González Nahle será magistrada Civil. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se desempeñó como subdirectora de Verificación en el desaparecido Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

De acuerdo con su semblanza curricular, en 2017 formó parte del equipo de asesores del senador priista José Marco Antonio Olvera, quien actualmente es delegado general del tricolor en Zacatecas.

Otro cercano a grupos influyentes del morenismo es Oscar Medina Alonso, quien será magistrado penal. En 2020 fue designado agente del Ministerio Público en la Fiscalía capitalina, donde después fue nombrado líder coordinador de Proyectos en la oficina de Ulises Lara, cuando éste quedó como encargado de la institución.

Zeila Eunice Pérez Herrera será magistrada en Justicia para Adolescentes, luego de que hasta el 31 de marzo último se desempeñó como directora de Instrumentos Normativos y Administrativos en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, con Clara Brugada, con quien trabajó como directora jurídica en la alcaldía Iztapalapa.

Denuncias y señalamientos

Entre los juzgadores con antecedentes cuestionados se encuentra Carmen Alejandra Lozano Maya, quien será jueza penal pese a que en 2020 tuvo que dejar su cargo como ministerio público en el Estado de México, luego de casi dos décadas en activo. Se separó del cargo porque fue denunciada por actos de tortura, abuso sexual y extorsión en agravio de una mujer y sus dos hijos menores de edad.

El Tribunal Contencioso Administrativo del Edomex desechó la denuncia por falta de pruebas, pero después fue denunciada nuevamente por actos de corrupción y abusos por parte del colectivo “Presunción de inocencia”, durante un foro legislativo realizado en 2020. Sin embargo, tampoco fue sancionada.

También es el caso de Alejandro Torres Jiménez, quien será magistrado civil. En 2017 fue sujeto a investigación por el Consejo de la Judicatura capitalino por supuestas faltas administrativas en el caso del abogado Ulrich Richter Morales contra la empresa Google.

En aquel momento, Torres era juez Octavo Civil y fue acusado por Richter Morales de dilatar dolosamente el juicio al ordenar 10 intentos para notificar al autor material de las publicaciones reclamadas por el jurista, en un periodo de 12 meses, lo que implicó un promedio de un intento de notificación por mes que mantuvo, todo ese tiempo, empantanado el asunto.

Otro caso es el de Miguel Morales Monter, quien logró quedarse como magistrado familiar pese a que, como juez Quinto Familiar, cargo que ocupaba hasta septiembre último, fue señalado continuamente como cómplice de hombres que ejercen violencia vicaria por favorecerlos con sus determinaciones.

El caso más reciente fue cuando otorgó la custodia de los hijos de Berenice Gervassi al padre de estos, lo que terminó en la muerte de uno de los niños menores de edad; también entregó a los cinco hijos de Maha Schekaibán, a Bernardo Vogel, caso informado por la edición mensual Proceso 0021.

Al postularse como candidato a magistrado, Monter ocupaba el cargo de juez Familiar de Oralidad en los juzgados recientemente creados por la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Uno más es el de Erick Javier Martín Salas, quien será magistrado penal pese a que, como director general para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, puesto que ocupó del 1 de enero de 2022 a noviembre de 2023, fue denunciado junto con otros funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) por hostigamiento, acoso laboral, sexual, discriminación y lo que resulte en agravio de Lucero Muñoz García, abogada que trabajó en la Unidad de Evaluación de Riesgos del mecanismo.

Olimpia García Torres conservará su cargo como juez civil. En mayo del año pasado prohibió a partidos de oposición referirse a lo ocurrido con el derrumbe de la Línea 12 durante la campaña electoral.

El 1 de junio último la capital del país renovó la mitad de sus jueces y magistrados y, por primera vez, conformó el Tribunal de Disciplina Judicial mediante comicios.

En total, se eligieron a 98 jueces y 49 magistrados en materias familiar, civil, de justicia para adolescentes, especializados en adopción y laborales, quienes iniciarán sus nuevas funciones a partir de septiembre próximo.

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) reportó que en la elección participó 14.91% del total de ciudadanos registrados en la lista nominal, es decir, un millón 188 mil 863 personas.

De lo federal a lo local

Proceso realizó una revisión de cada uno de los perfiles de los ganadores, entre los que destacan personas que optaron por dejar del Poder Judicial Federal para incorporarse a la justicia local, como Alfonso Alejandro Sánchez Talledo, quien dejará su puesto como secretario de acuerdos en tribunal Colegiado de Circuito, para ocupar una magistratura en materia penal.

En 2023, en su edición semanal número 2426, Proceso informó que Sánchez Talledo, trabajador del Poder Judicial de la Federación (PJF), denunció que una secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en el Estado de México, donde él era magistrado interino (provisional), lo amenazó de muerte.

La administración del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, antes de entregar a la actual presidenta, Norma Piña, decidió reubicarlo en Tamaulipas como solución a su denuncia.

Para evitar su traslado solicitó apoyo a Piña Hernández, quien envió el asunto al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) donde rechazaron reubicarlo en un circuito más cercano al Estado de México, su lugar habitual de residencia.

Anaid Elena Valero Manzano, quien será magistrada penal, antes de postularse para la elección judicial fue una de las candidatas a ser la nueva Fiscal General de Justicia en la CDMX, junto con Bertha María Alcalde y Ulrich Richter Morales, para la administración de Clara Brugada.

Anteriormente, se desempeñó como secretaria de acuerdos en la ponencia de la ministra Norma Piña en la SCJN y también fue directora del Instituto Profesional de Enseñanza Jurídica.

Paulina Cal y Mayor Turnbull, actualmente directora del Instituto de Estudios Judiciales (IEJ) del Tribunal, área encargada de elaborar los exámenes y cursos de carrera judicial, a partir de septiembre próximo será magistrada familiar.

También es el caso de Santiago José Vázquez Camacho, quien dejará el PJF para incorporarse al Poder Judicial local como magistrado familiar. Durante la gestión de Norma Piña en la Suprema Corte fue designado director general de Relaciones Institucionales. Antes se había desempeñado como secretario de estudio y cuenta en la ponencia del expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar.

Aspiraciones frustradas

La reforma judicial permitió a los jueces y magistrados locales que llegaron a esos puestos por carrera judicial, tener una candidatura automática para participar en la elección del 1 de junio último.

Aunque el Tribunal local rechazó dar a conocer cuántos de esos juzgadores declinaron sus candidaturas, el IECM informó que 26 magistrados y 30 jueces de primera instancia rechazaron participar.

Proceso documentó casos de nepotismo ejercido por juzgadores que decidieron participar en la elección.

Conforme a los resultados de los comicios, ninguno de ellos logró obtener un puesto, aunque no todos quedaron fuera del Tribunal.

El 25 de marzo reciente esta casa editorial dio a conocer el caso de la magistrada Gloria Rosa Santos Mendoza, quien buscó conservar su cargo en la elección, pero no alcanzó los votos requeridos, por lo que en septiembre próximo deberá dejar su cargo.

Los dos hijos de la magistrada trabajan en el Tribunal, uno de ellos, Joaquín Campos Santos, director de la Unidad de Gestión Administrativa de Proceso Oral en materia Familiar, fue candidato a juez Familiar pero no resultó electo. Sin embargo, conservará su cargo porque la reforma no le exige su renuncia para participar en la contienda.

Saraí Campos Santos, hija de la magistrada, es secretaria de Acuerdos del juzgado Décimo Teercero de lo Familiar; su esposo y yerno de la magistrada, Vicente del Valle Noriega, fue candidato a juez Familiar y tampoco resultó electo.

El 6 de mayo pasado se informó también el caso de María del Socorro Cecilia Jiménez Vega, jueza de Proceso Oral en materia Familiar, quien fue candidata a magistrada familiar pero no resultó electa.

Sin embargo, sólo deberá dejar su cargo si su plaza formó parte de las vacantes que el Poder Judicial local sometió a la elección de este año.

El esposo de la juzgadora, Omar Arturo Pérez Ricalde, también trabaja en el Tribunal como secretario de Acuerdos Titular de la Unidad de Gestión Judicial Tipo 2 y participó como candidato a juez Familiar, pero no resultó electo, por lo que no será obligado a dejar su cargo.

Mientras que Rebeca Yazmín Rodríguez Pujol, juez interina en el juzgado Sexto de lo Familiar e hija de la magistrada Rebeca Florentina Pujol Rosas, intentó ser magistrada pero no lo logró.

Debido a que ni siquiera tiene cargo de juzgadora, no será obligada a abandonar el tribunal.

Conforme a la reforma judicial, los nuevos magistrados se encargarán de la vigilancia y disciplina de los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) que actualmente se encuentra en paro de labores por la falta de incremento salarial, ausencia de insumos, excesivas cargas de trabajo y hostigamiento laboral, entre otros hechos.

Para la primera elección judicial, las vacantes serán ocupadas por tres mujeres y dos hombres y, aunque los cargos tendrán una duración de seis años, sólo para este primer periodo los dos candidatos que obtengan el mayor número de votos se mantendrán en el puesto por ocho años.

Con 358 mil 333 votos, Nicolás Jerónimo Alejo se convertirá en el primer presidente del TDJ capitalino y durará en el cargo ocho años por haber obtenido el mayor número de sufragios.

Jerónimo Alejo es exagente de la Fiscalía General de la República (FGR), donde estaba adscrito a la Unidad Especializada de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), al mando de Rosendo Gómez Piedra, de quien es allegado.

El exagente federal fue postulado para el TDJ por el Poder Ejecutivo local encabezado por Clara Brugada.

Ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no reportó tener redes sociales para difundir su perfil y propuestas, por lo que durante la campaña su nombre fue poco conocido por la ciudadanía.

Contra él pesan acusaciones por parte de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa porque utilizó un chaleco de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) pese a no formar parte de la corporación; ingerir bebidas alcohólicas durante diligencias del caso y falta de experiencia.

Llegó sin cumplir

Martha Alejandra Chávez Camarena será magistrada con 308 mil 157 votos, ello, pese a que –según la plataforma Conóceles del IECM– aparece que no proporcionó las cinco cartas de recomendación que se requirieron a todos los candidatos, o que las que presentó incumplen con los requisitos establecidos en los lineamientos de la convocatoria a la elección judicial.

De mayo a noviembre de 2023 fue secretaria de estudio y cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); antes, entre abril de 2016 y abril de 2023, se desempeñó como magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM).

De marzo a octubre de 2014, durante la administración de Juan N. Silva Meza, trabajó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde fue coordinadora para la capacitación operativa.

Ixchel Sarai Alzaga trabajó en el gobierno de la Ciudad de México durante el mandato de Claudia Sheinbaum Pardo revisando proyectos ejecutivos, costos y supervisión de obra para diferentes dependencias.

Buscó ser comisionada en el Instituto de Transparencia de la CDMX y se le identifica como cercana a Arístides Rodrigo Guerrero, ahora ministro electo de la Corte, conocido en redes sociales por su campaña en la que se comparó con un chicharrón preparado.

Nahyeli Ortiz Quintero, actualmente es directora ejecutiva de la Unidad de Género de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX.

Anteriormente fue coordinadora general de Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia local, cuando era dirigida por Ernestina Godoy, actual consejera jurídica de la Presidencia.

En 2021 una extrabajadora de la Fiscalía la acusó de destituirla por haber denunciado internamente acoso y abuso sexual por parte del director del Centro de Investigación Victimológica y de Apoyo Operativo de la institución.

Dafne acusa a los trabajadores del Juzgado Quinto de lo Familiar de proteger a su expareja. No sólo por no sancionarlo cuando la manoseó en el Cecofam, sino porque nunca le notificaron sobre los escritos que tramitaba para intentar quitarle la custodia de su hijo. De igual forma critica que los funcionarios no presionaron a su agresor para que se hiciera la prueba psicológica desde el inicio del proceso legal.

“Mi agresor está utilizando el sistema judicial para violentarme, eso es lo que está haciendo, y el juez se lo está permitiendo”, critica Dafne en entrevista.

Casos como este se repiten una y otra vez en los juzgados familiares de la Ciudad de México. La lentitud en la resolución de estos asuntos se explica en parte por la falta de perspectiva de género y la alta carga de trabajo de los funcionarios públicos, quienes decidieron irse a paro de actividades desde el pasado 29 de mayo como forma de protesta.

Los juzgados familiares de la capital se vuelven un verdadero laberinto para todo aquel que entra, por su tamaño —están en un edificio de más de 15 pisos en el Centro Histórico— y por los obstáculos burocráticos.

Diana Reyes sigue luchando por la guarda y custodia de sus dos hijos, quienes fueron sustraídos por su expareja desde el 2020. Tiempo después, el padre de los pequeños convenció a un juzgado familiar de que le dieran la guarda y custodia.

Durante años, Diana supo que sus hijos eran víctimas de violencia física y explotación laboral por parte de su expareja. Lo supo por los maestros de los pequeños, quienes le reportaron que los dos no asistían a la escuela por salir a vender dulces.

Diana reportó esto al juzgado, pero ningún funcionario intervino. Fue hasta el 7 de marzo de 2025 cuando sus hijos lograron contactarla vía telefónica, con ayuda de una tía, para pedirle que los rescatara. Ella fue enseguida, recogió a sus pequeños y acudió al Ministerio Público a interponer una denuncia por violencia contra su expareja.

Un médico legista constató que el mayor, de entonces 8 años, tenía lesiones en las costillas, y el menor, de cinco años, heridas en la cabeza. Un doctor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó estas afectaciones en los pequeños.

Diana interpuso su denuncia, pero poco después, el 7 de mayo, su expareja falleció a causa de la diabetes e hipertensión que padecía. Parecía que con eso acabaría su problema, pero no fue así, ya que la abogada de su agresor la está acusando de sustraer a sus hijos y busca que los dos sean enviados al DIF, donde quedarían bajo resguardo del Estado.

“Ha sido bastante pesado, es estresante saber que tu vida en todo momento pende de un hilo porque no se hacen las cosas como se debería en los juzgados”, relata Diana.

Ella lleva cinco años metida en su proceso legal en la Ciudad de México, la tercera entidad federativa con más asuntos pendientes de resolver en materia familiar, solo por detrás del Estado de México y Veracruz que tienen una mayor población, de acuerdo a los datos del Inegi.

Jael Montserrat Uribe Palmeros fue vista por última vez el 24 de julio de 2020 y sus restos fueron encontrados en el paraje Llano de Vidrio, durante la Cuarta Brigada Regional Ajusco 2024.

Por más de cuatro años, su madre Jaqueline Palmeros no perdió la esperanza de encontrarla y en el camino acumuló experiencia en la búsqueda de personas desaparecidas. También aprendió a manejarse ante las instituciones y a observar su funcionamiento.

Habla con la certeza de la experiencia cuando apunta las grandes fallas estructurales que los buscadores de la capital mexicana enfrentan en el Incifo y la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía local: falta de recursos materiales, una ineficiente recolección de perfiles genéticos y fallas en la identificación de cuerpos, su conservación y resguardo.

Cuando lanza las acusaciones, inmediatamente las respalda con hechos concretos, comienza refiriéndose al caso de su propia hija: “No pudieron darle un perfil genético en el Incifo, por eso el día de la entrega tardaron tanto”.

Después menciona el caso de Margarita Cuevas Suárez, que fue vista por última vez el 4 de junio de 2022 en la colonia Ampliación Tepepan, de la alcaldía Xochimilco. Su cuerpo fue encontrado 13 días después en los límites del estado de Morelos, pero las autoridades no notificaron a la familia de la víctima y no fue reconocido hasta diciembre de 2024.

Como un caso polémico y representativo, agrega el de Julio César Cervantes Cabañas, quien padecía una discapacidad mental y desapareció a los 47 años, el 20 de septiembre de 2021, en la alcaldía Álvaro Obregón. Su cuerpo fue encontrado en enero de 2024, pero su familia fue notificada diez meses después, porque el Incifo no cotejó la información genética y los restos fueron donados sin consentimiento a la escuela de medicina del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

El jueves 12, en las instalaciones de la Fiscalía capitalina, ubicadas en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, los trabajadores de Servicios Periciales protestaron exigiendo un aumento salarial y denunciaron descuentos injustificados en sus pagos.

También se concentraron en las puertas del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo), perteneciente al Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, donde realizaron un cierre simbólico y describieron a medios las condiciones laborales a las que están sometidos, sin aumentos salariales desde hace “10 o 15 años” y con horarios laborales injustos.

Al grito de “¡peritos unidos jamás serán vencidos!”, señalaron que no cuentan con los recursos ni con el personal suficiente para desempeñar su trabajo y atender a la ciudadanía; además, exigieron que las autoridades y mandos cumplan con perfiles éticos y conocimientos en las áreas donde se desempeñan.

Según explicaron a medios de comunicación, los especialistas en distintas materias como forense y criminalística enfrentan cargas excesivas de trabajo y maltrato laboral, por lo que pidieron la renuncia de la coordinadora del área, María Seberina Ortega.

Los peritos juegan un papel importante en la impartición de justicia en la capital mexicana, ya que aportan conocimientos técnicos y científicos para esclarecer hechos y pruebas en procesos judiciales.

Descontento de abogados de oficio

Mientras los profesionales del Incifo y la Fiscalía local se manifestaron en las sedes respectivas de los organismos, simultáneamente se movilizaron en distintos puntos del centro de la ciudad los empleados de los juzgados cívicos y de la Dirección General de Servicios Legales y Defensoría Pública —abogados de oficio— pertenecientes al Tribunal Superior de Justicia capitalino.

Al igual que los peritos, exigieron mejoras salariales y denunciaron cargas excesivas de trabajo, falta de recursos materiales y tecnológicos, así como acoso laboral.

El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó el avance de los inconformes sobre la avenida 20 de Noviembre e Izazaga, rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.

Los defensores legales bloquearon la circulación en la calzada San Antonio Abad, a la altura de Lorenzo Bouturini y se dirigieron al Eje Central Lázaro Cárdenas para continuar enunciando sus demandas.

Desde entonces, en la capital mexicana se acumulan los casos de ciudadanos que buscan el acceso a la justicia y encuentran retrasos en los procesos.

La punta del iceberg

Luis Sánchez es el titular del despacho jurídico Larrea Sánchez Jasso y Colón. Es litigante y ha ejercido como penalista, por lo que la situación del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) lo afecta directamente a él, a sus trabajadores y a quienes representa legalmente.

Ahora, en entrevista con Proceso, vuelve a ofrecer un análisis frente a las protestas y paros laborales recientes. Hace hincapié en la existencia de “grandes fallas estructurales” y encuentra gran parte de la causa en el “ya perpetuo” descontento de los trabajadores del tribunal, pues recuerda que en 2024 se registró un paro de casi tres meses, convocado para protestar contra la reforma al Poder Judicial. Además, menciona que en febrero pasado los trabajadores de los juzgados suspendieron intermitentemente sus actividades para reclamar las exigencias que aún mantienen y que, a casi cinco meses, siguen sin conciliar con las autoridades competentes del Gobierno capitalino y el Poder Judicial local.

Sánchez es claro con las implicaciones: “Es una pregunta que se responde sola, si yo traigo un juicio de cualquier naturaleza, el solo hecho de que cierren un juzgado implica que mi litigio se va a retardar. En lo económico, en lo social y en lo familiar, es trágico”.

Y agrega: “Es evidente que estamos ante la punta del iceberg de una debacle que se avecina (...) me afecta a mí, que me desenvuelvo como defensor privado, pero la dimensión es profunda y social, afecta también a los abogados de oficio, a los trabajadores de todos los niveles, a madres que llevan juicios sobre la custodia de sus hijos, a víctimas de todo tipo de delitos, a cualquier ciudadano que el día de mañana tenga buscar el acceso a la justicia”.

Entre los carteles que portaban, se observaban leyendas como “Los migrantes no son criminales”, “Hate does not make US great (El odio no hace grande a EE.UU.)” y “No kings since 1776 (No reyes desde 1776)”.

La protesta pacífica congregó a alrededor de 300 personas que culminaron la manifestación en las afueras de la embajada estadounidense, rodeada de vallas metálicas para limitar el acceso.

En las rejas, los manifestantes colocaron las banderas y carteles donde resaltaban símbolos como el rostro de Trump y una corona, ambos tachados con una cruz roja.

Entre otras pancartas, también se leían las frases “Trump must go (Trum debe irse)” y “Happy birthday you fucking loser (Feliz cumpleaños(…) perdedor)”.

La comunidad mexicoamericana se sumó así a las protestas convocadas en alrededor de 2.000 ciudades estadounidenses, bajo el lema ‘Día sin Reyes’, que han reunido a decenas de miles de personas.

Las manifestaciones coinciden con el desfile militar convocado por Trump en Washington para celebrar los 250 años del Ejército, justo el día de su 79 cumpleaños.

Este acto se da en el marco de un creciente descontento de buena parte de la opinión pública por las redadas contra migrantes, que han provocado concentraciones y disturbios en ciudades como Los Ángeles (California), donde el líder republicano desplegó la Guardia Nacional la semana pasada.

En este contexto, la tensión entre los gobiernos de México y Estados Unidos ha aumentado debido a los recientes señalamientos de la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, quien acusó a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum de incitar las protestas en Los Ángeles, ciudad con la mayor comunidad mexicana en el extranjero, algo rechazado como “absolutamente” falso por la mandataria.

Ciudadanos de #EEUU residentes en #México protestan en #CDMX contra el presidente estadounidense #DonaldTrump.

Estadounidenses se unieron al #NoKingsProtest en apoyo a la comunidad mexicana y latina migrante y en contra de las políticas autoritarias de Trump#NoKingsDay… pic.twitter.com/O2bEGTLF5g

— David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) June 14, 2025

#TvMigranteInforma

Manifestantes estadounidenses marcharon desde la columna del Ángel de la Independencia en la #CDMX hasta la Embajada de #EstadosUnidos en México (@USEmbassyMex), en rechazo a la administración del presidente estadounidense Donald Trump (@POTUS). pic.twitter.com/v3axrreOLP

— SPR Informa (@SPRInforma) June 14, 2025

#TvMigranteInforma

El estadunidense Robert May protesta en la #CDMX en contra de las medidas migratorias del presidente de #EstadosUnidos, Donald Trump (@POTUS). “No necesitamos dictadores en los Estados Unidos”, afirmó. pic.twitter.com/Mq8LXoRqHc

— SPR Informa (@SPRInforma) June 14, 2025

Acciones de gobierno proyectadas en Santa Úrsula

El proyecto que presentó Brugada en Santa Úrsula el pasado 3 de mayo incluyó la rehabilitación de siete pozos de agua, la construcción de tres colectores, iluminación de calles, construcción de ciclovías, la rehabilitación de la central de transporte y de espacios públicos.

El Gobierno de la ciudad también se comprometió a realizar obras de bacheo y el remozamiento de 11.9 kilómetros de fachadas, así como la colocación de 819 luminarias, el fortalecimiento del Tren Ligero que transita por la zona y la creación de una ruta del trolebús a Metro Universidad. Además de la implementación de un programa de casas ecológicas, con calentadores solares, captadores para recolección de agua de lluvia y huertos urbanos.

Aunado a ello, Brugada anunció la construcción de un parque temático dedicado a la exhibición de dinosaurios al aire libre —que llamarían Coyosauria— en un predio de 5 mil metros cuadrados que actualmente funciona como una área de reserva dentro de la zona.

Pero un grupo de vecinos organizados demandan conocer los proyectos ejecutivos que propone la jefa de Gobierno.

Los pobladores advierten que construir un colector de aguas pluviales contra las inundaciones, mejorar el transporte público y colocar luminarias son acciones gubernamentales que no tendrían que estar sujetas a la realización de un Mundial de futbol. 

El pozo de Televisa

Una de las principales quejas de los vecinos es sobre el pozo de agua que la empresa Televisa tiene en la zona pase a ser propiedad del gobierno capitalino.

Desde 2019, la Comisión Nacional del Agua entregó una concesión de 450 mil metros cúbicos de agua anuales a Televisa. Con base en ello, la empresa construyó un pozo en Santa Úrsula Coapa, a un lado del Estadio Azteca —actualmente en remodelación para el Mundial—, que está a menos de 500 metros de otros pozos que surten del líquido a los vecinos.

Clara Brugada ha informado en varias ocasiones que el pozo ya había pasado a manos del pueblo de Santa Úrsula Coapa, pero en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), de la Conagua,  la concesión aún aparece a nombre de Televisa S. A. de C. V., con el título  811078.

Durante la administración de Claudia Sheinbaum en el gobierno capitalino, Televisa y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México firmaron un convenio para que la empresa done una parte del caudal de su pozo a la red de abasto público. A la llegada de Brugada, ese convenio fue renovado, pero la concesión sigue siendo propiedad de la empresa. 

Cuatro peticiones vecinales al gobierno de CDMX sobre obras para Mundial 2026

El pasado 16 de mayo, los vecinos lograron un primer encuentro con las autoridades para exponer las inconformidades con el proyecto. En esa reunión, encabezados por Rubén González, autoridad tradicional del pueblo de Santa Úrsula Coapa, entregaron cuatro peticiones al secretario de Gobierno César Cravioto.

La primera petición es la cancelación de la concesión de agua a Televisa y que el pozo que tiene dentro de Santa Úrsula Coapa pase a la red del Gobierno de la Ciudad de México.

Además de la realización de una consulta indígena libre e informada sobre los proyectos propuestos por la jefa de Gobierno en Santa Úrsula Coapa y San Lorenzo Huipulco.

Los vecinos solicitaron también la cancelación del parque temático en el predio ubicado en Santa Úrsula Coapa y que se destine una área que tenga el objeto de conservar la flora y la fauna silvestre, y la educación ambiental de habitantes de la zona.

Por último, contar con la información de estudios sobre movilidad con datos de sus aforos y sus impactos sociales y ambientales en una plataforma del gobierno capitalino que esté al alcance de una consulta. 

El funcionario capitalino les aseguró que el gobierno no busca que sean obras para el Mundial de futbol sino para los pobladores. Y que su intención no era imponer sino abrir la información para su análisis.

Como respuesta a cada uno de los cuatro puntos, César Cravioto rechazó que se trate de engañar a las personas, y les dijo que hay un “compromiso de palabra” de que el pozo en propiedad de Televisa pase a ser de manera formal para los pobladores.

Cravioto dijo que si es necesario realizar una consulta específica para la comunidad así lo realizarán. Comentó que revisarán la petición de cancelar el parque temático y abrió la posibilidad de ajustarlo para impedir el daño ecológico. También se comprometió a dar a conocer los estudios de impacto de los proyectos planteados.

Al día siguiente de esa reunión, Clara Brugada realizó una de sus audiencias públicas con integrantes de su Gabinete en Santa Úrsula Coapa, por primera vez fuera del Zócalo capitalino, y recibió durante unos breves minutos al grupo de vecinos que se habían reunido con César Cravioto el día previo. De acuerdo con los testimonios de los pobladores, la jefa de Gobierno se mostró poco abierta a los señalamientos vecinales y les dijo que no tenían la información correcta.

Aunado a ello, pese a que el secretario de Gobierno planteó realizar una reunión quincenal con los vecinos para darle seguimiento a las peticiones; el encuentro se pospuso hasta tres semanas después y el funcionario no llegó, por lo que los vecinos fueron recibidos 40 minutos después de la cita en las oficinas gubernamentales por la secretaria particular del secretario y el director de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana.

Este 11 de junio, en compañía del director del Estadio Azteca, la jefa de Gobierno anunció que la inversión para el Mundial será de más de 6 mil millones de pesos en infraestructura, agua, seguridad, movilidad e iluminación.

Los vecinos expresaron preocupación por el enfoque de la ciudad ante la Copa del Mundo, al considerar que las obras previstas priorizan la promoción turística sobre la atención de necesidades básicas de la población local.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que su personal recibió un reporte de disparos en un restaurante de la colonia Roma, donde los comensales relataron que un hombre que estaba sentado comenzó a correr cuando se percató de que un sujeto con casco de motociclista se aproximaba hacia él.  

El sujeto con casco realizó dos detonaciones al aire, sin que ninguna persona resultara lesionada. Por lo anterior, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas llegaron al lugar y valoraron a dos personas con crisis nerviosas.  

Los oficiales notificaron que ya realizan el análisis de las cámaras de vigilancia en la zona para identificar tanto al hombre que huyó como al que realizó los disparos. 

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, compartió información sobre el ataque en su cuenta de X: “Me informa la SSC que lo ocurrido en Córdoba y Chiapas, en la Roma, fue un ataque directo con sello de sicariato. Un tirador llegó al restaurante, una persona se levantó gritando '¡vienen por mí!’ y huyó entre disparos”.  

La funcionaria consideró: “El crimen organizado está avanzando en CDMX y no podemos normalizarlo”.  

Ataque en barbería  

Horas antes de que se registrara la agresión en la Roma, la SSC informó que sus oficiales tomaron conocimiento de un ataque con arma de fuego en una barbería localizada sobre la calle Sur 8 y su esquina con Oriente 245D, en la colonia Agrícola Oriental.  

Durante la agresión, ocurrida antes de las 8:00 horas, una persona perdió la vida y otra resultó lesionada por impactos de arma de fuego. Ante los hechos, los uniformados solicitaron apoyo de los monitoristas de los Centros de Comando y Control (C2) Norte y Oriente, quienes implementaron un cerco virtual, con el objetivo de identificar y dar seguimiento a los presuntos responsables que huyeron a bordo de varias motocicletas.  

La ruta de escape fue localizada; los señalados avanzaron sobre la avenida Guelatao y tomaron la avenida Telecomunicaciones, en el perímetro de la alcaldía Iztapalapa.  

Cuando llegaron a la calle Primera Cerrada de Justo Sierra y Justo Sierra, en la colonia Pueblo de Santa Cruz, varios de los tripulantes de las motocicletas abordaron un presunto taxi irregular. Fue en ese momento que los oficiales interceptaron dicho vehículo y solicitaron a los fugitivos, cuatro hombres y una mujer, una revisión preventiva.  

Les aseguraron cinco bolsas de plástico que contenían 130 dosis de mariguana y un arma de fuego corta con un cartucho útil, de la cual no pudieron acreditar su legal portación.   

Los policías detuvieron a los cinco individuos, quienes fueron trasladados, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal y continuará con las investigaciones del caso.   

La dependencia encabezada por Pablo Vázquez precisó que tres de los hombres detenidos cuentan con antecedentes delictivos, uno de ellos, de 24 años, ingresó al Sistema Penitenciario en 2021 por Encubrimiento por receptación; también registra dos presentaciones al Ministerio Público en 2019 por robo de vehículo y a transeúnte, y una presentación al Juez Cívico en el año corriente por inhalar estupefacientes en la vía pública.  

Otro de los detenidos, de 26 años, cuenta con una presentación al Juez Cívico en 2019 por posesión de cocaína; mientras que el tercero, también de 26 años, cuenta con una presentación al Juez Cívico por encubrimiento por receptación en 2021. 

Feminicidio en Venustiano Carranza 

En las primeras horas de la mañana, una mujer de aproximadamente 35 años se encontraba al interior de un local sobre la Calle 1 y la calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia Valentín Gómez Farías, cuando dos personas a bordo de una motocicleta se aproximaron a ella y le dispararon en la cabeza de manera directa, para después huir del lugar.  

La SSC notificó que sus oficiales fueron reportados del ataque y encontraron a la mujer tendida en una silla, con manchas de sangre en la cabeza. Paramédicos llegaron al sitio y la diagnosticaron sin signos vitales por herida de arma de fuego en el cráneo.  

La zona fue acordonada y los elementos informaron sobre los hechos al agente del Ministerio Público, quien iniciará la carpeta de investigación del caso y para los servicios periciales correspondientes.