El método del “encapsulamiento” policial, que encierra a manifestantes entre muros de granaderos impidiendo su legítimo derecho a la manifestación, fue utilizado también en tres violentos operativos contra trabajadores de la salud, que reclamaban el pago de salarios adeudados y la necesidad de insumos básicos para la atención a los pacientes del sistema público.
Anunciado por el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, como un “protocolo” para evitar las acciones directas contra negocios en las marchas anti-gentrificación, la medida policial se ha utilizado contra otro tipo de manifestaciones pacíficas, como la de los trabajadores organizados.
“Somos trabajadores del órgano público descentralizado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar, como personal de contratación subrogada, que no teníamos una base fija. En 2023, cuando se abrió el programa de IMSS-Bienestar, nos dijeron que nos iban a transferir con mejoras laborales y de salario, pero en cuanto aceptamos, comenzaron las anomalías”, dijo a Desinformémonos Diana Salas, encargada de Estrategia de fortalecimiento sindical, de Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (Fintras).
Este sindicato fue conformado apenas en 2024, como una forma de incidir en esas circunstancias laborales que los tenían en la indefensión, el cual asumió una postura democrática y de defensa de sus trabajadores, lejana a la clásica lealtad patronal de los sindicatos amarillos. Salas explicó que primero, como el IMSS-Bienestar para el que trabajan era un programa nuevo (ellos iniciaron labores el 1 de setiembre de 2023 en este nuevo organismo de atención pública) “dijimos: vamos a darle tiempo al gobierno de acoplarse a esta situación, no hay problema. Nosotros seguimos trabajando”.
Las deudas se multiplicaron, el sindicato nació y las mesas de negociación con las autoridades pasaron a ser una tras otra, dando largas, mientras en los hospitales, además de los adeudos a los trabajadores, comenzó la escasez de material y medicinas. Hasta que decidieron manifestarse.
“El 8 de julio de este año, hicimos una manifestación pacífica, como todas nuestras manifestaciones han sido y nunca habíamos tenido problema. Pero ese día, nuestro punto de reunión fue el metro Auditorio; íbamos caminando sobre la banqueta hacia el Paseo de la Reforma e Insurgentes, donde queríamos cerrar, cuando nos empezaron a cercar los granaderos”, contó en entrevista.
Según el relato de la fuente, aún no había comenzado su manifestación cuando el despliegue policial impidió la movilización de los trabajadores, que lucían sus uniformes blancos, a la altura de Reforma y Periférico, usando el método del encapsulamiento.
“Empiezan a llegar camionetas por todos lados de granaderos, y en el momento que decidimos cerrar la lateral de Periférico, empezaron las agresiones contra los compañeros”, explicó.
Una de las mujeres presentes sufrió un traumatismo craneo-encefálico y a otro trabajador le tiraron un diente, de los golpes que recibió en la cara. “Lo único que estábamos haciendo era acomodarnos para cerrar la vialidad y estar sentados en la calle, nunca violentamos a nadie”, explicó Salas.
Desmedida fuerza
Este uso desmedido de la fuerza evidencia, por un lado, la ampliación de una medida represiva que fue anunciada en un contexto específico, al resto del movimiento social organizado y en lucha. Y además, que no importa realmente lo que hagan los manifestantes, cuando la órden de reprimir ya fue dada.
Ante el cierre y la agresión policial, otro grupo de trabajadores intentó ese día replegarse sobre Reforma hacia Campo Marte, pero encontraron otro cierre policial, donde también fueron agredidos.
La misma respuesta obtuvieron quince días después otros trabajadores de IMSS-bienestar que llevaban una huelga de hambre frente a las oficinas gubernamentales encargadas, cuando decidieron cortar el tráfico de la avenida Insurgentes. “Pasó exactamente lo mismo, más tardaron en cerrar los compañeros que en 20 minutos ya estaban rodeados de granaderos. Ahí los arrastraron, los patearon, hasta que los quitaron de la calle y los pusieron sobre la banqueta”, contó en entrevista.
Salas calificó a ambos episodios como un “uso desmedido de la fuerza para quitarnos, cuando no estábamos haciendo pintas, ni destrozos, ni absolutamente nada, sólo estábamos manifestándonos pacíficamente”.
Por si esos dos eventos fueran poco, el 23 de julio recibieron otra vez el trato brusco de las fuerzas policiales. Derivado de la manifestación del día 8, el gobierno les ofreció una mesa de negociación para el 23, dónde esperaban ser recibidos por la licenciada de Admistración y Finanzas, así como Directivos de IMSS-Bienestar. “Acudimos a esa mesa, con la convocatoria a compañeros delegados de otros estados donde también existe el sindicato Fintras, para que pudieran negociar sus problemáticas, y resulta que la encargada de administración no fue, aunque el día anterior nos había confirmado su presencia. Pero ella es la única persona que puede resolver esta situación, entonces todos muy molestos, decidimos volver a cerrar Insurgentes”, contó.
Por tercera vez en el mismo mes de julio, los trabajadores de Fintras movilizados fueron encapsulados por la policía de choque de la Ciudad de México. “Eran 25 personas apenas, que se sentaron en el piso y empezaron a decir consignas, cuando en diez o quince minutos llegaron los granaderos y agredieron a las compañeras. Las empujaron, las jalonearon y varias de ellas terminaron lastimadas”, contó a Desinformémonos la delegada del sindicato.
Mencionó que han notado cómo la violencia ha aumentado en el último tiempo, ya que desde la primera movilización de julio, todos los trabajadores han recibido golpes de los uniformados para disuadir su protesta. “Ya luego nos llamaron y nos citaron para el día siguiente pero fue lo mismo, escucharon las quejas y las peticiones, pero dijeron que no podían resolver nada. Y de los golpes a las compañeras, tampoco se han hecho responsables”, concluyó.
