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Fiscalía campechana solicita desafuero de “Alito”; es cortina de humo, responde priista

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECAM) presentó, el 23 de julio de 2025, una solicitud de declaración de procedencia ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para retirar el fuero a Rafael Alejandro Moreno Cárdenas -también conocido como “Alito”-, senador y presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), desde el 11 de agosto de 2024.

La institución de procuración de justicia estatal imputó al legislador federal los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones por un presunto desvío de 83 millones 508 mil pesos, documentado en cuatro carpetas de investigación, mismas que ya fueron judicializadas.

Según el expediente entregado en San Lázaro, los casos investigados se relacionaron con la construcción de la Plaza Colosio (18.2 millones de pesos); la simulación de servicios en la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche (27.2 millones de pesos); contratos de publicidad a la televisora local Mayavisión (14.1 millones de pesos); y la contratación de una empresa de buceo reconvertida en consultora fiscal, para la Administración Portuaria Integral de Campeche (23.8 millones de pesos).

La FECAM informó, a través de un comunicado, que 17 ex funcionarios de la Administración estatal de “Alito” -del 16 de septiembre de 2015 al 13 de junio de 2019-, fueron vinculados a proceso y que dos personas obtuvieron un criterio de oportunidad para colaborar con las indagatorias. Por su parte, la Secretaría General de la Cámara Baja del Congreso de la Unión turnó el expediente a la Sección Instructora de San Lázaro.

Una vez notificado el senador, el órgano legislativo dispondría de treinta días hábiles para recibir pruebas y alegatos. Posteriormente enviaría un dictamen al Pleno de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, que resolvería en votación nominal si procedería o no la separación del cargo y la sujeción a proceso penal.

“Veo a este gobierno más tenso que nunca. En Morena andan tan desesperados por cubrir sus escándalos, que ya ni ellos mismos saben cuántas cortinas de humo levantaron. La caja china la traen al máximo, pero ni así logran esconder lo que pasa”, respondió Moreno Cárdenas, en su cuenta de la red social X.

“Ya ni entre ellos se aguantan. El pleito es interno, el hambre de poder y control está fuera de control. Y como siempre, el pueblo de México es quien paga las consecuencias de los pleitos en Morena. Acepten lo inevitable: se les acabó el tiempo. Juzguen a sus vacas sagradas, hagan lo que se tiene que hacer. Gobernar es una responsabilidad, no un pacto de impunidad entre cuates”, enfatizó “Alito”.

La Cámara de Diputados aprobó el 24 de junio de 2025 la integración de la Sección Instructora, presidida por el diputado de Morena, Jaime Humberto Pérez Bernabé, e integrada por Leonel Godoy Rangel, también de Morena, así como por Rubén Ignacio Moreira Valdez, del PRI y José Elías Lixa Abimerhi, del Partido Acción Nacional (PAN).

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Supuestos agentes de FESC catean, golpean y roban a policía ministerial en Mexicali

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el robo y lesiones que sufrió una agente de investigación de Tijuana mientras se encontraba en su domicilio en el fraccionamiento Balboa Residencial en Mexicali, durante la madrugada del lunes 28 de julio. La denunciante advierte que los asaltantes aseguraron pertenecer a la policía Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) quienes se llevaron 200 mil pesos en efectivo, más joyas y objetos de valor.

El reporte policíaco se hizo a las dos de la madrugada en donde la víctima advierte que en el supuesto cateo participaron 20 personas, la mayoría portando prendas oficiales, todos armados con diferentes calibres, y que llegaron en al menos tres unidades.

“Hay una denuncia de la agente toda vez que dice que se introdujeron en su domicilio un grupo de agentes sin orden de cateo. Nosotros ya iniciamos la carpeta de investigación, incluso ya solicitamos a la Secretaría (de seguridad estatal) que en principio a ellos también les competería la investigación, ellos aducen que ya están investigando en su área de asuntos internos sobre sus agentes si participaron. Aún no nos dan información de ellos”, respondió Rafael Orozco, fiscal central de FGE en Baja California.

Durante la revisión de las cámaras de vigilancia, se tiene información preliminar de dos unidades que pudieron ser utilizadas en el atraco contra el domicilio de la policía de Tijuana. Pero aún no se puede determinar que agentes estatales hayan participado en el asalto organizado como cateo.

“En cuanto a lo que está en investigación, es una etapa muy inicial y sería muy irresponsable pasar información. Aún no tenemos identificados de quiénes estuvieron ahí para poderlo afirmar de esa manera. Sin embargo si es un tema muy preocupante, hayan sido o no agentes, es muy importante y ya estaremos en las próximas horas informando ya que tengamos información del evento”, advirtió el fiscal Orozco.

La policía ministerial advierte que durante el supuesto cateo fueron lesionados sus familiares, mayores y menores de edad, que fueron sorprendidos durante la noche del domingo y madrugada del lunes en Mexicali.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ERNESTO ESLAVA.

Matan a Reyna Belén de 23 años en Oaxaca

De enero a este 28 de julio, contabilizan 47 mujeres asesinadas en Oaxaca.

Sin vida y con impactos de bala fue hallada Reyna Belen de 23 años, a la altura de la rivera del Río de los perros, en la octava sección Cheguigo de Juchitán, Oaxaca.

Al lugar, arribaron las autoridades de justicia y acordonaron la zona, sin embargo, sus familiares se llevaron su cuerpo.

Este feminicidio ocurre a menos de una semana del feminicidio de Marbel, otra mujer zapoteca que fue ultimada a balazos en pleno centro de esta ciudad zapoteca.

Lo que sabe es que Reyna Belén vivía en la novena sección, una de las zonas con más alta marginación y pobreza de Juchitán.

Julio, mes feminicida para Juchitán

Julio se volvió el mes más violento y feminicida para las zapotecas de Juchitán, Oaxaca.

Maricela, Violeta, Marbel y Reyna Belén son las cuatro mujeres que fueron asesinadas de forma violenta en esta ciudad oaxaqueña.

De los cuatro feminicidios, solo hay una persona detenida y es el novio de Maricela, mientras que de los otros tres feminicidios continúan en la impunidad.

Colectivas y feministas hicieron una exigencia urgente al gobierno de Oaxaca y a las autoridades a blindar la vida de las mujeres y privilegiar programas de prevención.

Además, lamentaron que el Istmo de Tehuantepec siga ocupando el primer lugar en feminicidios.

De acuerdo con el Grupo de Estudios para la Mujer “Rosario Castellanos”, de enero a este 28 de julio, contabilizan 47 mujeres asesinadas en Oaxaca.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: DIANA MANZO.

Presentan nueva estrategia contra despojos en CDMX: hasta 22 años de prisión

Además, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció la creación de la Unidad Operativa Especializada contra el Despojo.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó este martes la nueva estrategia para combatir los despojos de inmuebles en la capital.

De acuerdo con un comunicado del gobierno capitalino, la nueva estrategia contra despojos incluye el fortalecimiento institucional e iniciativas de reformas legales para sancionar, con hasta 22 años de prisión, a quienes incurran en este delito.

Además, también se considera establecer un blindaje contra la corrupción y el uso de documentos apócrifos, todo con la finalidad de proteger a las personas, su patrimonio y sus derechos, señala el documento.

“Vamos a hacer frente a este delito de manera coordinada y con un equipo especial de funcionarios que revisarán caso por caso y actuarán de forma inmediata. Como sabemos, el delito de despojo es un fenómeno multifactorial y estructural que combina vacíos legales, corrupción, debilidad institucional y muchas veces redes criminales que operan con total impunidad”, indicó la titular del Ejecutivo local.

En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina explicó que la estrategia incluye las acciones del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, el cual revisa los casos de la ciudadanía y está integrado por diversas dependencias capitalinas, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Poder Judicial local.

Además, anunció la creación de la Unidad Operativa Especializada contra el Despojo, que dependerá de la Secretaría de Gobierno, y refirió que en los próximos días se enviarán al Congreso de la Ciudad de México un conjunto de iniciativas de reformas, que incluyen aumentar las penas por despojo y sus agravantes, sanciones que alcanzarán entre 11 y 22 años de prisión.

Añadió que se implementarán penas a quienes operen este delito en zonas de conservación ecológica o con valor histórico o patrimonial, y se crearán mecanismos de protección cautelar. La estrategia, dijo, combina esfuerzos para el fortalecimiento institucional y mecanismos para que la población pueda ser asesorada y apoyada.

La mandataria capitalina sostuvo que “cuidar los hogares es cuidar la paz en esta ciudad y la seguridad de las familias, y defender el patrimonio de las familias es defender el bienestar de las personas en esta ciudad”.

En tanto, la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que se reformará el artículo 237 del Código Penal de la Ciudad de México para sancionar el despojo con penas de seis a 11 años de prisión en su tipo base, y de 12 a 22 años de prisión cuando existan agravantes.

Entre las nuevas agravantes están las siguientes:

Cuando participen personas que simulen tener un cargo público; cuando se suplante la identidad del legítimo propietario o poseedor del inmueble o de su representación legal; cuando participe una persona titular de notaría pública en ejercicio o con motivo de sus funciones, o personas que, sin tener carácter de notario, accedan a documentos o datos notariales, en virtud de una relación laboral. También se consideran agravantes cuando el despojo se trate de un predio declarado área natural protegida, o sea, un inmueble propiedad del gobierno capitalino, entre otras.

Bertha Alcalde señaló que se propone agregar un artículo 238 Bis para equiparar ciertas conductas con el delito de despojo.
“La idea es que cuando haya inmuebles que están ocupados por personas que no tienen derecho como tal, a ocuparlo, más allá del tema del proceso legal correspondiente al proceso civil que atienda de quién es, quién es el dueño de este inmueble, si hay como tal una solicitud de la autoridad, de que este inmueble debe ser desalojado como tal, estas solicitudes se van a analizar en el gabinete, para estar seguros de que sean solicitudes legítimas y legales, y si las personas deciden no desocupar el inmueble, esta conducta se va a equiparar, como tal, al despojo”, explicó.

La otra conducta que será considerada despojo es cuando valiéndose de un cargo público, de su calidad de notario, de cualquier agrupación de carácter sindical o social, participe en el despojo u obtenga cualquier beneficio. Estas reformas también servirán para castigar a grupos delincuenciales dedicados a la ocupación ilegal de inmuebles.

Asimismo la fiscal informó que este año se han asegurado 265 inmuebles por delitos de despojo, de los cuales se han devuelto 196 a sus propietarios.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Campamento del CJNG en Aguascalientes tenía a 4 hombres reportados como desaparecidos

Las autoridades dieron a conocer que cuatro de los 18 detenidos en un operativo contra un campamento del crimen organizado en Aguascalientes tenían ficha de desaparición.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Aguascalientes confirmó este martes que cuatro de las 18 personas detenidas durante un operativo realizado en la comunidad de Pabellón de Hidalgo, municipio de Rincón de Romos, tenían reportes de desaparición vigentes.

El titular del organismo, Manuel Alonso García, detalló que estas personas contaban con carpetas de búsqueda iniciadas en distintos momentos por sus familiares, luego de que una madre buscadora señalara en redes sociales que reconocía a sus hijos entre el grupo de detenidos.
“De los cuatro nombres que están por verificarse, nosotros tenemos carpetas de personas ausentes. [También] sabemos que, de los 18, hay una persona extranjera; los demás son mexicanos, originarios de Aguascalientes, Jalisco y Michoacán”, destacó.
La detención ocurrió el sábado 26 de julio, cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal localizaron un presunto laboratorio de drogas que, según las indagatorias, era operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante el operativo, los elementos de seguridad identificaron a varios sujetos armados en un área que aparentaba ser utilizada como campamento de adiestramiento por un grupo delictivo, lo que dio pie a una acción táctica inmediata.

Como resultado, 18 personas fueron detenidas; se aseguraron 20 armas de fuego, un lanzagranadas, 28 chalecos tácticos, cascos, cargadores, cartuchos útiles, fornituras y aproximadamente un kilo de una sustancia en polvo blanco.

Ante ello, el funcionario aseguró recientemente que los involucrados "no estaban en un lugar cerrado, ni privados de la libertad", debido a que dichos "delincuentes se encontraban presuntamente en un área abierta" y sin amenazas.

Sin embargo, uno de los detenidos resultó lesionado durante la intervención y fue trasladado a un hospital, bajo custodia, para recibir atención médica especializada, según informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal en un comunicado del pasado 26 de julio.


En respuesta al operativo, se reportaron bloqueos carreteros y la quema de vehículos en distintas zonas del municipio, por lo que se desplegaron dispositivos de seguridad para restablecer el orden y garantizar la protección de la población.

Además, se registraron al menos tres saqueos y la quema de tiendas de conveniencia Oxxo, ubicadas en la capital del estado, así como en los municipios de Jesús María y San Francisco de los Romo.

En tanto, los detenidos fueron informados de sus derechos conforme a la Ley y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en el marco de las investigaciones que ahora están bajo responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR).

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

FMI eleva a 0.2 % previsión de crecimiento económico para México en medio de incertidumbre por aranceles de EU

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía global crezca este 2025 un 3 % en vez del 2.8 % pronosticado en abril, cuando se proyectaba un grave impacto arancelario.

El Fondo Monetario Internacional modificó su pronóstico para México y ahora prevé un crecimiento económico de 0.2 % en medio de una incertidumbre por los aranceles de Estados Unidos.

En ese sentido, la organización fue optimista para México, pues en abril pasado consideró que su economía se contraería un 0.3 % este 2025 lastrada por el impacto de los impuestos del presidente Donald Trump, pero en la última actualización de su informe estima un crecimiento de +0.5 pp.

En ese momento, la presidenta Claudia Sheinbaum incluso dijo que su gobierno no coincidía con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional y que desconocía cuál era la base de sus proyecciones.

Aumenta previsión de crecimiento económico global

La economía global crecerá este año 3 % en vez del 2.8 % pronosticado en abril, una buena noticia en medio de una vorágine arancelaria, prevé el Fondo Monetario Internacional en la actualización de sus previsiones publicada este martes.

“La incertidumbre ha permanecido elevada” a pesar de la pausa en los aranceles más altos previstos por Estados Unidos para sus socios comerciales que expirará el 1 de agosto, afirmó la organización.

Desde abril Washington ha alcanzado acuerdos con el Reino Unido, Japón, Vietnam, Indonesia, Filipinas y la Unión Europea. Pero muchos de sus socios comerciales apuran los últimos días hasta el viernes para evitar subidas de las tarifas aduaneras que en el caso de Brasil son del 50 % y en el de México, del 30 %.

Según la última actualización del informe anual del FMI, la economía mundial crecerá 3 % (+0.2 puntos porcentuales respecto a las previsiones de abril), es decir menos que en 2024 (3.3 %).

“El impacto arancelario no es tan grave como proyectábamos a principios de abril”, declaró a la AFP el economista jefe del Fondo, Pierre-Olivier Gourinchas.

A estas “buenas noticias” el experto añadió que “la inflación está más o menos según lo previsto”, con un promedio mundial de 4.2 % para este año y 3.6 % para 2026.

Varios motivos explican la resistencia económica.

Aparte de las pausas arancelarias y de un puñado de acuerdos comerciales con Washington, Gourinchas destacó la depreciación del dólar y un “pequeño estímulo fiscal” en algunos países como Estados Unidos.

Diferencias notorias por crecimiento económico entre países

Pero también el hecho de que las empresas acumulen reservas en previsión de una subida de los gravámenes. Y esto es un arma de doble filo.

“Si se abastecen los estantes ahora, no será necesario aprovisionarlos más adelante”, de modo que “prevemos una reducción de la actividad comercial en el segundo semestre y en 2026”, explicó Gourinchas.

Las diferencias entre países son notorias.

Estados Unidos crecerá 1.9 % (+0.1 pp), es decir bastante menos que en 2024 (+2.8 %), porque la inflación comienza a “dar señales de que tiene en cuenta los aranceles”, estimó Gourinchas.

El FMI anticipa que la Eurozona progrese este año 1 % (+0.2), aunque no será gracias a sus principales economías.

Las previsiones para Francia (+0.6 %) y España (+2.5 %) se mantienen y la de Alemania sube solo 0.1 puntos porcentuales, lo justo para que la locomotora europea evite una recesión (+0.1 %).

Por el contrario el pronóstico para China mejora considerablemente hasta 4.8 % (+0.8 pp), con lo que se acerca al porcentaje de 2024 (5 %).

Se debe a varios factores como la acumulación de productos chinos, sobre todo en Estados Unidos, según Gourinchas. Con todo, el país asiático lucha con una demanda interna alicaída, una confianza del consumidor débil y un sector inmobiliario en crisis.

Estimaciones del FMI para América Latina

En América Latina y el Caribe se prevé un crecimiento económico de 2.2 % en 2025, es decir 0.2 pp más que lo anticipado en abril. Es menos que el 2.4 % del año anterior, pero la organización financiera espera que se recupere este porcentaje en 2026.

El Fondo Monetario Internacional anticipó además mejoras en la economía de Brasil, que se expandirá 2.3 % (+0.3 puntos porcentuales) a pesar de que la mayor economía latinoamericana forma parte de los países que “tendrán grandes déficits fiscales en un contexto de niveles históricamente altos de deuda pública”.

Argentina, la tercera economía más grande de la región, se mantiene sin cambios: +5.5 % este año y 4.5 % en 2026.

La actualización del FMI, que no detalla las previsiones para el resto de los países latinoamericanos, advirtió de todos modos que “las tensiones geopolíticas podrían interrumpir las cadenas de suministro globales y aumentar los precios de las materias primas“.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/AFP.
AUTOR: REDACCIÓN/.

Como notario, Adán Augusto ayudó a los Bermúdez a construir un “edén” empresarial en Tabasco

La familia de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, construyó un emporio de constructoras y contratistas de Pemex, con ayuda de una red de notarios, entre los que se encontraba Adán Augusto López.

Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y hoy perseguido por la Interpol en 196 países tras revelarse por un alto mando militar que era el presunto jefe del cártel de la Barredora, edificó durante 35 años una compleja estructura financiera de al menos 28 empresas, de la mano de cuatro de sus hermanos.

La cadena de sociedades anónimas controladas por el clan Bermúdez sigue operando en Villahermosa y está integrada por Elba Guadalupe, Raúl, Eduardo, Humberto y el propio Hernán, ahora identificado en documentos militares como el “Comandante H”. Estas empresas pavimentaron su camino para obtener millones de pesos desde la época del priismo hegemónico, hasta desembocar en los sexenios dominados por Morena.

Poco más de la mitad de estas sociedades anónimas — 51.72 %— fueron creadas como constructoras o dirigidas hacia negocios inmobiliarios, mientras que 17.2 % apuntan hacia industria del entretenimiento y la comercialización de videojuegos. El resto se repartió entre casas de apuestas y arrendadoras de locales comerciales, bodegas y oficinas, así como en la seguridad privada, la minería, la distribución de electricidad y la comercialización de maquinaria pesada. Entre ellas, destacaron al menos dos relacionadas con contratos con Pemex.

Integrantes de la familia Bermúdez se encargaron personalmente de fundar sus compañías, pero otra veces colocaron al frente a un grupo de 31 personas entre empresarios y prestanombres para luego, años después, asomar la cabeza ya fuese como nuevos accionistas, representantes o, sencillamente, en calidad de apoderados legales, siempre aprovechando su cercanía con notarios en la Ciudad de México, Veracruz, Mérida y, desde luego, en Tabasco, entre los cuales estaba Adán Augusto López Hernández, el actual líder de la bancada oficialista en el Senado, exsecretario de Gobernación, otrora gobernador y precandidato a la Presidencia en 2024.

La Notaría 27 de Villahermosa encabezada por Adán Augusto López intervino al menos en cinco ocasiones para apoyar a la familia Bermúdez para registrar empresas o validar movimientos dentro de sus consejos de administración.

Compañías del clan Bermúdez en Tabasco: una ‘matrioska’ de empresas

La estructura financiera albergó a sociedades anónimas colocadas una sobre otra como matrioskas, las muñecas rusas que se esconden una dentro de otra. Esta manera de organizar sociedades anónimas impide saber, a bote pronto, los nombres y apellidos de quienes las operan tras bambalinas. En este caso, la telaraña de sociedades anónimas fue tejida a la par de la carrera policiaca de Hernán Bermúdez.

Rager SA fue su primera constructora, creada en la Ciudad de México el 15 de noviembre de 1985, y su arranque fue a tambor batiente: Humberto Bermúdez Requena tendría en su poder la mayoría de las acciones; 19,996 cotizadas en 19 millones 996 mil pesos, mientras que sus hermanos Eduardo, Elba y Hernán, junto con una inversionista ajena a la familia, de nombre Manuela de Jesús Contreras Báez, tendrían cuatro —una por cabeza— valuadas en sólo 1 mil pesos.

Cada empresa es libre de tasar el precio de sus títulos de propiedad. Los notarios no tienen manera de regular esto y los gobiernos en México nunca han puesto límites. Aun teniendo en cuenta estas atenuantes, los casi 20 millones de pesos invertidos únicamente por Humberto Bermúdez eran, ese año, una cifra considerable para una economía en recesión: la iniciativa privada había recortado su inversión, el consumo bajó y el gasto público fue disminuido por el gobierno del presidente Miguel de la Madrid ante el significativo aumento de la deuda externa debido a que el precio del petróleo se desplomó y, esa, era la única garantía de pago ante los acreedores.

Sin embargo, en los registros públicos no hay antecedentes que permitan entender cómo los Bermúdez llegaron ante el Notario 167 de la Ciudad de México, Benjamín Cervantes Cardiel, para poner sobre la mesa una cifra millonaria, sobre todo, porque la empresa estuvo inactiva durante años: la asamblea de los fundadores ocurrió el 15 de noviembre de 1985, pero la registraron hasta el 6 de noviembre de 1988.

Durante ese tiempo, operaron entre las sombras hasta que llegaron los cambios importantes en 1993. En mayo, Hernán Bermúdez se deshizo no de una, sino de tres acciones —no hay información sobre en qué momento sus títulos de propiedad aumentaron—, aunque todo quedó entre familia: el comprador era su hermano Humberto. En junio, la Constructora La Cautela, ubicada en Villahermosa, se fusionó con Rager S.A. Estos movimientos fueron como los de un ajedrecista:

La familia esperó para formalizar estos cambios ante notarios de Villahermosa hasta el año 2000, cuando Hernán Bermúdez ya había pasado por las direcciones de Seguridad Pública (1992-1994) así como del Centro de Readaptación Social (1995-1997). Tabasco era uno de los estados donde el PRI podía seguir presumiendo su musculatura de partido hegemónico; por la Quinta Grijalva, la casa de los caciques en turno, habían desfilado Manuel Gurría Ordóñez, Víctor Manuel Barceló Rodríguez (interino) y Roberto Madrazo Pintado.

Fue en aquella época cuando Hernán Bermúdez y Adán Augusto López coincidieron en el gabinete de Manuel Gurría. El policía era el director de Seguridad Pública y el actual líder de Morena en el Senado se desempeñaba como subsecretario de Gobierno y Asuntos Jurídicos, aunque ambos ya se conocían desde años atrás.

Junto a Jaime Lastra Bastar, actual diputado federal por Morena y fiscal en Tabasco cuando Adán Augusto López fue gobernador (2019-2021), se hacían llamar “Los 4 Amigos”, un mote que adoptaron desde su temprana juventud. En uno de los reportes de inteligencia militar obtenido por medios de comunicación en México a través del “Guacamaya Leaks”, se advirtió que desde 2019, Hernán y Humberto Bermúdez Requena eran distribuidores de cocaína en bares, restaurantes y centros nocturnos.

De la fusión entre Reger S.A y Constructora La Cautela, nació una nueva compañía llamada Rager de Tabasco, el 12 de junio de 1993, aunque como lo hicieron antes, la registraron después, hasta 1998. Como accionistas fundadores aparecieron los hermanos Elba Guadalupe, Humberto y Eduardo Bermúdez Requena, junto con Manuela de Jesús Contreras Báez.

La siguiente maniobra sucedió hasta el 16 de mayo del 2001, cuando Humberto Bermúdez Requena buscó a su amigo y notario, Adán Augusto López, para que formalizara su ratificación como apoderado legal de Rager de Tabasco S.A.

La familia Bermúdez dejó pasar cinco años. El siguiente movimiento estratégico ocurrió el 16 de mayo de 2001, cuando vendieron parte de sus títulos de propiedad a Flor de María González Moguel. Sin embargo, ella no fue una extraña inversionista, en realidad, era la esposa de Humberto.

El 21 de enero de 2006, Humberto Bermúdez Requena acudió nuevamente a su amigo de la juventud, el notario Adán Augusto López, para ensanchar la perspectiva de mercado en Rager de Tabasco: a partir de ese día podría firmar contratos como subcontratista de la industria petrolera y química, así como en la perforación de pozos petroleros y el manejo de residuos peligrosos.

Sin embargo, era un cambio que ya tenía camino andado. Rager de Tabasco ya figuraba como contratista de Pemex desde tres años antes, aunque en calidad de constructora.

En los últimos meses de 2003, asociada con Tradeco —una de las empresas más importantes en obras de ingeniería civil—, Rager de Tabasco ganó la licitación para el camino de acceso que se usaría para la reconfiguración de la refinería Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz. La obra tendría un costo de 379 mil pesos, la cual luego de contratiempos, subió a 488 mil 745 pesos sin que se detectaran irregularidades.

Pero desde dos años antes, ya contaban con una empresa dedicada al negocio petrolero: el 1 de marzo de 2004, abrió sus puertas en Villahermosa Grupo MABER, cuyos dueños eran Elba Guadalupe Bermúdez Requena y Hernán Bermúdez Requena, quien al mismo tiempo era subsecretario de Prevención y Readaptación Social en el gobierno del priista Manuel Andrade Díaz. Hasta el momento, continúa operando.

Mientras, ‘La Barredora’ incursionaba en el huachicoleo

Otro informe de inteligencia, éste elaborado por el Centro de Regional de Fusión e Inteligencia (Cerfi) Sureste, reveló que La Barredora, la organización criminal comandada por Hernán Bermúdez, pretendía abastecer con 180 mil litros de diésel robado a las empresas encargadas de construir el Tren Maya.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó una parte de conversaciones interceptadas a integrantes de este cártel, en las que participó un operador que negociaba la compra y distribución de huachicol en Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Campeche y Tabasco.

Un hombre identificado como Gabriel ofrecía el diésel extraído del puerto de Dos Bocas “a 16.50 pesos por litro, sin factura”. En otra comunicación interceptada, el mismo operador informaba que “tenía 300 ferrotanques de diésel USLD (ultra bajo en azufre) a 14.50 pesos por litro, que lo están vendiendo por parte del SAT, pero debían pagar el 25 por ciento”.

El informe militar también describió que un traficante identificado como “HNI” le confió al operador financiero de “La Barredora” que querían saber si podrían suministrar 180 mil litros semanales para Campeche destinados al Tren Maya.

Raúl Bermúdez Arreola, un sobrino de los hermanos que integran el clan, dirigió el Centro Integralmente Planeado de Fonatur, el organismo encargado de licitar los contratos para la construcción del Tren Maya, hasta su destitución ocurrida el 15 de diciembre del 2021, acusado de presuntos actos de corrupción.

En esa época trascendió en medios de comunicación que este funcionario rentaba una propiedad de Fonatur a turistas en la zona hotelera de Cancún a través de las plataformas Airbnb y Booking, por 10 mil pesos la noche.

Raúl Bermúdez Arreola también ha formado parte de la red de empresas controladas por la familia Bermúdez:

El 28 de mayo de 1997 fue socio fundador de Gravera Río Puxcatlán, una empresa explotadora de minas, registrada en Villahermosa en la Notaría 27 a cargo de Adán Augusto López y que está bajo el mando de Humberto Bermúdez Requena. El 25 de mayo de 2004, también la capital tabasqueña, fundó la Constructora Tulija asociado con Elba Guadalupe Bermúdez Requena.

El mismo exfuncionario de Fonatur acusado de corrupción fundó Construcciones y Arrendadora del Atlántico el 3 de abril del 2011, que se encargaría de transportar arena, grava, arcilla y otros derivados de la explotación minera, justamente, el negocio de Gravera Puxcatlán. El registro de esta empresa también estuvo a cargo de la Notaría a nombre de Adán Augusto López.

La Notaría 27 de Villahermosa intervino, por lo menos, en la gestación o en cambios internos de al menos otras tres sociedades anónimas controladas directamente por el clan Bermúdez: Desarrollo Empresarial Tulija (constructora), Grupo Industrial SAMARIA (constructora) y Promotora de Inversiones y Promociones (casinos y casas de apuestas).

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: DANIEL LIZARRAGA.

Susan Saravia, víctima de violación grupal en Campeche, hace público su caso y exige justicia

Los acusados, Yeshua, Jorge, y Ángel, son cercanos a la gobernadora Layda Sansores, lo que ha empantanado el caso, denunció la madre de la víctima.

Susan Saravia, a quien Proceso nombró Cielo para proteger su identidad, decidió pedir justicia y salir a la luz pública; a casi cinco meses de ser víctima de una violación tumultuaria en Campeche y de que solo uno de sus tres agresores fuera arrestado.

En un video de redes sociales la joven de 22 años advirtió que sus presuntos agresores Yeshua “N”, Jorge “N” y Ángel N” tienen contactos en la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) y están relacionados con la gobernadora, Layda Sansores, ya que sus familias trabajan en la administración estatal.

“Mis agresores son tres y estas tres personas tienen muchos contactos en la fiscalía, cuentan con personas que los encubren. Nuestra única forma de poder alzar la voz fue por medio de redes sociales, por eso es que se dice el público. Obviamente yo no quería, no por nada malo, simplemente por pena, por miedo”, expresó. 

La agresión sexual contra Susan ocurrió el 30 de marzo de 2025. Salió de fiesta con sus amistades en San Francisco, Campeche. En un primer momento fueron a un antro y posteriormente, se acordó que irían a su departamento para continuar divirtiéndose. En el lugar los tres jóvenes aprovecharon para violarla. 

La joven denunció y se inició la carpeta de investigación CI-2-2025-448. Se tipificó el delito de violación equiparada tumultuaria y el 15 de abril se giraron las órdenes de aprehensión. Ángel fue arrestado el 10 de julio.
@susansaravia_ 💜 #justicia ♬ Last Hope (Over Slowed + Reverb) - Steve Ralph
Los primeros meses por temor a represalias y vergüenza, tal como ella misma señaló, su madre Luisa Elizabeth Rodríguez Berzunza fue quien hizo públicos los hechos. Ambas decidieron que difundirlo les daría un poco más de oportunidad de acercarse a la justicia.

Aun así, familiares y amistades de sus agresores que sabían del caso, orquestaron una campaña de desprestigio y odio en su contra. Le crearon una página de Facebook para exhibir su rostro y responsabilizarla de la violación. Con frecuencia recibe mensajes de odio y amenazas. 
“Yo no quería que me vieran como una víctima, pero es lo que soy. Y eso es algo que me toca afrontar y el día de hoy estoy aquí por eso. La lástima a mí no me va a llegar a sanar y simplemente quiero justicia y quiero que esto acabe”, expuso. 
Susan detalló que se encuentra en un proceso de recuperación, que acude a terapia psicológica y continúa saliendo con sus amigas. Razón por la que ha recibido también críticas y mensajes de odio.
“Me juzgan por seguir con mi vida, por seguir viviendo. Me juzgan como si el hecho de no estar destruida públicamente invalidara lo que viví. Tenemos malamente normalizado que una víctima es representación de tristeza cuando no es así. Realmente una víctima no siempre va a estar triste. La víctima puede representar fuerza, claro. Es totalmente válido lo que siento una víctima”, acotó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CLAUDIA V. ARRIAGA DURÁN.

Investigación contra Bermúdez Requena no es por pleito entre May y Adán Augusto: Morena Tabasco

El dirigente estatal del partido oficialista indicó que no fue un choque entre los grupos de los dos morenistas lo que originó la carpeta de investigación contra el exsecretario de Seguridad y colaborador del senador López.

El caso en contra del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”, no se inició como resultado de un conflicto al interior de Morena, entre el grupo del gobernador Javier May Rodríguez y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Adán Augusto López Hernández, aseguró el dirigente estatal de ese partido, Jesús Selván García. 

Ese escenario, indicó, sería grave para el partido en el gobierno, e insistió en que la situación no es como afirma la oposición.

Hernán Bermúdez Requena, quien fue nombrado en 2019 titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, por el entonces gobernador Adán Augusto López, tiene una orden de aprehensión internacional desde el pasado 14 de febrero, acusado por las autoridades de ser el creador del cártel de “La Barredora”.

En torno a esta investigación, Selván García aseguró que "los tabasqueños saben cómo están las cosas". 

Selván García dijo a reporteros que el gobernador May, en ese sentido, está haciendo su trabajo, y "seguramente las autoridades jurisdiccionales (sic) realizarán las investigaciones correspondientes". 

Reiteró que no es un choque entre los grupos de Adán Augusto y de May lo que originó la carpeta de investigación contra quien fuera colaborador del senador López por más de 30 años.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RODULFO REYES.

Hallan tres cuerpos sin vida en municipio de Acapetahua; tenían huellas de tortura

Luego de siete meses consecutivos con una tendencia a la baja en los homicidios dolosos en Chiapas, durante el mes de julio se ha registrado un repunte en los casos.

Tres hombres fueron encontrados sin vida, con visibles huellas de tortura y las manos atadas, en un camino de terracería del ejido Jiquilpan en el municipio de Acapetahua, en la región del Soconusco. El hallazgo ocurrió la mañana de este martes, confirmó la Fiscalía General del Estado. 

Este hecho se da en un contexto de repunte de la violencia; luego de siete meses consecutivos con una tendencia a la baja en los homicidios dolosos en Chiapas, durante el mes de julio se ha registrado un repunte en los casos, de acuerdo con datos oficiales. En las últimas 72 horas se registraron 10 homicidios dolosos.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), una de las líneas de investigación en la ejecución de los tres sujetos, apunta a un posible vínculo con actividades de narcomenudeo. Los cuerpos presentaban signos de violencia extrema, aunque hasta el momento no han sido identificados. 

Aumento de violencia visible

La violencia particularmente en la región de la Sierra y Fronteriza, es un problema persistente y grave que ha sido documentado por diversas organizaciones civiles. El municipio de Frontera Comalapa permanece como un punto estratégico de bandas del crimen organizado que mantienen confrontaciones por el control de rutas de tráfico de drogas, personas y armas. 

Esto ha derivado en una violencia sostenida. A lo que el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar ha respondido con una fuerte inversión en materia de seguridad, como la compra de un helicóptero Black Hawk, lanchas rápidas con tecnología satelital, drones, vehículos ligeros para terrenos hostiles y la creación de un grupo táctico de reacción inmediata llamado “Pakal”. 

El sábado 26 de julio, una mujer de 70 años identificada como Alicia López, fue ejecutada en la sala de su casa mientras veía la televisión en el ejido Santa Apolonia en el municipio de Frontera Comalapa.

Familiares y vecinos relataron que sujetos armados irrumpieron en el domicilio, sin pronunciar palabra y le dispararon en cuatro ocasiones. “Ella no le debía nada a nadie”, dijo una de sus hijas. Aunque trascendió que la mujer es abuela de un funcionario de seguridad de la zona. 

Un día antes, el viernes a la luz del día, en las calles del centro de Frontera Comalapa, fue asesinado un empresario de la masa y la tortilla, Carlos Román de 54 años. 

El jueves, en la comunidad Sabinalito fue asesinada una pareja de esposos en su domicilio. Las víctimas fueron identificadas como Felipe Hernández Cruz y Remigia Morales Castillo, mientras que el hijo de ellos, lo mataron en la comunidad Limón, municipio de Chicomuselo. 

La madrugada del sábado un grupo armado lanzó ráfagas de balas a las instalaciones de la Policía Municipal en el ejido Guadalupe Victoria, en el municipio de Amatenango de la Frontera, ubicado en los límites de Guatemala, donde un agente de la corporación resultó con un disparo de arma de fuego en el tobillo izquierdo y fue dañada una patrulla de la corporación. 

El ataque se dio justo al año, de que 240 habitantes de la localidad se desplazaron forzosamente y buscaran refugio en el vecino país de Guatemala, luego que un grupo armado ingresa al poblado de campesinos. 

Este lunes, Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general del estado y el secretario de seguridad, Oscar Aparicio Avendaño, hicieron acto de presencia en el lugar del atentado, para informar que están avanzando en las investigaciones y que van a reforzar la presencia operativa en toda la región fronteriza con equipo aéreo. 

El sábado en el tramo carretero de los municipios de Suchiapa – Villaflores, la Secretaría de Seguridad del Pueblo reportó un enfrentamiento entre la fuerza Pakal y hombres armados que les dispararon mientras realizaban patrullajes de disuasión. 

Dos presuntos delincuentes que fueron abatidos se les aseguró tres armas largas, cargadores para cartuchos, cartuchos útiles, chalecos tácticos, una camioneta Silverado/Cheyenne y dos camionetas con reporte de robo en Tabasco, una Ford Ranger y una Mitsubishi”, informó la Fiscalía.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

El INE sanciona con multas mínimas la operación acordeón; concluye la fiscalización de elección judicial

En total, las multas aprobadas por el INE en las elecciones judiciales ascienden a 18 millones de pesos; 10 millones en lo federal y 8 millones en el ámbito local.

En votación dividida, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó castigar con multas individualizadas de menos de 200 mil pesos a las candidatas y candidatos beneficiados por la operación acordeón en la pasada elección judicial.

Como parte del proceso de fiscalización de los ingresos y gastos de campaña de la elección judicial, el INE determinó que 121 ganadores de un cargo judicial se hicieron acreedores a multas económicas, y siete más a amonestación pública.

Entre las personas sancionadas figuran los nueve futuros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: desde el próximo ministro presidente, Hugo Aguilar (39 mil 712 pesos), hasta las ministras que repiten en el encargo: Loretta Ortiz (127 mil pesos), Yasmín Esquivel (95 mil pesos) y Lenia Batres (44 mil pesos).

También se sanciona a los próximos magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Claudia Valle (69 mil pesos) y Gilberto de Guzmán Bátiz (37 mil pesos), y a diez de los 15 futuros magistrados de las cinco Salas Regionales del mismo Tribunal.

Asimismo, los castigos incluyen a las tres magistradas y dos magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que sustituirá al Consejo de la Judicatura.

Las multas incluyen a 25 magistradas y magistrados de Tribunal de Circuito electos luego de haber sido señalados en una guía de votación (conocida como acordeón) y 26 jueces de Distrito. Además de 41 magistradas y jueces electos en la Ciudad de México.

Sin embargo, el monto global de las multas aprobadas como parte de la fiscalización de la elección judicial federal y los 19 procesos locales ascendió a 18 millones de pesos.

Las multas aplicadas a nivel federal quedaron distribuidas de la siguiente manera:


Mientras que las multas en los estados que eligieron jueces y magistrados se distribuyeron así:


Taddei y su grupo se oponen a multar por acordeones

El Consejo General del INE resolvió 29 quejas y 35 procedimientos sancionadores relacionados a las guías de voto conocidas como acordeones, y fue en ese punto en el que volvieron a mostrarse las divisiones dentro del INE.

Mientras que un grupo impulsó las multas a los beneficiarios de los acordeones; el grupo cercano a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, se opuso.

En la discusión del proyecto de acuerdo relativo a los acordeones, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, se manifestó en contra de la aplicación de dichas multas.

“No comparto la propuesta de sancionar, porque los propios proyectos reconocen entonces que de las constancias y de las pruebas existentes en los expedientes no fue posible cuantificar la totalidad de acordeones elaborados y distribuidos, tampoco se pudo constatar que la mensajería instantánea y digital contara con elementos que permitiesen corroborar la existencia de esa misma propaganda”, explicó Taddei.

La consejera presidenta dijo que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE se vio imposibilitada materialmente para probar la producción y distribución de los acordeones, y se adelantó a la crítica, afirmando que, de todos modos, la sanción no será considerada ejemplar.

“Dirán que es un juego estas multas o que es una burla la imposición de estas multas tan pequeñas, pero es tan obvio que no teníamos la posibilidad de establecer unas multas adecuadas. Ni de ahorita ni de estos últimos años, es desde que nace la Unidad Técnica de Fiscalización que no podemos llegar a los volúmenes de sanciones que se requerirían para poder dar el golpe ejemplar a estas prácticas, por cierto, irregulares e inconvenientes, no correctas para el buen desempeño de nuestro sistema electoral mexicano, es verdad”, reconoció.

Secundaron a la consejera presidenta las consejeras Norma Irene de la Cruz y Rita Bell López, y el consejero Jorge Montaño, quienes votaron en contra de las multas.

Las consejeras Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización; Claudia Zavala, Dania Ravel, y los consejeros Jaime Rivera, Martín Faz y Arturo Castillo, votaron a favor de sancionar.

Finalmente, el INE informó en un comunicado: “Derivado de estas quejas y procedimientos, se aprobó la imposición de sanciones económicas y el inicio de un procedimiento oficioso para investigar el origen de los recursos destinados a la producción y distribución de acordeones físicos, así como para el diseño y operación de los sitios web que alojaron dicha propaganda”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Vemos un retorno a la verdad histórica”, reclaman padres de Ayotzinapa; habrá nuevas líneas de investigación en septiembre

Durante la primera reunión de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa con el nuevo fiscal especial del caso, Mauricio Pazarán, la presidenta Sheinbaum les informó que será en septiembre cuando se den a conocer nuevas líneas de investigación.

Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos se reunieron esta martes con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se comprometió a que el próximo 4 de septiembre les dará a conocer cuáles son las líneas de investigación del caso.

A la salida del cuarto encuentro entre familiares del caso Ayotzinapa y la mandataria, el representante legal de las familias, Vidulfo Rosales, dijo que en la reunión les presentaron la misma información que ya conocen, sin más avances, por lo que ven un “retorno a la verdad histórica”.

“Entonces el 4 de septiembre es una reunión con ella, este y ahí se estaría presentando las líneas de las nuevas líneas de investigación, ahorita no hay avances y reclamamos ahí en la mesa que hay un retorno, nosotros vemos un retorno a la verdad histórica. Todas las detenciones realizadas nos confirman que estamos regresando. Entonces ella nos dice que nos van a presentar las nuevas líneas de investigación y nosotros vamos a esperar”.

La reunión ocurre en el marco de la salida de Rosendo Gómez, fiscal especial del caso, quien fue sustituido por Mauricio Pazarán, personaje cercano a Ernestina Godoy Ramos, actual consejera Jurídica de la Presidencia de la República.

Rosales mencionó que están solicitando que dentro de las líneas de investigación se considere la que tiene que ver con los 17 estudiantes que fueron llevadas a barandilla municipal, “hay una serie de datos de prueba que apuntan este sobre lo que pudo haber pasado con los 17 compañeros estudiantes que fueron llevados a Barandilla”.

Previo al inicio de la reunión, Rosales dijo que estaban a la espera de obtener nueva información y consideraron que lo que está en poder del Ejército es lo que podría darle un giro al caso para conocer la ubicación de los estudiantes.

A la salida, el abogado fue cuestionado sobre el mismo tema y mencionó que la presidenta dijo “no estár cerrada” a que se indague más información que pudiera tener el Ejército o cualquier corporación.

También le preguntaron si después de la primera reunión existe confianza en el nuevo fiscal, a lo que el representante de las familias respondió que no van a entregar “un cheque en blanco” y van a esperar pues en 11 años han habido muchos fiscales sin resultados.

“Se nos dijo en el pasado, en el gobierno anterior, que era un fiscal de las confianzas del gobierno y resultó que su gestión estuvo empañada con actos de corrupción. Entonces, imagínense cómo vamos a confiar hoy en día en un nuevo fiscal que nos están diciendo, ‘ahora sí este va a ser bueno’”.

Vidulfo Rosales dijo que el nuevo fiscal tendrá que ganarse la confianza con resultados concretos y tangibles.

Padres de Ayotzinapa reclaman “falta de rumbo” en reunión con Sheinbaum

Humberto Guerrero, integrante del Centro de Análisis Fundar, que estuvo presente en la reunión, explicó a Animal Político que el encuentro con la presidenta estuvo marcado por dos momentos.

El primero, un momento inicial de tensión. Los padres y madres de los 43 normalistas asistían a la reunión con expectativas de conocer nueva información en la investigación del caso. “Esto, porque ya veníamos del antecedente de dos reuniones previas sin la presidenta, pero con integrantes de la Covaj, en las que se mencionó que podría haber avances importantes a partir del trabajo de análisis de telefonía que está haciendo el equipo de la presidenta y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana”, planteó Guerrero.

Sin embargo, conforme se fue desarrollando la reunión, los padres y madres empezaron a impacientarse y a expresar un sentimiento de decepción, “porque no se veía claro dónde estaban esos avances”. De hecho, lo que se comenzó a plantear en la junta con la mandataria como principal punto de avance fueron las detenciones recientes que se han hecho en el caso, mismas que ya fueron anunciadas en medios durante días pasados, y que están muy vinculadas a la construcción del relato original de la ‘verdad histórica’.

“Eso sí generó un llamado de atención por parte de los familiares, que dijeron que, por un lado, se suponía que ya estaba superada la verdad histórica, pero, por otro, seguimos regresando por ese mismo camino”, detalló el integrante de Fundar. “Por eso hubo intervenciones de padres reclamando que no se veía un rumbo claro, ni dónde están los supuestos avances en la investigación”.

A partir de aquí, Humberto Guerrero señaló que hubo un segundo momento en la reunión de las familias de Ayotzinapa con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Creo que la presidenta tuvo un gesto atinado, y fue el de reconocer que, en efecto, se estaba generando un problema en la presentación de la información, que no reflejaba el trabajo que se ha estado haciendo en cuanto al tema del análisis de la telefonía”.

Por eso, la mandataria se comprometió con los padres y madres a tener una nueva reunión el próximo 4 de septiembre, días antes de la marcha por el aniversario el 26 de septiembre, para presentarles las novedades y los avances en la línea de investigación.

“Me parece que fue un buen gesto, de reconocer que su equipo no estaba presentando bien la información y eso propició que las familias no se fueran con una sensación de tanta frustración”, concluyó el integrante de Fundar.

La salida del fiscal especial del caso Ayotzinapa

En mayo de este año, durante la tercera reunión con Sheinbaum, familiares de los 43 normalistas plantearon a la presidenta la destitución del fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, por señalamientos de presunta corrupción y falta de confianza.

“Los padres de familia están pidiendo la salida de Rosendo. Bueno, la presidenta no respondió pero creo que ya se puso en la mesa… por el tema de corrupción”, dijo Melitón Ortega, vocero de los familiares, a medios de comunicación tras preguntarle por el motivo de la proposición.

Añadió que ante el planteamiento “nadie respondió, nadie defendió y nadie intervino en el tema”.

Un mes y medio más tarde, el pasado 16 de junio, Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, destituyó a Gómez Piedra, fiscal especial del caso Ayotzinapa, luego de la presentación de dos denuncias que lo involucraron en apoyo a la campaña de una candidata a ministra de la Suprema Corte y acusaciones de incurrir en “excentricidades y opulencia”.

En su lugar al frente de la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) fue designado Mauricio Pazarán, personaje cercano a Ernestina Godoy Ramos, actual Consejera Jurídica de la Presidencia de la República y extitular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México(FGJ-CDMX).

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Hombre dispara contra taxista hospitalizado y su padre en IMSS-Bienestar de Tuxpan

El agresor se identificó como familiar del paciente, quien había ingresado tras un ataque armado, para luego dispararle directamente al taxista y su progenitor, quien murió.

La violencia persiste en la zona norte de Veracruz. Durante la madrugada de este martes, un hombre armado ingresó al hospital IMSS Bienestar de Tuxpan, donde disparó contra un taxista hospitalizado y su padre, quien falleció en el lugar. 

De acuerdo con reportes policiales, el agresor se identificó como familiar del paciente, quien había sido ingresado el día anterior tras un ataque armado en la colonia Luis Donaldo Colosio. Al ser autorizado su ingreso, el sujeto sacó un arma y disparó directamente contra el paciente y su acompañante.

El padre del taxista murió en el sitio, mientras que el herido fue ingresado de urgencia a quirófano; su estado de salud se reporta como reservado. Trascendió que el agresor fue detenido por las autoridades. 

El hospital fue evacuado y elementos de fuerzas estatales, federales y agentes ministeriales desplegaron un operativo. Hasta el momento no se ha emitido una versión oficial, aunque el hospital retomó sus actividades de forma parcial tras el incidente. 

Rescatan con vida a dos policías en Tantoyuca

En otro hecho criminal, la Fiscalía General del Estado informó que, en coordinación con fuerzas de seguridad, fueron localizados con vida dos policías municipales, quienes habían sido privados de la libertad en Chicontepec. 

Los agentes fueron ubicados en el municipio de Tantoyuca y trasladados a un hospital para su valoración. La fiscalía indicó que se mantiene abierta una carpeta de investigación para dar con los responsables.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALES.

Violencia vicaria: acusan a coronel de la Sedena de tráfico de influencias en Coahuila

El coronel José Barragán Chávez fue demandado desde 2022 por no reconocer la paternidad de una niña que tuvo con “Hatzy” en Coahuila. La madre, cuya hija padece hemiparesia, asegura que el militar tiene protección judicial y que la ha amenazado de muerte.

Un coronel de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rechaza reconocer a su hija, quien tiene una condición médica que requiere tratamiento especializado, y pagar su manutención, lo que ha logrado con la protección de autoridades judiciales en el estado de Coahuila.

Se trata del coronel de infantería de Estado Mayor José Barragán Chávez, quien desde el año 2022 fue demandado por Hatzy, nombre modificado por razones de seguridad, con quien tuvo una hija, para otorgar el reconocimiento de paternidad de ésta, pagar la manutención e inscribirla al servicio médico de las Fuerzas Armadas, debido a que la niña padece hemiparesia (debilidad o falta de control muscular en la mitad del cuerpo).

Proceso tuvo acceso a la demanda de reconocimiento de paternidad presentada por Hatzy contra el militar en la que relata que de 2019 a 2020 fue segundo comandante del 69 Batallón de Infantería, de la ciudad de Saltillo, Coahuila, época en la que ellos se conocieron y sostuvieron una relación sentimental que duró dos años, pese a que él es casado.

Para enero de 2021, Barragán fue convocado a concurso de selección para cubrir plazas de Agregado Militar y Aéreo Adjunto a las embajadas de México en el extranjero, donde resultó vencedor y fue asignado a la Embajada de México en Canadá, con residencia en Ottawa, Ontario.

En agosto de ese año, antes de que Barragán se fuera a Canadá, Hatzy quedó embarazada y le dio la noticia al futuro padre.
“Tal noticia fue recibida por José Barragán Chávez de una manera sorpresiva, manifestando enojo y cuestionándose sobre cómo nos había podido pasar eso, señalando incluso que precisamente por esa razón él no andaba con una jovencita, sino con una mujer inteligente y madura que no le pudiera ‘salir con una cosa así’”, detalló la mujer.
Conforme fue avanzando el embarazo la situación entre ellos era cada vez más tensa, llegando al grado en el que, en julio de 2022, tres meses después de que la hija de ambos nació y estando él en Canadá, Hatzy inició el litigio de reconocimiento de paternidad.

La estrategia del militar

En los tres años que lleva de iniciado el litigio por los derechos de su hija, Hatzy ha padecido violencia vicaria, institucional, impunidad y tráfico de influencias por parte de José Barragán Chávez.

Su demanda fue admitida a trámite por Daniel Abraham González Esquivel, juez Tercero de Primera Instancia en materia Familiar en Coahuila, bajo el número de expediente 1078/2022.

De manera provisional, en octubre de 2022 el juez decretó una pensión alimenticia a favor de la niña consistente en el 25% de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios de Barragán Chávez.

El militar contestó la demanda hasta febrero de 2023, por lo que el juez ordenó la realización de una prueba de ADN y designó como perito oficial a Edgar Arnoldo de la Rosa Alvarado, coordinador de Genética de la Fiscalía General de Coahuila.

Sin embargo, entre los abogados que el elemento castrense designó para representarlo, se encuentra Anel Concepción de la Rosa Padilla, media hermana del perito designado por el juez González Esquivel.

Para ese momento Hatzy no había reparado en la relación familiar entre ambos, pues acababa de recibir amenazas de muerte por parte de Barragán Chávez durante una videollamada que le hizo desde la Embajada de México en Canadá, razón por la que lo denunció por violencia familiar.
En una audiencia realizada el 3 de abril de 2023 ante el juez de Distrito, Benito Edgardo Hernández Luna, del Centro de Justicia Penal Federal de Coahuila de Zaragoza, con sede en Torreón, el coronel compareció por videoconferencia acompañado por sus abogados y, de manera extemporánea, afirmó que ya sabía que el resultado de la prueba de ADN no saldría en su contra.
Fue en ese momento que Hatzy se dio cuenta de que la abogada Anel Concepción de la Rosa Padilla y el perito encargado de realizar la prueba para acreditar la paternidad de su hija comparten el apellido paterno, por lo que consiguió las actas de nacimiento de ambos para acreditar que son hijos del mismo padre, razón por la que el 9 de abril solicitó declarar impedido a Edgar Arnoldo de la Rosa Alvarado para que él no realice el dictamen pericial.

Sin embargo, al percatarse de esto, el 11 de abril siguiente, Barragán Chávez revocó a la abogada Anel Concepción de la Rosa Padilla, pero mantuvo al resto de su equipo legal, para que su medio hermano y perito designado por el juez Familiar no fuera declarado impedido.

El militar no sólo logró su cometido sino que el juez González Esquivel le impuso una multa a Hatzy por “faltas de probidad y lealtad” y ordenó realizar una anotación en su registro profesional por mala praxis legal.

Posteriormente, en el juicio familiar todas las pruebas de Hatzy fueron desechadas y sólo fue admitida una prueba de Barragán Chávez, que consistía en la declaración de la mamá de la niña.

En tanto, para la prueba genética ordenada desde el inicio, el juez determinó que no se permitiría a ninguna de las partes designar perito, se realizaría con un perito único: Arnoldo de la Rosa Alvarado.
El perito tomó las muestras de ADN el 8 de mayo de 2023 únicamente a Hatzy y al militar, no a la hija de ambos, y en ningún momento se respetó la cadena de custodia que debe observarse para las mismas.
Para el 6 de julio de 2023 Hatzy debía presentarse al juzgado para desahogar la prueba que le fue admitida al militar, pero no acudió por razones médicas, y aunque presentó justificante, el juez ordenó investigarla, citó a su médico, requirió sus antecedentes clínicos y pidió informe al trabajo de ella para saber si había presentado incapacidad médica o no.

Ante las conductas del juez González Esquivel, Hatzy presentó una queja en su contra al Consejo de la Judicatura de Coahuila, donde se determinó el 28 de septiembre de 2023 iniciar un procedimiento de responsabilidad en su contra.

El juez se excusó de continuar con el juicio y envió el expediente al juzgado Cuarto de Primera Instancia en materia Familiar.
En tanto, en el procedimiento de responsabilidad iniciado por el Consejo de la Judicatura, el juez ofreció como testigo al perito de la Rosa Alvarado, quien acudió a declarar acompañado del abogado Osvaldo Espinoza Rodríguez, quien meses después, en enero de 2025, compareció como defensor de Barragán Chávez en una audiencia de medidas de protección solicitadas por Hatzy en la carpeta de investigación iniciada contra el militar por violencia familiar.
Sin embargo, el juez Daniel Abraham González Esquivel fue absuelto, por lo que Hatzy solicitó un amparo en el que el juzgado Quinto de Distrito le dio la razón en febrero de este año, pero dicha resolución ya fue impugnada.

“Existe un evidente desequilibrio de poder entre el demandado, coronel José Barragán Chávez, y yo, ello aunado a sus múltiples amenazas de que él movería las cosas a su favor aquí en Saltillo. Tengo temor de que siga cometiendo actos de corrupción e influyentismo para lograr su cometido, pues es evidente que el Poder Judicial local ha actuado en forma parcial a su favor”, comentó Hatzy para Proceso.

“Tengo temor de que siga ejerciendo actos de violencia, incluso temo por mi integridad o la de mi hija, pues fui informada en la Sedena que él ya culminó su comisión en la Embajada de México en Canadá y ya se encuentra en territorio nacional como comandante de Batallón de Policía Militar en Irapuato, Guanajuato”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

De tarjeta de crédito cool a infierno laboral: denuncian acoso, racismo y despidos arbitrarios en Nu México

Empleados exponen el lado oscuro de Nu: homofobia, acoso sistemático, discriminación y despidos sin causa. La firma brasileña enfrenta denuncias por violar normas laborales y crear un ambiente tóxico. En entrevista, víctimas demandan acción ante la indiferencia corporativa.

Cuando Felipe (ese no es su nombre real por motivos de seguridad y temor a represalias) escuchó por primera vez el nombre de Nu, el banco digital brasileño que presume una cultura joven, diversa y moderna, lo hizo con reserva y escepticismo. No los conocía, pero le ofrecían un sueldo competitivo, home office y un ambiente laboral disruptivo, flexible, fresco. Daniela (cuyo nombre también fue cambiado) pensó que era una oportunidad envidiable. 

Ninguno de los dos imaginó que, tras firmar el contrato, comenzarían los peores años de su vida laboral. Lo que prometía ser una experiencia de crecimiento profesional terminó convirtiéndose en un entorno de aislamiento, descalificaciones, homofobia, racismo y violencia institucional. Una bola de nieve que los fue aplastando en silencio y que, incluso, orilló a uno de sus compañeros al intento de suicidio.

Esta es la historia a la que Proceso tuvo acceso y sobre cómo “La Moradita” –presunto emblema del nuevo sistema financiero y reciente beneficiaria de la autorización para operar como banco en México– dejó tras de sí una estela de dolor entre varios de sus extrabajadores mexicanos.

Para quienes vivieron esta experiencia, trabajar en Nu no fue sinónimo de innovación ni diversidad, sino de violencia silenciosa y cotidiana, de un desgaste tal que los llevó a dudar de sí mismos, de sus capacidades, de su valor como profesionales. Es una historia que resuena con lo que miles de mexicanos han enfrentado: entornos tóxicos que, lejos de construir, terminan por quebrar.

“Me despidieron con mi esposa embarazada a mi lado”

En marzo de 2024 Felipe fue despedido por Nu por videollamada. El despido ocurrió en su propia casa, sin previo aviso, y mientras su esposa, embarazada de más de cuatro meses, escuchaba toda la conversación. 

“Mi esposa empezó a sentir al bebé patear de la ansiedad. Yo sólo pensaba, no me preocupa que me despidan, me preocupa ella, me preocupa mi hijo. No se vale despedir así a alguien”, recuerda.

Felipe trabajaba en el área de ciberseguridad de Nu como contratista remoto desde Baja California. Había sido contactado por LinkedIn. Su perfil era especializado y contaba con experiencia previa en el sector tecnológico. Pero lo que padeció en esa empresa lo marcaría más allá de lo laboral, lo dejó con una sensación permanente de inseguridad, con secuelas de estrés postraumático y con una desconfianza profunda hacia las nuevas tecnológicas financieras.

“Hoy voy a terapia porque sigo teniendo miedo de que me vuelvan a correr sin razón. Siento que nunca seré suficiente otra vez”, confiesa.

Felipe recuerda su primer día con una mezcla de extrañeza y suspicacia: “Me entregaron una Mac carísima, que ni necesitaba. Pensé, esta empresa tiene dinero de sobra, pero algo no encaja”. Fue el primero de muchos signos.

Aunque fue contratado desde México, Felipe reportaba directamente a jefes en Brasil, asistía a reuniones en portugués, pese a que el idioma oficial de la compañía era el inglés. Él nunca fue integrado realmente al equipo. Desde el inicio lo hicieron sentir ajeno.

“Mandaban mensajes en portugués, bromeaban entre ellos y cuando yo hablaba, la conversación se apagaba”, recuerda. Intentó levantar la voz cuando notó que incluso los entrenamientos sobre microagresiones sólo estaban disponibles en portugués. “Les dije: ‘esto también es violencia’, y me ignoraron”.

El maltrato era constante pero disfrazado. Le criticaban todo, cómo redactaba correos, cómo gestionaba tareas, incluso cómo se comunicaba en las juntas. 

“Todo estaba mal para ellos. Pero nunca me decían qué querían. Sólo me corregían como si estorbara”, dijo.

El desprecio se volvió rutina. Aunque Felipe duró casi dos años en Nu, nunca recibió integración ni reconocimiento. Al contrario, vivía evaluaciones negativas y comentarios despectivos mientras sus jefes brasileños se tomaban extensas vacaciones.

“Uno se fue tres meses por paternidad, luego se tomó otros 45 días, después por el carnaval. En total, estuvo fuera casi medio año… y nadie dijo nada. Mientras tanto, yo no tenía jefe, pero sí tenía evaluaciones. Y siempre salía mal”, dijo.

Esa contradicción lo desorientaba

“Si no les servía, ¿por qué me mantenían ahí? ¿Por qué no me corrieron desde el inicio?”. Pero con el tiempo, la pregunta se volvió más dura, más íntima, “¿Y yo por qué aguanté? ¿Por qué seguí soportando ese lugar donde todo lo mío era cuestionado, donde respirar mal era motivo de crítica?”, dijo.

La respuesta era compleja, por el salario, la promesa de futuro, la idea de que algún día lo tomarían en cuenta. Pero también, admite, el miedo a salir. “Cuando pasas tanto tiempo siendo invisible, empiezas a creer que mereces estar ahí”.

El momento que marcó su ruptura con Nu fue una reunión anual donde un colega brasileño dijo, frente a todos: “Brasil no necesita a nadie. Nosotros tenemos todo”. Para Felipe, esa frase resumía la política de exclusión que se vivía a diario. “Nunca me integraron. Sólo me aguantaron, para después deshacerse de mí”.

“Los neobancos son peligrosos porque no están regulados como los bancos tradicionales. Nadie los supervisa, y su cultura tecnológica, dominada por egos y masculinidad tóxica, es un caldo de cultivo para el maltrato”, dice.

Gaslighting, segregación y clasismo desde adentro

Daniela, quien formó parte del equipo que acompañó el proceso para que Nu obtuviera su licencia como Sociedad Financiera Popular (Sofipo), cuenta su historia: 

En septiembre de 2022 abordó un avión rumbo a Brasil como parte de un viaje corporativo organizado por Nu. Apenas llevaba unos meses dentro de la empresa, y todo parecía ir bien, ambiente joven, discurso inclusivo, y la promesa de pertenecer a una compañía disruptiva que redefiniría la banca.

Sin embargo, desde ese primer encuentro con los equipos brasileños, notó algo que no ha olvidado, una distancia marcada entre “ellos” y “nosotros”.

“Desde el inicio hubo un recelo evidente hacia el equipo mexicano. Aunque se hablaba de colaboración global, los brasileños siempre nos mantuvieron al margen”, relata en entrevista. 
Era una especie de desconfianza, una segregación constante”. El idioma fue un vehículo de esa exclusión, muchas veces se hablaba sólo en portugués, aun cuando había alternativas en inglés o español. “Parecía una forma simbólica de ejercer poder, ellos no tenían obligación de adaptarse, nosotros sí.
Daniela asegura que Nu promovía una cultura corporativa excluyente y ofensiva hacia los mexicanos.

“Nos empujaban a aprender portugués, pero los brasileños no hacían esfuerzo alguno por hablar español o inglés. No era colaboración, era imposición. Una vez, en una junta, grabé y puse el traductor del celular y nos decían frijoleros”, comentó.

Lo que más la marcó fue la falta de mecanismos eficaces para defenderse. “No había una vía clara para apelar decisiones. Las estructuras cambiaban todo el tiempo. Nadie se hacía responsable de nada. Se premiaba la obediencia, no la justicia”.

Además del acoso y la represión, Proceso ha documentado múltiples formas de violencia simbólica al interior de Nu.

“Las víctimas reportaron una cultura de gaslighting (una práctica de presión psicológica). Te hacían sentir que tú eras el problema. Si alzabas la voz por acoso o por injusticias, te tachaban de conflictiva”, dice Daniela.

También había –según las decenas de testimonios recopilados por Proceso– comportamientos clasistas y racistas. 

“Muchos trabajadores mexicanos se sentían desplazados por los brasileños. El idioma era una barrera deliberada. Se hablaba en portugués, incluso en reuniones con personas que no lo entendían. Era un mecanismo de exclusión. Incluso de burla”, añade Sarah, otra trabajadora que pide que cambien su nombre.

Daniela, quien operó desde Ciudad de México, indicó que estas dinámicas se replicaban tanto en oficinas como en esquemas de trabajo remoto. “El control psicológico no se detiene porque estés en home office. Las relaciones laborales continúan, y el acoso también”.

Violación a la NOM-035

Ambos empleados lo dicen sin rodeos, hay un modus operandi. Una forma de operar estructural, no casual. Una maquinaria interna que convierte el ambiente de trabajo en un espacio de desgaste, control y revictimización.

Uno lo dice desde lo jurídico, la otra desde las trincheras del activismo. Leopoldo Jácome, maestro en Derecho Corporativo, y Alma Paz, activista en derechos laborales, han escuchado decenas de relatos similares: en Nu, la violencia psicosocial se normaliza y se silencia.

“Hay un modus operandi de la misma empresa, en el cual se culpa al trabajador, violentando la NOM 035”, dice Jácome en entrevista con Proceso, representante de un grupo de extrabajadores que ya iniciaron procesos legales contra Nu en la capital de México. 

De acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS busca identificar, prevenir y atender los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo. De acuerdo con Jácome, en Nu se ignora sistemáticamente.

Y es que las personas que iniciaron los procesos legales, así como la decena de testimonios recopilados por este medio abarcan jornadas laborales abusivas sin pago de horas extra, desconocimiento de incapacidades médicas, presión y hostigamiento disfrazado de evaluaciones de desempeño y la entrega de supuestos beneficios financieros que, en realidad, son promesas sin sustento legal.

“Les dicen que tienen acceso a acciones, pero no son acciones reales. Son instrumentos atados al desempeño, a una relación subjetiva de ‘si me caes bien’, sin transparencia ni garantías”, denuncia el abogado.

Un patrón tóxico, persistente y estructural. Eso es lo que ha documentado Alma Paz, activista en derechos humanos laborales, tras acompañar durante dos años a extrabajadores de Nu.

Ella coincide con Leopoldo, detrás del marketing morado, dice Alma, se esconde una lógica de violencia laboral silenciosa, acoso sexual, represalias, vigilancia digital, discriminación por nacionalidad y el uso discrecional de los procesos internos para castigar a quienes alzan la voz.

“El problema con Nu no es que ocurra un caso aislado de acoso. Es que hay un modus operandi. Las denuncias muestran que hay una cultura sistemática de silenciamiento, revictimización y control”, relata en entrevista.

Alma señala que le hablaron de una exclusión sistemática hacia el personal mexicano. “Me decían que los brasileños hablaban entre ellos en portugués a propósito, para que los demás no entendieran. Se burlaban, usaban el idioma como una barrera. Eso también es una forma de violencia”.

Mujeres, las primeras víctimas 

Ya en México, Daniela fue testigo y víctima de dinámicas que, en palabras de otras excolaboradoras con las que Proceso habló, “eran sistemáticas, machismo estructural, sabotaje interno y evaluaciones laborales con sesgos de género”. 

“Nos calificaban más bajo que a los hombres. Nos bloqueaban para ascensos. Yo lo viví directamente”, afirma.

Daniela detalla el mecanismo que, según ella y otras compañeras, funcionaba como filtro para bloquear el ascenso de las mujeres, las evaluaciones semestrales. Estas incluían una autoevaluación, y otra por parte del jefe inmediato, basada tanto en desempeño como en “fit cultural”.

“Me bajaron puntos porque no les gustaba cómo me veía’. Pero yo estaba en seguridad corporativa, no en relaciones públicas. Es absurdo”, afirma. Asegura que los hombres eran evaluados con más generosidad y, por ello, accedían con mayor facilidad a aumentos o promociones. 

“Una amiga, con un rol similar al mío, ganaba al menos 20% menos que su compañero hombre, con tareas prácticamente iguales”, expone.

Otro caso que recuerda fue el de una colega talentosa del área de ingeniería. “Hacía sola todo el trabajo de su equipo, pero nunca la ascendieron. Su jefa era amiga del director del área. Al final, la despidieron bajo un pretexto de bullying, sin investigación real”.

Espacio inseguro

Desde su trinchera, Paz ha documentado casos de acoso sexual y hostigamiento, ocurridos entre 2022 y 2024.

La activista explica que en varios testimonios coincidieron los mismos patrones, hombres en puestos de liderazgo que, bajo el pretexto de ‘mentoría’ o ‘acompañamiento’, comenzaban a enviar mensajes fuera del horario laboral, a hacer comentarios sobre la apariencia física o a sugerir salidas personales”, relata. Uno de los casos más graves incluyó la solicitud directa de fotos.

“Una de ellas me contó que su jefe le pidió una foto. No dijo ‘selfie’, no dijo ‘para el sistema’. Sólo le dijo, ‘Mándame una foto tuya’. Ella se negó. Y a la semana, ya no estaba en los proyectos en los que trabajaba”, afirma Alma.

El mecanismo era siempre el mismo, primero, los mensajes informales; luego la frase “Estás guapísima en tus fotos”, “me gusta tu estilo, deberías compartirlo más”, y si no había una respuesta entusiasta, venía el castigo.

“Las excluían. Dejaban de invitarlas a juntas, las borraban de los chats, ya no las mencionaban en los créditos de entregables. Las hacían desaparecer sin despedirlas”, dice.

Las víctimas reportaron estos episodios a Recursos Humanos. En ningún caso hubo consecuencias para los agresores. 

“Me dijeron que lo hablaron con el área, pero que no pasó nada. A los jefes los protegían. No los tocaban. Y en cambio a ellas las empezaban a aislar”, narra Alma. En al menos tres casos documentados, las mujeres terminaron renunciando por agotamiento emocional o por miedo a represalias mayores.

En los testimonios también aparece una figura recurrente, el “buen jefe”, el que se mostraba amable, moderno, defensor de la diversidad. “Ese tipo de agresor era el más difícil de identificar para las víctimas. Al principio parecía un aliado. Las hacía sentir valoradas. Y luego, poco a poco, cruzaba líneas. Todo envuelto en un discurso de cercanía”, explica Alma.

Para la activista, lo más doloroso es que muchas de estas mujeres creyeron haber encontrado un lugar distinto. “Me decían: ‘Yo pensaba que aquí podía ser yo’. Nu se presentó como un espacio progresista, pero no protegió a sus trabajadoras. Y en los hechos, replicó la misma cultura de poder, silencios y abuso de siempre”.

El acoso no fue una anomalía, sostiene Alma, fue parte de la estructura. “No era un individuo aislado. Era una cultura que no sancionaba a nadie y que castigaba a quienes alzaban la voz. Y ahora, con la presión de convertirse en banco, el tema reputacional se impuso sobre la integridad de las personas”.

Despidos por orientación sexual

Sobre otras compañeras, Daniela recuerda un caso especialmente doloroso, una mujer fue despedida estando de incapacidad médica. “La doctora de la empresa me contó que Recursos Humanos la presionó para que firmara el despido, aun sabiendo su condición”.

Precisamente, Leopoldo sostiene que los testimonios de sus clientes apuntan también a casos de discriminación por orientación sexual, identidad de género y neurodivergencia. Una persona trans fue silenciada, se le pidió “no comportarse así”. 

A otra con una condición neurodivergente se le negó apoyo y fue revictimizada con frases como “no tienes nada, es una percepción errónea”. Todo esto ocurre, asegura Jácome, en una empresa donde los canales de denuncia no están regulados en México, sino directamente desde Brasil, lo que impide un tratamiento adecuado conforme a la legislación nacional.

“Sí tienen un canal de quejas, pero no es supervisado desde México ni conoce el marco normativo mexicano. No es más que un chismógrafo”, sentencia.

Cristina, nombre ficticio para proteger su identidad, trabajó en Nu y afirma que la empresa brasileña reproduce una estructura de exclusión sistemática hacia personas trans y disidencias sexuales. 

“No es un lugar seguro. La violencia está normalizada y, en algunos casos, ha tenido consecuencias devastadoras. Hay personas de la comunidad que, tras vivir acoso y aislamiento dentro de la empresa, quisieron quitarse la vida”, indica.

Su testimonio se suma a una serie de relatos que apuntan a la existencia de una cultura empresarial que, detrás de su imagen progresista, mantiene sesgos profundamente arraigados contra la diversidad. 

“A mí me tocaron bromas hirientes, rechazos velados, y una presión constante para ‘encajar’ en moldes que claramente no contemplaban a personas como yo”, comenta.

Tiempo después de dejar la empresa, Cristina se enteró, por boca de colegas brasileños, de las declaraciones públicas de Cristina Junqueira, cofundadora de Nu, sobre la ausencia de personas negras en la compañía.

Su respuesta generó una ola de indignación, “No contratamos más personas de color porque no cumplen con el nivel de calidad que buscamos”, dijo la fuente. 

“El comentario fue tan racista que casi genera una renuncia masiva dentro de Brasil”, relata Cristina. “Y sin embargo, ahí sigue. Esa es la raíz de Nu. Una élite disfrazada de modernidad, que en el fondo sigue creyendo que hay personas que no merecen estar ahí”.

Akala y los ecos de César Duarte, el pasado que incomoda a Nu

Uno de los aspectos más opacos en la expansión de Nu en México fue su rápida obtención de licencia para operar como institución financiera, dice Felipe.

Para evitar un trámite largo y complejo ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la fintech brasileña adquirió en 2020 la Sofipo Akala, con sede en Chihuahua. Fue, según Felipe, una estrategia deliberada para “ahorrar tiempo y evitar burocracia”.

Sin embargo, esa adquisición arrastró un historial turbio. Internamente, algunos mandos de Nu reconocían que Akala había tenido vínculos con el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de peculado y desvío de recursos públicos.

“El historial de Akala era problemático, por eso nadie debía hablar del tema y que si algún cliente preguntaba por Akala, te referían directamente a un abogado”, contó Felipe.

El entorno laboral, dice el abogado, se fue endureciendo conforme Nu avanzaba en su proceso para obtener la licencia bancaria.

“Desde que internamente se supo que buscarían convertirse en banco, comenzó el abandono institucional al capital humano”, señala una fuente anónima. En 2024, con la aprobación ya en puerta, la tensión escaló. Casos de despidos injustificados, como el de una persona que trabajó dos años y fue aislada socialmente, se acumulan. 

“Primero te sacan de las juntas, luego te dejan sin tareas, pero tienes que estar disponible. Se vuelve una violencia invisible, como empujar una roca una y otra vez sin sentido”.

Además, apunta que Nu ya opera con estructuras paralelas para maquillar sus responsabilidades, esto en el marco de ser banco, sostiene Leopoldo.
A los trabajadores del área de atención al cliente los contratan como si fueran BPOs, pero no son business process outsourcing reales, son esquemas de subcontratación disfrazados para evadir responsabilidades. 
Esta modalidad, dice, también pone en riesgo la protección de datos personales.

“La primera atención al cliente la da este tipo de outsourcing. ¿Y quién responde si hay una filtración? Nadie”, cuestiona.

Las denuncias, señala Jácome, ya se han formalizado ante instancias como la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la Conapred y también ante instancias penales. Aunque algunos casos prescribieron –por no haberse iniciado dentro del plazo de dos meses que establece la Ley Federal del Trabajo– otros siguen vigentes. “Sí hay demandas activas. Sí hay carpetas abiertas”, confirma.

Para el abogado, permitir que una empresa con estos antecedentes obtenga una licencia bancaria en México manda un mensaje de impunidad institucional. 

“Las autoridades deben considerar el cumplimiento de la legislación laboral como un criterio fundamental para autorizar operaciones financieras. De lo contrario, se reproduce un modelo de precarización desde el corazón del sistema bancario”.

“Esto no va de buenos contra malos. Va de legalidad. Va de derechos. Va de exigir que las empresas, por grandes y modernas que se vean, no estén por encima de la ley”, comentó.

Para Daniela, lo que más la inquieta no es sólo lo que vivió, sino lo que representa Nu como modelo.

“Sí, definitivamente Nu no opera como los bancos tradicionales. Llevo toda mi vida laboral en el sistema financiero mexicano, he estado tanto en neobancos como en bancos establecidos (Banorte, BBVA, Santander) y la diferencia es abismal. Un banco grande está bajo la lupa: no sólo por parte de la CNBV o del Banco de México, sino también por su reputación pública. Cualquier irregularidad puede costarle muchísimo”, explica.

Los neobancos, en cambio, según Daniela, navegan entre la informalidad operativa y la laxitud del escrutinio. 

“Como todavía están en construcción de su imagen, como apenas se están ganando la confianza del usuario, pueden permitirse ciertas prácticas sin pagar el costo reputacional de inmediato. 
Además, muchos no están integrados plenamente al marco regulatorio tradicional. Se muestran como modernos, abiertos, cool, disruptivos, pero justamente por no tener todos los controles que exige el sistema bancario mexicano, pueden atropellar derechos sin tanto castigo institucional.
En el caso específico de Nu, dice, el riesgo es mayor por su nivel de exposición pública. "Es cierto que ya no son una empresa pequeña. Muchísima gente —millennials, generación Z e incluso generación X— conoce sus productos. Han ganado popularidad. Por eso ahora, con estas denuncias, sí puede haber un daño reputacional real".

Posición de la empresa

Consultada sobre las acusaciones por acoso, discriminación y despidos arbitrarios vertidas por exempleados, Nu respondió:

“La ética, el respeto, la diversidad y la inclusión son principios inquebrantables para Nu. Por confidencialidad y protección de datos, no compartimos información sobre presuntos asuntos de carácter legal. En ese sentido, reiteramos nuestro compromiso con seguir siendo una empresa que construye entornos respetuosos y diversos, implementando prácticas, procesos y herramientas que permitan a todas las personas desarrollarse en un ambiente seguro todos los días”, señaló.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.