Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

La FGE de Chihuahua entrega 27 de los 386 cuerpos hallados en crematorio de Juárez

Autoridades están cerca de identificar otros 39 cuerpos que fueron hallados en el crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, informó la Fiscalía de Chihuahua. 

La Fiscalía General del estado (FGE) de Chihuahua informó este viernes que ya fueron entregados a sus familias 27 de los 386 cuerpos que fueron encontrados en el crematorio Plenitud ubicado en Ciudad Juárez.

Mediante un comunicado, la dependencia detalló que hasta el momento han sido identificados plenamente los restos de 33 personas, gracias a las labores que realiza la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, así como la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

En su publicación, la FGE agregó que actualmente hay 39 cuerpos que se encuentran en hipótesis de identidad, es decir, que están cerca de ser identificados plenamente para poder ser entregados a sus familiares.


La Fiscalía estatal explicó que, una vez que los restos de una persona son identificados, personal especializado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE) contacta a sus familiares para notificarles.

Asimismo, indicó que, cuando las familias de las víctimas son informadas sobre la identificación de sus familiares, son éstas "quienes toman la decisión acerca de la inhumación o cremación de los cuerpos de sus seres queridos".

Finalmente, la dependencia reveló que, hasta el viernes 8 de agosto, se han presentado un total de 20 denuncias por el delito de fraude en contra de funerarias relacionadas con el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Estrategia -de papel- contra la extorsión

El lunes 4 de agosto, la gobernadora Marina Ávila Olmeda anunció una estrategia contra la extorsión, donde si bien reconoce que existe, aunque no haya denuncias, minimizó la gravedad del problema

El anuncio de una Estrategia de Seguridad contra la Extorsión, tuvo pocos elementos tangibles y rescatables; lo más importante es que el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reconocen que existe la extorsión en Baja California, algo que históricamente se ha minimizado o negado bajo el argumento de que no existen denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

El pasado lunes 4 de agosto, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda encabezó una conferencia de prensa que tuvo como objetivo anunciar el Plan de Seguridad contra la Extorsión, que es un símil al anuncio de la Presidenta Claudia Sheinbaum en el proyecto nacional.

Sin embargo, la exposición presentada durante dicha conferencia en la que se hizo acompañar de mandos estatales y federales, no representó una radiografía de la problemática de extorsiones y cobro de piso, sino que fue un reconocimiento de que la problemática puede existir, aunque presumieron que en Baja California nos colocamos en el lugar 19 a nivel nacional de este hecho delictivo.

Desde hace algunas semanas, en ZETA nos hemos dedicado a ofrecer información relacionada con las diversas modalidades de cobro de piso y extorsiones, donde parten casos como el del restaurante “Pez Gallo”, donde tres individuos pertenecientes a la comunidad masónica, de los cuales uno se hace pasar por abogado, extorsionaron a uno de sus “hermanos” por la cantidad de 800 mil pesos, bajo el argumento de que le debía a personas peligrosas, a las que recurrió para investigar si tenía una investigación en su contra, lo cual resultó falso.

O los casos de cobro de piso en el municipio de Tijuana, donde se entregaban anotaciones en pequeños fragmentos de papel para cobrar fuertes sumas de dinero a propietarios de negocios de diversos giros.

Todo esto es evidencia clara de que en Baja California se documentan casos de extorsión, pero no en todos se presentan denuncias.

A estos y otros modos de operación criminal, se le agregan los tradicionales casos de extorsión telefónica a comercios y a personas de diversos sectores de la sociedad, donde a través de un secuestro virtual o actos de intimidación, los ciudadanos optan por pagar enormes sumas de dinero a personas que -en la mayoría de los casos- se encuentran recluidos en los penales de entidades como Tamaulipas, Jalisco y Michoacán.

La narrativa ofrecida por el Poder Ejecutivo en el combate a la extorsión ubica como punto de partida el reconocimiento de que existe la extorsión, pero no lo plasmaron en la estrategia porque realmente no conocen la magnitud del problema.

Atribuyen a llamadas telefónicas de estafa o a grupos de dos o tres personas que se organizan para experimentar en un nuevo esquema criminal, en vez de asumir una postura de responsabilidad y de investigación en contra de estos grupos delictivos.

Las autoridades a cargo del general Laureano Carrillo Rodríguez y de María Elena Andrade Ramírez, carecen de información sobre el esquema criminal de la extorsión en cualquiera de sus modalidades, pese a que cuentan con tecnología para localizar a una persona en cuestión de minutos a través de su celular.

El propio general Laureano Carrillo, aseguró que se crearán grupos interdisciplinarios efímeros para atender casos específicos que se documenten. Esto quiere decir que no funcionarán de manera permanente, sino cuando se requiera y sin especialización.

También anunciaron modificaciones al Código Penal para endurecer las penas y clarificar la tipificación del delito de extorsión, que actualmente puede generar penas de hasta siete años, con la posibilidad de incrementar dependiendo de ciertas características.

Infortunadamente, la estrategia contra la extorsión no incluyó mejores condiciones para un ente que podría ser considerado el eje central del combate a este delito, como lo es el C5i, donde sus trabajadores, sobre todo los del 089, trabajan extenuantes jornadas, sin derechos de seguridad social, e incluso con graves rezagos en temas tan elementales como diademas telefónicas, sillas y computadoras.

La estrategia contra la extorsión anunciada hace unos días representa una visión generalizada de la problemática que no se tropicaliza en los verdaderos problemas que se tienen en Baja California, en el cual pretenden cargar toda la responsabilidad a la denuncia de la ciudadanía, la cual no confía en sus autoridades.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDUARDO VILLA.

Presunto feminicida de Brenda Lobo es vinculado a proceso

Tras seis años a la espera de justicia y luego de haber sido detenido el pasado domingo 3 de agosto, este viernes 8 el presunto feminicida de Brenda Liliana Lobo, el Psicólogo Daniel Vázquez Montaño, fue vinculado a proceso por ser el principal sospechoso del crimen.

Durante la audiencia de vinculación a proceso, el padre y hermano de Brenda, Miguel Ángel Lobo Cáceres y Ángel Leonel Lobo Silva, respectivamente, brindaron su testimonio en el que relataron la violencia que sufrió Brenda por parte de Daniel mientras eran pareja.

Según narraron ambos, Brenda conoció a Daniel siendo su psicólogo, con quien asistía a terapia para tratar de rescatar su matrimonio, sin embargo, éste, con base en manipulación, de acuerdo con su familia, logró convencerla de que se divorciara, iniciando así una relación de noviazgo y posterior concubinato en 2016.

Al tiempo de iniciada la relación, la violencia por parte de Daniel comenzó, quebrandole la primera vez un pie, aunque ella aseguró que se había caído; la violencia escaló al grado que incluso su padre dijo haberla tenido que rescatar en dos ocasiones del departamento que compartían, entonces ubicado en la colonia Cacho, luego de recibir llamadas de Brenda pidiéndole ayuda.

Incluso en dos ocasiones (2016 y 2018) Brenda denunció al Psicólogo por violencia la familiar, hechos que, de acuerdo a datos recabados por ZETA, obran en las carpetas 0204-2016-06667 y 0204-2018-26477. Sin embargo, la joven siempre volvía con él, debido a la manipulación y amenazas que Daniel le hacía, diciéndole que le haría daño a sus familiares, por lo que permaneció con él hasta su deceso.

El “accidente”

El 30 de junio de 2019 supuestamente Brenda cayó del segundo piso de su domicilio, ubicado en la colonia Otay Nueva Tijuana, mientras estaba acompañada de Daniel, según indicó éste por perseguir a su gato. Cinco días más tarde, el 5 de julio, debido al doble traumatismo que sufrió en la cabeza la joven murió en la Clínica 20 del IMSS.

Las lesiones que Brenda tenía, de acuerdo con los dictámenes médicos, eran inconsistentes con la supuesta caída, pues presentaba “Múltiples equimosis violáceas con periferia verde de 0.1 a 2.5 centímetros”, así como ocho hematomas, seis laceraciones, siete quemaduras, ocho contusiones y nueve fracturas o fisuras evidentes, algunas de las cuales (moretones en la parte interna de brazos y piernas, así como los golpes detrás de la oreja) el médico forense responsable de su autopsia dijo que no habían sido causadas por la supuesta caída.

Lo que se concatena con el testimonio de Ángel Leonel, hermano de Brenda, quien refirió en la audiencia de vinculación que ella le manifestó, tras su arribó a la clínica del IMSS, luego de haber sido trasladada por la supuesta caída, que previamente Daniel la había golpeado y posteriormente empujado del segundo piso del departamento que compartían.

El hermano de la víctima también manifestó que en una ocasión Brenda le llamó para pedirle ayuda, asegurando que Daniel llegaría al estaba molesto y la golpearía, seguidamente escuchó como el psicólogo le arrebataba el teléfono y procedió a gritarle e insultarla. La misma situación se repitió al menos una docena de veces, según Ángel Leonel.

La defensa del psicólogo

Tras los testimoniales del padre y hermano de Brenda, la defensa del psicólogo intentó argumentar que el paramédico que atendió el llamado de auxilio por la supuesta caída de la joven, aquel 30 de junio de 2019, había certificado aliento alcohólico en la víctima, por lo que ésta pudo haberse caído, tal y como refirió el psicólogo.

Asimismo, trató de desestimar la confesión que Brenda le hizo a su hermano Ángel Leonel mientras estaba hospitalizada, cuando aceptó que había sido Daniel quien la golpeó y posteriormente la empujó, diciendo que ésta estaba bajo los influjos de los sedantes que se le administraron para poder contener el dolor de sus lesiones.

No obstante el juez de control desestimó sus argumentos, indicando que el caso del primero el aliento alcohólico no implicaba estado de ebriedad, ni mucho menos alteraba los hechos; y en el segundo, que en ningún momento se comprobó que cuando hizo la confesión Brenda estuviera sedada.

Por su parte, el psicólogo Daniel Vázquez se abstuvo de declarar en todo momento.

La detención del presunto feminicida

De acuerdo con una fuente de la Fiscalía General de Baja California (FGE), el psicólogo Daniel Vázquez fue aprehendido tras una llamada anónima en la que se informó que se encontraba en el domicilio N.423 ubicado sobre el bulevar Bellas Artes, en la colonia Roberto de la Madrid, en Mesa de Otay, mismo en el que se atrincheró cuando se percató de la presencia de los agentes.

Para detenerlo fue necesario que los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) solicitaran una orden de cateo para ingresar al domicilio y apresarlo a las 02:38 horas, después se le presentó ante la autoridad competente para llevarse a cabo la audiencia inicial de imputación el mismo día y la de vinculación este 8 de agosto, en la cual fue sujetado a proceso por el delito de feminicidio en contra de Brenda, quedando bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa justificada, dejando un plazo para la investiga acción complementaria de cuatro meses, los cuales vencen el 7 de diciembre de 2025.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ANA KAREN ORTIZ.

“Le vamos a hacer mierda la ventanilla y lo vamos a sacar a rastras”

En un suburbio de Maryland, antes del amanecer, a un mes de inaugurado el gobierno de Trump, un alto funcionario de ICE estaba de pie junto a un Mazda que sus agentes acababan de detener.

El funcionario le dijo a un reportero de la televisión local en la escena lo que estaba a punto de suceder. “O nos da el carnet”, dijo, “o le hacemos mierda la ventanilla y lo sacamos a rastras”. Entonces, como el conductor se negó a salir del coche, los agentes rompieron el cristal.

Fue uno de los casi 50 casos documentados de agentes de inmigración que rompieron ventanas de vehículos que ProPublica ha identificado a partir de redes sociales, noticias locales, demandas y entrevistas desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo hace seis meses. Usando los mismos métodos, encontramos solo ocho en la década anterior. Ninguna de las cifras es exhaustiva. El Gobierno no publica estadísticas al respecto.

Expertos en el uso de la fuerza y ex miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dicen que la táctica rara vez se utilizó durante las administraciones anteriores. Dicen que no se conoce ningún cambio de política que autorice a los agentes a romper ventanas. Más bien, es parte de una ruptura normativa más amplia.

Hay cuotas de detenciones, y cada vez son más agresivas. “Se ha puesto un énfasis en la rapidez y el número de detenciones que antes no existía”, afirma Deborah Fleischaker, jefa de personal de ICE durante la presidencia de Joe Biden.

A los agentes que rompen cristales no se los sanciona, sino que se los asciende. El funcionario de Maryland, Matthew Elliston, ocupa ahora un alto cargo en la sede central y supervisa las operaciones en la costa este. Del otro lado del país, un jefe de la Patrulla Fronteriza que también adoptó esta táctica, Gregory Bovino, quedó a cargo de las redadas en Los Ángeles. (Ninguno de los dos respondió a las preguntas de ProPublica).

ICE afirma que sus agentes utilizan un “mínimo de fuerza” en las detenciones. Saque sus propias conclusiones.

Los agentes rompen las ventanillas de los autos incluso si en su interior hay niños llorando o mujeres embarazadas.


“¡Está embarazada!”, gritaba un hombre mientras su mujer, ciudadana estadounidense, filmaba desde el interior de su Chevy. “¡Está embarazada! ¡Está embarazada!”

Los agentes rompieron tres ventanas para detener a Jeison Ruiz Rodríguez y a su hermano menor César a principios de marzo. El video no fue el primero que sale a la luz en el gobierno de Trump: este año ya se habían registrado al menos nueve detenciones con ventanas rotas, algunas documentadas por publicaciones en Facebook, por periodistas locales o de la televisión en español.


El Día de la Madre, en los suburbios de Boston, agentes de ICE y del FBI detuvieron a una familia que se dirigía a la iglesia y amenazaron a Daniel Flores Martínez con lo que, según la familia y un testigo, podría ser una pistola. Sus tres hijos y su esposa, ciudadana estadounidense, lloraban en el auto. Los agentes le rompieron la ventanilla a Flores Martínez, lo obligaron a arrodillarse y luego lo tiraron bruscamente al suelo.

Uno de los niños es pequeño. Otro tiene 12 años y padece una discapacidad grave.

El incidente fue captado por el entonces estudiante de secundaria Kenneth Santizo, que estaba cerca esperando el autobús. “Lo único que oía era el llanto de los niños”, contó Santizo.

Hay denuncias de caras ensangrentadas, brazos cortados y otras lesiones, producto de los vidrios de las ventanillas rotas por los agentes.


En junio, un testigo grabó a varios agentes enmascarados que rompieron con una cachiporra el vidrio trasero de una camioneta blanca, tiraron al conductor al suelo y le apretaron con fuerza la cabeza contra el pavimento. El detenido, a quien se ve por última vez en el video con sangre en la cabeza, no ha sido identificado.


En una calle residencial, en mayo de este año, los agentes hicieron pedazos dos ventanillas de un Ford Focus para detener a los dos hombres que iban dentro. Un vecino filmó desde el interior de su casa a un hombre, que luego WBUR identificó como el inmigrante guatemalteco Kiender López López, que se puso a pelear con los agentes enmascarados. (Anteriormente fue acusado de violencia doméstica, pero no lo condenaron). Gritaba pidiendo ayuda cuando varios agentes lo derribaron. El gobierno no facilitó ninguna información sobre la detención, a pesar de las reiteradas peticiones de WBUR y ProPublica.

Al menos 10 personas declararon haber sido heridas este año en detenciones con ventanas rotas. Cuando llegó al centro de detención procedente de Spokane, Washington, César Ruiz Rodríguez tenía una herida abierta en la parte de atrás de la cabeza, dijo su abogado, y las radiografías mostraban esquirlas de vidrio en las rodillas de su hermano Jeison. ICE afirmó que los hermanos, nacidos en Nicaragua, eran miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua. Ambos negaron su pertenencia a la banda. Descubrimos que a los hermanos los habían acusado de amenazar a un familiar, pero los fiscales retiraron los cargos.

En Kentucky, ICE detuvo a Martin Rivera y a su novia, Jennifer Gribben, ciudadana estadounidense, aunque en realidad buscaban a un fugitivo. “Dijeron que buscaban a García,” dijo Rivera en una escena que la pareja transmitió por Facebook Live y que luego borraron. Uno de los agentes respondió: “Pero te encontré a ti”.

Luego procedieron a romperle la ventanilla del coche. Gribben escribió en Facebook que la golpearon “brutalmente en la cabeza” y que los agentes le rompieron el brazo a Rivera. Se declaró inocente de los cargos de resistencia a la autoridad y agresión en tercer grado derivados del incidente.

Cerca de Detroit, agentes de ICE enmascarados sacaron de su coche a Verónica Ramírez Verduzco, de 49 años, empleada de un hogar de asistencia, arrastrándola por una ventanilla que rompieron. Según su abogado, cinco días después del incidente, Ramírez Verduzco aún tenía heridas cortantes en los antebrazos.

ICE le informó a ProPublica que los agentes están autorizados a utilizar la fuerza cuando los civiles no siguen sus órdenes. Pero Ramírez Verduzco y otros contaron que casi no les dieron tiempo a responder antes de que los agentes les rompieran las ventanillas.

“No tuve chance de entender lo que estaba pasando”, dijo en una entrevista poco antes de que se ordenara su deportación a México.

Los funcionarios afirman que buscan a “lo peor de lo peor”. Pero rompen ventanillas para detener a personas sin antecedentes penales.

En un caso, ICE declaró que una mamá de 51 años tenía conexiones con MS-13.


Esta primavera, ICE detuvo a Elsy Noemi Berrios tras romper la ventanilla de su auto y llenarle de vidrios el vestido estampado. Su hija adolescente gritaba y lloraba mientras grababa con su celular. Un agente ayudó a Berrios a sacudirse las esquirlas de vidrio y a salir del coche. “Gracias”, dijo ella. Luego, el agente la esposó.

Cuando el video se volvió viral, provocando una indignación generalizada, la agencia emitió un comunicado en el que afirmaba que Berrios, de nacionalidad salvadoreña, tenía “probados lazos con la violenta pandilla callejera transnacional MS-13”. Tras examinar los registros judiciales, tanto federales como locales, no encontramos antecedentes penales de Berrios ni ninguna otra prueba que apoyara esta afirmación. En otro caso muy difundido, en julio de este año, ICE detuvo cerca de Portland (Oregón) a un quiropráctico iraní que estaba en proceso de obtener su residencia legal. Se dirigía a la guardería de su hijo pequeño. “Tengo un bebé en el auto”, dijo el hombre. Le permitieron seguir hasta la guardería y le rompieron una ventanilla no bien bajó al bebé del coche. No pudimos encontrar antecedentes penales.

Tu auto es una zona gris en términos constitucionales. No goza de las mismas protecciones avaladas por la Cuarta Enmienda que tienen los domicilios particulares. Uno puede negarse a abrir la puerta de su casa si los agentes no le muestran una orden judicial, pero no puede negarse a bajarse del coche.

La Constitución sigue estableciendo cuándo es legítimo emplear la fuerza, y cuánta pueden ejercer los agentes. Pero no hay reglas claras. ¿Deben romper los cristales minutos o segundos después de parar un vehículo? ¿Hace falta sacar a alguien a rastras por la ventanilla rota cuando podrían esperar a efectuar la detención otro día?

“El uso de la fuerza debe ser objetivamente razonable”, afirma Bruce Alan Barnard, instructor jubilado de la Cuarta Enmienda en el Centro de Formación de las Fuerzas de Seguridad Federales en Georgia, donde se entrenan los agentes del ICE. El problema de lo “objetivamente razonable”, dice Barnard, es que “es un oxímoron. Lo que es razonable para usted puede no serlo para mí”.

A los agentes de inmigración no les dicen si tienen que romper o no las ventanillas de los autos ni de qué manera deben hacerlo, según nos informaron antiguos funcionarios federales. Nada se dice al respecto en las directrices sobre el uso de la fuerza para los agentes de inmigración. No es que haya estado prohibido. Solo era una táctica inusual.

No se dice nada al respecto en las directrices del gobierno sobre el uso de la fuerza para los agentes de inmigración. Y los ex instructores y alumnos del centro de formación en Georgia afirman que nunca formó parte del plan de estudios.

A menudo, los civiles a los que les destrozan las ventanillas no son las personas que buscaban los agentes. Algunos son ciudadanos estadounidenses.


En Massachusetts, esta primavera, un agente de ICE alto y con gorra de camionero rompió con un mazo las ventanillas del auto en el que iba Juan Francisco Méndez, solicitante de asilo guatemalteco. Los agentes habían parado el coche buscando a un tal “Antonio”, según declaró su esposa al ser consultada por el New Bedford Light. Méndez no tiene antecedentes penales conocidos. Méndez y su mujer les dijeron a los agentes que se bajarían del auto cuando llegara su abogado. Antes de romper la ventanilla con el mazo, uno de los agentes los amenazó en un español entrecortado: “Puede hacer esta dos veces. ¿Duro o facil?”

Un portavoz de ICE le dijo a ProPublica que la agencia “respalda las maniobras consideradas apropiadas por los agentes en la escena”.


En junio, una niña de 15 años y su madre vieron a unos agentes de ICE parar un camión de trabajo y detener bruscamente a varios hombres.

“Por última vez, ¿me vas a abrir o no?”, advirtió un agente antes de romper el cristal. “Te lo voy a hacer mierda ahora mismo”.

Mientras la adolescente gritaba y les preguntaba a los agentes si tenían orden judicial, el conductor habló a cámara y dijo que era ciudadano estadounidense.

A principios de este año, el zar de la frontera Tom Homan lanzó una de sus ya conocidas amenazas a una ciudad santuario, prometiendo hacer del área de Boston un “infierno”. Para ese fin, sus agentes de inmigración necesitaban ayuda.

Un comunicado de prensa de ICE no tardó en anunciar su colaboración con otras agencias federales, entre ellas la Guardia Costera y el Departamento de Estado, en un operativo de un mes de duración en la zona, que bautizaron Operación Patriota. (La Guardia Costera confirmó que ayudó a transportar a las personas detenidas en Martha’s Vineyard y Nantucket. El Departamento de Estado también confirmó su participación. Ninguno de estos organismos hizo más comentarios).

Unos testigos filmaron en la cercana ciudad de Waltham, Massachusetts, a agentes enmascarados de la Administración para el Control de Drogas y de Investigaciones de Seguridad Nacional, junto con agentes de agencias no identificadas, que interrogaban a dos hombres estacionados en una furgoneta. “Si me demuestran que están aquí legalmente, los dejo en paz”, dijo uno de los agentes, que como única identificación tenía su chaleco antibalas que decía “agente federal”.

En los meses subsiguientes, agentes federales de otras agencias han seguido participando en operativos de inmigración en todo el país.

No sabemos quiénes son estos agentes enmascarados. Con frecuencia, tampoco a qué agencia pertenecen, ni quiénes son los responsables de su accionar.

¿Qué ocurre si los agentes se pasan de la raya? Por lo general, poco y nada.

Los mecanismos para demandar a los agentes federales son aún más limitados que para la policía, por lo cual a los inmigrantes se les dificulta aún más exigirles a los agentes responsabilidad ante cualquier caso de mala conducta.

“Las probabilidades están en su contra”, afirma Fleischaker, ex alto funcionario de ICE.

Incluso si un juez decide conceder una indemnización por daños y perjuicios, eso no suele cambiar lo que ocurre -o ya ocurrió- en los tribunales de inmigración, que son un sistema aparte. Las pruebas de una detención violenta rara vez evitan que a alguien lo deporten, y si ya ha sido deportado, no lo ayudarán a volver.

La familia detenida el Día de la Madre presentó una denuncia por acciones “ilegales y excesivas”, pero al padre ya lo deportaron a México. (El gobierno no respondió a la denuncia ni a las preguntas de ProPublica al respecto). Precursora de una demanda civil completa, la denuncia dice que su hijo de 3 años le dice ahora a la gente: “La policía rompió la ventana y tiró a papá al suelo”.

Las indemnizaciones en casos similares han sido pequeñas. Una mujer de California detenida por la Patrulla Fronteriza en 2016 después de que los agentes rompieran la ventana de su automóvil mientras sus hijos gritaban llegó a un acuerdo dos años después por $25,000.

Cuando le preguntamos en detalle a la Casa Blanca por la táctica y los incidentes ocurridos, se mantuvo firme en su defensa de los agentes. “ProPublica es un pasquín de izquierda que está descaradamente al servicio de los extranjeros ilegales”, afirmó la vicesecretaria de prensa Abigail Jackson en un comunicado. “Los agentes de ICE están sacando heroicamente a estos extranjeros violentos e ilegales de las calles estadounidenses con la máxima profesionalidad”.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, también defendió la táctica cuando le preguntaron por la Patrulla Fronteriza. Los agentes “pueden romper las ventanillas de los vehículos” si los ocupantes no acatan sus órdenes, dijo. En junio, un portavoz de ICE declaró para ProPublica: “Nuestros agentes están entrenados para utilizar la mínima cantidad de fuerza necesaria para resolver situaciones de manera que se garantice el éxito del operativo y se dé prioridad a la seguridad.”

Otros organismos cuyos agentes estuvieron implicados en los incidentes que documentamos -el FBI, la DEA y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos- no respondieron o se negaron a hacer comentarios sobre casos concretos.

Los agentes también están deteniendo a testigos. Pero ellos siguen filmándolos.


Los testigos que graban estos videos se exponen a un riesgo no menor.

Job García, estudiante de doctorado de 37 años y ciudadano estadounidense, estaba filmando una redada de inmigración en junio cerca de un Home Depot de Los Ángeles cuando los agentes de la Patrulla Fronteriza rompieron la ventanilla de un camión para detener al hombre que iba dentro. Entonces, los agentes detuvieron a García.

El Mexican American Legal Defense and Educational Fund presentó en julio una denuncia contra el gobierno federal en nombre de García, alegando que los agentes lo detuvieron en represalia por filmar y porque era latino.

En respuesta a nuestras preguntas, McLaughlin, del DHS, afirmó que García “agredió y acosó verbalmente” a la Patrulla Fronteriza. (En el video no se ve ninguna agresión). McLaughlin añadió: “Lo sometieron y detuvieron por agresión a un agente federal”.

Kayden Goode, la chica de 15 años que filmó la detención del ciudadano estadounidense en Rochester, Nueva York, dijo que se sintió obligada a grabar a pesar del peligro que corría.

“Me parece que no estuvo bien,” afirma Goode. “El hecho de que algo sea legal no significa que esté bien.”

A veces basta con la amenaza. Un solicitante de asilo afgano que se bajó del auto ante la amenaza de ICE de romperle la ventanilla dijo en una declaración jurada: “Me hizo acordar a los talibanes”.

Es posible que todo esto sea solo el principio. Poco antes de que se aprobara a principios de julio la flamante ley de política interior de Trump, el zar de la frontera Tom Homan dijo en una conferencia cristiana conservadora que las agencias de inmigración recién estaban empezando. La ley triplicará el tamaño del ICE y añadirá miles de agentes de inmigración.

“¿Les parece que estamos deteniendo a mucha gente ahora?”. dijo Homan. “Aún no han visto nada”.

FUENTE: PROPUBLICA.
AUTOR: NICOLE FOY, MCKENZIE FUNK.

Gobernación publica convocatoria para designar a titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas

Este miércoles, se abrirá el registro electrónico de aspirantes en el micrositio oficial. 30 días después de la publicación, Segob presentará a la presidenta Claudia Sheinbaum, la propuesta de designación del titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB).

La Secretaría de Gobernación (Segob) publicará el próximo viernes 15 de agosto, la convocatoria para designar a la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB). 

Dicha convocatoria se encuentra en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En un comunicado, la dependencia indicó que dicha designación se suma a la de los integrantes del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que actualmente se desahoga ante el Senado.

“Las bases establecen los requisitos y el procedimiento para que colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil propongan candidaturas”, señaló la Segob.

Requisitos para el titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

Gobernación precisó que la próxima persona titular de la CNB tendrá que cumplir con los siguientes requisitos: ser ciudadano o ciudadana mexicana; no haber sido condenado por delito doloso ni inhabilitado como servidor público; contar con título profesional; no haber ocupado dirigencia nacional o estatal de un partido político en los últimos dos años, y tener conocimientos y experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas.

A partir de este miércoles, se abrirá el registro electrónico de aspirantes en el micrositio oficial. Se prevé que, aproximadamente 30 días después de la publicación, la Segob presente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la propuesta de designación.

“Para el Gobierno de México, la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad nacional y se trabaja de la mano con las familias y colectivos para recibir propuestas de candidaturas que fortalezcan la labor de búsqueda”, añadió.

Teresa Reyes deja la Comisión Nacional de Búsqueda llena de perfiles sin experiencia

Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien estuvo al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda por 21 meses, dejó la institución repleta de gente sin experiencia en puestos clave y frenó proyectos de búsqueda que se construyeron durante años.

Reyes Sahagún fue nombrada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como encargada de la CNB el 23 de octubre de 2023, cuando las críticas contra el gobierno federal se intensificaron por el aumento de casos de desaparición en el país.

La excomisionada llegó a su cargo entre críticas debido a su falta de experiencia en la materia. Antes de llegar a su puesto había sido directora del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Mayores y coordinadora de las delegaciones estatales de la Secretaría de Bienestar.

Dos exconsejeros del Sistema Nacional de Búsqueda narran que solo hasta el final de su gestión la funcionaria se abrió a hablar con los colectivos, pero para ese momento ya se habían echado atrás varios proyectos destinados a resolver la crisis de desaparición de personas.

“Algunas cosas que se implementaron (con la excomisionada Karla Quintana), algunas cuestiones que se habían logrado se fueron para atrás, unas de plano fueron anuladas y no se tenían que haber anulado, se tenían que haber modificado”, comenta Valentina Peralta.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

UNAM obstaculiza estudios de mujeres que deciden maternar mientras cursan el posgrado

Estudiantes que decidieron ser madres señalan que vivieron situaciones de discriminación para ingresar y cursar un posgrado en la UNAM, por lo que exigieron a las autoridades universitarias crear un protocolo para mujeres y personas gestantes que estudian y maternan.

Mujeres y personas gestantes que han decidido maternar han sido discriminadas y relegadas en espacios académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como denunció Alisson, una candidata al doctorado en Artes y Diseño que pidió omitir su nombre real para prevenir represalias en su contra.

Alisson fue seleccionada para el programa de posgrado en 2024, pero no pudo completar el proceso de inscripción en la Facultad de Artes y Diseño porque había salido del país para dar a luz a su hija. A pesar de que ella intentó en diversas ocasiones contactar a la universidad para prevenirles de su situación, y buscar una solución, no obtuvo respuesta a tiempo y perdió la oportunidad de continuar sus estudios.

“Me dijeron que ya había sido aceptada, y yo súper feliz y todo, pero yo ya llevaba 7 meses de embarazo”, cuenta sobre su experiencia.

Para poder inscribirse en el doctorado, la UNAM le había dado una cita para entregar en persona su documentación original y tramitar su credencial de estudiante, la cual caía en las fechas en que Alisson estaría fuera de México para parir.

“Yo les escribí inmediatamente en junio para decirles (…) ‘Oye, esta fecha cae dentro de mi fecha probable de parto, no voy a estar, no puedo estar físicamente’”, recuerda. Las autoridades universitarias la remitieron a diversas instancias, pero no le dieron una respuesta a su solicitud previo a su viaje y el área administrativa entró en un periodo vacacional.

Para prevenirse y poder completar su inscripción, a pesar de que la UNAM no le había dado una ruta a seguir, Alisson le pidió a una amiga suya intentar realizar el trámite en la fecha dada, e incluso obtuvo un poder notariado para este fin. Sin embargo, no tuvo éxito.

“No es un proceso que haya fallado porque no aporté la documentación a tiempo, o porque quise que hicieran una excepción para mí. No, físicamente no podía estar presente porque estaba pariendo”.

Animal Político buscó a la UNAM para una postura frente a las denuncias de discriminación contra madres y mujeres embarazadas, pero no obtuvo una respuesta al momento de esta publicación.

“Estaba súper enojada, frustrada”

Cuando el área administrativa de la UNAM retomó labores, Alisson nuevamente intentó comunicarse para dar seguimiento a su inscripción. Para entonces, ya habían pasado dos meses, y ella ya había tenido a su hija en otro país. 

“Me dijeron, ‘Sí, hemos revisado tu caso. Puedes entrar al doctorado, pero no puedes aplicar a la beca’” disponible para el posgrado, recuerda que le comentaron. Molesta, les remarcó que su proceso de inscripción se había demorado porque no obtuvo respuesta de la universidad, pero la decisión fue inamovible. Incluso, recuerda que en una ocasión una trabajadora le comentó que era su culpa y tendría que haber “calculado mejor sus tiempos”.

“Era mi culpa, por no haber calculado en mi embarazo, el nacimiento de mi bebé acorde al posible calendario académico de la UNAM, sin saber en un proceso de 6 meses de selección”, señala Alisson. “Estaba súper enojada, frustrada, triste”.

Por parte de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Artes y Diseño, la invitaron a presentar nuevamente su solicitud al año siguiente, y la animaron al decir que si ya había quedado seleccionada antes, lo volvería a lograr.

“No es un proyecto de vida el ser madre, es un deseo puro, una elección. Por eso, para mí no tiene por qué ser incompatible con mi trabajo”, señala. “Nunca pensé que tendría que elegir entre uno u otro”.

Sin protocolos para atender estudiantes que maternan en la UNAM

Los “Lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM” contemplan, en sus primeros dos artículos, que se debe erradicar y prevenir la discriminación de género en contra de integrantes de la comunidad universitaria en las instalaciones educativas, la cual incluye la “distinción, exclusión o restricción” basada en condición de embarazo.

A pesar de que en el Artículo 11 se señala explícitamente que pueden presentar una denuncia ante el Abogado General de la UNAM por hechos constituyentes en violencia y discriminación de género “los integrantes de la universitaria y público en general, afectados por hechos ilícitos ocurridos dentro de los campus universitarios”, Alisson no fue atendida por la Defensoría de los Derechos Universitarios ni canalizada a la autoridad competente.

“Consulté con muchas entidades de la UNAM que se encargan de (atender) la violencia de género y todas me decían que no me podían ayudar porque no llegué a ser alumna”, dice, contrario a lo estipulado en los documentos universitarios.

El principio de no discriminación por condición de embarazo se repite en la “Guía de derechos y deberes de las alumnas y los alumnos de la UNAM”, cuya primera edición se publicó en el 2014. Pese a lo anterior, no existe un protocolo que oriente cómo atender casos en los que una persona gestante que esté embarazada tenga que atender situaciones médicas, como el mismo parto de su bebé. Animal Político consultó con la UNAM sobre esta falta de protocolos, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

“No tenía ni idea de las consecuencias”

Lucía, quien igualmente pidió omitir su nombre para evitar represalias, estaba en el proceso de selección para el doctorado en Artes y Diseño cuando se enteró que estaba embarazada. Era un deseo y plan que había tenido para su vida, por lo que cuando recibió la noticia que sería madre, además de haber sido aceptada en el posgrado, fue doblemente feliz.

“Para mí era un reto personal el poder seguir con mis estudios y estar entrando al doctorado, era algo que tenía en mente, como un propósito”, relata. Una vez que inició el semestre, ella se acercó con sus tutores para compartirles la noticia de su embarazo. 

“Todo el semestre estuve trabajando (…) no pedí realmente ninguna ayuda adicional o lo que sea, no consideré que fuera necesario. Como era mi primer embarazo, no tenía ni idea de las consecuencias que iba a involucrar, estar haciendo el doctorado y a la vez ser mamá”.

Una vez que tuvo su bebé, Lucía hizo cambios en sus horarios y rutinas que le permitieran atender al recién nacido y a la par avanzar en su proyecto de doctorado. Para ese semestre, una de sus tutoras daba asesorías extracurriculares que no eran obligatorias, además que tenían una duración de hasta cuatro horas, por lo que la estudiante se acercó con su profesora para explicarle que no podría asistir a las reuniones.

“Le comenté que no podía estar asistiendo a estas reuniones porque apenas estaba teniendo a mi bebé, a darle pecho, cada tres horas me pedía darle de comer, entonces realmente para mí, el poder asistir era prácticamente imposible”, recuenta. “Le pedí ayuda, si podía tomar las reuniones en línea para que yo pudiera asistir, u otras consideraciones para que me tomara en cuenta”.

La tutora no tuvo una buena reacción, opina Lucía, y le reclamó que ella la había apoyado durante el embarazo. “El hecho que le estaba pidiendo no ir a sus reuniones le molestó demasiado, hubo un rechazo un poco hacía mí, y en las circunstancias donde yo me encontraba en ese momento, yo le di prioridad a mi hija más que al doctorado”.

Lucía continuó con sus estudios y avanzó en su investigación por su cuenta, pero fue relegada en el grupo del posgrado por la doctora, quien posteriormente también le comunicó que ya no quería ser parte de su Comité Tutorial.

Lucía consideró salirse del doctorado por malos tratos

Tanto para Lucía como Alisson, el enfrentar discriminación y obstaculización en la UNAM por el hecho de maternar fue motivo de frustración y desilusión. Para ellas, como para muchas mujeres y personas gestantes en México, el deseo de ser madre no debía ser incompatible con crecer profesionalmente.

“Me sentí muy mal, y hasta consideré salirme del doctorado ante la situación, porque claramente para mí era un estrés adicional estar haciendo el doctorado y siendo mamá primeriza”, comparte Lucía. Además, la beca que recibe por sus estudios es el único ingreso económico propio que tiene.

Esto también lo nombró Alisson, quien recalcó que en un trabajo tradicional formal sí existen licencias de maternidad y permisos que protegen a quienes son madres y laboran; a diferencia del ámbito académico, en el que no existen protocolos o reglamentos para garantizar la continuidad de sus estudios e investigaciones.

Encontrar espacios de lucha en común para maternar y estudiar

Para ambas, el encontrar espacios con otras madres en la universidad ha sido un espacio seguro para continuar con sus sueños profesionales.

“Conocí a dos mamás que tuvieron situaciones muy parecidas a las mías”, comparte Lucía. “Me di cuenta que realmente sí es un tema que están teniendo las mamás, y me parece que es un logro para nosotras, el hecho de poder seguir con nuestros estudios y todavía maternar”.

Alisson remarcó que las universidades deben de crear condiciones para que mujeres y personas gestantes puedan continuar sus estudios, y no sólo dependa del criterio y solidaridad de las y los profesores.

“(Quisiera) que se tenga un protocolo, como en el mundo laboral, con reglas y flexibilidades. Que se tome en cuenta el tiempo en que podemos llegar a ser incapaces de atender obligaciones, como durante el embarazo y los primeros tiempos de la vida del bebé. Las restricciones del embarazo, de la lactancia. Son cosas que no dependen de nuestra voluntad”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TAMARA MARES.

SRE: 'México no aceptaría' operaciones militares de EU en México

El presidente de EU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en secreto que autoriza al Pentágono a usar la fuerza militar contra los cárteles.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que no permitiría la participación de las fuerzas armadas estadunidenses en operaciones dentro del territorio mexicano.

Lo anterior luego que el presidente de EU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en secreto que autoriza al Pentágono a usar la fuerza militar contra los cárteles.

Comunicado de la SRE:

En relación al comunicado publicado el día de hoy por la Embajada de Estados Unidos en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresa lo siguiente:
  1. México y Estados Unidos coincidimos en que la colaboración entre nuestros países se da con respeto irrestricto a nuestras soberanías.
  2. 2. Cada quien debe trabajar en su país, para atender las causas que provocan las adicciones y la violencia derivada del tráfico ilegal de drogas y de armas.
  3. Nuestra cooperación se basa en los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida, igualdad soberana, respeto a la integridad territorial y cooperación sin subordinación.
  4. México cuenta con una Estrategia Nacional de Seguridad para construir la paz con justicia, a partir de la atención a las causas estructurales que propician la violencia y avanzar en que haya cero impunidad.
  5. México seguirá trabajando de manera coordinada con los Estados Unidos. En particular en el combate al tráfico ilícito de drogas y de armas, lo cual es fundamental para disminuir la violencia.
  6. La colaboración y el diálogo binacional, en un marco de respeto a las leyes de cada país, es la mejor herramienta para alcanzar el propósito de proteger a nuestras comunidades. Desde hace meses, trabajamos en un acuerdo de seguridad sobre esos principios: colaboración y respeto a la soberanía.
  7. México no aceptaría la participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio.
Trump defiende enviar tropas para atacar a los cárteles

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, defendió este viernes enviar tropas contra los carteles del narcotráfico en América Latina para “proteger” a su país, una maniobra que supondría ir un paso más allá en la guerra contra el fentanilo.

“América Latina tiene muchos carteles. Hay mucho tráfico de drogas. Queremos proteger nuestro país. Tenemos que proteger nuestro país. No lo hemos hecho durante cuatro años”, respondió a los periodistas en la Casa Blanca después de que le preguntaran sobre este posible movimiento.

El mandatario reconoció que “libran un juego difícil” aunque justificó que lo hace por su país. Sin embargo, no dio más detalles del operativo.

El republicano fue interrogado horas después de que The New York Times publicara en exclusiva que ya habría firmado una orden secreta instruyendo al Pentágono a usar la fuerza militar contra los carteles, de acuerdo con fuentes familiarizadas.


De este modo, las fuerzas estadounidenses ya estarían elaborando los primeros planes y contarían con un instrumento legal para realizar ataques militares directos y unilaterales en territorio extranjero contra los carteles.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el mandatario busca luchar contra el tráfico del fentanilo en EU, que, a su juicio, es producido principalmente por los carteles mexicanos con productos chinos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

'No soy funcionario ni manejo recursos del gobierno': José Ramón López Beltrán ante críticas por sus vacaciones

El hijo mayo del expresidente Andrés Manuel López Obrador defendió 'tener momentos personales o familiares no es un lujo, es un derecho. Quien trabaja y vive con honestidad también merece descanso, privacidad y alegría sin ser juzgado'.

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, respondió a las personas que lo criticaron por estar de vacaciones con su familia, luego que se difundieran fotos con su hija y su hijo.

Afirmó que no es un funcionario público y que manejo recursos del gobierno. “Trabajo, como muchas otras personas, y cuando se puede, también busco compartir tiempo con mi familia”, afirmó.

Ante ello, José Ramón López Beltrán defendió “tener momentos personales o familiares no es un lujo, es un derecho. Quien trabaja y vive con honestidad también merece descanso, privacidad y alegría sin ser juzgado”.

El comunicado:
Hace unos días circuló una foto mía con mi hijito Salomón, y ahora comenzó a circular otra, esta vez con mi hija Natalia. Ante los comentarios que han surgido, me es necesario aclarar algunos puntos.

No soy funcionario público. No tengo ningún cargo ni manejo recursos del gobierno. Trabajo, como muchas otras personas, y cuando se puede, también busco compartir tiempo con mi familia.

Llevo años leyendo que “no trabajo”, como si guardar silencio fuera lo mismo que no hacer nada. Pero no todo se presume ni todo se publica. Trabajo todos los días, desde hace mucho, en proyectos y asuntos que no buscan reflectores ni necesitan aprobación. Y que yo no lo ande contando, no le da a nadie derecho a inventar desde la ignorancia o la mala intención.

Tener momentos personales o familiares no es un lujo, es un derecho. Quien trabaja y vive con honestidad también merece descanso, privacidad y alegría sin ser juzgado.

No hay más que imágenes familiares, como la que muchos padres tienen con sus hijos.

Si algún día llego a participar en la vida pública (que ahora no es el caso), lo haré con responsabilidad, honestidad, transparencia, respeto y amor al pueblo.

El tiempo y la verdad siempre ponen las cosas en su lugar.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

EU revoca visa al empresario Eduardo Margolis; lo vinculan con lavado de dinero y corrupción

Las acusaciones contra el mexicano, de origen judío, refuerzan la percepción de que su influencia en México se construyó sobre una red de relaciones políticas y empresariales opacas, con García Luna como uno de sus principales aliados.

El gobierno de Estados Unidos revocó la visa del empresario mexicano de origen judío, Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol.  

Esta decisión se produce en medio de señalamientos que lo vinculan a presuntas actividades de lavado de dinero, corrupción y contratos públicos millonarios en México.

Margolis, conocido por su influencia en el sector empresarial, enfrenta ahora un nuevo capítulo de controversia que pone en entredicho su historial y conexiones políticas. 

Las acusaciones contra Margolis no son recientes.  

Desde hace años, su nombre ha sido asociado con casos de alto perfil, como el de Vallarta-Cassez y el de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, condenado en Estados Unidos por narcotráfico.  

Margolis mantuvo una relación cercana con García Luna, lo que lo habría beneficiado con contratos gubernamentales durante el sexenio de Felipe Calderón. Esta conexión ha sido señalada como un factor clave en las investigaciones que ahora lo tienen en la mira de autoridades tanto en México como en Estados Unidos.   

El pasado 2 de agosto un artículo de Los Ángeles Press detalló que Margolis fue identificado en un dictamen pericial de 2017, basado en el Protocolo de Estambul, como participante directo en actos de tortura contra Israel Vallarta, implicado en el caso Vallarta-Cassez.  

El informe describe agresiones graves, incluyendo torturas físicas y psicológicas, que dejaron secuelas en Vallarta. A pesar de la gravedad de estas acusaciones, la Fiscalía General de la República no ha iniciado acciones penales contra Margolis, lo que ha generado críticas sobre la impunidad en el caso. 

La revocación de la visa de Margolis también coincide con reportes del 6 de agosto en X, que lo señalan como “persona de interés” en investigaciones en ambos lados de la frontera por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. 

Estas acusaciones refuerzan la percepción de que su influencia en México se construyó sobre una red de relaciones políticas y empresariales opacas, con García Luna como uno de sus principales aliados.  

Durante el gobierno de Calderón, García Luna facilitó contratos a empresas vinculadas a Margolis, según fuentes periodísticas, lo que le permitió amasar una considerable fortuna. El caso de Margolis Sobol refleja los desafíos que enfrenta México en el combate a la corrupción y la impunidad, especialmente cuando se trata de figuras con conexiones políticas de alto nivel. La relación con García Luna, quien enfrenta una condena de 38 años en Estados Unidos por proteger al cártel de Sinaloa, pone en perspectiva el alcance de las redes que Margolis habría tejido.  

Por ahora, la revocación de su visa representa un golpe significativo a su estatus, limitando su movilidad internacional y aumentando el escrutinio sobre sus actividades. Mientras las autoridades mexicanas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones, la sociedad civil y medios independientes continúan exigiendo transparencia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Director del ISPyCF de la CDMX achaca a la Fiscalía los retrasos en la entrega de cuerpos

El funcionario reconoció que hay personas que negocian con las funerarias para agilizar los trámites a cambio de cobros indebidos, pero llamó enfáticamente al personal del Instituto a no aceptar formar parte de este tipo de conductas, ya que el servicio de necropsia es gratuito.

Arturo Cervantes Arroniz, director del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (ISPyCF), achacó el retraso en la entrega de los cuerpos de personas fallecidas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). 

El funcionario reconoció que hay personas que negocian con las funerarias para agilizar los trámites a cambio de cobros indebidos, pero llamó enfáticamente al personal del Instituto a no aceptar formar parte de este tipo de conductas.

“Se ha detectado que las funerarias hacen cobros a los deudos por supuestamente agilizar necropsias, la entrega de certificados de defunción o por, incluso, la práctica de exámenes de laboratorio; en ese sentido, insistió en que el servicio de necropsia no genera ningún gasto para los ciudadanos”, informó el ISPyCF mediante un comunicado. 

El director del ISPyCF, dependiente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), afirmó que el 60% de los casos en que se ha retrasado la entrega de los cuerpos a los deudos se debe a errores de escritura y en la documentación que les envía el ministerio público. 

“Actualmente hay diversos factores que pueden derivar en el retraso en la entrega de cadáveres a sus deudos, que son ajenos a la institución, y explicó que la única autoridad competente para autorizar la entrega de un cadáver es la ministerial, no el personal del ISPyCF.  

“Entre los factores ajenos al ISPyCF que pueden retrasar la entrega de un cadáver está el hecho de que aproximadamente en 60 por ciento de los casos se presentan errores de escritura en la documentación que se le remite al ISPyCF por parte de la autoridad ministerial y que se debe de corregir, a fin de evitar posteriores problemas legales a los deudos”, añadió. 

El ISPyCF es la institución encargada del Registro de Personas Fallecidas y el Protocolo de Necropsia Homologado, mecanismos que coadyuvan a la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas, presentada por las autoridades para el periodo 2025-2030. 

En julio pasado, peritos y médicos se unieron al paro de labores del Poder Judicial de la capital del país, acompañados por madres buscadoras.  

En aquel momento, el personal forense pedía aumentos salariales, condiciones laborales dignas, el cese del hostigamiento laboral y tráfico de influencias en la institución, y personal suficiente para realizar el servicio de forma eficaz. 

Después de estas manifestaciones, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México removió de su cargo a la doctora Patricia Crespo, el pasado 4 de julio. La funcionaria fue denunciada por los trabajadores en paro de propiciar el ambiente de acoso laboral y propiciar el nepotismo en cargos claves de la institución. Arturo Cervantes Arroniz fue su reemplazo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ETHAN BALANZAR.

Madre recupera a hijo desaparecido en hallazgo de campo de adiestramiento

Una madre localizó a su hijo entre los detenidos en un operativo federal contra el CJNG en el municipio Rincón de Romos. El joven, desaparecido meses atrás tras aceptar un trabajo, apareció con signos de tortura. Colectivos de búsqueda denuncian reclutamiento forzado.

Las revelaciones hechas durante la audiencia de vinculación a proceso de 18 jóvenes detenidos en un operativo federal, realizado el 26 de julio último en la sierra de Pabellón de Hidalgo, municipio de Rincón de Romos, apuntaron por primera vez a la existencia de un “campamento de adiestramiento” atribuido al crimen organizado en Aguascalientes, un hecho sin precedentes en el estado. 

La noticia del caso (y la ola de violencia que originó) han cimbrado a la entidad, que presume ser una de las más seguras del país.

El lugar fue nombrado expresamente como campo de adiestramiento por el Ministerio Público Federal y la defensa de los acusados durante la audiencia judicial celebrada el 1 de agosto último. Hasta entonces, las autoridades no habían detallado de qué tipo de espacio se trataba, aunque el fiscal estatal, Manuel Alonso García, dijo, vagamente, que en el campamento se realizaban labores de vigilancia por parte de un grupo criminal.

El hallazgo incluyó un arsenal de armas largas, cartuchos, cargadores, un lanzagranadas, chalecos antibalas con las siglas “CJNG” y una bolsa de plástico con un bloque de 742.5 gramos de clorhidrato de cocaína; así como objetos personales, alimentos, utensilios de cocina y mochilas. Entre los detenidos hay dos colombianos, uno de ellos, de acuerdo con su esposa, también tiene nacionalidad venezolana, así como personas originarias de municipios de Michoacán, Guanajuato y Coahuila. 

Entre los detenidos también hay dos menores de edad y al menos cuatro que tenían ficha de desaparición reciente: Felipe de Jesús Hernández Valdivia, de 39 años, y Emanuel Núñez, de 28, desaparecidos el 28 de mayo de este año en circunstancias aún desconocidas; Arturo Sebastián García Yáñez, de 22 años, desaparecido el pasado 29 de mayo, y Carlos Antonio Esparza Medina, de 18 años, desaparecido el 23 de junio.

Carlos Antonio había aceptado un trabajo como staff en una clínica de rehabilitación en Guadalajara cuando su familia perdió contacto con él, según lo señalado por Cynthia Medina, su madre, que forma parte del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia.
El sábado, cuando vi la foto de los detenidos, vi que era mi hijo –cuenta la señora Medina llorando. Tenía el ojo hinchado. Sentí felicidad por saber que estaba vivo, que está completo, no sabía todo lo que se venía, no visualicé todo el problema en el que está él ahora, que lo están tratando como un criminal. El domingo en la noche lo pude ver menos de cinco minutos, estaba muy golpeado, irreconocible de su rostro hinchado, muy sucio, muy mal, estaba llorando. Verlo así me acabó. Él me dijo que en el momento de la detención estaba desarmado.
Las versiones oficiales sobre cómo se detectó el campamento difieren: mientras el fiscal estatal asegura que se debió a “denuncias anónimas” recibidas semanas atrás, el Ministerio Público Federal expuso que el operativo se activó después de que un helicóptero de seguridad fue atacado desde el campamento.

Fuentes federales aseguraron a Proceso que el despliegue fue motivado por la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Zacatecas ese mismo día.

La respuesta al hallazgo fue una ola de violencia en todo el estado que tomó por sorpresa a las autoridades. Incluyó la quema de cinco tiendas de conveniencia y un depósito de cerveza, así como una decena de automotores incendiados, entre ellos tráileres, camiones, una combi del transporte público foráneo y un camión del transporte público urbano. 

Los incendios bloquearon tres carreteras federales y otras estatales. También se reportó el hallazgo de dos cuerpos calcinados en los límites entre los municipios de Tepezalá y Pabellón de Arteaga, al norte de la entidad.

Y aunque la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la fiscalía local anunciaron la detención de nueve personas por los hechos violentos, sólo dos están presuntamente implicadas con los incendios. Las siete restantes fueron detenidas por la posesión de diversas cantidades de droga.

Esa violencia, sin embargo, no es nueva. Desde 2023 (el primer año de la administración de la panista Teresa Jiménez Esquivel) la población ha vivido el recrudecimiento de la delincuencia con el crecimiento en 72.1% de la tasa de incidencia delictiva y de 28.4% en la de prevalencia delictiva, indican datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe). 

Los porcentajes colocaron a Aguascalientes, por primera vez, entre los tres estados del país con mayores incrementos en tasas de inseguridad. 

Las desapariciones también han aumentado en el estado, así como las extorsiones y el cobro de piso.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, los casos aumentaron en 2024, cuando pasaron de 39 en 2023 a 135. En lo que va de 2025 se han reportado 73 casos. La mayoría son hombres entre 15 y 49 años.

 Los municipios con mayores cifras son la capital del estado, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo y Pabellón de Arteaga.

Tortura y desamparo

Yuridia Bello Camacho, jueza de distrito encargada de la vinculación a proceso, solicitó abrir una carpeta de investigación por las lesiones que presentaron los detenidos, como quemaduras y golpes en el rostro y cuerpo. Uno de ellos será examinado por posibles daños graves en el riñón y otro recibió un disparo en la pierna.

De acuerdo con familiares de los jóvenes, durante la primera parte de la audiencia, realizada a inicios de la semana pasada, se denunció que estuvieron privados de su libertad de dos a cuatro horas desde su detención y hasta que fueron presentados ante las autoridades judiciales.

Pese a la solicitud del abogado de uno de los detenidos para que comparecieran nueve policías estatales, nueve militares y un miembro de la Guardia Nacional que, dijo, fueron los responsables de las aprehensiones, ninguno asistió a declarar. 

Los detenidos fueron vinculados a proceso por los delitos de acopio de armas, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos y cargadores, asociación delictuosa y delitos contra la salud; cinco de ellos tienen agravantes por, presuntamente, haber disparado a elementos federales.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal solicitó distribuir a los jóvenes detenidos entre los penales federales de Guanajuato, Michoacán y Chiapas “atendiendo a las circunstancias de los hechos y su probable relación con un grupo delictivo, para prevenir que puedan tomar control carcelario del penal estatal”. La solicitud fue aceptada por la jueza. El plazo para el traslado vence el 18 de agosto próximo.

Esa decisión generó angustia entre las familias de los detenidos, quienes enfrentan condiciones económicas precarias. Algunas madres denunciaron que sus hijos habían sido reportados como desaparecidos desde meses antes, otras que fueron engañados con ofertas de empleo como soldadores o balconeros.

“¿Cómo voy a ir hasta Chiapas? No sé ni siquiera dónde está. Apenas tenemos dinero para mantener la casa”, dijo Verónica Torres, tía de Javier Zapata Solís, de 22 años, que antes de ser detenido se dedicaba a recoger plástico y otros artículos de los contenedores de basura para luego venderlos. Ella dejó de saber de él desde mayo de este año. 

Entre los argumentos para permitir el traslado a penales federales, la jueza detalló las calificaciones reprobatorias que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha dado al centro de reclusión de Aguascalientes en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, sobre todo desde 2022. 

Entre los puntos por los cuales se han dado tales calificaciones están la falta de prevención de violaciones a los derechos humanos y de atención en caso de detección, hacinamiento, insuficiencia de programas para la prevención y de atención a incidentes violentos, entre otras.

Esas deficiencias fueron palpables en 2023, cuando se registró el presunto suicidio de seis internos del penal. A inicios de ese año, la CNDH emitió la recomendación 252/2023 a la entidad por “deficiencias en la atención médica de personas privadas de la libertad, revisiones indignas a visitantes y falta de personal de seguridad en los tres centros penitenciarios”. Pero las autoridades estatales la tildaron de golpeteo político.

“Hasta ustedes van a estar más seguros en un centro federal, hay cámaras en todos lados”, dijo la jueza.

Reclutamiento, una realidad negada: Colectivo de Búsqueda

Desde que las madres buscadoras identificaron a sus hijos desaparecidos en las fotografías filtradas del operativo y la lista de los nombres de los detenidos, que también se filtró, el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA), que acompaña las labores del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia, denunció que en años recientes han recibido reportes de jóvenes desaparecidos tras haber aceptado una oferta de empleo.

“En los inicios de año reportamos el reclutamiento forzado, cobro de piso y cuota por seguridad que ha sido confirmado en lugares como el Agropecuario. Hoy las madres ya no solamente están buscando en los servicios médicos forenses, en los campos o en los anexos, también tienen que estar buscando en el Poder Judicial o en los Ministerios Públicos porque sus hijos o familiares desaparecidos, además de ser víctimas de este tipo de violencias que son responsabilidad de las autoridades, están siendo tratados como victimarios. Necesitamos una sociedad responsable y empática que proteja a las juventudes”, dijo Mariana Ávila Montejano, coordinadora del OVSGA, durante una rueda de prensa en la que participaron madres buscadoras.
A mi hijo lo sacaron de mi casa –agrega–, la destrozaron, se lo llevaron a rastras, golpeado. El señor fiscal no puede decir que no hay desaparición forzada, el señor fiscal no puede decir que no existe, las autoridades lo saben perfectamente porque nosotras hemos ido a ponerle la carpeta frente a su escritorio, lo saben. No podemos cerrar los ojos ante una situación que está más que vista. 
Olivia Muñoz Campos, madre de Edgar Alfredo Quezada Muñoz, desaparecido el 27 de septiembre de 2022, asegura a que la desaparición de su hijo no fue por decisión propia.

Lorena Guerrero Márquez, suegra de Víctor Manuel Ocón Ramírez, desaparecido el 13 de diciembre de 2023, también denunció que hombres no identificados entraron a su casa y se lo llevaron.

“Compañeras de Michoacán, de Jalisco, hasta de Oaxaca, estuvieron preguntando los nombres de las personas que fueron detenidas. La desaparición es un problema grave en Zacatecas y en Jalisco, pero en Aguascalientes poco se habla del tema, no se reconoce. Todas las personas que llegan a ser reclutadas también son víctimas de un problema muy grave que le ocurre a México”, dijo en entrevista Javier Espinosa, vocero del Colectivo Maverick en Aguascalientes y coordinador de la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas.

Pese a ello, el fiscal estatal negó la problemática argumentando que los jóvenes deciden trabajar con los cárteles y desaparecen por decisión propia, o que deciden irse de sus hogares sin que nadie los obligue. 

Sin embargo, la propia fiscalía estatal había reconocido anteriormente la problemática. 

En abril último, Vicente Junior Acevedo Navarro, titular de la fiscalía Especializada en Materia de Desaparición y Localización de Personas de Aguascalientes, reveló que dos jóvenes originarios del estado aceptaron una falsa oferta de empleo y los trasladaron a Nayarit, donde fueron privados de su libertad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MÓNICA CERBÓN.