Para las 150 familias que tienen sus milpas y cultivos de cítricos alrededor de la base de mantenimiento del Tren Maya de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, se volvió casi imposible entrar a sus parcelas y sacar sus cosechas.

Las instalaciones de esta base de mantenimiento —existen otras dos en la Península de Yucatán: en Xpujil y Puerto Morelos— comprenden un taller, un edificio administrativo, un destacamento de la Guardia Nacional y un gran estacionamiento completamente vacío.

“En la asamblea dijeron que el Tren Maya iba a traer muchos beneficios, pero no fue así”, afirma Elías Be Cituk, quien entonces era comisariado ejidal de Felipe Carrillo Puerto. Lamenta que el megaproyecto atrajo muchos militares, pero ningún turista y, además, les generó problemas que las autoridades no mencionaron durante la asamblea.

Los “estudios [de impacto] no se han hecho, por eso esta es solo una consulta genérica sobre si va o no el tren. Después se harán consultas específicas en las comunidades sobre si hay afectación al medio ambiente y a la cultura”, afirmó en diciembre de 2019 Hugo Aguilar Ortiz, entonces coordinador del Programa de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y actual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin embargo, una vez que se publicó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del tramo 6 del Tren Maya, en Felipe Carrillo Puerto no se realizó ninguna consulta específica. En los meses y años que siguieron a la asamblea de diciembre 2019, el acercamiento del gobierno a las comunidades fue más bien enfocado a tomar acuerdos conforme las necesidades que se iban dando. Entre ellos, el convenio que Fonatur firmó con el ejido de Felipe Carrillo Puerto el 18 de junio de 2024, tras los problemas que surgieron a raíz de la construcción de la base de mantenimiento del Tren Maya.

“Tenemos la preocupación de que cierren totalmente el acceso a este camino, que lleva a nuestras tierras. El tren no nos trajo desarrollo, fue un chasco para nosotros”, dice el agricultor. “El gobierno no cumplió sus promesas: no sólo no construyó las rampas de acceso a las parcelas, tampoco el puente para sacar nuestras cosechas y los pozos para el riego que habíamos pactado. Y falta que pague los daños que hizo durante las obras, cuando destruyó nuestras plantas de cítricos”.

—En Uruapan ya no puedes emprender nada. En cuanto abres tu localito, de lo que sea, te llegan de volada a pedir la cuota los de la maña. Y si no les das lo que te exigen, pues ya sabes lo que te puede pasar…

Javier completa los puntos suspensivos formando con el pulgar y el índice de la mano derecha la silueta de una pistola imaginaria. Tiene menos de 30 años —su verdadero nombre se omite por seguridad— y habla desde un pequeño restaurante del que ruega que no se dé ningún detalle, mucho menos la ubicación. Tiene miedo, como la mayoría en esta ciudad michoacana de más de 300 mil habitantes, que el pasado sábado 1 de noviembre presenció en directo el asesinato a tiros de su alcalde, Carlos Manzo.

De acuerdo con cifras oficiales, en Uruapan se registraron entre 2023 y septiembre de este año 158 denuncias por extorsión, dando un promedio de 52 al año. Pero cuando esos números se plantean a empresarios, comerciantes, restauranteros, taxistas o transportistas del municipio, todos niegan con la cabeza y sonríen con cansancio: el problema real es mucho mayor, apuntan.

—Las extorsiones en Uruapan crecieron a todos los niveles —asegura tajante Alicia, otra comerciante que pide omitir su verdadero nombre y el de su negocio—. Todos aquí tenemos el mismo problema: tenemos que pagar la cuota al narco.

Las cifras, dice, pueden decir una cosa, “pero aquí tenemos miedo de denunciar”.

—Depende: del tamaño del sapo es la pedrada —responde con una sonrisa irónica—. A los que tienen, por ejemplo, salones de eventos para bodas, quince años y cosas así, no les piden diez pesos, ¿verdad? Les piden cientos de miles de pesos, hasta millones he llegado a saber. A los que tiene una panadería artesanal, quizá 15 mil. Pero sea como sea, es una afectación enorme, económica y psicológica. El estrés de que te amenacen a ti o a tu familia no te deja vivir.

—Es que hay diferentes tipos de crimen —puntualiza—. Están los que te llaman y te dicen que son del SAT, que tienes un adeudo y que les deposites de inmediato para resolverlo. A esos los detectas rápido. Pero cuando es un grupo delictivo real, no te llaman: vienen a tu puerta. Te dicen ‘somos de las cuatro letras’ o ‘del cartel tal’, y te exigen el pago. Te intimidan, te amanazan.

Luego están “los chavitos reclutados” que comienzan su ‘carrera delictiva’ con la extorsión.

El asesinato de Carlos Manzo ha añadido una dosis extra de incertidumbre, pese a que el gobierno federal ya anunció un nuevo ‘Plan Michoacán’ para recuperar la paz, y pese a que desde la toma de protesta de la nueva alcaldesa las patrullas del Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal inundaron la ciudad.

Unas patrullas, no obstante, que a decir las personas entrevistadas llegaron tarde, y que tampoco les generan especial confianza, especialmente las de la Guardia Civil michoacana. De hecho, algunos ciudadanos lanzaron reclamos a los uniformados de esta corporación que custodiaban obras federales, como las del nuevo teleférico, que fueron vandalizadas tras el asesinato de Manzo con pintas en contra del gobernador Alfredo Bedolla, y la presidenta Claudia Sheinbaum.

—¡Lo dejaron solo y ahora vienen a cuidar obras! —les gritaron.

 El alcalde independiente se había ganado el respeto de la ciudad por su discurso y su acción frontal contra el crimen organizado. Con una policía municipal reducida —unos 300 elementos— trató de depurar la corporación, equiparla, y combatir la corrupción. Pero su asesinato, luego de haber pedido ayuda hasta en diez ocasiones a los gobiernos estatal y federal, dejó a la población en shock y con una pregunta inevitable: si pudieron matar así al alcalde, frente a medio pueblo durante un evento en una festividad, ¿qué puede esperar el resto de los vecinos?

—Da  mucho miedo ver que él, por alzar la voz por todo el pueblo, lo mataron de esa forma, ante la vista de todos —admite Victoria, la mesera de un restaurante del centro—. Era una persona normal. Caminaba por las calles como cualquiera. Tenía escoltas, pero no sirvió de nada. Lo dejaron solo.

El miércoles Grecia Quiroz, la esposa de Carlos Manzo, asumió como nueva alcaldesa con el apoyo del Movimiento del Sombrero, o ‘la sombreriza’; el movimiento social que fundó Carlos Manzo. La mayoría de los entrevistados dice respaldarla. En el kiosco del centro histórico —a unos pasos de la jardinera donde cayó abatido Manzo y donde aún yace un sombrero en su honor— hay cartulinas con el mensaje: “No estás sola”.

Aún así, la incertidumbre persiste: ¿podrá mantener a raya a los grupos criminales y frenar las extorsiones, incluso las que puedan provenir de la propia policía municipal que Manzo trató de depurar?

Siete expolicías municipales de Nicolás Romero fueron sentenciados a 47 años y medio de prisión por homicidio, como resultado de la Operación Enjambre mediante la que fueron detenidos funcionarios y exfuncionarios de diversos municipios mexiquenses presuntamente vinculados con actividades del crimen organizado y/o de alto impacto.  

Los condenados, cinco hombres y dos mujeres, responden a los nombres de Jesús Fernando Vega Mondragón, Diego Eduardo Rodríguez Rangel, Alejandro Jacinto Herrera, Daniel Herrera Cortés, David Aguayo García, Anallely García Torres y María Isabel Alanís Rodríguez.

Un sujeto disparó por la espalda a un agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), mientras este se encontraba realizado labores en su automóvil afuera de su domicilio en el municipio de Tijuana, Baja California.  

Los hechos quedaron registrados en un video tomado por cámara de videovigilancia que circuló en diferentes medios de comunicación locales.

A cuatro meses de la denuncia por agresión sexual contra el boxeador y exsecretario de Bienestar en el municipio de Tijuana, Erik “El Terrible” Morales, el padre de la víctima exigió que sea judicializado el caso por parte de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE). 

Rubén Hernández, padre de la trabajadora del XXV Ayuntamiento que acusó al entonces funcionario en la administración del alcalde Ismael Burgueño Ruiz, aseguró en rueda de prensa, realizada el martes 4 de noviembre, que su llamado es para que la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales realice su labor.

La inflación en México mostró una ligera disminución durante octubre, al ubicarse en 3.57% anual, frente al 3.76% registrado en septiembre, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), la inflación registró un incremento mensual de 0.36%, lo que representa una moderación en el ritmo de crecimiento de los precios respecto al mes previo.

La disminución en la inflación anual ocurre tras dos meses consecutivos de repuntes y mantiene al indicador dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico) para el cuarto trimestre del año, de 3.5%.

Morena y sus aliados buscarán aprobar una reforma constitucional para que la revocación de mandato del titular del Ejecutivo Federal se celebre el mismo día que las elecciones intermedias de cada sexenio, en las que se suele renovar la Cámara de Diputados, gubernaturas, presidencias municipales y congresos locales.

Los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales fueron citados a una sesión ordinaria que se celebrará el próximo lunes 10 de noviembre a las 18:00 horas para discutir la iniciativa que propone celebrar en un mismo día la revocación de mandato y las elecciones intermedias.

La iniciativa, propuesta por Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena, establece que la revocación de mandato se realizará “el mismo día y durante la jornada electoral correspondiente a las elecciones ordinarias intermedias para elegir diputadas y diputados del Congreso de la Unión”.

Asimismo, el vicecoordinador argumenta que la iniciativa ayudará a ahorrar recursos al INE, ya que la revocación de mandato del año 2022 tuvo un costo de mil 567 millones de pesos.

De igual forma, la reforma establece que las consultas populares, otro ejercicio de democracia directa para que la gente opine sobre ciertos temas, se realicen el primer domingo de junio de cada año, con el fin de que coincidan con algún otro proceso electoral en curso.

Sobre este punto, la iniciativa pone de ejemplo la consulta popular de agosto de 2021, en la que la gente votó sobre si se debían esclarecer decisiones políticas del gobierno del pasado. En esa ocasión solo el 7 por ciento de las personas de la lista nominal participaron.

A la baja participación en la consulta popular se suma su costo de 528 millones de pesos.

Tres policías en activo —uno estatal y dos municipales de Zacatepec— fueron vinculados a proceso por su presunta participación en los delitos de lesiones agravadas y abuso de autoridad. Uno de ellos, Jesús “N”, también enfrenta cargos por violación. 

Durante la audiencia realizada en la Ciudad Judicial de Jojutla, el juez de control escuchó los datos de prueba presentados por la Fiscalía Regional Sur Poniente, que acreditó indicios suficientes para iniciar proceso penal contra los tres elementos.

Este domingo 9 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, luego de las consultas que hizo el gobierno federal con distintos sectores del gobierno local, con la comunidad, e incluso con la iglesia. 

“No nos vamos a ir de Michoacán”, aseguró Sheinbaum, y destacó que en el Estado ha habido presencia de fuerzas federales, en especial de la Guardia Nacional, así como la dispersión de programas del Bienestar. Sin embargo, reconoció que se debe fortalecer la estrategia.