Los gigantes mineros han recibido un trato de privilegio inaudito. Se les han perdonado pagos de impuestos por cientos y cientos de millones de pesos; se les han construido obras con dinero público y se les ha ofrecido un marco de impunidad. Todo a cambio –en el mejor de los casos– de una promesa de progreso para las comunidades en que se asientan. Pero uno de los análisis más rigurosos realizados a la fecha desmonta esa falsedad: las empresas extractivas perpetúan la pobreza y expolian. Sólo, pues, se enriquecen ellas y las autoridades que las favorecen.
La promesa de que el desarrollo y la abundancia vendrán de la mano de proyectos mineros es un engaño: los municipios de Mazapil, Zacatecas; Ocampo, Sonora; o Eduardo Neri, Guerrero, se dedican a la extracción de oro desde hace décadas, y más de 20% de su población vive en la pobreza extrema.
