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La detención del defensor Renato Romero es para intimidar a quienes luchan por el agua: activistas

De acuerdo con el abogado y activista Juan Carlos Solís, el caso contra el luchador tiene un tinte político, pues la FGE actuó con prontitud por hechos recientes y porque los delitos que se le adjudican a Romero no son graves, por lo tanto, él considera que no ameritaban la detención.

La detención del luchador social Renato Romero es un mensaje del gobierno de Alejandro Armenta, que busca intimidar la lucha de los pueblos contra del saqueo de agua de la región cholulteca y beneficiar así a la empresa concesionaria Aguas de Puebla, acusó el abogado y activista Juan Carlos Solís. 

En un mitin realizado a las afueras de la Casa de Justicia de Cholula, el integrante del Frente de Pueblos Morelos, Puebla y Tlaxcala reveló que la empresa –ligada a los Hank Rhon– fue la que presentó la denuncia contra Romero Camacho y otros dos pobladores de la localidad de Xoxtla, quienes participan en la resistencia contra entregar más agua de esa localidad a la empresa que presta el servicio a Puebla capital.

Aseguró que es evidente que el caso contra Romero Camacho tiene un tinte político, pues no sólo la Fiscalía General del Estado (FGE) actúo con rapidez para integrar la carpeta y pedir las órdenes de aprehensión por supuestos hechos que ocurrieron apenas el 28 de mayo, sino que los delitos que se le adjudican no son graves y por lo tanto no ameritaban su detención. 

El abogado sostuvo que lo que procedía al ser acusado de despojo y daño en propiedad ajena, es que la FGE hubiera citado a Romero Camacho para que compareciera sobre esos hechos, pero en lugar de eso, se procedió a detenerlo la mañana del 1 de julio. 

“Eso muestra una intención del gobierno del Estado de criminalizar la defensa del agua y la tierra, en ese sentido es evidente el mensaje para la defensa del agua en la región cholulteca, al detener a Renato Romero justo el día que se celebra el Cabildo Abierto en la comunidad de Nealtican que está exigiendo que no se renueve la concesión al SOAPAP y a Agua de Puebla”, señaló Solís. 

“Eso significa que el gobierno del estado está claramente a favor de la privatización del agua y de las empresas y en contra de la defensa del agua”, agregó al recordar que esto contradice la postura que hizo pública durante su campaña el actual mandatario morenista, quien había prometido que buscaría revertir esa concesión. 

Las organizaciones de Xoxtla y Nealtican acusan que la empresa concesionaria lucra con el agua de esas localidades, al ponerla a disposición de nuevos proyectos inmobiliarios y de la industria, cuando los lugareños padecen cada vez más por la escasez del líquido. 

En el acto, decenas de organizaciones firmaron un pronunciamiento para exigir la libertad de Romero a quien ubicaron como un luchador social que no sólo ha defendido el agua y territorio de la región de Libres Oriental, sino que se ha solidarizado con el movimiento en Xoxtla y Nealtican. 

También tomaron la palabra la esposa, la madre y el hermano de Romero Camacho, quienes advirtieron que el detenido es un campesino del municipio de Coatepec, quien realmente está comprometido con las luchas en defensa del agua desde hace décadas. 

La madre del detenido, de 82 años, tomó la palabra para pedir al gobernador Armenta por su seguridad ya que desde su detención no había podido verlo. 

“Renato Romero no es un delincuente, es un campesino, es una persona humilde y no es de tres o cuatro años, él inició desde su juventud, ha sido un luchador social, un verdadero luchador social que lo hace por convicción, no por conveniencia”, expresó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Andamiaje de vigilancia y espionaje de la 4T

La construcción de este sistema de vigilancia masiva encuentra precedentes sólo en regímenes autoritarios que han utilizado la tecnología para el control social. La experiencia internacional demuestra que la vigilancia masiva es ineficaz para prevenir delitos, más bien puede facilitarlos.

En un periodo extraordinario que concluyó el 1 de julio de 2025 el Congreso de la Unión, dominado por Morena y sus aliados, aprobó un paquete de reformas legales que constituye el más ambicioso sistema de vigilancia y espionaje en la historia de México. Ese andamiaje jurídico, presentado bajo el pretexto de fortalecer la seguridad pública y combatir la delincuencia, representa en realidad una amenaza sin precedentes a la privacidad, los datos personales y los derechos fundamentales de los mexicanos.

La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, aprobada en el Senado con 67 votos en favor, 29 en contra y tres abstenciones, otorga al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) facultades de acceso irrestricto a toda la información contenida en la Plataforma Única de Identidad. Esta ley establece en su artículo 12, fracción III, que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) podrá solicitar a instituciones públicas y privadas el envío de información contenida en cualquier registro administrativo.

Los datos que quedan a disposición de las autoridades incluyen información vehicular, biométrica, telefónica, registros de propiedad, comercio, catastros, fiscales, bancarios, de salud, telecomunicaciones, empresariales y comerciales. Más alarmante aún, la ley establece que pueden incorporarse “todos aquellos datos de los que puedan extraerse indicios, datos e información” útiles para investigaciones.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aprobada con 88 votos en favor en el Senado, complementa este esquema al ordenar la interconexión de bases de datos nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas. 
Esta interconexión permite que las autoridades accedan a información sin los controles tradicionales que protegían la privacidad ciudadana.
La reforma a la Ley General de Población, aprobada por 345 votos en favor en la Cámara de Diputados, impone la CURP biométrica como única fuente de identidad para todos los mexicanos y extranjeros con estancia legal. Esta nueva CURP incorpora fotografía, huellas dactilares y datos de identidad completos extraídos de todas las bases de datos convirtiéndose en el documento oficial obligatorio para todos los trámites en el país, y desplazando la credencial para votar del INE.

La magnitud de esta medida es que todo ente público o particular estará obligado a solicitar la CURP biométrica para la realización de trámites y servicios. Desde comprar un teléfono hasta solicitar servicios médicos u hospedarse en un hotel. Cada transacción será registrada y vinculada a la identidad biométrica del ciudadano.

La Plataforma Única de Identidad creada por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada permitirá consultas en tiempo real y estará interconectada con bases de datos públicas y privadas. Esta plataforma realizará búsquedas continuas y seguimiento en tiempo real de las actividades realizadas con la CURP.

La Ley para Eliminar los Trámites Burocráticos, aprobada con 63 votos en favor en el Senado, crea la Llave MX como mecanismo de autenticación e identificación vinculado a la CURP. Esta herramienta permitirá eliminar 75% de los trámites presenciales, pero a costa de centralizar toda la información personal en una sola plataforma gubernamental, con los riesgos que ello implica en términos de ciberseguridad.

El artículo 72 de esta ley establece que la Llave MX podrá asociarse a fotografía y huellas dactilares contenidas en registros administrativos. Además, contempla la creación del Expediente Digital Ciudadano que permitirá la interoperabilidad entre bases de datos, registros y sistemas para integrar, consultar y compartir información.

La reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada con 369 votos en favor en Diputados, preserva y amplía el sistema de acceso a datos conservados y geolocalización en tiempo real sin controles judiciales de la ley de 2014. 

El artículo 183 establece que los concesionarios de telecomunicaciones deberán colaborar con las instancias de seguridad en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos terminales.

Esta disposición permite que cualquier ciudadano con celular (prácticamente todos) pueda ser geolocalizado en tiempo real sin orden judicial. Los operadores deberán conservar los datos por dos años y las autoridades podrán consultarlos sin control judicial. Esto afecta a más de 100 millones de mexicanos que utilizan teléfonos móviles.

Resulta particularmente preocupante que estas reformas ignoren por completo las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de las Nación. En marzo de 2025, la Primera Sala declaró inconstitucional el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que contemplaba la entrega de datos conservados sin control judicial previo.

La SCJN determinó que los datos conservados ameritan una protección constitucional fuerte y que su acceso requiere autorización previa de la autoridad judicial.

La construcción de este sistema de vigilancia masiva encuentra precedentes sólo en regímenes autoritarios que han utilizado la tecnología para el control social. Los promotores de estas reformas argumentan que son necesarias para combatir la inseguridad y el crimen organizado. La experiencia internacional demuestra que la vigilancia masiva es ineficaz para prevenir delitos, más bien puede facilitarlos. 
La falta de controles independientes, supervisión judicial y mecanismos de rendición de cuentas convierte este sistema en una herramienta perfecta para el abuso de poder. 
La extinción de organismos garantes de derechos fundamentales como el INAI, el IFT y la renovación del Poder Judicial por voto popular agudizan los riesgos y la politización. En un país donde las instituciones de seguridad han sido infiltradas por el crimen organizado, entregarles acceso irrestricto a información personal de todos los ciudadanos representa un peligro mayúsculo.

El andamiaje de vigilancia y espionaje de la 4T constituye una grave amenaza a la democracia mexicana. Al eliminar los controles judiciales, centralizar la información en manos del Ejecutivo y crear mecanismos de vigilancia masiva sin contrapesos, este sistema transforma al Estado mexicano en un aparato de control social, vigilancia y espionaje incompatible con los principios democráticos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE BRAVO.

Liberan a Renato Romero Camacho, defensor del agua, tras ser detenido en Puebla sin orden de aprehensión

Renato Romero fue liberado el día tres de julio en Puebla después de un largo proceso legal y protestas sociales. Fue arrestado el 1 de julio y la empresa Concesiones Integrales lo acusa de hacerle daño a su propiedad y despojo.

Romero afirma nunca haber cometido estos delitos ya que no le han presentado pruebas, y asegura no haberle hecho daño a nadie. Romero es un defensor de los derechos humanos, ambientales, de la tierra y territorio y su lucha busca “parar la privatización del agua, y que se le devuelva a los pueblos.”

“La empresa ha causado un daño histórico a los pueblos y a la naturaleza saqueando agua y haciendo negocios multimillonarios” comenta Romero. “Han despojado el futuro de los pueblos cholulenses y los han despojado de sus derechos de acceso al agua”

Finalmente, Romero agradeció el apoyo que ha recibido. “La unidad de las luchas es estratégica” Se le fue otorgada libertad condicional y podrá seguir su proceso legal con familiares y amigos.


FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Semarnat excluye a comunidad de El Salto de consulta pública por termoeléctrica; organizaciones preparan amparo

Integrantes de Un Salto de Vida solicitaron a Semarnat una consulta pública por la construcción de una planta termoeléctrica, pero la dependencia la negó, pese a que la Manifestación de Impacto Ambiental reconoce posibles afectaciones en su comunidad.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó a la comunidad de El Salto, Jalisco, el acceso a la consulta pública relacionada con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la empresa AD Astra Energía S.A.P.I. de C.V., del Grupo VAZ, para la construcción de una planta termoeléctrica privada de ciclo combinado.

Integrantes del colectivo Un Salto de Vida solicitaron formalmente a la dependencia federal ser incluidos en el proceso, al argumentar que resultarían afectados en caso de aprobarse el proyecto.

El colectivo está conformado por habitantes de la comunidad de El Salto, una ciudad ubicada en los alrededores de la zona metropolitana de Guadalajara.

Ejerciendo su derecho a exigir a las autoridades el acceso a un medio ambiente sano solicitaron ser incluidos en la consulta pública por el impacto que el proyecto de infraestructura fósil tendrá para la comunidad, pero no fueron tomados en cuenta.

La Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la empresa AD Astra Energía S.A.P.I. de C.V. corresponde a la modalidad regional para el proyecto denominado “El Salto I”, que se localizará en Camino a La Capilla No. 70, colonia El Conique, El Salto. El predio contempla una superficie de 107,873 metros cuadrados, equivalentes a aproximadamente 10.79 hectáreas.

La comunidad de El Salto pidió a la Semarnat ser incluídos en el proceso de consulta pública, pero el pasado 18 de junio, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, dio respuesta negativa a su solicitud.

La secretaría argumentó que dado que la ubicación del proyecto que presentó la empresa se encuentra en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, la comunidad de El Salto no podría ser considerada como afectada por este proyecto.

En conferencia de prensa, integrantes de las organizaciones Conexiones Climáticas y Nuestro Futuro A.C. denunciaron que la respuesta de la secretaría carece de sentido y fundamento ya que, la contaminación no se limita a demarcaciones municipales.

Ambas organizaciones señalaron que este tipo de proyectos son evaluados a nivel regional, pero impactan de igual manera en ecosistemas y sistemas ambientales que son habitados por las comunidades solicitantes de la consulta. 

Nora Cabrera, abogada enfocada en justicia climática y directora de Nuestro Futuro A.C. enfatizó que la esencia de una consulta pública no sólo se trata de cumplir con un requisito, sino que, realmente exista una participación ciudadana porque este proceso, en términos medioambientales, es un tema de supervivencia.

“El colectivo está defendiendo el derecho de todas y todos en esa región para que no se siga contaminando, no siga habiendo emisiones y se pueda sanear el río Santiago, para que pueda haber un impacto general en el medio ambiente del que todos se benefician. (…) El derecho a un medio ambiente sano establece el derecho a la participación ciudadana y una de esas garantías es poder acceder a la consulta”, indicó Cabrera.


La empresa invisibiliza a El Salto como zona impactada

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental en modalidad regional presentada por la empresa AD Astra Energía S.A.P.I. de C.V., el proyecto “El Salto I” se localizará en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, con base en la información proporcionada por el Sistema de Información Geográfica para la Evaluación del Impacto Ambiental (SIGEIA).

Sin embargo, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del estado de Jalisco y el Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) del municipio de “El Salto” indican que la ubicación del presente proyecto corresponde a dicha comunidad.

De acuerdo con Conexiones Climáticas, Nuestro Futuro A.C. y el colectivo Un Salto de Vida en Jalisco, el polígono del proyecto se ubica sobre la carretera a La Capilla, a tan solo 4 kilómetros de la cabecera municipal de El Salto, y a 6 kilómetros del municipio de Juanacatlán.


Aunque la empresa plantea controversias en torno a la delimitación territorial en su Manifestación de Impacto Ambiental, el proyecto es considerado como parte del municipio de El Salto en sus instrumentos de planeación, en el Registro Público de la Propiedad y en las últimas delimitaciones propuestas por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) en 2021.

Aunque la empresa no señala a El Salto como una comunidad impactada sí menciona cómo será impactado el territorio, según lo declarado en la MIA regional hecha por la consultora V&A Derecho-Ambiente-Comunidad. En ella argumentan que la ubicación del proyecto se debe a que observaron una tendencia de cambio hacia un uso de suelo agrícola y urbano.

En la MIA, la consultora señaló haber identificado siete tipos de uso de suelo en el territorio donde se pretende instalar la obra. En él predomina la agricultura de riego anual y temporal anual; además de asentamientos humanos, un cuerpo de agua, pastizal inducido, vegetación halófila hidrófila y vegetación secundaria arbustiva de selva baja caducifolia.


La ciudadanía de El Saldo debe ser consultada

Para que la comunidad de El Salto sea tomada en cuenta en la apertura de la consulta pública sobre el proyecto ‘El Salto I’, el colectivo Un Salto de Vida iniciará un juicio de amparo indirecto que se estará presentando en estos días donde se dirá por qué sí tienen que ser consultados, dijo la abogada Nora Cabrera.

De esta manera, un juez de distrito deberá establecer que no puede continuar con un proceso de autorización de Manifestación de Impacto Ambiental en tanto no sean consultadas las personas afectadas por el proyecto.


Los elementos de la consulta pública que solicitarán son:
  1. Realizar una consulta desde las etapas iniciales de proceso en las que se permite el acceso a la información de forma oportuna, clara y comprensible.
  2. Asegurar la posibilidad real del público de participar en la toma de decisiones. 
  3. Garantizar la participación de los diferentes intereses presentes en el territorio a través de los medios adecuados. 
  4. Promover el aprendizaje entre las partes involucradas y valorar el conocimiento local.
  5. Llevar a cabo acciones específicas que permitan la participación de las personas o grupos en situaciones de vulnerabilidad y tradicionalmente subrepresentados en la toma de decisiones.
La abogada también recordó que México es uno de los países parte que reconoce el Acuerdo de Escazú, una herramienta con la que ciudadanos y defensores del territorio cuentan para hacer valer su derecho al acceso a la información sobre un proyecto que impacte a su comunidad, en términos de justicia ambiental y climática.

“Esa consulta, la autoridad debería estar llevándola al territorio. Ellos [autoridades de la Semarnat] deberían estar propiciando que haya participación y estar preguntándole a la gente: ¿Qué piensas? ¿Qué quieres hacer? No que le estén cerrando la puerta a los colectivos que están haciendo más allá de su trabajo, están intentando decir: ‘Abramos esta consulta’ (…)”, comentó.

Los colectivos hicieron un llamado al gobierno federal, a través de la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, para atender el caso de El Salto y que las comunidades sean parte de esta consulta pública.

“Presumen esfuerzos de remediación del Río Santiago, al mismo tiempo que se impide la consulta pública sobre un proyecto privado que degradará aún más la calidad de vida de la zona y violaría el derecho a la salud y al medio ambiente sano”, denuncian colectivos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: VERÓNICA SANTAMARÍA.

Líder de la CTM en Guadalupe, Zacatecas, está desaparecido desde mediados de junio; denunció amenazas

El líder de la CTM en Guadalupe, Zacatecas, denunció haber recibido amenazas mientras se manifestaba por el incumplimiento de acuerdos para una obra pública.

Juan Francisco Palacios Murillo, representante de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Guadalupe, Zacatecas, se encuentra desaparecido desde el pasado 13 de junio tras recibir amenazas días antes.

De acuerdo con Paul Camacho Osnaya, titular de la Fiscalía de Zacatecas, el caso “no se trata de una no localización” sino que está “confirmado que fue privado de su libertad”, lo cual fue respaldado por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario de Gobierno estatal.

El 2 de junio, durante una manifestación por el incumplimiento de convenios para la construcción de un edificio público, el líder sindical denunció amenazas por parte de presuntos miembros del crimen organizado.

“Ellos (la empresa) comentaron que ya habían tenido pláticas con otras personas, pero resulta que las otras personas son del crimen organizado, porque ahorita que estoy aquí llegaron cinco elementos armados diciendo que si no me retiro ya vienen por mí, que es una orden de arriba, ¿Pero quién de arriba?”, señaló a NTR Medios de Comunicación.


A la vez, responsabilizó a la empresa y al encargado de obra, Francisco Carrillo Pasillas, por lo que pudiera llegarle a pasar, a su familia o a sus compañeros de trabajo.

Palacios Murillos, incluso relató que los sujetos armados que lo amenazaron e intimidaron fueron perseguidos por tres patrullas, pero dijo desconocer que fueron detenidos.

Sobre estas declaraciones, el secretario de Gobierno Reyes Mugüerza confirmó que forman parte de la línea de investigación: “estamos al tanto de las declaraciones, incluso formaban parte de la línea de investigación previo a que se volvieran a hacer públicas”.

Por su parte, el fiscal reveló que el dirigente de la CTM en Guadalupe solicitó medidas de protección tras denunciar amenazas públicamente, pero no posteriormente no acudió a ratificar ni a formalizar su petición.

Actualmente en Zacatecas se tiene registro de 3 mil 922 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.