domingo, 12 de febrero de 2017

Universidad de Chapingo es presionada por el gobierno por difundir políticas públicas alternativas

La Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) es objeto de presiones por parte del gobierno al ser difusora de propuestas alternativas de políticas públicas, las cuales buscan combatir la pobreza en el campo con el impulso de proyectos a largo plazo, negarse a ceder a las condicionantes gremiales y por buscar mejoras en la infraestructura de la universidad, denunció el rector, Sergio Barrales Domínguez.

Con “las amenazas”, el gobierno advierte que “se retirarán recursos e incluso serán estrictas las auditorías a esta institución en todos los proyectos y programas que se operen”, dijo Barrales Domínguez durante la inauguración del “Foro de Análisis del Programa de Extensión y Vinculación Universitaria”.

Explicó que funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se inconformaron por la postura que asumió la UACh públicamente respecto a sacar al aparto campesino del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
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La Universidad difundió que con bases en los fundamentos anteriores, se incluyó el involucramiento de Chapingo en asuntos relacionados con la construcción del nuevo aeropuerto, por lo que Barrales Domínguez afirmó que la institución y su rectoría “se mantendrán al margen de este tema”.

Por último, hizo un llamado a toda la comunidad universitaria a mantenerse unidos “para garantizar la esencia revolucionaria e independiente que distingue a Chapingo y así cerrar el paso a las intromisiones”.

La Universidad de Chapingo trabaja en proyectos de autonomía agraria e impulsa actividades a favor de las comunidades indígenas y campesinas en México, al ser las más afectadas por las políticas gubernamentales que imponen medidas contra los pueblos.
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A finales de enero, el rector de la UACh alertó que el país corre el riesgo de enfrentar una crisis en su soberanía alimentaria y acceso a alimentos de calidad por falta de producción nacional, y que por ello se debe aprovechar la intención del presidente Donald Trump de renegociar el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) para sacar de ese acuerdo a la agricultura del país y “prescindir de la comida norteamericana”, impulsar el mercado interno y la producción alimentaria nacional.

Barrales Domínguez dijo que la UACH está lista para participar en la renegociación del TLCAN, en la elaboración de políticas públicas a favor del campo y la creación de mercados locales y regionales de alimentos para cerrarle el paso a los intermediarios y abaratar el costo de los mismos.

Incluso, aseguró, México no solo tiene la capacidad para garantizar la soberanía alimentaria del país, sino también para evitar una hambruna a nivel mundial debido a la biodiversidad que existe en el territorio mexicano.

Añadió que no hay que temerle a las amenazas de Trump, “por el contrario está la posibilidad de recuperar el control alimentario de México”.





Fuente: Desinformémonos
Autor: Redacción
https://desinformemonos.org/universidad-chapingo-presionada-gobierno-difundir-politicas-publicas-alternativas/

Ley de Telecomunicaciones de EPN amenaza a radios comunitarias y a la resistencia indígena, alertan

En Chiapas, la resistencia clandestina de los indígenas campa a sus anchas en las ondas. En zonas donde hay escasa cobertura de telefonía móvil –mucho menos Internet–, es la forma que han encontrado los indígenas para resistir a la extrema marginación que sufren y evitar que sus lenguas mueran. Una resistencia que ahora está siendo amenazada por una nueva Ley de telecomunicaciones en México, aprobada en 2014 por el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

Cuando tenía diez años, Mario Etzin Méndez tuvo una pesadilla que era real. Su padre se mudó por trabajo a San Cristóbal de las Casas y toda la familia tuvo que ir con él. Asustado ante esa ciudad tan inmensa comparada con su aldea, en la que la mayoría hablaba un idioma —el castellano— que nunca antes había oído, Mario se quedó sin hablar durante un año. A más de veinte años de aquello, este indígena aún se siente a veces un forastero en tierra propia, pero ha encontrado una forma de exorcizar sus demonios. Todos los días, se sienta en el despacho de la radio clandestina en la que trabaja y difunde las noticias en su idioma nativo, el tzeltal. Desde ahí Mario le habla a comunidades de los Altos de Chiapas, informa de protestas y homicidios, anuncia ferias de verduras y envía mensajes de parientes emigrados en Estados Unidos, y así mantiene comunicados a los indígenas de la zona. Y no es el único. En la región, se calcula que hay al menos otras treinta emisoras que transmiten, sin el permiso del Estado, en áreas donde a menudo la conexión telefónica es escasa o nula.

“Ich’aik spatival a wot’anik (Buenos días, amigos)”, recita Mario en el micrófono. “También hoy les trasmitimos”, continúa, hablando desde una colonia polvorienta y dislocada en los suburbios de San Cristóbal. Es el espacio que le ha concedido una iglesia evangélica, que también paga parte de los gastos. El resto, unos 50 mil pesos mexicanos —2.200 euros—, viene de colectas que se hacen en las comunidades. “No es fácil llevar adelante nuestra lucha. Solo la electricidad nos cuesta siete mil pesos al mes”, se justifica. “El Estado no ayuda y los indígenas nos resistimos a perder nuestro idioma, por eso hay tantas radios comunitarias clandestinas”, añade Mario, cuyo idioma es una lengua ergativa emparentada con el antiguo Maya que ha sobrevivido hasta nuestros días. Por ahora.


“Sí, pues lo cierto es que cada vez las lenguas originarias se hablan peor”, opina Armando Gómez, de 29 años, otro indígena que conduce un programa de entretenimiento en la ciudad. “El idioma es parte de mi identidad, una identidad que ha sido y sigue siendo maltratada. El hecho de que el Estado no nos otorgue licencias es otra prueba de esto”, añade este indio tzeltal. “Eso sí, en mis programas, no hablo de ningún tema ‘caliente’. No quiero poner mi vida en riesgo”, advierte Armando.

El mundo indígena ve cómo la sociedad le hace cortes de manga. Según datos del Instituto de Estadística mexicanos (Inegi), en el país hay alrededor de siete millones de personas que hablan 68 lenguas indígenas que tienen 364 variantes lingüísticas. De estos idiomas, al menos 179 de estas variaciones están en riesgo de extinguirse. Según datos de 2015 del Inali (el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de México), 64 están en alto riesgo, 43 en riesgo mediano y 72 en riesgo no inmediato. Y esto, en parte por el avance del inglés, en parte porque muchos de los hablantes indígenas no saben leer ni escribir. Pero también porque las políticas puestas en marcha no han encontrado la forma de promover estos idiomas.

Y eso que, tan sólo en Chiapas, se estima la presencia de 1.7 millones de indígenas —al ser uno de los estados en México con el porcentaje más alto de población originaria—, con una concentración muy amplia en Los Altos y Selva Lacandona, y un total de 12 pueblos representados. Una población que es mayúsculamente marginada por los motivos habituales: la falta de acceso a la educación y al empleo y el hecho de vivir predominantemente en centros rurales, a kilómetros de distancia de los servicios básicos. Algo palpable en Chiapas y reconocido por recientes informes del Consejo Nacional de Población de México. Mientras que otros estudios señalan que alrededor de un 40 por ciento de la población indígena no recibe ningún ingreso y el 42 por ciento tiene menos de un salario mínimo.

Según datos del Instituto de Estadística mexicanos, en el país hay alrededor de siete millones de personas que hablan 68 lenguas indígenas que tienen 364 variantes lingüísticas. Foto: Archivo Cuartoscuro

Por una parte, en las últimas décadas algún moderado avance se ha producido, como el hecho de que la Iglesia católica haya empezado a permitir que se celebren las misas en idiomas originarios, tal como aconteció durante la visita del Papa Francisco a México en febrero de 2016. Por otra, siguen produciéndose episodios extremos de discriminación, como el ocurrido en ese mismo año de tres indígenas que estuvieron a punto de ser deportados por las autoridades migratorias mexicanas, porque no se les reconocía como mexicanos, según informó la prensa local. Algo de lo que se salvaron únicamente gracias a la intervención de algunas ONG.

De hecho, ese es otro tema. De acuerdo con Azalia Hernández Rodríguez, del centro de derechos humanos FrayBa de San Cristóbal de las Casas, “los indígenas siguen siendo víctimas de numerosas violaciones de derechos humanos”, a manos de grupos paramilitares e incluso de las autoridades federales y nacionales que operan en Chiapas, lo que incluye “desplazamiento forzosos, represión y arrestos arbitrarios”. Algo que, a su vez, conlleva graves actos de discriminación y vulneración de los derechos de los indígenas cuando son arrestados y no reciben la debida atención al desconocer el castellano.

En ese mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe (2015) sobre la situación de derechos humanos en México, ha desdibujado un panorama desolador.“ Existen graves violaciones contra los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas en México […] en dos áreas principales: violencia en el contexto de megaproyectos […] o en el marco de reivindicación de sus tierras y faltas al debido proceso penal”.

LA NUEVA HOSTIL LEY DE PEÑA NIETO

Después de algunos días en la ciudad, los reporteros indígenas informan sobre los últimos acontecimientos. No es casual que Armando no hable de temas sensibles. Ni que Mario trabaje con los evangélicos. “El tema es que las radios indígenas no son comerciales, no compiten con las leyes del mercado, expresan una función social a través de los usos y costumbres de nuestra gente”, observa Armando.

En este ya frágil equilibro, se ha sumado la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión de México, aprobada en 2014 por la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto. Una legislación que hubiera marcado un hito histórico, pues reconoció por primera vez la existencia de las radios indígenas o comunitarias, pero que ha suscitado múltiples quejas entre los involucrados, que la ven como otra estrategia para acabar con ellos. ¿Qué ha cambiado? “Que en cualquier momento te catean, se llevan todo y te cierran la radio. Ya le pasó a unos colegas hace un año”, dice otro reportero.

Las nuevas normas no sólo dificultan los ya complicados y costosos trámites para obtener las licencias, lo que condena a la clandestinidad a estas emisoras, según Mario. También el Gobierno ha reservado “el 10 por ciento del espectro radioeléctrico” que está en las frecuencias más altas de la FM (de los 88 a los 108 MHz), mientras que en AM se ha previsto el segmento de la llamada banda ampliada (de los 1605 a los 1705 KHz), como se lee en el artículo 90 de la ley.

“Y este es otro problema. Eso significa que tendríamos menos alcance de señal. Esas son las frecuencias que nadie quiere”, afirma el locutor indígena. Algunos periodistas comunitarios de Chiapas se han reunido en una asociación para denuncia las faltas de la ley. Algunos expertos piensan que detrás hay cuestiones políticas, puesto que unas de las primeras radios indígenas de Chiapas fue creada por los zapatistas en los 90. Tanto es así que el asunto de las radios también fue objeto de debate cuando se negoció los fallidos acuerdos de San Andrés Larráinzar (1996), firmados por el Gobierno federal y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y nunca realmente puestos en marcha.

Porque, además, todo esto ocurre en una tierra donde los conflictos no escasean. Hoy, “en Chiapas, hay alrededor de 40 megaproyectos, la mayoría de los cuales son mineros, hidroeléctricos, de turismo y plantaciones, que siguen la lógica del despojo de la tierra (a los indígenas)”, advierte Hernández Rodríguez, del FrayBa. “El tema es que, desde el levantamiento zapatista (1994), los indígenas han desarrollado mayor capacidad de resistencia y lucha, lo que a su vez ha originado reacciones muy violentas por parte del Estado”, añade.

ALGUNAS TIBIAS SEÑALES DE ESPERANZA

Lo que, claro, se suma a los riesgos propios del sector en estas tierras. Donde hablar de un homicidio en una aldea, de tráfico de estupefacientes o de despojo de tierras, puede significar perder el puesto o, mucho peor, poner en riesgo la vida. “A mí, me pasó. Se me han acercado y me han dicho que dejara de dar la información. Me han amenazado de muerte y también han intentado corromperme”, cuenta Enrique Gómez Hernández, reportero de Xero Uno, la única radio autorizada por el Gobierno que emite en idiomas originarios en San Cristóbal.

“La radio tiene 43 años, y desde el inicio ha servido como un puente de comunicación entre las comunidades indígenas y el Estado, a lo que ahora se ha sumado un noticiero de información general”, explica el gerente de la emisora, Gubidcha Matus. Pero, ¿hasta cuándo pueden continuar? “De momento, no hay fecha de caducidad. La radio habla los idiomas de mucha gente”, continúa Gubidcha. “Creo que las cosas están cambiando. Hay puertas que se están abriendo”, afirma María Jirón Pérez, una de las primeras periodistas que como Gómez Hernández han sido llamadas a colaborar con el proyecto.

—¿Y qué pasa si alguien no quiere que salga una información?

—Se colabora. Yo además no hablo de política, dice María.

—¿Nunca?

—Me gustan más los temas culturales.

Dicho esto, los indígenas de Chiapas no son tampoco los únicos de México que batallan por llevar adelante sus formas de vivir. Según publicó, recientemente, el diario mexicano El Economista, en el estado de Oaxaca existen alrededor de 70 radios comunitarias o indígenas, de las cuales solo tres cuentan con permiso oficial para emitir.

Un tema que también ha sido objeto de informe de la antropóloga Elena Nava Morales, titulado Fuerzas hegemónicas y contrahegemónicas en la comunicación indígena, que en sus conclusiones parciales —la investigación todavía está en curso— asevera que las políticas de los gobiernos mexicanos todavía son confusas sobre estas radios y “cargadas de paternalismo”. Algo que se suma a otro obstáculo: los indígenas se rigen también por sus propias reglas, conocidos como usos y costumbres.

Y no es de un asunto baladí. “Las radios son de importancia fundamental para las comunidades originarias porque ahí reproducen su lengua, su política, su cultura y sus conocimientos sobre el mundo”, subraya Nava Morales.

Así y todo, Nava Morales también considera que la nueva ley de Peña Nieto ha logrado al menos una victoria para los indígenas. El Estado mexicano ha reconocido por primera vez la existencia de estas emisoras, lo que ha sentado un precedente legislativo “muy importante”. Dicho esto, también considera que los ocho artículos de la legislación son “insuficientes para abarcar la diversidad de experiencias comunicativas indígenas que existen en el país”. Y, más en general, que todavía falta camino por recorrer para que se pongan en marcha “políticas y leyes que vayan más de acuerdo con las necesidades y aspiraciones de todas las personas que conforman el país”.

La autora ha realizado el reportaje con el apoyo de la IWMF (International Women’s Media Foundation), en el marco del proyecto Adelante.





Fuente: Sin Embargo
Autor: Redacción con información de elmundo.es
http://www.sinembargo.mx/12-02-2017/3148265

Las Fuerzas Armadas se salen con la suya

Las declaraciones que desde diciembre pasado realizó el secretario de la defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, presionaron a los legisladores para aprobar el paquete de seguridad, incluida la Ley de Seguridad Interior. Ahora, sin embargo, las Fuerzas Armadas están ejerciendo una presión aún mayor para que el legislativo apruebe cuanto antes esta última.
Si bien hay indicios de que las versiones sobre la amenaza de Donald Trump de enviar tropas a México para combatir al crimen organizado atizaron esa urgencia, el PRI y sus aliados, incluyendo al PAN, están en la ruta de plegarse a la imposición de las Fuerzas Armadas…

Después del miércoles 1, cuando se difundieron versiones extraoficiales de que el presidente estadunidense Donald Trump pretende enviar tropas a México para combatir a los “bad hombres”, los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina rebasaron al Ejecutivo federal: al día siguiente convocaron a varios legisladores a las oficinas del primero, general Salvador Cienfuegos Zepeda.

Una semana más tarde lograron poner la Ley de Seguridad Interior en la antesala del pleno de San Lázaro.

“Si hay otro camino diferente para enfrentar la inseguridad, nosotros no queremos referirnos a él sino que queremos la Ley de Seguridad Interior ¡ya!”, dijo el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, el secretario de Marina, a diputados y senadores que acudieron el miércoles 7 al encuentro en las oficinas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Ese día el PRI hizo a un lado su iniciativa de reglamentar el “estado de excepción” y sacó de la congeladora su otra propuesta: la Ley de Seguridad Interior. El jueves 9, los diputados del PAN votaron a favor de esta última en la Comisión de Seguridad Pública.

Federico Döring, vicecoordinador y principal operador político de la fracción del PAN en San Lázaro, aclaró a Proceso que su partido “tiene empatía pero no simpatía” con la propuesta del coordinador de los diputados del PRI, César Camacho Quiroz. Para el panista, “lo que no supo operar el gobierno lo supieron operar políticamente las Fuerzas Armadas”, ya que consiguieron que la Ley de Seguridad Interior ya fue aprobada en comisiones.

A pesar de ello, advierte que “hoy” no están dadas “las condiciones políticas” para su aprobación, pues se requiere consenso en algunos puntos que no han generado acuerdos. “Quizá para la próxima semana se den”, comenta.





Fuente: Proceso
Autora: Jesusa Cervantes
http://www.proceso.com.mx/474107/las-fuerzas-armadas-se-salen-la-suya

Ejército mexicano: El “cuestionario” de la muerte

El Ejército Mexicano no espera a que las leyes le permitan saltarse a la autoridad civil en la lucha contra el narcotráfico. Los soldados tienen órdenes de capturar a sospechosos y realizar indagatorias, dando por hecho que policías y ministerios públicos “se harán los desentendidos”. Incluso tienen un instrumento para infringir la ley: el “cuestionario inteligente”, que aplican a los detenidos antes de entregarlos a la PGR. Cuando los acusan de violar los derechos humanos, los generales no tienen objeción para que paguen los subalternos que cumplieron sus directivas.

Como parte de la “guerra al narcotráfico”, el Ejército Mexicano se arrogó funciones del Ministerio Público federal para investigar delitos. Contrario a la Constitución, que faculta sólo a las procuradurías de justicia para realizar indagatorias, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) elaboró un “cuestionario inteligente” de aplicación obligatoria a todos los detenidos por hechos relacionados con el narcotráfico.

El cuestionario se derivó de la Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012, emitida durante el gobierno de Felipe Calderón, en la que se dieron amplias atribuciones a los militares para enfrentar a los cárteles de la droga y que fue puesta en práctica de forma discrecional por los mandos castrenses.

El cuestionario tiene más de 100 preguntas que se realizan según las circunstancias: si se trata de civiles, policías, extranjeros, armas, estupefacientes, vehículos, dinero o laboratorios clandestinos de droga. Los interrogatorios comienzan en los lugares de los hechos y continúan en los cuarteles militares; después los detenidos son presentados a la Procuraduría General de la República (PGR).

La instrucción recibida por los jefes militares en todo el país fue someter a “un intenso interrogatorio” a los detenidos para explotar la información y continuar de inmediato las operaciones del Ejército.

Algunos interrogatorios acabaron en la muerte de los detenidos, como el puesto en práctica por el llamado Pelotón de la Muerte, en Ojinaga, durante el Operativo Chihuahua que la Sedena desplegó por instrucción presidencial (Proceso 1889).

Después de una década de operar bajo ese tipo de directrices, el Ejército y la Marina están por concretar su intenso cabildeo para que el Congreso les otorgue una Ley de Seguridad Interior que legalice su actuación de “restauración del orden interno”, no sólo en el futuro, sino la que despliegan actualmente.





Fuente: Proceso
Autor: Jorge Carrasco Araizaga
http://www.proceso.com.mx/474105/ejercito-mexicano-cuestionario-la-muerte

Consignas en su contra desinflan la marcha encabezada por Wallace

La marcha encabezada por Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, quedó diluida entre los gritos de repudio a Enrique Peña Nieto y también contra su persona.

Al pie del Ángel de la Independencia, la consigna lanzada al aire fue: “¡Fuera Wallace, fuera Wallace! ¡Vividora del sistema y asesina!”, “Wallace, eres una hipócrita, no te queda eso del activismo”.

También hubo para el presidente Peña Nieto, a quien los inconformes le exigieron una vez más su renuncia con el tradicional grito “¡Fuera Peña, fuera Peña!”.

En otras palabras, la presencia de Isabel Miranda de Wallace no fue bien vista por otras organizaciones civiles como el Congreso Nacional Ciudadano, quienes se enfrentaron verbalmente con los seguidores de Wallace. Mientras el grito de “Fuera Wallace y fuera Peña” se elevaba, los de Alto al Secuestro gritaban “Viva México”… Finalmente, Isabel Miranda tuvo que cambiar de lugar y subir las escalinatas del Ángel.

Así fue como se integró Miranda de Wallace a la marcha denominada “Vibra México” que tuvo como objetivo mostrar el rechazo a las políticas del mandatario estadunidense Donald Trump, pero nunca manifestarse en contra de Peña.

El contingente partió antes al filo del mediodía desde el Hemiciclo a Juárez, enclavado en la Alameda Central. Eran alrededor de mil personas, la mayoría vestidas de blanco y playeras de la selección mexicana de futbol como la senadora Rosa María de la Garza Ramírez, mejor conocida como Rosi Orozco, quien presumió sumarse a la  causa por el peligro que representa la frontera norte del país en materia de trata.

La marcha avanzó sobre avenida Juárez para incorporarse al Paseo de la Reforma. Con el sol a plomo, el contingente ya tenía el guión preparado: “México de frente” gritaba la voz de mando. “Con unidad, con sus migrantes”, respondían en coro. “¿Quién dijo miedo?”, volvía a preguntar la voz de mando, mientras que los seguidores completaban “México no se raja”.

Parecía un paseo dominical. Los comercios y los grandes hoteles y restaurantes no tuvieron la necesidad de cerrar sus establecimientos, ni bajar las cortinas ante amenazas de agresiones. De hecho, sobre Reforma circularon las bicicletas, patines y corredores sin parar, familias caminando con chicharrones, raspados y cafés en mano.

Al pie del Monumento a Colón, el contingente se detuvo y sacó el patriotismo al entonar Cielito lindo. Hubo una segunda parada en el Monumento de Cuauhtémoc donde se dejó escuchar el Himno Nacional. Inmediatamente se desencadenó el recuerdo de los héroes patrios y el canto pasó a la lista: “Viva Hidalgo”, “Viva Morelos”, “Viva Juárez”, “Viva Allende”, “Vivan nuestros indígenas”…

De ahí, las consignas fueron en contra del muro fronterizo de Trump; exigieron respeto a la soberanía y hasta a la bandera mexicana. También lanzaron: “El mundo se pregunta, ¿esos quiénes son? Somos mexicanos y al muro decimos no”.

–Señora, ¿Por qué ahora sí sale a manifestarse pero nunca muestra su apoyo a otras causas como los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, o con los maestros, por ejemplo? –se le cuestionó a Wallace.

–Yo he marchado por otras causas, he marchado por el caso ABC, por la inseguridad, he ido a muchas manifestaciones y no sólo en la capital sino en toda la República… No tenemos todo el tiempo.

–¿Cuál es el mensaje al gobierno de Peña?

–Tiene que mostrarse a la altura, para que los ciudadanos confiemos en ellos.

En los hechos y en la protesta, no hubo ninguna exigencia para Peña Nieto por parte de Miranda de Wallace… Al contrario, salió en defensa del mandatario y su gente intentó callar a quienes lanzaban “¡Fuera Peña!”.





Fuente: Proceso
Autor: Juan Carlos Cruz Vargas
http://www.proceso.com.mx/474146/consignas-en-contra-desinflan-la-marcha-encabezada-wallace