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El adolescente Alexander salió por refrescos y la policía de Acatlán lo mató; 5 años después, su familia sigue exigiendo justicia

A 5 años del asesinato de Alexander, joven de 16 años, su mamá exige que las autoridades cumplan con la reparación del daño, como una disculpa pública y una investigación seria sobre el actuar de la policía de Acatlán, Oaxaca.

“¿Ya viste al asesino que mató a tu hijo?”. Virginia Gómez, de 46 años, recuerda con los ojos muy abiertos la escena en la que se encontró de frente con uno de los cinco implicados en el homicidio de su hijo Alexander Martínez Gómez; un joven de apenas 16 años que jugaba en la Tercera División del futbol mexicano, y que tenía serias posibilidades de debutar como profesional. 

Han pasado cinco años de la muerte de su hijo y de que un video suyo se hizo viral en grupos de whatsapp y redes sociales, y su caso escaló a nivel nacional. En ese video, tomado la noche del 9 de junio de 2020, se observa a la mujer en la puerta de un hospital en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, gritando desgarrada por el dolor. Minutos antes, a eso de las 22:30 de esa noche, su hijo adolescente había muerto de un balazo en la cabeza a manos de la policía municipal.

“Mi hijo tenía un sueño, quería ser futbolista profesional. ¡Yo luché con él para superar todos los obstáculos. ¡Y miren lo que le hicieron! ¡Me lo mataron esos malditos!”, gritaba Virginia fuera de sí aquella noche ante la pérdida de ‘Chander’, como lo conocen en la comunidad.

La mujer habla ahora mucho más serena sentada en una silla de plástico en su casa, en un poco habitual día gris y lluvioso en la muy calurosa Acatlán, un municipio de unos 45 mil habitantes que está separado de Tezonapa, Veracruz, por una calle. 

Uno de los implicados en la muerte de Chander está preso y condenado a 35 años de cárcel, en buena medida, y así lo reconoció en una recomendación la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca, por la investigación que ella misma emprendió contra la policía de su localidad. Una investigación, no obstante, y una búsqueda tenaz de la verdad que la ha llevado, además de soportar el tremendo peso de la muerte de su hijo, a vivir con escoltas por las amenazas.

–He sido amedrentada, amenazada e intimidada. Me llegan muchos mensajes por medio de Messenger de Facebook diciéndome ‘ya cállate’, ‘ya lo que pasó, ya se olvidó, no le muevas más’, ‘te estás metiendo con el patrón, ya párale’. Pero nunca me callé. He ido a la Fiscalía una y otra y vez, y todas las veces que han sido necesarias, a denunciar.

Virginia, a quien conocen en Acatlán  más por el nombre de ‘Vicky’, dice a continuación que, a pesar de la detención y sentencia de uno de los policías implicados –supuestamente, el que realizó el disparo fatal–, el caso de Chander continúa sin lograr la “justicia plena”, además de que no se han cumplido las medidas de reparación del daño que en 2021 determinó tras una investigación la Defensoría de Derechos Humanos oaxaqueña, la cual consideró el caso de Chander como “una ejecución arbitraria” de la policía local de Acatlán. De ahí que los otros cuatro elementos implicados en el caso sigan en libertad y trabajando vestidos de uniforme, placa y pistola por las calles de la localidad, donde se encontró de frente con uno de ellos.


–Fui a la graduación de una sobrinita que va al kínder. Nunca pensé que el hijo del policía que asesinó a Chander iba a estar también ahí. 

El hijo del policía condenado es Sergio R. R., también agente de policía municipal de Acatlán, y uno de los cinco implicados en la muerte del adolescente. 

‘Vicky’ asegura que él fue el policía que trató de ‘plantar’ una pistola al cadáver de su hijo, para luego pregonar la versión de que el joven futbolista era un peligroso criminal que se había negado a detenerse en un retén policiaco. De hecho, esa fue la versión oficial: en un escrito enviado por el alcalde de aquel entonces del municipio oaxaqueño, Adán Maciel, a la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca, el edil, que es el jefe de la policía, aseguró que de acuerdo con sus elementos el joven iba armado y se negó a parar en un retén. Además, aseguran que a un policía se le cayó el arma al suelo y por accidente se disparó matando en el acto al adolescente.

Por fortuna, o más bien por “una señora con las faldas bien puestas”, como apunta ‘Vicky’, que testificó que ella vio cómo el policía trató de plantar el arma al joven, la versión oficial quedó desacreditada.

–No tengo estómago para ver a la cara a los policías de Acatlán –murmura ‘Vicky’–. Para mí, siempre serán los desgraciados que le quitaron la vida a Chander.

Por eso dice que el día que se encontró a uno de los implicados de frente en la graduación de su sobrina, donde muchos otros niños y niñas se graduaban para salir del kínder, se tuvo que sentar para procesar sus emociones. 

–Al principio no lo reconocí, porque ahora está más robusto. Él venía de recoger a uno de los niños, y cuando se topó frente a mí se puso rojo como un tomate. Yo todavía en mi mente pensé: ‘pobre muchacho, se ve que no ha caminado mucho entre tantas personas y se ha puesto rojísimo por la pena’. 

Fue entonces, dice la mujer, cuando alguien se le acercó por la espalda y le susurró al oído: 

“¿Has visto al asesino de tu hijo?”. 

Asesinato de Alexander: la versión de la policía de Acatlán y la de la familia

La noche del 9 de junio de 2020, la patrulla de policía municipal con número 023 se encontraba en un ‘filtro de seguridad’ sobre la carretera El Amate-Acatlán de Pérez de Figueroa, a la altura del taller de ‘Los Hinestrozas’. El ‘filtro’, o el retén, se instaló debido a la presencia de grupos delictivos en la región –dos años antes, en abril de 2018, sujetos armados bajo aparentemente la siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación amenazaron en un video al alcalde– y por “las constantes amenazas” a la corporación policiaca, justificó el edil de Acatlán, Adán Maciel, en el escrito que envió a la Defensoría de Derechos Humanos. 

De acuerdo con la versión policiaca, a eso de las 22:30, la patrulla se percató de unas luces que, al parecer, eran de motocicletas que venían a exceso de velocidad en su dirección. 

“Al notar que se trataba de nueve motocicletas, el mando Sergio R. R., indicó al conductor de la unidad, Higino C. M. que encendiera los códigos parlantes de la patrulla, y a los elementos Isaac R. G., Sergio R. R. (padre del mando) y Adolfo D. G., que con sus lámparas de mano les hicieran señas para que bajaran la velocidad, haciendo caso omiso a las indicaciones. Al no detenerse y pasar por donde se encontraba parado el elemento Sergio R. R. (padre del mando) lo tiran, y al caer su escopeta se acciona al impacto con el suelo”, asegura la versión oficial, que señala que de inmediato los policías trataron de brindar los primeros auxilios al joven Alexander, aunque subrayó que el adolescente iba armado.

“El mando corre a brindarle los primeros auxilios y observa que aproximadamente (sic) se encontraba un arma de fuego tipo pistola en el suelo”, continúa el escrito de la versión oficial, que más adelante asegura que, debido a la beligerancia de los vecinos y de la madre que llegó al lugar, los agentes pidieron apoyo a la comandancia y uno de ellos, Sergio R. R., “priorizó tomar el indicio que se encontraba cerca del lesionado –pistola color negra–” para resguardarlo como evidencia en el caso.

Posteriormente, a las 00:05 horas, un policía había sido detenido para esclarecer los hechos ante la fiscalía oaxaqueña, y a las 00:30 horas se presentaron agentes ministeriales en el lugar para iniciar la investigación. 

Sin embargo, esta versión oficial fue desmentida por la investigación de la Defensoría de Derechos Humanos, y también ante la justicia, que condenó a Sergio R. R. a 35 años de prisión, aunque se quedaron fuera de la imputación el resto de elementos que intervinieron. 

A continuación, ‘Vicky’ cuenta una versión muy distinta de los hechos. 

–Ese 9 de junio, mi hijo y unos amigos celebraban el cumpleaños de otro amiguito, y salieron a comprar unos refrescos y unas pizzas para pasar un rato en mi casa. Salieron con sus motos a comprar a una tiendita a menos de un kilómetro de mi casa y, de los nueve, ya solo regresó el hijo de una maestra y otro muchacho que iba con una amiga. 

–Ellos fueron los que me dijeron que los policías municipales les habían cerrado el paso cuando mi hijo y los amigos venían ya de regreso. Me dijeron que la policía no les hizo ningún alto, que nada más les cerraron el paso, que varios policías se bajaron de la batea de la camioneta y que comenzaron a tirarles, y que vieron cómo Chander se había caído de la moto.

Otro adolescente resultó herido al caer también de su moto tratando de huir de los disparos. 

De inmediato, ‘Vicky’ se trasladó al lugar de los hechos, un camino de terracería donde, asegura, nadie podría transitar a gran velocidad por lo irregular del camino. 

–Vi a mi hijo tirado en el suelo junto a su moto, que aún tenía las luces encendidas, pero nunca pensé que estuviera muerto. Pensé que se había dado un golpe en la cabeza por la caída y que estaba inconsciente. 

La mujer recogió a su hijo entre sus brazos. Cuenta que los cinco policías la observaban en silencio. 

–Les gritaba qué le habían hecho a Chander, pero ninguno contestaba. Solo se miraban unos a otros. 

Ante el bullicio, vecinos del lugar se acercaron. Los ánimos comenzaron a caldearse, al tiempo que los policías trataban de sacarlos del lugar. 

Hasta ese momento, ‘Vicky’ asegura que, pese a lo que señaló el informe policial, los agentes no habían pedido una ambulancia, ni le dieron primeros auxilios. Fue una persona de la multitud que conocía a ‘Vicky’ quien llamó a la ambulancia, que llegó 15 o 20 minutos después. 

–Pero uno de los policías se acercó al chofer de la ambulancia y le dijo algo en corto, y éste hizo el amago como para retirarse del lugar. Entonces, mi otro hijo, Alexis, se puso delante de la ambulancia y comenzó a golpear el cofre, y mucha gente se tiró encima de la ambulancia y le obstruyó el paso. Al de la ambulancia ya no le quedó más remedio que sacar una camilla, subir a Alexander, y llevarlo al hospital de la comunidad.

Pero ya era demasiado tarde. 

Chander, el adolescente que soñaba con ser futbolista profesional, estaba muerto.

Violaciones a los derechos de las víctimas en el caso del homicidio de Alexander en Oaxaca

La Defensoría de Derechos Humanos, en su investigación previo a la emisión de la recomendación 1/2021, la cual elaboró a partir de dictámenes oficiales que fueron materia en el juicio del caso, señaló numerosas irregularidades en el actuar de la policía y en su posterior informe de los hechos.

Por ejemplo, la Defensoría establece que “no se acreditó la legalidad ni absoluta necesidad que motivara accionar el uso de armas letales, ya que no se estaba repeliendo una agresión o peligro real, actual o inminente”, por lo que concluyó que “la muerte arbitraria de un menor de edad fue el resultado de un uso ilegal de la fuerza imputable a la Policía municipal de Acatlán de Pérez de Figueroa”. 

El informe de la Defensoría también contradice la versión de la policía de que el arma de uno de los agentes se habría detonado por accidente al caer al suelo, producto de la supuesta embestida de uno de los jóvenes que iban en moto. 

“Según un informe pericial, es poco probable que el tipo de arma del policía Sergio R. R. se accionara en la forma en la cual dicen los policías que se disparó”, señala la Defensoría, que agrega al respecto: “Existe, además, un dictamen de criminalística en el que se documentó la existencia de otros disparos en la escena del crimen”. 

“La actuación omisa y negligente de los primeros intervinientes fue evidenciada por los familiares del adolescente que perdió la vida, su madre, padre y hermano, quienes se dieron a la tarea de investigar”, continúa señalando la Defensoría. 

“Fueron ellos quienes, al acudir a la escena del crimen, se percataron y se fijaron en –fotografía y video– de varios daños en árboles y un vehículo estacionado que en dictámenes posteriores la Fiscalía General corroboró que algunos fueron producidos por disparo de arma de fuego. Incluso, ubicaron y lograron que un perito en criminalística de campo extrajera de un árbol un elemento balístico esférico”.

El informe de Derechos Humanos concluye que los agentes locales, así como el agente de investigación estatal Gerardo P. C., cometieron “violaciones graves” en la preservación de la escena del crimen, y apunta también a la Fiscalía oaxaqueña, al señalar que tampoco investigó las demás armas de fuego de los policías para determinar si habían sido accionadas o no.

En definitiva, remata la Defensoría, los elementos policiacos violaron el derecho de las víctimas a una “investigación seria, imparcial y efectiva” para esclarecer los hechos, a partir de los cuales un joven de 16 años fue muerto de un disparo en la cabeza, al que, además, intentaron criminalizar al ‘plantarle’ una pistola junto a su cuerpo, tratando de crear una narrativa de que se trataba de delincuentes que quisieron evadir un supuesto retén de la autoridad. 

Por todo ello, la Defensoría, desde marzo de 2021, determinó en su informe una serie de medidas de reparación del daño dirigidas tanto al presidente municipal de Acatlán, como a la Fiscalía estatal oaxaqueña. 

Entre esas medidas están, por ejemplo, que se realice por parte de ambas autoridades un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por las violaciones graves cometidas contra Chander y su familia, y que se haga una investigación “seria, imparcial, y efectiva” sobre la actuación policiaca, y sobre “la manipulación y alteración en la preservación y procesamiento de indicios y evidencias (…), incluyendo a la totalidad de los elementos de la Policía Municipal de Acatlán, independientemente de la persona que ya se encuentra sujeta a proceso penal por estos hechos”. 

Sin embargo, a cinco años del caso, y a cuatro de la recomendación que ‘Vicky’ lleva siempre consigo cuando va a pedir a pedir ayuda al consulado estadounidense –su hijo tenía la doble nacionalidad– o cuando acude a la fiscalía estatal, o a tocar la puerta de las autoridades del Gobierno Federal, la mujer denuncia que esas medidas de reparación del daño no se han cumplido, y que los otros cuatro elementos involucrados no han sido investigados y continúan en activo.

Además, tampoco le han querido pagar el dinero que, por ley, corresponde a las víctimas cuando hay un caso de homicidio. 

–Ningún dinero va a reparar la pérdida de mi hijo. Jamás –subraya tajante ‘Vicky’–. Ningún dinero me va a regresar su vida, porque mi hijo no tiene precio. Pero, como me dicen los abogados, es un derecho que tenemos, y aunque no quisiéramos ese dinero, es algo que están obligados a pagar, a cumplir, y tampoco lo han hecho. Se han hecho de la vista gorda. 

Mamá de Alexander dejó su trabajo de secretaria para buscar justicia para su hijo

Como muchas otras víctimas en México que ante la falta de resultados de las autoridades asumen el peso de las investigaciones en sus casos, o las búsquedas de sus seres queridos, ‘Vicky’ tuvo que dejar su trabajo como secretaria en una empresa y se ha convertido en una activista y en una voz autorizada y respetada en Acatlán, donde otras víctimas acuden a ella –mandadas a veces incluso por gente que trabaja en el Ayuntamiento– pidiéndole ayuda, a pesar de que les deja muy en claro que ella solo es una madre en busca de justicia para su hijo. 

–Les dicen: ‘miren, acá no podemos hacer nada, pero vayan con ‘Vicky’. Y pues no sé –se encoge de hombros–, creo que la gente me ve como una especie de ‘heroína’ porque fui una mamá que sí levantó la voz ante la injusticia de la muerte de un niño. Yo levanté la voz en un lugar donde la gente, por miedo, no lo hacía; preferían irse del municipio para que no les hicieran daño, porque inmediatamente empezaban las amenazas diciéndoles ‘si no te callas, te vamos a matar’. 

Su lucha, incluso, no pasó desapercibida para los partidos políticos, pues asegura que llegaron a tocar su puerta para que se presentara como candidata a la alcaldía, propuesta que rechazó. 

–Se los he dicho cuando han venido a buscarme para la ‘poliquería’: ustedes no piensan en mí, no piensan en lo que siento al ver a esos policías. ¿Ustedes creen que me voy a sentar en una silla en la Alcaldía y voy a ver a esos policías que mataron a mi hijo? No, sólo de pensarlo se me revuelven las tripas. 

Cuestionada si, por el desgaste que implica la búsqueda de justicia en México, un país con niveles de impunidad por arriba del 90 %, y por el hecho de que su vida cambió para siempre con cuatro escoltas cuidando cada uno de sus pasos, no ha pensado en irse de Acatlán para empezar de cero en otro lugar, la mujer de inmediato niega con la cabeza. 

–Hay gente que después de lo de Chander se me acerca y me dice: ‘ay, cómo estás, pensamos que ya no vivías aquí’. Y siempre les contesto lo mismo: ‘no, nunca me he ido de aquí, ¿por qué debería irme yo? Ellos, los policías, son quienes mataron a mi hijo. Yo no he hecho nada malo. 

Además, Vicky asegura a colación que está convencida que lo que está haciendo, la búsqueda de esa “justicia plena”, es la mejor forma de honrar la memoria de Chander. 

–Ha quedado claro que fue un crimen de Estado, pues agentes del Estado asesinaron a mi hijo. Por eso fui a la Fiscalía Anticorrupción y puse otra denuncia en contra de los otros cuatro policías y los funcionarios que los protegieron y respaldaron en sus mentiras. 

A continuación, la mujer hace una pausa y reflexiona en silencio. 

–Mi hijo siempre verá a una mamá fuerte, que no se dio por vencida, y que nunca estuvo sometida en un rincón llorando –recalca aseverando con la cabeza–. Por eso, yo voy a seguir luchando hasta que haya justicia.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.

“Estoy en peligro” denuncia periodista zapoteco, tras la detención de los policías que lo resguardan

José Ignacio, de 35 años de edad, vivió la última agresión en enero del 2022, cuando recorría la región de la mixteca oaxaqueña.

Anoche, a través de una transmisión en vivo, el periodista zapoteca Ignacio Santiago, creador de la página de noticias “Pluma digital”  denunció que elementos de la policía estatal detuvieron en Juchitán, Oaxaca a dos de sus guardias proporcionadas por el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras adscrito a la Secretaría de Gobernación, lo cual pone en riesgo su vida.

Señala que la detención fue 5 minutos después de que los guardias lo hubieran dejado en su domicilio tras una larga jornada de trabajo.

“Me llamaron y me dijeron que los auxiliara, porque la policía estatal los había detenido, me trasladé al lugar y supuestamente la detención fue porque traían licencia vencida y venían tomados, lo cual es mentira”, narra.

José Ignacio Santiago ingresó al Mecanismo desde hace 8 años, cuando atentaron contra su vida, y desde hace 6 años cuatro elementos de seguridad se turnan para protegerlo.

El reportero externa que además de la detención de ambos guardias, los uniformados también le arrebataron sus armas, y a pesar de que el Mecanismo ya se comunicó con ellos explicándoles que fungen como guardias de un periodista, siguen detenidos en el cuartel de la policía estatal ubicada en el ex Ingenio del municipio de El Espinal, Oaxaca.

José Ignacio señala, que en la mañana del domingo recibió una llamada telefónica alertando de que le iban a hacer daño, lo cual hizo caso omiso.

“Todo esto viene de parte del Comisionado de la Policía Estatal, Francisco Santiago García, porque en diversas ocasiones he denunciado las irregularidades de esta corporación estatal, supongo que eso no le ha parecido, pero yo solo cumplo con mi trabajo. Por fortuna yo no venía con los guardias, ellos ya se iban a descansar, y ahora siguen detenidos, esto es un abuso y represión”, recalca.

Enfatiza que quedarse sin guardias lo pone aún más en riesgo, pues con los temas que trabaja, que son en su mayoría nota policiaca y roja, corre más riesgo su vida.

“El Mecanismo aún no me dice sí proporcionará a otras dos personas para cubrir la guardia, debido a que además de detenerlos, se llevaron también sus armas, es decir, que las otras dos guardias del turno de hoy lunes están, pero sin armas en caso de un ataque o alguna acción violenta que pueda ponerme en peligro”.

Desde el pasado sábado, tras un operativo, la policía estatal tomó el mando de la seguridad del municipio de Juchitán, Oaxaca, realizando recorridos y acciones por toda las nueve secciones y más de 120 colonias populares de esta ciudad oaxaqueña.

Hasta el momento la policía estatal no ha informado nada al respecto.

José Ignacio, de 35 años de edad, vivió la última agresión en enero del 2022, cuando recorría la región de la mixteca oaxaqueña.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Con Marcha-Calenda, piden frenar criminalización de defensores en el Istmo

La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) convocó a una marcha-calenda a celebrarse el próximo viernes 20 de junio, con motivo del 40 aniversario de la organización y para exigir el cese de la criminalización de indígenas en la región.

Tan sólo del 2022 al 2024 se documentó la apertura de 55 carpetas de investigación contra personas defensoras que se oponían al Corredor Interoceánico. De esas carpetas, al menos 24 seguían abiertas contra indígenas ayuujk y binizaa, acusadas de ataques a las vías de comunicación, señalamiento infundado, de acuerdo a lo documentado por una Misión Civil de Observación.

La “jornada de lucha y fiesta” se celebrará en los municipios de Matías Romero y Santa María Petapa, Oaxaca. La marcha-calenda iniciará a las 10 horas en el Mercado 12 de octubre, recorrerá las calles de Matías Romero hacia Rincón Viejo Petapa.

“Haremos un alto en las vías del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, para exigir el cese a la criminalizacion de decenas de indígenas cuyo único delito es la defensa de sus viviendas y tierras”, informó Ucizoni en un comunicado.

A las 13 horas se realizará un homenaje a integrantes de Ucizoni que han muerto, entre ellos, se recordará a los indígenas ayuujk asesinados por defender sus pueblos, Armando Agustín Bonifacio y Wilfrido Atanacio Cristobal.

La jornada concluirá con un convivio en las instalaciones de Ucizoni, con música de la Banda Mixe de San Antonio Tutla y la marimba La Flor del Istmo. Participarán organizaciones de Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas y CDMX.

FUENTE: LA COPERACHA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Asesinan a Lilia Gema García, presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca

También asesinaron al agente municipal de la comunidad de Agua Caliente, Eli Gregorio García Ruiz, quien se encontraba con la edil.

Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca, fue asesinada alrededor de las 11:00 de la mañana, de este domingo al interior del palacio municipal.

Además de su homicidio, también asesinaron al agente municipal de la comunidad de Agua Caliente, Eli Gregorio García Ruiz, quien se encontraba con la edil al interior del inmueble.

Las autoridades de justicia local informaron que cuatro hombres vestidos con uniforme de policía arribaron a bordo de motocicletas e ingresaron al palacio municipal y disparando con arma de fuego contra la munícipe.

Hasta el momento no hay ninguna persona detenida por este crimen. Lo que se sabe es que la presidenta al inicio de su administración municipal denunció corrupción de su antecesor; sin embargo, recientemente ella fue denunciada por un grupo de pobladores.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició las labores de investigación para dar con los responsables catalogándolo como homicidio.

Por su parte, el gobierno de Oaxaca informó del despliegue del gabinete de seguridad a este municipio ubicado en la Sierra Sur de Oaxaca, en el distrito de Pochutla, Oaxaca.

En el despliegue de seguridad participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), se suma la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), para realizar la labores de ubicación en la zona.

Lilia Gema García Soto fue la primera presidenta municipal en gobernar este municipio regido por Sistema Normativo Interno asumiendo dicho cargo el 13 de noviembre de 2022.

Ella estaba por concluir su trienio, y ahora su crimen ha causado conmoción ciudadana debido a que ocurrió en un hecho histórico – asesinarla en el palacio municipal-, por lo que la exigencia es “Justicia”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: DIANA MANZO.

El despojo de clase mundial de la CFE en tierras zapotecas

Con mentiras, contratos nulos y amenazas la empresa de clase mexicana construyó una subestación eléctrica que recibe transforma y distribuye la energía de 29 parques eólicos en Oaxaca.

La subestación eléctrica que recibe, transforma y distribuye la energía que producen 29 parques eólicos en Oaxaca fue construida sobre la injusticia denuncian comuneras y comuneros de Ixtepec, Oaxaca; quienes aseguran que hoy en sus tierras agrarias en vez de sembrar maíz, sorgo o ajonjolí, lo que hay son más de 300 torres y cables de alta tensión.

Así es el despojo de clase mundial que desde hace 17 años luchan sin recibir respuesta de la empresa mexicana, quién se defiende que hay contratos, pagos y que se trató de una expropiación avalada en asamblea, sin embargo, campesinas y campesinos confirman que no han recibido nada a pesar de las exigencias.

El acceso ya no está permitido, porque sus tierras ya están siendo usadas para recibir la energía que producen las más de mil 500 aerogeneradores, de los 29 parques eólicos instalados en el Istmo de Tehuantepec.

En un recorrido por la subestación, las comuneras y comuneros de 65 y 70 años de edad mostraron como en sus terrenos que antes producían alimentos para la vida; hoy se les niega el acceso y hay vigilancia día y noche los 365 días.

“Es mi terreno y no puedo entrar, mira tiene una tremenda barda, un gran candado. Me da mucha tristeza y coraje ver que hay una enorme construcción con vigilancia, mi papá murió luchando por recuperar sus tierras”, dijo Carmen Toledo Guzmán de 70 años.

Documentos oficiales emitidos por diversas autoridades federales, entre ellos, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDABIN) y el Registro Agrario Nacional (RAN) confirman este despojo colectivo, confirmando que no hubo ninguna acta de asamblea que avale que la comunidad agraria cedió sus terrenos para la obra de clase mundial.

La defensa de las y comuneros a cargo de “Defensores de la Justicia”, confirman que no hubo expropiación, pero sí un despojo; además la empresa mexicana violentó el Convenio 169 de la OIT, al no existir una consulta libre, previa e informada como lo marca el estándar internacional.

El despojo de clase mundial es evidente de parte de la CFE señalan las campesinas y campesinos quienes acusan que fue avalado por sus representantes agrarios de  Ixtepec, Oaxaca, en ese entonces representado por Germán Rosado conocido como “Chebola”, Alfonso de los Santos Santiago, en el 2008, -fecha se entregaron los terrenos a CFE-, y  Baldomero Rosado y Juan Arrona.

Aunque el desgaste físico y emocional que ha dejado esos 17 años de lucha es evidente, no se rinden y aseguran que lo que queda es resistir por la vía legal.

“El 25 de abril del 2024, promovimos con los abogados que nos acompañan un amparo ante el juzgado federal donde con pruebas pedimos que CFE cumpla y nos pague, es evidente que lo que hizo acá, fue un despojo de clase mundial”.

Una injusticia al pueblo

“Ha sido una batalla muy dura y difícil, hemos denunciado por todos lados, pero no nos hacen caso” dice José Luis Palomec, campesino zapoteca  de 70 años de edad y comunero de Ixtepec, Oaxaca que sigue en pie de lucha.

En su terreno que abarca 2 hectáreas justo a la mitad están colocados unos enormes cables de alta tensión y dos torres de alta tensión, que impiden que haga vida en su patrimonio.

La hija de José Luis Palomec de nombre Antonia se ha convertido en activista comunitaria, con el único fin de que se le haga justicia a su gente.

“Llevamos 17 años, desde el 2008, pidiéndole a las autoridades justicia para las y los campesinos, muchos porque creen que los campesinos son analfabetos y no. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desechó una queja donde le contamos de las violaciones graves que han vivido ellas y ellos, por ejemplo, que sus tierras no fueron expropiadas si no despojadas”.

La activista reafirma que la CFE argumenta que no afectó a nadie, porque supuestamente dichas tierras son de uso común, lo cual es una mentira, pues cada hectárea cuenta con título de propiedad de comuneras y comuneros, entonces dice  es otra mentira de CFE y así lo quiso hacer pasar con la jueza.

Pero eso no es todo, Carmen Toledo Guzmán de 70 años relata que siente mucha tristeza ver en las tierras de su padre, la CFE construyó la subestación que distribuye toda la energía que producen los parques eólicos del Istmo.

“Mi padre Luis Toledo Hernández murió sin ver la justicia por sus tierras. La CFE la ocupó para construir la subestación, pero eso no es todo, se apoderaron de otro terreno de dos hectáreas donde desechan todos sus residuos, en fin, un despojo muy grande. No hubo contrato y no hemos recibido un solo peso”, señala.

Cuando Alejandrino Martínez Mendoza de 64 años edad llegó a su terreno ya estaba cercado con troncos de madera y alambres de púas. También había unos hombres vestidos con ropa café claro y logotipo de la CFE, ellos le dijeron que no podía entrar a su terreno porque ahí se colocarían unas torres de una subestación, entonces comenzó la batalla.

“Yo no entendía nada. Ese día me enojé mucho, les dije  a esos hombres que era mi terreno. Ellos mandaron a la policía, y les dije, no porque me ves analfabeta, no voy a defender mi terreno. Llévenme a la cárcel, pero es mi terreno, sin embargo, las torres están en el centro de mi terreno, entonces no puedo ni meter mis ganados ni mucho menos cultivar mi maíz o mi calabaza”.

Alejandrino reconoce que el desgaste ha sido generalizado para todas y todos. “A veces me enojo mucho y pienso, cómo es posible que una empresa, que supuestamente es de todas y todos los mexicanos, nos quite nuestras tierras. Esto es un despojo”.

Lucharé por mi tierra hasta mi último día

Aunque visiblemente desgastada por una enfermedad, no impide a Imelda Saavedra Palomec defender sus tierras que también heredó de su padre.

Relata qué tras acudir personalmente a las oficinas de la CFE ubicadas en Juchitán, Oaxaca a media hora de Ciudad Ixtepec y la sorpresa que se llevó fue que el encargado le comentó, qué a German Rosado, ex comisariado le pagaron por ocupar las 42 hectáreas.

Imelda refiere que luchará hasta sus últimos días, pues esas tierras significaron mucho para su papá, quién falleció en el intento de ver una indemnización justa.

Lo mismo ocurre con Isaura Morales Antonio de 70 años, con la muerte de su esposo, decide continuar luchando porque es lo justo.

Recorre sus tierras mostrando que antes sembraba maíz, sorgo y ajonjolí y ahora no puede, porque en las 6 hectáreas de su terreno colocaron 3 torres de alta tensión de unos 40 metros cada uno.

“Las tierras se echaron a perder, es imposible sembrar, nos da mucha tristeza y coraje, porque nunca nos pidieron permiso, simplemente llegaron y colocaron esas enormes torres”, afirma.

Una lucha de más de 6 mil días

Laura Morales Juárez y José Juan Julián Santiago, son abogados indígenas que forman parte de «Defensores por la Justicia», así se llama el colectivo que crearon y que acompaña a las y los comuneros en su lucha por buscar justicia intercultural, con perspectiva de género y derechos humanos.

Reconocen que la lucha que lleva más de 6 mil 200 días no es una tarea fácil, pues se trata de una encrucijada que surgió desde las instituciones públicas, quienes han utilizado las prácticas comunitarias y cooptado a sus representantes, para implementar proyectos que lejos de beneficiar a quienes han sido afectados de la comunidad de Ciudad Ixtepec, ha ocasionado su división y violentado sus derechos a la tierra, territorio y recursos naturales.

Además, es de precisarse, que el resto de la comunidad o no sabe lo que ocurre, o simplemente normaliza o no toma en consideración esta lucha que encabezan las comuneras y comuneros, pues como ellas y ellos mismos dicen, no se trata de exigir dinero, si no que no se violente más sus derechos nunca más.

“La lucha de las comuneras y comuneros zapotecas es una lucha justa, pero en este país, esto no se acepta cuando se impulsan proyectos de supuesto desarrollo, ya que solo se busca impedir reconocer los derechos a la propiedad, posesión, uso y disfrute de las tierras, territorios y recursos naturales de quienes integran las comunidades indígenas, y eso es una vergüenza, en un país que dice reconocer la diversidad cultural”, señalan los defensores.

Dicen que a raíz de un amparo interpuesto han podido corroborar que existen irregularidades en torno a la actuación de la CFE y la supuesta expropiación de las tierras de la comunidad de Ciudad Ixtepec.

La esperanza ahora, es la resolución judicial, que esperan sea a su favor. “Esperemos que por fin haya justicia, casi son 20 años de lucha contra el despojo de una empresa de clase mundial”.


FUENTE: ITSMO PRESS.
AUTOR: DIANA MANZO.

Denuncian crisis de despojo, impunidad, violencia feminicida y asesinato de defensores en Oaxaca

Más de 30 organizaciones de derechos humanos denunciaron el despojo territorial y desplazamientos forzados de los pueblos indígenas, las amenazas, criminalización y asesinato de defensores comunitarios, el incremento de la violencia contra las mujeres y la discriminación y agresiones contra la población LGBTQ+, en el informe “Situación sobre el respeto y ejercicio de los Derechos Humanos en el estado de Oaxaca”.

En cuanto a los pueblos indígenas y afromexicanos en la entidad, las organizaciones señalaron que el despojo de tierras y desplazamientos, la venta de tierras por la gentrificación, la imposición de megaproyectos y desarrollos industriales en los territorios, y las agresiones, fabricación de delitos y asesinatos de los defensores locales forman parte de los actos violatorios que atraviesan las comunidades.

De acuerdo con las organizaciones, de diciembre de 2018 a octubre de 2024 fueron asesinados 58 defensores en Oaxaca, de los cuales 55 pertenecían a un pueblo indígena, lo que equivale al 95 por ciento de los casos. Los años más letales para los defensores fueron 2021 y 2023, con 14 asesinatos en cada uno, lo que coloca a la entidad como “el primer estado a nivel nacional con el mayor número de asesinatos”.

En el informe también se documentan las violaciones al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, entre ellas el feminicidio, el abuso y violación sexual, desapariciones forzadas e impunidad. Con base en datos del Observatorio sobre el Feminicidio que coordina GESMujer, hasta el pasado 19 de mayo se registraron 237 asesinatos violentos de niñas y mujeres en la entidad, de los 33 fueron cometidos en 2025.

Sobre el derecho a la diversidad sexual, las organizaciones denunciaron los crímenes de odio, la discriminación y las agresiones contra las personas de diversidades sexogenéricas en Oaxaca y aseguraron que “las autoridades responsables de brindar acceso a la justicia no están capacitadas para atender bajo la perspectiva de género y de diversidad sexual”, así como calificaron de “insuficiente” las acciones de promoción de respeto hacia la comunidad.

Entre otros actos violatorios, las organizaciones también documentaron las violaciones a los derechos a la salud, a la seguridad, a un medio ambiente sano, a la organización y participación ciudadana, a la participación política de las mujeres y a la información y la comunicación, y enlistaron una serie de recomendaciones para cada uno de los ámbitos.

COMUNICADO:

A convocatoria del Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta A.C. para participar en la reunión de la Embajada de los Países Bajos el 9 de Mayo de 2025, las organizaciones firmantes, tomaron la determinación de elaborar un documento conjunto que da cuenta de las graves violaciones a los Derechos Humanos que se viven en el estado de Oaxaca y que conjuntó el análisis de 30 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de esta entidad.

Aunque si bien son históricas las desigualdades, problemáticas sociales y ambientales que vive el conjunto de la población, se colocan las principales y urgentes situaciones que la actual administración (desde noviembre 2022) no ha sido capaz de revertir de manera sustantiva. Las repercusiones ante estas situaciones, ya sea por acción directa, omisión y/o complicidad han afectado el tejido comunitario, el retroceso y la negación de Derechos, así como el aumento de riesgos y violaciones a personas defensoras, grupos poblacionales y comunidades enteras.

Las organizaciones civiles observamos, identificamos y atendemos estas violaciones a los derechos humanos, desde el trabajo situado y amplio conocimiento de los territorios que habitamos. La valoración que se hace al respecto, se basa en: el trabajo directo con casos, la observación permanente en derechos humanos, el análisis propio y de otras organizaciones, los testimonios y denuncias de las propias víctimas, así como otras fuentes documentales, incluyendo las hemerográficas. De igual manera contrastando lo que contiene la norma jurídica en la materia y los instrumentos nacionales e internacionales.

Oaxaca es una entidad de profundos contrastes, mantiene una gran diversidad cultural, lingüística, jurídica, social. Lo cual se refleja en los siguientes datos: el 69.8% de la población se autoadscribe indígena, el 31.18% son hablantes de Lenguas Indígenas; el 48.3% de la diversidad lingüística del país se concentra en la entidad que también tiene la presencia del pueblo afromexicano que representa el 3.6% de su población total, ocupando el sexto lugar a nivel nacional; además, de los 570 municipios que tiene Oaxaca, 418 nombran a sus autoridades a través de sus Sistemas Normativos Indígenas (73.3%) y el 80% del territorio es propiedad social, solo es una muestra de la base sociocultural bajo la cual se conforma la entidad.

Es el estado con mayor dispersión sociodemográfica del país y con evidentes brechas de inequidades sociales y económicas, lo que trae 2 como consecuencia la centralización de servicios en la capital del estado y una amplia brecha digital para las comunidades indígenas y afromexicanas, estas poblaciones se han caracterizado por una histórica situación de vulnerabilidad, empobrecimiento y retos estructurales para acceder y ejercer plenamente sus derechos elementales como salud o educación, lo que impacta de manera diferenciada a niñas, jóvenes y mujeres.

Conocedoras que existen múltiples hechos que ejemplifican las violaciones a los derechos humanos, se colocan algunos de las situaciones más emblemáticas, las cuales tienen tres características similares:
  • La impunidad que prevalece en el conocimiento de la verdad, el castigo a los responsables, la reparación del daño y la no repetición. (96.40% no fueron denunciados; 5.4% fueron denunciados y 0.44% fueron resueltos).
  • La falta de información y/o desinformación que se difunde sobre los hechos violatorios.
  • La no denuncia de las víctimas, producto de la inacción gubernamental e incluso las repercusiones negativas cuando se denuncia, incluyendo la pérdida de la vida.
Las organizaciones participantes en la elaboración de esta agenda son las siguientes:

Alianza Cívica Pinotepa A.C.; Centro de Acompañamiento a Migrantes A.C. (CAMINOS); Centro de Apoyo para la Creación y Creatividad Calpulli A.C.; Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto” A.C.; Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta A.C.; Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C (CEPIADET); Círculo Profesional para la Formación con Equidad de Género Nduva Ndandi A.C.; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos “Gobixha” (CODIGODH); Grupo de Estudios de la Mujer Rosario Castellanos (GES MUJER); Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña A.C. (IDEMO); KOXUB Comunidad Trans por la Defensa de nuestros DDHH en Oaxaca; Luna del Sur A.C.; Marea Verde Mixteca; Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A.C. (MEXFAM); Ña´a Tunda A.C.; Ñuu Jnama Yuku; Ojo de Agua comunicación A.C.; Organización de Mujeres Poj Kääj; Piña Palmera A.C.; Red de Médicas por el derecho a decidir; Red de Mujeres Lesbianas Existimos y Resistimos; Red Futuros Indígenas; Red Nacional por el Derecho a Decidir; Servicios del Pueblo Mixe A.C.; Servicios Para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA); Tequio Jurídico A.C.; The Hunger Project México (THP); Trans Difusión A.C.; Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (UCIZONI); Xquenda Artes e investigación para la transformación social A.C.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Asesinan a exlíder comunal vinculado al Cártel del Despojo en Oaxaca

Anastasio “N”. mejor conocido como “Tacho Canasta”, estaba acusado de los delitos de despojo, robo específico, daños y privación ilegal de la libertad.

El expresidente de Bienes Comunales de Santa Cruz Tagolaba, Anastasio “N”, alias “Tacho Canasta”, fue asesinado en un terreno de labranza en conflicto ubicado en la Sexta Sección de esa comunidad perteneciente al municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca.

El atentado contra del exlíder comunal “Tacho Canasta” se registró este día en un predio cercano al hospital del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) en Santo Domingo Tehuantepec, el cual se encuentra en disputa por la presunta invasión de este personaje y su hermano Sergio Gutiérrez, quienes han sido acusados de encabezar un grupo armado y de contar con la protección de gobiernos priistas y ahora morenistas.

De acuerdo a la Fiscalía General de Oaxaca, “Tacho Canasta” salió de su domicilio rumbo a la calle que lleva su nombre de la Sexta Sección de Tehuantepec y más tarde fue hallado sin vida y diversas lesiones por disparo de arma de fuego.

Cabe recordar que, en septiembre de 2022, el entonces, subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Ricardo Mejía Berdeja, denunció que el "Cártel del Despojo" en Oaxaca ha recurrido a la violencia física, extorsión y asesinatos.

Hizo hincapié que grupos criminales, gestores o líderes forman parte de esta operación para despojar inmuebles, quienes, en colusión con servidores públicos, realizan delitos como violencia física, extorsión, amenazas e incluso han cometido asesinatos como la de un magistrado, una candidata del PAN y un operador financiero electoral.

El jueves 15 de septiembre, durante la conferencia matutina del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, rindió un informe de la forma en que se opera el despojo de inmuebles en Oaxaca.

Por esta razón, dijo, la Fiscalía General de Oaxaca ha integrado un total de mil 467 Carpetas de Investigación en el periodo que comprende de marzo de 2021 a julio de 2022, de las cuales 213 Carpetas de Despojo están relacionadas con la falsificación de instrumentos notariales.

Incluso, agregó, algunos homicidios como los casos de la candidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Ivonne Gallegos Carreño; el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Enrique Pacheco Martínez y el médico Carlos Eduardo López Martínez, quien fuera operador del gobernador electo, Salomón Jara Cruz y ejecutado en Juchitán de Zaragoza, “tienen indicios de despojos de bienes”.

En esa fecha, exhibió al supuesto líder Anastasio Gutiérrez García al sostener que hay diferentes carpetas de investigación iniciadas en su contra como posibles responsables de despojo en Oaxaca, particularmente en Santa Cruz Tagolaba, Tehuantepec.

Anastasio “N”. mejor conocido como “Tacho Canasta” es acusado de los delitos de despojo, robo específico, daños y privación ilegal de la libertad.

Mencionó que, como miembro del FUCO, cuyo líder es Antonino Morales (a) Nino, junto con su hermano Sergio G. G., saben de la importancia de estos terrenos localizados entorno al desarrollo por los proyectos federales de inversión que se están llevando a cabo en la región, principalmente el corredor interoceánico.

También Salvador "N", tiene abiertas en la fiscalía de Oaxaca tres carpetas de investigación iniciadas en 2021 por el delito de despojo, en Tagolaba, Tehuantepec.

Mencionó que los hermanos Sergio y Anastasio también están acusados del delito de privación ilegal de la libertad por el caso cometido el 28 de junio de 2022 a las 09:30 horas cuando un grupo de 50 personas, algunos portando machetes se presentaron al inmueble del ISSSTE donde trabajadores de la empresa Desarrollo de Tecnología y Servicios Integrales S. A. de C.V., laboraban. En esa ocasión privaron de la libertad al supervisor Luis Alberto N., quien fue llevado a la casa ejidal del Barrio de Santa Cruz Tagolaba, en donde lo obligaron a firmar un acta y lo mantuvieron contra su voluntad.

Mejía Berdeja detalló en los casos de despojo, el delito inicia cuando se ubica un lugar que resulte atractivo por la plusvalía, ubicación o no contar con un propietario “visible”, por lo que se llevan a cabo investigaciones en el registro público, sobre todo en las dependencias como Catastro y Registro Civil.

En esta operación, se ven coludidos notarios públicos, quienes simulan actos jurídicos para despojar a propietarios de estos inmuebles.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.

Hospital General de Ciudad Ixtepec, Oaxaca se declara en paro por falta de insumos

Aunque el hospital ya fue transferido al IMSS Bienestar, los recursos nunca llegaron y eso está afectando el servicio y operación del nosocomio.

El Hospital General de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, colapsó. Se declaró en paro.

“No hay ni gasas, ni jeringas. No ha y nada y lo que surten es a cuenta gotas, del cuadro básico no hay nada. Esto tenía que colapsar en cualquier momento”, sostuvo el delegado sindical de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, Martín Ramírez Viera.

Por lo pronto, el Hospital General de Ciudad Ixtepec de 30 camas cumplió 24 horas de declararse en paro porque desde junio de 2024 que inició el proceso de transición del gobierno estatal al IMSS bienestar todo está a la deriva porque no se sabe dónde está el presupuesto, dónde están los recursos etiquetados, dónde están los medicamentos.

Acompañado del subdelegado sindical Reynel Matus y la base trabajadora, Ramírez Viera aclaró que solo se van a atender urgencias.

“La base trabajadora comenta que esta problemática es de bastante tiempo que se ha ido agravando por el proceso de transición hacia el IMSS bienestar en el mes de junio de 2024 cuando se fueron transgrediendo los derechos de los trabajadores, razón por la que en diciembre se movilizaron para garantizar pagos y bonos”.

Sin embargo, “hoy la problemática es en los servicios de salud ya transferido a IMSS bienestar porque la base trabajadora exige ser escuchada y la autoridad no se manifiesta”.

Y enumeró las carencias: “No contamos con clima, aire acondicionado, con equipo de protección, cubre bocas y guantes, no contamos con insumos, medicamentos esenciales y del cuadro básico, lo que son analgésicos, antibióticos, con ropería para cambio de ropa de cama, sabanas y colchas clínicas, soluciones parenterales, batas, no hay servicios de laboratorio ni de rayos X, no hay glucómetros para pacientes diabéticos, no tenemos material de insumo, no tenemos cómo atender a la población”.

Aunque el hospital ya fue transferido al IMSS Bienestar, los recursos nunca llegaron y eso está afectando el servicio u operación del nosocomio.

Saben que 4 mil 600 trabajadores ya fueron transferidos al IMSS Bienestar y el sindicato poco puede hacer, ahora “nos ponemos del lado de la población porque ahí están los especialistas, los camilleros, los enfermeros, pero nos sentimos impotentes para desempeñar nuestras funciones”.

Es por ello, que acordaron” realizar movilizaciones para ser escuchados y vamos a realizar solo urgencias reales y buscando dónde referir a los pacientes porque ya hay demandas jurídicas porque no se atendieron a los pacientes, pero ¿con qué los atendemos?, se preguntaron.

En síntesis, “estamos colapsados porque al área de cocina no se le ha pagado su adeudo, la lavandería igual, entonces, el recurso no sé dónde está, el presupuesto dónde está, finalizó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.