SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P: El Congreso del estado aprobó tipificar como un delito equiparable al abuso sexual el ciberacoso sexual o grooming, para castigarlo de manera oficiosa cuando la víctima sea menor de edad, y mediante denuncia si es mayor de 18 años.
La iniciativa fue presentada por la diputada del PRI Martha Orta Rodríguez en abril pasado, y fue analizada y dictaminada por las comisiones de Derechos Humanos, Equidad y Género y Justicia, las cuales remitieron su resolución al pleno, donde fue aprobada con 18 votos a favor y dos en contra.
La diputada Orta Rodríguez saltó a la fama después de que propuso sancionar a quienes elaboraran y divulgaran en redes sociales “memes” humillantes con hasta cuatro años de cárcel, iniciativa que tuvo que echar para atrás.
Orta planteó entonces una modificación al artículo 178 del Código Penal, para adicionar un párrafo con este contenido: “Se equipara al delito de abuso sexual quien mediante el uso de cualquier tipo de tecnología contacte a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual”.
Los integrantes de las comisiones que revisaron la iniciativa hicieron modificaciones a la misma, concluyendo que el propósito es sancionar el ciberacoso o el denominado ciber grooming para lo que revisaron también el Código Penal Federal en la tipificación del delito de corrupción de menores.
“Tomamos algunos de sus elementos para mejor proveer en cuanto a los medios electrónicos y tecnología”, señalaron los diputados que elaboraron el dictamen final, por lo que la reforma quedó redactada de la siguiente forma:
“Se equipara al delito de abuso sexual a quien mediante el uso de medios electrónicos o de cualquier tecnología contacte, obligue, induzca o facilite a una persona menor de dieciocho años, o de una persona que siendo mayor de edad, y que por su condición, no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o que no tiene capacidad para resistirlo, a realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o no, con fin lascivo o sexual.
“Este delito se perseguirá a petición de parte, salvo que la víctima sea menor de dieciocho años, en cuyo caso se perseguirá de oficio, sin que haya lugar al perdón por parte de la víctima”.
En el dictamen se asentó que el acoso virtual surge a partir de desviaciones que orillan a algunas personas a prácticas sexuales perversas, que se ha convertido en una práctica común y que ya ha sido reconocido como delito en varios países como Canadá, el Reino Unido, Estados Unidos y Alemania.
“Quienes han tenido la obligación profesional de atender estos asuntos, saben que es en la pederastia y en la pedofilia donde se llega a la cumbre de la repugnancia y de la indignidad social”, señala la exposición de motivos.
Esto determinó la resolución de los legisladores de votar por una prescripción en la entidad para sancionar este delito, particularmente cuando se comete en contra de menores de edad, cuando se perseguirá sin necesidad de querella.
El abuso sexual se castiga en el estado con penas de dos a cinco años de prisión y de 200 a 500 salarios mínimos de multa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465745/congreso-slp-equipara-grooming-abuso-sexual
viernes, 9 de diciembre de 2016
Peña y Trump, coincidencias militaristas
CIUDAD DE MÉXICO: Una primera coincidencia se perfila entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el próximo de Donald Trump: darle a los militares mayor control de la vida pública.
El presidente electo de Estados Unidos se ha propuesto gobernar con una visión militarista, al tiempo que el presidente de México pretende ceder a las presiones del Ejército y la Marina para que intervengan ya no sólo en tareas de seguridad pública, sino de “preservación de las instituciones y el estado de derecho”, lo que definen como orden interno.
Peña está a punto de concretar el control de los puertos del país a la Marina. Sólo es cuestión de trámite en la Cámara de Diputados. El poder civil, en este caso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cedió el control que tuvo por décadas a través de la Marina Mercante.
Ahora serán los marinos quienes den los permisos para la prestación de servicios de transporte marítimo, de pasajeros y turismo náutico. Podrán remover a los capitanes de puerto y tomar el control físico de todos los puertos del país, entre otras facultades.
Lo que sigue es que el Congreso ceda a las presiones de las Fuerzas Armadas para que apruebe la Ley de Seguridad Interior, que no es otra cosa que la posibilidad de que los militares tomen el control del orden civil en donde el presidente de la República les pida su intervención, sólo a ellas o en coordinación con otras instituciones, en casos de amenazas al orden interior.
Según el proyecto de ley que promueven los legisladores del PRI, el orden interno se refiere a la condición para que el Estado mexicano salvaguarde “la continuidad de sus instituciones” y “el desarrollo nacional” mediante el mantenimiento del estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional en beneficio de la población”.
Bajo las actuales condiciones, territorios de Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México y muchos otros en todo el país donde la delincuencia organizada tiene control de territorio, autoridades y parte de la población, los militares podrían tener una intervención restaurativa.
Por supuesto, con escenarios de conflicto abierto, para los que dicen estar preparados, y no más en funciones de policías, como el secretario de la Defensa Nacional, general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, se ha cansado de repetir.
Los enfoques militares para los problemas de inseguridad son también con los que Trump está conformando su equipo de gobierno.
Son ya tres generales retirados del Ejército los que han sido propuestos para ocupar los cargos más importantes en el gabinete de seguridad del próximo gobierno estadunidense.
Su elección más reciente, el pasado miércoles, fue la del general John F. Kelly, como encargado de Seguridad Interior, la dependencia que da cumplimiento a la ley en aduanas y migración. Kelly se retiró como comandante del Comando Sur de Estados Unidos, cuya jurisdicción incluye a México.
Antes propuso al general James Mattis como próximo secretario de la Defensa, un general de la Marina apodado “Perro loco”, conocido por sus posiciones antiinmigrantes.
Es el mismo caso del general del Ejército retirado Michael T. Flynn, propuesto para ser el asesor en seguridad nacional de la Casa Blanca, quien propone acciones armadas en Irán.
Para dirigir la CIA, Trump nominó al republicano Mike Pompeo, graduado militar de West Point y combatiente del Ejército en la Guerra del Golfo.
Ni el enfoque militarista de Trump ni los reclamos de los militares mexicanos para sus futuras acciones pueden ser más claros. Se preparan escenarios para soluciones de fuerza no sólo para la delincuencia y el terrorismo, sino para todo aquello que les parezca una amenaza a la seguridad interior.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA (ANÁLISIS)
LINK: http://www.proceso.com.mx/465690/pena-trump-coincidencias-militaristas
El presidente electo de Estados Unidos se ha propuesto gobernar con una visión militarista, al tiempo que el presidente de México pretende ceder a las presiones del Ejército y la Marina para que intervengan ya no sólo en tareas de seguridad pública, sino de “preservación de las instituciones y el estado de derecho”, lo que definen como orden interno.
Peña está a punto de concretar el control de los puertos del país a la Marina. Sólo es cuestión de trámite en la Cámara de Diputados. El poder civil, en este caso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cedió el control que tuvo por décadas a través de la Marina Mercante.
Ahora serán los marinos quienes den los permisos para la prestación de servicios de transporte marítimo, de pasajeros y turismo náutico. Podrán remover a los capitanes de puerto y tomar el control físico de todos los puertos del país, entre otras facultades.
Lo que sigue es que el Congreso ceda a las presiones de las Fuerzas Armadas para que apruebe la Ley de Seguridad Interior, que no es otra cosa que la posibilidad de que los militares tomen el control del orden civil en donde el presidente de la República les pida su intervención, sólo a ellas o en coordinación con otras instituciones, en casos de amenazas al orden interior.
Según el proyecto de ley que promueven los legisladores del PRI, el orden interno se refiere a la condición para que el Estado mexicano salvaguarde “la continuidad de sus instituciones” y “el desarrollo nacional” mediante el mantenimiento del estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional en beneficio de la población”.
Bajo las actuales condiciones, territorios de Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México y muchos otros en todo el país donde la delincuencia organizada tiene control de territorio, autoridades y parte de la población, los militares podrían tener una intervención restaurativa.
Por supuesto, con escenarios de conflicto abierto, para los que dicen estar preparados, y no más en funciones de policías, como el secretario de la Defensa Nacional, general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, se ha cansado de repetir.
Los enfoques militares para los problemas de inseguridad son también con los que Trump está conformando su equipo de gobierno.
Son ya tres generales retirados del Ejército los que han sido propuestos para ocupar los cargos más importantes en el gabinete de seguridad del próximo gobierno estadunidense.
Su elección más reciente, el pasado miércoles, fue la del general John F. Kelly, como encargado de Seguridad Interior, la dependencia que da cumplimiento a la ley en aduanas y migración. Kelly se retiró como comandante del Comando Sur de Estados Unidos, cuya jurisdicción incluye a México.
Antes propuso al general James Mattis como próximo secretario de la Defensa, un general de la Marina apodado “Perro loco”, conocido por sus posiciones antiinmigrantes.
Es el mismo caso del general del Ejército retirado Michael T. Flynn, propuesto para ser el asesor en seguridad nacional de la Casa Blanca, quien propone acciones armadas en Irán.
Para dirigir la CIA, Trump nominó al republicano Mike Pompeo, graduado militar de West Point y combatiente del Ejército en la Guerra del Golfo.
Ni el enfoque militarista de Trump ni los reclamos de los militares mexicanos para sus futuras acciones pueden ser más claros. Se preparan escenarios para soluciones de fuerza no sólo para la delincuencia y el terrorismo, sino para todo aquello que les parezca una amenaza a la seguridad interior.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA (ANÁLISIS)
LINK: http://www.proceso.com.mx/465690/pena-trump-coincidencias-militaristas
Nueva “operación gatopardo”
CIUDAD DE MÉXICO: La iniciativa de reforma al artículo decimosexto transitorio de la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014, enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado, podría parafrasearse de la siguiente manera: Si queremos que el primer titular de la Fiscalía General de la Nación garantice la impunidad del presidente y su equipo cercano, necesitamos que lo designe el Senado de la República.
Cuando el Congreso de la Unión aprobó las reformas constitucionales ya señaladas se cuidó de preservarle todas sus prerrogativas al actual presidente y, para ello, estableció la entrada en vigor de varias de las nuevas disposiciones hasta el próximo sexenio. Así lo hizo con la ratificación del secretario de Hacienda por la Cámara de Diputados, y del de Relaciones Exteriores por el Senado.
Y también lo determinó así para los planes y estrategias que a partir del próximo periodo presidencial tendrán que ser aprobados por el Congreso, como el de Seguridad Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo. Tampoco abrió la puerta para un gobierno de coalición y los compromisos que ello implicaría, pues estableció la entrada en vigor hasta el 1 de diciembre de 2018.
Y, desde luego, no dejó fuera de esta lógica a la Fiscalía General de la Nación, cuyo inicio de operaciones es incierto, pues se halla condicionado a la aprobación de las leyes secundarias y a que el propio Congreso haga la declaratoria expresa de la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la misma. Tampoco fijó un plazo determinado, con lo cual, aunque no lo hizo explícito, buscó que fuera totalmente la voluntad presidencial la que decidiese cuándo será el mejor momento para dejarla formalmente fuera de su control.
Pero en este caso no sólo era importante el momento, sino también asegurarse de que el primer fiscal fuera alguien leal al actual presidente. Así, el Congreso estableció en el transitorio citado que el procurador en funciones, en automático, sería el primer fiscal sin tenerse que someter al abigarrado procedimiento previsto en el artículo 102 constitucional. Esto resultaba fundamental porque el fiscal tiene la facultad de nombrar al titular de las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y combate a la corrupción, ambas muy relevantes, pero la segunda vital para asegurar la impunidad de los actuales funcionarios públicos federales.
Aunque nunca se ha hecho explícito, es evidente que Peña Nieto buscaba el momento justo para alargar tanto como fuese posible la permanencia de la PGR, y al mismo tiempo que le permitiese asegurar que el primer fiscal sería alguien de su confianza. Raúl Cervantes, el actual procurador, abiertamente ha declarado que su intención es impulsar el proceso de creación de la fiscalía y, en los términos del todavía vigente transitorio, convertirse en el primer fiscal; cumplía con creces las características que busca el presidente: alguien con conocimiento de la materia penal, abogado de sus confianzas desde el proceso electoral en el que resultó electo, y por si esto fuera poco, primo de su consejero jurídico.
Sin embargo, la cercanía era tan evidente que generó protestas de los más diversos sectores: organizaciones de la sociedad civil, académicos y hasta de algunos senadores que aprobaron su ratificación aunque ante la presión social se deslindaban de haberlo designado como fiscal.
Esto fue lo que motivó al presidente a enviar una iniciativa de reforma que le permita asegurarse de que el primer fiscal será alguien de su confianza, y deja en las manos del mismo Raúl Cervantes la responsabilidad de lograr los votos que requiere para ser él mismo el primer fiscal.
El procedimiento previsto en el artículo 102 indica que el Senado integrará “una lista de al menos 10 candidatos al cargo, aprobados por las dos terceras partes de los miembros presentes” y que se enviará al Ejecutivo Federal para que, en un máximo de 10 días, seleccione una terna de la cual el Senado tiene que designar al fiscal, también por mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros presentes, en un plazo máximo de 10 días.
Dada la composición de los grupos parlamentarios es un hecho que el PRI logrará colocar en la lista inicial de 10 candidatos al menos tres nombres y, al abrir la posibilidad de que el procurador en funciones pueda ser considerado para participar en el proceso, prácticamente le asegura que él será uno de ellos.
Una vez en la lista del Senado, el presidente seguramente lo incluirá en la lista de tres, y en ese momento, aunque formalmente todo queda en manos del Senado, en realidad el presidente en turno ya aseguró que será alguien de su entera confianza, y ya depende totalmente de la habilidad de Cervantes convencer a sus compañeros de legislatura (pues no hay que olvidar que es hoy senador con licencia) de que lo seleccionen a él.
Así, Peña Nieto asegura la impunidad para él y su gabinete, pues el fiscal durará en su encargo nueve años, periodo en el cual prescribiría la posibilidad de iniciar acción penal en la mayoría de los posibles delitos, y deja totalmente en manos de Cervantes su designación. La propuesta de reforma le permite lograr su objetivo y mostrar que es sensible a los reclamos ciudadanos.
Para evitar el blindaje de Peña Nieto (candados de impunidad que tanto se cuestionaron a los gobernadores salientes haces apenas unos meses) no basta con reformar el artículo decimosexto transitorio, que efectivamente es el más burdo de todos; hay que revisar el procedimiento referido en el artículo 102 constitucional, pues tal como está en estos momentos asegura la captura de la fiscalía por el presidente en turno al momento del procedimiento, es decir, de Peña Nieto.
Para efectos prácticos la reforma al transitorio no altera nada; con o sin reforma al transitorio el presidente y su equipo cercano estarán blindados, aunque probablemente tengan que cambiar de cancerbero.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465721/nueva-operacion-gatopardo
Cuando el Congreso de la Unión aprobó las reformas constitucionales ya señaladas se cuidó de preservarle todas sus prerrogativas al actual presidente y, para ello, estableció la entrada en vigor de varias de las nuevas disposiciones hasta el próximo sexenio. Así lo hizo con la ratificación del secretario de Hacienda por la Cámara de Diputados, y del de Relaciones Exteriores por el Senado.
Y también lo determinó así para los planes y estrategias que a partir del próximo periodo presidencial tendrán que ser aprobados por el Congreso, como el de Seguridad Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo. Tampoco abrió la puerta para un gobierno de coalición y los compromisos que ello implicaría, pues estableció la entrada en vigor hasta el 1 de diciembre de 2018.
Y, desde luego, no dejó fuera de esta lógica a la Fiscalía General de la Nación, cuyo inicio de operaciones es incierto, pues se halla condicionado a la aprobación de las leyes secundarias y a que el propio Congreso haga la declaratoria expresa de la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la misma. Tampoco fijó un plazo determinado, con lo cual, aunque no lo hizo explícito, buscó que fuera totalmente la voluntad presidencial la que decidiese cuándo será el mejor momento para dejarla formalmente fuera de su control.
Pero en este caso no sólo era importante el momento, sino también asegurarse de que el primer fiscal fuera alguien leal al actual presidente. Así, el Congreso estableció en el transitorio citado que el procurador en funciones, en automático, sería el primer fiscal sin tenerse que someter al abigarrado procedimiento previsto en el artículo 102 constitucional. Esto resultaba fundamental porque el fiscal tiene la facultad de nombrar al titular de las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y combate a la corrupción, ambas muy relevantes, pero la segunda vital para asegurar la impunidad de los actuales funcionarios públicos federales.
Aunque nunca se ha hecho explícito, es evidente que Peña Nieto buscaba el momento justo para alargar tanto como fuese posible la permanencia de la PGR, y al mismo tiempo que le permitiese asegurar que el primer fiscal sería alguien de su confianza. Raúl Cervantes, el actual procurador, abiertamente ha declarado que su intención es impulsar el proceso de creación de la fiscalía y, en los términos del todavía vigente transitorio, convertirse en el primer fiscal; cumplía con creces las características que busca el presidente: alguien con conocimiento de la materia penal, abogado de sus confianzas desde el proceso electoral en el que resultó electo, y por si esto fuera poco, primo de su consejero jurídico.
Sin embargo, la cercanía era tan evidente que generó protestas de los más diversos sectores: organizaciones de la sociedad civil, académicos y hasta de algunos senadores que aprobaron su ratificación aunque ante la presión social se deslindaban de haberlo designado como fiscal.
Esto fue lo que motivó al presidente a enviar una iniciativa de reforma que le permita asegurarse de que el primer fiscal será alguien de su confianza, y deja en las manos del mismo Raúl Cervantes la responsabilidad de lograr los votos que requiere para ser él mismo el primer fiscal.
El procedimiento previsto en el artículo 102 indica que el Senado integrará “una lista de al menos 10 candidatos al cargo, aprobados por las dos terceras partes de los miembros presentes” y que se enviará al Ejecutivo Federal para que, en un máximo de 10 días, seleccione una terna de la cual el Senado tiene que designar al fiscal, también por mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros presentes, en un plazo máximo de 10 días.
Dada la composición de los grupos parlamentarios es un hecho que el PRI logrará colocar en la lista inicial de 10 candidatos al menos tres nombres y, al abrir la posibilidad de que el procurador en funciones pueda ser considerado para participar en el proceso, prácticamente le asegura que él será uno de ellos.
Una vez en la lista del Senado, el presidente seguramente lo incluirá en la lista de tres, y en ese momento, aunque formalmente todo queda en manos del Senado, en realidad el presidente en turno ya aseguró que será alguien de su entera confianza, y ya depende totalmente de la habilidad de Cervantes convencer a sus compañeros de legislatura (pues no hay que olvidar que es hoy senador con licencia) de que lo seleccionen a él.
Así, Peña Nieto asegura la impunidad para él y su gabinete, pues el fiscal durará en su encargo nueve años, periodo en el cual prescribiría la posibilidad de iniciar acción penal en la mayoría de los posibles delitos, y deja totalmente en manos de Cervantes su designación. La propuesta de reforma le permite lograr su objetivo y mostrar que es sensible a los reclamos ciudadanos.
Para evitar el blindaje de Peña Nieto (candados de impunidad que tanto se cuestionaron a los gobernadores salientes haces apenas unos meses) no basta con reformar el artículo decimosexto transitorio, que efectivamente es el más burdo de todos; hay que revisar el procedimiento referido en el artículo 102 constitucional, pues tal como está en estos momentos asegura la captura de la fiscalía por el presidente en turno al momento del procedimiento, es decir, de Peña Nieto.
Para efectos prácticos la reforma al transitorio no altera nada; con o sin reforma al transitorio el presidente y su equipo cercano estarán blindados, aunque probablemente tengan que cambiar de cancerbero.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465721/nueva-operacion-gatopardo
Peso se aprecia y se vende en 20.44 por dólar en bancos
La moneda local, que perfilaba un alza semanal, se negociaba en 20.44 por dólar, con una baja del 0.12 por ciento, ó 2.35 centavos, frente a los 20.3415 pesos del precio de referencia del jueves.
El peso mexicano se depreciaba levemente el viernes previo al feriado local del lunes y con el mercado expectante a las decisiones de política monetaria que darán a conocer la próxima semana los bancos centrales de Estados Unidos y México.
La moneda local, que perfilaba un alza semanal, se negociaba en 20.44 por dólar, con una baja del 0.12 por ciento, ó 2.35 centavos, frente a los 20.3415 pesos del precio de referencia del jueves.
Este viernes, el dólar estadounidense se ofrece en 20.30 pesos en promedio y se adquiere en 19.62 pesos, en las casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México (AICM).
La moneda extranjera alcanza un precio máximo a la venta de 20.50 pesos y un mínimo a la compra de 19.50 pesos, en los mismos centros cambiarios.
El euro, por su parte, se ofrece hasta en 22.40 pesos y se adquiere en una mínima cotización de 21.10 pesos, en la terminal aérea capitalina.
De acuerdo con analistas, el peso inicia la sesión con una depreciación de 0.32% o 6.4 centavos, cotizando alrededor de 20.38 pesos por dólar.
En las primeras horas del día, el tipo de cambio alcanzó un máximo de 20.4958 pesos por dólar de forma momentánea, con el peso perdiendo a la par de los principales cruces del dólar.
Durante la sesión de hoy se espera una menor liquidez para la paridad peso-dólar debido a que los mercados financieros de México permanecerán cerrados este lunes 12 de diciembre.
Asimismo, no se espera la publicación de indicadores económicos relevantes, destacándose solamente el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para Estados Unidos, dato preliminar para diciembre.
Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) comenzó su última sesión de la semana con una pérdida de 0.28 por ciento, al margen de los mercados en Estados Unidos.
En los primeros minutos el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubica en 46 mil 225.64 unidades, lo que representa una baja de 127.46 puntos respecto a su cierre previo.
Mientras que en Estados Unidos, el promedio industrial Dow Jones gana 0.12 por ciento, el Nasdaq sube 0.49 por ciento y el Standard and Poor’s 500 registra un incremento de 0.21 por ciento.
En la plaza bursátil mexicana se opera un volumen de 5.9 millones de títulos por un importe de 180.7 millones de pesos, donde 21 emisoras ganan, 39 bajan y seis permanecen sin cambios.
De acuerdo con Grupo Financiero Monex, los mercados a nivel mundial presentan movimientos positivos, en donde Estados Unidos continúan su racha ganadora en búsqueda de nuevos máximos y a la espera de que se publiquen cifras de la Confianza de la Universidad de Míchigan e Inventarios al Mayoreo.
A su vez, Banco Base expuso que para la sesión se espera que el peso cotice entre 20.30 y 20.50 pesos por dólar.
“Durante la sesión de hoy se espera una menor liquidez para la paridad peso-dólar debido a que los mercados financieros de México permanecerán cerrados este lunes 12 de diciembre”, precisó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0912/mexico/peso-se-aprecia-y-se-vende-en-20-44-por-dolar-en-bancos/
El peso mexicano se depreciaba levemente el viernes previo al feriado local del lunes y con el mercado expectante a las decisiones de política monetaria que darán a conocer la próxima semana los bancos centrales de Estados Unidos y México.
La moneda local, que perfilaba un alza semanal, se negociaba en 20.44 por dólar, con una baja del 0.12 por ciento, ó 2.35 centavos, frente a los 20.3415 pesos del precio de referencia del jueves.
Este viernes, el dólar estadounidense se ofrece en 20.30 pesos en promedio y se adquiere en 19.62 pesos, en las casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México (AICM).
La moneda extranjera alcanza un precio máximo a la venta de 20.50 pesos y un mínimo a la compra de 19.50 pesos, en los mismos centros cambiarios.
El euro, por su parte, se ofrece hasta en 22.40 pesos y se adquiere en una mínima cotización de 21.10 pesos, en la terminal aérea capitalina.
De acuerdo con analistas, el peso inicia la sesión con una depreciación de 0.32% o 6.4 centavos, cotizando alrededor de 20.38 pesos por dólar.
En las primeras horas del día, el tipo de cambio alcanzó un máximo de 20.4958 pesos por dólar de forma momentánea, con el peso perdiendo a la par de los principales cruces del dólar.
Durante la sesión de hoy se espera una menor liquidez para la paridad peso-dólar debido a que los mercados financieros de México permanecerán cerrados este lunes 12 de diciembre.
Asimismo, no se espera la publicación de indicadores económicos relevantes, destacándose solamente el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para Estados Unidos, dato preliminar para diciembre.
Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) comenzó su última sesión de la semana con una pérdida de 0.28 por ciento, al margen de los mercados en Estados Unidos.
En los primeros minutos el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubica en 46 mil 225.64 unidades, lo que representa una baja de 127.46 puntos respecto a su cierre previo.
Mientras que en Estados Unidos, el promedio industrial Dow Jones gana 0.12 por ciento, el Nasdaq sube 0.49 por ciento y el Standard and Poor’s 500 registra un incremento de 0.21 por ciento.
En la plaza bursátil mexicana se opera un volumen de 5.9 millones de títulos por un importe de 180.7 millones de pesos, donde 21 emisoras ganan, 39 bajan y seis permanecen sin cambios.
De acuerdo con Grupo Financiero Monex, los mercados a nivel mundial presentan movimientos positivos, en donde Estados Unidos continúan su racha ganadora en búsqueda de nuevos máximos y a la espera de que se publiquen cifras de la Confianza de la Universidad de Míchigan e Inventarios al Mayoreo.
A su vez, Banco Base expuso que para la sesión se espera que el peso cotice entre 20.30 y 20.50 pesos por dólar.
“Durante la sesión de hoy se espera una menor liquidez para la paridad peso-dólar debido a que los mercados financieros de México permanecerán cerrados este lunes 12 de diciembre”, precisó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0912/mexico/peso-se-aprecia-y-se-vende-en-20-44-por-dolar-en-bancos/
Adiós a las delegaciones; habrá alcaldías, concejos y cabildos en CDMX
Al alcalde corresponderá la administración pública y al Concejo tocará fungir como un contrapeso al titular de la alcaldía.
La Comisión de Alcaldías de la Asamblea Constituyente aprobó lo que será el nuevo régimen de gobierno a nivel de las demarcaciones territoriales, y su relación con la Jefatura de Gobierno, mediante la creación de la figura de la Alcaldía, los Concejos y el Cabildo de la Ciudad de México.
En un comunicado se informó que tras 15 horas de dictaminación, la presidenta de la Comisión de Alcaldías, Gabriela Cuevas, dijo que lo que se ha buscado en todo momento “es cómo resolvemos de mejor manera los problemas que enfrenta la gente desde los gobiernos de proximidad que serán las alcaldías”. Refirió que fue muy importante el proceso en el que se escuchó no sólo a las diputadas y diputados, sino también a los ciudadanos promoventes, a organizaciones y a los jefes delegacionales.
Con la dictaminación de los artículos 58 a 62, el séptimo y octavo transitorio del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, quedó aprobada la sustitución de los órganos unipersonales de gobierno en las delegaciones, por la figura de Alcaldías que estarán conformadas por una persona titular y un Concejo. Con lo anterior, se busca consolidar un gobierno de proximidad con sus habitantes, sobre la base de un régimen democrático directo, representativo y de participación ciudadana, y de buena administración.
De acuerdo con este modelo, al alcalde corresponderá la administración pública y al Concejo tocará fungir como un contrapeso al titular de la alcaldía.
De igual forma se aprobó que se establecerá un Cabildo de la Ciudad de México el cual estará integrado por el Consejo de Alcaldes, mismo que funcionará como un órgano de carácter vinculante, de planeación, coordinación, consulta, acuerdo y decisión del gobierno de la Ciudad de México y las personas titulares de las alcaldías. En él participará también el titular de la Jefatura de Gobierno.
El Cabildo deberá establecer acuerdos generales sobre los asuntos de administración pública y de las demarcaciones territoriales, así como opinar sobre los proyectos de iniciativas de ley y de cualquier norma que promueva la Jefatura de Gobierno y que tenga impacto en el ámbito específico de las demarcaciones.
También podrá acordar inversiones respecto de obras que realice el Gobierno de la Ciudad, así como políticas, programas y acciones para el desarrollo de infraestructura, servicios y otras actividades de interés para la ciudad. Establecerá la política hídrica de la ciudad y adoptará acuerdos en materia de seguridad ciudadana y prevención del delito.
Se prevén mecanismos de asociatividad entre las alcaldías y los municipios vecinos a efecto de atender necesidades y problemáticas que afectan a comunidades del área metropolitana.
Durante las sesiones de discusión se aprobó que las demarcaciones territoriales recibirán directamente de la Hacienda Pública los recursos financieros del presupuesto de egresos aprobado por el Congreso de la Ciudad de México y deberán establecerse calendarios específicos para que se puedan planear con certeza los programas. También fue aprobado que las alcaldías ejercerán sus recursos con autonomía presupuestal, programática y administrativa, y en esto se incluye los productos financieros generados en el ejercicio. Se establecerá un Fondo Adicional de Financiamiento de las alcaldías en cada ejercicio fiscal, y su distribución se realizará tomando en cuenta los criterios de población, marginación, infraestructura y equipamiento urbano. Y en ningún caso estos recursos podrán ser condicionados.
Además, se aprobó que las alcaldías no podrán contraer deudas ni podrán otorgar concesiones o enajenar el uso o disfrute de los bienes que tienen asignados.
Hubo acuerdo general en el sentido de que los recursos para las alcaldías no podrán estar en función de la capacidad financiera de la Hacienda Pública, como lo señalaba el proyecto de dictamen.
Por otra parte, se aprobó que los titulares de las alcaldías y los concejales deberán presentar un informe público sobre el avance en el cumplimiento de su plataforma electoral registrada.
Además, la Comisión aprobó un artículo transitorio para que el Congreso de la Ciudad de la México, en un plazo que no exceda del primer año de su ejercicio legislativo, expida una ley de coordinación para la seguridad ciudadana en las demarcaciones territoriales, que establezca las modalidades para que las alcaldías convengan con el Jefe de Gobierno la creación y operación de cuerpos de policía (territorial o proximidad) a cargo de la prevención del delito y la seguridad ciudadana en su demarcación.
La Comisión de Alcaldías también aprobó que una vez concluido el proceso electoral correspondiente a las alcaldías en 2018, el Congreso de la Ciudad de México deberá iniciar el proceso de revisión de la división territorial de la capital, de conformidad con los criterios de población, configuración geográfica, identidades culturales de las y los habitantes, reconocimiento a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, factores históricos, infraestructura y equipamiento urbano, número y extensión de colonias, barrios, pueblos o unidades habitacionales, entre otros. El proceso de revisión deberá concluir a más tardar en diciembre de 2019.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0912/mexico/adios-a-las-delegaciones-habra-alcaldias-concejos-y-cabildos-en-cdmx/
La Comisión de Alcaldías de la Asamblea Constituyente aprobó lo que será el nuevo régimen de gobierno a nivel de las demarcaciones territoriales, y su relación con la Jefatura de Gobierno, mediante la creación de la figura de la Alcaldía, los Concejos y el Cabildo de la Ciudad de México.
En un comunicado se informó que tras 15 horas de dictaminación, la presidenta de la Comisión de Alcaldías, Gabriela Cuevas, dijo que lo que se ha buscado en todo momento “es cómo resolvemos de mejor manera los problemas que enfrenta la gente desde los gobiernos de proximidad que serán las alcaldías”. Refirió que fue muy importante el proceso en el que se escuchó no sólo a las diputadas y diputados, sino también a los ciudadanos promoventes, a organizaciones y a los jefes delegacionales.
Con la dictaminación de los artículos 58 a 62, el séptimo y octavo transitorio del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, quedó aprobada la sustitución de los órganos unipersonales de gobierno en las delegaciones, por la figura de Alcaldías que estarán conformadas por una persona titular y un Concejo. Con lo anterior, se busca consolidar un gobierno de proximidad con sus habitantes, sobre la base de un régimen democrático directo, representativo y de participación ciudadana, y de buena administración.
De acuerdo con este modelo, al alcalde corresponderá la administración pública y al Concejo tocará fungir como un contrapeso al titular de la alcaldía.
De igual forma se aprobó que se establecerá un Cabildo de la Ciudad de México el cual estará integrado por el Consejo de Alcaldes, mismo que funcionará como un órgano de carácter vinculante, de planeación, coordinación, consulta, acuerdo y decisión del gobierno de la Ciudad de México y las personas titulares de las alcaldías. En él participará también el titular de la Jefatura de Gobierno.
El Cabildo deberá establecer acuerdos generales sobre los asuntos de administración pública y de las demarcaciones territoriales, así como opinar sobre los proyectos de iniciativas de ley y de cualquier norma que promueva la Jefatura de Gobierno y que tenga impacto en el ámbito específico de las demarcaciones.
También podrá acordar inversiones respecto de obras que realice el Gobierno de la Ciudad, así como políticas, programas y acciones para el desarrollo de infraestructura, servicios y otras actividades de interés para la ciudad. Establecerá la política hídrica de la ciudad y adoptará acuerdos en materia de seguridad ciudadana y prevención del delito.
Se prevén mecanismos de asociatividad entre las alcaldías y los municipios vecinos a efecto de atender necesidades y problemáticas que afectan a comunidades del área metropolitana.
Durante las sesiones de discusión se aprobó que las demarcaciones territoriales recibirán directamente de la Hacienda Pública los recursos financieros del presupuesto de egresos aprobado por el Congreso de la Ciudad de México y deberán establecerse calendarios específicos para que se puedan planear con certeza los programas. También fue aprobado que las alcaldías ejercerán sus recursos con autonomía presupuestal, programática y administrativa, y en esto se incluye los productos financieros generados en el ejercicio. Se establecerá un Fondo Adicional de Financiamiento de las alcaldías en cada ejercicio fiscal, y su distribución se realizará tomando en cuenta los criterios de población, marginación, infraestructura y equipamiento urbano. Y en ningún caso estos recursos podrán ser condicionados.
Además, se aprobó que las alcaldías no podrán contraer deudas ni podrán otorgar concesiones o enajenar el uso o disfrute de los bienes que tienen asignados.
Hubo acuerdo general en el sentido de que los recursos para las alcaldías no podrán estar en función de la capacidad financiera de la Hacienda Pública, como lo señalaba el proyecto de dictamen.
Por otra parte, se aprobó que los titulares de las alcaldías y los concejales deberán presentar un informe público sobre el avance en el cumplimiento de su plataforma electoral registrada.
Además, la Comisión aprobó un artículo transitorio para que el Congreso de la Ciudad de la México, en un plazo que no exceda del primer año de su ejercicio legislativo, expida una ley de coordinación para la seguridad ciudadana en las demarcaciones territoriales, que establezca las modalidades para que las alcaldías convengan con el Jefe de Gobierno la creación y operación de cuerpos de policía (territorial o proximidad) a cargo de la prevención del delito y la seguridad ciudadana en su demarcación.
La Comisión de Alcaldías también aprobó que una vez concluido el proceso electoral correspondiente a las alcaldías en 2018, el Congreso de la Ciudad de México deberá iniciar el proceso de revisión de la división territorial de la capital, de conformidad con los criterios de población, configuración geográfica, identidades culturales de las y los habitantes, reconocimiento a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, factores históricos, infraestructura y equipamiento urbano, número y extensión de colonias, barrios, pueblos o unidades habitacionales, entre otros. El proceso de revisión deberá concluir a más tardar en diciembre de 2019.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0912/mexico/adios-a-las-delegaciones-habra-alcaldias-concejos-y-cabildos-en-cdmx/
Monsanto niega venta de semilla de soya transgénica en Campeche; abogado de mayas pide investigar
La empresa Monsanto negó “categóricamente” haber liberado semillas transgénicas en Campeche, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación prohibiera la siembra. Laura Tamayo Laris, directora corporativa de la empresa en Latinoamérica Norte, aclaró a SinEmbargo las acusaciones de las comunidades mayas sobre que la empresa vendió semillas y se cosechó soya, pese a la decisión del máximo tribunal del país. “Monsanto vende semillas –en este caso de soya genéticamente modificada– en polígonos donde autoriza la Secretaría de Agricultura [Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación]. Tras la restricción interpuesta por la Suprema Corte [de Justicia de la Nación], a raíz de las demandas o de la solicitud de las comunidades indígenas, en este momento es imposible para Monsanto comercializar semilla genéticamente modificada en Campeche”, dijo Tamayo Laris.
Tras el informe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), donde aceptó que se sembró soya transgénica en comunidades mayas de Campeche, a pesar de que hace más de un año la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de suspender dichos cultivos allí y en Yucatán, los afectados informan que presentarán los resultados ante el máximo tribunal e incluso ante la Procuraduría General de la República (PGR).
En entrevista para SinEmbargo, Jorge Fernández Mendiburu, abogado de la causa de los pueblos mayas en contra de la siembra de transgénicos en sus tierras, señaló que buscarán el deslinde de responsabilidades y –si es el caso– las sanciones correspondientes tanto para autoridades, como para la cadena de trabajo implicada para lograr dicha siembra y cosecha.
Asimismo, puntualizó en que el problema va más allá del tema ambiental, –que las comunidades han denunciado reiteradamente–. Fernández enlistó cuatro puntos que –de acuerdo con su percepción– la situación exhibe:
Sobre las más de 300 hectáreas sembradas con soya transgénica en Campeche, insistió: “Estas semillas no las vendió Monsanto” y planteó que “las semillas en nuestro país también pueden venir de los granos, los granos al final del día son semillas, entonces desconocemos de dónde vengan estas semillas, pero nosotros no las vendimos. No sabemos si sea modificada, eso es un tema para la autoridad. Puede ser contrabando, puede ser siembra de grano, no sé, hay muchas maneras de poder hacer eso, desafortunadamente en cualquier parte del mundo. En el caso particular de Monsanto, no se vendió una sola bolsa”.
MONSANTO HABLA DE LOS BENEFICIOS DE LOS TRANSGÉNICOS
Tamayo aseguró que “los OGM son positivos para la sustentabilidad del planeta porque la única manera de darle de comer a tanta gente, sin deforestar y sin utilizar más bosques y selvas, es a través de la tecnología”. Y aclaró que “no sólo con la biotecnología”, sino “puede ser con tecnología en agua o tecnología de híbridos”.
Además, afirmó que la soya transgénica brinda a los agricultores 30 por ciento más de ganancia que la soya convencional, ya que –dijo– utiliza menos pesticida. “La soya genéticamente modificada es mucho más amable con el medio ambiente. Utiliza menos pesticida porque la planta ya dentro de sí misma por la modificación genética trae la defensa en contra de ciertos bichos malignos para la planta. Allí se ahorra dinero”, comentó.
No obstante, Fernández señaló una vez más que la siembra de soya transgénica implica el uso del herbicida glifosato, clasificado el año pasado como probable cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además, en reiteradas ocasiones, las comunidades mayas han acusado que dicha siembra en su territorio atenta contra sus derechos y cultura. Hace algunos meses, Leydy Pech, representante indígena, manifestó:
Finalmente, Monsanto informó que el único estado donde actualmente se distribuyen las semillas genéticamente modificadas en México, es Chiapas.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/09-12-2016/3123868
Tras el informe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), donde aceptó que se sembró soya transgénica en comunidades mayas de Campeche, a pesar de que hace más de un año la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de suspender dichos cultivos allí y en Yucatán, los afectados informan que presentarán los resultados ante el máximo tribunal e incluso ante la Procuraduría General de la República (PGR).
En entrevista para SinEmbargo, Jorge Fernández Mendiburu, abogado de la causa de los pueblos mayas en contra de la siembra de transgénicos en sus tierras, señaló que buscarán el deslinde de responsabilidades y –si es el caso– las sanciones correspondientes tanto para autoridades, como para la cadena de trabajo implicada para lograr dicha siembra y cosecha.
“Exigimos que haya sanciones y que haya deslinde de responsabilidades. Que se investigue también a las autoridades que fueron negligentes al permitir esto”, dijo.
Asimismo, puntualizó en que el problema va más allá del tema ambiental, –que las comunidades han denunciado reiteradamente–. Fernández enlistó cuatro puntos que –de acuerdo con su percepción– la situación exhibe:
El lunes, la Senasica señaló que alrededor de 300 hectáreas fueron sembradas con Organismos Genéticamente Modificados (OGM), pero el abogado y activista aseguró que en realidad se rebasaron las mil hectáreas y acusó directamente a Monsanto de liberar las semillas, por lo que urgió a las autoridades a mantener vigilancia.
- Las comunidades tenían razón, ya que desde hace meses han insistido en que se investigue la siembra ilegal en Campeche.
- Hay responsabilidades desde quien librea la semilla –en este caso Monsanto–, hasta quien la siembra y cosecha.
- Existe negligencia por parte de las autoridades como Sagarpa y Senasica, quienes son responsables de verificar el cumplimiento de la SCJN para que no se siembre la soya genéticamente modificada.
- La consulta está siendo pisoteada por todos lados porque tiene sentido si el acto o la medida que va a ser consultada no se está implementando, de lo contrario, la consulta se convierte en una farsa.
“Debe haber vigilancia y sanción a Monsanto porque Monsanto es quien libera la semilla y eso no se dice muchas veces, pero es Monsanto es quien libera la semilla, la semilla no se puede sembrar si la empresa no la libera”, dijo el miembro de Indignación Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.Ante ello, la empresa negó “categóricamente” haber liberado semillas transgénicas en Campeche. Laura Tamayo Laris, directora corporativa de la empresa en Latinoamérica Norte, dijo a este medio:
“Monsanto vende semillas –en este caso de soya genéticamente modificada– en polígonos donde autoriza la Secretaría de Agricultura. Tras la restricción interpuesta por la Suprema Corte, a raíz de las demandas o de la solicitud de las comunidades indígenas, en este momento es imposible para Monsanto comercializar semilla genéticamente modificada en Campeche. Precisamente por una orden evidentemente legal y nosotros siendo una empresa que obviamente acatamos las instrucciones legales de cualquier país al 100 por ciento, no hemos vendido ni una bolsa de soya genéticamente modificada en el estado de Campeche”.
Sobre las más de 300 hectáreas sembradas con soya transgénica en Campeche, insistió: “Estas semillas no las vendió Monsanto” y planteó que “las semillas en nuestro país también pueden venir de los granos, los granos al final del día son semillas, entonces desconocemos de dónde vengan estas semillas, pero nosotros no las vendimos. No sabemos si sea modificada, eso es un tema para la autoridad. Puede ser contrabando, puede ser siembra de grano, no sé, hay muchas maneras de poder hacer eso, desafortunadamente en cualquier parte del mundo. En el caso particular de Monsanto, no se vendió una sola bolsa”.
MONSANTO HABLA DE LOS BENEFICIOS DE LOS TRANSGÉNICOS
Tamayo aseguró que “los OGM son positivos para la sustentabilidad del planeta porque la única manera de darle de comer a tanta gente, sin deforestar y sin utilizar más bosques y selvas, es a través de la tecnología”. Y aclaró que “no sólo con la biotecnología”, sino “puede ser con tecnología en agua o tecnología de híbridos”.
Además, afirmó que la soya transgénica brinda a los agricultores 30 por ciento más de ganancia que la soya convencional, ya que –dijo– utiliza menos pesticida. “La soya genéticamente modificada es mucho más amable con el medio ambiente. Utiliza menos pesticida porque la planta ya dentro de sí misma por la modificación genética trae la defensa en contra de ciertos bichos malignos para la planta. Allí se ahorra dinero”, comentó.
No obstante, Fernández señaló una vez más que la siembra de soya transgénica implica el uso del herbicida glifosato, clasificado el año pasado como probable cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además, en reiteradas ocasiones, las comunidades mayas han acusado que dicha siembra en su territorio atenta contra sus derechos y cultura. Hace algunos meses, Leydy Pech, representante indígena, manifestó:
“Hemos visto que con la siembra de esta soya se han perdido plantas medicinales, árboles vitales para las abejas, animales e incluso se han destruido sitios arqueológicos. Al perderse esto se lastima la identidad maya y se nos priva de la posibilidad de transmitir ese conocimiento a nuestros hijos. Recordemos que los mayas poseemos un conocimiento tradicional que permite conservar la selva y generar bienestar para nuestra comunidades”.
Finalmente, Monsanto informó que el único estado donde actualmente se distribuyen las semillas genéticamente modificadas en México, es Chiapas.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/09-12-2016/3123868
Una masa polar causará clima muy frío en la mayor parte del país: SMN
Ciudad de México. La masa polar asociada al frente frío número 13, que se ubica desde el oriente del Golfo de México hasta el sur de Veracruz, cubrirá gran parte de México manteniendo el ambiente muy frío en gran parte del territorio nacional
El Servicio Meteorológico Nacional prevé la presencia de evento de norte con rachas que pueden superar los 100 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como oleaje de cinco metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz.
Indicó que se presentarán temperaturas menores a menos cinco grados centígrados en zonas montañosas de Chihuahua, Durango y Zacatecas; y de menos cinco a cero grados centígrados en partes altas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y Estado de México
Así como temperaturas de cero a cinco grados centígrados en zonas montañosas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Jalisco, Michoacán y Oaxaca.
Se presentará evento de norte con rachas superiores a 100 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México, Istmo y golfo de Tehuantepec.
El pronóstico regional indicó que en la Península de Baja California se presentará cielo despejado, ambiente muy frío en Baja California y cálido en Baja California Sur, con viento de norte y noroeste de 15 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora.
En el Pacífico Norte dominará cielo despejado, ambiente templado en Sonora y cálido en Sinaloa, con viento de norte y noroeste de 15 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora.
Para el Pacífico Centro se espera cielo medio nublado, lluvias escasas en Jalisco y Michoacán, ambiente caluroso y viento del noroeste de 15 a 25 kilómetros por hora.
El Pacífico Sur presentará cielo nublado, probabilidad de tormentas puntuales torrenciales de 80 por ciento en Chiapas, intensas en Oaxaca y lluvias escasas en Guerrero, ambiente caluroso en Guerrero y evento de norte con rachas que pueden superar los 100 kilómetros por hora.
En el Golfo de México se presentará cielo nublado, probabilidad de tormentas puntuales torrenciales de 80 por ciento en Tabasco, intensas en Veracruz y tormentas puntuales fuertes en Tamaulipas; bancos de niebla y evento de norte con rachas superiores a 100 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz.
Para la Península de Yucatán se espera cielo nublado, probabilidad de tormentas puntuales muy fuertes de 80 por ciento en Campeche y Yucatán, y lluvias fuertes en Quintana Roo; ambiente caluroso y viento del noreste de 15 a 25 kilómetros por hora.
La Mesa del Norte tendrá cielo medio nublado, probabilidad de tormentas puntuales fuertes de 80 por ciento en San Luis Potosí, y lluvias escasas en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes, ambiente muy frío y viento del norte de 15 a 25 kilómetros por hora con rachas de 50 kilómetros por hora.
En la Mesa Central habrá cielo nublado, probabilidad de tormentas puntuales intensas de 80 por ciento en Puebla, tormentas fuertes en Hidalgo, lluvias con intervalos de chubascos en Tlaxcala, y lluvias escasas en Guanajuato y Morelos, bancos de niebla, ambiente frío y viento de componente norte de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 50 kilómetros por hora.
Reportaron una temperatura máxima de 37.5 grados centígrados en Arriaga, Chiapas; y la mínima se reportó de menos 12 grados centígrados en Navíos, Durango.
Prevén tormentas intensas con tormenta puntuales torrenciales en Chiapas y Tabasco; Intervalos de chubascos muy fuertes con tormentas puntuales intensas en Veracruz y Oaxaca; e intervalos de chubascos fuertes con tormentas puntuales muy fuertes en Puebla, Campeche y Yucatán.
Así como intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Quintana Roo; lluvias con intervalos de chubascos en Querétaro y Tlaxcala; y lluvias escasas o lloviznas en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.
Fuente: La Jornada
Autor: Notimex
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/09/una-masa-polar-causara-clima-muy-frio-en-la-mayor-parte-del-pais-smn
Cae avión militar en Sonora, dos muertos
Ciudad de México. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que una aeronave que realizaba vuelos de reconocimiento en el estado de Sonora sufrió un percance y se precipitó a tierra, lo que dejó un saldo de dos tripulantes fallecidos.
La nave accidentada es un avión denominado T-6C, el cual se precipitó a tierra 20 kilómetros al sureste de la población de Opodepe. La Sedena indicó que la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos de esa institución y la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea investigan las causas que originaron el evento.
Fuente: La Jornada
Autor: Redacción
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/09/cae-avion-militar-en-sonora-dos-muertos
A ocho años de ‘Presunto Culpable’, aún falta “ver menos impunidad” y “más justicia”: Negrete
Layda Negrete y Roberto Hernández coinciden en que pese a cambios en las leyes aún falta mucho para combatir la impunidad y la corrupción en el sistema judicial mexicano.
Los productores del documental Presunto Culpable, Layda Negrete y Roberto Hernández, admitieron que aunque el filme ha empujado varios avances en materia judicial en México, aún falta mucho por hacer; “es como una gota en un lago”. Sin embargo, celebraron que la Suprema Corte haya decidido “a favor de la libertad de expresión”.
En entrevista para Aristegui CNN, Negrete recordó que “el caso de Presunto Culpable que llegó a la Corte viene de haber grabado un juicio penal donde había un acusado injustamente de homicidio y que fue sentenciado a 20 años de prisión, el testigo que ahí estaba y que fue el testimonio que en realidad condenó a esta persona injustamente fue el que nos acusó en juicio por daño moral y dijo que no teníamos nosotros permiso de retratarlo y de difundir su imagen, eso sacó a Presunto Culpable de cartelera en su momento en 2011″.
Por su parte, Hernández agregó que “a la tercera semana de exhibición, una juez, Blanca Lobo Domínguez, que de broma decían en redes sociales que tenía nada de blanca y todo de lobo, decide frenar la distribución del documental y decide ordenar que se retire como medida cautelar de las pantallas de cine. Ahí empiezan los litigios en contra de la película, de la noche a la mañana se volvió el documental más visto en la historia de México, sigue manteniendo ese récord, según una encuesta que hizo Parametría 36 por ciento del país vio el documental”.
Recordó que para entonces la película ya se había proyectado en varios festivales y en el Festival de Morelia y el de Los Ángeles se ganó sendos premios al mejor documental, el Emmy como mejor investigación periodística en Estados Unidos y fue primera plana en el Wall Street Journal.
Ambos revelaron que fueron acreedores a más de 20 demandas de tipo civil y administrativo y que han “ganado absolutamente todos los casos, no perdimos ni un solo litigio, ni en ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ni en los foros administrativos, ni en la Suprema Corte”.
La Coordinadora del Proyecto de Calidad de la Justicia de México Evalúa destacó que fue el testigo quien causó el encarcelamiento y condena contra Toño Zúñiga, protagonista del documental, quien se inconformó por el uso de su imagen y finalmente “la Corte decidió la pregunta de si nosotros teníamos derecho a grabar a ese testigo en el contexto de una audiencia penal, es decir si teníamos esa libertad de expresión protegida o si bien el testigo tenía el derecho a la privacidad y resolvió en favor de la libertad de expresión, es decir nosotros teníamos derecho a mostrar este testimonio porque es un asunto de interés público y esta persona… está en el contexto de una audiencia penal que es muy importante y adquiere una proyección pública”.
“Lo que nos está diciendo es que el juicio penal es muy importante, es una actividad pública donde cuando te quitan la libertad todos debemos estar interesados, todos podemos y debemos ver la justicia y que un testigo que participe en ella no puede tener una expectativa de privacidad, es un acto público muy importante y creo que eso es afortunado”, abundó.
Negrete confesó que “han sido 5 años de todos estos litigios y conservar la calma y seguir haciendo la vida como si no pasara nada ha sido difícil”. Resaltó que “quizá lo más grave es no tener policías que sean competentes, policías civiles, no policías militares e investigadores, ministerios públicos y procuradurías que funcionen, eso todavía esta dejado de lado”.
Finalmente manifestó su deseo de “ver menos impunidad” y “más justicia” en el país.
A su vez, Roberto Hernández resaltó que el documental abrió un debate importante “sobre cómo deben ser los juicios, cómo se debe de juzgar a la gente, acompaña una reforma judicial que acaba de cristalizar en 2014 con un código nacional de procedimiento penal, se hicieron a un lado 33 legislaciones estatales un código federal de procedimiento penal y ahora México tiene una sola ley de enjuiciamiento criminal que es el código nacional de procedimiento penal“.
Reconoció que tanto en el gobierno como en el propio Poder Judicial hubo receptividad sobre las críticas que desde el filme se emitieron, “no fue el gobierno refractario a la crítica y desde el gobierno se impulsaron políticas públicas para hacer frente a lo que la película estaba cuestionando”.
No obstante, el abogado y documentalista advirtió que aún falta mucho por hacer. “El índice de estado de derecho que publica el World Justice Projet es una encuesta a 118 países me parece, mil personas por país, su misión es averiguar cómo se vive el Estado de Derecho y la Justicia en la realidad y en el índice en 2016 México salió en la posición 88 en cuanto a justicia penal salimos en la posición 113 de los 118 países (…) solamente le ganamos a Venezuela eso nos habla de que hay mucho por hacer, que el haber cambiado los juicios penales en México y que haya juicios orales pues es como una gota en un lago, fue un cambio enorme, dramático, pero no alcanza todavía, no alcanzamos todavía a verlo reflejado en cómo se vive la justicia en México y cómo funcionan las instituciones”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0912/mexico/a-ocho-anos-de-presunto-culpable-aun-falta-ver-menos-impunidad-y-mas-justicia-negrete-en-cnn/
Los productores del documental Presunto Culpable, Layda Negrete y Roberto Hernández, admitieron que aunque el filme ha empujado varios avances en materia judicial en México, aún falta mucho por hacer; “es como una gota en un lago”. Sin embargo, celebraron que la Suprema Corte haya decidido “a favor de la libertad de expresión”.
En entrevista para Aristegui CNN, Negrete recordó que “el caso de Presunto Culpable que llegó a la Corte viene de haber grabado un juicio penal donde había un acusado injustamente de homicidio y que fue sentenciado a 20 años de prisión, el testigo que ahí estaba y que fue el testimonio que en realidad condenó a esta persona injustamente fue el que nos acusó en juicio por daño moral y dijo que no teníamos nosotros permiso de retratarlo y de difundir su imagen, eso sacó a Presunto Culpable de cartelera en su momento en 2011″.
Por su parte, Hernández agregó que “a la tercera semana de exhibición, una juez, Blanca Lobo Domínguez, que de broma decían en redes sociales que tenía nada de blanca y todo de lobo, decide frenar la distribución del documental y decide ordenar que se retire como medida cautelar de las pantallas de cine. Ahí empiezan los litigios en contra de la película, de la noche a la mañana se volvió el documental más visto en la historia de México, sigue manteniendo ese récord, según una encuesta que hizo Parametría 36 por ciento del país vio el documental”.
Recordó que para entonces la película ya se había proyectado en varios festivales y en el Festival de Morelia y el de Los Ángeles se ganó sendos premios al mejor documental, el Emmy como mejor investigación periodística en Estados Unidos y fue primera plana en el Wall Street Journal.
Ambos revelaron que fueron acreedores a más de 20 demandas de tipo civil y administrativo y que han “ganado absolutamente todos los casos, no perdimos ni un solo litigio, ni en ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ni en los foros administrativos, ni en la Suprema Corte”.
La Coordinadora del Proyecto de Calidad de la Justicia de México Evalúa destacó que fue el testigo quien causó el encarcelamiento y condena contra Toño Zúñiga, protagonista del documental, quien se inconformó por el uso de su imagen y finalmente “la Corte decidió la pregunta de si nosotros teníamos derecho a grabar a ese testigo en el contexto de una audiencia penal, es decir si teníamos esa libertad de expresión protegida o si bien el testigo tenía el derecho a la privacidad y resolvió en favor de la libertad de expresión, es decir nosotros teníamos derecho a mostrar este testimonio porque es un asunto de interés público y esta persona… está en el contexto de una audiencia penal que es muy importante y adquiere una proyección pública”.
“Lo que nos está diciendo es que el juicio penal es muy importante, es una actividad pública donde cuando te quitan la libertad todos debemos estar interesados, todos podemos y debemos ver la justicia y que un testigo que participe en ella no puede tener una expectativa de privacidad, es un acto público muy importante y creo que eso es afortunado”, abundó.
Negrete confesó que “han sido 5 años de todos estos litigios y conservar la calma y seguir haciendo la vida como si no pasara nada ha sido difícil”. Resaltó que “quizá lo más grave es no tener policías que sean competentes, policías civiles, no policías militares e investigadores, ministerios públicos y procuradurías que funcionen, eso todavía esta dejado de lado”.
Finalmente manifestó su deseo de “ver menos impunidad” y “más justicia” en el país.
A su vez, Roberto Hernández resaltó que el documental abrió un debate importante “sobre cómo deben ser los juicios, cómo se debe de juzgar a la gente, acompaña una reforma judicial que acaba de cristalizar en 2014 con un código nacional de procedimiento penal, se hicieron a un lado 33 legislaciones estatales un código federal de procedimiento penal y ahora México tiene una sola ley de enjuiciamiento criminal que es el código nacional de procedimiento penal“.
Reconoció que tanto en el gobierno como en el propio Poder Judicial hubo receptividad sobre las críticas que desde el filme se emitieron, “no fue el gobierno refractario a la crítica y desde el gobierno se impulsaron políticas públicas para hacer frente a lo que la película estaba cuestionando”.
No obstante, el abogado y documentalista advirtió que aún falta mucho por hacer. “El índice de estado de derecho que publica el World Justice Projet es una encuesta a 118 países me parece, mil personas por país, su misión es averiguar cómo se vive el Estado de Derecho y la Justicia en la realidad y en el índice en 2016 México salió en la posición 88 en cuanto a justicia penal salimos en la posición 113 de los 118 países (…) solamente le ganamos a Venezuela eso nos habla de que hay mucho por hacer, que el haber cambiado los juicios penales en México y que haya juicios orales pues es como una gota en un lago, fue un cambio enorme, dramático, pero no alcanza todavía, no alcanzamos todavía a verlo reflejado en cómo se vive la justicia en México y cómo funcionan las instituciones”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0912/mexico/a-ocho-anos-de-presunto-culpable-aun-falta-ver-menos-impunidad-y-mas-justicia-negrete-en-cnn/
Hasta cinco años de cárcel a quien promueva y organice peleas de perros
El presidente de la Comisión de Justicia consideró que se trata de una de las prácticas más deplorables, en las que el humano emplea la violencia hacia otro ser vivo.
El Pleno cameral aprobó el dictamen que adiciona el artículo 419 Bis al Código Penal Federal, para incluir las peleas de perros como delito y sancionar con seis meses a cinco años de prisión y el equivalente de 200 a dos mil días de multa, a quien posea, crie o entrene estos animales con el propósito de hacerlos participar en riñas.
También, a quien organice, promueva, patrocine o venda entradas para asistir a peleas de perros; posea o administre una propiedad donde se realicen; permita que menores de edad las presencien, y los realice con fines de lucro.
Las mismas sanciones se incrementarán hasta en una mitad cuando se trate de servidores públicos y se impondrá un tercio de la pena a espectadores o asistentes a peleas de perros, establece el dictamen que fue avalado con 291 votos a favor y 1 en contra, y enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
En la fundamentación, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), expresó que una de las prácticas más deplorables que puede utilizar un ser humano es la violencia hacia otro ser vivo, que por sus propias características y condiciones se encuentran en desventaja, es decir, indefenso. “Este tipo de patología incluye al maltrato animal”.
Indicó que, en la actualidad, una de las formas más comunes del maltrato animal es la pelea de perros, la cual ha proliferado exponencialmente casi en todo el mundo en las últimas décadas, debido a las fuertes sumas de dinero que se manejan en apuestas y, por ende, el reporte de grandes ganancias para quienes participan en ellas. “Es decir, desde la clandestinidad se ha construido una industria”.
Es primordial, afirmó, tomar cartas en el asunto y hacer lo propio para inhibir esta lamentable práctica y con reformas adecuadas, como los que se contemplan, combatir el crecimiento de un negocio basado en la crueldad hacia los seres vivos.
Ibarra Hinojosa subrayó que lo que se busca con esta propuesta es combatir el maltrato animal, específicamente la pelea de perros. Con estas reformas se sancionarán, entre otras conductas, a quienes organicen u ocasionen que menores asistan a eventos en los que se lleven prácticas tan lamentables. Con esta reforma, detalló, México se une a países como Chile, Estados Unidos y Suiza, que cuentan con una sanción específica para las personas que fomenten esta actividad.
En los posicionamientos, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán (Encuentro Social) señaló que un acto tan cruel y vandálico como la organización de peleas de perros es una conducta antisocial que merece ser perseguida, castigada y reprendida con severidad. Se trata de un fenómeno social de alta complejidad y lesividad que niega todo indicio milenario de domesticación y rompe con una relación muy antigua, explicó.
De acuerdo con un estudio realizado por la organización Personas por un Trato Ético de los Animales, de Latinoamérica, las peleas de perros a menudo están ligadas a otro tipo de delitos, incluyendo las apuestas ilegales, inherentes a este tipo de situaciones, pero también drogas y asesinatos.
Francisco Javier Pinto Torres, diputado de Nueva Alianza, argumentó que conforme a la Declaración Universal de los Derechos del Animal, el desconocimiento y desprecio de las garantías de los animales han conducido al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra ellos mismos.
“Es nuestro deber proteger el planeta y las especies que lo habitan. Es momento de demostrar que verdaderamente somos humanos y nos preocupan esos animales que nos han acompañado desde hace más de 10 mil años”, añadió.
La diputada Verónica Delgadillo García (Movimiento Ciudadano) precisó que en México no existe una legislación que pueda prohibir las peleas de perros. En algunos estados, hay algunas leyes que sólo los sancionan como falta administrativa, y “lo que hoy aprobamos establecerá la penalización y la prohibición de las peleas de perros en el propio Código Penal Federal, y todo lo relacionado con estos espectáculos”.
Este es un tema que tiene un gran respaldo de la sociedad. Un estudio demostró que el 99 por ciento de los mexicanos rechaza y repudia las peleas de perros, y el 85 por ciento pide que se sancione a los organizadores de las peleas de perros, subrayó.
Por Morena, el diputado Alfredo Basurto Román consideró que en la tipificación de este precepto legal, hay incongruencias y existen tecnicismos jurídicos que no han sido abordados, incluso de técnica legislativa que faltó de abordar, para que fuera perfectamente tipificado este delito.
“Le estamos aventando una bronca a los ministerios públicos para que puedan integrar una averiguación o una investigación. Queda al libre arbitrio, tanto del ministerio como del juez, tipificar con exactitud qué es el maltrato animal y qué no. Es decir, cómo determinar con exactitud en qué momento se está, en un momento dado, en una pelea de perros”, agregó.
El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez (PVEM) destacó que esta reforma incorpora como tipo penal la promoción, inducción, asistencia, participación y ayuda para la realización de peleas de perros. Con esto, dijo, se atenderá un serio problema sobre el cual diversas organizaciones civiles en México han venido manifestándose y exigiendo una solución.
Las peleas de perros involucran tortura, maltrato y explotación, por lo cual rompen con los principios de respeto a todas las formas de vida e invalidan el derecho de los animales a tener bienestar. Por ello, resulta indispensable contar con un marco jurídico elemental que garantice su derecho a vivir y a ser respetados, agregó.
Arturo Santana Alfaro, diputado del PRD, puntualizó que hoy se generan sanciones penales tendentes a combatir el maltrato animal, específicamente el relativo con los caninos. “Debemos conocer a los animales, entenderlos para protegerlos y evitar la extinción de muchos de ellos”.
El dictamen, abundó, trata de respetar cualquier forma de vida, fortaleciendo la perspectiva de que los animales son seres vivos, dotados de plena capacidad de sentir y sufrir y, por tanto, se les debe garantizar una vida digna, libre de sufrimiento innecesario.
De Acción Nacional, la diputada Patricia Sánchez Carrillo relató que las peleas son organizadas por personas que al hacerlo no solamente demuestran su total carencia de escrúpulos, sino exhiben una conducta patológica que pudiera derivar en actos criminales en el futuro, al no tener absolutamente nada de sensibilidad. “Nadie, en su sano juicio, puede disfrutar de este tipo de eventos”.
Añadió que en los últimos años la sociedad ha desarrollado una sensibilidad hacia las especies animales. “Estamos conscientes de que muchas de ellas nos aportan alimento y abrigo, esto nos obliga a no incurrir en prácticas que infrinjan dolor innecesario o excesivo, sobre todo con las que de manera natural convivimos”.
El diputado Pablo Elizondo García (PRI) indicó que las peleas de perros son una expresión categórica de la violencia, representan un espectáculo bárbaro e involucran la tortura, el maltrato y la explotación animal, en el cual dos o más caninos se enfrentan a muerte ante muchos espectadores.
Puntualizó que la lucha para erradicar el maltrato animal, es una responsabilidad de todos. “A nosotros nos corresponde legislar para contribuir a que si un país puede juzgarse por la forma en que trata a sus animales, México está del lado incorrecto de la historia”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0912/mexico/peleas-de-perros-se-castigaran-con-hasta-cinco-anos-de-carcel/
El Pleno cameral aprobó el dictamen que adiciona el artículo 419 Bis al Código Penal Federal, para incluir las peleas de perros como delito y sancionar con seis meses a cinco años de prisión y el equivalente de 200 a dos mil días de multa, a quien posea, crie o entrene estos animales con el propósito de hacerlos participar en riñas.
También, a quien organice, promueva, patrocine o venda entradas para asistir a peleas de perros; posea o administre una propiedad donde se realicen; permita que menores de edad las presencien, y los realice con fines de lucro.
Las mismas sanciones se incrementarán hasta en una mitad cuando se trate de servidores públicos y se impondrá un tercio de la pena a espectadores o asistentes a peleas de perros, establece el dictamen que fue avalado con 291 votos a favor y 1 en contra, y enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
En la fundamentación, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), expresó que una de las prácticas más deplorables que puede utilizar un ser humano es la violencia hacia otro ser vivo, que por sus propias características y condiciones se encuentran en desventaja, es decir, indefenso. “Este tipo de patología incluye al maltrato animal”.
Indicó que, en la actualidad, una de las formas más comunes del maltrato animal es la pelea de perros, la cual ha proliferado exponencialmente casi en todo el mundo en las últimas décadas, debido a las fuertes sumas de dinero que se manejan en apuestas y, por ende, el reporte de grandes ganancias para quienes participan en ellas. “Es decir, desde la clandestinidad se ha construido una industria”.
Es primordial, afirmó, tomar cartas en el asunto y hacer lo propio para inhibir esta lamentable práctica y con reformas adecuadas, como los que se contemplan, combatir el crecimiento de un negocio basado en la crueldad hacia los seres vivos.
Ibarra Hinojosa subrayó que lo que se busca con esta propuesta es combatir el maltrato animal, específicamente la pelea de perros. Con estas reformas se sancionarán, entre otras conductas, a quienes organicen u ocasionen que menores asistan a eventos en los que se lleven prácticas tan lamentables. Con esta reforma, detalló, México se une a países como Chile, Estados Unidos y Suiza, que cuentan con una sanción específica para las personas que fomenten esta actividad.
En los posicionamientos, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán (Encuentro Social) señaló que un acto tan cruel y vandálico como la organización de peleas de perros es una conducta antisocial que merece ser perseguida, castigada y reprendida con severidad. Se trata de un fenómeno social de alta complejidad y lesividad que niega todo indicio milenario de domesticación y rompe con una relación muy antigua, explicó.
De acuerdo con un estudio realizado por la organización Personas por un Trato Ético de los Animales, de Latinoamérica, las peleas de perros a menudo están ligadas a otro tipo de delitos, incluyendo las apuestas ilegales, inherentes a este tipo de situaciones, pero también drogas y asesinatos.
Francisco Javier Pinto Torres, diputado de Nueva Alianza, argumentó que conforme a la Declaración Universal de los Derechos del Animal, el desconocimiento y desprecio de las garantías de los animales han conducido al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra ellos mismos.
“Es nuestro deber proteger el planeta y las especies que lo habitan. Es momento de demostrar que verdaderamente somos humanos y nos preocupan esos animales que nos han acompañado desde hace más de 10 mil años”, añadió.
La diputada Verónica Delgadillo García (Movimiento Ciudadano) precisó que en México no existe una legislación que pueda prohibir las peleas de perros. En algunos estados, hay algunas leyes que sólo los sancionan como falta administrativa, y “lo que hoy aprobamos establecerá la penalización y la prohibición de las peleas de perros en el propio Código Penal Federal, y todo lo relacionado con estos espectáculos”.
Este es un tema que tiene un gran respaldo de la sociedad. Un estudio demostró que el 99 por ciento de los mexicanos rechaza y repudia las peleas de perros, y el 85 por ciento pide que se sancione a los organizadores de las peleas de perros, subrayó.
Por Morena, el diputado Alfredo Basurto Román consideró que en la tipificación de este precepto legal, hay incongruencias y existen tecnicismos jurídicos que no han sido abordados, incluso de técnica legislativa que faltó de abordar, para que fuera perfectamente tipificado este delito.
“Le estamos aventando una bronca a los ministerios públicos para que puedan integrar una averiguación o una investigación. Queda al libre arbitrio, tanto del ministerio como del juez, tipificar con exactitud qué es el maltrato animal y qué no. Es decir, cómo determinar con exactitud en qué momento se está, en un momento dado, en una pelea de perros”, agregó.
El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez (PVEM) destacó que esta reforma incorpora como tipo penal la promoción, inducción, asistencia, participación y ayuda para la realización de peleas de perros. Con esto, dijo, se atenderá un serio problema sobre el cual diversas organizaciones civiles en México han venido manifestándose y exigiendo una solución.
Las peleas de perros involucran tortura, maltrato y explotación, por lo cual rompen con los principios de respeto a todas las formas de vida e invalidan el derecho de los animales a tener bienestar. Por ello, resulta indispensable contar con un marco jurídico elemental que garantice su derecho a vivir y a ser respetados, agregó.
Arturo Santana Alfaro, diputado del PRD, puntualizó que hoy se generan sanciones penales tendentes a combatir el maltrato animal, específicamente el relativo con los caninos. “Debemos conocer a los animales, entenderlos para protegerlos y evitar la extinción de muchos de ellos”.
El dictamen, abundó, trata de respetar cualquier forma de vida, fortaleciendo la perspectiva de que los animales son seres vivos, dotados de plena capacidad de sentir y sufrir y, por tanto, se les debe garantizar una vida digna, libre de sufrimiento innecesario.
De Acción Nacional, la diputada Patricia Sánchez Carrillo relató que las peleas son organizadas por personas que al hacerlo no solamente demuestran su total carencia de escrúpulos, sino exhiben una conducta patológica que pudiera derivar en actos criminales en el futuro, al no tener absolutamente nada de sensibilidad. “Nadie, en su sano juicio, puede disfrutar de este tipo de eventos”.
Añadió que en los últimos años la sociedad ha desarrollado una sensibilidad hacia las especies animales. “Estamos conscientes de que muchas de ellas nos aportan alimento y abrigo, esto nos obliga a no incurrir en prácticas que infrinjan dolor innecesario o excesivo, sobre todo con las que de manera natural convivimos”.
El diputado Pablo Elizondo García (PRI) indicó que las peleas de perros son una expresión categórica de la violencia, representan un espectáculo bárbaro e involucran la tortura, el maltrato y la explotación animal, en el cual dos o más caninos se enfrentan a muerte ante muchos espectadores.
Puntualizó que la lucha para erradicar el maltrato animal, es una responsabilidad de todos. “A nosotros nos corresponde legislar para contribuir a que si un país puede juzgarse por la forma en que trata a sus animales, México está del lado incorrecto de la historia”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0912/mexico/peleas-de-perros-se-castigaran-con-hasta-cinco-anos-de-carcel/
Detienen a mujer policía que daba protección a banda de robacoches, en Michoacán
MORELIA, Mich: Vanessa Adriana M., mujer policía en activo, fue detenida por elementos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), acusada de brindar “protección” a una bien organizada banda de robacoches de la entidad.
Junto con la oficial fue capturado un supuesto integrante del grupo delincuencial.
Con relación al asunto la PGJ divulgó: “Resultado de trabajos de investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia del Estado, el jueves anterior fueron detenidas dos personas relacionadas con una banda dedicada al robo de vehículos.
“Entre los capturados hay una mujer, elemento activo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien presuntamente brindaba protección a los integrantes de dicha banda delincuencial, lo que demuestra que en el combate a la delincuencia no hay impunidad”, presumió la dependencia.
La uniformada de la Policía Michoacán, es Vanessa Adriana M., mientras que el otro indiciado es Edgar Noé A y uno de los hechos más recientes en el que se les vincula a los imputados, según la PGJ, ocurrió el 15 de noviembre pasado en esta ciudad de Morelia.
En esa ocasión, Edgar Noé y otros de sus cómplices amagaron con un arma de fuego al propietario de una camioneta Hyundai, Sanata, modelo 2015, sobre la calle Acero de la colonia Industrial, llevándose el vehículo.
Durante el desarrollo de las investigaciones se estableció que Vanessa Adriana, en su carácter de agente policial, brindó protección a este grupo delictivo durante la comisión de éste y otros robos.
Las autoridades ministeriales siguen con las pesquisas porque no se descarta que estas personas estén inmiscuidas en más asuntos de esta naturaleza.
Entrevistado sobre el caso de la mujer policía, el secretario de Seguridad Pública en la entidad, Juan Bernardo Corona Martínez recalcó que no habrá impunidad, con nadie.
“Está detenida, está a disposición de la autoridad competente. Yo di la instrucción a la Unidad de Asuntos Internos para actué de manera inmediata porque nosotros no vamos a permitir situaciones anómalas en la Secretaría”, dijo.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
Denuncian “campañas negras” del gobierno de BC contra la vida privada de periodistas
CIUDAD DE MÉXICO: Periodistas de Baja California denunciaron una vez más la violencia institucional que ejercen en su contra funcionarios del gobierno de Francisco Arturo Vega de Lamadrid.
Asimismo, informaron que iniciarán una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y ante organismos internacionales de defensa y protección de los periodistas, “para salvaguardar el derecho que, por profesión, tenemos a informar y el derecho que a la sociedad le corresponde de ser informada”.
En un pronunciamiento firmado por cien periodistas de diversos medios, destacaron que ante la falta de respuesta a la carta que publicaron el pasado 11 de noviembre, “denunciamos una vez más que utilizando los recursos públicos asignados a la coordinación de comunicación que titula Roberto Karlo López, y al área de Publicidad e Imagen a cargo de Jorge Alberto Cornejo Manzo, se ha intentado a partir de campañas negras atacar la vida privada de las periodistas Adela Navarro Bello del Semanario ZETA y Dora Elena Cortez Juárez, de Agencia Fronteriza de Noticias”.
También se ha presionado a directores de medios, editores y periodistas para cambiar la línea editorial, manipular la información que llega a la sociedad, e incluso censurar contenidos críticos hacia el desempeño en el gobierno del estado, subrayaron.
Por ello, insistieron se realice una investigación oficial en la que participen agentes externos que den seguridad de una labor imparcial, alejada de la simulación, “para lo que proponemos a la comisionada estatal de los Derechos Humanos, Melba Olvera Rodríguez, un grupo de ciudadanos integrado con personas de probada capacidad técnica, intelectual y moral, así como una comisión de periodistas que de antemano contribuyen para la investigación de este caso con la Quinta Visitaduría” de la CNDH.
Señalaron que casi un mes de la petición original al gobernador y otras autoridades del estado, no se emitió una respuesta oficial a los 42 periodistas que le solicitaron la investigación.
En su pronunciamiento destacaron que la procuradora general de Justicia de Baja California, Perla Ibarra Leyva, declaró públicamente que investigaría los hechos, pero no ha informado al respecto.
En tanto, el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, explicó a una comisión de periodistas que él, por su cuenta y atribución, ordenó una investigación y además una indagación a la Contraloría del estado, y que no habían encontrado elementos para suponer o descubrir manejos irregulares de los recursos de comunicación o prácticas antiéticas por parte de los mencionados funcionarios.
Precisaron, asimismo, que tanto Roberto Karlo López como Jorge Cornejo “continúan encabezando y haciendo uso de los recursos del estado de Baja California en las áreas que se supone están bajo investigación por parte de la Procuraduría, y fueron averiguadas por el secretario general y el contralor”.
Los actos de hostigamiento, violencia institucional y presiones, añadieron, continúan hacia periodistas de Baja California. “Incluso algunos de los que firmaron la solicitud del 11 de noviembre de 2016, fueron llamados a cuentas por los directivos de los medios de comunicación, luego que desde Comunicación del gobierno del estado les reclamaron actuar contra los intereses de quienes les pagan publicidad”.
Ante la actitud oficial, más de 60 periodistas se reunieron de nueva cuenta el pasado lunes 5, y otros casos de presiones fueron dados a conocer. Entre ellos el de Antonio Heras, periodista y colaborador de Proceso y La Jornada, quien fue hostigado por la Procuraduría General de Justicia de Baja California, señalándolo de estar bajo investigación, agraviando su vida personal y profesional. Después la misma Procuraduría reculó en su posición invocando una equivocación debido a un homónimo.
“Resulta alarmante que la política de comunicación social del gobierno del estado de Baja California para presionar y hostigar a periodistas con campañas de desprestigio, se adopte en otras dependencias generalizando las prácticas irregulares”.
A 29 días de la solicitud de una investigación imparcial que no se hizo, y sin una respuesta oficial, “manifestamos de nueva cuenta nuestra preocupación ante lo que se perfila como una política de estado, que pondera la violencia institucional y el hostigamiento hacia la prensa en Baja California”, recalcaron los comunicadores.
Añadieron: “En estas condiciones resulta imperante que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid enfrente la delicada situación. Que tome decisiones, ordene investigaciones imparciales y participe a la ciudadanía, para que las acciones llevadas a cabo por el secretario general de Gobierno no queden como investigaciones unilaterales donde juegan el rol de juez y parte”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465726/denuncian-campanas-negras-del-gobierno-bc-contra-la-vida-privada-periodistas
Asimismo, informaron que iniciarán una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y ante organismos internacionales de defensa y protección de los periodistas, “para salvaguardar el derecho que, por profesión, tenemos a informar y el derecho que a la sociedad le corresponde de ser informada”.
En un pronunciamiento firmado por cien periodistas de diversos medios, destacaron que ante la falta de respuesta a la carta que publicaron el pasado 11 de noviembre, “denunciamos una vez más que utilizando los recursos públicos asignados a la coordinación de comunicación que titula Roberto Karlo López, y al área de Publicidad e Imagen a cargo de Jorge Alberto Cornejo Manzo, se ha intentado a partir de campañas negras atacar la vida privada de las periodistas Adela Navarro Bello del Semanario ZETA y Dora Elena Cortez Juárez, de Agencia Fronteriza de Noticias”.
También se ha presionado a directores de medios, editores y periodistas para cambiar la línea editorial, manipular la información que llega a la sociedad, e incluso censurar contenidos críticos hacia el desempeño en el gobierno del estado, subrayaron.
Por ello, insistieron se realice una investigación oficial en la que participen agentes externos que den seguridad de una labor imparcial, alejada de la simulación, “para lo que proponemos a la comisionada estatal de los Derechos Humanos, Melba Olvera Rodríguez, un grupo de ciudadanos integrado con personas de probada capacidad técnica, intelectual y moral, así como una comisión de periodistas que de antemano contribuyen para la investigación de este caso con la Quinta Visitaduría” de la CNDH.
Señalaron que casi un mes de la petición original al gobernador y otras autoridades del estado, no se emitió una respuesta oficial a los 42 periodistas que le solicitaron la investigación.
En su pronunciamiento destacaron que la procuradora general de Justicia de Baja California, Perla Ibarra Leyva, declaró públicamente que investigaría los hechos, pero no ha informado al respecto.
En tanto, el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, explicó a una comisión de periodistas que él, por su cuenta y atribución, ordenó una investigación y además una indagación a la Contraloría del estado, y que no habían encontrado elementos para suponer o descubrir manejos irregulares de los recursos de comunicación o prácticas antiéticas por parte de los mencionados funcionarios.
Precisaron, asimismo, que tanto Roberto Karlo López como Jorge Cornejo “continúan encabezando y haciendo uso de los recursos del estado de Baja California en las áreas que se supone están bajo investigación por parte de la Procuraduría, y fueron averiguadas por el secretario general y el contralor”.
Los actos de hostigamiento, violencia institucional y presiones, añadieron, continúan hacia periodistas de Baja California. “Incluso algunos de los que firmaron la solicitud del 11 de noviembre de 2016, fueron llamados a cuentas por los directivos de los medios de comunicación, luego que desde Comunicación del gobierno del estado les reclamaron actuar contra los intereses de quienes les pagan publicidad”.
Ante la actitud oficial, más de 60 periodistas se reunieron de nueva cuenta el pasado lunes 5, y otros casos de presiones fueron dados a conocer. Entre ellos el de Antonio Heras, periodista y colaborador de Proceso y La Jornada, quien fue hostigado por la Procuraduría General de Justicia de Baja California, señalándolo de estar bajo investigación, agraviando su vida personal y profesional. Después la misma Procuraduría reculó en su posición invocando una equivocación debido a un homónimo.
“Resulta alarmante que la política de comunicación social del gobierno del estado de Baja California para presionar y hostigar a periodistas con campañas de desprestigio, se adopte en otras dependencias generalizando las prácticas irregulares”.
A 29 días de la solicitud de una investigación imparcial que no se hizo, y sin una respuesta oficial, “manifestamos de nueva cuenta nuestra preocupación ante lo que se perfila como una política de estado, que pondera la violencia institucional y el hostigamiento hacia la prensa en Baja California”, recalcaron los comunicadores.
Añadieron: “En estas condiciones resulta imperante que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid enfrente la delicada situación. Que tome decisiones, ordene investigaciones imparciales y participe a la ciudadanía, para que las acciones llevadas a cabo por el secretario general de Gobierno no queden como investigaciones unilaterales donde juegan el rol de juez y parte”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465726/denuncian-campanas-negras-del-gobierno-bc-contra-la-vida-privada-periodistas
Impiden comuneros consulta “amañada” sobre ampliación de proyecto minero en Oaxaca
OAXACA, Oax: La comunidad de Magdalena Ocotlán impidió una consulta “amañada” para la ampliación del proyecto minero impulsado por la empresa Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, al tiempo que ratificó que continuará con la defensa de su territorio como lo han hecho desde 2005.
También responsabilizaron a la empresa minera Cuzcatlán, a la Procuraduría Agraria y a la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca por cualquier confrontación o atropello en su comunidad porque su defensa es pacífica y por las vías legales.
Los inconformes denunciaron que el pasado 29 de noviembre, la empresa minera Cuzcatlán en complicidad con la Procuraduría Agraria, la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca y una Notaría Pública presionaron a las autoridades agrarias y municipales de Magdalena Ocotlán para aceptar la firma de contratos o convenios de exploración mediante la simulación de una consulta, la cual no se consumó debido a la oposición de la comunidad.
En una carta dirigida a organismos de derechos humanos, precisaron que esa acción generó una fuerte confrontación, ya que la empresa minera con la finalidad de lograr la aceptación de dicha consulta, trasladó a trabajadores de la localidad al palacio municipal, lugar donde se realizaría la actividad.
Por su parte el representante legal de la empresa minera, Javier Castañeda Pedraza y el subdelegado de la Procuraduría Agraria presionaban a las autoridades locales para que la ciudadanía firmara la boleta por un “sí”.
Los comuneros explicaron que “la ‘consulta’ estuvo plagada de una serie de irregularidades, además de que fue amañada y tendenciosa por lo que generó una fuerte indignación” en su comunidad, por lo que actualmente existe un clima de enojo y hostilidad”.
Consideran que estos hechos violentan su “derecho a la paz social, a la libre determinación, a la integridad de nuestro territorio, así como el derecho al consentimiento previo libre e informado, derechos reconocidos por el gobierno mexicano”.
Por tal razón, denunciaron que las autoridades federales y estatales, principalmente la Procuraduría Agraria se encuentran en complicidad con la empresa minera, dejando en total desprotección los derechos reconocidos constitucionalmente a la comunidad, cuando esa instancia gubernamental debería velar por los intereses y derechos de las y los ejidatarios, no por los intereses particulares de una compañía minera.
Se quejaron que esta acción forma parte del proceso de ampliación del proyecto minero “San José”, ubicado en el municipio vecino de San José del Progreso, el cual ha generado una fuerte conflictividad social y política, además de contaminar el territorio.
Como ejemplo citaron que durante 2016 se ha incrementado la emisión de polvo, existe contaminación en el arroyo El Coyote por un derrame de la presa de jales, así como un sinnúmero de explosiones que han agrietado sus casas.
Por consiguiente, la comunidad de Magdalena Ocotlán, exigió a las autoridades federales y estatales respeten su decisión porque “la consulta representa para nosotras y nosotros un acto de provocación, ya que desde 2005 hemos definido no aceptar ningún proyecto minero.
“Magdalena Ocotlán no ha pedido ninguna consulta a ningún orden de gobierno, sino más bien el respeto a los acuerdos establecidos por la comunidad donde rechazamos tajantemente cualquier actividad minera”, subrayaron los comuneros.
Finalmente exigieron al gobierno federal, estatal y municipal que cese “el hostigamiento constante que hemos vivido, el cual se incrementó a partir de 2009, fecha en la que sufrimos un desalojo violento por policías federales y estatales, así como 2012, fecha en la que de manera arbitraria y flagrante violación a nuestros derechos, la empresa minera introdujo una manguera de aguas residuales en nuestro territorio”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465728/impiden-comuneros-consulta-amanada-ampliacion-proyecto-minero-en-oaxaca
También responsabilizaron a la empresa minera Cuzcatlán, a la Procuraduría Agraria y a la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca por cualquier confrontación o atropello en su comunidad porque su defensa es pacífica y por las vías legales.
Los inconformes denunciaron que el pasado 29 de noviembre, la empresa minera Cuzcatlán en complicidad con la Procuraduría Agraria, la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca y una Notaría Pública presionaron a las autoridades agrarias y municipales de Magdalena Ocotlán para aceptar la firma de contratos o convenios de exploración mediante la simulación de una consulta, la cual no se consumó debido a la oposición de la comunidad.
En una carta dirigida a organismos de derechos humanos, precisaron que esa acción generó una fuerte confrontación, ya que la empresa minera con la finalidad de lograr la aceptación de dicha consulta, trasladó a trabajadores de la localidad al palacio municipal, lugar donde se realizaría la actividad.
Por su parte el representante legal de la empresa minera, Javier Castañeda Pedraza y el subdelegado de la Procuraduría Agraria presionaban a las autoridades locales para que la ciudadanía firmara la boleta por un “sí”.
Los comuneros explicaron que “la ‘consulta’ estuvo plagada de una serie de irregularidades, además de que fue amañada y tendenciosa por lo que generó una fuerte indignación” en su comunidad, por lo que actualmente existe un clima de enojo y hostilidad”.
Consideran que estos hechos violentan su “derecho a la paz social, a la libre determinación, a la integridad de nuestro territorio, así como el derecho al consentimiento previo libre e informado, derechos reconocidos por el gobierno mexicano”.
Por tal razón, denunciaron que las autoridades federales y estatales, principalmente la Procuraduría Agraria se encuentran en complicidad con la empresa minera, dejando en total desprotección los derechos reconocidos constitucionalmente a la comunidad, cuando esa instancia gubernamental debería velar por los intereses y derechos de las y los ejidatarios, no por los intereses particulares de una compañía minera.
Se quejaron que esta acción forma parte del proceso de ampliación del proyecto minero “San José”, ubicado en el municipio vecino de San José del Progreso, el cual ha generado una fuerte conflictividad social y política, además de contaminar el territorio.
Como ejemplo citaron que durante 2016 se ha incrementado la emisión de polvo, existe contaminación en el arroyo El Coyote por un derrame de la presa de jales, así como un sinnúmero de explosiones que han agrietado sus casas.
Por consiguiente, la comunidad de Magdalena Ocotlán, exigió a las autoridades federales y estatales respeten su decisión porque “la consulta representa para nosotras y nosotros un acto de provocación, ya que desde 2005 hemos definido no aceptar ningún proyecto minero.
“Magdalena Ocotlán no ha pedido ninguna consulta a ningún orden de gobierno, sino más bien el respeto a los acuerdos establecidos por la comunidad donde rechazamos tajantemente cualquier actividad minera”, subrayaron los comuneros.
Finalmente exigieron al gobierno federal, estatal y municipal que cese “el hostigamiento constante que hemos vivido, el cual se incrementó a partir de 2009, fecha en la que sufrimos un desalojo violento por policías federales y estatales, así como 2012, fecha en la que de manera arbitraria y flagrante violación a nuestros derechos, la empresa minera introdujo una manguera de aguas residuales en nuestro territorio”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465728/impiden-comuneros-consulta-amanada-ampliacion-proyecto-minero-en-oaxaca
Aprueban 22 diputados revocación de Cuauhtémoc Blanco
Cuernavaca, Mor. De 30 diputados, 22 aprobaron la revocación de mandato del alcalde Cuauhtémoc Blanco, pero la destitución del cargo del ex futbolista se ejecutará hasta que se resuelva la controversia constitucional 214/2016 y el juicio de amparo indirecto que interpuso Blanco.
Por estas dos suspensiones provisionales tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el juicio de amparo, la presidenta de la mesa directiva Beatriz Vicera Alatriste, después de la votación a favor de la revocación de mando de Cuauhtémoc Blanco, pidió que se ejecute “la presente resolución en su momento procesal oportuno”, además instruyó a la Secretaría de Servicios y Parlamentarios de cumplimiento a lo que se “ha ordenado”, dijo Vicera Alatriste.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: RUBICELA MORELOS CRUZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/09/aprueban-22-diputados-revocacion-de-cuauhtemoc-blanco
Por estas dos suspensiones provisionales tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el juicio de amparo, la presidenta de la mesa directiva Beatriz Vicera Alatriste, después de la votación a favor de la revocación de mando de Cuauhtémoc Blanco, pidió que se ejecute “la presente resolución en su momento procesal oportuno”, además instruyó a la Secretaría de Servicios y Parlamentarios de cumplimiento a lo que se “ha ordenado”, dijo Vicera Alatriste.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: RUBICELA MORELOS CRUZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/09/aprueban-22-diputados-revocacion-de-cuauhtemoc-blanco
Docentes bloquean la carretera libre Zamora-Morelia
Morelia, Mich. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y comuneros de Tiríndaro, municipio de Zacapu, bloquearon la carretera libre Zamora-Morelia, a la altura de esa población purépecha, para exigir la liberación de siete profesores detenidos por obstruir e intentar dañar las vías del tren en la zona portuaria y en Pátzcuaro.
De manera particular, los comuneros exigen la liberación de los maestros Álvaro Villa y Javier Ruíz, quienes son maestros adscritos a la región Zacapu y residentes de la comunidad de Taríndaro.
Por tercer día consecutivo, los maestros disientes tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación en el Estado, y bloquearon las vías del tren en la tenencia de Guacamayas, municipio de Lázaro Cárdenas, en Clatzontzin, municipio de Uruapan, y en Morelia. Hoy la policía no ha intervenido ni ha intentado desalojarlos.
Los maestros rechazan la reforma educativa, piden que se les paguen prestaciones y que se otorguen plazas automáticas a los egresados de las normales de Michoacán.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/09/docentes-bloquean-la-carretera-libre-zamora-morelia
De manera particular, los comuneros exigen la liberación de los maestros Álvaro Villa y Javier Ruíz, quienes son maestros adscritos a la región Zacapu y residentes de la comunidad de Taríndaro.
Por tercer día consecutivo, los maestros disientes tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación en el Estado, y bloquearon las vías del tren en la tenencia de Guacamayas, municipio de Lázaro Cárdenas, en Clatzontzin, municipio de Uruapan, y en Morelia. Hoy la policía no ha intervenido ni ha intentado desalojarlos.
Los maestros rechazan la reforma educativa, piden que se les paguen prestaciones y que se otorguen plazas automáticas a los egresados de las normales de Michoacán.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/09/docentes-bloquean-la-carretera-libre-zamora-morelia
CNDH emite recomendación a “El Bronco” por matanza en Topo Chico
CIUDAD DE MÉXICO: Las condiciones de sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno, inadecuada clasificación e insuficiencia de personal técnico y de seguridad y custodia en el penal Topo Chico derivaron en lo hechos de violencia entre líderes de grupos antagónicos el 11 de febrero y 1 de junio pasados, en que perdieron la vida 52 reos, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Por ello, mediante una recomendación dirigida al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, pidió que se atiendan las deficiencias detectadas durante su investigación y “se desarrolle una estrategia penitenciaria “que favorezca el pleno respeto de los derechos humanos y prevenga su vulneración”.
En un comunicado, el organismo refirió que confirmó que la falta de disciplina e inadecuadas condiciones de habitabilidad del lugar vulneraron los derechos humanos a la vida, a la integridad personal, al trato digno, a la seguridad jurídica y a la reinserción social de los internos.
Las condiciones en las que se encuentra y opera el penal, subrayó, “obstaculizan el acceso a los medios para una reinserción social efectiva e impiden que se privilegie y resguarde el orden y tranquilidad al interior del centro penitenciario”.
Además de las deficiencias señaladas, abundó la CNDH, en Topo Chico existen privilegios, objetos y sustancias prohibidas, condiciones inadecuadas para las hijas e hijos de las internas, ausencia de protocolos para la prevención, manejo y control de riñas, motines y otros hechos violentos que “impiden garantizar la vida e integridad física de los internos, una estancia digna, la gobernabilidad y el acceso a los medios para una reinserción social efectiva”.
Al encargarse de la custodia de los internos, indicó, la autoridad penitenciaria asume la calidad de garante de los derechos humanos de la población en reclusión y está obligada a preservar todos aquellos derechos que la disposición judicial no ha restringido.
“Quienes se encuentran en los penales sujetos a un régimen jurídico particular, tal sometimiento o especial sujeción no justifica detrimento o menoscabo alguno de sus derechos”, señaló el organismo.
Un sistema penitenciario estable, consideró, debe integrar el control y la justicia como parte de la obligación de la autoridad para evitar que el orden colapse, procurando un trato equitativo y respetuoso de los derechos humanos, tendentes a lograr una reinserción social efectiva.
Esas omisiones, negligencias y carencias, siguió, son premisas para la aparición de grupos de poder, que imponen reglas a la vida carcelaria, originando el autogobierno, con lo que la convivencia se torna “intolerable”, genera goce de privilegios, actos de extorsión y corrupción que dan lugar a disturbios en los centros penitenciarios.
El primer motín ocurrió el 11 de febrero, cuando fallecieron 49 internos y 34 más resultaron con lesiones. El segundo ocurrió el 1 de junio en que tres internos perdieron la vida y 21 más resultaron heridos.
En ambos casos, visitadores de la CNDH realizaron recorridos por el penal, entrevistaron a internos, entre ellos los lesionados, así como a empleados y se percataron de la carencia de personal y la persistencia de inadecuadas condiciones de habitabilidad.
Los visitadores también acudieron al Hospital Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León y a la Procuraduría General de Justicia de la entidad, donde entrevistó a internos hospitalizados, revisó expedientes clínicos, la carpeta de investigación y acudió al Servicio Médico Forense.
Tras emitir medidas cautelares para la Secretaría de Seguridad Pública estatal y el Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, para salvaguardar la integridad física de la población interna y de servidores públicos detenidos, el 6 de junio la CNDH inició queja de oficio ejerció su facultad de atracción para continuar con la investigación.
La CNDH confirmó que el personal de custodia no fue suficiente en número y capacidad para garantizar la seguridad entre la población penitenciaria. En el primer motín, el centro contaba con 49 elementos en servicio para una población de tres mil 984 internos (tres mil 504 hombres y 480 mujeres). Para marzo reportó una plantilla de 310 agentes, divididos en tres turnos, y para el segundo motín la población era de tres mil 610 personas (tres mil 185 hombres y 425 mujeres).
En el caso específico de las mujeres, detectó que no cuentan con espacios de reclusión exclusivos para ellas, por lo que no hay control en la convivencia por parte de la autoridad penitenciaria.
Las internas, detalló están en desventaja al ser alojadas en locales improvisados, precarios e inapropiados para ellas y sus hijas e hijos, viven en riesgo permanente de violencia y “en clara violación a una efectiva reinserción social”.
Recomendaciones
En su recomendación, la CNDH solicita al gobernador de Nuevo León implementar un programa integral de estrategias y acciones que permitan, funcional, material y presupuestalmente consolidar un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos en la entidad, que fortalezca las condiciones de operatividad y elimine factores de riesgo como sobrepoblación, hacinamiento y autogobierno.
También le pidió brindar atención tanatológica y psicológica a los familiares de los internos fallecidos en los hechos del 11 de febrero y 1 de julio de este año; que mientras se cuente con un nuevo centro de reclusión, se asignen recursos presupuestales, materiales y humanos para garantizar a los internos de Topo Chico una estancia digna y segura.
Asimismo, que las autoridades penitenciarias recobren el control total y la gobernabilidad en Topo Chico, que se realice la clasificación penitenciaria con base en los criterios establecidos en la normatividad nacional y en instrumentos internacionales, y que se atienda bajo una perspectiva de género a las mujeres presas y a sus hijos, “privilegiando el interés superior de la niñez”, mediante la construcción, ampliación y/o remodelación de un centro exclusivo para ellas.
La CNDH recomendó además dotar a Topo Chico de equipo y tecnología para la detección de sustancias y objetos prohibidos, asignar personal de seguridad y custodia en número suficiente y capacitado en derechos humanos y control de disturbios, riñas, motines y otros hechos violentos al interior del centro.
Rodríguez Calderón deberá instruir a quien corresponda para que en un término no mayor a seis meses, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, se determine la responsabilidad administrativa de las autoridades encargadas del penal.
Finalmente la CNDH pidió al gobernador colaborar ampliamente con el organismo en el inicio de las quejas que promueva ante el Órgano Interno de Control, y la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Nuevo León, para que en el marco de sus atribuciones investiguen la actuación de las autoridades penitenciarias.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465718/cndh-emite-recomendacion-a-bronco-matanza-en-topo-chico
Por ello, mediante una recomendación dirigida al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, pidió que se atiendan las deficiencias detectadas durante su investigación y “se desarrolle una estrategia penitenciaria “que favorezca el pleno respeto de los derechos humanos y prevenga su vulneración”.
En un comunicado, el organismo refirió que confirmó que la falta de disciplina e inadecuadas condiciones de habitabilidad del lugar vulneraron los derechos humanos a la vida, a la integridad personal, al trato digno, a la seguridad jurídica y a la reinserción social de los internos.
Las condiciones en las que se encuentra y opera el penal, subrayó, “obstaculizan el acceso a los medios para una reinserción social efectiva e impiden que se privilegie y resguarde el orden y tranquilidad al interior del centro penitenciario”.
Además de las deficiencias señaladas, abundó la CNDH, en Topo Chico existen privilegios, objetos y sustancias prohibidas, condiciones inadecuadas para las hijas e hijos de las internas, ausencia de protocolos para la prevención, manejo y control de riñas, motines y otros hechos violentos que “impiden garantizar la vida e integridad física de los internos, una estancia digna, la gobernabilidad y el acceso a los medios para una reinserción social efectiva”.
Al encargarse de la custodia de los internos, indicó, la autoridad penitenciaria asume la calidad de garante de los derechos humanos de la población en reclusión y está obligada a preservar todos aquellos derechos que la disposición judicial no ha restringido.
“Quienes se encuentran en los penales sujetos a un régimen jurídico particular, tal sometimiento o especial sujeción no justifica detrimento o menoscabo alguno de sus derechos”, señaló el organismo.
Un sistema penitenciario estable, consideró, debe integrar el control y la justicia como parte de la obligación de la autoridad para evitar que el orden colapse, procurando un trato equitativo y respetuoso de los derechos humanos, tendentes a lograr una reinserción social efectiva.
Esas omisiones, negligencias y carencias, siguió, son premisas para la aparición de grupos de poder, que imponen reglas a la vida carcelaria, originando el autogobierno, con lo que la convivencia se torna “intolerable”, genera goce de privilegios, actos de extorsión y corrupción que dan lugar a disturbios en los centros penitenciarios.
El primer motín ocurrió el 11 de febrero, cuando fallecieron 49 internos y 34 más resultaron con lesiones. El segundo ocurrió el 1 de junio en que tres internos perdieron la vida y 21 más resultaron heridos.
En ambos casos, visitadores de la CNDH realizaron recorridos por el penal, entrevistaron a internos, entre ellos los lesionados, así como a empleados y se percataron de la carencia de personal y la persistencia de inadecuadas condiciones de habitabilidad.
Los visitadores también acudieron al Hospital Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León y a la Procuraduría General de Justicia de la entidad, donde entrevistó a internos hospitalizados, revisó expedientes clínicos, la carpeta de investigación y acudió al Servicio Médico Forense.
Tras emitir medidas cautelares para la Secretaría de Seguridad Pública estatal y el Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, para salvaguardar la integridad física de la población interna y de servidores públicos detenidos, el 6 de junio la CNDH inició queja de oficio ejerció su facultad de atracción para continuar con la investigación.
La CNDH confirmó que el personal de custodia no fue suficiente en número y capacidad para garantizar la seguridad entre la población penitenciaria. En el primer motín, el centro contaba con 49 elementos en servicio para una población de tres mil 984 internos (tres mil 504 hombres y 480 mujeres). Para marzo reportó una plantilla de 310 agentes, divididos en tres turnos, y para el segundo motín la población era de tres mil 610 personas (tres mil 185 hombres y 425 mujeres).
En el caso específico de las mujeres, detectó que no cuentan con espacios de reclusión exclusivos para ellas, por lo que no hay control en la convivencia por parte de la autoridad penitenciaria.
Las internas, detalló están en desventaja al ser alojadas en locales improvisados, precarios e inapropiados para ellas y sus hijas e hijos, viven en riesgo permanente de violencia y “en clara violación a una efectiva reinserción social”.
Recomendaciones
En su recomendación, la CNDH solicita al gobernador de Nuevo León implementar un programa integral de estrategias y acciones que permitan, funcional, material y presupuestalmente consolidar un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos en la entidad, que fortalezca las condiciones de operatividad y elimine factores de riesgo como sobrepoblación, hacinamiento y autogobierno.
También le pidió brindar atención tanatológica y psicológica a los familiares de los internos fallecidos en los hechos del 11 de febrero y 1 de julio de este año; que mientras se cuente con un nuevo centro de reclusión, se asignen recursos presupuestales, materiales y humanos para garantizar a los internos de Topo Chico una estancia digna y segura.
Asimismo, que las autoridades penitenciarias recobren el control total y la gobernabilidad en Topo Chico, que se realice la clasificación penitenciaria con base en los criterios establecidos en la normatividad nacional y en instrumentos internacionales, y que se atienda bajo una perspectiva de género a las mujeres presas y a sus hijos, “privilegiando el interés superior de la niñez”, mediante la construcción, ampliación y/o remodelación de un centro exclusivo para ellas.
La CNDH recomendó además dotar a Topo Chico de equipo y tecnología para la detección de sustancias y objetos prohibidos, asignar personal de seguridad y custodia en número suficiente y capacitado en derechos humanos y control de disturbios, riñas, motines y otros hechos violentos al interior del centro.
Rodríguez Calderón deberá instruir a quien corresponda para que en un término no mayor a seis meses, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, se determine la responsabilidad administrativa de las autoridades encargadas del penal.
Finalmente la CNDH pidió al gobernador colaborar ampliamente con el organismo en el inicio de las quejas que promueva ante el Órgano Interno de Control, y la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Nuevo León, para que en el marco de sus atribuciones investiguen la actuación de las autoridades penitenciarias.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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