sábado, 7 de noviembre de 2015

Pervierte al país aval de Corte a la mariguana: “El Bronco”

TOLUCA, Edomex: La aprobación del uso lúdico de la mariguana por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es una forma de “empezar a pervertir al país”, consideró el  gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”.

Durante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) realizada en esta capital, el mandatario estatal dijo que la verdadera solución al problema del narcotráfico radica en que a las administraciones federal y estatales no debe temblarles la mano para ir en contra de los traficantes.

El omitir la captura de quienes se dedican al narcotráfico, acusó, no es más que “una tibieza del gobierno y del sistema político mexicano”.

Rodríguez Calderón apuntó que el aval de la SCJN al uso recreativo de la cannabis, no es la mejor solución para un país como México, donde prevalece la inseguridad y la corrupción.

“Aquél que se mete mugre en el cuerpo o cosas que no son biológicamente naturales, comete un agravio no sólo contra sí, sino también contra la sociedad; aunque me eche de enemigos a todos los que consumen mariguana”, comentó.

El mandatario neoleonés advirtió que la decisión primero legalizará la mariguana, luego la cocaína y después el crack; “no podemos excusarnos en eso, una sociedad para ser consciente no necesita la droga”, dijo.

El Bronco criticó que la decisión de la Suprema Corte abre las puertas a muchas perversidades en el núcleo de la sociedad y perjudicaría aún más el tejido social.

“No estoy en contra del uso de la droga con fines medicinales, pero no diversión; eso va a hacer que mi hijo consuma y luego que también mi nieto lo haga; no voy a permitir que mi familia tenga un mal ejemplo de su padre. No sé qué quieran hacer con sus hijos”, planteó.


Finalmente, sentenció que nadie se puede excusar en un cargo político para aprobar algo que daña al país, pues la decisión, desde su punto de vista, traerá como consecuencia un fuerte incremento en el consumo de esta hierba.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.

LOS LINCHAMIENTOS EN MÉXICO ALCANZAN NIVELES HISTÓRICOS

En lo que va del año se han registrado 63 linchamientos en diferentes estados de la República Mexicana. Puebla, Estado de México y el Distrito Federal son los que tienen la mayor incidencia de este delito. Especialistas afirman que las razones recaen en la impunidad y la debilidad del Estado de Derecho.

Los linchamientos en México se registran porque existe impunidad y una crisis de la autoridad que se expresa en el hartazgo de la gente hacia un Estado incapaz de resolver la seguridad de los ciudadanos, coinciden organizaciones y académicos.
Cuando hay un linchamiento es porque ya hubo una impunidad, los ciudadanos que toman la justicia por su propia mano desconfían de la justicia por parte del gobierno”, expresó Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) en entrevista para SinEmbargo.
De acuerdo con el estudio “Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014)” de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en los últimos 26 años se han registrado al menos 366 casos relacionados con el linchamiento en diferentes entidades de la República Mexicana, fenómeno que se registra principalmente en la zona centro-sur del país.

En lo que va del año suman 63 casos en diferentes estados de la República. Puebla, Estado de México y el Distrito Federal van a  la cabeza de las entidades donde se registra el mayor número de linchamientos, de acuerdo con el registro de la UAM.

El profesor Raúl Rodríguez Guillén del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco y autor del estudio, destaca que en las últimas tres décadas México ha vivido un proceso de desgaste institucional que se expresa en la violencia política y social creciente que vemos cada día.
“Los linchamientos tienen una raíz común: la inseguridad y la ausencia de la autoridad. La imagen negativa que se tiene desde la sociedad de los integrantes de las fuerzas policiacas y militares, así como de las autoridades políticas, de los jueces y ministerios públicos, lo que propicia que las personas tomen justicia por su propia mano”, explicó a este medio digital el académico de la UAM.
Desde la sociedad han surgido expresiones que responden a ello, como las guardias comunitarias, el vigilantismo y los linchamientos, fenómenos que nos hablan de una crisis de autoridad y que, en el contexto nacional, forman parte de una crisis del Estado.

CARACTERÍSTICAS DE LOS LINCHAMIENTOS

Para los especialistas en Sociología, las guardias comunitarias, el vigilantismo y los linchamientos son fenómenos que nos hablan de una crisis de autoridad y que, en el contexto nacional, forman parte de una crisis del Estado.

El concepto de linchamiento presente en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, en su edición de 1984, fijaba el significado del verbo linchar como “castigar, usualmente con la muerte, sin proceso y tumultuariamente, a un sospechoso o a un reo”. Ya en su edición de 2001, esa obra de referencia define esa acción como ejecutar, es decir, ajusticiar, dar muerte sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo”.
“El linchamiento es un fenómeno que tiene características altamente violentas, se dan con mucha celeridad, o sea son muy rápidos, se realizan de manera espontánea y por autores anónimos”, detalló el profesor Rodríguez Guillén.
Para realizar el estudio “Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014)” los investigadores Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila llevaron a cabo el seguimiento en diarios, radio y televisión de las noticias que informaban de presuntos linchamientos.

A partir de esa base de datos, hicieron una clasificación de los casos reales de linchamiento y de otros fenómenos parecidos como el vigilantismo.
“El vigilantismo se da a partir de la formación de grupos de vigilantes en colonias, barrios y pueblos, pueden ser guardias comunitarios que dan seguridad a la comunidad y que se organizan haciendo rondines nocturnos y a veces diurnos, pero éstos están organizados y cuentan muchas veces con armas. Se caracteriza porque detienen a los delincuentes, los golpean hasta causarles lesiones graves, incluso les quitan la vida”, refirió Raúl Rodríguez.
Añadió que generalmente en los lugares donde ocurre esta práctica, los pobladores cuelgan mantas y advertencias, como: “No vengas aquí porque si te agarramos te vamos a linchar”.

El estudio de la UAM detalla que los linchamientos no son un fenómeno nuevo en México, pero actualmente, por sus características y contexto, adquiere un carácter novedoso.
“En tiempos de la Revolución se linchaba al del bando contrario o a quien se oponía de alguno de los bandos o de los grupos de ese momento, y los que se dan en la época contemporánea tienen que ver con el fenómeno de la inseguridad y de la imagen negativa que se tiene de las autoridades”, indicó el académico de la UAM.
Mientras las condiciones de injusticia prevalezcan y las autoridades encargadas de brindar seguridad pública no lo logren, es muy probable que estos casos de acción colectiva se sigan registrando con una mayor frecuencia, destaca el estudio “Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014)”.

Ello, a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 17, prohíbe hacerse justicia por mano propia: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”.

CASO PUEBLA

El fenómeno del linchamiento es una práctica que ha tomado cada vez más fuerza en México, el último caso del que se tiene registro ocurrió el pasado 26 de octubre en el municipio de Amecameca en el Estado de México, donde los habitantes intentaron linchar  a dos hombres quienes presuntamente mataron a puñaladas a un comerciante luego de asaltarlo.

Pero el que más causó indignación a nivel nacional fue el ocurrido en el estado de Puebla el pasado 19 de octubre cuando dos encuestadores, José Abraham Copado Molina de 30 años y su hermano, David Rey, de 39, fueron linchados en el municipio de Ajalpan.

No contaban con prestaciones de Ley porque trabajaban como freelancers. Les pagaban por cuestionario entregado entre 25 y 50 pesos, según el tipo de proyecto. Pese a ello, a las inclemencias del tiempo y a los peligros del camino, así se ganaban la vida.

El Edil de Ajalpan, Gustavo Lara Torres, informó que tras la denuncia de los pobladores sobre sujetos sospechosos, la Policía Municipal abordó a los encuestadores y se identificaron con su credenciales de elector y del trabajo.

Para evitar que fueran agredidos por los pobladores, los encuestadores fueron retenidos en la comandancia ante la insistencia de que eran los responsables de un intento de secuestro en contra de una menor.

Los habitantes de Ajalpan tocaron las campanas de la iglesia y un contingente de más de mil personas se agrupó en el lugar para después arremeter en contra de las instalaciones del Palacio Municipal y vehículos oficiales.

La turba sacó a los hombres de los separos, pese al arribo de la Policía Estatal y de municipios aledaños. Posteriormente los hombres fueron torturados y quemados en la explanada municipal.

INCAPACIDAD DE AUTORIDADES ESTATALES

El Diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Omar Ortega Álvarez, presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para exhortar a los gobernadores de Puebla, Rafael Moreno Valle y del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, para que garanticen el Estado de Derecho en sus respectivas entidades y tomen las acciones necesarias para prevenir y detener los actos de linchamiento.
“La idea de llamar a comparecer a los gobernadores de estos estados es porque de 2010 a la fecha, solamente en el Estado de México ha habido 54 casos de intentos de  linchamiento y en Puebla hay 33”, describió el legislador perredista.
El documento que será analizado por la Comisión de Justicia de la Cámara Baja también exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a que no solamente en el estado de Puebla alerte sobre estos actos de linchamiento, también en otros estados y que determine cuál es el camino a seguir como autoridad para evitar estos lamentables hechos.

Sin embargo, las organizaciones sociales aseguran que no basta con hacer un llamado de atención a las autoridades estatales, se necesitan mecanismos que procuren la justicia en México.

“No basta con el llamado de atención a las autoridades para resolver el problema de los linchamientos, lo que tenemos que hacer es generar contrapesos en la sociedad civil y exigir que las autoridades no sean omisas y no permitan más casos de impunidad”, opinó Francisco Rivas, de Observatorio Nacional Ciudadano.



FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: GUADALUPE FUENTES LÓPEZ.

Fracking, imparable; ni amparos de SCJN podrán proteger territorios concesionados

Chicontepec, Ver: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recientemente concedió el amparo solicitado por comunidades mayas de Yucatán y Campeche respecto del uso de suelo de sus tierras. Éste puede sentar jurisprudencia y evitar actividades tales como el fracking, la explotación de minas, y los cultivos genéticamente modificados.

Sin embargo, en entrevista con La Jornada Veracruz, al terminar la ceremonia de entrega de certificados a proyectos productivos, la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Nuvia Mayorga Delgado, aseguró: “en el caso del fracking son compromisos contraídos previamente; actualmente la CDI lo que está trabajando es en el protocolo avalado por la ONU con el que se protegerán los territorios de las etnias: todo proyecto realizado por el gobierno federal que cruce por territorio indígena deberá ser sometido a consulta de los pobladores para ser autorizado.

”Nosotros estamos trabajando de 2013 para acá con los compromisos previamente adquiridos, lo que estamos haciendo es tratar de regularizarlos, pero esa responsabilidad no es nuestra”.

La CDI considera que el derecho a la consulta previa, debe tener un desarrollo progresivo, por lo que, cuando se trata de megaproyectos o proyectos a gran escala que impactan de manera profunda a pueblos y comunidades indígenas, el Estado tiene la obligación de buscar el consentimiento libre, previo e informado, como el estándar de nivel de protección más alto.


Finalmente, el organismo constitucional reitera su indeclinable compromiso con la protección, la defensa y garantía de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas del país. De conformidad con el artículo 3 fracciones III y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los correos electrónicos, su contenido y sus archivos adjuntos se consideran documentos e información, por lo que pueden ser objeto de solicitudes de información.

FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ.

Torturados y con tiro de gracia, dejan 5 ejecutados en calles de Nuevo Laredo

MÉXICO, D.F: Los cuerpos de cinco hombres con huellas de tortura y el “tiro de gracia” fueron dejados frente a la plaza de toros “Lauro Luis Longoria” de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Junto a los cadáveres fue encontrado un narcomensaje dirigido a ladrones, secuestradores y rateros.

En la cartulina se advierte a los delincuentes que eso les pasará si siguen cometiendo robos, extorsiones y secuestros.

“Esto va para todos los RATEROS, SECUESTRADORES, y RATEROS, ke nos se les haga fácil, x que en este camino no hay regreso. ROBAR desde un Dulce hasta un Banco no hay PEDO, esto solo es el COMIENZO, sea quien seas NO HAY PARO!!!”, dice el mensaje

El primer cuerpo fue hallado en la avenida Taxco; metros más adelante, sobre la avenida Monterrey, se localizó el resto de los cadáveres que presentaban huellas de tortura, con los brazos atados en la espalda, así como los ojos cubiertos con cinta adhesiva.

Luego de que vecinos del sector reportaran la presencia de los cuerpos, al lugar arribaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y agentes de la Policía Federal.


Hasta esta tarde ninguna de las víctimas ha sido identificada.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Fuga del “Chapo”: Los custodios desarman la versión oficial

Las autoridades federales dijeron que, durante la fuga del Chapo Guzmán, “se siguieron los protocolos” en el penal del Altiplano. Pero los custodios detenidos por esa evasión refutan ese dicho: ni siquiera conocían tales protocolos. Proceso consiguió las declaraciones ministeriales de 13 de esos guardias, que reconstruyen con todo detalle los minutos siguientes a la huida del líder del Cártel de Sinaloa, y enumeran las fallas que campeaban en dicha cárcel “de máxima seguridad”: 30% de las cámaras perimetrales no servían, los monitores fallaban y el Ejército, la Marina, Gobernación y el Cisen supieron en tiempo real lo que estaba ocurriendo.

MÉXICO, D.F: Las declaraciones de 13 de los custodios y encargados de monitoreo presos en el penal de El Altiplano acusados del delito de evasión por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, ocurrida el 11 de julio, muestran paso a paso lo ocurrido esa noche en el penal de máxima seguridad y lo que las autoridades federales han ocultado.

Los testimonios señalan las fallas de la penitenciaría, como el hecho de que el sistema geofónico –que detecta ruidos en el piso– no funcionaba desde hace un año y dos meses; que 30% de las cámaras de vigilancia perimetral estaban descompuestas; que los monitores se pasman, y que a los custodios les dieron a leer el protocolo de actuación… un mes después de la fuga.

Demuestran también que a través de correo electrónico o radio tipo Matra, la base central de la Policía Federal en avenida Constituyentes recibió de manera inmediata las incidencias durante la noche de la evasión.

En sus declaraciones ante el Ministerio Público Federal –integradas en la causa penal 48, radicada en el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en León, Guanajuato; y en la causa penal 55, del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México– los guardias señalan que fueron detenidos con engaños y sin orden de aprehensión. Durante 24 horas, acusan, fueron retenidos desnudos en las oficinas de la SEIDO y fueron amenazados para aceptar su participación en la huida…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2031 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA (REPORTAJE ESPECIAL).

TPP, un negocio redondo para trasnacionales

MÉXICO, DF: Después de cinco años de negociaciones que 12 países llevaron a cabo en secrecía, el lunes 5 de octubre se oficializó la firma del polémico Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), el cual establece una zona de libre comercio entre México, Estados Unidos, Canadá, Chile, Perú, Singapur, Japón, Australia, Malasia, Vietnam, Brunei y Nueva Zelanda.

Ayer, el ministerio de Economía de Nueva Zelanda publicó por primera vez la versión final –y en inglés– del documento que establece, a lo largo de sus 30 capítulos, las nuevas reglas de los intercambios comerciales y financieros –de orientación resolutivamente neoliberales–, a las que las legislaciones nacionales tendrán que adecuarse.

La zona de libre comercio elimina los aranceles a las importaciones y exportaciones, así como otras “barreras comerciales innecesarias”, entre ellas los subsidios, de decenas de miles de bienes –el gobierno de Barack Obama menciona más de 18 mil productos estadunidenses de exportación exentos de aranceles–, y abre su mercado a todas las empresas de la región, por lo que ellas operan en los demás países como si fueran nacionales.

En otras palabras, las empresas de toda la región competirán entre sí para captar los mercados nacionales de los 12 países firmantes del TPP, lo que, según los detractores del acuerdo, beneficiará en primer lugar a las transnacionales, que ya cuentan con la estructura para dominar cadenas internacionales de producción.

De hecho, el TPP dedica un breve capítulo al desarrollo y el reforzamiento de estas cadenas internacionales, en el que insta a los países a abrirse a las empresas para que ellas integren la totalidad del proceso de producción de sus mercancías.

“Ningún (país) adoptará ni mantendrá prohibiciones o restricciones sobre la importación de cualquier bien de otro (país) o sobre la exportación o la venta para exportar de cualquier bien destinado al territorio de otro país”, plantea el TPP, aunque en esta materia México determinó que las restricciones comerciales no se aplicarán a los hidrocarburos ni a las partes de automóviles usadas.

De acuerdo con el documento, los Estados deberán agilizar las leyes que rigen la competencia en sus territorios, reforzar la protección a los derechos de propiedad intelectual y combatir las prácticas monopólicas –aunque permita a los países a designar monopolios– y “anticomerciales”.

El TPP también plantea la apertura comercial de los sectores textil, agrícola, ambiental, financiero y de las telecomunicaciones, así como de la nueva economía digital.

Liberaliza la circulación de bienes financieros y bancarios, así como las inversiones en la zona y limita las acciones “directas o indirectas” de expropiación.

Con el mismo tono, el documento obliga los países a eliminar las “barreras técnicas” mediante la armonización de sus sistemas de regulación y de sus estándares para la comercialización de los productos. Para lo anterior, el TPP establece estándares compartidos para los licores, los productos farmacéuticos y cosméticos, los alimentos procesados o el material médico, entre otros.

El TPP también obliga a los Estados a informar a sus pares –con antelación– cuando elabora una nueva reglamentación o una ley que podrían impactar sobre uno de los capítulos del TPP. En estos casos, llamados “consulta”, el texto ofrece la oportunidad a un país firmante de hacer “comentarios” sobre el futuro texto de ley.

Incluso, permite a las empresas, nacionales y extranjeras –llamadas “personas” en el documento– participar “en la elaboración de las normas, regulaciones técnicas y procedimientos de evaluación de conformidad” de un Estado si así lo requieren.

Burocracia

El TPP tendrá su propia gobernanza, ya que el acuerdo crea un nuevo aparato burocrático, encabezado por la Comisión de la Alianza Transpacífico, conformada por ministros de los 12 países, los cuales estarán a cargo de revisar la implementación y la operación del acuerdo, así como de enmendarlo si fuera necesario.

Además, la comisión supervisará el trabajo de la batería de comités y grupos de trabajo que crea el TPP, cuya función recaerá en vigilar que los países respeten las obligaciones del acuerdo, así como establecer nuevas reglas, siempre hacia una mayor apertura comercial.

El Comité sobre Comercio de Bienes, por ejemplo, tiene la misión de promover el comercio de bienes entre los países, “acelerar la eliminación de tarifas” o “abordar las barreras al comercio entre los países”.

Por su parte, el Comité sobre Comercio Agrícola promoverá la aplicación del TPP en materia agrícola, y hospedará un grupo de trabajo sobre los alimentos y peces desarrollados con “biotecnologías modernas” –mejor conocidos como transgénicos–.

Este grupo se desempeñará como “foro” para discutir las normas en materia de transgénicos y para “destacar la cooperación entre dos o más (países) cuando exista un interés mutuo en el comercio de productos de biotecnología moderna”.

Prácticamente todos los capítulos del TPP tienen su comité, en los que sesionarán “representantes” de los gobiernos: el comité sobre materia en comercio textiles y de ropa, de barreras técnicas al comercio, de servicios financieros, de adquisiciones gubernamentales, de empresas estatales y monopolios designados; el comité ambiental, de desarrollo o de coherencia regulatoria, entre otros.

Disputas

Además de la apertura comercial y financiera, que diluye parte del poder de los Estados en las manos del sector privado, el TPP establece un protocolo de remediación de disputas, tanto entre Estados como entre empresas y gobiernos.

Así, si un Estado considera que otro país viola cualquier punto del TPP –porque adoptó medidas que estima demasiado proteccionistas o porque está inconforme con su nueva reglamentación–, dará a conocer su queja a su contraparte.

Si los gobiernos no logran un consenso ni existe una forma de mediación, nombrarán a un panel de tres miembros, quienes dictaminarán una resolución. Si el fallo recae a favor del país demandado, éste debe modificar la causa que originó la inconformidad del otro Estado.

En el caso de que una empresa extranjera se sienta afectada por las acciones de un gobierno o las autoridades de un país en el que invirtió, podrá acudir a los tribunales de arbitraje internacionales y demandar “al tú por tú” a los gobiernos para reclamar una compensación monetaria o la restitución de su propiedad.

Este tipo de juicios comerciales ya existe, y suele provocar la indignación en los países demandados. El año pasado, por ejemplo, el Estado de Uruguay perdió la demanda comercial que interpuso en su contra la multinacional del tabaco Philip Morris, con el argumento que la nueva cajetilla “neutra” –que impuso el gobierno uruguayo para desalentar, con éxito, el consumo de tabaco— violaba su propiedad intelectual.

Con el TPP, si la supresión de aranceles conlleva a la importación masiva de productos textiles que ponga en peligro la industria nacional, un gobierno puede decretar “medidas de emergencia” y elevar los aranceles durante un periodo no mayor a dos años –prorrogable un año–.

Sin embargo, en este caso tendrá que otorgar al país afectado concesiones “que tengan un efecto comercial sustancialmente equivalente al valor de los impuestos recaudados como resultado de la medida de emergencia”.

El documento prevé medidas para combatir la corrupción y el cohecho internacional que afectarían a los intereses comerciales de una empresa. Si una empresa pierde una licitación pública a pesar de presentar la mejor oferta y el Estado no investigó los hechos, su gobierno podrá acudir a las instancias de disputa.

En varios capítulos, el TPP aborda las regulaciones al comercio agrícola. Establece de manera clara que “ningún (país) puede adoptar o mantener cualquier subsidio a bienes agrícolas destinados al territorio de otro país”. En materia de transgénicos, el texto del TPP es muy prudente en su redacción –pues en ningún momento menciona a los transgénicos como tales–, y deja a los países una aparente margen de soberanía para comercializarlos o no.

Respecto de las normas sanitarias y fitosanitarias, si bien el TPP establece la necesidad de proteger la vida humana, animal y vegetal “mientras se facilita y se expande el comercio”, también plantea en sus objetivos “asegurarse que las medidas sanitarias y fitosanitarias implementadas por un (país) no crean obstáculos injustificados al comercio”.

Lo mismo ocurre en materia ambiental: el TPP incentiva las políticas de crecimiento sostenible, llama a reforzar las leyes de protección al ambiente y deja una aparente soberanía a los Estados en términos de normatividad, pero subraya que “es inapropiado el establecer o utilizar sus leyes ambientales en una forma que podría constituir una restricción disfrazada del comercio o de inversiones entre los países”.

Confidencialidad

Bajo el pretexto de proteger la “competitividad”, El TPP obliga a los países respetar estrictas reglas de confidencialidad sobre la información que recauden de las empresas extranjeras –para verificar si cumplen con las normas ambientales, por ejemplo– y que comparten entre sí.

En materia financiera, por ejemplo, los Estados no podrán solicitar a sus pares información acerca de los clientes de las instituciones financieras internacionales o proveedores de servicios financieros; ni tampoco pedir datos “confidenciales” que “perjudiquen los intereses comerciales legítimos de las empresas”.

Asimismo, el TPP restringe a los Estados la recolección de información sobre las fórmulas de los alimentos procesados o les prohíbe solicitar a los laboratorios farmacéuticos los datos financieros y los costos de sus estrategias de venta.

En la versión final del TPP permaneció una cláusula sobre los secretos comerciales, que causó alarma entre los activistas de la región cuando Wikileaks difundió un borrador del capítulo sobre propiedad intelectual, ya que atentaría contra la figura del Whistleblower.


Esta cláusula obliga a los Estados a perseguir en el ámbito penal a cualquier persona que acceda, utilice o divulgue de manera no autorizada a un “secreto comercial” en un sistema informático. Uno de los agravantes plantea “que el acto sea en detrimento de los intereses económicos, de las relaciones internacionales, de la defensa nacional o de la seguridad nacional de (un país)”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Hay mucho optimismo de maestros por evaluarse, dice la SEP

México, DF. A un día de que concluya el plazo para que los maestros convocados a la evaluación de desempeño suban sus evidencias de enseñanza, el subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Javier Treviño Cantú, aseguró que hay mucho optimismo del magisterio para participar de este proceso.

“Hemos visto cómo se ha logrado en las últimas semanas entusiasmar a los maestros a cumplir con su obligación. Tienen el derecho y la obligación a ser evaluados y se ha detectado justamente un gran aumento en el registro de evidencias; del cien por ciento en el caso de la educación media superior, y vamos muy avanzados en la básica”, sostuvo.

En entrevista, el funcionario resaltó que ya no habrá ampliación del plazo para subir evidencias, dado que la evaluación arranca el 14 de este mes.

“Confío que vamos a estar contando con la totalidad de los que han sido convocados. Hay un gran entusiasmo”, resaltó.

Treviño Cantú destacó que la evaluación no es punitiva, ni se trata de castigar a nadie. “Al contrario, se trata de tener un proceso muy eficaz de acompañamiento, capacitación de formación continua con los maestros. A los que les vaya bien, van a mejorar sus ingresos, lo cual también es muy atractivo”.

Apuntó que en las próximas horas el Servicio Profesional Docente dará a conocer las cifras del registro total de maestros que subieron sus evidencias.

Por otro lado, tras inaugurar el Encuentro Nacional sobre Inclusión Educativa y Éxito Escolar admitió que mantienen un gran reto en cuanto a la inclusión y la equidad en muchos lugares del país.

“Justamente en los ocho estados de la región sur-sureste tenemos el gran reto de la inclusión. Ahí se encuentran dos terceras partes de la población en educación indígena, por ejemplo”, señaló.


Afirmó que para “ir mejorando” trabajan con las autoridades educativas estatales, y recordó que se cuenta, además, con el programa Escuelas al CIEN para los próximos tres años. “50 mil millones de pesos adiciones para la infraestructura y equipamiento de las escuelas para su mejoramiento”, añadió.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALMA E. MUÑOZ.
FECHA 6 NOVIEMBRE 2015.

INE quitan por segunda vez registro al PT

México, DF. A contrapelo de casi todos los partidos políticos, incluido el PRI-Verde, siete consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), le quitaron por segunda vez el registro al PT.

El Consejo General se dividió entre quienes defendieron aguardar la celebración de las elecciones extraordinarias en el distrito 1 de Aguascalientes para definir el futuro del PT y quienes lo consideraron innecesario.

Votaron a favor de quitarle el registro a los petistas el consejero presidente Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Enrique Andrade, Arturo Sánchez, Javier Santiago, Benito Nacif y de última hora, se sumó Adriana Favela.

En contra se pronunciaron Marco Antonio Baños, Beatriz Galindo, Pamela San Martín y José Roberto Ruiz Saldaña.

La sesión transcurría conforme al guión. Seis consejeros se habían pronunciado por quitarle el registro al PT, que el 7 de junio arañó el requerido 3 por ciento para permanecer en el mapa político del país.

Dio un giro sorpresivo cuando el representante del PRI, Alejandro Muñoz García, señaló que la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es clara y señala que el cómputo debe ser de 300 distritos, no de 299.

La Constitución no distingue con qué tipo de elección se debe calcular la pérdida de registro (ordinaria o extraordinaria), expuso y pidió esperar a la elección de Aguascalientes.

Ausente hasta ese momento en la sesión, el consejero Baños llegó corriendo y anunció que apoyaba quitarle el registro al Partido Humanista, pero en el caso del PT “hay elementos adicionales que habría que ver”.

Expresó que el Tribunal no dice si deben ser únicamente los 299 distritos pero hay duda de cómo interpreta ese punto. Por eso planteó esperarse al desahogo de la elección extraordinaria del 6 de diciembre para que se determine si tiene el 3 por ciento de la votación.

Luego Beatriz Galindo apoyaría a Baños y sorprendentemente coincidieron con las habituales voces discordantes: las de Pamela San Martín y de José Roberto Ruiz Saldaña.

Al inicio de la sesión, San Martín se preguntó por qué los ciudadanos del distrito 1 de Aguascalientes no tienen derecho a que su voto sirva para determinar si un partido sale del sistema de partidos. Y señaló que si después de Aguascalientes el PT no alcanza el 3 por ciento ya se definirá su futuro.

Ruiz Saldaña dijo que la Sala Superior del Tribunal Electoral les pidió atender no sólo cuestiones de legalidad sino de constitucionalidad y hasta cita artículos. “No puedo compartir que tengamos que basar el proyecto en el artículo 94 de la Legipe, la resolución parte de cuestiones de constitucionalidad y derechos fundamentales”, expuso.

A esas alturas casi todos los partidos políticos en la mesa del Consejo General del INE se habían pronunciado en contra de quitarle el registro al PT.

El panista Francisco Gárate planteó que la sentencia del Tribunal Electoral obliga al INE a esperar las elecciones de Aguascalientes.

“No por mucho madrugar amanece más temprano, este Consejo General debiera tener paciencia. Por cierto nos gustaría que muchos otros asuntos se hubiera visto esa agilidad. Vimos por contrario, lentitud pasmosa. Retener hasta que pase la elección extraordinaria”.

Pablo Gómez consideró que a ese cómputo le falta el electorado del primer distrito de Aguascalientes.

Horacio Duarte, representante de Morena, dijo que el tribunal sí mandató ir al tema constitucional y citó el artículo 51 de la Carta Magna en el sentido de que la Cámara se integra por representantes electos en su totalidad.

También salieron en defensa del PT otros partidos: Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Humanista y el único que no dio su postura fue Encuentro Social.

El consejero presidente Lorenzo Córdova llevó la batuta de quienes rechazaron la permanencia del PT con el argumento de que no le gusta que se haya subido del 2 al 3 por ciento el umbral para mantener el registro, pero él tiene que aplicar la ley.

Con una postura contraria, Ciro Murayama dijo que hace 12 años quedó claro que se puede quitar el registro a los partidos políticos sin que se celebren elecciones extraordinarias pendientes.


Similares argumentos dieron sus colegas Nacif, Andrade, Santiago, Andrade y Favela.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CLAUDIA HERRERA BELTRÁN.
FECHA: 6 NOVIEMBRE 2015.

Enfrentamiento en la sierra de Guerrero deja 3 muertos y 6 heridos

POLIXTEPEC, Gro: Al menos tres muertos y seis heridos fue el saldo de un enfrentamiento armado registrado ayer en esta comunidad serrana del municipio de Leonardo Bravo, ubicado en la sierra de esta entidad, lugar considerado como la principal zona de producción de narcóticos en Guerrero.


Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 13:00 horas de este viernes cuando un grupo de al menos 100 integrantes del grupo de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) irrumpió en esta pequeña comunidad, donde opera un grupo armado dirigido por los hermanos Ángel y Efraín Villalobos.

Lo anterior debido a que en días pasados fue asesinado el comisario de este lugar, Joaquín Romero Ríos, y pobladores de la sierra decidieron cerrar la carretera que conecta a la región centro con esta franja para exigir seguridad ante la brutal ola de violencia que viven.

De acuerdo con la versión de los comandantes de la policía ciudadana de la UPOEG, el grupo de los Villalobos había sembrado el terror en el lugar y amenazaron al resto de las poblaciones para que se sumaran a ellos o, de lo contrario, asesinarían a las autoridades y habitantes de las comunidades aledañas.

Es por eso que ayer integrantes de la UPOEG irrumpieron en el lugar donde fueron recibidos a balazos. En la refriega murieron tres hombres del grupo de los Villalobos –que viajaban en una camioneta– y seis más de la autodefensa resultaron lesionados.

Después de casi ocho horas de enfrentamiento, los miembros de la UPOEG tomaron el control del sitio que este fin de semana luce como un pueblo fantasma, entre miedo y zozobra, debido a que el grupo de los Villalobos se replegó en los cerros.

Los habitantes temen que los Villalobos puedan provocar un segundo choque armado.

Los miembros de la UPOEG catearon casas de los Villalobos donde encontraron indicios de procesamiento de amapola para elaborar heroína, que es una de las principales actividades en la sierra.

Hasta el momento ninguna autoridad ha llegado al lugar y el Ejército, así como la policía del estado, permanecen en el poblado de Filo de Caballos, ubicado a 40 minutos de Polixtepec.

Desde hace cuatro días los comisarios de la sierra hicieron un llamado a las autoridades de los tres niveles y al Ejército para que hicieran presencia en esta zona que se ha convertido en tierra de nadie ante la disputa que mantienen grupos armados por el control y trasiego de narcóticos.

El comisario del poblado serrano de Polixtepec, Joaquín Romero Ríos y su secretario, Víctor González Luna, fueron emboscados la noche del miércoles pasado en un camino de terracería del municipio de Leonardo Bravo.


El asesinato ocurrió a unos metros de un destacamento militar que mantiene el Ejército sobre el tramo Puentecillas-Polixtepec.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

La UNAM analiza río Sonora

El Instituto de Geología revisa desde hace 9 meses la zona donde ocurrió el derrame de la mina de Buenavista del Cobre.

Resultados parciales de los análisis al río Sonora, luego del derrame tóxico del 6 de agosto de 2014, revelan que no se han encontrado indicadores de mayor presencia de metales a los valores base de la región.

La directora del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Elena Centeno García, señaló que un grupo académico de investigación trabaja desde hace nueve meses en la zona afectada por el derrame de la minera Buenavista del Cobre.

Explicó que “los datos que tenemos hasta el momento sugieren que si hubo un impacto importante en la biota, —conjunto de especies de plantas, animales y otros organismos—, lo que se está cuantificando”.

Refirió que en la cuenca del río Sonora se han tomado más de cinco mil muestras de microorganismos, plantas, animales silvestres y peces, entre otros, que están en proceso de análisis en laboratorios nacionales, Canadá y Estados Unidos.

Todavía no se conoce, explicó, cuáles son las concentraciones de metales en estos organismos, luego del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado y otros metales por fallas técnicas en un bordo de contención en una presa de jales.

Centeno García destacó que para el grupo de investigación es importante contar con suficientes datos para valorar la calidad, pues también se deben atender las condiciones ambientales actuales del río para establecer estrategias de monitoreo a largo plazo.

Eso, subrayó, “con la finalidad de que brindemos a la sociedad información seria, profesional y comprobable; que además sea útil para la toma de decisiones a las autoridades correspondientes”.


La directora del Instituto de Geología de la UNAM abundó en que el grupo de investigación, conformado por 50 académicos de 16 áreas de estudio, trabajan en la valoración mineralógica de las muestras.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.

Diputada acusa a Ricardo Anaya de controlar los “moches” en el PAN

MÉXICO, D.F: El escándalo de corrupción de los “moches” continúa en el Partido Acción Nacional (PAN), pero supuestamente el control ya no lo tienen los diputados federales, sino la dirigencia que encabeza Ricardo Anaya, su presidente.

De acuerdo con información de integrantes del grupo parlamentario del PAN, la diputada yucateca Kathia Bolio Pinelo reveló, en una reunión interna, que algunos alcaldes han recibido propuestas del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para gestionarles recursos, a cambio de una comisión de 17%.

La legisladora no detalló quiénes son las personas que a nombre del CEN formulan la propuesta, pero el mecanismo que se propone es que la gestión la hará una empresa consultora y cobrará ese porcentaje de los recursos que obtengan.

La legisladora no dio más detalles, pero entre los diputados panistas y de todos los grupos parlamentarios existe enojo porque los recursos para obras que ellos gestionan, y que se han asociado a los “moches”, siguen existiendo, pero los han centralizado las dirigencias de los partidos.

De hecho, existe una bolsa de 18 mil millones de pesos del presupuesto producto de reasignaciones, pero en el caso del PAN, Ricardo Anaya aclaró que su destino deberá ser transparente para evitar su mal uso.

De hecho, apenas el martes 3 propuso que la Auditoría Superior de la Federación revise, con todo detalle, las partidas asignadas o reasignadas en la Cámara de Diputados al mismo tiempo que sean ejecutadas.

“Se trata de garantizar el correcto ejercicio de los recursos públicos y, sobre todo, se trata de sancionar a quien pretenda lucrar con las asignaciones presupuestales”, subrayó Anaya, quien planteó que ese debe ser el compromiso de todos los partidos.

“Esta es una condición que para nosotros tiene carácter de no negociable. No aprobaremos un presupuesto que no contenga los recursos para hacer realidad estas auditorías que he expuesto y he explicado”, dijo.

Sin embargo, de acuerdo con diputados federales, sobre todo los que llegaron por mayoría, la gestión que suele hacerse para “bajar” recursos de programas federales para obras en municipios de sus distritos ha quedado a cargo de la dirigencia encabezada por Anaya.

Pero eso mismo pasa con los otros grupos parlamentarios, lo que ha generado inconformidad en las bancadas, como lo reconoció también el vicecoordinador de la bancada priista, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien defendió la gestión de recursos federales a los distritos, aun cuando no exista normatividad que respalde esta atribución.

“No la hay (una atribución específica), pero forma parte de las funciones y políticas de un Congreso y esta representación es en auxilio a las gestiones que hacen los municipios”, declaró el diputado.

El senador Ernesto Cordero aseguró, en la campaña interna del PAN, que Anaya continuaría con la práctica de los “moches”, porque como coordinador del grupo parlamentario, secretario general y presidente interino de Gustavo Madero los solapó.


“Él fue parte del grupo que se hizo de las vista gorda en todo esto. No sé si los protegió, pero los toleró, que a final de cuentas es lo mismo”, afirmó Cordero.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.

Trabajadoras de taquillas del metro sufren constantes humillaciones por usuarios y por sindicato; acusa activista

Ella sintió como si un globo de agua caliente le hubiera explotado en la cara, segundos antes, estaba como todos los días atendiendo la taquilla del metro Eugenia; dos hombres se le acercaron y uno se llevó la mano a la espalda, sacó un arma, la dirigió hacia la ventanilla y le apuntó, ella pensó “me vinieron a matar”, y escuchó la detonación.

Inmediatamente después tenía el rostro cubierto de sangre y cientos de fragmentos de vidrio se insertaron en su ojo y piel. Logró esquivar la bala porque movió la cabeza en las últimas milésimas de segundo, aunque sí rozó y le quemó parte del rostro. Nélida Reyes Guzmán es trabajadora de taquilla del Metro del Distrito Federal e integra Intersindicalistas, Trabajadoras de taquilla, STC, México, D.F.

Aquel atentado contra su vida fue producto de su incansable lucha, reflejada en acciones para democratizar las condiciones laborales con una perspectiva de género. Ha sido víctima de discriminación y acoso laboral por parte del Sindicato del Metro de la Ciudad de México al reclamar sus derechos y a esto se suma las amenazas de violación.

Su activismo dio inicio en los años 80, y producto de la asistencia a mítines por los derechos de los trabajadores, hubieron represalias en su contra, producto de esto sufrió aquel disparo que la llevó a ser hospitalizada de manera urgente, por encontrándose gravemente herida. Sin embargo, a su salida, el hostigamiento y las represalias siguieron ya que fue enviada a laborar en la misma estación del metro, pese al trauma que ella sentía, después de aquel hecho, comenta la defensora de derechos humanos Nélida Reyes a Revolución TRESPUNTOCERO.

Ella afirma que ser trabajadora en taquilla, es un oficio despreciado por gran parte de la sociedad del Distrito Federal, asegura que “es un escalón menos que ser narco, hay una descalificación muy grande. En mi área, el 90% somos mujeres, la gran mayoría madres solteras y el único sustento familiar”.

Dentro de los principales problemas que ella ha luchado por combatir, se encuentra la discriminación por ser mujeres, el encierro al que son sometidas, “para ir al baño se debe cruzar la estación, porque solamente hay un baño. Años atrás no era posible salir de la taquilla si no tenías suplente, habían compañeras que lamentablemente no aguantaron a esperar que su reemplazo llegara del metro universidad (ellas estando en División del Norte) para poder ir al baño y padecieron accidentes, que por pena o vergüenza decidieron callar”, comenta Reyes.

La defensora y activista en su lucha ha padecido golpes por parte de los mismos directivos del sindicato, al igual que muchos de sus compañeros trabajadores, provocado por la defensa de sus derechos laborales y humanos. Actualmente la situación en el sistema Metro sigue siendo complicada, explica que “el sindicato no permite que uno como trabajador exija un aumento, justo ahora que estamos en una crisis económica en el país. Fernando Espino, dirigente del sindicato, envió un documento a la empresa asegurando que los trabajadores no iban a pedir ningún tipo de aumento, pero que a cambio se le otorgara la concesión de los comedores, es decir canjea nuestras prestaciones por prebendas para él.

Espino lo controla absolutamente todo, controla las plazas de los conductores de vías de material rodante, controla los reguladores, tiene el control de todo el metro. Tiene un poder tan grande que ha logrado tener el 100 % del control de las plazas de abril a diciembre. Su estrategia es que en todas las áreas ha metido a su gente, son varias las familias, a las que se llama ‘castas’, son muy grandes, ahí trabajan tíos, primos, sobrinos, hermanos, padres, madres; como ejemplo todas las supervisoras han obtenido plazas otorgadas por Espino, así también la mayoría de las trabajadoras de taquilla”, explica Reyes.

Es por lo anterior, según la activista, la mayoría de los trabajadores le han dado a Espino el control de su vida laboral, por ello nadie se quiere poner en su contra, ya que él siempre les recuerda que, “tú tienes la plaza por mí”, lo que hace que lo sientan como su benefactor, teniendo como otro de sus temores la alza de desempleo, y entonces prefieren no alzar la voz.

Aún con ello Nélida Reye sigue luchando, pese a las represalias, ya que además de los anteriores actualmente se ha desatado nuevamente, “una ola de faltantes”. “Las culpables al final somos los trabajadoras de taquilla, cuando se pierde el dinero. Sin embargo, a las encargadas de verificar que nosotras entregamos nuestras cuentas claras, a ellas nadie las audita, pueden decirnos tuviste un faltante de 500 pesos, o no depositaste todas las monedas de cierta denominación y te ponen los faltantes que deseen y punto.

Después de esto, te llevan a la mesa de investigación y el juez te dice que es tu palabra contra la de las cajeras, además es mucha gente te dijo que tú tienes un faltante, así que no solamente te descuentan ese dinero, sino el estímulo del mes que son aproximadamente 450 pesos y el estímulo anual que equivale a mil 700 pesos, si somos aproximadamente 2100 trabajadoras, cuántas de estas trabajadoras recibe sus estímulos anuales, si a la gran mayoría se les descuenta supuestos faltantes, es posible que ni siquiera 500 trabajadoras pueden tener acceso estos estímulos”.

En esa lógica “tan violenta del sindicato, que es juez y parte, una de las situaciones garrafales que también han cometido en nuestra contra, es lo relacionado con el equipo de cómputo y las tarjetas de recarga; nosotras en taquilla recargamos para el metro, metrobus, ecobici, sistema eléctrico y RTP y para la línea 12, que es de Carlos Slim, nosotras estamos recibiendo un solo salario y estamos trabajándole a todas estas empresas gratuitamente, porque los usuarios pueden recargar con nosotras para usar todos estos tipos de transporte, pero no existe ningún estímulo, ni prestación, es decir por trabajamos gratis”.

La realidad laboral de las trabajadoras en taquilla tiene distintas aristas, todas ellas con problemáticas difíciles, según explica Nélida Reyes. En su trabajo existe una gran negación de los valores y derechos para ellas. Ha habido distintos y muchos casos, en donde sus compañeras de taquilla han sido golpeabas por los usuarios, en el momento que salen al baño, los usuarios las han violentado, “tenemos una sociedad que nos repudia, tenemos encima un estigma, sumado a los distintos obstáculo que nos aquejan, es un caldo de cultivo impresionante para ser explotadas.

Esa violencia que tienen los usuarios frente a nosotras a la hora que van a establecer la relación compraventa, o de estar encerradas sin tener un baño y condicionadas a ir a este bajo nuestro propio riesgo, si no hay una suplente cuando la suplente está a cuatro estaciones de nosotras y tenemos que esperar a que llegue, es como constantemente quisieran decirnos que no tenemos derechos humanos”.

La derechohumanista asegura que la violencia ejercida por algunos usuarios en su contra es redituable tanto para la empresa Metro, como para el Gobierno del Distrito Federal, “si alguien avienta las monedas, me golpea, escupe la taquilla, golpea la ventanilla y me grita ‘puta’, yo no tengo porque enojarme, porque sino a mí me van a reportar y me van a citar a la mesa de investigación, me van a decir tú eres servidora pública y no tienes derecho contestar, esa es la lógica del patrón, como si nosotras no tuviéramos derechos humanos. Además ya denunciada te pueden descontar hasta seis días de trabajo, más los estímulos, pero resulta conveniente porque mejor que se descarguen los usuarios en taquilla, pues evita que no dañen sus trenes, sus instalaciones, sus torniquetes y es redituable para el metro y para el GDF, porque prefieren que haya reclamos a las trabajadoras de taquilla y no a otros servidores públicos”, asevera Reyes.

En el metro hay una lucha de trabajadoras de taquilla, que luchan por alcanzar la democracia dentro de su sindicato, ellas, trabajadoras de taquilla y no ‘taquilleras’,  viven sin protección alguna, como el caso de Nélida Reyes, quien no sabía sobre protocolos de seguridad y es mucho después de llegar a formar parte de la campaña Haz Que Se Vean, promovida entre otros organismos por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), que se dio cuenta que ha luchado y ha mantenido su vida “por pura suerte”.

La campaña ‘Haz que se vean’, tiene como propósito sensibilizar sobre la vulnerabilidad que padecen los defensores de derechos humanos en el país, quienes son ultrajados y hasta asesinados en su lucha por la defensa de derechos humanos.

En el caso de la problemática de las trabajadoras de taquilla, se busca recordar que ellas se sienten vulnerables estando atrás de un cristal, quienes muchas veces son humilladas y ultrajadas, además de minimizadas como profesionales y seres humanos, con frases comunes como: “al menos el policía fue a la academia, pero ella”, “seguro está amargada porque no le quedó de otra que trabajar aquí”, “ella no es nadie”, “es su obligación darme cambio”, “está aquí gracias a mi dinero”.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: EMMA MARTÍNEZ.

PGR busca en ex cuartel militar de Guerrero restos de Rosendo Radilla

La jornada de excavaciones está precedida por trabajos de prospección con el objetivo de detectar irregularidades o anomalías en el terreno y se prevé que concluya el próximo 14 de noviembre.

Personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) realiza la quinta diligencia de excavación en el predio Ciudad de los Servicios en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en busca de los restos de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en 1974.

Esta acción se realiza “en consideración a la relevancia del caso por tratarse de la presunta desaparición forzada de personas y para dar cumplimiento en tiempo y forma a la sentencia emitida el 23 de noviembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, detalló la Procuraduría General de la República (PGR).

Agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Coordinación General de Investigación (CGI) llevan a cabo dichos trabajos en el lugar que era ocupado por el entonces Cuartel Militar de la 27 Zona Militar.

En un comunicado, recordó que en uno de sus puntos resolutivos de la sentencia de la CIDH señala la continuación de la búsqueda del líder campesino y de las investigaciones para determinar las responsabilidades que en el caso resulten.

Durante los trabajos, el Ministerio Público de la Federación está asistido por peritos en diversas especialidades y personal policial ministerial.

Además el fiscal federal coordina los trabajos del personal pericial en materia de Arqueología, Antropología Forense, Fotografía Forense, Audio y Video y Criminalística de Campo, así como las labores de dos peritos en Antropología Forense propuestos por los familiares de Radilla Pacheco.

La diligencia de excavación tiene su origen en la averiguación previa SIEDF/CGI/454/07, instruida con motivo de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida el 25 de agosto de 1974 en el estado de Guerrero.

La representación social informó a los familiares de Radilla Pacheco, así como a diferentes instancias gubernamentales y organismos de derechos humanos sobre los trabajos de excavación den seguimiento a su desarrollo.


El Estado mexicano, a través de la Procuraduría General de la República, reiteró su compromiso de continuar con las investigaciones y diligencias necesarias que permitan determinar el paradero de Rosendo Radilla Pacheco.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 6 DE NOVIEMBRE 2015.

La balacera entre policías sigue sin explicación oficial de SSPDF

Efectivos de la PGJ encubren a narcos, denuncian agentes de seguridad pública. Se desconoce paradero de vendedores de droga detenidos durante el operativo.

Elementos del estado mayor policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), que se enfrentaron con policías de investigación de la procuraduría capitalina el pasado miércoles, acusaron a los agentes judiciales de homicidio en grado de tentativa, abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza y encubrimiento, ya que, sostuvieron, su intervención fue para rescatar a dos personas detenidas con 17 envoltorios de mariguana.

A pesar de que ambos grupos de policías intercambiaron disparos, sólo hubo un lesionado, gracias a la presencia de personal de la Policía Militar, que acudió a la zona. Las fuerzas armadas cuentan con instalaciones en avenida Canal del Chalco, delegación Tláhuac, cerca de donde ocurrió el enfrentamiento.

El estado mayor policial es un grupo táctico de investigación de la SSPDF que tiene contacto directo con el titular de la dependencia, Hiram Almeida, y que reporta en tiempo real las acciones realizadas, no obstante, hasta el momento la dependencia no ha informado oficialmente sobre la asignación que tenían sus elementos en un punto de droga efectivo, en la colonia Miguel Hidalgo.


Sin embargo, familiares de los policías involucrados aseguraron que hay oficios de colaboración por el caso entre la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y la SSPDF, pero lo que ha trascendido sólo han sido las acusaciones entre los grupos policiacos, que se vinculan mutuamente con narcomenudistas.

Los elementos del estado mayor policial declararon que tenían una asignación para checar un punto de venta de droga en la calle de Don Carlo manzana 168, lote 48, en la colonia Miguel Hidalgo, que resultó efectivo.

Al confirmar la existencia de la tiendita se logró la detención de dos presuntos vendedores de droga y se decomisó una bolsa de papel de estraza con 17 envoltorios de mariguana. Al partir en convoy, que es como trabajan en este tipo de asignaciones, nueve policías de la SSPDF y los detenidos salieron en un Tsuru y un Aveo de la citada calle.

Apenas habían tomado avenida Tláhuac y supuestamente una camioneta Mitsubishi les cerró el paso, descendieron entre cuatro y cinco personas que les exigían liberar a sus muchachos; segundos después llegaron los policías de investigación y se desató la balacera, pese a que en todo momento se identificaron con sus placas de la secretaría, señalaron los efectivos de la SSPDF.

Hasta el momento, no se ha dado información sobre los detenidos por la venta de droga, tampoco se sabe qué sucedió con los tripulantes del Aveo, que eran parte de la célula que fue a verificar el punto de distribución.


Ayer se informó que los cinco policías detenidos del estado mayor y los de investigación de la procuraduría capitalina fueron liberados. Los primeros quedaron bajo resguardo de la dependencia y serán sometidos a indagación interna.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSEFINA QUINTERO.

Reconoce Graco Ramírez “ilegalidad” de fosas en Tetelcingo; promete sanciones

TETELCINGO, Mor: El gobierno que encabeza el perredista Graco Ramírez admitió este día la “ilegalidad” de las “fosas clandestinas” operadas por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) en la entidad, y por ello anunció el inicio de procesos penales y administrativos contra los presuntos responsables de estos hechos.

El jueves pasado, la agencia y el portal de Proceso difundieron la información y un video sobre estos predios, localizados en Cuautla, donde al menos 150 cuerpos fueron inhumados de forma irregular.


En un comunicado de prensa con el título “La Fiscalía inició proceso penal y administrativo contra quienes resulten responsables de inhumación ilegal de cadáveres en Tetelcingo”, el gobierno estatal confirmó que las fosas estaban totalmente fuera de la legalidad.



Además, asegura que “atenderá las irregularidades relacionadas con los hechos denunciados en consonancia con la ley”.

Y luego, en un intento por deslindarse de estas violaciones legales, sostiene que la inhumación clandestina de cuerpos “corresponde a un pasado que la autoridad rechaza, y respecto del cual la presente administración ha iniciado su superación y se compromete, en este y cualquier otro caso, a investigar y resolver a la brevedad” los hechos denunciados.

Lo anterior, a pesar de que las acciones ocurrieron después del 1 de octubre de 2012, fecha de inicio de la gestión de Ramírez Garrido Abreu, y de que las autoridades tuvieron conocimiento del asunto desde hace prácticamente dos años.

También se aclara en el comunicado que los procedimientos legales y administrativos se interponen “en contra de quien o quienes resulten responsables por los delitos de incumplimiento de funciones públicas, ejercicio indebido de servicio público, violación a las leyes sobre inhumación y exhumación de cadáveres en agravio de quienes resulten afectados”, reconociendo la naturaleza ilegal de las fosas y los hechos.

Pese a ello, el gobernador escribió esta mañana en su cuenta de Twitter: “El tema fosa común que autorizaba la Procuraduría del Edo. está bajo investigación por la actual Fiscalía General (que) sí cumplió procesos legales”.

El nuevo fiscal

En tanto, el Congreso local llevó a cabo la ratificación de Javier Pérez Durón como nuevo fiscal general, luego de que el 30 de julio pasado fue nombrado como encargado de despacho a la salida de Rodrigo Dorantes Salgado, actual delegado de la PGR en Durango.

Pérez Durón es sobrino de Olga Durón, actual directora del Instituto estatal de Radio y Televisión y exesposa de Graco Ramírez.

En su primera entrevista como fiscal, Pérez Durón se comprometió a resolver el caso de las fosas, aunque también se deslindó de cualquier responsabilidad sobre el depósito ilegal de 150 cadáveres en Tetelcingo y negó que se trate de una “fosa clandestina”.

“Yo no tenía conocimiento de causa, en virtud de que yo todavía no estaba cuando se realizó el hecho, yo entré en julio y el hecho sucedió en marzo”, fue lo primero que respondió Pérez Durón al ser cuestionado sobre en quién recaerá la responsabilidad de la inhumación ilegal.

Luego justificó que no se trata de una fosa clandestina, sino de un predio con cuyo dueño la dependencia mantiene un “convenio”, a pesar de que sus propietarios no han acreditado “administrativamente” los requisitos para operar bajo la normatividad de ley.

“Los trámites administrativos se están verificando y se actuará conforme a derecho, pero no es una fosa clandestina como tal de la Fiscalía. La Fiscalía no tiene fosas clandestinas, ni el gobernador, ni el gobierno del estado”, insistió.

Reclaman la reapertura de las fosas

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) demandó este viernes un informe de la Fiscalía respecto de las fosas de Tetelcingo.

Además, llevó al lugar de los hechos a un grupo de peritos independientes para hacer las primeras investigaciones respecto del predio que funciona como panteón y de los alrededores de las fosas.

De su lado, la integrante de la Comisión de Atención a Víctimas del estado, Angélica Rodríguez, acudió en compañía de otros familiares de víctimas y anunció que miles de familias de desaparecidos, agrupadas en colectivos como Movimiento por Nuestros Desaparecidos, demandarán en breve al gobierno del estado la reapertura inmediata de las fosas para buscar entre esos cuerpos a sus familiares ausentes.


Angélica Rodríguez hizo un llamado a los familiares de personas desaparecidas a que se pongan en contacto con la Comisión de Atención a Víctimas de Morelos, para exigir al gobierno que se abran las fosas, se explique de dónde provienen los cuerpos y se permita a los familiares realizar las pruebas necesarias para determinar si corresponden a algunas de las personas reportadas como desaparecidas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)

Colonos de Santa Fe alistan demandas contra el GDF por deslaves

MÉXICO, DF: El Gobierno del Distrito Federal (GDF) enfrentará demandas penales y civiles por parte de los habitantes del fraccionamiento Vista del Campo, en Santa Fe, cuyos departamentos están en riesgo por los deslaves registrados desde hace una semana en esa zona.

Juan Rivero Legorreta, abogado penalista y vecino de la Torre 1 del conjunto habitacional compuesto por cinco torres en total, dijo a Reforma que él y varios vecinos ya preparan una denuncia penal contra el GDF y cualquier persona física que resulte responsable por los deslizamientos.

También, advirtió, interpondrán denuncias civiles por daños a la moral y daños y perjuicios contra los responsables.

“Nada de esto tiene uso de suelo, y el Gobierno del Distrito Federal lo permitió, y a los ingenieros que están construyendo todo esto, porque ellos sí sabían lo que estaba pasando”, acusó.

En particular acusó a Arturo Rosette, propietario del residencial, quien –sostuvo el abogado— tendría que haber verificado que todo estuviera el orden para la construcción.

“El propietario de ese edificio (Rosette) es el primer responsable junto con el GDF por todo esto”, insistió Rivero Legorreta quien adelantó que colocará carteles a lo largo del fraccionamiento para convocar a todos los colonos a sumarse a la denuncia.

Entre los afectados, se encuentran personajes de la farándula como el actor cómico Fredy Ortega y la ex Miss Universo, Alicia Machado, quienes confirmaron que desalojaron sus viviendas ante el riesgo de más desgajamientos.

Y el predio es propiedad de…

Ante la inminencia de las demandas, los colonos exigieron conocer toda la información sobre la propiedad del predio que, según versiones periodísticas, es del GDF.

El propio jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera afirmó que el predio donde se encuentra el fraccionamiento Vista del Campo es propiedad del gobierno capitalino pero que la ocupación es “de un particular”.

En entrevista luego de encabezar el evento “Principios de Desarrollo Social CDMX”, en el Patio Oriente del Antiguo Palacio de Ayuntamiento, Mancera Espinosa, explicó que en realidad se trata de cuatro predios que fueron expropiados y que tres de ellos iniciaron un proceso de reversión.

“Fueron predios expropiados, de esos cuatro predios, tres no son propiedad del Gobierno del Distrito Federal, están los registros, fue a través de un procedimiento de reversión.

“Y hay un predio que no fue al procedimiento de reversión pero que, sin embargo tiene una ocupación, esa ocupación no la tiene el Gobierno del Distrito Federal, la tiene un particular pero es un predio que registralmente está con el Distrito Federal”, afirmó

El mandatario capitalino dijo que expertos de la UNAM y especialistas de la Secretaría de Obras y Servicios y el Centro Nacional de Prevención de Desastres del gobierno federal, trabajan en un dictamen para saber exactamente cuál es la situación y la delegación Cuajimalpa deberá informar si los permisos estaban ingresados o no para todas las construcciones e instalaciones.

Más tarde, el consejero Jurídico y de Servicios Legales (CEJUR), Manuel Granados Covarrubias; y los secretarios de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, y de Protección Civil, Fausto Lugo García, convocaron a una rueda de prensa para entregar los resultados de las investigaciones sobre los antecedentes del predio.

El consejero jurídico informó que el registro de la propiedad en la zona de Santa Fe data de 1959 y estaba a nombre de Charles Breuer Moehl, hasta que en 1982 se subdividió en cuatro fracciones a petición del propietario. En ese año, dijo, Carlos Rosette Herrejón adquirió el predio con número predial 056812240002.

“El 23 de octubre de 1997 se promueve la solicitud de reversión del predio de referencia y el 24 de enero de 2013 se declara procedente, por tanto, la titularidad del predio es del señor Carlos Rosette Herrejón. El propietario ha poseído el inmueble desde que lo adquirió en el año 1982 a la fecha”, afirmó Granados Covarrubias.

Sin embargo, dijo que la investigación continúa para determinar el grado de responsabilidad de los involucrados, así como los daños y perjuicios que indiquen los servicios periciales.

El secretario de Protección Civil precisó que hasta obtener los resultados de los estudios no intervendrán en las tareas de limpieza, a fin de garantizar la seguridad del personal que realizará los trabajos.

“Es una responsabilidad del particular garantizar la seguridad de lo que va a construir, las personas que vean una situación de riesgo, no contraten, no compren”, pidió Lugo García.

Comentó que realizarán diferentes recorridos para revisar las áreas que tengan que revisarse en materia de Protección Civil.


Por cierto, hoy el diario Milenio dio a conocer que autoridades de Cuajimalpa detectaron que la barranca de Santa Rita una zona de viviendas populares ubicada en la zona limítrofe con el municipio de Huxquilucan, corren el mismo riesgo de deslaves como los ocurridos en la exclusiva zona de Santa Fe.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.