Luis Videgaray Caso cerró ayer un capítulo de su ascendente carrera en la administración pública. El hoy ex Secretario de Hacienda y aspirante a la candidatura del PRI para la elección presidencial de 2018, subió escalones vertiginosamente gracias a padrinos como Pedro Aspe Armella y Arturo Montiel Rojas, en una tierra mexiquense que para el joven itamita con doctorado en el MIT fue fácil de conquistar. Eso hizo con Enrique Peña Nieto: lo conquistó y ganó toda su confianza, al punto de hacerlo depender de sus decisiones. Su paso por la SHCP, sin embargo, le costó caro a todo el país: menos crecimiento, más deuda, menos empleos y más pobres. Y no sólo eso: su error de traer a Trump a Los Pinos dejó en ridículo a su Presidente, y a él le costó el cargo y sus sueños de grandeza. Por Sandra Rodríguez y Dulce Olvera Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).– Luis Videgaray Caso era considerado como un “inteligente”, “talentoso” y “prestigioso” estudiante de la Licenciatura en Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), institución educativa fundada por el empresario Alberto Bailléres. Era principios de los años 90, Carlos Salinas de Gortari era Presidente de la República y México vivía un periodo de profundas reformas constitucionales para permitir la apertura económica a los mercados internacionales. A la cabeza de tal transformación estaba el Secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, también Economista egresado del ITAM y, desde 1996, fundador la consultora Protego, dedicada a “obtener recursos en los mercados mexicanos e internacionales para empresas con alto potencial de crecimiento”. La amistad de Videgaray con el hijo de un asesor de Aspe, explica a SinEmbargo el investigador académico Ernesto Villanueva Villanueva, fue el vínculo que condujo a éste último a la Secretaría de Hacienda en la que fungió como asesor durante dos años, entre 1992 y 1994.
“Videgaray conoce a Carlos Lorenzo Sales Sarrapy en el ITAM. Sales era hijo del asesor de Hacienda, Carlos Sales, también muy inteligente, con una trayectoria familiar en las finanzas Públicas. Videgaray tenía un gran prestigio, hicieron buena química y empezaron a colaborar juntos”, dice Villanueva, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y que conoce a Videgaray.
Al terminar el salinismo, agrega el perfil aún disponible en la página electrónica de la Secretaría de Hacienda, el joven Videgaray –entonces de 28 años– se convirtió, en 1996, en asesor del primer Secretario de Energía de la Presidencia de Ernesto Zedillo, Jesús Reyes Heroles González Garza, a quien también conoció en sus tiempos de estudiante y quien, según relató el propio Videgaray en un evento reciente sobre la Reforma Energética, fue sinodal de su examen profesional. “Lo libero de cualquier responsabilidad por mis actos y dichos posteriores a partir del día de mi examen profesional”, bromeó el todavía Secretario Videgaray el pasado 27 de enero, al inaugurar un congreso sobre energéticos y saludar desde el micrófono a su antiguo maestro y hoy presidente ejecutivo de Energea, empresa creada hace cinco años cuando un grupo de expertos, dice su página web, “previeron la inminencia de una reestructura de fondo en el sector”. En 1997, Reyes Heroles fue enviado como Embajador de México a Estados Unidos y su joven asesor salió de la administración pública para estudiar, en 1998, un doctorado en Economía en el Massachussets Institute of Technology (MIT), de donde egresó con la tesis “La respuesta fiscal a los choques petroleros”. Ese mismo año, según su perfil en la página de la Secretaría de Hacienda, se integró como director de Finanzas Públicas en Protego. “Era una consultora económica de asesoría para el sector privado y público. Se tienen comentarios críticos sobre el desempeño de esa consultoría por asesorar a gobiernos estatales en cómo bajar recursos federales y obtener créditos sin límite (como deuda interna). No fue una cuestión muy pulcra”, dice Villanueva. Fue cuestión de tiempo que Videgaray, priísta desde su juventud y parte de la firma de uno de los funcionarios más importantes del salinismo, conociera, en 2003, al entonces diputado local y ya delfín de la clase política del Estado de México, Enrique Peña Nieto. De acuerdo con la ex diputada del Movimiento Ciudadano, Luisa Alcalde, fue Aspe quien los “presentó” cuando el entonces Gobernador y “jefe político” de Peña Nieto, Arturo Montiel, requirió reestructurar la deuda del estado. En 2005, cuando Peña Nieto ganó la elección como Gobernador del Estado de México, Videgaray dejó Protego y entró como Secretario de Finanzas al gabinete del mexiquense. Y fue entonces, dice Villanueva, que se tejió “la vinculación afectiva y profesional” entre ambos. “SI ME GUSTARÍA SER GOBERNADOR”
La carrera de Luis Videgaray fue avanzando conforme se fue perfilando la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto, claramente vislumbrada en el priísmo nacional a partir del triunfo del mandatario mexiquense en la elección interna de 2009. Entonces, su cercano Secretario de Finanzas –que además era coordinador nacional de los secretarios de Finanzas estatales– llegó al Congreso como Diputado federal de representación proporcional y, hasta 2011, presidió la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Ahí, Videgaray contrató como asesor al hoy Secretario de Educación, el licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y Maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford, Aurelio Nuño, entonces de 32 años. Y, de acuerdo con registros oficiales, el hoy ex titular de Hacienda se pronunció desde entonces por los recortes en el gasto público que luego aplicó desde el Gobierno. “Se dispuso que el Ejecutivo presentara un Programa Nacional del Gasto y se amplió en más de 100 mil millones de pesos los recursos para los sectores de Comunicaciones y Transporte (…), entre otros”, escribió el entonces Diputado Videgaray en un artículo publicado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara. “Los recursos con los que se ejerce el presupuesto no son del Gobierno federal, de las entidades federativas o de los municipios del país, sino de la gente que contribuye al gasto público”, agregó Videgaray en su texto. La “vena política” empezó a concentrar la atención de Videgaray alrededor de 2011, estima Villanueva, a instancia de su amigo también desde los tiempos del ITAM, el abogado Vigilio Andrade. “Sí me gustaría ser Gobernador”, dijo el todavía Diputado Videgaray en entrevista con Radio Fórmula en marzo de 2011, en la víspera de la elección del Estado de México. La amenaza del entonces Alcalde de Ecatepec, Eruviel Ávila Villegas, de lanzarse como candidato opositor, sin embargo, decantó por éste último la opinión del entonces Gobernador del Estado de México, y Videgaray se quedó como coordinador de la campaña de un estado crucial para la elección que más importaba y que también encabezó como coordinador general: la presidencial de 2012. Con Videgaray en la jefatura, Peña Nieto también sumó a su equipo de campaña, como “coordinador de mensaje y mercadotecnia” a Aurelio Nuño; al también economista del ITAM, Emilio Lozoya Austin –a quien nombró coordinador de vinculación internacional– y a otros priístas como el ex candidato a gobernador Baltazar Hinojosa, entonces ex alcalde de Matamoros y ex funcionario del Gobierno de Tomás Yárrington Ruvalcaba –hoy prófugo– y que, en enero de 2012, fue nombrado por el hoy titular del Ejecutivo como coordinador de la primera circunscripción de su operación de campaña. Los errores del equipo encabezado por Videgaray empezaron pronto a ser evidentes, desde la campaña presidencial. Era el hoy Secretario de Hacienda, de acuerdo con una crónica de El País, quien le hacía señas desde su asiento en primera fila a Peña Nieto cuando éste no pudo citar los nombres de tres libros que hubieran marcado su vida y que le requirió un reportero de El Mundo.
“Mira, realmente no podría señalar un libro que haya marcado mi vida”, dijo Peña Nieto el 3 de diciembre de 2011, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. “Un saludo a toda la bola de pendejos, que forman parte de la prole”, agregó un mensaje “retuiteado” por su hija Paulina Peña el 5 de diciembre siguiente.
DE TOLUCA A LOS PINOS, “CÍRCULO DE LEALES”
Esta proclividad del hoy mandatario a confundir o ignorar en público datos básicos se mantuvo una vez que el equipo encabezado por Luis Videgaray Caso –en una elección marcada por las denuncias de compras de votos y del apoyo de Televisa– ganó la Presidencia de la República. El coordinador de la cuestionada campaña se convirtió entonces en Secretario de Hacienda y el PRI del Estado de México, formado en la tradición de que “un político pobre es un pobre político”, trasladó su poder de Toluca a Los Pinos. Lo primero que hicieron: gestionar el Pacto por México, acuerdo logrado por Videgaray y Nuño –además del hoy Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong– con los dirigentes de los principales partidos de la oposición para aprobar las once Reformas Estructurales que continuarían la apertura económica iniciada desde la llegada de Aspe a la Secretaría de Hacienda. Entre las modificaciones destacaban, por la complejidad de generarles consenso, la Reforma Educativa, que hizo obligatoria la evaluación como método de ascenso y permanencia en el servicio profesional docente; y la Energética, que modificó el artículo 27 Constitucional –como hizo Salinas en su sexenio– para permitir la inversión privada en la producción y explotación de los hidrocarburos. Como la propensión del Presidente Peña Nieto a cometer errores en público continuaron, también, las muestras de disgusto de su familia hacia la vida sin lujos y, en noviembre de 2014, la publicación Aristegui Noticias reveló que habitaban una mansión valuada en siete millones de dólares y comprada al empresario tamaulipeco Juan Armando Hinojosa, uno de sus principales contratistas desde que era Gobernador del Estado de México. Y se mantuvieron, además, las muestras públicas de insolvencia administrativa del equipo encabezado por Videgaray, considerado hasta la fecha el hombre más cercano a Peña en el Gabinete y cuya influencia, como indica su presunto liderazgo en la organización de la visita del candidato republicano Donald Trump, no se limita a la Secretaría de Hacienda: para cuando estalló el conflicto de la mansión –conocida como “casa blanca”–, el Gobierno de Peña Nieto era ya cuestionado a nivel internacional por la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero. Y, en febrero siguiente, para tratar de “apagar el incendio” iniciado por la difusión de la “casa blanca”, a Videgaray Caso se atribuyó también la decisión de nombrar en la Secretaría de la Función Pública a Virgilio Andrade, que terminó en agosto siguiente exonerando a Peña Nieto y a su propio amigo, encontrado también por The Wall Street Journal como propietario de una casa comprada a Hinojosa. El antiguo ex asesor de Videgaray y convertido este sexenio como Jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, dinamitó meses después la relación con los maestros inconformes con la Reforma Educativa –en junio pasado se registró el homicidio a balazos de seis maestros disidentes en Nochixtlán, Oaxaca– y el mismo Videgaray tuvo que salir ayer del gabinete, una semana después de que Trump dijera desde Los Pinos que construiría un muro en la frontera con México. “Cualquiera que sean sus otras cualidades, con frecuencia se observan impermeables tanto a los imperativos de la política democrática y a las formas del resto del mundo”, criticó el influyente medio británico The Economist en un artículo posterior a la visita de Trump y que cuestionó también la “preferencia” de Peña Nieto de gobernar sólo rodeado del “círculo de leales” de sus años como Gobernador.
“A alguien en el círculo cercano de Peña Debió haber parecido una idea genial invitar a los candidatos de elección presidencial americana (…) Casi cualquier experto en política exterior los hubiera desengañado”, agregó el texto de The Economist, titulado “Lo indecible y lo inexplicable”.
“PARA USTED, SEÑOR VIDEGARAY” Es, sin embargo, el resultado del trabajo de Videgaray como Secretario de Hacienda lo que mayor discrepancia muestra con las descripciones de “inteligente” y “prestigioso” que se le atribuían en sus años de dirigente estudiantil itamita e, incluso, con los reconocimientos como Ministro de Finanzas del Año otorgado en 2014 por las revistas, Euromoney, The Banker y América Economía. De acuerdo con un seguimiento de SinEmbargo, durante los tres años y nueve meses que dirigió la Secretaría de Hacienda sus acciones desembocaron en el freno del crecimiento económico y el acelerado incremento de la deuda pública, además de que, afectados por los bajos precios internacionales del petróleo, jamás se observaron los resultados de las reformas estructurales que impulsó junto con Osorio y Nuño desde el Pacto por México. La economía mexicana creció 2.5 por ciento en 2015, pero para este año las estimaciones de analistas económicos calculan no más de un dos por ciento. La desaceleración durante el segundo semestre de este año, según el Banco de México, es resultado de un débil crecimiento mundial, de una expansión de Estados Unidos menor a la esperada y a la caída de los precios del petróleo. Pero la contracción es también reflejo de una caída en las exportaciones manufactureras (incluyendo automóviles), en las petroleras y de una débil inversión, mientras que el consumo, clave para el crecimiento, exhibió una desaceleración respecto al dinamismo que había venido presentando en los trimestres anteriores, reportó en su informe trimestral. Además, lo afirmó un análisis de Standard and Poor’s y expertos consultados, la corrupción también ha golpeado a la economía por ahuyentar a las inversiones, las cuales generan empleos. El “deslucido” y “decepcionante” crecimiento económico de México es resultado de la ausencia de un sistema político basado en transparencia, rendición de cuentas y aplicación de la Ley, determinó la calificadora. En cuanto al incremento desmesurado de la deuda pública, Moody’s y Standard and Poor’s lanzaron llamadas de alerta al Gobierno para que alcanzara una pronta consolidación fiscal que impida que se siga disparando, lo cual provocaría la salida de inversionistas. Es decir, Videgaray debió realizar un gasto público eficiente y generado fuentes de ingresos alternas al petróleo para equilibrar las pérdidas y con ello no aumentar más el déficit de las finanzas públicas. Al cierre del segundo trimestre de 2016, el saldo de la deuda neta se ubicó en 6 billones 519 mil 981.7 millones de pesos, el 34.5 por ciento del PIB, informó Hacienda. En palabras del Gobernador de Banxico, Agustín Carstens Carstens, la deuda se acerca al “límite de lo razonable”, por lo que es necesario una política fiscal “prudente”. Finalmente, el brillo de Luis Videgaray Caso se apagó a la par de las expectativas de productividad y desarrollo de las reformas estructurales. La Reforma Energética, a diferencia de lo que prometía, no ha reducido el precio de la luz ni del gas; no aumentó la producción y exportación de petróleo ni reactivó a las empresas productivas del Estado en crisis: Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los gasolinazos son resultado, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), del impuesto a la gasolina aplicado por Hacienda. Esto provocará, estima, que en el 2017 y 2018 su precio se eleve a 18 pesos por litro. Aunque la liberación de su precio al mercado internacional y la llegada de nuevas marcas de gasolineras busca reducir su valor, ese impuesto ahuyenta a las empresas internacionales y actualmente solo Gulf ha venido a invertir. Hidrosina y Oxxo Gas son mexicanas, pero solo tienen alrededor de 700 gasolineras en comparación con las más de 11 mil estaciones que hay en el país. Asimismo, Hacienda reportó que la producción de petróleo cayó 2.7 por ciento en julio al pasar de dos mil 276 miles de barriles diarios en 2015 a 2,213 en 2016. La implementación de la Reforma, según, la subiría a 3 millones en 2018. Otra Reforma, la Fiscal, que buscaba reducir la informalidad mediante el Régimen de Incorporación, no pudo por su parte abatir la inmensa informalidad del trabajo en México y, para julio, el 57.1 por ciento de la población ocupada trabajaba en el sector informal, sin beneficios como seguridad social pero, también, sin contribuir al fisco. “Cualquiera que sea el cálculo político, la lógica económica es clara: después de haber rastrillado una gran cantidad de impuestos por parte de la reforma tributaria del año pasado, ahora el dinero debe ser gastado para evitar estrangular la economía”, advirtió The Economist en 2014.
“Los mexicanos deben estar esperando que tan pronto como se apruebe la (Ley secundaria de la) Reforma Energética, con suerte a finales de este mes, habrá una bonanza de proyectos de obras públicas. Si no es así, el pesimismo sobre la capacidad del gobierno para manejar la economía sólo crecerá”, agregó el texto titulado “La debilidad de la economía de México. Para usted, señor Videgaray”.
“INTELIGENCIA” EN EL SECTOR PRIVADO La inteligencia y el talento mostrado por Luis Videgaray en sus años de estudiante del ITAM y que no se aprecia en su trabajo público se observan, en cambio, en el sector privado. En octubre de 2012, justo después de ganar la elección presidencial con Peña Nieto, él mismo compró a Hinojosa otra mansión –ésta en la localidad mexiquense de Malinalco– por un costo similar al que el empresario había pagado por ella al también hombre de negocios Nelson Vargas. De acuerdo con el folio 11824 del Instituto de la Función Registral del Estado de México, Hinojosa no ganó un peso en la operación y Videgaray adquirió una deuda de 7.5 millones de pesos pagaderos hasta 2030.
“El señor doctor Luis Videgaray Caso se obliga a pagar el importe del adeudo reconocido en la cláusula primera que antecede, dentro de un plazo máximo de 18 años contados a partir de la fecha de firma del contrato de compraventa (…) es decir, que el deudor deberá de pagar totalmente el adeudo existente a favor de ‘Bienes Raíces H&G’ a más tardar el día primero del mes de septiembre del año 2030”, dice la segunda cláusula del contrato de compraventa escriturado en noviembre de 2013.
Otros beneficiados en el sector privado con el trabajo de Videgaray son el círculo empresarial formado alrededor de los gemelos Jaime y Carlos Ruiz Sacristán; el primero actual presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y el segundo ex Secretario de Comunicaciones y Transportes con Ernesto Zedillo y ex Subsecretario de Normatividad con Aspe Armella. El segundo fue, además, consejero de la empresa Obrascón Huarte Lain hasta que la difusión de audios por presuntos sobornos de sus directivos a funcionarios del Gobierno federal y del Estado de México. Y es también, hasta la fecha, presidente del Consejo de Administración de Infraestructura Energética Nova, filial en México de la compañía californiana Sempra, una de las más beneficiadas por la apertura energética y que en lo que va del sexenio, de acuerdo con datos del Portal de Obligaciones de Transparencia, ha ganado más de 5 mil millones de pesos (21 mil desde 2005). Actualmente, de acuerdo con lo que informó el propio Ruiz Sacristán, la compañía mantiene su interés de convertirse en una de las primeras acreedoras de los fondos de inversión denominados Fibra E, con los que el Gobierno federal busca financiar la infraestructura de la naciente industria privada de la energía mexicana creada con la Reforma Energética. La idea de crear estos fondos, dijo el propio Videgaray al presentar la Fibra E en la sede de la BMV el 5 de octubre de 2015, fue del hermano de Ruiz Sacristán, Jaime. “Hace un momento me recordaba Jaime. Fue hace casi exactamente cuatro meses; el 8 de junio tuvimos una reunión de trabajo con la AMIB [Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles] donde platicamos de cómo podríamos detonar juntos, crear instrumentos, avenidas para utilizar más al público inversionista a través de la Bolsa Mexicana de Valores para detonar la inversión que requiere el país particularmente en el contexto de las reformas estructurales”, dijo Videgaray Caso. “Y de ahí surgió la idea, y también otras conversaciones previas […] de crear una categoría especial de inversión que permita canalizar el apetito que existe entre los inversionistas institucionales, el gran público inversionista para participar de la transformación del país, específicamente en el sector de la energía y en el sector de la infraestructura en general. Y así surge esta figura que hoy se presenta y se discutirá que es la llamada ‘Fibra E’, los Fideicomisos de Inversión en Infraestructura y Energía, que parte en primer lugar de experiencias en otros países muy exitosas”, agregó el entonces Secretario de Hacienda. Otro particular beneficiado con el trabajo de la Secretaría de Hacienda y sus dependencias fue el propio empresario Juan Armando Hinojosa, que si bien perdió el contrato de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para construir el tren de alta velocidad de México a Querétaro, mantuvo otros contratos con el gobierno federal y, en especial, con instancias de la Secretaría de Hacienda. Nueve de ellos, de acuerdo también con el POT, para servicios de transportación aérea ejecutiva de diversos funcionarios. “Entre estos traslados se encuentran los viajes de Alfredo del Mazo Maza, primo del Presidente Enrique Peña Nieto, hasta enero director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y hoy candidato a Diputado federal por el Estado de México y cuya gerencia de adquisiciones, el 14 de marzo de 2013, otorgó de manera directa un contrato de 10.7 millones de pesos a la compañía aérea Eolo Plus SA de CV, propiedad de Hinojosa Cantú”, publicó SinEmbargo el 31 de marzo de 2015.
“El objeto de este convenio, indican datos oficiales, fueron los ‘servicios de transportación aérea ejecutiva nacional e internacional para el director general [Del Mazo Maza], personal directivo, así como el presidente [Videgaray} y presidente suplente del consejo directivo de Banobras de 2013 a 2015”, agregó el reporte.
Y Protego, la firma en la que Videgaray se convirtió en reestructurador de deudas de los gobiernos estatales durante el panismo y que hoy se llama Evercore, aumentó los 43.3 millones de pesos que había ganado en contratos con el gobierno federal desde el año 2002 a 98.7 millones de pesos en lo que va del sexenio de Peña Nieto. Sesenta millones de éstos apenas el pasado 3 de mayo, cuando junto con otras consultoras –como Adhoc, propiedad del ex subsecretario de Transportes y hoy también consejero de Ienova, Aarón Dychter– Evercore ganó el contrato para proveer “servicios de consultoría consistentes en la planeación, coordinación y control del programa de zonas económicas especiales” entre abril y diciembre. Es decir, 6.6 millones de pesos mensuales. La unidad administrativa que celebró el contrato, muestra la información oficial: la gerencia de adquisiciones del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, dependiente orgánicamente hasta ese momento de Videgaray. También en este sexenio, Evercore incorporó a la empresa mexicana Diavaz a su portafolio de inversiones y, en diciembre pasado, ésta última obtuvo la licencia para estrenarse en el negocio de la extracción de hidrocarburos iniciado con la Reforma Energética. “Los contratos, obtenidos por Diavaz el 15 de diciembre, durante la tercera licitación de la Ronda Uno, le permitirán explotar uno de los campos petroleros más importantes de Tamaulipas, denominado Barcodón, con un volumen original de 166 millones de barriles de aceite y 48 mil millones de pies cúbicos de gas. El otro contrato se ubica en la zona denominada Catedral, ubicada en Chiapas”, reportó SinEmbargo el pasado 5 de junio. “Usted y sus socios planean aprobar esta Reforma Energética con una sola finalidad: Hacer negocios”, le dijo a Videgaray en 2013 la entonces Diputada por el Movimiento Ciudadano, Luisa Alcalde.
“Imagínese que un mes y medio después de ser nombrado Lozoya Austin como director general de Pemex, tan solo un mes y medio después, Pemex adjudicó de manera directa, sin licitación, la primera fase del gasoducto Los Ramones, un proyecto de mega infraestructura gasífera con un costo de más de 2 mil millones de dólares; ese mega proyecto se le asignó nada menos favor de Sempra, ahora IEnova, empresa que dirige en México Carlos Ruiz Sacristán, compañero del propio Lozoya Austin en OHL. ¿Quiere saber a qué empresa asignó Pemex para llevar a cabo el armado financiero? A Protego, de Pedro Aspe, ni un mes y medio llevaban Lozoya y usted en el cargo y ya habían realizado el primer gran negocio relacionado con el petróleo. Luego de este recuento de hechos, le pregunto: ¿puede usted negar que la Reforma Energética que propone beneficiará directamente a su grupo político, enriqueciéndolo a costa de la gran mayoría de los mexicanos?”, expuso la legisladora entonces, ante los abucheos de varios de sus colegas.
“Indudablemente México requiere una Reforma Energética. No estamos aprovechando nuestro potencial para detonar crecimiento para detonar bienestar y estamos dejando de lado lo que la naturaleza nos dio para impulsar el crecimiento económico”, dijo Videgaray en su respuesta, luego de agradecer a Alcalde “su interés en mi biografía personal, aunque con algunas imprecisiones”. FUENTE: SIN EMBARGO AUTOR: REDACCIÓN LINK: http://www.sinembargo.mx/08-09-2016/3089713
El pasado 4 de septiembre, la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla recibió al Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos para exponerles la situación que han vivido por más de ocho años, en los que han denunciado que les quieren imponer una autopista que partirá la comunidad en dos, a base de violaciones a sus derechos humanos y el quebrantamiento de órdenes judiciales que han ordenado la suspensión de la obra. Pero no fue la única comunidad a la que escucharon. La visita de la agrupación a la comunidad indígena formó parte una agenda que duró del 29 de agosto al 7 de septiembre, en la que se reunieron con organizaciones de la sociedad civil, representantes de los tres niveles de gobierno y empresas, para discutir las repercusiones que tiene la labor empresarial en materia de derechos humanos. 1. ¿Qué es el Grupo de Trabajo de la ONU sobre derechos humanos y empresas? Esta agrupación fue establecida en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en junio de 2011 y está conformado por cinco expertos independientes, que provienen de diferentes partes del mundo. La labor del Grupo de Trabajo se centra en promover que empresas de diferentes ámbitos se comprometan a respetar los derechos humanos, al momento de llevar a cabo sus labores. Y lo hacen a partir de tres principios rectores, que tienen que ver con lo siguiente: 1. El Estado, quien es el responsable de respetar, proteger y hacer cumplir los derechos humanos. 2. Las empresas, que deben cumplir las leyes hechas por el Estado y respetar los derechos humanos. 3.Los afectados, quienes deben tener acceso a mecanismos de reparación. A México llegaron dos integrantes: Pavel Sulyandziga, un defensor de derechos humanos de origen ruso, quien actualmente se desempeña como presidente del Grupo de Trabajo, y el chileno Dante Pesce, quien tiene una larga trayectoria de trabajo con organizaciones civiles en su país y a nivel internacional. 2. ¿A qué vinieron a México? De acuerdo con el informe de resultados preliminares, presentado el 7 de septiembre en conferencia de prensa, el Grupo de Trabajo vino a México por invitación del gobierno mexicano a “identificar iniciativas, oportunidades y desafíos para implementar los Principios Rectores de las Naciones unidas sobre empresas y derechos humanos en México”. 3. ¿Con quiénes se reunieron en México? De manera oficial, ésta fue la primera visita del Grupo de Trabajo a México. En ella, visitaron los estados de Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Jalisco y Sonora, donde se reunieron con miembros de diferentes organizaciones sociales y defensores de derechos humanos. También sostuvieron encuentros con los tres niveles de gobierno y miembros de secretarías como Relaciones Exteriores, Gobernación, Recursos Naturales, Economía. Por último, conversaron con representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos así como de las comisiones de derechos humanos de los estados a los que visitaron, miembros del Congreso de la Unión y empresas como Grupo Bimbo, Grupo México, Cemex, Pemex y la CFE. 4. ¿Con quiénes no se reunieron? En la conferencia de prensa del 7 de septiembre, donde se dieron a conocer los resultados preliminares de la visita del Grupo de Trabajo a México, los representantes de dicha organización dieron a conocer que, de todas las empresas que aparecen mencionadas en el informe, la única con la que no pudieron reunirse fue con Grupo Higa, la constructora que desarrolla la Autopista Toluca-Naucalpan a la que se oponen los habitantes San Francisco Xochicuautla, pues no respondió a su solicitud que fue enviada vía correo electrónico. Dante Pesce, representante de la agrupación también señaló que también con respecto al caso Xochicuautla, no pudieron reunirse con autoridades del Estado de México, aunque no especificó las razones. Sin embargo, sí entregaron un cuestionario, cuyas respuestas esperan agregar al reporte final de su visita a México, que presentarán en junio de 2017. 5. ¿Qué contiene su informe? El panorama en México El informe que presentaron los representantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos contiene un resumen breve del panorama en México sobre la materia y reflexiona acerca del contexto adverso en materia de derechos humanos al que se enfrenta el país. Pavel Sulyandziga señaló que, en su opinión, en el país existe una crisis en la materia. “Organizaciones internacionales y nacionales y mecanismos de derechos humanos han puesto de manifiesto los graves problemas de derechos humanos que enfrenta México. Niveles críticos de violencia, inseguridad, e impunidad contrastan con importantes desarrollos legislativos y políticas públicas promovidas por el gobierno”. En opinión de la agrupación, los representantes de gobierno y empresas con los que se reunieron han aceptado que existe una sensación de intolerancia ante los proyectos a gran escala. “Nos quedó claro que las principales preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos vinculadas a la empresa están relacionadas con un ejercicio inadecuado de debida diligencia por parte del gobierno y las empresas en el diseño e implementación de proyectos a gran escala. Se trata principalmente protecto en los sectores de minería, energía, construcción y turismo, que afectan a menudo a las comunidades indígenas”, se lee en el documento. El informe preliminar contiene casos representativos que ilustran la problemática de la relación entre empresas y derechos humanos. Esos caso son: la Autopista Toluca-Naucalpan, el parque eólico en Oaxaca, la contaminación en los ríos Sonora y Santiago (ubicado en el estado de Jalisco) y el despido de Carmen Aristegui por dar a conocer una investigación periodística. Todos los casos han sufrido el impacto del sector empresarial. “Hay prácticas que realizan empresas, como la industrialización, que hace años eran bien vistas y ahora no lo son. No todos los proyectos que revisamos van a ser viables. Hay casos que el riesgo supera los beneficios”, comentó Dante Pesce del Grupo de Trabajo. Además, el documento comparte información sobre la situación de los derechos laborales en México, para personas con discapacidad, población infantil, sindicatos, jornaleros y la discriminación de género en el lugar de trabajo. “La situación precaria de los trabajadores contratados temporalmente, falta de acceso a la seguridad social, salarios bajos y un salario mínimo que actualmente no es suficiente para permitir a trabajadores mantenerse a ellos mismos y sus familias”, señala el informe. Por último, el reporte hace un breve resumen sobre la situación de los defensores de derechos humanos en México, el trabajo de la CNDH y las comisiones de derechos humanos estatales y los procesos legales a los que en ocasiones tienen que recurrir las comunidades afectadas por proyectos de gran impacto. 6. Caso Xochicuautla Desde 2007, cuando Enrique Peña Nieto aún gobernaba la entidad, se impulsa la edificación de la Autopista Toluca-Naucalpan. Se trata de una carretera que se construye dentro de una vasta área natural, que es protegida por el gobierno mexicano desde el 8 de enero de 1980, bajo el nombre de Parque Estatal Otomí-Mexica. Los habitantes de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla denuncian que la autopista les está siendo impuesta y ha estado marcada por una serie de irregularidades que no sólo han atropellado sus derechos fundamentales como pueblo indígena, sino que son contrarias a lo que establece la legislación mexicana. 7. Caso parque eólico de Oaxaca El Grupo de Trabajo se reunió con las partes involucradas en la ampliación del parque eólico en los municipios de El Espinal y Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, al que se oponen las comunidades indígenas de la zona. Ellos denuncian que, aunque se llevó una consulta para determinar el destino de la obra, ésta fue amañada pues se hizo en un momento en el que ya estaban los molinos de viento en la región sobre la cual se pretendió consultar. En contraste, el informe menciona que, al reunirse con representantes de las autoridades de Oaxaca, les expresaron su frustración por la “cuestión indígena” había hecho que el proyecto se retrasara este proyecto energético. 8. Caso Río Sonora En Sonora, el Grupo de Trabajo revisó la situación en el Río Sonora, donde ocurrió el vertido tóxico a causa de una minera de cobre, propiedad de Grupo México. Ahí se reunieron con representantes del gobierno, la empresa y las personas afectadas para escuchar las tres versiones de la historia. El informe menciona la preocupaciones que existen en la comunidad, emanadas de las indemnizaciones que habrían de recibir por el daño, pues consideran que son arbitrarias. También señala que existe un descontento pues, de las 28 plantas de tratamiento de agua que la compañía se había comprometido a construir, solamente hay una terminada y no funciona debidamente. Por último, el documento narra que, aunque las personas afectadas consideran que no han sido debidamente informadas, representantes de Grupo México señalaron que era papel del Gobierno de la República proporcionar dicha información debidamente. 9. Caso Río Santiago, Jalisco El Grupo de Trabajo también revisó el caso del Río Santiago, ubicado en Jalisco, del que dijeron es considerado el más contaminado en México, pues recibe descargas de más de 300 industrias, que se localizan en uno de los corredores más importantes del país. El informe de la agrupación menciona que un representante de una de las empresas dijo reconocer los altos niveles de contaminación, aunque señaló que la organización a la que pertenece cumplió con las regulaciones que existían. “Las autoridades estatales eran muy conscientes del problema, pero subrayaron que se trataba de una cuestión federal y que se llevaron a cabo repetidos esfuerzos para establecer un grupo de trabajo con las autoridades federales que permitiera discutir un plan para la rehabilitación del Río Santiago. También subrayaron que es competencia de las autoridades federales y municipales supervisar el cumplimiento de las normas ambientales”, se deja leer en el informe. 10. Caso Carmen Aristegui y defensores de derechos humanos Por último, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre derechos humanos y empresas dio a conocer el 7 de septiembre que, durante su visita a México, también se reunieron con la periodista Carmen Aristegui, quien en 2015 fue despedida de la empresa en la que trabajaba por una investigación periodística, según argumenta la propia comunicadora. “Justamente ella realizó una investigación y nadie ha dicho nada en contra de la investigación. Nadie ha desmentido la investigación. Compartió y su caso y debo decir que aquí existe una grave violación de los derechos humanos por parte de la empresa que la despidió”, señaló Pavel Sulyandziga. 11. Conclusiones del informe preliminar El informe del Grupo de Trabajo de la ONU contiene una serie de conclusiones con respecto a su visita a México, aunque advierten que hay mucho por hacer para mejorar esta crisis de derechos humanos. “Estamos contentos de ver que hay un compromiso por parte del gobierno mexicana para avanzar en la agenda de derechos humanos y empresas. Sin embargo, se requiere de mayores esfuerzos para cambiar políticas públicas, prácticas, pero también mentalidades para comentar una cultura de transparencia, integridad, comportamiento ético y valores democráticos”, concluye el reporte. 12. Recomendaciones al gobierno de México y cuándo las conoceremos El informe presentado este 7 de septiembre es apenas un trabajo con resultados preliminares. Los representantes del Grupo de Trabajo dieron a conocer que les tomará entre tres y cuatro meses armar el reporte final, que será presentado en junio de 2017, en Ginebra, Suiza, cuando se lleve a cabo la 35 sesión del Consejo de derechos humanos de la ONU. Sin embargo, antes de que se presente el informe en Suiza, el Grupo de Trabajo dará a conocer las recomendaciones que da al gobierno mexicano, luego de su visita a territorio nacional. Sin embargo, recordaron que éstas no tienen obligatoriedad. Es decir, que los gobiernos que invitan a la agrupación no están obligadas a acoger dichos consejos. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO AUTOR: FRANCESC MESSEGUER LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/informe-onu-empresas-derechos-humanos-mexico/
En los últimos diez años se han encontrado – oficialmente – casi 700 cuerpos sepultados en fosas clandestinas en México. Más del 80 por ciento siguen sin ser identificados, a pesar que desde hace dos años el gobierno federal y los estados trabajan en la implementación de bases de datos genéticos unificadas para facilitar los reconocimientos. Datos revelados por la PGR, en respuesta a solicitudes de transparencia, arrojan que existen casos emblemáticos como los restos de personas encontradas en fosas de San Fernando, Tamaulipas, que a más de cinco años del hallazgo siguen sin ser identificados. Peor aún de los más de 150 cuerpos hallados en fosas de Iguala, Guerrero, tras la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, solo se ha identificado a 16. Guerrero es la entidad en donde se ha encontrado el mayor número de cuerpos en fosas, seguido de Tamaulipas. En total, la PGR reporta hallazgos de fosas en 18 de las 32 entidades del país, incluyendo la Ciudad de México. En el Cuarto Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto destacó los beneficios del sistema denominado AM/PM puesto en marcha con las entidades federativas para facilitar la identificación de personas desaparecidas a través de bases de datos genéticas unificadas. En el informe no se describió que tipo de resultados ha tenido este sistema cuyo diseño e implementación inicio en 2014. Oficialmente, en México hay casi 28 mil 500 personas desaparecidas, varios de ellos desde hace una década. 5 estados concentran el 81 % de los casos De acuerdo con las estadísticas de la PGR, desde el 2006 a la fecha se han encontrado en el país 215 fosas clandestinas en las cuales se han encontrado los restos de por lo menos 693 personas distintas. Durante los últimos años el hallazgo de fosas se ha incrementado. En 2014 se reportaron once casos distintos de hallazgos de fosas y en 2015 fueron ocho. Los datos oficiales además relevan que 121 cuerpos de los 693 encontrados en las fosas fueron identificados: apenas el 17.4 por ciento. Esto significa que en promedio 4 de cada 5 restos humanos encontrados siguen sin ser identificados. Aunque el hallazgo de fosas se extiende en más de la mitad de las entidades federativas del país, solamente en cinco entidades (Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Chihuahua y Durango) se concentran más del 81 por ciento de los casos registrados. Guerrero es por un amplio margen la entidad con el mayor número de casos: 259 cuerpos encontrados en fosas. La mayoría de estos casos se concentran en el municipio de Iguala (150), donde las autoridades implementaron operativos de búsqueda tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los datos oficiales arrojan que de los restos ubicados en ese municipio solo 16 han sido identificados, apenas el 10 por ciento. Luego se ubican Tamaulipas con 125 cuerpos rescatados de fosas ilegales; Jalisco con 75, Chihuahua con 54 y Durango con 53. Las otras entidades en donde se ha reportado el hallazgo confirmado de restos humanos enterrados en fosas clandestinas son: Michoacán, Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Sonora e Hidalgo. Cementerios desconocidos En abril de 2011 las autoridades encontraron 14 fosas clandestinas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, con 120 cadáveres plenamente diferenciados. El hallazgo ocurrió luego de que la zona fue objetivo de diversos operativos tras la masacre de 72 migrantes centroamericanos en agosto de 2010. Aunque se llegó a hablar de hasta 168 cuerpos, la PGR reconoció oficialmente 120 de los cuales solo hay 66 reconocidos. Es decir, a más de cinco años de distancia casi la mitad de las víctimas siguen sin ser identificadas. La PGR ha hecho distintos esfuerzos para tratar de identificar a las víctimas de las fosas de San Fernando. En septiembre de 2013 se firmó incluso un convenio oficial con el Equipo Argentino de Antropología Forense y otras instancias internacionales para establecer la identidad de los cuerpos. Aun así en la actualidad hay 54 cadáveres no identificados. Otro caso que causó un impacto social importante fue el descubrimiento de 37 fosas clandestinas en Jalisco, entre noviembre de 2013 y enero de 2014. El hallazgo se realizó en el municipio de La Barca, el cual se encuentra en la zona limítrofe con el estado de Michoacán. El hallazgo se realizó en el contexto de los operativos que se implementaron en la región contra Los Caballeros Templarios. En total el personal especializado de la PGR realizó el levantamiento de 75 cadáveres enterrados en el área de los cuales 17 han sido identificados. ¿Y el nuevo sistema? En 2014 la PGR comenzó los trabajos para la implementación de la “Base de Datos Ante Mortem Post Mortem AM/PM”, un sistema diseñado por la Cruz Roja Internacional cuya finalidad es facilitar la identificación de personas que se encuentren desaparecidas a partir de información genética. El sistema funciona a través de un software cuya función es confrontar la información de dos bancos de datos genéticos: uno de personas que sean encontradas en fosas ilegales o comunes y que no hayan sido identificadas, y el otro de familiares víctimas de desapariciones. Para funcionar este sistema requiere que todas las de datos genéticos del país se homologuen bajo los mismos parámetros, incluyendo las de los 32 estados, situación que no se consiguió hasta octubre de 2015 cuando la PGR anunció oficialmente que el sistema entraba en operación. En la actualidad de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, hay 28 mil 472 personas cuyo paradero se desconoce y por las cuales hay averiguaciones previas en curso. Mientras eso sucede más del 80 % de los restos de personas encontradas en fosas clandestinas del país siguen sin ser identificadas. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO AUTOR: ARTURO ANGEL LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/sin-identificar-mas-del-80-cuerpos-encontrados-fosas-clandestinas-la-ultima-decada/
La plataforma independiente de denuncia ciudadana y transparencia, Méxicoleaks, así como el grupo de Periodistas de a Pie, se encuentran entre los nominados que podrían recibir el Premio Gabriel García Márquez de periodismo en Colombia. Al darse a conocer la selección oficial, se anunció que la plataforma -de la cual es parte Aristegui Noticias– está nominada en la categoría “innovación”, donde compite también el cortometraje de Rafael Pineda “Rapé” y Leopoldo Hernández, dado a conocer en Pie de Página de Periodistas de a Pie.
En la referida categoría se encuentran nominados otros ocho proyectos periodísticos. En cuanto a “cobertura”, se encuentra nominado un proyecto mexicano, conocido como “Aprender a vivir con el narco”, inscrito por Daniel Moreno, Daniela Rea, Omar Sánchez, Dulce Ramos, Omar Bobadilla, del portal Animal Político. En la categoría “texto” no hay ningún mexicano nominado sino que todos son de América Latina. Por mejor “imagen” son 10 los nominados. Los nombres de los ganadores del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo 2016, que incluye cuatro categorías, se darán a conocer el próximo 29 de septiembre en el Jardín Botánico de Medellín, durante el #FestivalGabo, detalló la fundación. Los mil 608 trabajos que fueron postulados “a la cuarta edición del Premio se sometieron a tres rondas de juzgamiento, a cargo de distintos grupos de jurados para cada categoría”, agregó. En la ronda final, que se realizó en Cartagena, Colombia, se eligió la selección oficial del #PremioGabo, conformada por los 10 mejores trabajos en cada una de las cuatro categorías del concurso: Texto, Imagen, Cobertura e Innovación. Entre los trabajos de la selección oficial se encuentran los tres finalistas de cada categoría y, entre ellos, los ganadores. Cada finalista recibirá seis millones de pesos colombianos (dos mil 200 dólares) y un diploma por su destacada participación. El ganador de cada categoría recibirá 33 millones de pesos colombianos (11.5 mil dólares), un diploma que lo acredita como ganador y un ejemplar de la obra Gabriel, del artista colombiano Antonio Caro. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS AUTOR: REDACCIÓN LINK: http://aristeguinoticias.com/0809/kiosko/mexicoleaks-y-corto-mexicano-nominados-al-premio-gabriel-garcia-marquez/
El pasado primero de septiembre, el ejecutivo federal presentó al Congreso de la Unión el Cuarto Informe de Gobierno. La presente nota analiza algunos de los puntos más relevantes del informe con relación a los bosques y al medio ambiente. El trago más amargo es el recorte de más de doce mil millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que pasó de 68 mil a 56 mil millones de pesos entre el 2015 y el 2016. Uno de los aspectos que más claramente muestra la poca importancia que brinda la administración actual respecto al tema ambiental, y particularmente del sector forestal y al manejo activo de los bosques, es el severo recorte al presupuesto para apoyo al aprovechamiento sustentable de los bosques bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional Forestal.
Pese a que la cifra aprobada a Conafor para subsidios en materia forestal por el Congreso en el Presupuesto de Egresos del 2015 era de 5,022 millones de pesos, en los hechos sólo se aplicaron 3,940 millones (equivalentes a 3,543 millones del 2012). Si comparamos esta cifra con lo que se asignó en 2012, el último año del sexenio anterior, vemos una reducción de más del 20 % en el valor real (tomando en cuenta el INPC publicado por Inegi). Este recorte de un 20 % a los subsidios contradice las afirmaciones de las autoridades de la Conafor, cuyo Director General había declarado a principios del año que, si bien habría recortes en esa dependencia, éstos no afectarían la operación, pues sólo se reflejarían en una forma más eficiente de administrar los recursos, llevando a cabo algunos ajustes en la estructura (por ejemplo, desapareciendo las gerencias relacionadas con la silvicultura comunitaria). El hecho es que sí hubo recortes, y severos, en asuntos sustantivos de la dependencia, y estos recortes están impidiendo el alcance de las metas en términos de conservación, restauración, manejo de los bosques, capacidades técnicas, administrativas y financieras, producción, competitividad y acceso a mercados de los productos forestales por parte de las empresas forestales comunitarias.
Otro aspecto aún más notable se dio dentro de la Semarnat, en la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, cuya responsabilidad en el aprovechamiento forestal es sustantiva, y en donde el recorte ha sido de un 77 % para el mismo periodo (2012 – 2016). La Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos es la responsable de revisar y autorizar los programas de aprovechamiento de recursos forestales maderables y no maderables, emitir autorizaciones para las actividades de saneamiento en caso de plagas, autorizar el establecimiento de plantaciones comerciales, de emitir, distribuir y controlar la papelería legal indispensable para transportar la materia prima y los productos forestales, entre muchas otras funciones. Actualmente, después de este severo recorte del 77 por ciento, esta Dirección General es uno de los cuellos de botella más acuciantes que obstaculizan el buen desempeño de las empresas forestales comunitarias. Como ejemplo puede mencionarse el gigantesco retraso en la entrega de papelería (remisiones y reembarques) durante la temporada de corta del presente año, que impidió que varios cientos de miles de metros cúbicos de madera se pudieran comercializar a tiempo, según se reportó en la sesión del Comité Técnico del Consejo Nacional Forestal de mayo del 2016. Un par de casos particulares ilustran este tema: el 8 de marzo del 2016 hubo un fenómeno atípico de viento que afectó gravemente el arbolado de la región de Cutzamala – Valle de Bravo, en el estado de México. Cerca de 20 mil árboles (equivalentes a más de 40 mil metros cúbicos de madera, con un valor comercial cercano a los 50 millones de pesos para varios ejidos que son los dueños de esos bosques) fueron derribados por el viento. Estos árboles no se pudieron aprovechar antes del tiempo de lluvias, pues la Dirección General de Gestión de Bosques y Suelos no emitió la papelería que debería entregar para poder remover el arbolado derribado. Esto provocó que la madera quedara tirada, generando un alto riesgo de incendio e impidiendo comercializar la madera a tiempo. Otros casos graves los ilustran ejidos del sur de Campeche, en los que el retraso en la entrega de autorizaciones para el aprovechamiento de los productos forestales ha dejado sin empleo a cientos de familias y ha provocado que algunos ejidos hayan tenido que cerrar su operación forestal, incurriendo en impagos y embargos derivados de deudas respaldadas por el valor de la madera. Estos ejemplos se reproducen por todo el país. En algunos casos esta situación ha provocado abandono de los bosques, e incluso cambio de uso de suelo por actividades con menos regulaciones y dificultades, como la ganadería o la agricultura por contrato. Todo lo anterior constituye un verdadero boicot a uno de los programas más importantes del sector forestal del presente sexenio, la Estrategia Nacional de Incremento en la Productividad Forestal, ENAIPROS, que para su éxito requiere agilidad en las autorizaciones para el aprovechamiento forestal, para el transporte de la materia prima y los productos derivados del bosque, y para los trabajos de saneamiento de áreas plagadas. Por otro lado, es importante mencionar que, según el cuarto informe, dicha Dirección General ha autorizado en el último año y medio planes de manejo que abarcan más de un millón de hectáreas para aprovechamiento maderable. Estos planes no necesariamente significan que se incorporan nuevas áreas al manejo forestal, sino que se ha realizado una revisión de los inventarios y una modificación en las prácticas silvícolas para hacer más eficiente el aprovechamiento del bosque. Según se publica en el Cuarto Informe de Gobierno, ha habido un incremento de 12 % en la producción legal y sustentable de madera durante el periodo en el que se ha instrumentado la ENAIPROS (2013 – 2016). Si bien esta parece una buena noticia, nos muestra que, a cuatro años de su instrumentación, estamos muy lejos de estar en la ruta para alcanzar la meta de incremento superior al 90 % para el 2018, que es la meta original de esa estrategia. Es verdad que los resultados de una estrategia de largo plazo no pueden verse en los primeros años, y que los resultados deberán reflejarse después de un tiempo más largo. Sin embargo, parece bastante claro que la meta comprometida no se alcanzará, lo cual por un lado confirma que la meta era absurdamente alta, y por otro que con los recortes en el mejor de los casos se alcanzará un 20 % de la meta, y que quedará fuertemente inconclusa. Una dificultad adicional que está enfrentando la ENAIPROS es el desarrollo de mercados para los productos forestales adicionales, en una condición en donde no se ha fomentado la competitividad de los productores forestales nacionales ante los importadores, a quienes los diferentes tratados de libre comercio y el reciente Tratado Trans Pacífico, han favorecido en perjuicio de los productores nacionales. Otro recorte notable ocurre en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que también ha visto reducido el valor real de su presupuesto en un 22 % entre el 2012 y el 2016, al pasar de 1,075 millones de pesos a 848 millones (nuevamente deflactando conforme al INPC del INEGI). Esto ha reducido claramente su capacidad en relación a la vigilancia y sanción de por sí magra del comercio de madera ilegal. Según el reporte anual de la PROFEPA, en el 2012 se decomisaron cerca de 70 mil metros cúbicos de madera de origen ilegal, mientras que en el 2015 sólo fueron cerca de cuarenta mil, lo que parece corresponder con el recorte, aunque también se podría explicar por otros motivos. Vale la pena mencionar que los decomisos de madera que realiza la Profepa son cercanos a tan solo el uno por ciento de la madera que circula de manera ilegal en México, asumiendo las cifras oficiales de ilegalidad publicadas en el Programa Nacional Forestal 2013 – 2018 de tres millones de metros cúbicos anuales. Un tema que vale la pena resaltar es el recorte, también severo, que ha sufrido el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que en el 2012 tenía 344 millones de pesos (el entonces INE), y en el 2016 tan sólo le quedan 217 millones, una reducción de casi cincuenta por ciento si se considera el valor real conforme al INPC. Es necesario considerar que el INECC juega un papel fundamental en el diseño y planeación de las llamadas NDC (Contribuciones Nacionalmente Determinadas), que es el compromiso de reducciones en la emisión de gases de efecto de invernadero que estableció México ante el Acuerdo de París, y que reconoce el papel del manejo activo de los bosques en la mitigación al cambio climático. Esta drástica reducción en la capacidad del INECC tampoco parece un buen augurio para los bosques. Por otro lado, el rubro que sí ha tenido un aumento significativo es el de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que en el último año incrementó su presupuesto en 173 millones de pesos, al pasar de 1,185 a 1,359 millones. Algunos casos muestran un avance significativo en la política de la Conanp respecto a la promoción del manejo activo del bosque, como la recategorización del Parque Nacional Nevado de Toluca para convertirlo en una Zona de Conservación de Flora y Fauna. Sin embargo, no basta la revisión de las áreas bajo estatus de restricción, sino que al mismo tiempo es necesario incrementar los recursos y las capacidades institucionales para promover el manejo activo y sustentable del bosque y el apoyo a las actividades de silvicultura, transformación y comercialización. En los hechos se sigue obstaculizando la competitividad de las empresas forestales comunitarias por toda la sobre regulación existente. Por otro lado, hay un fuerte retroceso en la creación y registro por parte de la CONANP de nuevas Áreas Voluntarias de Conservación, que puede ser un esquema importante para salvaguardar territorios ejidales y comunales amenazados por actividades extractivas como la minería o la extracción de hidrocarburos. Los recortes sí impactaron a los bosques. Pese que la Comisión Nacional Forestal había hecho declaraciones en marzo del 2015 en el sentido de que los recortes al presupuesto no afectarían las metas, es claro que las están afectando, y de seguir esta tendencia reduccionista será imposible alcanzar las metas de cero deforestación, reducción de emisiones, conservación de la biodiversidad, restauración forestal, incremento en la producción forestal, y consecuentemente seguirán deteriorándose los bosques y la calidad de vida de los habitantes de los territorios forestales. Ahora que se está elaborando el presupuesto de egresos para el 2017 existe la oportunidad de fortalecer este tema prioritario, la conservación y el manejo activo de los bosques y selvas de México. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS AUTOR: RAUL BENET LINK: http://aristeguinoticias.com/0809/mexico/el-recorte-al-presupuesto-ambiental-y-las-promesas/
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Padres de los 49 niños que murieron calcinados en la Guardería ABC, el 5 de junio de 2009, denunciaron que la Procuraduría General de la República (PGR) violó el debido proceso de las víctimas, ya que nadie les notificó que la dependencia realizaría diligencias en el lugar de los hechos. Un grupo de padres arribó al lugar donde se encontraba la Guardería ABC, poco después del mediodía y ahí encontró a varias personas de nacionalidad extranjera que realizaban el peritaje. Al respecto, Julio César Márquez, padre de una de las víctimas del incendio, señaló: “Es una decisión unilateral por parte de PGR, que está llevando a cabo este peritaje. Hay conocimiento incluso firmado de la solicitud, firmado por las familias desde hace un mes, donde se acordó que no se llevaría a cabo (el peritaje), entonces hoy (nos encontramos) con la sorpresa que sí se está llevando el peritaje”. Explicaron que se trata de un acto arbitrario y que el personal que labora en el lugar ha introducido materiales y herramientas de construcción, además, que en días pasados se restableció el suministro de energía eléctrica en el lugar, con la finalidad de llevar a cabo este peritaje. “No consideramos que iban a ser capaces de hacerlo pero ya vimos que actuaron de otra manera”, indicó Márquez. Los padres argumentaron que no aceptaron el peritaje porque no confían en LWG Consulting, la empresa que se encuentra en el lugar, luego de que esa misma trabajó hace un año en el lugar y se negaron a informar de los resultados de esa investigación. Más tarde, la PGR dio a conocer que “el Ministerio Público de la Federación, a cargo de la investigación, acordó favorable la vialidad e idoneidad de la prueba solicitada e informó de ello a padres y madres afectadas”. Según la versión de la procuraduría, después de dos año y medio de que los padres insistían por escrito en que LWG Consulting realizara la prueba pericial, este miércoles fue aprobada dicha petición, para determinar la causa del incendio de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, donde el 5 de junio de 2009, murieron 49 niños y 106 resultaron heridos (Con información de Patricia Dávila). FUENTE: PROCESO AUTOR: REDACCIÓN LINK: http://www.proceso.com.mx/454115/padres-guarderia-abc-denuncian-peritaje-la-pgr-realizo-sin-informarles
Ciudad de México. El secretario de Hacienda José Antonio Meade acudirá hoy, a las 17 horas, a la Cámara de Diputados para cumplir con el protocolo de entrega del proyecto de paquete económico para el ejercicio fiscal del año 2017. El funcionario entregará al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), la Ley de Ingresos y los Criterios Generales de Política Económica. El acto de recepción se celebrará en el salón de protocolo de San Lázaro, y acudirán los coordinadores parlamentarios del PRI, César Camacho; del PAN, Marko Cortés; PRD, Francisco Martínez Neri; Rocio Nahle, Morena; Jesús Sesma, PVEM y Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano. La asistencia del secretario Meade ocurrirá un día después de haber asumido el cargo. Y como adelantó, la propuesta tendrá un inminente sentido social. FUENTE: LA JORNADA AUTOR: ROBERTO GARDUÑO Y RNRIQUE MÉNDEZ LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/08/meade-entrega-a-las-5-pm-el-paquete-economico-a-diputados
Ciudad de México | Desinformémonos. La ayuda destinada a los damnificados por las lluvias en Guerrero aún no es entregada a las comunidades, denunciaron organizaciones indígenas y personas con capacidades diferentes durante una protesta al interior de la Secretaría de Protección Civil en Chilpancingo. En primer lugar, alrededor de cien miembros de la organización Bloque Sur, que aglutina a 60 colonias de Chilpancingo, solicitó a Protección Civil la entrega de láminas, cobertores y colchones, pero según las autoridades, no cuenta con los objetos solicitados. Después, integrantes de organizaciones indígenas y discapacitados, encabezados por Abundio González, demostraron que los enseres se encuentran al interior de las instalaciones de la dependencia en estado de abandono. Por otra parte, el dirigente del Movimiento Popular de Guerrero, Arnulfo Cerón, denunció que las comunidades están incomunicadas por las lluvias en por lo menos en nueve municipios de la Montaña, y que el gobierno aún no envía la ayuda necesaria para los afectados, que en su mayoría son pueblos indígenas. Con información de La Jornada FUENTE: DESINFORMÉMONOS AUTOR: REDACCIÓN LINK: https://desinformemonos.org/protestan-por-falta-de-ayuda-a-los-damnificados-en-guerrero/