El 1 de diciembre de 2017, Seiba Pérez, médica veterinaria y maestra en ciencias agropecuarias, salió de su casa a hacer compras para su negocio y ese mismo día terminó en el penal de Chiconautla, Estado de México. Sin entender muy bien qué pasaba y sin saber de qué se le acusaba, pensó que era un malentendido que no pasaría a mayores, pero perdió la libertad por poco más de un año.
Ante la perspectiva de que pudieran ser cinco u ocho años más —y de que volvería a ver a su hijo, que en el momento de su detención tenía cinco años, cuando prácticamente fuera un adolescente—, optó por declararse culpable para que el juez le concediera la pena mínima y el beneficio de pasar los meses que le restaban a su sentencia con un brazalete en su domicilio.