CANCUN, Q. Roo: Sin renunciar a su militancia priista, Carlos Mario Villanueva Tenorio, hijo del exgobernador Mario Villanueva Madrid, quien se encuentra preso en Estados Unidos, podría llegar a la Cámara de Diputados por el partido Encuentro Social (PES).
Villanueva Tenorio quedó registrado en la posición número tres de la lista de candidatos de representación proporcional por la Tercera Circunscripción Plurinominal, que abarca nueve estados del sur y sureste del país.
Con 25 años de militancia en el PRI, el expresidente municipal de Othón P. Blanco (Chetumal) y actual diputado local indicó que se trata de una decisión personal y que no implica a su padre Mario Villanueva, ni al “villanuevismo”.
“MI padre está dedicado a su proceso, para su pronta liberación”, dijo.
También aseguró que esta nominación no implica un enfrentamiento con el PRI.
“No es dejar el PRI, se trata de nuevas oportunidades para servir al estado y decidí aprovecharlas. No me peleo con el partido”, dijo.
Indicó que su postulación debe ser vista como una oportunidad para que un quintanarroense más llegue al Congreso de la Unión.
El PRI postuló para el 02 Distrito, con cabecera en Chetumal, la capital del estado, a Arlet Mólgora, del grupo político del exgobernador y actual senador Félix González Canto.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
viernes, 27 de marzo de 2015
Incumple Senado su trabajo y se va 11 días de puente por Semana Santa
Soslayó que el 7 de abril vence plazo para nombrar relevo de Luna Ramos.
El Senado incumplió con el plazo legal para nombrar al magistrado que debe ocupar la vacante en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que dejará Alejandro Luna Ramos, toda vez que el plazo vence el próximo martes, pero los legisladores estarán de vacaciones.
La mayoría de los 128 legisladores empezaron ayer mismo el largo puente de 11 días por Semana Santa y la próxima sesión es el 7 de abril, cuando se desahogará finalmente el nombramiento del magistrado electoral.
Ayer comparecieron ante la Comisión de Justicia los integrantes de la terna propuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Javier Aguayo Silva, Enrique Aguirre Saldívar y Julio César Cruz Ricárdez.
Los integrantes de dicha comisión elaboraron el dictamen de elegibilidad, en el que se señala que reúnen los requisitos legales para ser magistrados electorales, pero ya no se pudo pasar al pleno, porque además de que los legisladores cerraron la sesión antes de las 3 de la tarde, para no toparse con la marcha en exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotznapa, no hay acuerdo entre las fuerzas políticas.
El nombramiento se entrampó porque finalmente el PRI no logró los votos necesarios para impulsar a Javier Aguayo Silva. El PRD y parte del PAN respaldan a Enrique Aguirre Saldívar, aunque están conscientes de que no reúnen la mayoría calificada requerida, por lo que se prevé un escenario de regresar la terna.
En entrevista, el presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth, dijo que si bien el plazo vence el próximo martes –en que no sesionarán– queda en función de la celebración formal de las reuniones plenarias y también de los acuerdos políticos.
Lo importante, recalcó, es tener un acuerdo político sobre quién va a integrar la sala superior del TEPJF. Sostuvo que hay aproximaciones entre los grupos políticos, pero en caso de que ninguno de los candidatos logre las dos terceras partes de los votos, la terna será rechazada y en un plazo de tres días hábiles la Corte deberá proponer tres nuevos candidatos.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ANDREA BECERRIL/ VICTOR BALLINAS
El Senado incumplió con el plazo legal para nombrar al magistrado que debe ocupar la vacante en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que dejará Alejandro Luna Ramos, toda vez que el plazo vence el próximo martes, pero los legisladores estarán de vacaciones.
La mayoría de los 128 legisladores empezaron ayer mismo el largo puente de 11 días por Semana Santa y la próxima sesión es el 7 de abril, cuando se desahogará finalmente el nombramiento del magistrado electoral.
Ayer comparecieron ante la Comisión de Justicia los integrantes de la terna propuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Javier Aguayo Silva, Enrique Aguirre Saldívar y Julio César Cruz Ricárdez.
Los integrantes de dicha comisión elaboraron el dictamen de elegibilidad, en el que se señala que reúnen los requisitos legales para ser magistrados electorales, pero ya no se pudo pasar al pleno, porque además de que los legisladores cerraron la sesión antes de las 3 de la tarde, para no toparse con la marcha en exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotznapa, no hay acuerdo entre las fuerzas políticas.
El nombramiento se entrampó porque finalmente el PRI no logró los votos necesarios para impulsar a Javier Aguayo Silva. El PRD y parte del PAN respaldan a Enrique Aguirre Saldívar, aunque están conscientes de que no reúnen la mayoría calificada requerida, por lo que se prevé un escenario de regresar la terna.
En entrevista, el presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth, dijo que si bien el plazo vence el próximo martes –en que no sesionarán– queda en función de la celebración formal de las reuniones plenarias y también de los acuerdos políticos.
Lo importante, recalcó, es tener un acuerdo político sobre quién va a integrar la sala superior del TEPJF. Sostuvo que hay aproximaciones entre los grupos políticos, pero en caso de que ninguno de los candidatos logre las dos terceras partes de los votos, la terna será rechazada y en un plazo de tres días hábiles la Corte deberá proponer tres nuevos candidatos.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ANDREA BECERRIL/ VICTOR BALLINAS
Defiende Coldwell proceso de licitaciones para explotación de crudo
México, DF. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, defendió el actual proceso de licitaciones para la explotación de hidrocarburos que realiza México y consideró que siguen siendo muy atractivos para las compañías internacionales, pese a que países como el Reino Unido reducen impuestos para incentivar el desarrollo de la economía de las empresas petroleras.
Entrevistado al final de la sesión inaugural del seminario México-Noruega sobre Energía, Economía y Ecología (Las tres E's), el funcionario afirmó: “nosotros tenemos costos de extracción de todos nuestros campos de aguas someras más baratos que en el Mar del Norte”.
Además, explicó: “lo que hemos hecho es flexibilizar los términos de los contratos, tal y como ha sido ya anunciado. Se amplían los plazos de exploración, se dan más pasos para participar en consorcios, los planes de desarrollo se dan por unidades de trabajo, y facilidades para que la garantía ademas de la casa matriz, pudiera ser de la empresa intermedia bien capitalizada. Eso es lo que hemos venido haciendo”.
Durante su exposición ante Borge Brende, ministro de relaciones Exteriores de Noruega, el secretario de Energía aseguró que en la coyuntura actual México ya implementa su reforma energética y las primeras dos licitaciones de la Ronda Uno, para la exploración y extracción de hidrocarburos en México ha demostrado ser de gran interés para las empresas nacionales y extranjeras.
“Nuestro país ofrece moderados costos de extracción bajo riesgo geológico por los que las áreas a licitar son ampliamente competitivos a nivel internacional”.
Informó que para la primera convocatoria, que comprende la exploración en aguas del Golfo de México,49 empresas han mostrado interés de participar, 39 pagaron par acceder al cuarto de datos y 32 se han inscrito en la licitación.
Por su parte, para la segunda licitación para la explotación de crudo en aguas someras, 12 empresas han manifestado su interés, seis han pagado el acceso al cuarto de datos y dos ya están inscritas al proceso.
Pedro Joaquín Coldwell aseveró que en poco mas de un año la reforma energética ha cambiado radicalmente la situación anterior de producción de energía, casi estatal a un corto paradigma en la que participan empresas privadas, nacionales y foráneas, junto a las estatales en el afán de incorporar productivamente todos los recursos disponibles en el territorio nacional.
En estos momentos, el secretario de Energía como presidente del consejo de administración de Petróleos Mexicanos ( Pemex), encabeza la reunión de Consejo en la que se aborda una larga agenda, que comprende aparte de nombramientos “se va a aprobar el estatuto orgánico y las reglas que regirán para integrar las subsidiarias de Pemex, empresa que se va a reorganizar en dos grandes subsidiarias, una para exploración y producción y otra para trabajo industrial.
AUTOR: ISAREL RODRÍGUEZ.
Periodista maya se ampara contra Comisión de Derechos Humanos de Q. Roo
CANCÚN, Q. Roo: El periodista y activista maya Pedro Canché solicitó un amparo contra actos del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), Harley Sosa Guillén.
Radicada con el número de expediente 829/2014 en el Juzgado Sexto de Distrito de Chetumal, la solicitud argumenta “la falta de acción y los abusos” cometidos por el ombudsman local, explicó la abogada Aracely Andrade.
“En dicho amparo se establece que las autoridades estatales no brindaron medidas de protección a su integridad física y emocional ni al debido proceso” que se le sigue por el delito de sabotaje, detalló.
La demanda de amparo acusa las golpizas que recibió Canché tras ser detenido el pasado 30 y 31 de agosto, sin que los custodios de la cárcel municipal hayan intervenido para su protección. El periodista solicitó la intervención de la Cdheqroo, pero ésta determinó que sus lesiones no fueron producto de una agresión directa en su contra, sino por un enfrentamiento.
También refiere que Sosa Guillén pidió a las autoridades de la cárcel retirar al periodista hojas y plumas para que no pudiera escribir cartas desde la prisión.
Luego de la difusión de un video en el que cuestionó al gobernador Roberto Borge, el activista fue detenido con el argumento de que promovía un bloqueo a la sede de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en Felipe Carrillo Puerto.
En ese entonces, Pedro Canché daba cobertura a las protestas, que incluyeron un platón en el parque principal del sitio, donde granaderos arremetieron contra los manifestantes.
Fue acusado y encerrado en prisión por el delito de sabotaje. Además de él, están presos dirigentes del Consejo de Colonias Populares (Cocopo) de Felipe Carrillo Puerto, Alfredo Esquivel y Cab y Teresita Brito Piña, secretaria de Finanzas del comité municipal de Morena, por promover las protestas.
Y mientras Canché solicitó el amparo, en Chetumal, Harley Sosa Guillén rindió su primer informe como presidente de la Cdheqroo. En el salón Constituyentes de 1974 entregó la información de sus actividades, aunque ante la asistencia de 11 de los 25 diputados que integran la legislatura local.
Presentan iniciativa de ley
En medio de una persecución contra periodistas sin precedentes en el estado, el diputado panista Sergio Bolio Rosado presentó al pleno del Congreso del estado una iniciativa para crear la Ley de Protección a las Personas Defensoras de los Derechos y de Salvaguarda del Ejercicio de Periodismo en Quintana Roo.
Sin embargo, horas después, la Unidad del Vocero del Gobierno anunció que el gobernador Roberto Borge Angulo, presentará a través de la Consejería Jurídica, su propia iniciativa de “Ley para la Protección Integral a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y de la Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo en el Estado de Quintana Roo”.
La dependencia la describió “como un acto verdaderamente ejemplar y marca un hito en el desarrollo y protección, hoy urgente e indispensable, de los derechos humanos”.
De acuerdo con Sergio Bolio Rosado, también presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura local, su iniciativa contempla como el bien jurídicamente tutelado, no sólo a la libertad de expresión, sino cualquier tipo de acción de libertad de información.
“Va en dos vías: el derecho de informar y el derecho de estar informado”, dijo.
La iniciativa cuenta con 17 capítulos y 45 artículos en los que se incluye que el periodista tenga el derecho de ejercer su profesión de acuerdo con su ideología, “sin que ello sea motivo de algún tipo de presión”, explicó. Además, prevé la defensa del derecho de autor y se amplía a los colaboradores de los periodistas.
Para la protección de los reporteros, la incitativa contiene medidas preventivas “de urgente atención”. Por ejemplo, propone crear una comisión quintanarroense de protección a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y sus colaboradores, dijo.
Ésta estaría integrada por 10 personas: un representante de la Secretaría de Gobierno, de la Procuraduría estatal, de la Secretaría de Seguridad Pública, del Congreso del estado –que sería el presidente de la comisión- , del Poder judicial, de la Comisión de Derechos Humanos, así como dos integrantes del gremio periodístico acreditados en la entidad y dos más de la sociedad civil.
Detalló que los periodistas que se sientan agraviados podrían acudir a esta a esa instancia y ésta podrá aplicar “medidas preventivas, de protección y de protección urgente”.
El diputado Bolio Rosado dijo que espera enriquecer la iniciativa con aportaciones de periodistas y defensores de derechos humanos. Sin embargo, reconoció que el tema depende del PRI, que es mayoría en el Congreso local.
La iniciativa fue presentada en el marco de las agresiones realizadas contra periodistas y medios de comunicación en Quintana Roo, por ejemplo, contra Pedro Canché, activista maya quien el próximo 30 de marzo cumple siete meses en prisión acusado de sabotaje.
Además, las ediciones del semanario Luces del Siglo han sido recurrentemente “clonadas” y el portal de noticias Noticaribe fue “hackeado”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
Radicada con el número de expediente 829/2014 en el Juzgado Sexto de Distrito de Chetumal, la solicitud argumenta “la falta de acción y los abusos” cometidos por el ombudsman local, explicó la abogada Aracely Andrade.
“En dicho amparo se establece que las autoridades estatales no brindaron medidas de protección a su integridad física y emocional ni al debido proceso” que se le sigue por el delito de sabotaje, detalló.
La demanda de amparo acusa las golpizas que recibió Canché tras ser detenido el pasado 30 y 31 de agosto, sin que los custodios de la cárcel municipal hayan intervenido para su protección. El periodista solicitó la intervención de la Cdheqroo, pero ésta determinó que sus lesiones no fueron producto de una agresión directa en su contra, sino por un enfrentamiento.
También refiere que Sosa Guillén pidió a las autoridades de la cárcel retirar al periodista hojas y plumas para que no pudiera escribir cartas desde la prisión.
Luego de la difusión de un video en el que cuestionó al gobernador Roberto Borge, el activista fue detenido con el argumento de que promovía un bloqueo a la sede de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en Felipe Carrillo Puerto.
En ese entonces, Pedro Canché daba cobertura a las protestas, que incluyeron un platón en el parque principal del sitio, donde granaderos arremetieron contra los manifestantes.
Fue acusado y encerrado en prisión por el delito de sabotaje. Además de él, están presos dirigentes del Consejo de Colonias Populares (Cocopo) de Felipe Carrillo Puerto, Alfredo Esquivel y Cab y Teresita Brito Piña, secretaria de Finanzas del comité municipal de Morena, por promover las protestas.
Y mientras Canché solicitó el amparo, en Chetumal, Harley Sosa Guillén rindió su primer informe como presidente de la Cdheqroo. En el salón Constituyentes de 1974 entregó la información de sus actividades, aunque ante la asistencia de 11 de los 25 diputados que integran la legislatura local.
Presentan iniciativa de ley
En medio de una persecución contra periodistas sin precedentes en el estado, el diputado panista Sergio Bolio Rosado presentó al pleno del Congreso del estado una iniciativa para crear la Ley de Protección a las Personas Defensoras de los Derechos y de Salvaguarda del Ejercicio de Periodismo en Quintana Roo.
Sin embargo, horas después, la Unidad del Vocero del Gobierno anunció que el gobernador Roberto Borge Angulo, presentará a través de la Consejería Jurídica, su propia iniciativa de “Ley para la Protección Integral a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y de la Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo en el Estado de Quintana Roo”.
La dependencia la describió “como un acto verdaderamente ejemplar y marca un hito en el desarrollo y protección, hoy urgente e indispensable, de los derechos humanos”.
De acuerdo con Sergio Bolio Rosado, también presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura local, su iniciativa contempla como el bien jurídicamente tutelado, no sólo a la libertad de expresión, sino cualquier tipo de acción de libertad de información.
“Va en dos vías: el derecho de informar y el derecho de estar informado”, dijo.
La iniciativa cuenta con 17 capítulos y 45 artículos en los que se incluye que el periodista tenga el derecho de ejercer su profesión de acuerdo con su ideología, “sin que ello sea motivo de algún tipo de presión”, explicó. Además, prevé la defensa del derecho de autor y se amplía a los colaboradores de los periodistas.
Para la protección de los reporteros, la incitativa contiene medidas preventivas “de urgente atención”. Por ejemplo, propone crear una comisión quintanarroense de protección a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y sus colaboradores, dijo.
Ésta estaría integrada por 10 personas: un representante de la Secretaría de Gobierno, de la Procuraduría estatal, de la Secretaría de Seguridad Pública, del Congreso del estado –que sería el presidente de la comisión- , del Poder judicial, de la Comisión de Derechos Humanos, así como dos integrantes del gremio periodístico acreditados en la entidad y dos más de la sociedad civil.
Detalló que los periodistas que se sientan agraviados podrían acudir a esta a esa instancia y ésta podrá aplicar “medidas preventivas, de protección y de protección urgente”.
El diputado Bolio Rosado dijo que espera enriquecer la iniciativa con aportaciones de periodistas y defensores de derechos humanos. Sin embargo, reconoció que el tema depende del PRI, que es mayoría en el Congreso local.
La iniciativa fue presentada en el marco de las agresiones realizadas contra periodistas y medios de comunicación en Quintana Roo, por ejemplo, contra Pedro Canché, activista maya quien el próximo 30 de marzo cumple siete meses en prisión acusado de sabotaje.
Además, las ediciones del semanario Luces del Siglo han sido recurrentemente “clonadas” y el portal de noticias Noticaribe fue “hackeado”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
Frenan senadores del PRI y PAN debate sobre despido de Aristegui
MÉXICO, D.F: Senadores del PRI y el PAN evitaron que el despido de la periodista Carmen Aristegui por parte de la empresa MVS, se discutiera en el pleno camaral e inclusive frenaron que los puntos de acuerdo correspondientes se calificaran como de urgente resolución.
De esta manera, legisladores de las dos principales fuerzas políticas en el Senado lograron turnar el caso Aristegui a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Los puntos de acuerdo que pasan a dichas comisiones son: pedir la reinstalación de la periodista Carmen Aristegui y su equipo en MVS, así como para abrir los distintos medios, incluyendo el Canal del Congreso y el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) para el equipo de la comunicadora.
Durante la sesión, los senadores Javier Corral, del PAN, Dolores Padierna y Zoé Robledo del PRD, Manuel Bartlett y Layda Sansores, del PT, afirmaron que la salida de la periodista constituye un retroceso para la libertad de expresión y criticaron al primer mandatario Enrique Peña Nieto a quien Bartlett atribuyó la autoría del golpe contra la comunicadora.
El despido de Aristegui es un intento de Peña Nieto de imponer una “dictadura mediática”, afirmó Bartlett, quien consideró que “es imposible aceptar la calificación de la Secretaría de Gobernación de que es un problema entre particulares”, ya que el mismo relator de la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que la salida de la periodista es un “acto de silenciamiento” y de “manipulación de la opinión pública”.
Bartlett, exsecretario de Gobernación durante el sexenio de Miguel de la Madrid, afirmó que “frente a la enorme credibilidad de Aristegui, la credibilidad del gobierno es nula”. “En su inexorable pérdida de autoridad, Peña Nieto no podrá silenciar a México”, sentenció el senador del PT.
Layda Sansores afirmó que también es una actitud “desesperada” de Peña Nieto para silenciar a la sociedad con “garrote y con el hacha, pues el país se le deshace entre las manos”.
Marco Antonio Blásquez Salinas, presidente de la Comisión de Agresiones contra Periodista, le propuso al dueño de MVS que retome el diálogo con la conductora.
El senador panista Javier Corral consideró que “la arrogancia e incompetencia del equipo cercano al presidente de Enrique Peña Nieto es la antología de que viene lo peor”, pues, tras la salida de Aristegui, se prevé el cierre masivo de otros espacios de comunicación e información.
“México vive un vendaval autoritario; el presiente Peña Nieto ha volcado décadas atrás en el sometimiento de los medios de comunicación, mediante cuantiosos recursos de cooptación, pero también de chantaje y hostigamiento empresarial”, afirmó el senador chihuahuense.
Corral propuso que el Canal del Congreso le abra un espacio a la conductora como una demostración de que el Poder Legislativo no se quede al margen y se manifieste frente al atropello de la libertad de expresión.
La senadora del PRD, Dolores Padierna, leyó otro punto de acuerdo planteado en conjunto con el senador Alejandro Encinas. Subrayó que se han encendido los “focos rojos nacionales e internacionales” a causa de los signos de retroceso en la libertad de expresión.
Padierna también acusó al gobierno de Peña Nieto de “arrogancia” y que “poco le importó el costo que deba asumir”. “El golpe a Aristegui viola principios constitucionales”, como son los derechos a la información, de réplica y el de las audiencias, argumentó la legisladora.
Padierna propuso que el Senado haga un pronunciamiento público por el respeto irrestricto a la libertad de expresión en los medios y que se revise el despido de los reporteros Aristegui, Daniel Lizárraga e Irving Huerta, de la primera emisión de Noticias MVS Radio.
El senador Zoé Robledo, del PRD, consideró que este episodio puso al descubierto la falta de transparencia en la industria de los medios concesionados. Propuso que se solicite abrir un espacio en el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) para Aristegui y su equipo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
De esta manera, legisladores de las dos principales fuerzas políticas en el Senado lograron turnar el caso Aristegui a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Los puntos de acuerdo que pasan a dichas comisiones son: pedir la reinstalación de la periodista Carmen Aristegui y su equipo en MVS, así como para abrir los distintos medios, incluyendo el Canal del Congreso y el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) para el equipo de la comunicadora.
Durante la sesión, los senadores Javier Corral, del PAN, Dolores Padierna y Zoé Robledo del PRD, Manuel Bartlett y Layda Sansores, del PT, afirmaron que la salida de la periodista constituye un retroceso para la libertad de expresión y criticaron al primer mandatario Enrique Peña Nieto a quien Bartlett atribuyó la autoría del golpe contra la comunicadora.
El despido de Aristegui es un intento de Peña Nieto de imponer una “dictadura mediática”, afirmó Bartlett, quien consideró que “es imposible aceptar la calificación de la Secretaría de Gobernación de que es un problema entre particulares”, ya que el mismo relator de la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que la salida de la periodista es un “acto de silenciamiento” y de “manipulación de la opinión pública”.
Bartlett, exsecretario de Gobernación durante el sexenio de Miguel de la Madrid, afirmó que “frente a la enorme credibilidad de Aristegui, la credibilidad del gobierno es nula”. “En su inexorable pérdida de autoridad, Peña Nieto no podrá silenciar a México”, sentenció el senador del PT.
Layda Sansores afirmó que también es una actitud “desesperada” de Peña Nieto para silenciar a la sociedad con “garrote y con el hacha, pues el país se le deshace entre las manos”.
Marco Antonio Blásquez Salinas, presidente de la Comisión de Agresiones contra Periodista, le propuso al dueño de MVS que retome el diálogo con la conductora.
El senador panista Javier Corral consideró que “la arrogancia e incompetencia del equipo cercano al presidente de Enrique Peña Nieto es la antología de que viene lo peor”, pues, tras la salida de Aristegui, se prevé el cierre masivo de otros espacios de comunicación e información.
“México vive un vendaval autoritario; el presiente Peña Nieto ha volcado décadas atrás en el sometimiento de los medios de comunicación, mediante cuantiosos recursos de cooptación, pero también de chantaje y hostigamiento empresarial”, afirmó el senador chihuahuense.
Corral propuso que el Canal del Congreso le abra un espacio a la conductora como una demostración de que el Poder Legislativo no se quede al margen y se manifieste frente al atropello de la libertad de expresión.
La senadora del PRD, Dolores Padierna, leyó otro punto de acuerdo planteado en conjunto con el senador Alejandro Encinas. Subrayó que se han encendido los “focos rojos nacionales e internacionales” a causa de los signos de retroceso en la libertad de expresión.
Padierna también acusó al gobierno de Peña Nieto de “arrogancia” y que “poco le importó el costo que deba asumir”. “El golpe a Aristegui viola principios constitucionales”, como son los derechos a la información, de réplica y el de las audiencias, argumentó la legisladora.
Padierna propuso que el Senado haga un pronunciamiento público por el respeto irrestricto a la libertad de expresión en los medios y que se revise el despido de los reporteros Aristegui, Daniel Lizárraga e Irving Huerta, de la primera emisión de Noticias MVS Radio.
El senador Zoé Robledo, del PRD, consideró que este episodio puso al descubierto la falta de transparencia en la industria de los medios concesionados. Propuso que se solicite abrir un espacio en el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) para Aristegui y su equipo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
A seis meses de Ayotzinapa, se bloquearon sedes electorales en Oaxaca, Guerrero y Michoacán
MÉXICO, D.F: A seis meses de la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa, profesores de Oaxaca, Guerrero y Michoacán tomaron las representaciones electorales.
En Tixtla, Guerrero, maestros y un grupo de padres de familia tomaron las instalaciones del Consejo Distrital 24 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
También hubo movilizaciones en Chilpancingo, Tlapa y Acapulco.
Aparte, en Oaxaca, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) clausuraron las oficinas de los 11 consejos distritales del Instituto Nacional Electoral y del Consejo General.
Mientras tanto, en Michoacán un contingente de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon las oficinas del Instituto Electoral Estatal.
En el Distrito Federal se convoco una marcha a las cuatro de la tarde en el Ángel de la Independencia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
En Tixtla, Guerrero, maestros y un grupo de padres de familia tomaron las instalaciones del Consejo Distrital 24 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
También hubo movilizaciones en Chilpancingo, Tlapa y Acapulco.
Aparte, en Oaxaca, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) clausuraron las oficinas de los 11 consejos distritales del Instituto Nacional Electoral y del Consejo General.
Mientras tanto, en Michoacán un contingente de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon las oficinas del Instituto Electoral Estatal.
En el Distrito Federal se convoco una marcha a las cuatro de la tarde en el Ángel de la Independencia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Por “pandillerismo”, detienen a líder de indígenas golpeadas en Tabasco
VILLAHERMOSA, Tab: Julio César Álvarez de los Santos, líder de las mujeres indígenas chontales que ayer fueron golpeadas por policías estatales, fue detenido por “alterar el orden público, agredir a la autoridad y pandillerismo”, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Mediante un comunicado, la dependencia precisó que mantener el orden público y garantizar el libre tránsito de las personas constituyen dos condiciones fundamentales que el Estado mexicano está obligado a salvaguardar, “sin ceder a presiones o chantajes de ningún tipo”.
Por ello, añadió, todo acto que atente contra esos derechos de la ciudadanía “será siempre atendido sin cortapisas con los instrumentos que establece la ley”.
Explicó que ante la protesta de las mujeres indígenas, “que incluyó el cierre obligado de instalaciones de gobierno”, elementos de la SSP se apersonaron en la zona “para resguardar la seguridad de oficinas y personal de las distintas dependencias ubicadas en el Centro Administrativo, pero sin menoscabo del derecho de manifestación de los inconformes”.
Sin embargo, ante la presencia del cuerpo policial, “los manifestantes incitados por Álvarez de los Santos respondieron con agresiones físicas y verbales que derivaron en una confrontación que arrojó un saldo de tres elementos de seguridad heridos”, apuntó.
A raíz del enfrentamiento, “incitado contra los policías”, Álvarez de los Santos fue detenido junto con Antonio Castellanos Hernández “por alterar el orden público, agredir a la autoridad y pandillerismo”, detalló.
Por su lado, el gobernador Arturo Núñez comentó que con actos como el de ayer, las indígenas chontales no tendrán ningún apoyo del gobierno del estado.
“El gobierno del estado apreció y no responde y esa no es su función: hacer maquilas… de acuerdo, y si andan con Julio César Álvarez, que es un vival, menos. Que no ande interrumpiendo actos del gobernador”, dijo textualmente el mandatario.
A su vez, el secretario de Desarrollo Económico y Turismo (SDET), David Gustavo Rodríguez Rosario, informó que el gobierno sí ha apoyado y tiene voluntad de ayudar a las mujeres que solicitan la instalación de la maquiladora de ropa en el municipio de Macuspana, pero que la “intransigencia” de su líder, Julio César Álvarez, es el principal obstáculo.
El funcionario realizó un periplo por noticieros de radio para explicar que desde el inicio del gobierno nuñista se ofrecieron apoyos de capacitación y equipamiento para la instalación de maquiladoras.
No obstante, dijo, estos ofrecimientos fueron rechazados por Julio Álvarez por considerar que no obedecían al tamaño del proyecto que pretenden.
Pese a ello, se apoyó el diseño e integración del proyecto en colaboración con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y un consultor externo financiado por la SDET, apuntó.
Igualmente se respaldó la constitución legal de la sociedad Exótica Textiles, para que el proyecto pudiera presentarse al Instituto Nacional de Emprendedores (Inadem) de la Secretaría de Economía federal, como lo pide la normatividad, con una aportación de 2 millones de pesos.
A pesar de esto, añadió el funcionario, nadie de la Agrupación México Despierta, a la que pertenecen las mujeres chontales, se presentó a recoger la carta de respaldo a su proyecto, lo cual ocasionó que quedara fuera de la convocatoria de Inadem, pues ayer venció el plazo, de acuerdo con sus reglas de operación.
Reprochó que Julio César Álvarez no esté en ánimo de trabajar, sino de confrontar con el proyecto de la maquiladora.
Destacó que existen 80 proyectos con el Inadem que fueron presentados en forma y están operando con más de mil 300 personas que trabajan y generan empleos.
“El mensaje es que los apoyos del gobierno del estado y en particular de la SDET están al alcance de todo los ciudadanos que cumplan con la norma”, enfatizó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
Mediante un comunicado, la dependencia precisó que mantener el orden público y garantizar el libre tránsito de las personas constituyen dos condiciones fundamentales que el Estado mexicano está obligado a salvaguardar, “sin ceder a presiones o chantajes de ningún tipo”.
Por ello, añadió, todo acto que atente contra esos derechos de la ciudadanía “será siempre atendido sin cortapisas con los instrumentos que establece la ley”.
Explicó que ante la protesta de las mujeres indígenas, “que incluyó el cierre obligado de instalaciones de gobierno”, elementos de la SSP se apersonaron en la zona “para resguardar la seguridad de oficinas y personal de las distintas dependencias ubicadas en el Centro Administrativo, pero sin menoscabo del derecho de manifestación de los inconformes”.
Sin embargo, ante la presencia del cuerpo policial, “los manifestantes incitados por Álvarez de los Santos respondieron con agresiones físicas y verbales que derivaron en una confrontación que arrojó un saldo de tres elementos de seguridad heridos”, apuntó.
A raíz del enfrentamiento, “incitado contra los policías”, Álvarez de los Santos fue detenido junto con Antonio Castellanos Hernández “por alterar el orden público, agredir a la autoridad y pandillerismo”, detalló.
Por su lado, el gobernador Arturo Núñez comentó que con actos como el de ayer, las indígenas chontales no tendrán ningún apoyo del gobierno del estado.
“El gobierno del estado apreció y no responde y esa no es su función: hacer maquilas… de acuerdo, y si andan con Julio César Álvarez, que es un vival, menos. Que no ande interrumpiendo actos del gobernador”, dijo textualmente el mandatario.
A su vez, el secretario de Desarrollo Económico y Turismo (SDET), David Gustavo Rodríguez Rosario, informó que el gobierno sí ha apoyado y tiene voluntad de ayudar a las mujeres que solicitan la instalación de la maquiladora de ropa en el municipio de Macuspana, pero que la “intransigencia” de su líder, Julio César Álvarez, es el principal obstáculo.
El funcionario realizó un periplo por noticieros de radio para explicar que desde el inicio del gobierno nuñista se ofrecieron apoyos de capacitación y equipamiento para la instalación de maquiladoras.
No obstante, dijo, estos ofrecimientos fueron rechazados por Julio Álvarez por considerar que no obedecían al tamaño del proyecto que pretenden.
Pese a ello, se apoyó el diseño e integración del proyecto en colaboración con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y un consultor externo financiado por la SDET, apuntó.
Igualmente se respaldó la constitución legal de la sociedad Exótica Textiles, para que el proyecto pudiera presentarse al Instituto Nacional de Emprendedores (Inadem) de la Secretaría de Economía federal, como lo pide la normatividad, con una aportación de 2 millones de pesos.
A pesar de esto, añadió el funcionario, nadie de la Agrupación México Despierta, a la que pertenecen las mujeres chontales, se presentó a recoger la carta de respaldo a su proyecto, lo cual ocasionó que quedara fuera de la convocatoria de Inadem, pues ayer venció el plazo, de acuerdo con sus reglas de operación.
Reprochó que Julio César Álvarez no esté en ánimo de trabajar, sino de confrontar con el proyecto de la maquiladora.
Destacó que existen 80 proyectos con el Inadem que fueron presentados en forma y están operando con más de mil 300 personas que trabajan y generan empleos.
“El mensaje es que los apoyos del gobierno del estado y en particular de la SDET están al alcance de todo los ciudadanos que cumplan con la norma”, enfatizó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
Por desaparición de normalistas hay 104 detenidos: PGR
MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) calificó la investigación sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa de “transparente, exhaustiva y apegada a derecho” e informó que a seis meses de los hechos hay un saldo de 104 detenidos y nueve aprehensiones pendientes.
Precisó también que está a la espera de que un tribunal federal ordene las detenciones por el delito de desaparición forzada contra los implicados en el Caso Iguala, las cuales fueron negadas por un juez federal de Tamaulipas.
“La PGR reitera que ha realizado una investigación transparente, exhaustiva y apegada a derecho. Al respecto, se iniciaron 25 averiguaciones previas relacionadas con los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala y Cocula, Guerrero.
“En relación a la consignaciones por el delito de desaparición forzada esta Procuraduría se encuentra pendiente de la resolución que emita el Tribunal de alzada, siendo que los agravios expuestos por esta representación social están ya siendo valorados por la autoridad jurisdiccional”, dijo la dependencia.
El boletín de la PGR detalla que la SEIDO ha llevado a la cárcel a 48 agentes de la Policía Municipal de Iguala, 16 de la Policía de Cocula y 40 supuestos miembros de la banda Guerreros Unidos, los cuales fueron procesados por homicidio, secuestro y delincuencia organizada.
La Procuraduría indicó que faltan nueve órdenes de aprehensión por cumplimentar contra probables involucrados en el crimen de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Precisó también que está a la espera de que un tribunal federal ordene las detenciones por el delito de desaparición forzada contra los implicados en el Caso Iguala, las cuales fueron negadas por un juez federal de Tamaulipas.
“La PGR reitera que ha realizado una investigación transparente, exhaustiva y apegada a derecho. Al respecto, se iniciaron 25 averiguaciones previas relacionadas con los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala y Cocula, Guerrero.
“En relación a la consignaciones por el delito de desaparición forzada esta Procuraduría se encuentra pendiente de la resolución que emita el Tribunal de alzada, siendo que los agravios expuestos por esta representación social están ya siendo valorados por la autoridad jurisdiccional”, dijo la dependencia.
El boletín de la PGR detalla que la SEIDO ha llevado a la cárcel a 48 agentes de la Policía Municipal de Iguala, 16 de la Policía de Cocula y 40 supuestos miembros de la banda Guerreros Unidos, los cuales fueron procesados por homicidio, secuestro y delincuencia organizada.
La Procuraduría indicó que faltan nueve órdenes de aprehensión por cumplimentar contra probables involucrados en el crimen de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Primero sus hijos; luego las elecciones
Medio año después de la desaparición de los 43 normalistas y a 72 días de la jornada electoral, los familiares siguen con interrogantes y reiteran que no hay condiciones para que haya comicios en Guerrero.
Agotados física y mentalmente por permanecer seis meses en la búsqueda de sus hijos, los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa fueron claros: no permitirán que haya elecciones en Guerrero.
Tras marchar desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución, familiares de los estudiantes advirtieron que en la entidad no existen condiciones para llevar a cabo comicios el próximo 7 de junio.
“Hemos dicho que en Guerrero no va a haber elecciones. Primero, que nos presenten a nuestros hijos, los 43 estudiantes, y después habrá elecciones. Mientras no nos los presenten, no habrá elecciones”, advirtió Bernabé Abraján, padre de Adán Abraján de la Cruz, uno de los jóvenes desaparecidos.
Abraján, uno de los dos padres que acudieron en febrero pasado a Ginebra, Suiza, para participar en el examen de México ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, fue más allá y declaró que la justicia para sus hijos llegará por una u otra vía.
“Mi dicho es que si el Gobierno no hace justicia, el pueblo hará justicia”, sentenció.
No tienen miedo
En un contingente visiblemente menor del que ha participado en otras movilizaciones, marcharon activistas como el padre Alejandro Solalinde, y se vio ondeando banderas con el rostro de la periodista Carmen Aristegui.
Los padres de familia afirmaron que no creen en la información que les ha dado el Gobierno federal sobre el supuesto destino de sus hijos pues, dijeron, el grupo de peritos argentinos que coadyuvan en la investigación les ha dado indicios de que no es sostenible la versión de que los 43 estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula.
“El gobierno lo que ha hecho es jugar con nosotros, nos ha mentido siempre. Primero, con que estaban en las fosas; pero gracias a los forenses argentinos, desmintieron eso. Ahora nos salen con que fueron quemados en el basurero de Cocula y que los aventaron al río. ¿Cómo piensa que le vamos a creer después de todo lo que ha hecho?”, lanzó Janet Arzola, hermana del estudiante Francisco Arzola.
“Creo que el dolor de madre ya se me volvió furia contra este gobierno. Nos ha quitado tanto, que nos quitó hasta el miedo. No tenemos miedo, seguiremos luchando”, comentó María Elena Guerrero, madre de Giovanni Galindes, uno de los desaparecidos.
Los padres de familia pidieron a quienes los han apoyado que no los dejen solos en la búsqueda de sus hijos, pues gracias a la presión social que se ha ejercido sobre los autoridades, es como no se ha dado carpetazo al caso.
Isidoro Vicario, abogado de los familiares de los jóvenes desaparecidos, pidió que no se piense al movimiento como uno que incita al odio, sino que solo buscan justicia.
“El movimiento de los padres no es para sembrar odio en el pueblo de México. El movimiento de los padres tiene una sola finalidad, que es la exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes”, manifestó.
La movilización transcurrió sin incidentes, salvo algunas pintas realizadas por jóvenes encapuchados en algunos edificios y esculturas del Paseo de la Reforma.
La próxima cita que lanzaron los padres de familia fue para el 4 de abril, fecha en que se realizará la Asamblea Nacional Popular en la localidad de Ayotzinapa, en Guerrero.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Agotados física y mentalmente por permanecer seis meses en la búsqueda de sus hijos, los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa fueron claros: no permitirán que haya elecciones en Guerrero.
Tras marchar desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución, familiares de los estudiantes advirtieron que en la entidad no existen condiciones para llevar a cabo comicios el próximo 7 de junio.
“Hemos dicho que en Guerrero no va a haber elecciones. Primero, que nos presenten a nuestros hijos, los 43 estudiantes, y después habrá elecciones. Mientras no nos los presenten, no habrá elecciones”, advirtió Bernabé Abraján, padre de Adán Abraján de la Cruz, uno de los jóvenes desaparecidos.
Abraján, uno de los dos padres que acudieron en febrero pasado a Ginebra, Suiza, para participar en el examen de México ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, fue más allá y declaró que la justicia para sus hijos llegará por una u otra vía.
“Mi dicho es que si el Gobierno no hace justicia, el pueblo hará justicia”, sentenció.
No tienen miedo
En un contingente visiblemente menor del que ha participado en otras movilizaciones, marcharon activistas como el padre Alejandro Solalinde, y se vio ondeando banderas con el rostro de la periodista Carmen Aristegui.
Los padres de familia afirmaron que no creen en la información que les ha dado el Gobierno federal sobre el supuesto destino de sus hijos pues, dijeron, el grupo de peritos argentinos que coadyuvan en la investigación les ha dado indicios de que no es sostenible la versión de que los 43 estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula.
“El gobierno lo que ha hecho es jugar con nosotros, nos ha mentido siempre. Primero, con que estaban en las fosas; pero gracias a los forenses argentinos, desmintieron eso. Ahora nos salen con que fueron quemados en el basurero de Cocula y que los aventaron al río. ¿Cómo piensa que le vamos a creer después de todo lo que ha hecho?”, lanzó Janet Arzola, hermana del estudiante Francisco Arzola.
“Creo que el dolor de madre ya se me volvió furia contra este gobierno. Nos ha quitado tanto, que nos quitó hasta el miedo. No tenemos miedo, seguiremos luchando”, comentó María Elena Guerrero, madre de Giovanni Galindes, uno de los desaparecidos.
Los padres de familia pidieron a quienes los han apoyado que no los dejen solos en la búsqueda de sus hijos, pues gracias a la presión social que se ha ejercido sobre los autoridades, es como no se ha dado carpetazo al caso.
Isidoro Vicario, abogado de los familiares de los jóvenes desaparecidos, pidió que no se piense al movimiento como uno que incita al odio, sino que solo buscan justicia.
“El movimiento de los padres no es para sembrar odio en el pueblo de México. El movimiento de los padres tiene una sola finalidad, que es la exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes”, manifestó.
La movilización transcurrió sin incidentes, salvo algunas pintas realizadas por jóvenes encapuchados en algunos edificios y esculturas del Paseo de la Reforma.
La próxima cita que lanzaron los padres de familia fue para el 4 de abril, fecha en que se realizará la Asamblea Nacional Popular en la localidad de Ayotzinapa, en Guerrero.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Confirman liberación de 12 comuneros detenidos en Holbox
CANCÚN, Q. Roo: El Segundo Tribunal Colegiado del 27 Circuito resolvió a favor de los 12 comuneros detenidos en la isla de Holbox, por lo que en breve deberán ser puestos en libertad.
Alejandro Aguirre Bonfil, abogado de los campesinos arrestados el pasado 24 de julio, indicó que esa instancia confirmó el amparo concedido en diciembre de 2014 por la juez tercero de distrito, Ana María Nava Ortega.
No obstante, a solicitud de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el Ministerio Público del Fuero Común presentó un recurso de revisión que hoy finalmente quedó resuelto.
“Para nosotros esto es una victoria, pero no basta el papel, hace falta la salida”, dijo el abogado, quien indicó que habrá que esperar que corra el procedimiento para que Nava Ortega sea formalmente notificada y ésta, a su vez,
ordene al Juzgado Séptimo de Distrito la libertad de los comuneros, acusados de delitos ambientales por la supuesta tala de mangle y otras especies protegidas.
Aguirre Bonfil consideró que probablemente mañana los 12 pobladores de Holbox abandonarán el Centro de Reinserción Social (Cereso) de esta ciudad.
El litigante explicó que el Segundo Tribunal Colegiado del 27 Circuito confirmó que en la detención de los holboxeños se violó el debido proceso que establece el artículo 16 de la Constitución General de la República, porque fueron puestos a disposición de manera ilegal por parte de inspectores de la Profepa, que son una autoridad contenciosa administrativa.
Esos inspectores, agregó, no son policías, no pueden hacer detenciones ni poner a nadie a disposición del Ministerio Publico. Esa medida, en todo caso, correspondía a los elementos de la Marina que participaron en el operativo, apuntó.
Las personas que en breve obtendrán su libertad son: Lorenzo Poot Canché, Reyes Gaspar Chi Aké, Alfredo Sánchez Marfil, Walter Pinzón Kumul, Alberto Lugo Canul, Alfredo Poot Balam, Carlos Piste Chan, Perfecto Piste Chi, Alfredo Canul Abán, Eliseo Noh Huchim, Víctor Cocom Dzib y Sergio Pontan.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
Alejandro Aguirre Bonfil, abogado de los campesinos arrestados el pasado 24 de julio, indicó que esa instancia confirmó el amparo concedido en diciembre de 2014 por la juez tercero de distrito, Ana María Nava Ortega.
No obstante, a solicitud de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el Ministerio Público del Fuero Común presentó un recurso de revisión que hoy finalmente quedó resuelto.
“Para nosotros esto es una victoria, pero no basta el papel, hace falta la salida”, dijo el abogado, quien indicó que habrá que esperar que corra el procedimiento para que Nava Ortega sea formalmente notificada y ésta, a su vez,
ordene al Juzgado Séptimo de Distrito la libertad de los comuneros, acusados de delitos ambientales por la supuesta tala de mangle y otras especies protegidas.
Aguirre Bonfil consideró que probablemente mañana los 12 pobladores de Holbox abandonarán el Centro de Reinserción Social (Cereso) de esta ciudad.
El litigante explicó que el Segundo Tribunal Colegiado del 27 Circuito confirmó que en la detención de los holboxeños se violó el debido proceso que establece el artículo 16 de la Constitución General de la República, porque fueron puestos a disposición de manera ilegal por parte de inspectores de la Profepa, que son una autoridad contenciosa administrativa.
Esos inspectores, agregó, no son policías, no pueden hacer detenciones ni poner a nadie a disposición del Ministerio Publico. Esa medida, en todo caso, correspondía a los elementos de la Marina que participaron en el operativo, apuntó.
Las personas que en breve obtendrán su libertad son: Lorenzo Poot Canché, Reyes Gaspar Chi Aké, Alfredo Sánchez Marfil, Walter Pinzón Kumul, Alberto Lugo Canul, Alfredo Poot Balam, Carlos Piste Chan, Perfecto Piste Chi, Alfredo Canul Abán, Eliseo Noh Huchim, Víctor Cocom Dzib y Sergio Pontan.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
Detienen a capo de los Beltrán Leyva en San Pedro
La Marina capturó el día de ayer en Nuevo León a “El Charly”, identificado como líder del Cártel de los Beltrán Leyva en el municipio de San Pedro Garza García.
El jefe operativo del Cártel de los Beltrán Leyva en San Pedro fue detenido ayer por elementos de La Marina.
Extraoficialmente se sabe que el capo aprehendido es conocido como “El Charly” y es el encargado de la venta de droga en el municipio sampetrino principalmente en la zona del Centrito.
“El Charly” está identificado con “La Oficina”, como se le llama al grupo de los Beltrán Leyva que opera en el municipio de Nuevo León.
Es un grupo que ha sido vinculado con la Policía de San Pedro y con el polémico “Grupo Rudo”, que operó durante el gobierno de Mauricio Fernández.
El día de ayer la Marina realizó diferentes operativos en Monterrey y en el municipio de San Pedro.
No hubo información oficial sobre estas acciones de la Marina, pero la información fue confirmada por fuentes extraoficiales.
El más notorio de los cateos se registró en la colonia Lomas del Hípico, al sur de Monterrey, pero también hubo presencia de marinos en la colonia Valle Alto.
La captura de “El Charly” se da en medio de una disputa por parte de los principales cárteles de la droga del municipio de San Pedro y la incursión del Cártel del Golfo.
La detención de “El Charly” ocurre tres semanas después de la aprehensión de Omar Treviño Morales, “El Z-42”, líder del Cártel de los Zetas, en la colonia Fuentes del Valle.
El Cártel de los Zetas, desde la aprehensión de Miguel Ángel Morales, “El Z-40”, tenía una alianza con los Beltrán Leyva en San Pedro.
La detención de Treviño Morales puso al descubierto una gran cantidad de bienes como residencias y vehículos de lujo propiedad del “Z-42” en el municipio de San Pedro.
También desató una crisis de seguridad en el municipio gobernado por el PAN.
Apenas el día de ayer, el alcalde Ugo Ruiz destituyó como secretario de Seguridad a Sergio Palacios, mando encargado de la policía sampetrina desde la época de Mauricio Fernández.
En su lugar Ugo Ruiz designó al exPolicía Federal Juan Manuel Osorno Mayo.
“El Charly” está identificado como uno de los líderes de la organización de los Beltrán Leyva en el municipio de San Pedro.
Hace dos semanas trascendió que Rodolfo López Ibarra, “El Nito”, detenido hace 6 años, había regresado al mencionado municipio.
Hace seis años Héctor Huerta Ríos “La Burra”, líder de los Beltrán Leyva, fue detenido en el Centrito.
Desde entonces las autoridades no habían realizado detenciones ligadas a esta organización criminal que opera en San Pedro.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
El jefe operativo del Cártel de los Beltrán Leyva en San Pedro fue detenido ayer por elementos de La Marina.
Extraoficialmente se sabe que el capo aprehendido es conocido como “El Charly” y es el encargado de la venta de droga en el municipio sampetrino principalmente en la zona del Centrito.
“El Charly” está identificado con “La Oficina”, como se le llama al grupo de los Beltrán Leyva que opera en el municipio de Nuevo León.
Es un grupo que ha sido vinculado con la Policía de San Pedro y con el polémico “Grupo Rudo”, que operó durante el gobierno de Mauricio Fernández.
El día de ayer la Marina realizó diferentes operativos en Monterrey y en el municipio de San Pedro.
No hubo información oficial sobre estas acciones de la Marina, pero la información fue confirmada por fuentes extraoficiales.
El más notorio de los cateos se registró en la colonia Lomas del Hípico, al sur de Monterrey, pero también hubo presencia de marinos en la colonia Valle Alto.
La captura de “El Charly” se da en medio de una disputa por parte de los principales cárteles de la droga del municipio de San Pedro y la incursión del Cártel del Golfo.
La detención de “El Charly” ocurre tres semanas después de la aprehensión de Omar Treviño Morales, “El Z-42”, líder del Cártel de los Zetas, en la colonia Fuentes del Valle.
El Cártel de los Zetas, desde la aprehensión de Miguel Ángel Morales, “El Z-40”, tenía una alianza con los Beltrán Leyva en San Pedro.
La detención de Treviño Morales puso al descubierto una gran cantidad de bienes como residencias y vehículos de lujo propiedad del “Z-42” en el municipio de San Pedro.
También desató una crisis de seguridad en el municipio gobernado por el PAN.
Apenas el día de ayer, el alcalde Ugo Ruiz destituyó como secretario de Seguridad a Sergio Palacios, mando encargado de la policía sampetrina desde la época de Mauricio Fernández.
En su lugar Ugo Ruiz designó al exPolicía Federal Juan Manuel Osorno Mayo.
“El Charly” está identificado como uno de los líderes de la organización de los Beltrán Leyva en el municipio de San Pedro.
Hace dos semanas trascendió que Rodolfo López Ibarra, “El Nito”, detenido hace 6 años, había regresado al mencionado municipio.
Hace seis años Héctor Huerta Ríos “La Burra”, líder de los Beltrán Leyva, fue detenido en el Centrito.
Desde entonces las autoridades no habían realizado detenciones ligadas a esta organización criminal que opera en San Pedro.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
Grabación del agente 007 deja pérdidas de 60% en Centro Histórico: Canacope
MÉXICO, D.F: No sólo las marchas y manifestaciones afectan a los comercios ubicados en el centro histórico; el cierre de calles provocado por la filmación de la nueva película de James Bond dejó perdidas económicas a los establecimientos comerciales.
De acuerdo con la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo del Distrito Federal (Canacope), aproximadamente seis mil 500 comercios fueron afectados debido a las pocas ventas que registraron por el cierre obligado para la filmación de “Spectre” en las calles Tacuba, Uruguay, Corregidora y Eje Central.
Peor aún, los negocios reportaron pérdidas en 60% en sus ventas, mientras que alrededor de 35 mil fuentes de trabajo fueron afectadas.
Ante esta situación, el presidente de la Canacope, Gerardo López Becerra, aclaró en conferencia: “por supuesto que estamos de acuerdo en que una película tan taquillera y con tanta proyección como la serie de James Bond venga a filmar a México y tome en cuenta nuestras calles y folklore, por supuesto que apoyamos este proyecto”.
Sin embargo, agregó que las autoridades y el equipo de producción debió planear hacerlo “compaginado con la actividad comercial, mercantil que a diario tenemos, porque si solamente cerramos vialidades y afectamos la vida comercial, afectamos no solamente a seis mil 500 negocios, sino a las familias de los trabajadores que dependen de estos negocio”.
El líder empresarial consideró que la perspectiva para la época vacacional de Semana Santa es positiva, ya que se prevé que el DF recibirá cerca de un millón 400 mil turistas nacionales y extranjeros quienes dejarán una derrama económica de 3 mil millones de pesos durante la temporada.
López Becerra aclaró que giros como jugueterías, talleres mecánicos o de bicicletas, así como venta de artículos deportivos especializados en deportes acuáticos tienen un especial repunte hacia el Sábado de Gloria y días siguientes, ya que muchos padres de familia habilitan albercas infantiles en el interior de sus hogares.
Agregó que visitar la Ciudad de México durante la Semana Santa es una de las mejores opciones para el turismo nacional y extranjero por sus invaluables edificios, plazas, templos, calles y avenidas con valor histórico; además de sus atractivos museos, zonas comerciales y la inconmensurable oferta culinaria atractiva para cualquier bolsillo y gusto.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
De acuerdo con la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo del Distrito Federal (Canacope), aproximadamente seis mil 500 comercios fueron afectados debido a las pocas ventas que registraron por el cierre obligado para la filmación de “Spectre” en las calles Tacuba, Uruguay, Corregidora y Eje Central.
Peor aún, los negocios reportaron pérdidas en 60% en sus ventas, mientras que alrededor de 35 mil fuentes de trabajo fueron afectadas.
Ante esta situación, el presidente de la Canacope, Gerardo López Becerra, aclaró en conferencia: “por supuesto que estamos de acuerdo en que una película tan taquillera y con tanta proyección como la serie de James Bond venga a filmar a México y tome en cuenta nuestras calles y folklore, por supuesto que apoyamos este proyecto”.
Sin embargo, agregó que las autoridades y el equipo de producción debió planear hacerlo “compaginado con la actividad comercial, mercantil que a diario tenemos, porque si solamente cerramos vialidades y afectamos la vida comercial, afectamos no solamente a seis mil 500 negocios, sino a las familias de los trabajadores que dependen de estos negocio”.
El líder empresarial consideró que la perspectiva para la época vacacional de Semana Santa es positiva, ya que se prevé que el DF recibirá cerca de un millón 400 mil turistas nacionales y extranjeros quienes dejarán una derrama económica de 3 mil millones de pesos durante la temporada.
López Becerra aclaró que giros como jugueterías, talleres mecánicos o de bicicletas, así como venta de artículos deportivos especializados en deportes acuáticos tienen un especial repunte hacia el Sábado de Gloria y días siguientes, ya que muchos padres de familia habilitan albercas infantiles en el interior de sus hogares.
Agregó que visitar la Ciudad de México durante la Semana Santa es una de las mejores opciones para el turismo nacional y extranjero por sus invaluables edificios, plazas, templos, calles y avenidas con valor histórico; además de sus atractivos museos, zonas comerciales y la inconmensurable oferta culinaria atractiva para cualquier bolsillo y gusto.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Si el gobierno acaba con medios democráticos, nuestro movimiento se cae: normalistas
MÉXICO, D.F: Ante varios miles reunidos en la explanada del Monumento a la Revolución, el normalista de Ayotzinapa, Juan Caseta llamó a la ciudadanía a defender la democracia en los medios de comunicación, en referencia al despido de Carmen Aristegui de MVS.
“Si el gobierno acaba con los medios democráticos y libres, nuestro movimiento se cae”, alertó en lo que fue la Décima Jornada Global por Ayotzinapa.
A seis meses de la noche trágica de Iguala, padres de los 43 estudiantes desaparecidos se trasladaron una vez más hacia la Ciudad de México para entregar al titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, su petición de cancelar las elecciones en Guerrero y reiterar su exigencia de la presentación con vida de sus familiares.
“¡No nos dejen solos!, su presencia nos llena de fortaleza”, pidió María Helena Guerrero Vázquez, madre del normalista Giovanni Galindas Guerrero.
Como la guerrerense, durante el mitin los demás familiares de los normalistas expresaron su agradecimiento a los asistentes a la marcha.
Epifanio Álvarez, padre de Jorge Álvarez Nava, subrayó que “cuando somos pocos nos reprimen y debemos retroceder”. Sin embargo, enfatizó: “aquí estamos con la misma fuerza y la misma desesperación que el primer día”.
Con voz recia, preguntó: “¿Cuánto cuida uno a un hijo para que no le pase nada?”. Recordó que su esposa salió a Estados Unidos como representante del comité de padres de los normalistas desaparecidos y advirtió: “No importa que no esté con ella, iremos al otro lado del mundo si es necesario”.
Yaneth, hermana de Luis Francisco Arzona, abundó: “sin ustedes el gobierno no nos haría caso”.
Los padres de los estudiantes desaparecidos insistieron en que su movimiento es pacífico. “No sembramos odio, sólo exigimos la presentación con vida de nuestros hijos”.
Además, celebraron el trabajo que realizan tanto el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en la investigación de los hechos violentos de hace medio año.
Un abogado del grupo, identificado como Isidro, insistió en que “tenemos un acompañamiento de mucha seriedad, el GIEI recomendó al gobierno a retomar la búsqueda con vida de los 43”. Por ello, llamó a los ciudadanos a “estar atentos a las investigaciones”.
Convocada a las cuatro de la tarde en la glorieta del Ángel de la Independencia, la marcha comenzó con una hora de retraso en espera de que llegara más gente.
En los últimos seis meses, la causa de Ayotzinapa llegó a reunir a decenas de miles de personas provenientes de todos los sectores sociales. Incluso, desbordó el Zócalo capitalino, tanto de gente como de un clima eléctrico que llevó a miles de manifestantes a aplaudir la quema de un muñeco representando al presidente Enrique Peña Nieto.
Hoy fueron relativamente pocos los que iniciaron la marcha. Los contingentes de estudiantes, sindicatos y organizaciones sociales, encabezados por un comité de padres de los desaparecidos y de normalistas, arrancaron sin llenar el carril derecho del Paseo de la Reforma entre el Ángel de la Independencia y la glorieta de la Palma, a unos 250 metros de distancia.
Aún así, en el transcurso de la marcha –la cual se llevó a cabo sin incidentes– se agregaron más contingentes, por lo que la explanada del Monumento a la Revolución terminó llena.
“Pedíamos educación, nos respondieron con balas”, explicó en el camino y con un micrófono en la mano un normalista. “Atrás de nosotros están abrazadas muchas causas que son justas”, añadió.
Entre las consignas y pancartas que suelen acompañar el movimiento de solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa se oyeron gritos aislados exigiendo el regreso al noticiero de MVS de Carmen Aristegui.
Escasas pintas recubrieron paredes, entre ellas una en la banqueta frente del edificio del ISSSTE, que decía de manera sobria: “6 meses y aún nos faltan 43”. Una más, a pocos metros, aseveraba: “La justicia no vendrá de los culpables”.
Según el reporte oficial del Gobierno del Distrito Federal, a la marcha asistieron alrededor de mil 500 personas. En un breve comunicado, agregó que “la movilización se realizó de forma pacífica y solo un grupo de autodenominados anarquistas realizó pintas”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
“Si el gobierno acaba con los medios democráticos y libres, nuestro movimiento se cae”, alertó en lo que fue la Décima Jornada Global por Ayotzinapa.
A seis meses de la noche trágica de Iguala, padres de los 43 estudiantes desaparecidos se trasladaron una vez más hacia la Ciudad de México para entregar al titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, su petición de cancelar las elecciones en Guerrero y reiterar su exigencia de la presentación con vida de sus familiares.
“¡No nos dejen solos!, su presencia nos llena de fortaleza”, pidió María Helena Guerrero Vázquez, madre del normalista Giovanni Galindas Guerrero.
Como la guerrerense, durante el mitin los demás familiares de los normalistas expresaron su agradecimiento a los asistentes a la marcha.
Epifanio Álvarez, padre de Jorge Álvarez Nava, subrayó que “cuando somos pocos nos reprimen y debemos retroceder”. Sin embargo, enfatizó: “aquí estamos con la misma fuerza y la misma desesperación que el primer día”.
Con voz recia, preguntó: “¿Cuánto cuida uno a un hijo para que no le pase nada?”. Recordó que su esposa salió a Estados Unidos como representante del comité de padres de los normalistas desaparecidos y advirtió: “No importa que no esté con ella, iremos al otro lado del mundo si es necesario”.
Yaneth, hermana de Luis Francisco Arzona, abundó: “sin ustedes el gobierno no nos haría caso”.
Los padres de los estudiantes desaparecidos insistieron en que su movimiento es pacífico. “No sembramos odio, sólo exigimos la presentación con vida de nuestros hijos”.
Además, celebraron el trabajo que realizan tanto el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en la investigación de los hechos violentos de hace medio año.
Un abogado del grupo, identificado como Isidro, insistió en que “tenemos un acompañamiento de mucha seriedad, el GIEI recomendó al gobierno a retomar la búsqueda con vida de los 43”. Por ello, llamó a los ciudadanos a “estar atentos a las investigaciones”.
Convocada a las cuatro de la tarde en la glorieta del Ángel de la Independencia, la marcha comenzó con una hora de retraso en espera de que llegara más gente.
En los últimos seis meses, la causa de Ayotzinapa llegó a reunir a decenas de miles de personas provenientes de todos los sectores sociales. Incluso, desbordó el Zócalo capitalino, tanto de gente como de un clima eléctrico que llevó a miles de manifestantes a aplaudir la quema de un muñeco representando al presidente Enrique Peña Nieto.
Hoy fueron relativamente pocos los que iniciaron la marcha. Los contingentes de estudiantes, sindicatos y organizaciones sociales, encabezados por un comité de padres de los desaparecidos y de normalistas, arrancaron sin llenar el carril derecho del Paseo de la Reforma entre el Ángel de la Independencia y la glorieta de la Palma, a unos 250 metros de distancia.
Aún así, en el transcurso de la marcha –la cual se llevó a cabo sin incidentes– se agregaron más contingentes, por lo que la explanada del Monumento a la Revolución terminó llena.
“Pedíamos educación, nos respondieron con balas”, explicó en el camino y con un micrófono en la mano un normalista. “Atrás de nosotros están abrazadas muchas causas que son justas”, añadió.
Entre las consignas y pancartas que suelen acompañar el movimiento de solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa se oyeron gritos aislados exigiendo el regreso al noticiero de MVS de Carmen Aristegui.
Escasas pintas recubrieron paredes, entre ellas una en la banqueta frente del edificio del ISSSTE, que decía de manera sobria: “6 meses y aún nos faltan 43”. Una más, a pocos metros, aseveraba: “La justicia no vendrá de los culpables”.
Según el reporte oficial del Gobierno del Distrito Federal, a la marcha asistieron alrededor de mil 500 personas. En un breve comunicado, agregó que “la movilización se realizó de forma pacífica y solo un grupo de autodenominados anarquistas realizó pintas”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
Ayotzinapa, el temor de Peña
MÉXICO, D.F: El gobierno de Enrique Peña Nieto está empeñado en reducir la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a un asunto meramente delictivo. A medio año de la tragedia, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, dejó en claro que a eso se han reducido y así seguirán las investigaciones.
En el gabinete de seguridad ha existido una fuerte resistencia para investigar el caso como desaparición forzada; es decir, como un crimen de lesa humanidad; y, sobre todo, a reconocerlo como un grave delito cometido desde el poder político del Estado mexicano.
El balance que presentó la procuradora justo seis meses después de la detención de los jóvenes por parte de policías municipales y su posterior desaparición atribuida a delincuentes, demuestra el empeño gubernamental de desasociar lo político y lo criminal.
En línea de lo hecho por su antecesor, Jesús Murillo Karam, Arely Gómez dijo que hay 104 detenidos; 48 policías municipales de Iguala, 16 de Cocula y 40 integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos.
Todos, incluido el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, como meros operadores, pero sin que se sepa hasta ahora que se está investigando la estructura política, económica y social que ha acompañado a ese grupo de la delincuencia organizada.
La procuradora mencionó también que hay 25 averiguaciones previas por los delitos de homicidio, secuestro y delincuencia organizada. Pero no hay ninguna por desaparición forzada. Para justificarse, la PGR le cargó la responsabilidad al Poder Judicial.
Señaló la PGR en un boletín fechado el 26 de marzo: “En relación a las consignaciones por el delito de desaparición forzada esta Procuraduría se encuentra pendiente de la resolución que emita el Tribunal de alzada, siendo que los agravios expuestos por esta representación social están siendo valorados por la autoridad jurisdiccional”.
En México, nadie más que el ministerio público tiene el monopolio de las averiguaciones previas y por ende esa instancia es la que consigna ante la justicia a los responsables de los delitos. El juez valora las actuaciones y la tipificación delictiva, pero sólo después de que el ministerio público le presente un expediente en el que sustente sus acusaciones. La PGR engaña y manipula.
El periódico La Jornada publicó el domingo 22 de marzo los argumentos de la PGR para no considerar la tragedia como un delito de lesa humanidad; es decir, un crimen contra la humanidad.
Según la información consignada, resultado de una solicitud de acceso a la información, la procuraduría aseguró que en el caso de Ayotzinapa “no se advierte que se pudiera tratar de ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil, sino que fueron hechos que si bien son muy delicados, sensibles y relevantes, constituyen acontecimientos aislados”.
De nueva cuenta, es muy clara la distorsión de la PGR. Un delito de lesa humanidad no se tipifica sólo por su frecuencia. La Corte Penal Internacional lo define como las conductas o cualquier acto inhumano –como la desaparición forzada–, que cause grave sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien lo sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
La PGR pretende negar que la noche trágica de Iguala se ha convertido en emblema de la descomposición del Estado mexicano; una entidad ya no penetrada por la delincuencia, sino parte de ella, dispuesta a eliminar a quienes considera sus enemigos.
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la desaparición forzada como un delito que se prolonga hasta que la víctima aparezca, viva o muerta.
Sin ser el directamente responsable, Enrique Peña Nieto y su gabinete están conscientes de que como jefe del Estado mexicano es él quien tiene que responder ante la tragedia porque agentes estatales –así fueran policías municipales y un alcalde– participaron en la desaparición de los normalistas.
Reconocer que se cometió un crimen contra la humanidad, implica reconocer la jurisdicción internacional en caso de que en México no haya justicia. Y los responsables ya no serían sólo los autores materiales e intelectuales de la desaparición, sino aquellos que nieguen la justicia, empezando por Peña Nieto y sus procuradores.
La preocupación es real porque esos delitos son imprescriptibles; es decir, perseguirían a Peña Nieto aún después de que salga de Los Pinos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
En el gabinete de seguridad ha existido una fuerte resistencia para investigar el caso como desaparición forzada; es decir, como un crimen de lesa humanidad; y, sobre todo, a reconocerlo como un grave delito cometido desde el poder político del Estado mexicano.
El balance que presentó la procuradora justo seis meses después de la detención de los jóvenes por parte de policías municipales y su posterior desaparición atribuida a delincuentes, demuestra el empeño gubernamental de desasociar lo político y lo criminal.
En línea de lo hecho por su antecesor, Jesús Murillo Karam, Arely Gómez dijo que hay 104 detenidos; 48 policías municipales de Iguala, 16 de Cocula y 40 integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos.
Todos, incluido el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, como meros operadores, pero sin que se sepa hasta ahora que se está investigando la estructura política, económica y social que ha acompañado a ese grupo de la delincuencia organizada.
La procuradora mencionó también que hay 25 averiguaciones previas por los delitos de homicidio, secuestro y delincuencia organizada. Pero no hay ninguna por desaparición forzada. Para justificarse, la PGR le cargó la responsabilidad al Poder Judicial.
Señaló la PGR en un boletín fechado el 26 de marzo: “En relación a las consignaciones por el delito de desaparición forzada esta Procuraduría se encuentra pendiente de la resolución que emita el Tribunal de alzada, siendo que los agravios expuestos por esta representación social están siendo valorados por la autoridad jurisdiccional”.
En México, nadie más que el ministerio público tiene el monopolio de las averiguaciones previas y por ende esa instancia es la que consigna ante la justicia a los responsables de los delitos. El juez valora las actuaciones y la tipificación delictiva, pero sólo después de que el ministerio público le presente un expediente en el que sustente sus acusaciones. La PGR engaña y manipula.
El periódico La Jornada publicó el domingo 22 de marzo los argumentos de la PGR para no considerar la tragedia como un delito de lesa humanidad; es decir, un crimen contra la humanidad.
Según la información consignada, resultado de una solicitud de acceso a la información, la procuraduría aseguró que en el caso de Ayotzinapa “no se advierte que se pudiera tratar de ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil, sino que fueron hechos que si bien son muy delicados, sensibles y relevantes, constituyen acontecimientos aislados”.
De nueva cuenta, es muy clara la distorsión de la PGR. Un delito de lesa humanidad no se tipifica sólo por su frecuencia. La Corte Penal Internacional lo define como las conductas o cualquier acto inhumano –como la desaparición forzada–, que cause grave sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien lo sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
La PGR pretende negar que la noche trágica de Iguala se ha convertido en emblema de la descomposición del Estado mexicano; una entidad ya no penetrada por la delincuencia, sino parte de ella, dispuesta a eliminar a quienes considera sus enemigos.
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la desaparición forzada como un delito que se prolonga hasta que la víctima aparezca, viva o muerta.
Sin ser el directamente responsable, Enrique Peña Nieto y su gabinete están conscientes de que como jefe del Estado mexicano es él quien tiene que responder ante la tragedia porque agentes estatales –así fueran policías municipales y un alcalde– participaron en la desaparición de los normalistas.
Reconocer que se cometió un crimen contra la humanidad, implica reconocer la jurisdicción internacional en caso de que en México no haya justicia. Y los responsables ya no serían sólo los autores materiales e intelectuales de la desaparición, sino aquellos que nieguen la justicia, empezando por Peña Nieto y sus procuradores.
La preocupación es real porque esos delitos son imprescriptibles; es decir, perseguirían a Peña Nieto aún después de que salga de Los Pinos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
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