“Nadie ha sido castigado” por la represión policial que en 2016 dejó al menos ocho personas asesinadas y más de 100 heridas en Nochixtlán, Oaxaca, cuando participaban en una protesta del magisterio contra la reforma educativa, denunció la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
“No hay justicia. Hay impunidad”, criticó la Coordinadora ante la falta de juicios contra los autores materiales e intelectuales de la represión. Por el contrario, agregó, los sobrevivientes han sido víctimas de “amenazas, hostigamiento y omisiones del Estado”.
Tan sólo en enero de este año, el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic) informó que los expolicías Juan Peralta Alavés y Carlos Guerrero Romero, acusados de la muerte de seis personas y de dejar a 27 heridas durante la represión, seguirán su proceso en libertad, luego de que la jueza de control Guadalupe Patricia Juárez Hernández ordenó el cambio de medidas cautelares.
“Con esta decisión, el Poder Judicial Federal está fomentando la impunidad y alentando que hechos como los del 19 de junio de 2016 se sigan repitiendo”, criticó entonces el Covic, el pasado 7 de enero.
En el noveno aniversario de la violencia en Nochixtlán, la CNTE recordó que “los responsables tienen nombre y cargo”, entre los que se encuentran el expresidente Enrique Peña Nieto, el exgobernador de Oaxaca Gabino Cué, secretarios de Estado y jefes policiacos, quienes “dijeron que no usaron armas, pero fotos de prensa internacional probaron lo contrario”.
La mañana del 19 de junio de 2016, la policía federal y estatal reprimió con balas de goma, palos y gases lacrimógenos a la población que participaba en el bloqueo de la carretera México-Oaxaca, en el crucero de Nochixtlán, en apoyo a las protestas magisteriales de la CNTE contra la reforma educativa.
“Nochixtlán no se olvida. Fue parte de la lucha contra la reforma educativa neoliberal. Hoy la resistencia sigue viva”, concluyó el magisterio, cuya lucha contra la reforma cobró fuerza el pasado 15 de mayo, cuando inició una huelga nacional para exigir su derogación inmediata, un sistema de pensiones justo y mejoras en las condiciones laborales.