Sinaloa padece su crisis más violenta en años: 10 meses de guerra fratricida en el Cártel de Sinaloa dejan mil 590 asesinatos, 44 mil empleos perdidos y cientos de familias desplazadas. Además, las autoridades fracasan en operativos mientras escuelas y negocios cierran por balaceras.
La guerra no solamente ha costado vidas y desapariciones, sino un significativo incremento en delitos como robo de vehículos y en comercios, así como la pérdida de empleos sobre todo en Culiacán.
En las últimas semanas todo eso se incrementó. Sinaloa se ubica a escala nacional como el estado con más homicidios dolosos durante junio, con 207 casos en ese lapso, llegando a cerrar el último día de ese mes con 30 asesinatos, dejando un rosario interminable de crímenes.
Por ello, desde octubre pasado, Ana fue convencida por su pareja de irse a Tijuana. Allá tienen familia y podían iniciar de nuevo. En ese momento las muertes en su estado superaban los 320 casos. Al corte del 9 de julio son por lo menos mil 590 asesinatos.
La estrategia sigue fallando. Después de que Sinaloa vivió el peor cierre de año en inseguridad, con 668 homicidios dolosos entre septiembre y diciembre de 2024, el primer semestre de 2025 también pasó a la historia como uno de los más violentos, con 883 ejecuciones.
Aunado a estas cifras, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advierte que se han dejado de registrar 44 mil 239 empleos formales, casi 15 mil en el último mes.
Para la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Sinaloa, Martha Reyes, estas cifras ponen en evidencia a un gobierno que no ha logrado atender a tiempo el conflicto que desde septiembre último se mantiene.
Son casi cinco mil empleos perdidos y siete mil patrones que dejaron de registrarse ante Hacienda, y no lo estamos viendo en el día a día, pero nos repercute de inmediato porque eso significa que las personas están volviendo a la informalidad, y cada vez, los que decidimos seguir siendo formales y cumplir con nuestras obligaciones, somos presionados más para poder resolver el problema social que estamos pasando.
Resarcir el daño económico en el estado, causado por la guerra intestina del Cártel de Sinaloa, puede implicar entre cinco y 10 años, advierte la doctora Cristina Ibarra Armenta, presidenta de la Federación de Colegios de Economistas de México.
La investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ha declarado para medios locales que, con la constante pérdida de empleos formales, la carga fiscal vendrá a ser todavía más fuerte para el estado.
Y esto ya se reciente, explica Martha Reyes de Coparmex Sinaloa.
Desde el 9 de septiembre de 2024, con los primeros enfrentamientos que sacudieron a Culiacán y algunas partes de su zona rural, la actividad en general se paralizó. Las escuelas de todos los niveles, privadas y públicas, cancelaron clases. Establecimientos cerraron sus puertas como medida preventiva y el gobierno estatal, en silencio institucional.
Operativos fallidos
Ahora la autoridad busca aplicar una estrategia muy similar al llamado “bario histórico” en el paseo del Ángel, una calle peatonal los fines de semana donde se concentran bares, cafeterías y restaurantes que se ha convertido en zona fantasma desde septiembre de 2024.
Y con 10 meses de batallas poco o nada ha cambiado. Las personas buscan informarse a como dé lugar y el gobierno estatal informa cada vez menos o lo menos posible; incluso, funcionarios como el secretario general de Gobierno, Feliciano Castro, y el mismo gobernador Rubén Rocha Moya, llaman a la gente a “recuperar” las calles, a salir de nuevo.
La gente no es que perdimos el miedo o normalizamos la violencia, es más bien que la gente necesitamos salir a trabajar, a continuar con nuestra vida, explica Nora, una maestra de primaria en Culiacán.
Y es que la educación es otro sector que se ha visto severamente dañado. El ciclo escolar fue iniciado entre balas y terminado de igual forma, explica la docente. Los niños de Culiacán, sobre todo los de la zona rural, tuvieron que “adaptarse” a los protocolos de “seguridad” para enfrentar crisis por choques armados.
El daño es incalculable, lamenta Nora. Las políticas públicas del estado quedaron limitadas a enseñar a niños y docentes a tirarse al piso y mantener la calma. Esperar que el fuego pase.
Y ese mismo fuego ha causado la muerte de por lo menos 40 menores de edad, la mayoría de menos de 15 años.
Niños se resguardan pecho tierra en escuela de #Sinaloa por balaceras de esta mañana en varias zonas de #Culiacán. pic.twitter.com/eRcHWOAjcT
— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 21, 2025
Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Pública ha tenido ya dos directores al mando. Primero Gerardo Mérida Sánchez, quien salió a finales de diciembre para ser relevado el 22 de ese mes por Óscar Rentería Schazarino. Los resultados no han mejorado con el cambio de mando.
También a escala municipal la dirección cambió de manos en junio último con la salida de Sergio Antonio Leyva López, dejando a la Policía Municipal acéfala por 12 días tras el arresto de siete elementos de esa corporación que presuntamente brindaban atención a un herido de bala. El cargo ahora es ocupado por Alejandro Bravo Martínez, militar impuesto por el Ejército.
Todo esto ha significado además una crisis en desaparición forzada. Entre septiembre de 2024 y junio de este año son por lo menos mil 300 carpetas de investigación por privación de la libertad en Sinaloa, la mayoría de ellas concentradas en Culiacán, Navolato, Elota y Mazatlán.
Otro fenómeno es el desplazamiento forzado que, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides), alrededor de 250 familias han tenido que dejar sus hogares en comunidades rurales debido al choque entre Mayos y Chapitos. Las zonas más afectadas son las comunidades rurales de Concordia y Culiacán.
Pero hay otro tipo de migración que no se ha medido del todo: las familias que están dejando la capital estatal debido a la falta de condiciones de seguridad y trabajo, como Ana y su familia, quienes desde octubre migraron a Baja California.
Pacto de terror
Tras la guerra intestina en el Cártel de Sinaloa se acumulan las bajas en ambos bandos. También existen las versiones de pactos entre facciones con otras agrupaciones criminales. Ante ello, el gobierno estatal se mantiene opaco.
El ejemplo más reciente fue el arresto de seis presuntos gatilleros en la zona rural al norte de Culiacán; tres de ellos menores de edad. Entre lo asegurado se encontraban chalecos con las iniciales “CJNG” y los colores verde, blanco y rojo, una alusión al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Saber si un bando va ganando es curiosidad de los medios internacionales que ponen en peligro a la misma población local. Así lo advierte Ángel, quien maneja un vehículo privado para una plataforma de transporte. Explica que los retenes clandestinos revisan celulares, buscan propaganda de uno u otro bando. Muchas muertes, cree, son porque leyeron algún mensaje que puede ser identidad como apoyo al grupo rival. Ellos no lo verifican, explica.
De acuerdo con una investigación del diario El Universal, el gobierno federal apresa a dos integrantes de los Chapitos por cada uno de los Mayos. En total, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha detenido a 60 integrantes de estas dos facciones del crimen organizado, indica la publicación periodística.
Si son pocos o muchos –explica Ángel– no lo sabemos; lo que sí sabemos es que los que tenemos que andar en la calle lo hacemos encomendados a que no te agarre uno de esos retenes o uno de policías estatales, esos te extorsionan también.
Y todo esto se ha venido recrudeciendo durante los últimos 10 meses, sobre todo en Culiacán, la capital estatal. El rosario de violencia es interminable.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: AARÓN IBARRA.
