada porque nada en este caso ha sido fácil”, subrayó el magistrado Leon en una vista en la Corte del Distrito de Columbia. El juez, visiblemente enojado, reprendió a los fiscales por haber interpuesto en las últimas semanas una petición en la que reclaman 10.000 millones de dólares a Beltrán Leyva, alias “el Mochomo”, para privarle de los beneficios que supuestamente obtuvo del tráfico de miles de kilos de cocaína y metanfetaminas entre 2000 y 2012. “No hay forma de que podamos proceder”, señaló el juez, que decidió celebrar dos audiencias más, el 14 y el 15 de septiembre, para evaluar la nueva petición del Ejecutivo de EEUU. En esas audiencias, según lo acordado hoy, agentes estadounidenses leerán el testimonio de cuatro testigos que se encuentran en cárceles de EEUU y que supuestamente pueden probar que Beltrán Leyva obtuvo al menos 10.000 millones de dólares con la venta de la droga de los territorios que controlaba. En este punto, la defensa del narco pidió que se diferencie entre la droga que enviaba a Estados Unidos el clan de los Beltrán Leyva y la que mandaba el Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín “el Chapo” Guzmán, quien fue arrestado el pasado 8 de enero y tiene pendiente su extradición a suelo estadounidense. Los dos grupos formaron una fuerte alianza en la década de 1990, pero la detención en enero de 2008 de Alfredo Beltrán Leyva produjo la ruptura entre el clan familiar y el cártel de Sinaloa, encabezado por “el Chapo” e Ismael “Mayo” Zambada, a quienes los Beltrán Leyva acusaron de traición por supuestamente haber entregado a Alfredo. El resultado de la ruptura entre las dos bandas criminales fue una violenta guerra entre ellas y el asesinato de miles de mexicanos, incluyendo políticos y numerosos policías. “Tratar de separar los envíos va ser difícil, ver qué envío era para los Beltrán Leyva y cuál era para los del cartel de Sinaloa va a ser difícil, si no imposible”, respondió el juez ante la petición de la defensa del mexicano. Extraditado de México a Estados Unidos el 15 de noviembre de 2014, Beltrán Leyva, de 45 años, compareció hoy en la corte del Distrito de Columbia sin decir una palabra y ataviado con la vestimenta típica de presidiario de color caqui. El Gobierno de EEUU pide para Beltrán Leyva un máximo de cadena perpetua y un mínimo de diez años de prisión. Mientras, en un escrito interpuesto este mes, la defensa consideró que una sentencia de 25 años de cárcel es suficiente para el mexicano porque, aunque formaba parte del cartel que lleva sus apellidos, el líder de la organización criminal era su hermano Arturo Beltrán Leyva, fallecido en diciembre de 2009.
En todo momento, la defensa ha evitado señalar a Héctor, otro hermano, capturado en octubre de 2014 y a quien las autoridades también sitúan en la cabeza del cártel familiar. FUENTE: SIN EMBARGO/EFE. LINK: http://www.sinembargo.mx/20-07-2016/3069761
El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, presentó una iniciativa para derogar una reforma por la cual se nombró a tres magistrados cercanos a él.
El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, presentó ante el Congreso estatal una iniciativa para derogar una reforma recientemente aprobada en la entidad que lo blindaba contra el sistema anticorrupción. La reforma en cuestión es la que aprobó la creación del Tribunal de Justicia Administrativa y, con ello, el nombramiento de tres magistrados que son cercanos al gobernador priista.
“Que instituciones como la Fiscalía y los Tribunales administrativos están comprendidas entre aquellas específicamente destinadas al combate local a la corrupción y que por ende deben adecuarse y armonizarse con la legislación nacional al respecto”, indica la iniciativa presentada por Borge este 18 de julio. De acuerdo con un comunicado del Congreso estatal, la iniciativa de derogación presentada por Borge será analizada y votada en el cuarto periodo extraordinario de sesiones, el cual inicia el próximo 26 de julio. Un funcionario de Comunicación Social del Congreso dijo a Animal Político que “ninguna otra reforma” impulsada por el gobernador priista será analizada. En el cuarto periodo extraordinario también se analizarán también asuntos derivados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se someterán a aprobación del Pleno el nombramiento del nuevo titular de la Dirección de Apoyo Jurídico del Poder Legislativo, así como el acuerdo para conformar su Comité de Transparencia. La iniciativa de Borge para echar atrás esa reforma ocurre en respuesta a la controversia inconstitucional que presentó la Procuraduría General de la República (PGR) ante la Suprema Corte en contra del mandatario estatal y el Congreso local, para evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción por las reformas aprobadas en la entidad. La controversia también implicó al Congreso y al gobernador de Veracruz. El jueves 14 de julio pasado, Borge se reunió con la titular de la PGR, Arely Gómez, a quien le ofreció “proceder a la abrogación o derogación en su caso, de los actos o normas generales que han motivado”. Antes, Borge negó haber promovido “la creación de ningún sistema anticorrupción, se actúa con absoluto respeto al Sistema Nacional Anticorrupción”.
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) demandó hoy que los sujetos obligados por la Ley General de Desarrollo Social –la administración pública del gobierno federal– y la prensa se abstengan de todo uso público y político de la información de ingresos de los hogares publicada por el Inegi, la cual, al no poder compararse con cifras anteriores, obstaculiza al Coneval para calcular la pobreza nacional. Con estas cifras, de acuerdo con Rodolfo de la Torre del Centro, se corre el riesgo de que sea posible dar la impresión de que hay avances en materia de pobreza, desigualdad o de ingresos cuando en realidad no se sabe. Esto ya se dio en Puebla: el Gobernador Rafael Moreno Valle aseguró el lunes que el estado avanzó 23 lugares en la reducción de la desigualdad social “cuando es materialmente imposible saberlo con la información que actualmente se tiene”.
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) pidió al Gobierno federal y a la prensa evitar todo uso público y político, hasta que se haga un nuevo levantamiento consensuado, comparable y transparente para 2018, del Ingreso Trimestral Promedio del Hogar del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015 (MCS 2015) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). También pidió a Coneval no sacar el reporte de pobreza porque, con los datos del Inegi, podría confundirse a la sociedad mexicana. De acuerdo con el centro especializado, el cálculo es “un error” porque no es comparable con levantamientos anteriores; no puede ser el inicio de un nuevo método de medición, y se corre el riesgo del uso político como ya lo hizo el lunes pasado Rafael Moreno Valle, el Gobernador de Puebla, el cuarto estado más pobre del país.
“Es una propuesta. Los primeros obligados serían los que están contemplados en la Ley General de Desarrollo Social que fundamentalmente es el Gobierno federal y sus dependencias. Aunque no estén incluidos en la Ley, esto tiene que extenderse a las entidades federativas y a los municipios, y a toda autoridad que tenga alguna injerencia en el tema […]. El Coneval es el que ha advertido que no se pueden hacer comparaciones, están ciñéndose a esta recomendación […]. Sería conveniente que también la prensa porque la información que se va a estar manejando al hacer comparaciones no sabemos si puede confirmarse o no. Es una recomendación para el caso de los medios de comunicación que tienen toda la libertad de escribir lo que consideren de interés”, afirmó en entrevista Rodolfo de la Torre García, Director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del CEEY.
En lo absoluto es un acto de presión, especificó, se trata de “dejar un espacio para que las instituciones autónomas puedan establecer la manera más adecuada de llegar a conclusiones respecto a la información y su comparabilidad, y no contaminar su trabajo si se les está bombardeando con avances o retrocesos en la política social, pobreza, desigualdad, lo que hace más difícil su trabajo”. El hecho de que el Inegi, sin consultar, haya cambiado los criterios de levantamiento y verificación de la información en campo sobre el ingreso del hogar, afirmó el comunicado, se traduce en “una aparente falla en términos de transparencia y de coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)”, encargado de la medición de la pobreza nacional con base en los datos del instituto gubernamental. –¿Qué uso político podría dársele? –Dar la impresión de que hay avances en materia de pobreza, desigualdad o de ingresos cuando en realidad no lo sabemos. Un caso muy concreto de esta situación ya se está dando en Puebla. Ha habido funcionarios, el propio Gobernador [Rafael Moreno Valle] y muchos medios que han transmitido la impresión de que el estado avanzó 23 lugares en la reducción de la desigualdad cuando es materialmente imposible saberlo con la información que actualmente se tiene. En los últimos dos días ha estado circulando en varias notas periodísticas declaraciones del Gobernador. Esta información es a todas luces insostenible. El lunes pasado, tras inaugurar el Centro Integral de Servicios, el panista Moreno Valle aseguró que Puebla fue uno de los estados del país que más avanzó en desigualdad social, citando el Módulo de Condiciones Socioeconómicas del Inegi. El estado, dijo, avanzó 23 posiciones y se ubica en el noveno lugar en este rubro a nivel nacional. “Hoy con datos oficiales estamos dando cuenta de la política y del trabajo que encabezo”, declaró.
PETICIONES DEL CEEY En un comunicado, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias demandó hoy que los sujetos obligados por la Ley General de Desarrollo Social –la administración pública del gobierno federal– se abstengan de todo uso público de la información de ingresos de los hogares y pidió a las autoridades de las entidades federativas, los municipios y los actores políticos en general evitar la difusión pública de probables avances o retrocesos respecto al pasado en los indicadores que se puedan derivar del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015, dada su patente y oficial falta de comparabilidad. Por ello, el CEEY también demandó permitir que el Coneval no emita cifras de pobreza con base en los datos del MCS 2015 para no confundir a la sociedad” y evitar que se utilice esa información “con finalidades políticas”, aun cuando ello impida actualizar la medición de pobreza por entidad federativa de 2010. Medir no sólo la magnitud de la pobreza y su dinámica, sino la desigualdad, es fundamental para tener certezas en torno a costos y beneficios de la política social y cómo éstos se reparten en los distintos grupos de la población, dijo el CEEY. Por lo tanto, el CEEY pidió legislar de “manera urgente” sobre la autonomía del Coneval, que fue aprobada constitucionalmente en 2014; legislación que se encuentra demorada en el Senado de la República. Es fundamental, también consideró, consolidar la autonomía y preservar la credibilidad que tienen tanto el Inegi como el Coneval. Asimismo, requirió que la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018 sea levantada con la metodología utilizada en 2014 y 2016 para que se pueda enlazar con los datos históricos. El pasado viernes, el Inegi publicó datos del ingreso de los hogares que no son comparables con los de los levantamientos previos, lo que imposibilita al Coneval realizar un cálculo de la pobreza que sea comparable con su serie histórica, iniciada apenas en 2008.
Este Consejo debe realizar mediciones de pobreza comparables en el tiempo para, al tener la cifra de mexicanos en situación de pobreza, poder guiar las acciones de política social, y determinar si la incidencia de la pobreza aumenta o disminuye en el transcurso del tiempo.
El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, dijo que "el que anda chueco va a terminar mal" en referencia a los homicidios que se han registrado en la entidad, y agregó que eso "no es un tema que afecte directamente a la ciudadanía".
“El que anda chueco va a terminar mal”, dijo el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, en referencia a las víctimas de los asesinatos cometidos en las últimas semanas en esa entidad y agregó que la violencia no ha afectado directamente a la ciudadanía. El gobernador se suma a los funcionarios locales que han asegurado que las víctimas de homicidio están vinculadas al crimen organizado, con el argumento de que los grupos delincuenciales sólo se atacan entre ellos. Esto pese a que se han contabilizado casos en los que las personas asesinadas no han tenido antecedentes de actividades delictivas. Uno de los casos es el de una mujer a quien le dispararon dentro de una papelería en la colonia Ampliación San Francisco, en León; otro joven que empezaba a trabajar en una cerrajería del bulevar Pradera y el dueño de un motel ubicado en el Libramiento Norte. “El que anda chueco va a terminar mal y ahora sí que ellos toman esa decisión, ustedes se fijan, afortunadamente ese no es un tema que afecte directamente a la ciudadanía, es un tema que se está dando entre ellos y aquellos que quieran irse por la puerta falsa, pues no se necesita ser muy inteligente para saber que van a terminar mal”, declaró el gobernador cuando se le cuestionó si la presencia de la Gendarmería Nacional ayudaría a reducir el número de homicidios en la entidad. Tan sólo durante el mes de junio, se contabilizaron 88 asesinatos en el estado de Guanajuato, de los cuales 21 fueron cometidos en el municipio de León, siendo la racha más violenta del año. Márquez Márquez también aprovechó para asegurar que la presencia de la Gendarmería Nacional no es la solución al problema de inseguridad y reiteró, aunque ya sin exigir, que se necesita mayor presencia de las autoridades federales redoblar la seguridad en Guanajuato.
“Vamos trabajando, ya ayer el Secretario de Gobierno habló con la Policía Federal de aquí y bueno, va trabajando. Lo que hemos hecho es un gran esfuerzo de manera coordinada e insisto, tanto Ejército, como la PGR, como con la Policía Federal y los elementos que tenemos aquí nosotros, y hay resultados, se han dado detenciones”, mencionó. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/ZONA FRANCA. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/los-andan-chueco-terminaran-mal-dice-gobernador-guanajuato-homicidios-la-entidad/
Monterrey, NL. Unos 500 maestros inconformes con la reforma educativa formaron una cadena humana que rodeó el Palacio de Gobierno, en rechazo a esa legislación. Los profesores aprovecharon para lanzar consignas de descalificación a la reforma educativa y hasta comenzaron una ronda con la que exigían que el gobernador Jaime Rodríguez saliera a dialogar una vez más con ellos. Después de la caminata y los cantos, los inconformes cubrieron las escalinatas del Palacio de Gobierno y se acomodaron a modo de barricada en respuesta a los cierres que el gobierno estatal impuso en la marcha del miércoles pasado. Los guardias del Palacio no se inmutaron y por ser cerca de las 19:00 horas tampoco hubo personal afectado por el bloqueo, pues ya las oficinas estaban casi vacías. La actividad duró casi dos horas.
Marcelo Montiel y Alberto Silva manejaron la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) cuando se comenzó a fraguar el fraude con empresas fantasmas investigadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Ahora cinco de esas firmas presentan facturas para que el Gobierno les pague otros millones que se ignora si fueron devengados.
Marcelo Montiel Montiel y Alberto Silva Ramos, hombres cercanos al Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, son quienes despacharon en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del estado mientras varias empresas “fantasmas” cobraron jugosos contratos por supuesta venta de bienes y servicios al Gobierno. Los nombres de al menos cinco firmas resaltan en el listado de adeudos que mantiene el Gobierno de Veracruz con proveedores y contratistas, pues son investigadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), luego de que el portal de noticias AnimalPolítico desnudara el entramado de corrupción empleado por los duartistas para saquear al erario. La deuda de la Sedesol de Veracruz asciende a más de 912 millones 748 mil 520 pesos. El entramado de los consorcios y fechas de creación y asignación de contratos, dejan ver que se fundaron dentro del lapso de Marcelo Montiel trabajando en la Sedesol estatal; y cuando dan de baja, las tareas y obligaciones de aprobar o rechazar contratos, pasan al duartista Silva, con quien la jauja siguió.
En la lista de empresas que reclaman pagos pendientes, aparecen las empresas DENLYLK S.A de C.V, BIENAR S.A de CV, Bloques 2DM S.A de C.V, Alifresh S.A. de C.V y AD911 SA de CV. Las cinco, a excepción de Alifresh, fueron creadas y contratadas durante el periodo en el que ocupó la Sedesol, de diciembre de 2010, al primer trimestre del 2013, cuando es dado de baja por el escándalo “ladrones de elecciones”. En ese escándalo, se escuchaba a connotados miembros del Gobierno planear como se robarían el dinero de los impuestos para desviarlo a la compra de votos.
“Los viejitos son oro molido”, dijo en una de esas reuniones Salvador Manzur, en ese entonces secretario de Finanzas del Gobierno de Veracruz.
“No es fácil robarse una elección: hay que saber a quién comprarle el voto”, le remachó Pablo Anaya en ese mismo encuentro, que entonces fungía como delegado del PRI en Boca del Río.
Y de Marcelo Montiel Montiel no se escuchó nada en esos encuentros, pero terminó denunciado sólo para brincar a la Sedesol federal, con su mismo equipo, entre ellos, Víctor Rodríguez Gallegos, ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Diputación local de Coatzacoalcos, misma que perdió de manera holgada frente a Movimiento Regeneración Nacional (Morena). En la Sedesol, Montiel Montiel no resultó ajeno a los escándalos por malos manejos. En junio de 2015, dos empleados de esa dependencia, terminaron en manos de las autoridades luego de haber sido sorprendidos en distintos cajeros de la ciudad, cuando retiraban sumas de dinero de tarjetas para beneficiarios de programas sociales. Ambos empleados fueron liberados al poco tiempo por la Procuraduría General de la República (PGR). En 2013, por ejemplo, fue creada la empresa AD911 SA de CV dedicada a la venta de materiales para la construcción, es una de las incluidas en la lista del SAT y ese mismo año obtuvo el contrato Ls-105t00000-225-13-225 para surtir material para el mejoramiento y construcción de vivienda en la región de Los Tuxtlas y La Olmeca. El contrato dice que las viviendas se tenían que haber construido en los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Agua Dulce, Las Choapas, Moloacán, Jáltipan, Acayucan, Texistepec, Sayula de Alemán, Oluta, Zaragoza, Oteapan, Mecayapan, Cosoleacaque, Hidalgotitlán, y otros tantos del sur, región que coordina Marcelo Montiel Montiel para el PRI. Viviendas que nunca se hicieron ni se mejoraron, y los beneficiarios se quedaron esperando el apoyo porque fueron víctimas de una de las empresas fantasmas del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, ésta convalidada por el ex Diputado local y dos veces ex Alcalde de Coatzacoalcos. Pero por ese contrato, AD911 cobró 5 millones 387 mil pesos. Ahora, esta misma firma reclama el pago de 629 mil pesos bajo la factura 69450 en la lista de deudores. Alifresh S.A. de C.V, la cual reclama las facturas 69397 y 69371, por 4 millones 99 mil pesos y un millón 559 mil pesos, respectivamente, por venta de material para la construcción, es la única del entramado que se creó dos meses antes de que Marcelo Montiel Montiel rindiera protesta como titular de la dependencia, pero en poco tiempo, se hizo de tres contratos que le rindieron 20 millones de pesos; esto, aunque sus instalaciones se ubiquen en una casa de interés social en el fraccionamiento Los Torrentes, del puerto de Veracruz. Bloques 2DM S.A de C.V, con la factura 69400, pide le paguen un millón 790 mil pesos por haber participado del programa de suministro de lotes de material para la construcción. En el historial de AnimalPolitico, documentan que cobró 38 millones de pesos por diversos contratos en la dministración de Marcelo Montiel Montiel. Se anota igual BIENAR S.A de CV, creada en junio de 2012, su dirección en Xalapa, coincide con una panadería y un consultorio, su apariencia física, cuestionó el reportaje de AnimalPolitico, no es “el de una empresa que facturó 18 millones en contratos con el Gobierno”. En el listado de deudores, demanda el pago de las facturas por el programa de suministro de lotes de material. Trabajó en diversos contratos en la zona norte del estado.
Importadora DENLYLK S.A de C.V, con el reclamo de las facturas 69394, 69396, 69389, por sendos adeudos de 4 millones 284 mil pesos, 696 mil pesos y la tercera por 449 mil. Esta empresa opera en la casa donde vive un taxista que no sabe nada sobre contratos millonarios con el Gobierno. FUNCIONARIO NOCIVO Desde diciembre de 2010, hasta enero del 2016, Marcelo Montiel Montiel figuró como cabeza de las dos instituciones encargadas de la política de desarrollo social en Veracruz. Primero de la Sedesol estatal, y de allí, a la federal, en la que fue sustituido por Anilú Ingram. Son cinco años en que sus decisiones y forma de trabajar resultaron la herramienta en que Veracruz se aplicó la Cruzada Nacional contra el Hambre, instrumentada por el Presidente Enrique Peña Nieto, su mayor reto en el tema de lucha contra la pobreza y la desigualdad, la cual en Veracruz resultó un rotundo fracaso. En su último informe, el Consejo Nacional para la Evaluación de Políticas Públicas (Coneval), en junio de 2015, informa que en Veracruz, en 2012, la población en pobreza, era de 4 millones 141 mil personas; y para el 2014, había pasado a 4 millones 634 mil individuos. Respecto a la pobreza extrema, en 2012, eran un millón 122 mil; para el 2014, pasó a un millón 370. Es decir, medio millón de nuevos pobres aportados por Veracruz al concierto nacional. Estas mediciones se realizaron en el tiempo que correspondió a Marcelo Montiel Montiel trabajar en los dos niveles de la Sedesol. Antes de llegar a esos puestos, transitó entre la Alcaldía de Coatzacoalcos y la Diputación local por el mismo distrito. El municipio de la ciudad, debe al menos 550 millones de pesos a instituciones bancarias por préstamos millonarios; buena parte de esos recursos, se solicitaron con él como Alcalde en su último periodo. Alberto Silva, ex Alcalde de Tuxpan, tampoco ayudó ni aportó a resolver la deuda que arrastra ese municipio desde hace unos 11 años con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación está ordenando que ese ayuntamiento pague 200 millones de pesos por adeudos atrasados.
Cuando salió el reportaje de AnimalPolitico, uno de los más furibundos defensores del Gobierno de Veracruz, resultó en Alberto Silva, cuyas redes sociales inundó con negaciones, comunicados, desmentidos y demás tratando de negar la participación del Gobierno de Veracruz en un mega fraude como ahora se sabe que es el escándalo de las empresas fantasmas del que ahora salió salpicado. FUENTE: SIN EMBARGO/BLOG EXPEDIENTE. AUTOR: REDACCIÓN/IGNACIO CARVAJAL. LINK: http://www.sinembargo.mx/20-07-2016/3068311
XALAPA, Ver: Los cuerpos de dos jóvenes reportados como secuestrados hace 10 días en el sur de Veracruz aparecieron en una casa de seguridad en el puerto de Coatzacoalcos. Roberto Cristián Luis Guillén y José Luis Sánchez Guillén, ambos de 27 años de edad, fueron encontrados boca abajo, con cinta atada en pies y manos y huellas de múltiples golpes en diversas partes del cuerpo. Como no presentaban heridas de bala, las autoridades ministeriales presumen que murieron asfixiados. El hallazgo de los cadáveres se hizo en una vivienda de la avenida Bernardo Somoní, colonia Vista Mar. Vecinos notaron inactividad y malos olores emanados del lugar y reportaron el hecho. Los cuerpos fueron encontrados en la sala. Ambos jóvenes fueron secuestrados el pasado 11 de julio y sus captores exigieron millón y medio de pesos por cada uno para su liberación.
Una fuente de la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que las familias de ambos jóvenes no alcanzaron a reunir todo el dinero que exigieron sus captores, por lo que solo pagaron una parte y no dieron aviso a las autoridades correspondientes. Por el estado de descomposición de los cuerpos, se presume que tanto Luis Guillén como Sánchez Guillen tenían cuatro o cinco días de haber sido privados de la vida.
CIUDAD DE MÉXICO: El presidente del Foro Permanente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para Cuestiones Indígenas, Álvaro Pop, lamentó los hechos violentos ocurridos el pasado 19 de junio en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, donde murieron al menos ocho personas, y urgió al gobierno federal a dialogar con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). En un comunicado, destacó que desde mayo los profesores de la CNTE mantienen una huelga y realizan protestas contra la reforma educativa impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, “por considerar que castiga a los docentes y no toma en cuenta las condiciones específicas de cada región del país”. Pop enfatizó que México ha reconocido formal y constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas y es signatario de los instrumentos internacionales que defienden las garantías de esas comunidades. En esos documentos, apuntó, se hace referencia al derecho de los pueblos indígenas a la educación en línea con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. Luego de recordar que Oaxaca es el estado mexicano con mayor diversidad cultural, indicó que además de la realidad social y económica del país, cualquier reforma educativa debe tomar en consideración los elementos étnico y cultural. En este contexto, el funcionario de la ONU urgió al gobierno de México a dialogar con la CNTE “para buscar una solución que respete las obligaciones nacionales e internacionales adquiridas por el país para promover y proteger los derechos de sus pueblos indígenas”. Las conversaciones entre la CNTE y las autoridades tras los hechos de Nochixtlán, apuntó, no han logrado ningún acuerdo, y ayer los maestros declararon suspendida la mesa de trabajo.
La presentación de un modelo educativo por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE) busca, como lo hemos señalado, quitarnos legitimidad como interlocutores en una mesa paralela, “estamos construyendo una propuesta pero nos anuncian que hoy será presentada esta propuesta”, lo cual afectara el diálogo, advirtieron integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) luego de señalar la “incapacidad” del gobierno al al finalizar la “mesa educativa” con la Secretaría de Gobernación la tarde de ayer. “Dijimos que se trataba de una maniobra de doble carril, donde ellos presentan su modelo y, por otro lado, tienen una mesita con la CNTE. Es tratar, otra vez, de dar interlocución, pero con dos carriles, donde en uno (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) sí dan, y en otro sólo buscan administrar el conflicto” afirmaron líderes de la Coordinadora. A la par de que la Segob ha mantenido ya 5 reuniones de negociación, de las que no se han tenido resultados ni acuerdos relevantes, la SEP se ha entrevistado con integrantes del SNTE para acordar modificaciones a la Reforma Educativa, referentes a las consecuencias punitivas de la evaluación docente que han sido señaladas por la CNTE en reiteradas ocasiones sin ser escuchadas. Sobre la quinta reunión con Segob, la comisión académica, señaló a través de Hugo Casanova, profesor de del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), que se llegó a un momento de “tensión y desencuentro” como resultado de la incapacidad de los representantes de gobierno federal para ser un puente entre la posición de la SEP y el gobierno y la CNTE e de impedir la presentación del modelo educativo. Los planteamientos de la CNTE fueron avalados por 15 miembros de una comisión interinstitucional de académicos y de investigadores en congruencia con los planteamientos hechos por el magisterio disidente sobre la necesidad de incluir a todas y todos los involucrados necesarios en el establecimiento de un nuevo modelo educativo lo que incluye a academia e investigadores quienes dijeron luego de la reunión que “compartimos los planteamientos pedagógicos de la CNTE, aunque no formemos parte del magisterio disidente” . Además de la academia, en este encuentro participó la Comisión Nacional de Mediación, los representantes de Gobernación y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) así como 40 dirigentes de la CNTE entre ellos los líderes de Chiapas, Adelfo Alejandro; Michoacán, Víctor Manuel Zavala; Guerrero, Ramos Reyes, y la Ciudad de México, Enrique Enríquez Ibarra.. Se trata de la quinta mesa de negociación en la que el magisterio disidente no valora avances relevantes en una serie de conversaciones en las se intenta un diálogo que permita escuchar y dar solución a las demandas establecidas por maestras y maestros en México y a las que se han sumado ya, madres y padres de familia, organizaciones sociales y población en general al avalar las exigencias de las y los docentes con consecuencias graves de las que, su reparación, se encuentran incluidas en las demandas que exige el magisterio.
Entre las consecuencias que la Coordinadora exige sean atendidas y de las que el gobierno, dicen, no ha dado respuesta clara, están: la represión que el gobierno federal y los estatales han ejercido en contra del movimiento magisterial, organizaciones nacionales e internacionales han registrado violaciones a los derechos humanos, al menos 11 pérdidas humanas y 100 heridas en Nochixtlán, Oaxaca, personas presas por motivos políticos, desapariciones, detenciones, cesamientos a profesoras y profesores disidentes y retención de salarios, entre otras. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: https://desinformemonos.org/gobierno-hace-maniobra-de-doble-carril-a-snte-le-da-resultados-y-con-cnte-administra-conflicto/
Denuncian agresión contra ejidatarios del municipio de Halachó en Yucatán y daños al patrimonio de la organización civil equipo Indignación de los que acusan, como autor intelectual, a Herbert Zumárraga Rejón. Al mismo tiempo señalan que la diligencia del Ministerio Público para atender las denuncias interpuestas por Zumárraga, cuando ha intentado criminalizar a las y los dueños de las tierras, contrasta con la reticencia del mismo Ministerio Público para aceptar la denuncia por el daño a las llantas de la camioneta de la organización y por el permanente hostigamiento de personas empleadas del empresario en su contra “al amenazarlos continuamente, mover o dañar sus alambrados, cerrar caminos y hostigarlos de distintas formas” denunciaron. El ataque ocurrió durante un recorrido por los terrenos de los ejidatarios para mostrar y explicar la situación a un asesor del ejido y del equipo Indignación cuando un empleado del señor Zumárraga tomaba fotos de las personas que se encontraban haciendo dicho recorrido. Cuando regresaron al lugar en el que habían dejado la camioneta, encontraron parado junto a la camioneta, a un hombre de nombre Raymundo Moo Yah, empleado de Zumárraga, y encontraron las dos llantas delanteras dañadas. El trabajador del empresario no negó que él hubiese cometido el daño y amenazó a los compañeros ejidatarios y al asesor agrario. Las y los ejidatarios de Halachó que defienden sus tierras y que han promovido la Acción Restitutoria, por el despojo que enfrentan, vivieron esta nueva agresión por parte de un trabajador de Zumárraga Rejón, señalaron que la agresión también estuvo dirigida contra el equipo Indignación, puesto que el daño fue precisamente a la camioneta de este centro de derechos humanos, particularmente a las llantas delanteras de la camioneta, que fueron dañadas con un objeto punzocortante y quedaron inutilizables. Además presisan, que el evento ocurrió durante el recorrido por una de las parcelas que está en posesión de uno de los ejidatarios, por lo que el empleado de Zumárraga tuvo que entrar indebidamente a este terreno para dañar la camioneta. Explican la camioneta estaba prácticamente inutilizable, pero aún así decidieron retirarse de ahí ante las amenazas y para evitar enfrentamientos. Al acudir a un taller a reparar las llantas, el mecánico dijo que fue con un objeto punzocortante con lo que se atravesó todas las capas de ambas llantas. Por estos hechos y después de tener que insistir, acusan, puesto que el Ministerio Público se negaba a aceptar la denuncia, se abrió la carpeta de investigación 516/2016 ante la agencia décimo sexta con sede en Maxcanú, Yucatán. A través de una demanda de acción restitutoria, presentada en abril de 2015 ante el Tribunal Unitario Agrario, campesinos mayas ejidatarios de Halachó defienden sus tierras, invadidas por el señor Herbert Zumárraga Rejón. Al respecto, En abril de 2015, durante su estancia en Yucatán, Rose-Marie Belle Antoine, presidenta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), señaló entre sus observaciones que desde hace cinco años 1,825 ejidatarios pelean por recuperar 581 hectáreas que Herbert Zumárraga Rejón les quitó con documentación falsa a sus dueños legítimos. Además del despojo de sus tierras y la afectación de su territorio, los ejidatarios enfrentan, desde entonces, un hostigamiento judicial por parte del señor Zumárraga, quien a raíz de la adquisición de la Quinta San Jerónimo Kuncheila, se arroga la propiedad de una extensión mucho mayor de hectáreas que rodean la quinta. La acción restitutoria pretende obtener una resolución agraria para enfrentar el despojo de más de 500 hectáreas que ha invadido y pretendido cercar el empresario, y demostrar que se trata de tierras ejidales y comunales y, a fin de cuentas, parte del territorio que como pueblo maya les corresponde.
A dos meses de la masacre cometida contra población de Nochixtlan, Oaxaca, que acompañaba las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en esa localidad, alistan peritajes en los que señalan que la Policía Federal no causó ninguno de los decesos sino “armas de policías estatales de Oaxaca y de civiles armados” información que deberá corroborar la Procuraduría General de la República (PGR) y dar su veredicto. Las investigaciones que hacen parte del debido proceso y de la reparación del daño, que exigen desde el día de los hechos familiares de las víctimas y organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, estas tardaron dos semanas en iniciarse y según la Policía Federal, a través de su División Científica y los Servicios Periciales de la PGR ya han llevado a cabo dictámenes periciales de las armas disparadas por los agentes federales así como el análisis a las utilizadas por agentes de la policía estatal por lo que tocaría explicar los resultados. Las y los funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional, señalaron según información del periódico La Jornada, que “ninguna de las armas de la Policía Federal que fueron accionadas durante los enfrentamientos en esa comunidad oaxaqueña habría hecho blanco en las personas que murieron”. Al respecto Arely Gómez, titular de La Procuraduría General de la República (PGR), dijo que la dependencia trabaja el caso “de acuerdo con los plazos que rige su legislación” y se encuentra en el deslinde de responsabilidades, afirmó que, se realizan las investigaciones en materia pericial, ministerial y policial. Por su parte, el alcalde de San Juan Mixtepec, Adolfo Gómez, integrante de la Caravana motorizada de los Pueblos Originarios de Oaxaca por la Paz y la Justicia que llegó ayer desde Oaxaca para sumarse a la exigencia de justicia por los crímenes perpetrados en ese pueblo, dijo que el acercamiento del titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el subsecretario de Derechos Humanos de la dependencia, Roberto Campa, con familiares de las víctimas de Nochixtlán es “puro circo para tomarse la foto” por lo que demandó castigo para todos los responsables, materiales e intelectuales. Por su parte, Luz Irene del Carmen Montes Lara, presidenta municipal de Santo Domingo Yanhuitlán, también integrante de la caravana dijo “Hoy venimos aquí con dignidad, con fuerza, con coraje, con rabia, a exigir que se atiendan las demandas de los huérfanos y de las viudas; que se atienda a los heridos y se castigue a los cobardes y traidores que dieron la orden de masacrar a nuestra sangre”.
El 19 de junio la policía federal y estatal atacó con armas de fuego a población de Asunción, Nochixtlán en Oaxaca, mientras se manifestaban junto a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en una barricada establecida en la carretera México-Oaxaca justo en el crucero de dicha población. Como producto de la represión cometida por la policía, fueron asesinadas 11 personas, según cifras de la población y el magisterio disidente, y 8 en cifras del gobierno, además de resultar heridas más de 100 personas que enfrentaron complicaciones para acceder a los servicios de salud que en algunos casos les fueron negados y en otros no se acudió a ellos por temor a las represalias. Hasta ahora no hay una reparación integral del daño. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: https://desinformemonos.org/preparan-informe-para-deslindar-responsabilidades-de-la-policia-federal-en-caso-nochixtlan/
La Secretaría hará una consulta para "recabar la opinión de la sociedad sobre el nuevo modelo educativo y la propuesta curricular a partir de la cual se elaborarán los nuevos planes y programas de estudio y los libros de texto". Todos los cambios entrarían en vigor en el ciclo escolar 2018-2019. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, presentó las propuestas de lo que se convertirá en el nuevo Modelo Educativo Nacional de la educación básica y media superior, el cual consta de tres documentos. Con los textos “Los fines de la educación”, el “Modelo Educativo 2016. Planteamiento pedagógico de la reforma educativa” y la “Propuesta curricular de educación obligatoria”, dados a conocer este miércoles, se cumple el mandato de ley de hacer una revisión y actualización del modelo educativo. “La historia del mundo muestra que las naciones que han logrado prosperar, lo han hecho a través de la educación; no hay atajos ni soluciones fáciles”, subrayó el funcionario este miércoles.
Territorios Indómitos Mientras cientos de empresas forestales comunitarias mexicanas luchan por sobrevivir en el ambiente de ilegalidad que propician las dependencias gubernamentales y el crimen organizado, el secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacciano, se pasea por la FAO en Roma con un discurso deslumbrante, palabras huecas si se mira lo que está pasando con los bosques en México. Durante la inauguración, de la 23ª sesión del Comité Forestal Global convocada por la FAO, el secretario Pacciano, destacó la importancia del manejo sustentable de los bosques por parte de las comunidades como estrategia central para conservar la biodiversidad y detener la deforestación [1], de cara a la Reunión de las Partes de la Convención de Diversidad Biológica de la ONU (COP 13 de la CDB), que tendrá verificativo en Cancún a finales de este año. En ese mismo foro, en Roma, la FAO publicó el documento Estado de los Bosques 2016 [2], un estudio sobre la situación de los bosques en el mundo, en el que destaca que los bosques en las zonas tropicales siguen siendo destruidos a tasas aceleradas. Según datos de la plataforma Global Forest Watch [3] (generada por el prestigioso World Resources Institute [4]), tan sólo en México se pierden cerca de ciento cuarenta mil hectáreas de bosques anualmente. México se ha comprometido a alcanzar la meta de una tasa de deforestación cero para el 2030 [5], pero si proyectamos la tendencia seguida los últimos años; si tomamos en cuenta el hecho de que el compromiso gubernamental ante el manejo forestal comunitario es magro y contradictorio, y consideramos su indiferencia ante el mercado ilegal de madera y la prevalencia de subsidios a las vacas, a la soya y a la palma de aceite (los principales causantes de la deforestación que señala el documento de la FAO), lo más probable es que el promedio anual de pérdida de bosques se mantenga por encima de las ciento cuarenta mil hectáreas por muchos años. Esto se suma a una cantidad indeterminada de hectáreas de bosque que mantienen una cierta cobertura forestal, pero en condiciones severamente degradadas, donde se pierde biodiversidad y suelos y se deja de capturar carbono. Muchos funcionarios públicos argumentan que la pérdida de cobertura forestal se compensará con el establecimiento de plantaciones forestales, como la palma de aceite y el eucalipto, pero difícilmente tales plantaciones pueden considerarse bosques, ya que lejos de contribuir al mantenimiento de los servicios ecosistémicos, son monocultivos que depredan el suelo y el agua a la vez que liquidan la biodiversidad nativa. Como además suelen utilizarse para la producción de aceites, fibras y combustibles, contribuyen muy poco a la fijación de carbono. Volviendo a la visita del secretario Pacciano a Roma, ésta se convirtió más que nada en una promoción del ‘gran potencial de México en el tema de plantaciones forestales’, según da cuenta el propio boletín de la Semarnat al respecto. México no cuenta con un instrumento efectivo y una normatividad que permitan estimar la tasa real de pérdida y degradación de las selvas y bosques, pese a que organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales y Greenpeace, entre otras, han demandado desde hace lustros que exista transparencia y claridad en este rubro. El manejo de los datos de deforestación y degradación de bosques y selvas, así como el de ilegalidad en el mercado forestal, es discrecional, de manera similar a lo que ocurre con los datos de medición de la pobreza de Inegi: dependiendo de lo que se pretende demostrar, se utiliza determinada metodología, pero no existe un estándar legal que permita hacer comparaciones y proyecciones de manera objetiva. Así, mientras organismos internacionales como Global Forest Trends estima un promedio anual de la pérdida de cobertura forestal para México para el periodo 2010 – 2015 en cerca de 140 mil hectáreas, el secretario Pacciano mencionó en el evento del Día del Árbol el pasado 14 de julio, que ya son ‘solamente’ 91,000 hectáreas de selvas y bosques las que se pierden cada año, y que esta cifra está bajando. Mediante un análisis estadístico sencillo (una regresión lineal) de los datos para México de Global Forest Trends de los últimos quince años, al paso que vamos la ‘deforestación cero’ no se alcanzará antes del año 2056. Y peor aún si se continúa con la tendencia actual de favorecer actividades agrícolas no sustentables a costa de los bosques, como la promoción activa que hacen funcionarios del gobierno federal que usando subsidios y recursos oficiales promueven la ganadería extensiva o la siembra de soya transgénica en terrenos forestales de las comunidades indígenas de la Península de Yucatán y otras regiones del país. Diversas experiencias en todo el mundo y en particular en México [6] han mostrado que una manera efectiva de detener la deforestación, aumentar la cobertura forestal, conservar la biodiversidad, mantener la infiltración de agua a los acuíferos, conservar los suelos e incrementar los acervos de carbono, es el manejo sustentable de los territorios forestales por las comunidades que los habitan. Este tema es ampliamente reconocido por la FAO en el documento arriba señalado; en él se da clara cuenta no sólo de que es posible producir los alimentos que el mundo requiere sin dañar los bosques, sino que por el contrario la pérdida de los bosques pone en serio riesgo la seguridad alimentaria al degradar los suelos y perturbar los patrones hídricos y climáticos de los que depende la agricultura. En el discurso, muchas autoridades mexicanas, incluido el Secretario de Semarnat, parecen estar de acuerdo con estos planteamientos, pero en los hechos retrasan autorizaciones, ponen trabas, trámites y obstáculos al aprovechamiento forestal sustentable que tratan de llevar a cabo las comunidades y ejidos a los cuales criminalizan y persiguen. A la vez, las autoridades omiten perseguir a los verdaderos criminales ambientales en los puertos, madererías y algunas grandes empresas importadoras de madera, e incluso se favorece el comercio ilegal de madera (y por ende la deforestación) a través de las compras de gobierno, que se realizan a ciegas, sin contar con instrumentos efectivos para saber si se trata o no de productos legales. [1] https://www.gob.mx/semarnat/prensa/destaca-mexico-ante-integrantes-de-la-fao-objetivos-de-la-cop13-en-materia-forestal [2] http://www.fao.org/3/a-i5588s.pdf [3] http://data.globalforestwatch.org/datasets?keyword=MEX [4] http://www.wri.org/our-work/project/global-forest-watch [5] http://www.inecc.gob.mx/acerca/difusion-cp-inecc/1279-indc [6] White, A., Molnar, A. Martin, A. 2002. To Johannesburg and Beyond: Strategic Options to Advance the Conservation of Natural Forests. Forest Trends. 28 pp https://www.commdev.org/userfiles/mexicos_community_managed_forests.pdf FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS AUTOR: RAÚL BENET LINK: http://aristeguinoticias.com/2007/mexico/palabras-huecas-sobre-la-deforestacion-en-mexico/
Ciudad de México. La empresa española de energía Iberdrola, incorporó al ex presidente mexicano Felipe Calderon a su filial estadunidense Avangrid. Iberdrola tiene en México importantes inversiones con la Comisión Federal de Electricidad, y tiene trabajo en el desarrollo de energías limpias. A tres años de haber dejado la Presidencia de México, Calderón será comisionado de Avangrid que es una de las mayores empresas de generación de electricidad en Estados Unidos, resultado de la integración de Iberdrola USA y UIL Holdings Corporation. Antes de que Calderón se integrara al equipo de trabajo de Iberdrola por medio de Avangrid, lo hizo su ex secretaria de Energía, Georgina Kessel quien aparece como vocal en el Consejo de Administración de Iberdrola España.
"Soy un amigo. P.,F. Y S. no deben andar solos por el momento", le advierten de forma anónima. Paulo Díez Gargari, abogado de Infraiber, la empresa que mantiene desde hace tres años una disputa con OHL, presentó una denuncia el pasado sábado 16 de julio ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, por una amenaza contra sus tres hijos. “Soy un amigo. P.,F. Y S. no deben andar solos por el momento”, fue la advertencia en una hoja de papel, que el abogado encontró en su casa el pasado fin de semana. Las letras P, F y S son las iniciales de los nombres de cada uno de sus hijos. En una carta dirigida a la procuradora General de la República, Arely Gómez, el abogado afirmó que esta intimidación podría buscar que no siga denunciando “más la corrupción e impunidad de la que OHL se ha beneficiado durante años, tanto en el Estado de México como en sus tratos con algunas dependencias y entidades del Gobierno Federal, durante la administración del Presidente Peña Nieto”. Aseguró que existen elementos suficientes para considerar seriamente la hipótesis de que este esquema “criminal” pudo haber sido aprobado “desde las más altas cumbres del poder en nuestro país. La PGR insiste en no investigarlo”. “Todo el mundo sabe lo que ocurre aquí, Procuradora, pero muchos prefieren volver la vista a otro lado. Todo el mundo sabe que OHL es el ENRON de nuestros días y que el Circuito Exterior Mexiquense es el caso de corrupción más grave de la historia reciente…”, sostuvo en la misiva que compartió con este sitio. Además, el abogado recordó que el 7 de septiembre del año pasado, agentes de la PGR le sembraron una pistola en su auto. “La atención a este asunto (la amenaza) no puede posponerse un minuto más”, aseveró. Aquí la carta de Díez Gargari: Escrito 19 07 16 (1) by Aristegui Noticias on Scribd:
Núñez podría enfrentar su proceso penal en libertad, pero cumpliendo con medidas cautelares como podrían ser el pago de una fianza y la prohibición de participar en las movilizaciones del magisterio disidente. La defensa del líder magisterial, Rubén Núñez Ginés, interpuso un nuevo juicio de amparo para impugnar los obstáculos que han presentado las autoridades penitenciarias federales para permitir la liberación bajo fianza del dirigente de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El abogado Hugo Serafín Paz explicó que la demanda de amparo ya fue admitida por el Juez Primero de Distrito del Estado de Oaxaca, Miguel Arroyo Herrera, quien le asignó el número de expediente 1249/2016, fijando como fecha de la próxima audiencia el 10 de agosto de 2016. De acuerdo con el defensor del líder magisterial, el recurso legal tiene como fin obligar a que el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) ponga a su cliente a disposición del Juez Segundo de lo Penal del Centro de Oaxaca, para que se pueda llevar a cabo la audiencia de medidas cautelares que permita liberar a Rubén Núñez. El líder de la Sección 22 de la CNTE enfrenta cargos en el fuero común por los delitos de robo y tentativa de homicidio, mismos que no se consideran graves en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que Núñez podría enfrentar su proceso penal en libertad, pero cumpliendo con medidas cautelares como podrían ser el pago de una fianza y la prohibición de participar en las movilizaciones del magisterio disidente. Por lo anterior, una vez que la autoridad penitenciaria ponga a Rubén Núñez a disposición del Juez Segundo de lo Penal de Oaxaca, este podrá celebrar la audiencia de medidas cautelares que permitirían su liberación, puesto que el líder de la Sección 22 enfrenta cargos que no ameritan privarlo de la libertad de forma oficiosa o automática. En sus primeros acuerdos, el juez de la causa emplazó a comparecer a los representantes legales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en su calidad de tercer interesado en el proceso penal que se le sigue a Núñez Ginés por el delito de robo. De igual forma, fue emplazado a expresar su punto de vista jurídico el profesor Pedro Caballero Bolaños, integrante de la sección 59 del SNTE, quien denunció a los integrantes del magisterio disidente por una presunta golpiza que recibió durante una de las movilizaciones de la Sección 22 del CNTE, registrada el 30 de agosto del 2014. De esa acusación, se deriva la imputación por tentativa de homicidio en contra de Rubén Núñez. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS AUTOR: JUAN OMAR FIERRO LINK: http://aristeguinoticias.com/2007/mexico/presentan-amparo-para-liberar-bajo-fianza-al-lider-de-la-cnte-ruben-nunez/