Artículo 19 advirtió que en Puebla, de 2018 a 2024, se documentaron 22 procesos judiciales contra periodistas por su labor informativa. Un patrón que ahora se blinda con más leyes.
La propuesta fue publicada al día siguiente por el gobernador Alejandro Armenta, convirtiendo en ley el riesgo de prisión para periodistas, activistas o críticos del poder.
El proyecto fue impulsado en 2024 por José Luis García Parra, entonces legislador local y hoy coordinador del gabinete estatal. Entre las nuevas figuras delictivas se encuentran el “ciberasedio” y el “espionaje digital”, vagamente definidos y peligrosamente aplicables.
Organismos como la Red Puebla de Periodistas y Artículo 19 lo advierten con claridad: el Artículo 480 sanciona con hasta tres años de cárcel a quien “insulte, injurie, ofenda, agravie o veje de forma insistente”.
Es una redacción ambigua que deja abierta la puerta para castigar el disenso. Mientras que los artículos 479 (espionaje digital) y 258 Ter (usurpación de identidad) también padecen de redacción vaga, capaz de criminalizar el manejo profesional de información por periodistas.
Artículo 19 advirtió que en Puebla, de 2018 a 2024, se documentaron 22 procesos judiciales contra periodistas por su labor informativa. Un patrón que ahora se blinda con más leyes.
Y esto no se queda en Puebla.
LEYES QUE AMPLÍAN EL CERCO
En el Congreso federal rondan iniciativas del Ejecutivo federal que prometen seguridad y combate al crimen, pero esconden más control.
El primer paquete es la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Bajo el pretexto de proteger a ciudadanos, buscan imponer registros obligatorios:
- Registro de líneas móviles con CURP o RFC, condicionando su uso.
- Centralizar datos biométricos y personales en plataformas del Estado.
- Permitir acceso a la policía y el CNS sin supervisión judicial ni transparencia.
- Uso de inteligencia artificial para vigilar en masa.
Modelos como RENAUT (Calderón) o PANAUT (AMLO) ya fallaron: no redujeron la delincuencia, pero sí violaron la privacidad y vulneraron datos. La Suprema Corte declaró inconstitucional al PANAUT en 2022. Regresan, sin lecciones.
Expertos de R3D, Artículo 19 y SocialTIC apuntan que estas leyes consolidan una infraestructura tecnológica autoritaria.
Permiten la vigilancia masiva, sin límites, sin controles. Van contra la privacidad, la libertad de expresión y los derechos humanos.
Y, paradójicamente, colocan a la población en mayor riesgo: no solo por el Estado, sino por la delincuencia que podría acceder a esas mismas bases de datos.
¿PARA QUÉ TANTO CONTROL?
La respuesta oficial es “combatir el crimen”, pero nadie convence. R3D revela que no hay evidencia de que grabar líneas o centralizar biométricos reduzca delitos. Al contrario, sí hay evidencias de exclusión y abuso.
En el caso de la Ley de Telecomunicaciones se propone también:
- Padrón biométrico de móviles (Art. 8, LXV).
- Recopilación de datos por 24 meses (Art. 159–161).
- Bloqueadores de señal sin criterio claro (Art. 161).
Son herramientas más de censura que de control: sin transparencia ni regulación, todo puede ser vigilado sin freno.
¿QUO VADIS, 4T?
Morena habla de combate a la corrupción y equidad. Y quién no estaría de acuerdo. Sin embargo, las herramientas que activa pueden usarse para otros fines: silenciar disidencia, disciplinar prensa, disciplinar ciudadanos.
El poder absoluto siempre tendrá la tentación de perseguir al mensaje incómodo y de convertir la centralización de datos en arma política.
Morena podría impulsar con sus mayorías reformas profundas al sistema de justicia para mejorar la labor de policías, ministerios públicos, juzgados y fiscalías, hoy sobrepasadas, saturadas y abandonadas. Sin embargo, amplía los controles digitales.
Mientras tanto, los mecanismos de justicia social continúan en segundo plano, velados tras discursos y aparatos jurídicos que se exhiben como progresistas.
La pregunta es inevitable: ¿quién vigila al que vigila?
No se trata de negar la necesidad de garantizar la seguridad. Pero siempre debe existir límites, reglas claras, contrapesos visibles. Caso contrario, lo que progresa es un poder sin freno.
Y donde no hay freno, sobra el autoritarismo.
FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: JUAN ORTIZ (LUPA LEGISLATIVA)
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