Fuentes de seguridad informaron que los rescatados son comerciantes tianguistas que recorren varios pueblos en los días en que se paga el programa Prospera, y que los hombres armados los secuestraron y se llevaron también tres camionetas con mercancía, en las que viajaban, desde la tarde del lunes.
Anoche (Jueves) 12 comerciantes y una bebé de 10 meses que fueron
secuestrados por civiles armados, fueron liberados en las inmediaciones de la comunidad Las Anonita, municipio de Ajuchitlán del Progreso, por soldados del Ejército y policías del estado, informó el vocero de seguridad Roberto Álvarez Heredia.
Por otra parte, los primeros informes señalan que fueron privados de su libertad el lunes por civiles armados en el crucero de la comunidad de Villa Nicolás, en dirección a Las Anonitas.
El ombudman denunció que la autoridades de Tuxpan, Jalisco tuvieron “una indebida actuación y omisiones” antes, durante y después del homicidio de Miguel Vázquez y su hermano Agustín Vázquez. La CEDHJ señaló que la polícia local presenció las agresiones a los líderes wixárricas sin intervenir, además de haber liberado a los agresores que habían sido detenidos antes del asesinato.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) denunció hoy la “actuación omisa, imprudente e irregular” de la Policía municipal de Tuxpan, Jalisco, en el asesinato de un ex líder indígena wixárika y su hermano, ocurrido el 20 de mayo.
Las autoridades de seguridad de Tuxpan tuvieron “una indebida actuación y omisiones” antes, durante y después del homicidio de Miguel Vázquez, ex presidente del Comisariado de Bienes Comunales en la comunidad indígena San Sebastián Teponahuaxtlan, y su hermano Agustín Vázquez, dijo en conferencia de prensa el ombudsman local, Felipe de Jesús Álvarez.
El pasado fin de semana renunció Rodolfo Ríos Garza a la titularidad de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, cuya administración quedó marcada por la revictimización de las mujeres: la falta de investigación, la opacidad y la criminalización, sostienen grupos civiles y litigantes. Y precisamente se separó del cargo tras las críticas de la CDHDF a uno de los casos que tuvieron la marca de su gestión: el multihomicidio ocurrido en la colonia Narvarte en 2015. “No había voluntad de investigar, se actúo discriminando a las víctimas, con desprecio por la vida de las mujeres, esa es la impresión que nos queda a nosotros de la actuación del ex titular [de la PGJ-CDMX]”, sostiene Sayuri Herrera, abogada la familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio.
Rodolfo Ríos Garza se despidió de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) con un cúmulo de casos sin resolver y en los que muchas veces se “criminalizó” a las mujeres víctimas de un delito y se ignoró la perspectiva de género en las indagatorias, sostuvieron litigantes y organizaciones civiles.
Ríos Garza fue secretario particular de Miguel Ángel Mancera como titular de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Más tarde le sucedió en el cargo, en el que duró desde el año 2012 hasta el pasado fin de semana.
Según sus amigos y profesores, Gael Solorio Cruz, es “un muchacho muy tranquilo, muy callado, muy dedicado a su trabajo, a estudiar, cuando no está en la escuela trabaja con su familia de campesino”. Aquel 21 de junio de 2017, para Gael, joven estudiante normalista de 22 años, la vida tomó un giro violento e inesperado. Una bala disparada, hasta donde se sabe, por la policía estatal de Michoacán lo tiene hoy en un hospital con el riesgo de sufrir parálisis del cuerpo. Al momento sigue en un coma inducido por los médicos.
Cuentan los testigos de los hechos que aquel día, estudiantes de 4o. Grado de la Normal Rural “Vasco de Quiroga”, la primera Normal del país, fundada en 1922, salieron a las inmediaciones de la normal a “volantear” para denunciar la falta de pago de becas alimenticias y becas de estudio, que el gobierno estatal, de extracción perredista, había dejado de cubrir casi tres meses atrás.
Este jueves, un tribunal colegiado en materia penal con sede en Querétaro resolverá un amparo en revisión interpuesto por el activista indígena ñañú, Raymundo Pascual García, detenido arbitrariamente el 5 de enero como reprimenda por participar en las manifestaciones contra el gasolinazo y torturado por agentes estatales, señaló el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Pascual García, de San Ildefonso Amealco, Querétaro, fue acusado de sedición y se le siguió un proceso ‘‘viciado y violatorio a los derechos humanos’’, indicó el Centro. “Fue detenido arbitrariamente, torturado por agentes del estado, estigmatizado y tratado como delincuente al ser llamado ‘incitador, sedicioso y persona peligrosa para la comunidad y el estado de Querétaro’, con lo que se violaron sus derechos humanos a la libertad personal, a la integridad y a la seguridad personal”, agregó.
