Anteriormente, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, había hecho un llamado a los legisladores para evitar "todo gravamen o medida que desacelere el crecimiento"
Este jueves, Jorge Dávila Flores, presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, se reunió con dirigentes empresariales del país para dialogar sobre temas relacionados con el Paquete Económico 2017.
En el encuentro, los representantes de la iniciativa privada, encabezados por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, expresaron sus inquietudes respecto a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que se analizan en San Lázaro.
Anteriormente esta semana, Castañón había hecho un llamado a los legisladores para evitar “todo gravamen o medida que desacelere el crecimiento”.
En su mensaje publicado este lunes, el presidente del CCE también recordó que el 20 de octubre es el límite para que la Cámara de Diputados apruebe el dictamen inicial de la Ley de Ingresos para el 2017 y urgió a “evitar cualquier medida que inhiba la actividad económica”.
En tanto, durante la reunión de este jueves, los empresarios se pronunciaron por aumentar la deducibilidad, principalmente en prestaciones laborales, y vehículos híbridos y eléctricos; y hablaron sobre posibles mejoras en los esquemas fiscales, para facilitar el cumplimiento de obligaciones.
Los representantes del sector empresarial, además, coincidieron en la necesidad de lograr un presupuesto federal responsable y equilibrado, que privilegie los programas sociales y áreas estratégicas, como seguridad, educación, gasto social y combate a la pobreza.
Acompañado por los diputados Jorge Estefan Chidiac y Yerico Abramo Masso, secretario e integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, respectivamente, Dávila Flores escuchó con atención los planteamientos.
Por parte de los empresarios también estuvieron en la reunión los presidentes de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), José Méndez Fabre; y de la Comisión Fiscal del CCE, Pablo Mendoza García.
Asimismo, Ernesto Reyes Retana, fiscalista de la AMIB; Pedro Higuera Velázquez, representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); Humberto Portilla Luja, representante de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
De igual manera acudieron José Antonio Furber, representante de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra); José Manuel López Campos, secretario general de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), y Enrique Morán, enlace legislativo de la Coparmex.
Mensaje semanal del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, a sus afiliados y público en general
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓPN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1310/mexico/dialogan-empresarios-con-diputados-sobre-paquete-economico-2017/
jueves, 13 de octubre de 2016
105 millones de hectáreas ejidales y comunales, en el abandono y pobreza: Narro
Ante la movilización campesina este jueves, líderes de ese sector explican a Aristegui Noticias cuáles son sus principales demandas. "La lucha es por un nuevo trato a este sector", acotó José Narro Céspedes.
José Narro Céspedes, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), refirió que desde el lunes salieron caravanas que este jueves llegaron a la capital del país, con el objetivo de “exigirle al gobierno un nuevo trato para el campo, en esta lucha por la defensa del territorio y la defensa de la alimentación”.
En entrevista para Aristegui Noticias, reveló que en el campo hay 105 millones de hectáreas ejidales y comunales que “prácticamente están en el abandono, en la marginación y en la pobreza”.
Sostuvo que “la única política que impulsa el gobierno para este sector es la política asistencial para que la gente no se muera de hambre, sin haber realmente una estrategia para el desarrollo nacional”.
A su vez, Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista, dijo que buscan “visibilizar ante la sociedad que lo que pasa en el campo es un asunto de todos, sobre todo por el derecho humano a la alimentación y también de los hechos de despojo que están sufriendo nuestros ejidos, nuestras comunidades y pueblos para satisfacer ganancias y la avaricia de empresarios y proyectos que están destruyendo bosques, selvas, contaminando agua…”.
Denunció que existe un “mercado agroamilentario imperfecto en México que está generando el emprobecimiento de muchos campesinos productores pequeños y el encarecimiento de los alimentos para los consumidores”.
Llamó a limitar a los “agentes preponderantes” y apostar en generar una mayor competitividad en el mercado agroalimentario.
“Esperamos cambiar la política pública de la Sagarpa para que se puedan enfocar todos los apoyos a elevar la productividad de la agricultura familiar campesina e indígena y que se apliquen las medidas y recomendaciones de la Cofece en contra los monopolios agroalimentarios en nuestro país, como SuKarne, Maseca, Bimbo, Bachoco, que son los únicos que le ponen el precio a las cosechas de nuestros productos porque son los únicos compradores en muchas regiones, pero también hay monopolios que son los únicos que suministran determinados insumos, maquinarias y equipos para el campo y que son los grandes ganadores de este sistema agroalimentario mexicano que tiene que cambiar”, expuso.
Acusó también a concesionarias, como empresas de Carlos Slim, que están cobrando peaje afectando a varios ejidos, cuando estos ni siquiera están expropiados; lo mismo sucede cuando llegan empresas canadienses que destruyen y contaminan territorios.
Hizo un llamado al presidente Enrique Peña Nieto y a todo el gabinete a que “podamos sentarnos a la mesa y determinar acordar los principales rubros de lo que representaría el inicio de un cambio del trato hacia el campo y los campesinos, para evitar este desastre nacional, este empobrecimiento y este despojo”.
José Dolores López, de la Central Independiente de Obreros y Campesinos, habló sobre una posible reforma al campo en este sexenio: “(Al inicio del sexenio) No les interesó, les interesó más el Pacto por México con algunas otras reformas… estamos exigiendo que se abra una negociación, el campo está muy complicado en estos momentos”.
“Estamos proponiendo un presupuesto que vaya enfocado sobre todo a la pequeña producción para impulsar la producción nacional”, agregó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1310/mexico/105-millones-de-hectareas-ejidales-y-comunales-en-el-abandono-y-pobreza-narro/
José Narro Céspedes, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), refirió que desde el lunes salieron caravanas que este jueves llegaron a la capital del país, con el objetivo de “exigirle al gobierno un nuevo trato para el campo, en esta lucha por la defensa del territorio y la defensa de la alimentación”.
En entrevista para Aristegui Noticias, reveló que en el campo hay 105 millones de hectáreas ejidales y comunales que “prácticamente están en el abandono, en la marginación y en la pobreza”.
Sostuvo que “la única política que impulsa el gobierno para este sector es la política asistencial para que la gente no se muera de hambre, sin haber realmente una estrategia para el desarrollo nacional”.
A su vez, Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista, dijo que buscan “visibilizar ante la sociedad que lo que pasa en el campo es un asunto de todos, sobre todo por el derecho humano a la alimentación y también de los hechos de despojo que están sufriendo nuestros ejidos, nuestras comunidades y pueblos para satisfacer ganancias y la avaricia de empresarios y proyectos que están destruyendo bosques, selvas, contaminando agua…”.
Denunció que existe un “mercado agroamilentario imperfecto en México que está generando el emprobecimiento de muchos campesinos productores pequeños y el encarecimiento de los alimentos para los consumidores”.
Llamó a limitar a los “agentes preponderantes” y apostar en generar una mayor competitividad en el mercado agroalimentario.
“Esperamos cambiar la política pública de la Sagarpa para que se puedan enfocar todos los apoyos a elevar la productividad de la agricultura familiar campesina e indígena y que se apliquen las medidas y recomendaciones de la Cofece en contra los monopolios agroalimentarios en nuestro país, como SuKarne, Maseca, Bimbo, Bachoco, que son los únicos que le ponen el precio a las cosechas de nuestros productos porque son los únicos compradores en muchas regiones, pero también hay monopolios que son los únicos que suministran determinados insumos, maquinarias y equipos para el campo y que son los grandes ganadores de este sistema agroalimentario mexicano que tiene que cambiar”, expuso.
Acusó también a concesionarias, como empresas de Carlos Slim, que están cobrando peaje afectando a varios ejidos, cuando estos ni siquiera están expropiados; lo mismo sucede cuando llegan empresas canadienses que destruyen y contaminan territorios.
Hizo un llamado al presidente Enrique Peña Nieto y a todo el gabinete a que “podamos sentarnos a la mesa y determinar acordar los principales rubros de lo que representaría el inicio de un cambio del trato hacia el campo y los campesinos, para evitar este desastre nacional, este empobrecimiento y este despojo”.
José Dolores López, de la Central Independiente de Obreros y Campesinos, habló sobre una posible reforma al campo en este sexenio: “(Al inicio del sexenio) No les interesó, les interesó más el Pacto por México con algunas otras reformas… estamos exigiendo que se abra una negociación, el campo está muy complicado en estos momentos”.
“Estamos proponiendo un presupuesto que vaya enfocado sobre todo a la pequeña producción para impulsar la producción nacional”, agregó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1310/mexico/105-millones-de-hectareas-ejidales-y-comunales-en-el-abandono-y-pobreza-narro/
La inseguridad, al tope
CIUDAD DE MÉXICO: La madrugada del 30 de septiembre, el país fue sacudido por la muerte de cinco soldados en Culiacán, Sinaloa, en una emboscada que tendieron aproximadamente 60 integrantes de un cártel contra un convoy militar que transportaba a un capo herido a un hospital. El ataque evidenció el poderío de los grupos de la delincuencia organizada, la debilidad del Estado mexicano para garantizar la seguridad –incluso la de sus propias Fuerzas Armadas– y, desde luego, el peligro constante en el que vive la población, pues aunque no hubo víctimas civiles el riesgo existe.
La condenable agresión en la que, además, 17 soldados resultaron heridos, no es un hecho aislado, sino la manifestación más grotesca de la creciente inseguridad que vive el país desde septiembre de 2014. Esta violencia se ha recrudecido en el presente año. Las cifras oficiales revelan esta tendencia: en 2014 se perpetraron 20 mil 10 homicidios dolosos; en 2015, 23 mil 63, y en los primeros siete meses de este año, 12 mil 376; en julio, la cifra llegó a 2 mil 73, la segunda más alta desde agosto de 2012.
Hasta el último día de julio, son escalofriantes los saldos de esta guerra contra el narcotráfico (declarada en diciembre de 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón): 197 mil 225 homicidios dolosos (121 mil 923 durante el sexenio calderonista y 75 mil 302 en el de Enrique Peña Nieto (hasta julio de este año), amén de 215 militares abatidos por la delincuencia organizada (158 con Calderón y 57 en el actual), y 82 alcaldes asesinados.
Paralelamente, el índice de letalidad de las Fuerzas Armadas de México es alarmante, y según los expertos puede evidenciar “ejecuciones sumarias” sistemáticas: el Ejército mata a ocho presuntos delincuentes por cada uno que deja herido. La situación es peor en la Marina: un herido por cada 30 muertos, cuando en todas las guerras que se han librado en el mundo desde los años setenta la relación es de un muerto por cada cuatro heridos.
El resultado es obvio: el Índice Global de Paz 2016, indicador elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, ubica a México en el lugar 140 de una lista de 163 países analizados, lo que significa que se encuentra en un “bajo estado de paz”, muy cerca del grupo de naciones con “índices de paz muy bajos”, donde se hallan Siria, Afganistán e Irak, entre otros (Proceso 2075).
Datos publicados por el periódico Reforma indican que los homicidios dolosos cometidos entre enero y julio en cada uno de los últimos cinco años son: en 2012, 12 mil 883; en 2013, 10 mil 980; en 2014, 9 mil 317; en 2015, 9 mil 613, y en 2012, 12 mil 376.
La tendencia a la baja era clara y notoria hasta 2014, pero a finales de dicho año se produjo una inflexión y ahora va hacia arriba. Al analizar los primeros seis meses de este año se ve que en enero hubo mil 551 homicidios –inferior al promedio mensual de este sexenio, que es de mil 711–, pero en julio ya había aumentado a 2 mil 73, que se encuentra por arriba de los 2 mil 32 que se promediaron en la administración de Calderón.
Y, como siempre sucede, junto a los delitos de alto impacto también suben los llamados delitos comunes. El pasado miércoles 5 Reforma difundió que a partir de 2015 se desató “un alarmante incremento de robos” a los camiones de carga en las carreteras mexicanas. De acuerdo con cifras difundidas por la Cámara Nacional del Transporte de Carga (Canacar), el promedio semanal de robos en 2014 fue de 11.8; en 2015, de 20.5, y en lo que va de 2016, de 30. Además, denunció que 95% de los robos eran con violencia y que en 50% de los casos no recuperan ni el tractocamión ni el remolque.
Los expertos consideran que, según las tendencias, este gobierno puede llegar a rebasar la cantidad de homicidios dolosos del sexenio anterior, ya que en lo fundamental permanece invariable la estrategia de combate a la delincuencia organizada: mantener a las Fuerzas Armadas en las calles para enfrentar la violencia delictiva; reforzar la presencia de las agencias federales en los estados donde hay brotes de violencia (lo que volvió a ocurrir, por ejemplo, en la respuesta a la agresión en Sinaloa), y enfocarse en la aprehensión de capos. En este rubro el gobierno presume que ha abatido o encarcelado a 100 de los 122 jefes del narco detectados al inicio del sexenio, pero esto no ha disminuido la inseguridad.
Si los resultados de los primeros dos años de gobierno permitían al presidente y su gabinete de seguridad suponer que iban por el camino correcto, lo sucedido en los últimos dos años muestra que no es así.
Si los acontecimientos de Iguala, donde desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, o los civiles ejecutados en Tlatlaya por los militares muestran los abusos del Estado mexicano y la facilidad con la que recurre a las ejecuciones extrajudiciales, los ataques a las Fuerzas Armadas –como la emboscada en Culiacán y el helicóptero militar derribado en Jalisco el 1 de mayo de 2015– evidencian su vulnerabilidad.
Sin embargo, hasta hoy la respuesta del gobierno mexicano no difiere de la que ha tenido en el pasado: en el caso de los abusos elige proteger a los efectivos hasta niveles de impunidad y aferrarse a “verdades históricas”, y en el de las agresiones, se ha conformado con prometer que va “con todo” contra “las bestias criminales” que perpetraron la emboscada.
Estas acciones se convierten en un círculo vicioso que detona precisamente la escalada de violencia e inseguridad que vive el país desde hace ya casi 10 años, producto del empecinamiento y la terquedad de los últimos dos presidentes mexicanos.
La espiral no parece tener fin y el actual gobierno (como durante seis años lo hizo el anterior) mantiene su política pese a los nefastos resultados, mientras la población mexicana padece las consecuencias de esta infructuosa guerra en la que todos perdemos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458614/la-inseguridad-al-tope
La condenable agresión en la que, además, 17 soldados resultaron heridos, no es un hecho aislado, sino la manifestación más grotesca de la creciente inseguridad que vive el país desde septiembre de 2014. Esta violencia se ha recrudecido en el presente año. Las cifras oficiales revelan esta tendencia: en 2014 se perpetraron 20 mil 10 homicidios dolosos; en 2015, 23 mil 63, y en los primeros siete meses de este año, 12 mil 376; en julio, la cifra llegó a 2 mil 73, la segunda más alta desde agosto de 2012.
Hasta el último día de julio, son escalofriantes los saldos de esta guerra contra el narcotráfico (declarada en diciembre de 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón): 197 mil 225 homicidios dolosos (121 mil 923 durante el sexenio calderonista y 75 mil 302 en el de Enrique Peña Nieto (hasta julio de este año), amén de 215 militares abatidos por la delincuencia organizada (158 con Calderón y 57 en el actual), y 82 alcaldes asesinados.
Paralelamente, el índice de letalidad de las Fuerzas Armadas de México es alarmante, y según los expertos puede evidenciar “ejecuciones sumarias” sistemáticas: el Ejército mata a ocho presuntos delincuentes por cada uno que deja herido. La situación es peor en la Marina: un herido por cada 30 muertos, cuando en todas las guerras que se han librado en el mundo desde los años setenta la relación es de un muerto por cada cuatro heridos.
El resultado es obvio: el Índice Global de Paz 2016, indicador elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, ubica a México en el lugar 140 de una lista de 163 países analizados, lo que significa que se encuentra en un “bajo estado de paz”, muy cerca del grupo de naciones con “índices de paz muy bajos”, donde se hallan Siria, Afganistán e Irak, entre otros (Proceso 2075).
Datos publicados por el periódico Reforma indican que los homicidios dolosos cometidos entre enero y julio en cada uno de los últimos cinco años son: en 2012, 12 mil 883; en 2013, 10 mil 980; en 2014, 9 mil 317; en 2015, 9 mil 613, y en 2012, 12 mil 376.
La tendencia a la baja era clara y notoria hasta 2014, pero a finales de dicho año se produjo una inflexión y ahora va hacia arriba. Al analizar los primeros seis meses de este año se ve que en enero hubo mil 551 homicidios –inferior al promedio mensual de este sexenio, que es de mil 711–, pero en julio ya había aumentado a 2 mil 73, que se encuentra por arriba de los 2 mil 32 que se promediaron en la administración de Calderón.
Y, como siempre sucede, junto a los delitos de alto impacto también suben los llamados delitos comunes. El pasado miércoles 5 Reforma difundió que a partir de 2015 se desató “un alarmante incremento de robos” a los camiones de carga en las carreteras mexicanas. De acuerdo con cifras difundidas por la Cámara Nacional del Transporte de Carga (Canacar), el promedio semanal de robos en 2014 fue de 11.8; en 2015, de 20.5, y en lo que va de 2016, de 30. Además, denunció que 95% de los robos eran con violencia y que en 50% de los casos no recuperan ni el tractocamión ni el remolque.
Los expertos consideran que, según las tendencias, este gobierno puede llegar a rebasar la cantidad de homicidios dolosos del sexenio anterior, ya que en lo fundamental permanece invariable la estrategia de combate a la delincuencia organizada: mantener a las Fuerzas Armadas en las calles para enfrentar la violencia delictiva; reforzar la presencia de las agencias federales en los estados donde hay brotes de violencia (lo que volvió a ocurrir, por ejemplo, en la respuesta a la agresión en Sinaloa), y enfocarse en la aprehensión de capos. En este rubro el gobierno presume que ha abatido o encarcelado a 100 de los 122 jefes del narco detectados al inicio del sexenio, pero esto no ha disminuido la inseguridad.
Si los resultados de los primeros dos años de gobierno permitían al presidente y su gabinete de seguridad suponer que iban por el camino correcto, lo sucedido en los últimos dos años muestra que no es así.
Si los acontecimientos de Iguala, donde desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, o los civiles ejecutados en Tlatlaya por los militares muestran los abusos del Estado mexicano y la facilidad con la que recurre a las ejecuciones extrajudiciales, los ataques a las Fuerzas Armadas –como la emboscada en Culiacán y el helicóptero militar derribado en Jalisco el 1 de mayo de 2015– evidencian su vulnerabilidad.
Sin embargo, hasta hoy la respuesta del gobierno mexicano no difiere de la que ha tenido en el pasado: en el caso de los abusos elige proteger a los efectivos hasta niveles de impunidad y aferrarse a “verdades históricas”, y en el de las agresiones, se ha conformado con prometer que va “con todo” contra “las bestias criminales” que perpetraron la emboscada.
Estas acciones se convierten en un círculo vicioso que detona precisamente la escalada de violencia e inseguridad que vive el país desde hace ya casi 10 años, producto del empecinamiento y la terquedad de los últimos dos presidentes mexicanos.
La espiral no parece tener fin y el actual gobierno (como durante seis años lo hizo el anterior) mantiene su política pese a los nefastos resultados, mientras la población mexicana padece las consecuencias de esta infructuosa guerra en la que todos perdemos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458614/la-inseguridad-al-tope
INAI se reservó caso ABC a petición de los padres: Puente
CIUDAD DE MÉXICO: El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) descartó que haya habido censura sobre el expediente de la Guardería ABC, el cual no fue incluido en el proyecto “Memoria y Verdad”, su titular, Ximena Puente, aseguró que se ponderó la protección de datos personales a petición de los padres de familia.
El proyecto Memoria y Verdad se creó para difundir información concentrada de 14 casos de violaciones de derechos humanos, y se incluyeron Acteal, Aguas Blancas, Atenco, Apatzingán, Ayotzinapa 2011, Ayotzinapa 2014, Cadereyta, Campo Algodonero, Guerra Sucia, El Halconazo, San Fernando 2010, San Fernando 2011, Tlatelolco y Tlatlaya.
Sin embargo, Puente dijo que los comisionados aún analizan el caso de la guardería de Hermosillo, Sonora, y que se tomará en cuenta a las organizaciones que protestaron la falta del caso, Artículo 19 y Fundar, sopesando el acceso a la información y la protección de datos personales.
Consideró que más allá de las diferencias con las organizaciones, el portal Memoria y Verdad es un ejercicio inédito que concentra información relacionada con casos graves de violaciones a los derechos humanos.
Indicó que el INAI refrendó su compromiso institucional al resolver, en diversos casos, en favor de la apertura de la información en casos tan trascendentes como Tlatlaya y Ayotzinapa.
El comisionado Francisco Javier Acuña dio a conocer que será la próxima semana cuando haya un nuevo acercamiento entre el INAI y representantes de las organizaciones que expresaron su inconformidad con el caso de la Guardería ABC.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458685/inai-se-reservo-caso-abc-a-peticion-los-padres-puente
El proyecto Memoria y Verdad se creó para difundir información concentrada de 14 casos de violaciones de derechos humanos, y se incluyeron Acteal, Aguas Blancas, Atenco, Apatzingán, Ayotzinapa 2011, Ayotzinapa 2014, Cadereyta, Campo Algodonero, Guerra Sucia, El Halconazo, San Fernando 2010, San Fernando 2011, Tlatelolco y Tlatlaya.
Sin embargo, Puente dijo que los comisionados aún analizan el caso de la guardería de Hermosillo, Sonora, y que se tomará en cuenta a las organizaciones que protestaron la falta del caso, Artículo 19 y Fundar, sopesando el acceso a la información y la protección de datos personales.
Consideró que más allá de las diferencias con las organizaciones, el portal Memoria y Verdad es un ejercicio inédito que concentra información relacionada con casos graves de violaciones a los derechos humanos.
Indicó que el INAI refrendó su compromiso institucional al resolver, en diversos casos, en favor de la apertura de la información en casos tan trascendentes como Tlatlaya y Ayotzinapa.
El comisionado Francisco Javier Acuña dio a conocer que será la próxima semana cuando haya un nuevo acercamiento entre el INAI y representantes de las organizaciones que expresaron su inconformidad con el caso de la Guardería ABC.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458685/inai-se-reservo-caso-abc-a-peticion-los-padres-puente
Mueven piezas en la Secretaría de Hacienda
CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció cambios a su interior. Ignacio Vázquez Chavolla fue designado por el presidente, Enrique Peña Nieto, como oficial mayor en sustitución de María Fernanda Casanueva de Diego, quien ahora es la nueva directora general del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).
Asimismo, el titular de la SHCP, José Antonio Meade Kuribeña, nombró a Tomás Trueba Zepeda como secretario particular, mientras que Arturo Téllez Yurén fue designado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) como titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda.
Vázquez Chavolla es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Obtuvo el grado de maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Cornell. Además cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el sector público, durante los cuales ha ocupado diversos cargos en Petróleos Mexicanos y en la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND).
En la SHCP se desempeñó como asesor del secretario, director general en la Subsecretaría de Ingresos, director general en la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público. En diciembre de 2012, fue designado por el presidente Peña como oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en septiembre de 2015, como Oficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social.
Por su parte, Casanueva de Diego cuenta con más de 28 años de experiencia en el sector público, fue oficial mayor de la SHCP.
Dentro de su trayectoria en la administración pública federal ha desempeñado diversos cargos entre los que destacan: oficial mayor de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y Energía; secretaria adjunta de Administración, Presupuesto y Sistemas, así como de Recuperación de Activos en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
En el sector privado estuvo a cargo de BMV-Educación, la escuela de Negocios del Grupo Bolsa Mexicana de Valores.
Mientras que Trueba Zepeda es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios de posgrado en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana.
Téllez Yurén es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cuenta con estudios de Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana y actualmente está cursando la Maestría en Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina (CESNAV).
Inició su carrera en la administración pública en 1999, ocupó cargos como consultor jurídico en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, coordinador de asesores del director jurídico del entonces Instituto Federal Electoral, director de Contrabando en la Procuraduría Fiscal de la Federación, secretario particular del procurador fiscal de la Federación y administrador central de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458668/mueven-piezas-en-la-secretaria-de-hacienda
Asimismo, el titular de la SHCP, José Antonio Meade Kuribeña, nombró a Tomás Trueba Zepeda como secretario particular, mientras que Arturo Téllez Yurén fue designado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) como titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda.
Vázquez Chavolla es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Obtuvo el grado de maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Cornell. Además cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el sector público, durante los cuales ha ocupado diversos cargos en Petróleos Mexicanos y en la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND).
En la SHCP se desempeñó como asesor del secretario, director general en la Subsecretaría de Ingresos, director general en la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público. En diciembre de 2012, fue designado por el presidente Peña como oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en septiembre de 2015, como Oficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social.
Por su parte, Casanueva de Diego cuenta con más de 28 años de experiencia en el sector público, fue oficial mayor de la SHCP.
Dentro de su trayectoria en la administración pública federal ha desempeñado diversos cargos entre los que destacan: oficial mayor de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y Energía; secretaria adjunta de Administración, Presupuesto y Sistemas, así como de Recuperación de Activos en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
En el sector privado estuvo a cargo de BMV-Educación, la escuela de Negocios del Grupo Bolsa Mexicana de Valores.
Mientras que Trueba Zepeda es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios de posgrado en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana.
Téllez Yurén es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cuenta con estudios de Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana y actualmente está cursando la Maestría en Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina (CESNAV).
Inició su carrera en la administración pública en 1999, ocupó cargos como consultor jurídico en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, coordinador de asesores del director jurídico del entonces Instituto Federal Electoral, director de Contrabando en la Procuraduría Fiscal de la Federación, secretario particular del procurador fiscal de la Federación y administrador central de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458668/mueven-piezas-en-la-secretaria-de-hacienda
Aristegui y Lydia Cacho se manifestarán el martes en Puebla vs. Feminicidios
Las periodistas Carmen Aristegui y Lydia Cacho participarán el martes 18 de octubre en una protesta contra los feminicidios que se realizará en la ciudad de Puebla.
La movilización está siendo convocada a través de las redes sociales por miembros de la comunidad de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP).
En el cartel que circula a través de Facebook y Twitter recuerda que en el sexenio que encabeza el panista Rafael Moreno Valle se han cometido 300 asesinatos de mujeres -tan sólo este año se han perpetrado 68 feminicidios- y desde 2012 están reportadas en Puebla 70 desaparecidas.
La marcha está convocada a partir de las 13:00 horas. Se originará en la Facultad de Computación Ciudad Universitaria, recorrerá ese campus y luego se encaminará hacia el Parque Benito Juárez, en la Zona Dorada de la capital poblana, a un costado del edificio central de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En la manifestación participarán colectivos de la Ciudad de México, Cuernavaca, Xalapa, Orizaba y otras ciudades de la República Mexicana.
FUENTE: LA JORNADA DE ORIENTE.
AUTOR: MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA.
LINK: http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2016/10/13/aristegui-lydia-cacho-se-manifestaran-martes-puebla-vs-feminicidios/
La movilización está siendo convocada a través de las redes sociales por miembros de la comunidad de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP).
En el cartel que circula a través de Facebook y Twitter recuerda que en el sexenio que encabeza el panista Rafael Moreno Valle se han cometido 300 asesinatos de mujeres -tan sólo este año se han perpetrado 68 feminicidios- y desde 2012 están reportadas en Puebla 70 desaparecidas.
La marcha está convocada a partir de las 13:00 horas. Se originará en la Facultad de Computación Ciudad Universitaria, recorrerá ese campus y luego se encaminará hacia el Parque Benito Juárez, en la Zona Dorada de la capital poblana, a un costado del edificio central de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En la manifestación participarán colectivos de la Ciudad de México, Cuernavaca, Xalapa, Orizaba y otras ciudades de la República Mexicana.
FUENTE: LA JORNADA DE ORIENTE.
AUTOR: MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA.
LINK: http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2016/10/13/aristegui-lydia-cacho-se-manifestaran-martes-puebla-vs-feminicidios/
Otra reforma laboral en camino; desaparecen Juntas de Conciliación y Arbitraje
Conflictos entre trabajadores y patrones estarán a cargo de tribunales del Poder Judicial de la Federación; se crea un organismo federal descentralizado de conciliación.
El pleno del Senado de la República aprobó con 98 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 107 y 123 de la Constitución Política, sobre justicia cotidiana en materia laboral.
La iniciativa transfiere la impartición de justicia laboral, es decir, que la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estarán a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas en el ámbito local y federal, en sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Además, crea un organismo federal descentralizado de conciliación, con autonomía de gestión y presupuestal, con facultades en el orden nacional para el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados.
El organismo encargado de los procesos en materia laboral contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Para la designación del titular de este organismo descentralizado, el Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores.
El Senado, previa comparecencia de las personas propuestas, realizará la designación correspondiente.
El dictamen aprobado establece que a nivel local, los organismos constituidos contarán con funciones conciliatorias, y será requisito que pase por estas instancias cualquier acción con el órgano jurisdiccional.
Se garantizará el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la elección de sus dirigentes, la resolución de conflictos entre sindicatos y la solicitud de la celebración de un contrato colectivo de trabajo.
Modificaciones y posturas
El senador del Grupo Parlamentario del PRI, Tereso Medina Ramírez, a nombre de las comisiones dictaminadoras, presentó modificaciones al dictamen, entre las que destaca una al artículo 123, apartado A, fracción XVIII, la cual devuelve la redacción a lo planteado originalmente en la iniciativa enviada por el Presidente de la República, cambios que fueron avalados por los legisladores.
Con la modificación propuesta por un lado se planteó el punto de vista del empleador para contar con una norma constitucional que evite emplazamientos frívolos de falsas organizaciones sindicales, y por otro se ventiló el punto de vista del sector obrero para impedir la práctica de los contratos de protección que vulneran los derechos de los trabajadores.
Ante las discrepancias por la propuesta de modificación de dicho apartado, en torno a la hipótesis del emplazamiento a huelga para la suscripción de un contrato colectivo, el diálogo permitió arribar a un acuerdo para regresar el texto original de la fracción XVIII.
Por otro lado, para atender las preocupaciones de los sectores obrero y empresarial, respecto a las acciones inherentes a la solicitud de la celebración de un contrato colectivo, se propone adicionar que “cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, se deberá acreditar que se cuenta con la acreditación de los trabajadores”.
Con esta significativa reforma, considerando las modificaciones propuestas a través del presente acuerdo, nuestro país da entrada a una nueva etapa para la práctica de las relaciones laborales entre sindicatos, empresarios y trabajadores, puntualizó.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García manifestó que esta reforma plantea los elementos básicos de la transformación del derecho de acceso a la justicia del trabajo, ya que se afirma la distinción entre la función conciliatoria en los conflictos laborales y la función de impartición de justicia ante el surgimiento de posibles conflictos.
A través de este dictamen, se impulsa una nueva etapa en el derecho de acceso a la justicia en materia laboral, atendiendo a los trabajadores y la seguridad jurídica del gobierno, capital y trabajo; con ello, nuestro país se distingue por la protección de los derechos de los trabajadores y la generación de condiciones para que en las relaciones obrero-patronales imperen criterios de justicia, señaló.
En tanto, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Miguel Barbosa Huerta expresó que se ha alcanzado un acuerdo completo sobre esta propuesta, “no fue fácil alcanzar los consensos, se tuvieron que estar defendiendo los derechos laborales”.
Reveló que se intentó alterar el derecho de huelga y afortunadamente se dejó intacto. “Estamos satisfechos del avance que se obtuvo, celebramos que así haya ocurrido, lo importante no es lo que se diga, sino lo que está contenido en el dictamen”.
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Miguel Ángel Chico Herrera, indicó que esta reforma es muestra del compromiso y respeto a la lucha del sindicalismo mexicano por los derechos de los trabajadores.
Escuchar las voces emanadas de la empresa y el sindicato es parte fundamental del ejercicio democrático, porque ello permite obtener mejores resultados al momento de trabajar a favor de México, “los derechos de los trabajadores han sido velados por grandes líderes que han comprendido la dignidad de los obreros”.
Al fijar la posición de su partido, el senador del Grupo Parlamentario del PVEM, Jorge Aréchiga Ávila, dijo que se refrenda el compromiso de protección de los trabajadores, ya que incorpora mecanismos que agilizarán los procedimientos judiciales.
Detalló que las actuales juntas locales y federal de Conciliación y Arbitraje se transforman en un tribunal laboral o juzgados laborales, emitirán sentencias en lugar de laudos y éstos deberán ser con legalidad, imparcialidad, legalidad, transparencia, autonomía e independencia.
Del Grupo Parlamentario del PRD, el senador Luis Sánchez Jiménez señaló que las modificaciones al sistema laboral, van de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para transitar a un sistema judicial de resolución de conflictos laborales.
Se introducen las modalidades de voto directo y secreto, para procesar las principales determinaciones de los sindicatos, además de la creación de un organismo público federal, encargado de los registros de sindicatos y contratos colectivos de trabajo, precisó.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, el senador Isaías González Cuevas expresó que los trabajadores de México “han sabido apretarse el cinturón en épocas en las que el país requiere austeridad y ahorro, han entendido que la demanda excesiva o la presión sin rumbo no conduce a nada bueno y han sabido contribuir a los programas necesarios de la economía”.
Dijo que la productividad debe convertirse en un estilo de vida, y por eso, insistió, “estamos de acuerdo que las relaciones entre empresa y sindicatos se realicen en el marco de certidumbre jurídica, y que los contratos colectivos y las propias organizaciones sindicales respondan realmente a los intereses de los empleados”.
Héctor David Flores Ávalos, senador del Grupo Parlamentario del PAN, afirmó que las modificaciones pretenden hacer de México un país más competitivo, fortalecer la generación de empleos y derechos sociales que se plasmaron en 1917, “robusteciendo el papel del trabajador como eje rector de esos derechos”.
“Hoy se plantea una nueva perspectiva que prevé una mejora para todos los trabajadores de nuestro país. La reforma constitucional, agregó, es el inicio de una serie de cambios institucionales que buscan erradicar las malas prácticas que hoy existen y mejorar el acceso a la justicia en materia laboral”.
La senadora del PAN, María del Pilar Ortega, calificó la reforma como histórica para el país, toda vez que el modelo de justicia laboral de 1917 respondió en su momento a un anhelo de justicia social, pero los cambios, dijo, van a contribuir a consolidar una mejor justicia laboral, a generar equilibrios y a incentivar el crecimiento económico.
El senador del Grupo Parlamentario del PRD, Luis Humberto Fernández Fuentes, destacó el hecho de que la reforma se basará sólo en lo relativo a la justicia laboral sin tocar los derechos de los trabajadores; y enumeró tres ventajas: pasar de un régimen de relaciones laborales a uno basado en juicios que depende del Poder Judicial; pasar de un régimen de lo contencioso a lo conciliatorio; y que se dé la certidumbre a los trabajadores en su orden democrático.
El senador Benjamín Robles Montoya, del PRD, destacó que con la aprobación de esta reforma el Senado de la República da respuesta al llamado que hizo la Organización Internacional del Trabajo a México (OIT) a México, en su reunión de septiembre, para dar mayores garantías a sus trabajadores.
Raúl Morón Orozco, también senador por el PRD, apuntó que para atender la magnitud de la reforma, será necesario hacer una planeación precisa y destinar los recursos suficientes para hacer un cambio de estructura y de profesionalización judicial, a fin de garantizar la calidad y transparencia de las sentencia y, con ello, las garantías de los trabajadores.
El senador Fidel Demédicis Hidalgo, del PRD, manifestó que se trata de una reforma trascendental para la vida los trabajadores y de los sindicatos del país, pues establece el voto universal y secreto para elegir a los líderes sindicales.
Su compañero de bancada, el senador Armando Ríos Piter consideró que este cambio constitucional es un “parteaguas” en materia de justicia laboral, y tendrá repercusiones en el combate a la corrupción. Las áreas de conciliación y arbitraje, dijo, se han distinguido durante años por ser espacios donde el mejor postor determina quién es el que tiene la razón en un conflicto entre trabajadores y empresarios.
El senador del PRI, Jesús Priego Calva, destacó la importancia de la desaparición de las juntas y declaró que la ley no tendrá gran avance si los trabajadores no exigen sus derechos; un sindicato justo y correcto, porque muchos sólo tienen contratos de protección y son los que se llevan dinero, explotan a los trabajadores y a las empresas y ocasionan el cierren los sindicatos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1310/mexico/otra-reforma-laboral-en-camino-desaparecen-juntas-de-conciliacion-y-arbitraje/
El pleno del Senado de la República aprobó con 98 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 107 y 123 de la Constitución Política, sobre justicia cotidiana en materia laboral.
La iniciativa transfiere la impartición de justicia laboral, es decir, que la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estarán a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas en el ámbito local y federal, en sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Además, crea un organismo federal descentralizado de conciliación, con autonomía de gestión y presupuestal, con facultades en el orden nacional para el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados.
El organismo encargado de los procesos en materia laboral contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Para la designación del titular de este organismo descentralizado, el Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores.
El Senado, previa comparecencia de las personas propuestas, realizará la designación correspondiente.
El dictamen aprobado establece que a nivel local, los organismos constituidos contarán con funciones conciliatorias, y será requisito que pase por estas instancias cualquier acción con el órgano jurisdiccional.
Se garantizará el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la elección de sus dirigentes, la resolución de conflictos entre sindicatos y la solicitud de la celebración de un contrato colectivo de trabajo.
Modificaciones y posturas
El senador del Grupo Parlamentario del PRI, Tereso Medina Ramírez, a nombre de las comisiones dictaminadoras, presentó modificaciones al dictamen, entre las que destaca una al artículo 123, apartado A, fracción XVIII, la cual devuelve la redacción a lo planteado originalmente en la iniciativa enviada por el Presidente de la República, cambios que fueron avalados por los legisladores.
Con la modificación propuesta por un lado se planteó el punto de vista del empleador para contar con una norma constitucional que evite emplazamientos frívolos de falsas organizaciones sindicales, y por otro se ventiló el punto de vista del sector obrero para impedir la práctica de los contratos de protección que vulneran los derechos de los trabajadores.
Ante las discrepancias por la propuesta de modificación de dicho apartado, en torno a la hipótesis del emplazamiento a huelga para la suscripción de un contrato colectivo, el diálogo permitió arribar a un acuerdo para regresar el texto original de la fracción XVIII.
Por otro lado, para atender las preocupaciones de los sectores obrero y empresarial, respecto a las acciones inherentes a la solicitud de la celebración de un contrato colectivo, se propone adicionar que “cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, se deberá acreditar que se cuenta con la acreditación de los trabajadores”.
Con esta significativa reforma, considerando las modificaciones propuestas a través del presente acuerdo, nuestro país da entrada a una nueva etapa para la práctica de las relaciones laborales entre sindicatos, empresarios y trabajadores, puntualizó.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García manifestó que esta reforma plantea los elementos básicos de la transformación del derecho de acceso a la justicia del trabajo, ya que se afirma la distinción entre la función conciliatoria en los conflictos laborales y la función de impartición de justicia ante el surgimiento de posibles conflictos.
A través de este dictamen, se impulsa una nueva etapa en el derecho de acceso a la justicia en materia laboral, atendiendo a los trabajadores y la seguridad jurídica del gobierno, capital y trabajo; con ello, nuestro país se distingue por la protección de los derechos de los trabajadores y la generación de condiciones para que en las relaciones obrero-patronales imperen criterios de justicia, señaló.
En tanto, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Miguel Barbosa Huerta expresó que se ha alcanzado un acuerdo completo sobre esta propuesta, “no fue fácil alcanzar los consensos, se tuvieron que estar defendiendo los derechos laborales”.
Reveló que se intentó alterar el derecho de huelga y afortunadamente se dejó intacto. “Estamos satisfechos del avance que se obtuvo, celebramos que así haya ocurrido, lo importante no es lo que se diga, sino lo que está contenido en el dictamen”.
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Miguel Ángel Chico Herrera, indicó que esta reforma es muestra del compromiso y respeto a la lucha del sindicalismo mexicano por los derechos de los trabajadores.
Escuchar las voces emanadas de la empresa y el sindicato es parte fundamental del ejercicio democrático, porque ello permite obtener mejores resultados al momento de trabajar a favor de México, “los derechos de los trabajadores han sido velados por grandes líderes que han comprendido la dignidad de los obreros”.
Al fijar la posición de su partido, el senador del Grupo Parlamentario del PVEM, Jorge Aréchiga Ávila, dijo que se refrenda el compromiso de protección de los trabajadores, ya que incorpora mecanismos que agilizarán los procedimientos judiciales.
Detalló que las actuales juntas locales y federal de Conciliación y Arbitraje se transforman en un tribunal laboral o juzgados laborales, emitirán sentencias en lugar de laudos y éstos deberán ser con legalidad, imparcialidad, legalidad, transparencia, autonomía e independencia.
Del Grupo Parlamentario del PRD, el senador Luis Sánchez Jiménez señaló que las modificaciones al sistema laboral, van de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para transitar a un sistema judicial de resolución de conflictos laborales.
Se introducen las modalidades de voto directo y secreto, para procesar las principales determinaciones de los sindicatos, además de la creación de un organismo público federal, encargado de los registros de sindicatos y contratos colectivos de trabajo, precisó.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, el senador Isaías González Cuevas expresó que los trabajadores de México “han sabido apretarse el cinturón en épocas en las que el país requiere austeridad y ahorro, han entendido que la demanda excesiva o la presión sin rumbo no conduce a nada bueno y han sabido contribuir a los programas necesarios de la economía”.
Dijo que la productividad debe convertirse en un estilo de vida, y por eso, insistió, “estamos de acuerdo que las relaciones entre empresa y sindicatos se realicen en el marco de certidumbre jurídica, y que los contratos colectivos y las propias organizaciones sindicales respondan realmente a los intereses de los empleados”.
Héctor David Flores Ávalos, senador del Grupo Parlamentario del PAN, afirmó que las modificaciones pretenden hacer de México un país más competitivo, fortalecer la generación de empleos y derechos sociales que se plasmaron en 1917, “robusteciendo el papel del trabajador como eje rector de esos derechos”.
“Hoy se plantea una nueva perspectiva que prevé una mejora para todos los trabajadores de nuestro país. La reforma constitucional, agregó, es el inicio de una serie de cambios institucionales que buscan erradicar las malas prácticas que hoy existen y mejorar el acceso a la justicia en materia laboral”.
La senadora del PAN, María del Pilar Ortega, calificó la reforma como histórica para el país, toda vez que el modelo de justicia laboral de 1917 respondió en su momento a un anhelo de justicia social, pero los cambios, dijo, van a contribuir a consolidar una mejor justicia laboral, a generar equilibrios y a incentivar el crecimiento económico.
El senador del Grupo Parlamentario del PRD, Luis Humberto Fernández Fuentes, destacó el hecho de que la reforma se basará sólo en lo relativo a la justicia laboral sin tocar los derechos de los trabajadores; y enumeró tres ventajas: pasar de un régimen de relaciones laborales a uno basado en juicios que depende del Poder Judicial; pasar de un régimen de lo contencioso a lo conciliatorio; y que se dé la certidumbre a los trabajadores en su orden democrático.
El senador Benjamín Robles Montoya, del PRD, destacó que con la aprobación de esta reforma el Senado de la República da respuesta al llamado que hizo la Organización Internacional del Trabajo a México (OIT) a México, en su reunión de septiembre, para dar mayores garantías a sus trabajadores.
Raúl Morón Orozco, también senador por el PRD, apuntó que para atender la magnitud de la reforma, será necesario hacer una planeación precisa y destinar los recursos suficientes para hacer un cambio de estructura y de profesionalización judicial, a fin de garantizar la calidad y transparencia de las sentencia y, con ello, las garantías de los trabajadores.
El senador Fidel Demédicis Hidalgo, del PRD, manifestó que se trata de una reforma trascendental para la vida los trabajadores y de los sindicatos del país, pues establece el voto universal y secreto para elegir a los líderes sindicales.
Su compañero de bancada, el senador Armando Ríos Piter consideró que este cambio constitucional es un “parteaguas” en materia de justicia laboral, y tendrá repercusiones en el combate a la corrupción. Las áreas de conciliación y arbitraje, dijo, se han distinguido durante años por ser espacios donde el mejor postor determina quién es el que tiene la razón en un conflicto entre trabajadores y empresarios.
El senador del PRI, Jesús Priego Calva, destacó la importancia de la desaparición de las juntas y declaró que la ley no tendrá gran avance si los trabajadores no exigen sus derechos; un sindicato justo y correcto, porque muchos sólo tienen contratos de protección y son los que se llevan dinero, explotan a los trabajadores y a las empresas y ocasionan el cierren los sindicatos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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En su primer informe, reprochan a El Bronco incumplimiento de promesas
MONTERREY, NL: En la presentación de su primer informe como mandatario independiente, Jaime Rodríguez Calderón tuvo que enfrentar el reproche unánime de los diputados locales, quienes le reclamaron su incumplimiento a la promesa de combatir la corrupción, contener la inseguridad y gobernar para el estado.
En respuesta, El Bronco llamó a los legisladores a la unidad, ofreció disculpas por no haberlos atendido apropiadamente en el arranque del sexenio y, una vez más, reiteró que su antecesor Rodrigo Medina de la Cruz será imputado, otra vez y con nuevas pruebas, de los delitos por los que el juez ya lo exoneró.
Fue la de este jueves una tarde repleta de apercibimientos al mandatario que llegó a las 11:30 horas al recinto legislativo, donde lo esperaba la clase política local.
El coordinador de la bancada panista, Arturo Salinas, fue el que envió los mensajes más duros, al considerar que el primer año había sido de decepción grande para la ciudadanía, que esperaba mayor compromiso del independiente.
“¿Qué se informa cuando no hay nada que informar? Esa es la pregunta que millones hoy nos hacemos, y la que seguramente se ha hecho el gobernador durante los últimos días”, dijo en el arranque de su participación, con lo que levantó murmullos de asombro en el recinto.
“Con soberbia, durante la campaña electoral el candidato independiente vendió que él sería el único que podría sacar adelante a Nuevo León y terminaría con el lastre y corrupción que significaban los partidos políticos, que el gobierno independiente transformaría Nuevo León, que acabaría con la corrupción. Lo que durante la campaña prometió, en 12 meses se le cayó. Qué poquito les duró el gusto”, acusó.
Por Nueva Alianza (Panal), Rubén González Cabrieles se refirió al incremento de la inseguridad en la entidad, particularmente en los delitos del fuero común.
“Sin duda que se requiere un rediseño de la estrategia para abatir el incremento en los delitos comunes, que son los que más afectan el patrimonio y la seguridad de los ciudadanos. El robo a personas, casas-habitación, negocios y automóviles presentan índices elevados, que es necesario revertir, para tranquilidad de los ciudadanos. De la misma manera, se observa un incremento sustancial en los asaltos bancarios, lo que pone en riesgo a los usuarios”, dijo.
Samuel García, de Movimiento Ciudadano (MC), consideró que fue sólo un espectáculo mediático la Operación Tornado, por la que fueron acusados de malversación de 3 mil 600 millones de pesos, incluido elexgobernador Rodrigo Medina, pues aún ninguno de los 30 acusados ha pisado la cárcel.
“El exgobernador ya libró las dos acusaciones más graves, peculado y delito patrimonial, y quedó vinculado a proceso solamente por ejercicio indebido de funciones. Igualmente la Subprocuraduría Anticorrupción en el expediente de (la exalcaldesa de Monterrey) Margarita Arellanes, parece que quiere una negociación, y no es lo que quiere la ciudadanía”, expuso.
Le recordó la escasa sanción que le aplicaron a su amigo y excolaborador Rogelio Benavides, encontrado en falta por la irregular adquisición de cobertores, caso conocido como Cobijagate.
Sin embargo, al final del discurso, se comprometió a respaldar a Rodríguez en su pública aspiración presidencial, si cumplía los compromisos que había ofrecido en campaña.
Marco González, coordinador de la bancada priista, fustigó a Rodríguez Calderón por las diferentes acusaciones que penden por corrupción contra Benavides Pintos y el priista Medina de la Cruz, lo que habla de una desigual aplicación de la justicia.
“Este funcionario (Benavides) está caminando libremente y sin ser habilitado. Eso, señor gobernador, está manchando su gobierno, y la oportunidad de oro ya la perdió. Lo más grave de todo es que la justicia no se está aplicando por igual. Mientras a funcionarios de diferentes partidos se les hace objeto de linchamiento público, a los exfuncionarios del gobierno independiente no se les toca ni con el pétalo de una rosa”, dijo.
Al tomar la palabra, El Bronco buscó ser conciliador. Dijo que se había esforzado por cumplir, pero echó la responsabilidad del escaso avance a los pasados gobiernos priistas que le dejaron el estado en ruinas.
Reconoció que le había faltado invertir más tiempo en atender a los diputados y se comprometió a tener con ellos más reuniones para agilizar la comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Pero también reconoció públicamente su intención de buscar la presidencia de la República, si consigue ofrecer un buen desempeño en la entidad.
“No voy a justificarme. Soy responsable de lo que no se ha hecho, pero tengo un año y el gobierno es de seis. Y no te preocupes, diputado (Samuel García), cuando resuelva los problemas de Nuevo León buscaré ser candidato a la Presidencia de la República, si los resuelvo. Si no, aquí me vas a tener seis años”, afirmó entre aplausos.
Tuvo palabras para el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, quien en su reciente visita a Nuevo León le pidió a El Bronco “más jale y menos Facebook”.
“Sí funciona el Facebook para gobernar, le ahorró al gobierno mil millones de pesos. Marco, por favor, díselo al presidente de tu partido. O si quieres se lo digo por Facebook, que (esos recursos) se los dábamos a las televisoras para que hablaran bien de sus gobernantes”.
Al mismo diputado le dijo que nunca hablaría mal del presidente de México, aunque sí del dirigente nacional de su partido. “Aquí hubieras dicho que él es un diablito, que se robó la luz y el dinero de la Comisión Federal de Electricidad, pero no lo dijiste. Tenemos que ser congruentes”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458688/en-primer-informe-llueven-reproches-a-bronco-incumplir-promesas
En respuesta, El Bronco llamó a los legisladores a la unidad, ofreció disculpas por no haberlos atendido apropiadamente en el arranque del sexenio y, una vez más, reiteró que su antecesor Rodrigo Medina de la Cruz será imputado, otra vez y con nuevas pruebas, de los delitos por los que el juez ya lo exoneró.
Fue la de este jueves una tarde repleta de apercibimientos al mandatario que llegó a las 11:30 horas al recinto legislativo, donde lo esperaba la clase política local.
El coordinador de la bancada panista, Arturo Salinas, fue el que envió los mensajes más duros, al considerar que el primer año había sido de decepción grande para la ciudadanía, que esperaba mayor compromiso del independiente.
“¿Qué se informa cuando no hay nada que informar? Esa es la pregunta que millones hoy nos hacemos, y la que seguramente se ha hecho el gobernador durante los últimos días”, dijo en el arranque de su participación, con lo que levantó murmullos de asombro en el recinto.
“Con soberbia, durante la campaña electoral el candidato independiente vendió que él sería el único que podría sacar adelante a Nuevo León y terminaría con el lastre y corrupción que significaban los partidos políticos, que el gobierno independiente transformaría Nuevo León, que acabaría con la corrupción. Lo que durante la campaña prometió, en 12 meses se le cayó. Qué poquito les duró el gusto”, acusó.
Por Nueva Alianza (Panal), Rubén González Cabrieles se refirió al incremento de la inseguridad en la entidad, particularmente en los delitos del fuero común.
“Sin duda que se requiere un rediseño de la estrategia para abatir el incremento en los delitos comunes, que son los que más afectan el patrimonio y la seguridad de los ciudadanos. El robo a personas, casas-habitación, negocios y automóviles presentan índices elevados, que es necesario revertir, para tranquilidad de los ciudadanos. De la misma manera, se observa un incremento sustancial en los asaltos bancarios, lo que pone en riesgo a los usuarios”, dijo.
Samuel García, de Movimiento Ciudadano (MC), consideró que fue sólo un espectáculo mediático la Operación Tornado, por la que fueron acusados de malversación de 3 mil 600 millones de pesos, incluido elexgobernador Rodrigo Medina, pues aún ninguno de los 30 acusados ha pisado la cárcel.
“El exgobernador ya libró las dos acusaciones más graves, peculado y delito patrimonial, y quedó vinculado a proceso solamente por ejercicio indebido de funciones. Igualmente la Subprocuraduría Anticorrupción en el expediente de (la exalcaldesa de Monterrey) Margarita Arellanes, parece que quiere una negociación, y no es lo que quiere la ciudadanía”, expuso.
Le recordó la escasa sanción que le aplicaron a su amigo y excolaborador Rogelio Benavides, encontrado en falta por la irregular adquisición de cobertores, caso conocido como Cobijagate.
Sin embargo, al final del discurso, se comprometió a respaldar a Rodríguez en su pública aspiración presidencial, si cumplía los compromisos que había ofrecido en campaña.
Marco González, coordinador de la bancada priista, fustigó a Rodríguez Calderón por las diferentes acusaciones que penden por corrupción contra Benavides Pintos y el priista Medina de la Cruz, lo que habla de una desigual aplicación de la justicia.
“Este funcionario (Benavides) está caminando libremente y sin ser habilitado. Eso, señor gobernador, está manchando su gobierno, y la oportunidad de oro ya la perdió. Lo más grave de todo es que la justicia no se está aplicando por igual. Mientras a funcionarios de diferentes partidos se les hace objeto de linchamiento público, a los exfuncionarios del gobierno independiente no se les toca ni con el pétalo de una rosa”, dijo.
Al tomar la palabra, El Bronco buscó ser conciliador. Dijo que se había esforzado por cumplir, pero echó la responsabilidad del escaso avance a los pasados gobiernos priistas que le dejaron el estado en ruinas.
Reconoció que le había faltado invertir más tiempo en atender a los diputados y se comprometió a tener con ellos más reuniones para agilizar la comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Pero también reconoció públicamente su intención de buscar la presidencia de la República, si consigue ofrecer un buen desempeño en la entidad.
“No voy a justificarme. Soy responsable de lo que no se ha hecho, pero tengo un año y el gobierno es de seis. Y no te preocupes, diputado (Samuel García), cuando resuelva los problemas de Nuevo León buscaré ser candidato a la Presidencia de la República, si los resuelvo. Si no, aquí me vas a tener seis años”, afirmó entre aplausos.
Tuvo palabras para el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, quien en su reciente visita a Nuevo León le pidió a El Bronco “más jale y menos Facebook”.
“Sí funciona el Facebook para gobernar, le ahorró al gobierno mil millones de pesos. Marco, por favor, díselo al presidente de tu partido. O si quieres se lo digo por Facebook, que (esos recursos) se los dábamos a las televisoras para que hablaran bien de sus gobernantes”.
Al mismo diputado le dijo que nunca hablaría mal del presidente de México, aunque sí del dirigente nacional de su partido. “Aquí hubieras dicho que él es un diablito, que se robó la luz y el dinero de la Comisión Federal de Electricidad, pero no lo dijiste. Tenemos que ser congruentes”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458688/en-primer-informe-llueven-reproches-a-bronco-incumplir-promesas
Refuta Banxico a Meade: confirma “frenón” de economía en el segundo trimestre
CIUDAD DE MÉXICO: Mientras el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, hace campaña para convencer a los agentes económicos y al público en general de que la economía mexicana va muy bien, en expansión continua y con perspectivas positivas, el Banco de México lo refuta.
En la reunión de la Junta de Gobierno del instituto central, con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 29 de septiembre pasado –cuando subió la tasa de referencia de 4.25 a 4.75%– los integrantes de la misma dibujaron un panorama muy distinto al que pretende el secretario de Hacienda.
En principio, de acuerdo con la minuta de esa reunión, que hoy hizo pública el Banco de México, la mayoría de los miembros destacó que la economía mexicana registró una contracción en el segundo trimestre de 2016, como resultado de que se frenó el crecimiento del consumo privado, a la vez que la inversión y la demanda externa siguieron mostrando un débil desempeño.
Un miembro de la junta mencionó que los indicadores de confianza del consumidor, así como los referidos al momento adecuado para invertir, continuaron deteriorándose.
Otro notó que persiste la atonía del sector exportador en su conjunto, e indicó que tanto el consumo privado, como el sector terciario, que han representado las principales fuentes de crecimiento por el lado de la demanda y la oferta, respectivamente, han registrado un menor ritmo de crecimiento.
Y para el futuro inmediato –precisa la minuta– persisten riesgos a la baja en las expectativas económicas:
Algunos miembros “destacaron la posibilidad de una desaceleración en la actividad de Estados Unidos, las complicaciones que pudieran derivarse del proceso electoral en ese país, una reducción en la producción petrolera en México, así como un deterioro mayor a lo previsto en los indicadores prospectivos del consumidor y del productor”.
Según la minuta de la reunión de la Junta de Gobierno –a la que el secretario de Hacienda no asistió pese a que legalmente tiene un asiento en la Junta, con voz pero sin voto; igual que lo hacía Luis Videgaray, el anterior titular de Hacienda–, un miembro agregó como riesgo adicional para que la economía no crezca es la reducción de la inversión pública, como se plantea en el paquete económico para 2017.
En cuanto a la perspectiva del mercado laboral, “algunos miembros coincidieron en que a pesar de que se ha observado una reducida tasa de desempleo, no se perciben presiones sobre los salarios, agregando uno de ellos que el ritmo de crecimiento del empleo se ha desacelerado”.
Un miembro de la Junta detalló que “el traspaso de la depreciación del tipo de cambio a los precios de las mercancías se ha hecho más evidente en las últimas semanas, al mostrar dicho subíndice tasas de crecimiento anual cercanas a 4%”.
Consideraron también que el balance de riesgos para la inflación se ha deteriorado en el corto plazo, que hay amenazas visibles:
“La mayoría –dice la minuta– destacó que, derivado de la incertidumbre asociada al entorno externo, no se puede descartar que la moneda nacional experimente depreciaciones adicionales, y que ello afecte las expectativas de inflación y el comportamiento de esta última.
“En este contexto, coincidió en que actualmente ese es el principal riesgo al alza para la inflación, a lo que uno añadió que dicho riesgo persiste aun en un entorno de traspaso relativamente bajo.
“Otro advirtió que existe la posibilidad de que la paridad peso-dólar se ubique en niveles por encima de lo previsto durante un periodo prolongado, que la depreciación del tipo de cambio tenga efectos no lineales sobre los precios y que, en virtud de la tendencia de la inflación, esta muestre cierto aumento aun en ausencia de choques adicionales.
“Como otro riesgo al alza, la mayoría mencionó que se podrían suscitar aumentos súbitos de precios de bienes agropecuarios, si bien su impacto sobre la inflación tendería a ser transitorio. Uno de ellos consideró que, de hecho, la posibilidad de este repunte, latente desde hace tiempo, ya se está materializando, si bien agregó que un choque de esta naturaleza no debería dar lugar a efectos de segundo orden, de acuerdo con lo observado previamente”.
Por si faltara más, los integrantes de la Junta reconocieron que “la persistencia del déficit de la cuenta corriente en niveles como los actuales”, también representa un riesgo para la inflación.
Se apunta advierte la minuta: “Respecto del desempeño de los mercados financieros nacionales, todos los miembros apuntaron que en el periodo comprendido desde la última reunión de política monetaria del Banco de México, la cotización de la moneda nacional mostró una significativa depreciación y una elevada volatilidad.
“La mayoría sostuvo que el peso presentó uno de los comportamientos menos favorables entre las divisas de economías emergentes, y destacó que este desempeño ha sido resultado tanto de factores internos, como externos”.
Y en claro mensaje a la Secretaría de Hacienda, cuyo titular insiste en que no hay problema ni con la elevada deuda ni con las finanzas públicas en general, los miembros de la Junta sostuvieron lo siguiente
“Dentro de los (factores) internos, la mayoría mencionó la percepción de un debilitamiento en las finanzas públicas. Uno de ellos notó que se han observado persistentes y elevados requerimientos financieros del sector público y un acelerado crecimiento de la razón deuda pública a PIB en los últimos años.
“La mayoría subrayó que, como consecuencia de lo anterior, ciertos indicadores de primas de riesgo se han estado incrementando. Uno señaló que éstos incluso se sitúan por encima de los de otras economías con igual calificación crediticia.
“Adicionalmente, algunos señalaron que la percepción de fragilidad fiscal se confirma con las advertencias emitidas este año por las agencias calificadoras.
“Como factores internos adicionales, algunos integrantes destacaron que la ampliación del déficit en la cuenta corriente también ha incidido en el debilitamiento del peso, si bien en menor medida, y un miembro añadió como factor adicional la falta de plena información sobre el plan de negocios de Pemex”.
En relación con los factores externos, dice la minuta, “todos los integrantes resaltaron la preocupación que se ha derivado del proceso electoral en Estados Unidos y sus posibles implicaciones para México, las cuales podrían ser particularmente importantes.
“Un miembro detalló que los resultados de este proceso podrían traducirse en un considerable choque adverso al crecimiento potencial de la economía mexicana. Adicionalmente, otro recalcó que inclusive el peso se ha utilizado como un vehículo de cobertura por varios agentes económicos contra un resultado adverso en dicha elección.
“La mayoría señaló como otro factor externo relevante el impacto que tienen las medidas de política monetaria de Estados Unidos sobre México, apuntando algunos que en el corto plazo esto sería principalmente a través del canal de toma de riesgos descrito anteriormente. Asimismo, algunos añadieron como factor adicional los movimientos a la baja en el precio del petróleo”.
También: “Hacia adelante, la mayoría notó que persiste el riesgo de que la volatilidad en los mercados financieros internacionales y nacionales se recrudezca. Esto, sobre todo si se agudiza el nerviosismo derivado de las posibles consecuencias sobre México del proceso electoral en Estados Unidos y de las medidas de normalización de la postura monetaria que se espera que la Reserva Federal adopte durante el resto del año, así como de la posibilidad de caídas adicionales en los precios del petróleo.
Y, finalmente, el mensaje del Banco de México a la Secretaría de Hacienda, que poco caso le hace:
“Ante los riesgos señalados, y considerando que tanto el entorno externo como interno que enfrenta la economía se puede tornar aún más complicado, todos enfatizaron la necesidad de fortalecer los fundamentos macroeconómicos de México, señalando uno de ellos que incluso dicha necesidad se ha incrementado. Finalmente, un integrante apuntó que en adición a lo ya comentado, es necesario mantener la estabilidad financiera y continuar con los esfuerzos de ajuste estructural encaminados a fortalecer las fuentes internas de crecimiento”.
Todo en contra, pues, del optimismo del secretario de Hacienda, José Antonio Meade.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARLOS ACOSTA CÓRDOVA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458663/refuta-banxico-a-meade-confirma-frenon-economia-en-segundo-trimestre
En la reunión de la Junta de Gobierno del instituto central, con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 29 de septiembre pasado –cuando subió la tasa de referencia de 4.25 a 4.75%– los integrantes de la misma dibujaron un panorama muy distinto al que pretende el secretario de Hacienda.
En principio, de acuerdo con la minuta de esa reunión, que hoy hizo pública el Banco de México, la mayoría de los miembros destacó que la economía mexicana registró una contracción en el segundo trimestre de 2016, como resultado de que se frenó el crecimiento del consumo privado, a la vez que la inversión y la demanda externa siguieron mostrando un débil desempeño.
Un miembro de la junta mencionó que los indicadores de confianza del consumidor, así como los referidos al momento adecuado para invertir, continuaron deteriorándose.
Otro notó que persiste la atonía del sector exportador en su conjunto, e indicó que tanto el consumo privado, como el sector terciario, que han representado las principales fuentes de crecimiento por el lado de la demanda y la oferta, respectivamente, han registrado un menor ritmo de crecimiento.
Y para el futuro inmediato –precisa la minuta– persisten riesgos a la baja en las expectativas económicas:
Algunos miembros “destacaron la posibilidad de una desaceleración en la actividad de Estados Unidos, las complicaciones que pudieran derivarse del proceso electoral en ese país, una reducción en la producción petrolera en México, así como un deterioro mayor a lo previsto en los indicadores prospectivos del consumidor y del productor”.
Según la minuta de la reunión de la Junta de Gobierno –a la que el secretario de Hacienda no asistió pese a que legalmente tiene un asiento en la Junta, con voz pero sin voto; igual que lo hacía Luis Videgaray, el anterior titular de Hacienda–, un miembro agregó como riesgo adicional para que la economía no crezca es la reducción de la inversión pública, como se plantea en el paquete económico para 2017.
En cuanto a la perspectiva del mercado laboral, “algunos miembros coincidieron en que a pesar de que se ha observado una reducida tasa de desempleo, no se perciben presiones sobre los salarios, agregando uno de ellos que el ritmo de crecimiento del empleo se ha desacelerado”.
Un miembro de la Junta detalló que “el traspaso de la depreciación del tipo de cambio a los precios de las mercancías se ha hecho más evidente en las últimas semanas, al mostrar dicho subíndice tasas de crecimiento anual cercanas a 4%”.
Consideraron también que el balance de riesgos para la inflación se ha deteriorado en el corto plazo, que hay amenazas visibles:
“La mayoría –dice la minuta– destacó que, derivado de la incertidumbre asociada al entorno externo, no se puede descartar que la moneda nacional experimente depreciaciones adicionales, y que ello afecte las expectativas de inflación y el comportamiento de esta última.
“En este contexto, coincidió en que actualmente ese es el principal riesgo al alza para la inflación, a lo que uno añadió que dicho riesgo persiste aun en un entorno de traspaso relativamente bajo.
“Otro advirtió que existe la posibilidad de que la paridad peso-dólar se ubique en niveles por encima de lo previsto durante un periodo prolongado, que la depreciación del tipo de cambio tenga efectos no lineales sobre los precios y que, en virtud de la tendencia de la inflación, esta muestre cierto aumento aun en ausencia de choques adicionales.
“Como otro riesgo al alza, la mayoría mencionó que se podrían suscitar aumentos súbitos de precios de bienes agropecuarios, si bien su impacto sobre la inflación tendería a ser transitorio. Uno de ellos consideró que, de hecho, la posibilidad de este repunte, latente desde hace tiempo, ya se está materializando, si bien agregó que un choque de esta naturaleza no debería dar lugar a efectos de segundo orden, de acuerdo con lo observado previamente”.
Por si faltara más, los integrantes de la Junta reconocieron que “la persistencia del déficit de la cuenta corriente en niveles como los actuales”, también representa un riesgo para la inflación.
Se apunta advierte la minuta: “Respecto del desempeño de los mercados financieros nacionales, todos los miembros apuntaron que en el periodo comprendido desde la última reunión de política monetaria del Banco de México, la cotización de la moneda nacional mostró una significativa depreciación y una elevada volatilidad.
“La mayoría sostuvo que el peso presentó uno de los comportamientos menos favorables entre las divisas de economías emergentes, y destacó que este desempeño ha sido resultado tanto de factores internos, como externos”.
Y en claro mensaje a la Secretaría de Hacienda, cuyo titular insiste en que no hay problema ni con la elevada deuda ni con las finanzas públicas en general, los miembros de la Junta sostuvieron lo siguiente
“Dentro de los (factores) internos, la mayoría mencionó la percepción de un debilitamiento en las finanzas públicas. Uno de ellos notó que se han observado persistentes y elevados requerimientos financieros del sector público y un acelerado crecimiento de la razón deuda pública a PIB en los últimos años.
“La mayoría subrayó que, como consecuencia de lo anterior, ciertos indicadores de primas de riesgo se han estado incrementando. Uno señaló que éstos incluso se sitúan por encima de los de otras economías con igual calificación crediticia.
“Adicionalmente, algunos señalaron que la percepción de fragilidad fiscal se confirma con las advertencias emitidas este año por las agencias calificadoras.
“Como factores internos adicionales, algunos integrantes destacaron que la ampliación del déficit en la cuenta corriente también ha incidido en el debilitamiento del peso, si bien en menor medida, y un miembro añadió como factor adicional la falta de plena información sobre el plan de negocios de Pemex”.
En relación con los factores externos, dice la minuta, “todos los integrantes resaltaron la preocupación que se ha derivado del proceso electoral en Estados Unidos y sus posibles implicaciones para México, las cuales podrían ser particularmente importantes.
“Un miembro detalló que los resultados de este proceso podrían traducirse en un considerable choque adverso al crecimiento potencial de la economía mexicana. Adicionalmente, otro recalcó que inclusive el peso se ha utilizado como un vehículo de cobertura por varios agentes económicos contra un resultado adverso en dicha elección.
“La mayoría señaló como otro factor externo relevante el impacto que tienen las medidas de política monetaria de Estados Unidos sobre México, apuntando algunos que en el corto plazo esto sería principalmente a través del canal de toma de riesgos descrito anteriormente. Asimismo, algunos añadieron como factor adicional los movimientos a la baja en el precio del petróleo”.
También: “Hacia adelante, la mayoría notó que persiste el riesgo de que la volatilidad en los mercados financieros internacionales y nacionales se recrudezca. Esto, sobre todo si se agudiza el nerviosismo derivado de las posibles consecuencias sobre México del proceso electoral en Estados Unidos y de las medidas de normalización de la postura monetaria que se espera que la Reserva Federal adopte durante el resto del año, así como de la posibilidad de caídas adicionales en los precios del petróleo.
Y, finalmente, el mensaje del Banco de México a la Secretaría de Hacienda, que poco caso le hace:
“Ante los riesgos señalados, y considerando que tanto el entorno externo como interno que enfrenta la economía se puede tornar aún más complicado, todos enfatizaron la necesidad de fortalecer los fundamentos macroeconómicos de México, señalando uno de ellos que incluso dicha necesidad se ha incrementado. Finalmente, un integrante apuntó que en adición a lo ya comentado, es necesario mantener la estabilidad financiera y continuar con los esfuerzos de ajuste estructural encaminados a fortalecer las fuentes internas de crecimiento”.
Todo en contra, pues, del optimismo del secretario de Hacienda, José Antonio Meade.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARLOS ACOSTA CÓRDOVA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458663/refuta-banxico-a-meade-confirma-frenon-economia-en-segundo-trimestre
Peligra zona arqueológica otomí por tren interurbano
OCOYOACAC, Edomex: La zona arqueológica otomí de Ocoyoacac, considerada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como Patrimonio Cultural de la Nación y del Pueblo Mexiquense, se encuentra en riesgo por la construcción del tren interurbano México-Toluca, por lo que la comunidad solicitará la cancelación del proyecto.
Joel Cerón, jefe supremo de la cultura indígena otomí en Ocoyoacac, quien asegura es propietario de un predio de 4 mil metros cuadrados al que hace tres días ingresaron las máquinas para construir la vía, adelantó la promoción de una denuncia por despojo y de un amparo personal y comunitario por el daño al patrimonio arqueológico.
En la edificación de la obra, se encuentran involucradas las empresas Grupo GAP, como liberadora; y las constructoras OHL y Grupo Hermes –de Carlos Hank Rhon), a través de sus filiales Proyectos Viales de México y La Peninsular.
El terreno afectado se encuentra sobre el kilómetro 46 de la carretera México-Toluca, a tan sólo 300 metros de la zona arqueológica ubicada frente a la ex Hacienda del Parián.
En 2012, a Cerón Tovar le fueron ofrecidos alrededor de mil 500 pesos por metro cuadrado para que vendiera la propiedad, a pesar de que el precio comercial en la zona rebasa los 8 mil pesos.
No obstante, aclaró que aun cuando le ofrecieran un precio justo no se encuentra interesado en concretar la transacción, pues pone en riesgo el sitio arqueológico con basamentos otomíes.
Explicó que al momento de allanar sus tierras, los trabajadores le aseguraron que el predio fue vendido a la constructora por el propietario que acredita mejor derecho, lo que, de haber ocurrido, se configura en despojo.
Joel Cerón afirmó contar con las escrituras que datan de 1944 y actualizadas en 1960 para acreditar su posesión.
En tanto, Santiago Pérez, representante jurídico del afectado, adelantó que el lunes próximo promoverán la denuncia penal correspondiente por el delito de despojo y dos amparos, uno individual y el otro comunitario, para conseguir la cancelación de la obra en protección de los derechos de los pueblos originarios.
Este fin de semana, dijo, además se convocará a una asamblea a la comunidad de pueblos indígenas con la intención de delinear acciones alternas de la lucha, entre ellas una declaración de defensa del patrimonio por parte de las nacionalidades indígenas.
“Solicitaremos también la intervención del INAH y que el Gobierno mexicano dé cumplimiento a los convenios internacionales que solicitan la consulta obligatoria de la comunidad para este tipo de obras”, expuso.
A la fecha la constructora ni siquiera ha presentado el proyecto de salvamento ecológico y tampoco ha realizado las acciones de rescate ambiental por los cientos de árboles derribados en la zona de La Marquesa, aseveró.
Pérez Alvarado recordó que en la entidad y en el país los proyectos de infraestructura se vician de origen, pues para concretarlos se convence a líderes o pseudolíderes comunitarios con la finalidad de manipular asambleas y convenios de ocupación, por lo que confió en que, como ha ocurrido en muchos casos, las autoridades judiciales fallen en favor del señor Cerón.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458673/peligra-zona-arqueologica-otomi-tren-interurbano
Joel Cerón, jefe supremo de la cultura indígena otomí en Ocoyoacac, quien asegura es propietario de un predio de 4 mil metros cuadrados al que hace tres días ingresaron las máquinas para construir la vía, adelantó la promoción de una denuncia por despojo y de un amparo personal y comunitario por el daño al patrimonio arqueológico.
En la edificación de la obra, se encuentran involucradas las empresas Grupo GAP, como liberadora; y las constructoras OHL y Grupo Hermes –de Carlos Hank Rhon), a través de sus filiales Proyectos Viales de México y La Peninsular.
El terreno afectado se encuentra sobre el kilómetro 46 de la carretera México-Toluca, a tan sólo 300 metros de la zona arqueológica ubicada frente a la ex Hacienda del Parián.
En 2012, a Cerón Tovar le fueron ofrecidos alrededor de mil 500 pesos por metro cuadrado para que vendiera la propiedad, a pesar de que el precio comercial en la zona rebasa los 8 mil pesos.
No obstante, aclaró que aun cuando le ofrecieran un precio justo no se encuentra interesado en concretar la transacción, pues pone en riesgo el sitio arqueológico con basamentos otomíes.
Explicó que al momento de allanar sus tierras, los trabajadores le aseguraron que el predio fue vendido a la constructora por el propietario que acredita mejor derecho, lo que, de haber ocurrido, se configura en despojo.
Joel Cerón afirmó contar con las escrituras que datan de 1944 y actualizadas en 1960 para acreditar su posesión.
En tanto, Santiago Pérez, representante jurídico del afectado, adelantó que el lunes próximo promoverán la denuncia penal correspondiente por el delito de despojo y dos amparos, uno individual y el otro comunitario, para conseguir la cancelación de la obra en protección de los derechos de los pueblos originarios.
Este fin de semana, dijo, además se convocará a una asamblea a la comunidad de pueblos indígenas con la intención de delinear acciones alternas de la lucha, entre ellas una declaración de defensa del patrimonio por parte de las nacionalidades indígenas.
“Solicitaremos también la intervención del INAH y que el Gobierno mexicano dé cumplimiento a los convenios internacionales que solicitan la consulta obligatoria de la comunidad para este tipo de obras”, expuso.
A la fecha la constructora ni siquiera ha presentado el proyecto de salvamento ecológico y tampoco ha realizado las acciones de rescate ambiental por los cientos de árboles derribados en la zona de La Marquesa, aseveró.
Pérez Alvarado recordó que en la entidad y en el país los proyectos de infraestructura se vician de origen, pues para concretarlos se convence a líderes o pseudolíderes comunitarios con la finalidad de manipular asambleas y convenios de ocupación, por lo que confió en que, como ha ocurrido en muchos casos, las autoridades judiciales fallen en favor del señor Cerón.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458673/peligra-zona-arqueologica-otomi-tren-interurbano
El gobierno de Coahuila financiará la búsqueda de restos en el ejido Patrocinio
De acuerdo con el Grupo Vida, el gobernador de la entidad se comprometió a entregar recurso para la búsqueda de restos óseos.
Una mujer que dedicó 12 años a la búsqueda de su hija en un estado del norte de México dijo este jueves que el gobernador prometió asignar recursos a la inspección de un sitio donde se han hallado miles de fragmentos óseos.
Silvia Ortiz es vocera del Grupo Vida, una agrupación de familias que busca a parientes desaparecidos en el estado de Coahuila. Ortiz dijo el jueves que se reanudará la búsqueda en el sitio rural donde aparecieron los fragmentos y se reunirán nuevamente con el gobernador Rubén Moreira.
Las familias recorren el paraje desértico conocido como El Patrocinio desde abril de 2015, cuando informaron por primera vez de su descubrimiento a las autoridades.
Está confirmado que al menos algunos de los restos son humanos, y los fiscales responsabilizan de esos homicidios al cártel de los Zetas, que es extremadamente violento.
“Los metían en unos tambos de 200 litros, partidos y les echaban diésel y los dejaban cocinando”, dijo Ortiz. Cuando se apagaba el fuego, quebraban los huesos y esparcían los fragmentos, agregó.
Ortiz señaló que el gobierno ha prestado a la fecha atención esporádica a los restos, y que las familias nunca han tenido los recursos —personal y capacidad forense— para recoger todos los fragmentos en la zona.
El procurador estatal de justicia Homero Ramos Gloria informó días atrás que se recogieron más de 4.600 fragmentos en el terreno de 10 hectáreas desde abril de 2015 en la ciudad de San Pedro, cercana a Torreón. También se encontraron prendas de ropa y casquillos percutidos.
En una visita en mayo de 2015, las autoridades hallaron tres conjuntos de restos, además de cientos de fragmentos, dijo Ramos. Mediante análisis se ha establecido el perfil genético de sólo dos fragmentos óseos, ambos de la misma persona no identificada, y las autoridades desconocen a quienes pudieran corresponder los demás.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/AP.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/gobierno-coahuila-financiara-la-busqueda-restos-ejido-patrocinio/
Una mujer que dedicó 12 años a la búsqueda de su hija en un estado del norte de México dijo este jueves que el gobernador prometió asignar recursos a la inspección de un sitio donde se han hallado miles de fragmentos óseos.
Silvia Ortiz es vocera del Grupo Vida, una agrupación de familias que busca a parientes desaparecidos en el estado de Coahuila. Ortiz dijo el jueves que se reanudará la búsqueda en el sitio rural donde aparecieron los fragmentos y se reunirán nuevamente con el gobernador Rubén Moreira.
Las familias recorren el paraje desértico conocido como El Patrocinio desde abril de 2015, cuando informaron por primera vez de su descubrimiento a las autoridades.
Está confirmado que al menos algunos de los restos son humanos, y los fiscales responsabilizan de esos homicidios al cártel de los Zetas, que es extremadamente violento.
“Los metían en unos tambos de 200 litros, partidos y les echaban diésel y los dejaban cocinando”, dijo Ortiz. Cuando se apagaba el fuego, quebraban los huesos y esparcían los fragmentos, agregó.
Ortiz señaló que el gobierno ha prestado a la fecha atención esporádica a los restos, y que las familias nunca han tenido los recursos —personal y capacidad forense— para recoger todos los fragmentos en la zona.
El procurador estatal de justicia Homero Ramos Gloria informó días atrás que se recogieron más de 4.600 fragmentos en el terreno de 10 hectáreas desde abril de 2015 en la ciudad de San Pedro, cercana a Torreón. También se encontraron prendas de ropa y casquillos percutidos.
En una visita en mayo de 2015, las autoridades hallaron tres conjuntos de restos, además de cientos de fragmentos, dijo Ramos. Mediante análisis se ha establecido el perfil genético de sólo dos fragmentos óseos, ambos de la misma persona no identificada, y las autoridades desconocen a quienes pudieran corresponder los demás.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/AP.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/gobierno-coahuila-financiara-la-busqueda-restos-ejido-patrocinio/
Alcaldes de Veracruz van contra Duarte; denuncian ante PGR por presunto desvío de recursos
Un grupo de 20 alcaldes acudió a una delegación de la PGR para acusar que no han sido entregados recursos federales asignados a sus municipios.
Veinte alcaldes acudieron este jueves ante la delegación de la PGR para denunciar al gobierno de Veracruz por presunto desvío de recursos asignados a municipios, peculado y abuso de autoridad.
Los presidentes municipales, encabezados por Miguel Ángel Yunes Márquez, alcalde de Boca del Río, denunciaron en específico a la Secretaría de Finanzas estatal.
Reclaman que no han sido entregados los recursos que corresponden a sus municipios, en el plazo correspondiente.
“Es un evidente desvío de recursos, es evidente peculado, es un incumplimiento de un deber legal, es abuso de autoridad y todo eso es fácilmente comprobable”, dijo Yunes Márquez, de acuerdo con Reforma.
“Hay municipios que tienen un asunto en específico… recursos para obras que viene específicamente etiquetados y por otro lado municipios a los que no les han llegado participaciones federales, sobre todo el Fondo de Infraestructura Social Municipal que no han entregado desde hace dos meses”, agregó.
Saúl Lara, alcalde de Tierra Blanca, dijo a Radio Fórmula este jueves que en su caso al municipio el gobierno estatal le debe unos 20 millones de pesos.
Detalló que la mayoría de los alcaldes que presentaron la denuncia son panistas.
Esto ocurre un día después de que Javier Duarte, investigado en la PGR por presunto peculado y enriquecimiento ilícito, solicitara licencia para dejar de ser gobernador de Veracruz, y hacer frente a los cargos en su contra.
En su lugar, como gobernador interino, quedó uno de sus amigos, quien era su mano derecha, Flavino Ríos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/alcaldes-denuncias-pgr-veracruz/
Veinte alcaldes acudieron este jueves ante la delegación de la PGR para denunciar al gobierno de Veracruz por presunto desvío de recursos asignados a municipios, peculado y abuso de autoridad.
Los presidentes municipales, encabezados por Miguel Ángel Yunes Márquez, alcalde de Boca del Río, denunciaron en específico a la Secretaría de Finanzas estatal.
Reclaman que no han sido entregados los recursos que corresponden a sus municipios, en el plazo correspondiente.
“Es un evidente desvío de recursos, es evidente peculado, es un incumplimiento de un deber legal, es abuso de autoridad y todo eso es fácilmente comprobable”, dijo Yunes Márquez, de acuerdo con Reforma.
“Hay municipios que tienen un asunto en específico… recursos para obras que viene específicamente etiquetados y por otro lado municipios a los que no les han llegado participaciones federales, sobre todo el Fondo de Infraestructura Social Municipal que no han entregado desde hace dos meses”, agregó.
Saúl Lara, alcalde de Tierra Blanca, dijo a Radio Fórmula este jueves que en su caso al municipio el gobierno estatal le debe unos 20 millones de pesos.
Detalló que la mayoría de los alcaldes que presentaron la denuncia son panistas.
Veinte alcaldes denuncian en la PGR al Gobierno del Estado. https://t.co/4T5bIRC2hY pic.twitter.com/ragwLZD7V0— Ver Veracruz (@VerVeracruz_) 13 de octubre de 2016
Esto ocurre un día después de que Javier Duarte, investigado en la PGR por presunto peculado y enriquecimiento ilícito, solicitara licencia para dejar de ser gobernador de Veracruz, y hacer frente a los cargos en su contra.
En su lugar, como gobernador interino, quedó uno de sus amigos, quien era su mano derecha, Flavino Ríos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/alcaldes-denuncias-pgr-veracruz/
CNTE pide de nuevo reinstalación de despedidos en la SEP
Ciudad de México. Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) arribaron a las inmediaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tras haber marchado desde el Ángel de la Independencia para exigir la reinstalación de los profesores cesados en la Ciudad de México.
El contingente avanzó por Paseo de la Reforma, luego de un conato de enfrentamiento con elementos del cuerpo de granaderos, quienes intentaron restringir el paso de los manifestantes a tan sólo dos carriles de la citada vialidad.
En estos momentos, dirigentes de la sección 9 de la CNTE se preparan para iniciar un mitin en el que reiteran su exigencia de que todos los maestros despedidos sean reinstalados en sus actividades docentes.
El contingente fue encabezado por educadores despedidos de las cuatro escuelas de educación básica que se vieron afectadas, así como por maestros de primaria y preescolar.
Previo al arranque de la marcha, se le había impedido avanzar sobre los cuatro carriles de Paseo de la Reforma, por lo que bloquearon los dos sentidos de la citada vialidad. Después se suscitaran conatos de enfrentamiento entre quienes pretendían restringir a dos carriles del paso de la movilización.
Los profesores inconformes corearon “somos docentes, no somos delincuentes”, mientras algunos de los automovilistas que transitaban por Reforma quedaron varados en medio de la manifestación.
Antes, durante una conferencia de prensa, Enrique Enríquez, secretario general de la sección 9, insistió en la exigencia para que la SEP reinstale a los 21 maestros cesados en la Ciudad de México por participar en acciones de protesta contra la reforma educativa, así como a los 11 maestros que fueron despedidos el martes pasado por no presentarse a la evaluación del desempeño docente.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: LAURA POY SOLANO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/13/bloquean-maestros-de-la-cnte-avenida-reforma
El contingente avanzó por Paseo de la Reforma, luego de un conato de enfrentamiento con elementos del cuerpo de granaderos, quienes intentaron restringir el paso de los manifestantes a tan sólo dos carriles de la citada vialidad.
En estos momentos, dirigentes de la sección 9 de la CNTE se preparan para iniciar un mitin en el que reiteran su exigencia de que todos los maestros despedidos sean reinstalados en sus actividades docentes.
El contingente fue encabezado por educadores despedidos de las cuatro escuelas de educación básica que se vieron afectadas, así como por maestros de primaria y preescolar.
Previo al arranque de la marcha, se le había impedido avanzar sobre los cuatro carriles de Paseo de la Reforma, por lo que bloquearon los dos sentidos de la citada vialidad. Después se suscitaran conatos de enfrentamiento entre quienes pretendían restringir a dos carriles del paso de la movilización.
Los profesores inconformes corearon “somos docentes, no somos delincuentes”, mientras algunos de los automovilistas que transitaban por Reforma quedaron varados en medio de la manifestación.
Antes, durante una conferencia de prensa, Enrique Enríquez, secretario general de la sección 9, insistió en la exigencia para que la SEP reinstale a los 21 maestros cesados en la Ciudad de México por participar en acciones de protesta contra la reforma educativa, así como a los 11 maestros que fueron despedidos el martes pasado por no presentarse a la evaluación del desempeño docente.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: LAURA POY SOLANO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/13/bloquean-maestros-de-la-cnte-avenida-reforma
Protestan campesinos frente a CNDH y SCJN
Ciudad de México. Organizaciones campesinas que forman parte del movimiento "el campo es de todos" se concentran frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La movilización es realizada por una de las seis caravanas del movimiento en defensa del agro mexicano.
Una comisión de dirigentes campesinos es atendida por funcionarios de la CNDH.
Según la Secretaría de Seguridad Pública, 800 personas se encuentran frente a la organización de derechos humanos. La lateral de Periférico se encuentra bloqueada por camiones y camionetas que trasladaron a los campesinos.
En tanto, otra caravana de campesinos que arribó a la Ciudad de México se instaló frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde en breve una delegación de sus dirigentes será recibido por personal de la institución.
Centenares de trabajadores del campo de diversas organizaciones gritan consignas en las que exigen justicia y llevan consigo mantas para identificar a su movilización.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALMA E MUÑOS, JESÚS ARANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/13/protestan-campesinos-frente-a-la-cndh
La movilización es realizada por una de las seis caravanas del movimiento en defensa del agro mexicano.
Una comisión de dirigentes campesinos es atendida por funcionarios de la CNDH.
Según la Secretaría de Seguridad Pública, 800 personas se encuentran frente a la organización de derechos humanos. La lateral de Periférico se encuentra bloqueada por camiones y camionetas que trasladaron a los campesinos.
En tanto, otra caravana de campesinos que arribó a la Ciudad de México se instaló frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde en breve una delegación de sus dirigentes será recibido por personal de la institución.
Centenares de trabajadores del campo de diversas organizaciones gritan consignas en las que exigen justicia y llevan consigo mantas para identificar a su movilización.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALMA E MUÑOS, JESÚS ARANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/13/protestan-campesinos-frente-a-la-cndh
Rechaza INAI que haya ocultado datos en caso ABC
Ciudad de México. La presidenta del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Ximena Puente, rechazó que en el caso del proyecto Memoria y Verdad, para difundir información concentrada de 14 casos de violaciones de derechos humanos, haya habido un acto de censura del organismo para el expediente de la Guardería ABC.
Sostuvo que el INAI ponderó tanto la transparencia y acceso a la información como la protección de datos personales a instancias de padres de familia.
Entrevistada sobre el diferendo que hubo con organizaciones como Artículo 19 y Fundar, quienes cuestionaron al INAI, señaló que el caso no está cerrado y que los comisionados habrán de adoptar una decisión en torno a la guardería ponderando la protección de ambos derechos -acceso a la información y protección de datos personales- y habrá reuniones próximas con las organizaciones para conciliar posturas.
En este contexto, señaló que más allá de las diferencias conceptuales que se pudieran tener sobre un caso, está claro que el portal Memoria y Verdad es un ejercicio inédito, no sólo en México, de concentrar toda la información relacionada con casos graves de derechos humanos.
Indicó que el INAI ha acreditado su compromiso institucional al resolver, en diversos casos, por la apertura de la información por tratarse de casos graves de violaciones a derechos humanos (Tlatlaya y Ayotzinapa).
Al tiempo que en otro tema polémico, la masacre de indocumentados en San Fernando, que había sido abordado por la anterior integración del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información, la nueva conformación determinó allanarse para lograr la apertura de la información.
El comisionado Francisco Javier Acuña dio a conocer que será la próxima semana cuando haya un nuevo acercamiento entre el INAI y representantes de las organizaciones que expresaron su inconformidad con el caso ABC.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALONSO URRUTIA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/13/no-se-ocultaron-datos-en-caso-abc-inai
Sostuvo que el INAI ponderó tanto la transparencia y acceso a la información como la protección de datos personales a instancias de padres de familia.
Entrevistada sobre el diferendo que hubo con organizaciones como Artículo 19 y Fundar, quienes cuestionaron al INAI, señaló que el caso no está cerrado y que los comisionados habrán de adoptar una decisión en torno a la guardería ponderando la protección de ambos derechos -acceso a la información y protección de datos personales- y habrá reuniones próximas con las organizaciones para conciliar posturas.
En este contexto, señaló que más allá de las diferencias conceptuales que se pudieran tener sobre un caso, está claro que el portal Memoria y Verdad es un ejercicio inédito, no sólo en México, de concentrar toda la información relacionada con casos graves de derechos humanos.
Indicó que el INAI ha acreditado su compromiso institucional al resolver, en diversos casos, por la apertura de la información por tratarse de casos graves de violaciones a derechos humanos (Tlatlaya y Ayotzinapa).
Al tiempo que en otro tema polémico, la masacre de indocumentados en San Fernando, que había sido abordado por la anterior integración del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información, la nueva conformación determinó allanarse para lograr la apertura de la información.
El comisionado Francisco Javier Acuña dio a conocer que será la próxima semana cuando haya un nuevo acercamiento entre el INAI y representantes de las organizaciones que expresaron su inconformidad con el caso ABC.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALONSO URRUTIA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/13/no-se-ocultaron-datos-en-caso-abc-inai
El Mando Único tortura y fabrica culpables en Morelos, denuncia ONG
“En el gobierno de Graco Ramírez la violación a los derechos humanos es sistemática y se construye un gobierno militar, asesorado por norteamericanos o israelíes”, afirma José Martínez Cruz, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHMorelos), organización no gubernamental con sede en Cuernavaca.
Durante el sexenio del gobernador de Morelos, la CIDHMorelos documentó el incremento de violaciones a los derechos humanos por parte de elementos policiales “principalmente por el Mando Único”, afirma Martínez Cruz, quien asegura que los delitos siguen impunes,
“Los elementos policiales no están al servicio de la ciudadanía, actualmente son prácticamente una fuerza de choque, no hacen labor de prevención y no tienen cercanía con la gente, su fuerza está descontrolada y su presencia signfica detenciones arbitrarias, abusos y ejecuciones extrajudiciales”, asegura el integrante de la Comisión Independiente.
Entre las violaciones a los derechos humanos que se incrementaron están la tortura y las detenciones arbitrarias, principalmente hacia jóvenes de colonias populares, con un rango de edad entre los 15 y los 19 años, quienes son criminalizados por su vestimenta, arbitrariamente detenidos, torturados y muchas veces liberados por falta de pruebas en su contra, mientras otros son desaparecidos, afirma Martínez Cruz.
Recientemente la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) informó que en el gobierno de Graco Ramírez recibió 33 denuncias por tortura y emitió la recomendación 298/2014-6 a la Comisión Estatal de Seguridad Pública y al gobernador, sin embargo, los casos permanecen impunes.
El activista José Martínez asegura que en los contados casos en los que se llega a procesar a algún elemento del Mando Único, no se procesa por tortura.
Fuente: Desinformémonos
Autor: Redacción
https://desinformemonos.org/el-mando-unico-tortura-y-fabrica-culpables-en-morelos-denuncia-ong/
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