Guadalajara, Jal. El cardenal Francisco Robles Ortega, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, informó en Guadalajara que en su próxima visita en febrero a México, el papa Francisco tiene programado reunirse con víctimas de la violencia en el país, entre quienes se contaría con el grupo de familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
En su larga lucha para exigir el esclarecimiento por la desaparición de los 43 normalistas de la normal de Ayotzinapa, en Guerrero, padres y madres de los estudiantes llegaron a Jalisco para una estancia de dos días. Este domingo apoyaron a quienes defienden un parque ecológico en el cerro de la Reina, en Tonalá.
La Caravana Nacional por Ayotzinapa se reunió con organizaciones, colectivos y ciudadanos solidarios con el combate para impedir que el ayuntamiento de Tonalá urbanice y construya un parque en el cerro de la reina, utilizado desde hace mucho tiempo para la práctica de ejercicio físico de los habitantes de ese municipio que tienen pocos parques públicos.
El grupo de familiares de los 43 llegó a la entidad como parte de una gira por el norte del país en la que han visitado Chihuahua, Durango, Coahuila, San Luis Potosi y Guanajuato.
Luego de su actividad política de este domingo, hoy lunes el grupo tendrá un encuentro con organizaciones civiles y estudiantes de la normal rural de Atequiza, Jalisco, quienes también se han solidarizado con la búsqueda de sus compañeros guerrerenses y han apoyado todas las caravanas de familiares que han llegado al estado.
Este lunes, luego su reunión con normalistas de Atequiza, en cuya escuela compartirán la comida con los estudiantes, los padres partirán a Colima para continuar su peregrinar, que tiene como objetivo llegar a la ciudad de México para exigir de nuevo que se haga justicia por lo sucedido contra sus hijos.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JUAN CARLOS G. PARTIDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/24/hablaran-con-el-papa-padres-de-los-43-dice-el-episcopado-2044.html
domingo, 24 de enero de 2016
Que Peña Nieto demuestre con Moreira que quiere ir a fondo contra la corrupción: Zambrano
MÉXICO, DF: El presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Jesús Zambrano, afirmó que si el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de verdad quiere combatir la corrupción, debe demostrarlo con el caso Humberto Moreira, investigado por lavado de dinero, pero en España.
En una entrevista a medios en Michoacán, el perredista reprochó que no se hayan realizado las auditorías necesarias para determinar las causas reales de la megadeuda que dejó Moreira en Coahuila, pues supuestamente fue por inversión en infraestructura de todo tipo: carretera, de apoyo al campo, etc, pero nunca se vio concretar.
“Yo creo que es tiempo de que el gobierno mexicano ponga el ejemplo de que está dispuesto a ir a fondo en la lucha contra la corrupción”, sostuvo.
Además, pugnó porque el gobierno mexicano aporte todos los elementos que estén a su disposición para que se determine si, efectivamente, Moreira estaba o está lavando dinero, si está desviando a cuentas bancarias en Europa –particularmente en España- “recursos que sin duda, tuvieron que salir de las arcas públicas del estado”.
En otro tema, el expresidente nacional del PRD también advirtió que se requiere inyectar recursos económicos al estado de Michoacán.
Señaló que dados los acontecimientos de los últimos meses en esa entidad, “Michoacán requiere de una atención especial” (…) “y que debemos evitar regresar a esta situación que propició que hubiera salidas de gobernadores interinos, la intervención de un comisionado especial nombrado por el presidente de la República”
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427443
En una entrevista a medios en Michoacán, el perredista reprochó que no se hayan realizado las auditorías necesarias para determinar las causas reales de la megadeuda que dejó Moreira en Coahuila, pues supuestamente fue por inversión en infraestructura de todo tipo: carretera, de apoyo al campo, etc, pero nunca se vio concretar.
“Yo creo que es tiempo de que el gobierno mexicano ponga el ejemplo de que está dispuesto a ir a fondo en la lucha contra la corrupción”, sostuvo.
Además, pugnó porque el gobierno mexicano aporte todos los elementos que estén a su disposición para que se determine si, efectivamente, Moreira estaba o está lavando dinero, si está desviando a cuentas bancarias en Europa –particularmente en España- “recursos que sin duda, tuvieron que salir de las arcas públicas del estado”.
En otro tema, el expresidente nacional del PRD también advirtió que se requiere inyectar recursos económicos al estado de Michoacán.
Señaló que dados los acontecimientos de los últimos meses en esa entidad, “Michoacán requiere de una atención especial” (…) “y que debemos evitar regresar a esta situación que propició que hubiera salidas de gobernadores interinos, la intervención de un comisionado especial nombrado por el presidente de la República”
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Exige Artículo 19 a Cué investigar asesinato del periodista Marcos Hernández
MÉXICO, DF: Marcos Hernández Bautista, corresponsal de Noticias Voz e Imagen de Oaxaca, fue asesinado con un arma de fuego la noche del pasado 21 de enero en el municipio San Andrés Huaxpaltepec, Oaxaca.
La organización Artículo 19 denunció que el cuerpo del periodista fue encontrado al lado de su coche, un VW Jetta, color blanco, aproximadamente a las 22 horas de ayer, en la carretera Federal Costera.
Hernández Bautista también desempeñaba el cargo de regidor de cultura en la localidad de Santiago Jamiltepec y era militante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al mismo tiempo que colaboraba en estaciones de radio locales y ejercía periodismo.
Los últimos temas a los que dio cobertura son la situación de las radios comunitarias e indígenas en la región y el anuncio de la visita de Andrés Manuel López Obrador a la zona; además, colaboró en una investigación periodística sobre el reacomodo distrital por motivos electorales en la región y su impacto en los grupos de poder.
“Marcos había expresado su temor porque en algunas publicaciones había tocado intereses políticos y de cacicazgos en la región”, dijo Ismael Sanmartín Hernández, director editorial de Noticias Voz e Imagen de Oaxaca, a Artículo 19.
Aseguró que el medio y sus integrantes se mantendrán pendientes de las pruebas que presente la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado de Oaxaca en el caso.
El asesinato de Marcos Hernández Bautista se suma al homicidio de los periodistas Abel Bautista Raymundo y de Filadelfo Sánchez Sarmiento, registrados en el estado en 2015.
Según Artículo 19, Oaxaca es la cuarta entidad con mayor registro de asesinatos de periodistas en México. Desde 2000, la organización ha documentado nueve homicidios; cinco en la actual administración de Gabino Cué.
Artículo 19 exige a la Fiscalía de Oaxaca una pronta investigación del asesinato de Hernández Bautista, tomando como prioritaria su labor periodística en las pesquisas a realizar.
Asimismo, recuerda que es obligación constitucional de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR) investigar el caso, tratándose de violaciones graves a derechos humanos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427485
La organización Artículo 19 denunció que el cuerpo del periodista fue encontrado al lado de su coche, un VW Jetta, color blanco, aproximadamente a las 22 horas de ayer, en la carretera Federal Costera.
Hernández Bautista también desempeñaba el cargo de regidor de cultura en la localidad de Santiago Jamiltepec y era militante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al mismo tiempo que colaboraba en estaciones de radio locales y ejercía periodismo.
Los últimos temas a los que dio cobertura son la situación de las radios comunitarias e indígenas en la región y el anuncio de la visita de Andrés Manuel López Obrador a la zona; además, colaboró en una investigación periodística sobre el reacomodo distrital por motivos electorales en la región y su impacto en los grupos de poder.
“Marcos había expresado su temor porque en algunas publicaciones había tocado intereses políticos y de cacicazgos en la región”, dijo Ismael Sanmartín Hernández, director editorial de Noticias Voz e Imagen de Oaxaca, a Artículo 19.
Aseguró que el medio y sus integrantes se mantendrán pendientes de las pruebas que presente la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado de Oaxaca en el caso.
El asesinato de Marcos Hernández Bautista se suma al homicidio de los periodistas Abel Bautista Raymundo y de Filadelfo Sánchez Sarmiento, registrados en el estado en 2015.
Según Artículo 19, Oaxaca es la cuarta entidad con mayor registro de asesinatos de periodistas en México. Desde 2000, la organización ha documentado nueve homicidios; cinco en la actual administración de Gabino Cué.
Artículo 19 exige a la Fiscalía de Oaxaca una pronta investigación del asesinato de Hernández Bautista, tomando como prioritaria su labor periodística en las pesquisas a realizar.
Asimismo, recuerda que es obligación constitucional de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR) investigar el caso, tratándose de violaciones graves a derechos humanos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Rosario Robles: Despilfarradora y sin resultados
Rosario Robles no ha cumplido las encomiendas que ha tenido este sexenio. No frenó el hambre como responsable de la cruzada contra este flagelo y los pobres aumentaron cuando dirigió la Sedesol. En cambio, se convirtió en una extraordinaria impulsora de la industria de la comunicación: como titular de la Sedesol y la Sedatu ha gastado casi 900 millones de pesos en publicidad y propaganda, muchísimo más que lo acostumbrado en anteriores administraciones.
MÉXICO, DF: Los tres años que Rosario Robles Berlanga lleva en el gabinete de Enrique Peña Nieto han representado un negocio redondo para la industria de la comunicación.
Con el afán de promocionar su labor en onerosas campañas de difusión, la funcionaria disparó los presupuestos de propaganda oficial de las secretarías que encabezó: más de 870 millones de pesos del erario desde 2013.
En noviembre pasado, apenas dos meses después de asumir la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Robles difundió una campaña publicitaria que elogiaba la Política Nacional de Vivienda 2015. La dependencia pagó 77 millones 404 mil pesos por ella, de acuerdo con los 28 contratos celebrados entre el 17 de septiembre y el 30 de noviembre de 2015 que Proceso consultó en Compranet, el registro federal de contrataciones.
Esta suma palidece en comparación con los 793 millones de pesos que Robles erogó en publicidad oficial durante sus dos años y medio al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); sin embargo, representa un gasto 25 veces superior a los 2 millones 879 mil pesos que desembolsó la Sedatu en comunicación social durante 2014.
Es más: ese dinero bastaría a la Sedatu para construir mil casas nuevas o renovar 6 mil 278 mediante el Programa Vivienda Digna, según el precio promedio que pagó la dependencia en cada una de estas operaciones entre septiembre de 2014 y junio de 2015.
Si bien sus antecesores en la Sedatu ya compraban espacios publicitarios en páginas de internet –banners–, Robles dio una nueva dimensión a la propaganda oficial, que difundió a través de spots televisivos, anuncios de radio e inserciones en medios impresos.
Uno de los videos de la campaña mostraba familias felices porque la Sedatu construyó viviendas nuevas. Sus integrantes aportaban testimonios conmovedores sobre lo bonita que había quedado su “casita”.
“Ahora las casas se construyen con dos habitaciones y cerca de fuentes de empleo, y se otorgan más subsidios a mujeres, jóvenes e indígenas”, decía una voz en off mientras se sucedían imágenes de fraccionamientos recién erigidos. Al terminar la grabación aparecían los logotipos de la campaña, de la Sedatu y de “Mover a México”.
Imagen Soluciones Integrales S.A. de C.V., obtuvo el contrato más importante de la campaña: Su monto se elevó a 19 millones 695 mil pesos. Esta empresa pertenece a Grupo Imagen Multimedia, la rama de medios del Grupo Empresarial Ángeles que opera el periódico Excélsior –el cual recibió otro contrato, por 1 millón 857 mil pesos– y su versión televisiva, Excélsior TV, así como una amplia red de radiodifusoras esparcidas en el país.
La Sedatu atribuyó el segundo contrato más oneroso, de 8 millones 635 mil pesos, a Grupo de Radiodifusoras S.A. de C.V., propiedad de Grupo Fórmula –cuyo director es Rogerio Azcárraga Madero, primo de Emilio Azcárraga Milmo, el fundador de Televisa–. Este monto supera los 8 millones 620 mil pesos que recibió TV Azteca.
Siguieron el periódico El Universal –6 millones 57 mil pesos en dos contratos– y en cuarta posición, Televisa y GRC Comunicaciones (el acrónimo de Grupo Radio Centro), por 4 millones 310 mil pesos cada uno.
Bajo el concepto “Servicio de difusión para la campaña política de vivienda”, la Sedatu otorgó 2 millones 586 mil pesos a la empresa Premium Digital Group SAPI de C.V., la cual desarrolla la página en internet y las aplicaciones móviles de Joaquín López Dóriga.
Camino hacia la Sedatu
En enero de 2013, una semana después de asumir el poder, Peña Nieto sustituyó la Secretaría de la Reforma Agraria por la Sedatu. Encargó a la nueva dependencia fomentar la política en materia rural (mantener el registro agrario y resolver los conflictos ejidales, entre otros), urbana (incluyendo el apoyo a las zonas marginadas) y de vivienda social del país.
A su cabeza, Peña Nieto colocó a un cercano, el priista yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, en recompensa por su desempeño como vicecoordinador general de la campaña que llevó al exgobernador del Estado de México a Los Pinos.
El 27 de febrero de 2015, después de dos años al frente de la institución, Ramírez abandonó el cargo para buscar –y posteriormente conseguir– una diputación plurinominal por el PRI, partido del que es actualmente vicecoordinador en San Lázaro.
Peña Nieto aprovechó la salida de Ramírez para poner en su lugar a Jesús Murillo Karam. Habían pasado cuatro meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, durante los cuales el actuar de Murillo Karam, entonces procurador, fue severamente criticado, por lo que su permanencia en la PGR resultaba insostenible.
Una semana antes, la Sedatu había recibido la orden de operar el Fondo Minero, cuyos ingresos provienen de los impuestos a las empresas extractivas y se destinan –según sus reglas de operación– a financiar obras de beneficio social.
El 27 de agosto siguiente Peña Nieto remodeló su gabinete. Quitó a José Antonio Meade Kuribreña de la cancillería y lo instaló en la Sedesol. Con ello, desplazó a Robles hacia la Sedatu, dejando a Murillo Karam fuera de la administración priista.
Robles enfrentaba entonces una lluvia de críticas, desatada por el incremento desatado de la pobreza, revelado por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) el 23 de julio pasado.
Los datos del Coneval mostraban que 2 millones de mexicanos cayeron en la pobreza durante los primeros dos años de mandato de Peña Nieto, hasta alcanzar 55.3 millones a finales de 2014, y advertía que 80% de los mexicanos se encontraba en pobreza o al borde de caer en ella.
Peor aún: marcaban el fracaso del eje central de la política social de Peña Nieto –erradicar el hambre–, pues el reporte del Coneval planteó que 28 millones de mexicanos no tenían acceso a una alimentación adecuada a finales de 2014, es decir, 600 mil más que en 2012.
El informe tuvo el efecto de un bombazo, pues el gobierno insistía en el éxito de su política social “de nueva generación”. La reprobación se cristalizó en la figura de Robles, quien multiplicó las intervenciones en los medios de comunicación para mitigar los daños.
La servidora pública defendió al gobierno, particularmente la dependencia a su cargo, y, acorralada, terminó por declarar en entrevistas y conferencias de prensa que la Sedesol no era la única institución responsable de la política social del país.
Los demás integrantes del gabinete no expresaron su apoyo a Robles. Con su silencio la dejaron asumir sola el fracaso del gobierno de Peña Nieto en el combate a la pobreza y el rezago social.
A raíz del reacomodo del gabinete, Robles pasó de dirigir la Sedesol, una de las dependencias más importantes de la administración –cuenta con un presupuesto superior a 120 mil millones de pesos–, a la Sedatu, de menor exposición y dotada de un presupuesto seis veces inferior: dispondrá de 25 mil millones de pesos en 2016.
Durante una entrevista realizada por periodistas de Milenio se le preguntó si su remoción de la Sedesol la “sorprendió”. Robles dijo que Peña Nieto le “avisó con anticipación” que saldría y le “pidió algo muy importante, que la secretaría que él había creado, la Sedatu, debía impulsar una gran reforma política urbana”.
Durante esa conversación, publicada el pasado 22 de diciembre, Robles afirmó que no se afiliaría al PRI, pues lleva “la izquierda en el corazón”.
Apenas tres semanas antes, el 4 de diciembre, su hija Mariana Moguel Robles rindió protesta ante Manlio Fabio Beltrones como presidenta del PRI en el Distrito Federal, con 32 años de edad y una militancia en el tricolor de escasos tres años.
Fuentes internas del PRI comentaron a José Gil Olmos, reportero de este semanario, que la llegada de Moguel fue producto de “una concesión presidencial” a cambio de la remoción de su madre. Lo anterior quedó consignado en un reportaje que publicó la agencia de noticias de Proceso (Apro) el pasado 26 de noviembre.
Desde su creación, la Sedatu acostumbraba gastar alrededor de 3 millones de pesos en publicidad oficial cada año. A finales de agosto, cuando Robles sustituyó a Murillo Karam, la dependencia había erogado 2 millones 914 mil pesos en este rubro.
En los dos meses siguientes, Robles disparó el gasto en 2 mil 467%.
Ya en la Sedesol…
El 21 de enero de 2013, Peña Nieto encargó a Robles la coordinación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), la cual articula 90 programas de 19 secretarías –incluso la Sedatu– bajo la supervisión de la Sedesol.
A finales de mayo pasado, Proceso documentó que la Sedesol de Robles derrochó al menos 485 millones de pesos en tres campañas masivas que promocionaron los logros de la CNCH, celebradas cada año desde 2013 durante el llamado “Mes de la Cruzada Nacional Contra el Hambre”.
El reportaje, titulado La Cruzada Contra el Hambre engorda… a Televisa, señaló que la televisora de Emilio Azcárraga Jean se embolsó 155 millones 163 mil pesos en esas tres campañas.
Pero lo anterior sólo representó una fracción de la cantidad que la Sedesol gastó en comunicación social, ya que al mes de la CNCH se sumó la publicidad para los demás programas sociales propagada en medios locales y nacionales.
Así, según un cálculo que realizó este semanario con base en datos oficiales, la Sedesol gastó más de 793 millones de pesos en mil 310 contratos celebrados entre el 5 de marzo de 2013 y el 25 de agosto de 2015, periodo en el que Robles encabezó la institución.
De esta suma, las empresas recibieron 685 millones 229 mil pesos, mientras que 108 millones 292 mil pesos se erogaron en IVA.
Con 268 millones 812 mil pesos, Televisa obtuvo más de la cuarta parte del monto que la Sedesol sufragó a la industria de la comunicación durante el periodo mencionado.
La sigue TV Azteca, con 58 millones 602 mil pesos; mientras que Grupo Imagen recibió 21 millones 160 mil pesos a través de sus distintas empresas y Grupo Fórmula cobró 20 millones 728 mil pesos.
Además de las inclusiones pagadas en medios de comunicación tradicionales, la Sedesol de Robles despilfarró millones en aplaudirse en espacios y transportes públicos, así como pantallas LCD urbanas, espectaculares, cines, vallas, vitrales, casetas telefónicas y tortillerías.
Otros convenios contemplaban la inserción de publicidad en recibos de agua y de gas –dos acuerdos por 387 mil pesos cada uno–, la contratación de dos personas para distribuir folletos o dípticos –por 1 millón 849 mil pesos– o el pago de un “servicio de 30 boleadoras digitales” en el Distrito Federal –por 344 mil pesos.
No obstante lo anterior, el presupuesto original destinado a la propaganda oficial de la Sedesol se mantuvo estable entre 2012 y 2015: cada inicio de año, la dependencia auguraba un gasto de entre 29 y 30 millones de pesos en este rubro, según los registros que guarda la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre los gastos de comunicación social de las dependencias federales.
En 2012, durante el último año del sexenio calderonista, Jesús Heriberto Félix Guerra, el antecesor de Robles en la Sedesol, erogó 63 millones 34 mil pesos en comunicación social, partiendo con un presupuesto original de 29 millones de pesos, de acuerdo con la SFP.
En 2013 Rosario Robles también partió con un presupuesto original de 29 millones de pesos, pero al cierre del año, la dependencia había gastado 212 millones 77 mil pesos en comunicación social.
Este monto supera más de siete veces el presupuesto original y rebasó en 237% lo que desembolsó la Sedesol en el último año de la administración panista.
Los datos definitivos de la SFP para 2014 muestran que Robles erogó 252 millones de pesos en campañas de difusión, ocho veces lo programado y 40 millones más que durante su primer año a cargo.
Y las cifras preliminares de los contratos de comunicación social que la Sedesol firmó entre el 9 de enero y el 25 de agosto de 2015 –tres días antes que Robles saliera de la dependencia– exhiben una cifra todavía mayor: en tan sólo ocho meses otorgó 329 millones 395 pesos en este rubro.
Así, entre 2012 y los primeros nueve meses de 2015, la Sedesol de Robles se izó del lugar 22 al segundo sitio en la lista de las secretarías que más gastan en publicidad, según los datos de la SFP. En los tres meses que siguieron el desplazamiento de Robles, la Sedatu subió del puesto 69 al 18 en esta lista.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE (REPORTAJE ESPECIAL)
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427380
MÉXICO, DF: Los tres años que Rosario Robles Berlanga lleva en el gabinete de Enrique Peña Nieto han representado un negocio redondo para la industria de la comunicación.
Con el afán de promocionar su labor en onerosas campañas de difusión, la funcionaria disparó los presupuestos de propaganda oficial de las secretarías que encabezó: más de 870 millones de pesos del erario desde 2013.
En noviembre pasado, apenas dos meses después de asumir la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Robles difundió una campaña publicitaria que elogiaba la Política Nacional de Vivienda 2015. La dependencia pagó 77 millones 404 mil pesos por ella, de acuerdo con los 28 contratos celebrados entre el 17 de septiembre y el 30 de noviembre de 2015 que Proceso consultó en Compranet, el registro federal de contrataciones.
Esta suma palidece en comparación con los 793 millones de pesos que Robles erogó en publicidad oficial durante sus dos años y medio al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); sin embargo, representa un gasto 25 veces superior a los 2 millones 879 mil pesos que desembolsó la Sedatu en comunicación social durante 2014.
Es más: ese dinero bastaría a la Sedatu para construir mil casas nuevas o renovar 6 mil 278 mediante el Programa Vivienda Digna, según el precio promedio que pagó la dependencia en cada una de estas operaciones entre septiembre de 2014 y junio de 2015.
Si bien sus antecesores en la Sedatu ya compraban espacios publicitarios en páginas de internet –banners–, Robles dio una nueva dimensión a la propaganda oficial, que difundió a través de spots televisivos, anuncios de radio e inserciones en medios impresos.
Uno de los videos de la campaña mostraba familias felices porque la Sedatu construyó viviendas nuevas. Sus integrantes aportaban testimonios conmovedores sobre lo bonita que había quedado su “casita”.
“Ahora las casas se construyen con dos habitaciones y cerca de fuentes de empleo, y se otorgan más subsidios a mujeres, jóvenes e indígenas”, decía una voz en off mientras se sucedían imágenes de fraccionamientos recién erigidos. Al terminar la grabación aparecían los logotipos de la campaña, de la Sedatu y de “Mover a México”.
Imagen Soluciones Integrales S.A. de C.V., obtuvo el contrato más importante de la campaña: Su monto se elevó a 19 millones 695 mil pesos. Esta empresa pertenece a Grupo Imagen Multimedia, la rama de medios del Grupo Empresarial Ángeles que opera el periódico Excélsior –el cual recibió otro contrato, por 1 millón 857 mil pesos– y su versión televisiva, Excélsior TV, así como una amplia red de radiodifusoras esparcidas en el país.
La Sedatu atribuyó el segundo contrato más oneroso, de 8 millones 635 mil pesos, a Grupo de Radiodifusoras S.A. de C.V., propiedad de Grupo Fórmula –cuyo director es Rogerio Azcárraga Madero, primo de Emilio Azcárraga Milmo, el fundador de Televisa–. Este monto supera los 8 millones 620 mil pesos que recibió TV Azteca.
Siguieron el periódico El Universal –6 millones 57 mil pesos en dos contratos– y en cuarta posición, Televisa y GRC Comunicaciones (el acrónimo de Grupo Radio Centro), por 4 millones 310 mil pesos cada uno.
Bajo el concepto “Servicio de difusión para la campaña política de vivienda”, la Sedatu otorgó 2 millones 586 mil pesos a la empresa Premium Digital Group SAPI de C.V., la cual desarrolla la página en internet y las aplicaciones móviles de Joaquín López Dóriga.
Camino hacia la Sedatu
En enero de 2013, una semana después de asumir el poder, Peña Nieto sustituyó la Secretaría de la Reforma Agraria por la Sedatu. Encargó a la nueva dependencia fomentar la política en materia rural (mantener el registro agrario y resolver los conflictos ejidales, entre otros), urbana (incluyendo el apoyo a las zonas marginadas) y de vivienda social del país.
A su cabeza, Peña Nieto colocó a un cercano, el priista yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, en recompensa por su desempeño como vicecoordinador general de la campaña que llevó al exgobernador del Estado de México a Los Pinos.
El 27 de febrero de 2015, después de dos años al frente de la institución, Ramírez abandonó el cargo para buscar –y posteriormente conseguir– una diputación plurinominal por el PRI, partido del que es actualmente vicecoordinador en San Lázaro.
Peña Nieto aprovechó la salida de Ramírez para poner en su lugar a Jesús Murillo Karam. Habían pasado cuatro meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, durante los cuales el actuar de Murillo Karam, entonces procurador, fue severamente criticado, por lo que su permanencia en la PGR resultaba insostenible.
Una semana antes, la Sedatu había recibido la orden de operar el Fondo Minero, cuyos ingresos provienen de los impuestos a las empresas extractivas y se destinan –según sus reglas de operación– a financiar obras de beneficio social.
El 27 de agosto siguiente Peña Nieto remodeló su gabinete. Quitó a José Antonio Meade Kuribreña de la cancillería y lo instaló en la Sedesol. Con ello, desplazó a Robles hacia la Sedatu, dejando a Murillo Karam fuera de la administración priista.
Robles enfrentaba entonces una lluvia de críticas, desatada por el incremento desatado de la pobreza, revelado por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) el 23 de julio pasado.
Los datos del Coneval mostraban que 2 millones de mexicanos cayeron en la pobreza durante los primeros dos años de mandato de Peña Nieto, hasta alcanzar 55.3 millones a finales de 2014, y advertía que 80% de los mexicanos se encontraba en pobreza o al borde de caer en ella.
Peor aún: marcaban el fracaso del eje central de la política social de Peña Nieto –erradicar el hambre–, pues el reporte del Coneval planteó que 28 millones de mexicanos no tenían acceso a una alimentación adecuada a finales de 2014, es decir, 600 mil más que en 2012.
El informe tuvo el efecto de un bombazo, pues el gobierno insistía en el éxito de su política social “de nueva generación”. La reprobación se cristalizó en la figura de Robles, quien multiplicó las intervenciones en los medios de comunicación para mitigar los daños.
La servidora pública defendió al gobierno, particularmente la dependencia a su cargo, y, acorralada, terminó por declarar en entrevistas y conferencias de prensa que la Sedesol no era la única institución responsable de la política social del país.
Los demás integrantes del gabinete no expresaron su apoyo a Robles. Con su silencio la dejaron asumir sola el fracaso del gobierno de Peña Nieto en el combate a la pobreza y el rezago social.
A raíz del reacomodo del gabinete, Robles pasó de dirigir la Sedesol, una de las dependencias más importantes de la administración –cuenta con un presupuesto superior a 120 mil millones de pesos–, a la Sedatu, de menor exposición y dotada de un presupuesto seis veces inferior: dispondrá de 25 mil millones de pesos en 2016.
Durante una entrevista realizada por periodistas de Milenio se le preguntó si su remoción de la Sedesol la “sorprendió”. Robles dijo que Peña Nieto le “avisó con anticipación” que saldría y le “pidió algo muy importante, que la secretaría que él había creado, la Sedatu, debía impulsar una gran reforma política urbana”.
Durante esa conversación, publicada el pasado 22 de diciembre, Robles afirmó que no se afiliaría al PRI, pues lleva “la izquierda en el corazón”.
Apenas tres semanas antes, el 4 de diciembre, su hija Mariana Moguel Robles rindió protesta ante Manlio Fabio Beltrones como presidenta del PRI en el Distrito Federal, con 32 años de edad y una militancia en el tricolor de escasos tres años.
Fuentes internas del PRI comentaron a José Gil Olmos, reportero de este semanario, que la llegada de Moguel fue producto de “una concesión presidencial” a cambio de la remoción de su madre. Lo anterior quedó consignado en un reportaje que publicó la agencia de noticias de Proceso (Apro) el pasado 26 de noviembre.
Desde su creación, la Sedatu acostumbraba gastar alrededor de 3 millones de pesos en publicidad oficial cada año. A finales de agosto, cuando Robles sustituyó a Murillo Karam, la dependencia había erogado 2 millones 914 mil pesos en este rubro.
En los dos meses siguientes, Robles disparó el gasto en 2 mil 467%.
Ya en la Sedesol…
El 21 de enero de 2013, Peña Nieto encargó a Robles la coordinación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), la cual articula 90 programas de 19 secretarías –incluso la Sedatu– bajo la supervisión de la Sedesol.
A finales de mayo pasado, Proceso documentó que la Sedesol de Robles derrochó al menos 485 millones de pesos en tres campañas masivas que promocionaron los logros de la CNCH, celebradas cada año desde 2013 durante el llamado “Mes de la Cruzada Nacional Contra el Hambre”.
El reportaje, titulado La Cruzada Contra el Hambre engorda… a Televisa, señaló que la televisora de Emilio Azcárraga Jean se embolsó 155 millones 163 mil pesos en esas tres campañas.
Pero lo anterior sólo representó una fracción de la cantidad que la Sedesol gastó en comunicación social, ya que al mes de la CNCH se sumó la publicidad para los demás programas sociales propagada en medios locales y nacionales.
Así, según un cálculo que realizó este semanario con base en datos oficiales, la Sedesol gastó más de 793 millones de pesos en mil 310 contratos celebrados entre el 5 de marzo de 2013 y el 25 de agosto de 2015, periodo en el que Robles encabezó la institución.
De esta suma, las empresas recibieron 685 millones 229 mil pesos, mientras que 108 millones 292 mil pesos se erogaron en IVA.
Con 268 millones 812 mil pesos, Televisa obtuvo más de la cuarta parte del monto que la Sedesol sufragó a la industria de la comunicación durante el periodo mencionado.
La sigue TV Azteca, con 58 millones 602 mil pesos; mientras que Grupo Imagen recibió 21 millones 160 mil pesos a través de sus distintas empresas y Grupo Fórmula cobró 20 millones 728 mil pesos.
Además de las inclusiones pagadas en medios de comunicación tradicionales, la Sedesol de Robles despilfarró millones en aplaudirse en espacios y transportes públicos, así como pantallas LCD urbanas, espectaculares, cines, vallas, vitrales, casetas telefónicas y tortillerías.
Otros convenios contemplaban la inserción de publicidad en recibos de agua y de gas –dos acuerdos por 387 mil pesos cada uno–, la contratación de dos personas para distribuir folletos o dípticos –por 1 millón 849 mil pesos– o el pago de un “servicio de 30 boleadoras digitales” en el Distrito Federal –por 344 mil pesos.
No obstante lo anterior, el presupuesto original destinado a la propaganda oficial de la Sedesol se mantuvo estable entre 2012 y 2015: cada inicio de año, la dependencia auguraba un gasto de entre 29 y 30 millones de pesos en este rubro, según los registros que guarda la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre los gastos de comunicación social de las dependencias federales.
En 2012, durante el último año del sexenio calderonista, Jesús Heriberto Félix Guerra, el antecesor de Robles en la Sedesol, erogó 63 millones 34 mil pesos en comunicación social, partiendo con un presupuesto original de 29 millones de pesos, de acuerdo con la SFP.
En 2013 Rosario Robles también partió con un presupuesto original de 29 millones de pesos, pero al cierre del año, la dependencia había gastado 212 millones 77 mil pesos en comunicación social.
Este monto supera más de siete veces el presupuesto original y rebasó en 237% lo que desembolsó la Sedesol en el último año de la administración panista.
Los datos definitivos de la SFP para 2014 muestran que Robles erogó 252 millones de pesos en campañas de difusión, ocho veces lo programado y 40 millones más que durante su primer año a cargo.
Y las cifras preliminares de los contratos de comunicación social que la Sedesol firmó entre el 9 de enero y el 25 de agosto de 2015 –tres días antes que Robles saliera de la dependencia– exhiben una cifra todavía mayor: en tan sólo ocho meses otorgó 329 millones 395 pesos en este rubro.
Así, entre 2012 y los primeros nueve meses de 2015, la Sedesol de Robles se izó del lugar 22 al segundo sitio en la lista de las secretarías que más gastan en publicidad, según los datos de la SFP. En los tres meses que siguieron el desplazamiento de Robles, la Sedatu subió del puesto 69 al 18 en esta lista.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE (REPORTAJE ESPECIAL)
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427380
Separan de su cargo al encargado de Seguridad Pública de Acapulco
El secretario de Seguridad Pública municipal de Acapulco, Francisco Sandoval Vázquez, no acreditó los controles de confianza correspondientes, de acuerdo con el gobierno federal.
El secretario de Seguridad Pública municipal de Acapulco, Francisco Sandoval Vázquez, fue separado del cargo y como encargado de despacho se designó a Manuel Flores Sonduk, quien es director de la Policía Turística.
El alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Flores, informó en conferencia de prensa que ante los señalamientos que han hecho autoridades federales sobre la situación de Sandoval, quien supuestamente no acreditó los controles de confianza, se determinó separarlo del cargo para poder facilitar todo tipo de investigación.
Expuso que la separación del cargo también es para poder facilitar que puedan hacerse trámites administrativos.
“Hemos determinado conjuntamente con el Consejo Municipal de Seguridad Pública y el secretario general del Ayuntamiento (Daniel Meza) que separar del cargo al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Francisco Sandoval, es para poder esclarecer cualquier tipo de situación“, señaló.
Comentó que el encargado de despacho, Manuel Flores Sonduk, se ha desempeñado como director de la Policia Turística y estará hasta determinar la situación de la Secretaría de Seguridad Pública municipal.
Dijo que el gobierno municipal ha determinado desde el primer día hacer acciones que permitan abonar a la responsabilidad institucional y constitucional que tiene el municipio de Acapulco para aportar la estrategia nacional y estatal de seguridad pública.
Informó qué el gobierno municipal recibió la seguridad pública con un proceso de profesionalización detenido, no había cursos ni talleres de capacitación y ningún tipo de certificación; ahora se reactivaron los cursos y se mejoró la infraestructura obsoleta y abandonada.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/01/separan-de-su-cargo-al-encargado-de-seguridad-publica-de-acapulco/
El secretario de Seguridad Pública municipal de Acapulco, Francisco Sandoval Vázquez, fue separado del cargo y como encargado de despacho se designó a Manuel Flores Sonduk, quien es director de la Policía Turística.
El alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Flores, informó en conferencia de prensa que ante los señalamientos que han hecho autoridades federales sobre la situación de Sandoval, quien supuestamente no acreditó los controles de confianza, se determinó separarlo del cargo para poder facilitar todo tipo de investigación.
Expuso que la separación del cargo también es para poder facilitar que puedan hacerse trámites administrativos.
“Hemos determinado conjuntamente con el Consejo Municipal de Seguridad Pública y el secretario general del Ayuntamiento (Daniel Meza) que separar del cargo al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Francisco Sandoval, es para poder esclarecer cualquier tipo de situación“, señaló.
Comentó que el encargado de despacho, Manuel Flores Sonduk, se ha desempeñado como director de la Policia Turística y estará hasta determinar la situación de la Secretaría de Seguridad Pública municipal.
Dijo que el gobierno municipal ha determinado desde el primer día hacer acciones que permitan abonar a la responsabilidad institucional y constitucional que tiene el municipio de Acapulco para aportar la estrategia nacional y estatal de seguridad pública.
Informó qué el gobierno municipal recibió la seguridad pública con un proceso de profesionalización detenido, no había cursos ni talleres de capacitación y ningún tipo de certificación; ahora se reactivaron los cursos y se mejoró la infraestructura obsoleta y abandonada.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/01/separan-de-su-cargo-al-encargado-de-seguridad-publica-de-acapulco/
Despedirá Pemex a más de 10 mil trabajadores
México, DF: A fin de alinear la estructura organizacional y ocupacional en Petróleos Mexicanos (Pemex), un total de 10 mil 533 trabajadores serán despedidos y sus plazas canceladas de manera definitiva, según revelan documentos oficiales.
De acuerdo con el oficio fechado el 19 de enero de este año por el director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, y que tiene como destinatario al subdirector de Presupuesto de Pemex, Mario Govea Soria, esta reducción de personal tiene vigencia a partir del 16 de diciembre de 2015.
El documento, en su primer párrafo, señala:“Hago referencia al folio 1820150134 registrado en el módulo de servicios personales del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el cual Petróleos Mexicanos solicita la cancelación de 10 mil 553 plazas presupuestarias de carácter permanente, a fin de alinear la estructura organizacional y ocupacional con el monto de recursos presupuestarios autorizados en el presupuesto de servicios personales para el ejercicio fiscal 2016.”
El oficio hace referencia a varios incisos de la Ley de Resposabilidad Hacendaria para hacer cumplir el mandato, remitiendo copia a la Unidad de Política y Control Presupuestario.
Actualmente, la plantilla total de trabajadores de Pemex asciende a 142 mil 976 empleados y funcionarios, 10 mil 109 menos que los 153 mil 85 con los que contaba la petrolera mexicana al cierre de diciembre de 2014.
De esta manera, la reducción propuesta de la plantilla de Pemex equivale al 66.5 por ciento del total del programa de despidos para todo el gobierno federal que considera reducir este año 15 mil 825 plazas permanetes y representa el 7.4 por ciento de los 142 mil 976 empleados que actualmente tiene Pemex.
A finales de febrero del año pasado Pemex y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) acordaron implementar un programa extraordinario para reducir el gasto corriente en servicios personales en 10 mil millones de pesos.
Además, el 9 de septiembre de 2015, Pemex y el STPRM suscribieron el Contrato Colectivo de Trabajo que regirá las relaciones laborales durante el bienio 2015 -2017 en el que se alcanzó un acuerdo en materia de pensiones, el cual será aplicable a todos los trabajadores de la empresa y se regirá a través de un esquema de cuentas individuales para el retiro y un aumento en la edad de jubilación de 55 a 60 años de edad.
Los despidos en Pemex son acompañados de un desplome en la inversión , un importante incremento en su deuda y un régimen fiscal cada vez más confiscatorio es en lo que se ha traducido el llamado “fortalecimiento de Pemex” en el contexto de la Reforma Energética. Esto sin contar el deterioro en casi todos sus resultados operativos.
El presupuesto de inversión para este 2016 de Pemex se recortó en 73 mil millones de pesos (4 mil 400 millones de dólares) para llegar a 293 mil millones de pesos. El menor presupuesto autorizado desde 2007.
Por otro lado, la deuda financiera total alcanzada al tercer trimestre de 2015 (último dato oficial) registró un aumento de 29.9 por ciento, con respecto al cierre de 2014, principalmente debido a mayores contrataciones de deuda, ubicándose en 1 billón 485 mil millones de pesos, equivalente a 87 mil 300 millones de dólares.
A su vez, durante el tercer trimestre de 2015, el pago de impuestos y derechos representó 232.4 por ciento del rendimiento de operación, en comparación con 115.9 por ciento en el periodo comparable de 2014.
Pese a que el régimen fiscal de Pemex a partir del 1 de enero de 2015 está más alineado con el resto de la industria, la empresa aún no puede deducir la totalidad de sus costos y gastos de operación en el cálculo de impuestos y derechos. Como consecuencia, el pago de impuestos y derechos ha sido mayor al rendimiento de operación y al rendimiento antes de impuestos y derechos desde 1998 de manera consistente, siendo la única excepción 2006, año en el que la deducción permitida se actualizó.
Ahora, la estrategia de la principal empresa productiva del estado mexicano es formar alianzas a lo largo de toda la cadena de valor.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ISRAEL RODRÍGUEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/24/despedira-pemex-a-mas-de-10-mil-trabajadores-2563.html
De acuerdo con el oficio fechado el 19 de enero de este año por el director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, y que tiene como destinatario al subdirector de Presupuesto de Pemex, Mario Govea Soria, esta reducción de personal tiene vigencia a partir del 16 de diciembre de 2015.
El documento, en su primer párrafo, señala:“Hago referencia al folio 1820150134 registrado en el módulo de servicios personales del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el cual Petróleos Mexicanos solicita la cancelación de 10 mil 553 plazas presupuestarias de carácter permanente, a fin de alinear la estructura organizacional y ocupacional con el monto de recursos presupuestarios autorizados en el presupuesto de servicios personales para el ejercicio fiscal 2016.”
El oficio hace referencia a varios incisos de la Ley de Resposabilidad Hacendaria para hacer cumplir el mandato, remitiendo copia a la Unidad de Política y Control Presupuestario.
Actualmente, la plantilla total de trabajadores de Pemex asciende a 142 mil 976 empleados y funcionarios, 10 mil 109 menos que los 153 mil 85 con los que contaba la petrolera mexicana al cierre de diciembre de 2014.
De esta manera, la reducción propuesta de la plantilla de Pemex equivale al 66.5 por ciento del total del programa de despidos para todo el gobierno federal que considera reducir este año 15 mil 825 plazas permanetes y representa el 7.4 por ciento de los 142 mil 976 empleados que actualmente tiene Pemex.
A finales de febrero del año pasado Pemex y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) acordaron implementar un programa extraordinario para reducir el gasto corriente en servicios personales en 10 mil millones de pesos.
Además, el 9 de septiembre de 2015, Pemex y el STPRM suscribieron el Contrato Colectivo de Trabajo que regirá las relaciones laborales durante el bienio 2015 -2017 en el que se alcanzó un acuerdo en materia de pensiones, el cual será aplicable a todos los trabajadores de la empresa y se regirá a través de un esquema de cuentas individuales para el retiro y un aumento en la edad de jubilación de 55 a 60 años de edad.
Los despidos en Pemex son acompañados de un desplome en la inversión , un importante incremento en su deuda y un régimen fiscal cada vez más confiscatorio es en lo que se ha traducido el llamado “fortalecimiento de Pemex” en el contexto de la Reforma Energética. Esto sin contar el deterioro en casi todos sus resultados operativos.
El presupuesto de inversión para este 2016 de Pemex se recortó en 73 mil millones de pesos (4 mil 400 millones de dólares) para llegar a 293 mil millones de pesos. El menor presupuesto autorizado desde 2007.
Por otro lado, la deuda financiera total alcanzada al tercer trimestre de 2015 (último dato oficial) registró un aumento de 29.9 por ciento, con respecto al cierre de 2014, principalmente debido a mayores contrataciones de deuda, ubicándose en 1 billón 485 mil millones de pesos, equivalente a 87 mil 300 millones de dólares.
A su vez, durante el tercer trimestre de 2015, el pago de impuestos y derechos representó 232.4 por ciento del rendimiento de operación, en comparación con 115.9 por ciento en el periodo comparable de 2014.
Pese a que el régimen fiscal de Pemex a partir del 1 de enero de 2015 está más alineado con el resto de la industria, la empresa aún no puede deducir la totalidad de sus costos y gastos de operación en el cálculo de impuestos y derechos. Como consecuencia, el pago de impuestos y derechos ha sido mayor al rendimiento de operación y al rendimiento antes de impuestos y derechos desde 1998 de manera consistente, siendo la única excepción 2006, año en el que la deducción permitida se actualizó.
Ahora, la estrategia de la principal empresa productiva del estado mexicano es formar alianzas a lo largo de toda la cadena de valor.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ISRAEL RODRÍGUEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/24/despedira-pemex-a-mas-de-10-mil-trabajadores-2563.html
Gobierno de Javier Duarte suma mil 647 denuncias por desaparición de mujeres
MÉXICO, DF: Las denuncias por desaparición de mujeres en Veracruz han aumentado más de 5 mil por ciento durante el gobierno del priista Javier Duarte.
Según datos de la Fiscalía estatal que hoy publica el diario Reforma, mientras que de 2006 a 2010 se registraron 32 casos, de 2011 a 2015 sumaron mil 647. Destaca además que en el año 2014 hubo 597 denuncias, sin contar la cifra negra de desapariciones no reportadas a las autoridades por miedo de los familiares.
Las cifras fueron proporcionadas al grupo de trabajo conformado para estudiar la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Veracruz, cuyo informe fue entregado al gobernador del estado la semana pasada, indica el diario.
La Fiscalía precisó que de las mil 679 mujeres desaparecidas, mil 341 fueron localizadas, sin aclarar si fueron con vida o en qué condiciones fueron encontradas, por lo que todavía se desconoce el paradero de 338.
En 2012 se tipificó el delito de feminicidio en la entidad, año desde el que se han registrado 161 casos, de los cuales más de la mitad siguen bajo investigación.
El informe del Grupo de Trabajo detalla que 88 de los expedientes sigue en investigación, además de que 2015 fue el año más violento en este rubro, pues hubo 55 feminicidios, de acuerdo con cifras de la Fiscalía estatal.
Los municipios más peligrosos para las mujeres son Poza Rica y Xalapa, ya que en cada uno de ellos ocurrieron 13 feminicidios contra seis en Córdova, Coatzacoalcos y Veracruz, y cinco en Ozuluama.
El Grupo de Trabajo concluyó que en Veracruz se vive “una situación compleja de violación a los derechos humanos de las mujeres”, que derivó en impunidad social y del Estado.
“En un significativo número de casos, ha derivado en feminicidios y otras formas de violencia”, indica en el informe.
En sus observaciones, el Grupo de Trabajo critica que la mayoría de los homicidios dolosos en contra de mujeres ocurridos entre 2010 y 2015 están inconclusos.
Recomendó revisar la posibilidad de reabrir las investigaciones de los casos que se encuentran en reserva temporal y que la Fiscalía haga transparentes sus datos, pues muchos de ellos no están en su página de Internet.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LUNK: http://www.proceso.com.mx/?p=427484
Según datos de la Fiscalía estatal que hoy publica el diario Reforma, mientras que de 2006 a 2010 se registraron 32 casos, de 2011 a 2015 sumaron mil 647. Destaca además que en el año 2014 hubo 597 denuncias, sin contar la cifra negra de desapariciones no reportadas a las autoridades por miedo de los familiares.
Las cifras fueron proporcionadas al grupo de trabajo conformado para estudiar la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Veracruz, cuyo informe fue entregado al gobernador del estado la semana pasada, indica el diario.
La Fiscalía precisó que de las mil 679 mujeres desaparecidas, mil 341 fueron localizadas, sin aclarar si fueron con vida o en qué condiciones fueron encontradas, por lo que todavía se desconoce el paradero de 338.
En 2012 se tipificó el delito de feminicidio en la entidad, año desde el que se han registrado 161 casos, de los cuales más de la mitad siguen bajo investigación.
El informe del Grupo de Trabajo detalla que 88 de los expedientes sigue en investigación, además de que 2015 fue el año más violento en este rubro, pues hubo 55 feminicidios, de acuerdo con cifras de la Fiscalía estatal.
Los municipios más peligrosos para las mujeres son Poza Rica y Xalapa, ya que en cada uno de ellos ocurrieron 13 feminicidios contra seis en Córdova, Coatzacoalcos y Veracruz, y cinco en Ozuluama.
El Grupo de Trabajo concluyó que en Veracruz se vive “una situación compleja de violación a los derechos humanos de las mujeres”, que derivó en impunidad social y del Estado.
“En un significativo número de casos, ha derivado en feminicidios y otras formas de violencia”, indica en el informe.
En sus observaciones, el Grupo de Trabajo critica que la mayoría de los homicidios dolosos en contra de mujeres ocurridos entre 2010 y 2015 están inconclusos.
Recomendó revisar la posibilidad de reabrir las investigaciones de los casos que se encuentran en reserva temporal y que la Fiscalía haga transparentes sus datos, pues muchos de ellos no están en su página de Internet.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LUNK: http://www.proceso.com.mx/?p=427484
El INAI avala la opacidad de la Conade
Apenas había llegado a la titularidad de la Conade y Alfredo Castillo lanzó la bravata: no permitiría la opacidad en el gasto deportivo. Pero no pudo lograrlo con los presidentes de las federaciones; y, ahora, es él mismo quien rehúye la transparencia: la dependencia a su cargo asegura que no tiene datos de cuánto le pagó al director de la Selección Mexicana de Basquetbol en los Panamericanos y en el Preolímpico, y el Instituto Nacional de Transparencia le convalida su ocultamiento.
MÉXICO, DF: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) no dé a conocer cuánto dinero recibió el entrenador de basquetbol Sergio Valdeolmillos por dirigir a la Selección nacional durante los Juegos Panamericanos de Toronto y el Preolímpico 2015.
En respuesta a una solicitud de transparencia, la Conade dijo que encontró “cero registros” y declaró la “inexistencia de la información” sobre las condiciones en que fue contratado el entrenador.
El organismo –ayudado por el INAI– negó tener esa información, pero Valdeolmillos confirmó que sí se le pagó un sueldo y todos sus gastos.
El INAI sobreseyó el caso pues creyó la versión de la Conade. No aceptó como pruebas los boletines despachados por la Coordinación de Comunicación Social de la comisión, en los que el titular del organismo, Alfredo Castillo, repitió que él negoció con el español su recontratación y la dependencia cubrió adeudos y salario.
Desde que llegó a la dirección de la Conade en abril de 2015, Castillo acusó a los presidentes de las federaciones deportivas de no ser transparentes, de hacer mal uso de los recursos públicos y de no rendir cuentas.
Cuando los medios de comunicación le preguntaron el salario de Valdeolmillos y lo que le costaría al erario federal recontratarlo, Castillo eligió ser opaco. Dijo a la prensa que no es información por la cual deba preguntar, y sólo afirmó que los recursos se tomarían del capítulo 3000 (servicios generales).
(Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2047, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAÚL OCHOA, BEATRIZ PEREYRA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427469
MÉXICO, DF: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) no dé a conocer cuánto dinero recibió el entrenador de basquetbol Sergio Valdeolmillos por dirigir a la Selección nacional durante los Juegos Panamericanos de Toronto y el Preolímpico 2015.
En respuesta a una solicitud de transparencia, la Conade dijo que encontró “cero registros” y declaró la “inexistencia de la información” sobre las condiciones en que fue contratado el entrenador.
El organismo –ayudado por el INAI– negó tener esa información, pero Valdeolmillos confirmó que sí se le pagó un sueldo y todos sus gastos.
El INAI sobreseyó el caso pues creyó la versión de la Conade. No aceptó como pruebas los boletines despachados por la Coordinación de Comunicación Social de la comisión, en los que el titular del organismo, Alfredo Castillo, repitió que él negoció con el español su recontratación y la dependencia cubrió adeudos y salario.
Desde que llegó a la dirección de la Conade en abril de 2015, Castillo acusó a los presidentes de las federaciones deportivas de no ser transparentes, de hacer mal uso de los recursos públicos y de no rendir cuentas.
Cuando los medios de comunicación le preguntaron el salario de Valdeolmillos y lo que le costaría al erario federal recontratarlo, Castillo eligió ser opaco. Dijo a la prensa que no es información por la cual deba preguntar, y sólo afirmó que los recursos se tomarían del capítulo 3000 (servicios generales).
(Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2047, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAÚL OCHOA, BEATRIZ PEREYRA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427469
Más muertos, más fosas, más desaparecidos en Veracruz… y Duarte tan tranquilo
La semana antepasada Veracruz volvió a cimbrase por el levantamiento de cinco jóvenes en Tierra Blanca y el hallazgo de dos narcofosas con 15 cuerpos. Desde entonces, según los padres de los desaparecidos, el gobernador Javier Duarte sólo da bandazos, pues ni siquiera ha definido las líneas de investigación del caso. Éste es muy similar al de noviembre de 2011, cuando fueron localizadas otras dos fosas con 28 cuerpos; información que la administración ocultó durante cuatro años.
XALAPA, Ver: Javier Duarte inicia su último año de gestión inmerso en una ola de violencia expansiva: el lunes 11, policías estatales levantaron a cinco jóvenes en Tierra Blanca y cuatro días después fueron localizadas dos fosas –una en Emiliano Zapata y otra en Maltrata– con osamentas de 15 personas.
Desde que llegó a la gubernatura, el 1 de diciembre de 2010, el gobernador priista no ha podido dar seguridad a los veracruzanos; menos aún frenar a los cárteles de la droga que se disputan el territorio desde hace años y mantienen a la población en la zozobra.
Una bitácora elaborada por el corresponsal con base en estadísticas oficiales da cuenta de 13 cementerios clandestinos localizados desde esa fecha. También registra que la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió 950 denuncias penales por desapariciones; la Procuraduría General de la República consideró que 155 fueron forzadas.
Tan sólo en el periodo 2012-2015, 186 policías municipales y estatales fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Al cierre de esta edición, la FGE y la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) continuaban las indagatorias en torno al levantamiento de los jóvenes José Benítez de la O, de 24 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; Alfredo González Díaz, de 25; Bernardo Benítez Arroniz, de 25, y Susana Tapia Garibo, de 16.
(Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2047, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427467
XALAPA, Ver: Javier Duarte inicia su último año de gestión inmerso en una ola de violencia expansiva: el lunes 11, policías estatales levantaron a cinco jóvenes en Tierra Blanca y cuatro días después fueron localizadas dos fosas –una en Emiliano Zapata y otra en Maltrata– con osamentas de 15 personas.
Desde que llegó a la gubernatura, el 1 de diciembre de 2010, el gobernador priista no ha podido dar seguridad a los veracruzanos; menos aún frenar a los cárteles de la droga que se disputan el territorio desde hace años y mantienen a la población en la zozobra.
Una bitácora elaborada por el corresponsal con base en estadísticas oficiales da cuenta de 13 cementerios clandestinos localizados desde esa fecha. También registra que la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió 950 denuncias penales por desapariciones; la Procuraduría General de la República consideró que 155 fueron forzadas.
Tan sólo en el periodo 2012-2015, 186 policías municipales y estatales fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Al cierre de esta edición, la FGE y la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) continuaban las indagatorias en torno al levantamiento de los jóvenes José Benítez de la O, de 24 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; Alfredo González Díaz, de 25; Bernardo Benítez Arroniz, de 25, y Susana Tapia Garibo, de 16.
(Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2047, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427467
¡Faltaba más! En Edomex, estado de los acarreados, no faltará gente en eventos del Papa
El municipio de Ecatepec y en general todo el Estado de México recibirán al Papa Francisco con protestas por afectaciones a viviendas derivadas de las obras de mejoramiento de calles y banquetas en la ruta que seguirá el Pontífice en esa entidad. Pero también con denuncias por acoso policial, violencia, inseguridad y pobreza, problemas que en ese estado son históricos por la impunidad y corrupción.
Conforme avanza el plan para recibir al Papa Francisco en Ecatepec, también crecen las protestas por afectaciones a viviendas, denuncias por acoso policial, molestias por el tránsito que provocan los simulacros y el descontento por la operación de acarreo para que todas las calles se vean llenas en el recorrido del Pontífice.
A esto se suma la pobreza, el desempleo, la inseguridad que imperan históricamente en el Estado de México y que en el actual gobierno, el del priista Eruviel Ávila Villegas, se han incrementado, de acuerdo con cifras oficiales.
SinEmbargo realizó un recorrido por la ruta donde pasará el Papa, y pudo constatar que las obras de esos 8.8 kilómetros, continúan a marchas forzadas. Algunas personas se pronunciaron a favor de la visita del sumo pontífice y por las mejores urbanas. Sin embargo, aseguraron, de no ser por ese evento seguirían sin arreglarse las luminarias, coladeras, banquetas y asfalto.
“Nosotros no nos oponemos a la visita del Papa, pero si no fuera por eso ni siquiera nos voltearían a ver”, dijo uno de los vecinos de Las Américas, quien se manifestó en la Avenida Insurgentes, para que los camiones de carga no pasaran, porque “cuando cruzan los carros [de carga] afecta a nuestras casas. Unas se se empezaron a cuartear. Desde hace dos meses quedaron que iban pasar despacio, pero siempre lo hacen rápido y la vibración se siente”, agregó.
Rosalba Olivares, líder vecinal en la colonia Jardines de Morelos, denunció que con el inicio de los preparativos, hay policías que se están haciendo pasar por encuestadores del municipio para obtener información de los comercios.
La líder vecinal agregó que: “Aquí está complicado, porque ratero que agarremos en la madre le daremos. Si vemos una persona sospechosa es reportada, porque vivimos en un ambiente hostil, vivimos en un ambiente de ‘plena inseguridad y donde no hay paz mental”.
Manuel Amador, también activista en este Ayuntamiento, comentó que fuera del perímetro que recorrerá el líder religioso el abandono por parte del Estado permanece.
Ecatepec es el municipio donde nació el priista Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Edomex desde el 16 de septiembre de 2011. Además, Ávila Villegas fue Presidente Municipal de Ecatepec en dos periodos: de 2003 a 2006, y de 2009 a 2011.
El próximo domingo 14 de febrero, el Papa Francisco I recorrerá 8.8 kilómetros en Ecatepec. Desde el helipuerto Ballísco, ubicado en la carretera de Texcoco, hacia el Circuito Exterior Mexiquense y luego por Avenida Insurgentes.
A unos cuantos kilómetros de la Unidad de Estudios Superiores Ecatepec, que pertenece a la Universidad Mexiquense Bicentenario (UMB), lugar donde Francisco I dará una misa, se encuentra la Avenida Central, una zona muy diferente a las otras, los baldíos se utilizan de basureros clandestinos en los que los habitantes arrojan animales muertos.
Por otra parte, una fuente consultada por SinEmbargo, comentó que la operación de acarreo ya comenzó en el Edomex. Y la estrategia consistirá en llenar la Unidad de Estudios Superiores Ecatepec, la cual tendrá capacidad para 300 mil asistentes, con estudiantes de todos los niveles educativos.
“Han sido muy discretos y no han emitido algún documento, porque no quieren que se filtren. Todo lo están haciendo por llamada. Pero quieren que estudiantes vayan y que el Papa los vea. Quieren ocupar esos espacios para que no vaya gente y haga alguna manifestación”, aseveró la persona entrevistada, quien es cercana al sistema educativo de la entidad.
En el Estado de México, 8 millones 269 mil 900 de sus habitantes viven en condición de pobreza, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Esta entidad federativa con problemas de violencia y rezagos educativos arrojó a 7 millones 63 mil personas a la pobreza moderada en dos años, de 2012 a 2014. Actualmente un millón 206 mil 900 viven en pobreza extrema.
El 58.9 por ciento de la población, es decir, 9 millones 823 mil 900 personas, no pueden comprar una canasta básica ni cuentan con los elementos suficientes para llevar una vida digna. Entre ellos está Andrés.
El Estado de México tiene niveles bajos en seis de las ocho carencias medibles por el Coneval, siendo el acceso a la seguridad social el que rebasa el acceso en más de la mitad de la población al registrar 60.6 por ciento.
Organizaciones que conforman la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza detallaron que uno de cada cinco mexicanos (20.7 por ciento) no tiene un ingreso suficiente para adquirir la canasta básica de alimentos. Ésta es la población con ingreso inferior a la Línea de Bienestar Mínimo; es decir los que están en situación de pobreza extrema por ingresos y equivalen a 24.6 millones de personas.
Un 20.1 por ciento de la población mexiquense se encuentra en este rubro; es decir 3 millones 346 mil 800 personas no cuentan con el recurso necesario para cubrir las necesidades básicas. Lo que se traduce en un 13.6 por ciento de mexicanos a nivel nacional.
Ecatepec es el municipio más poblado de América Latina con un millón 656 mil habitantes, y también está considerado uno de los más peligrosos del país, el 99 por ciento de sus habitantes vive en zonas urbanas y hay más robos allí que en otras ciudades con alta incidencia delictiva como Culiacán, Acapulco o Ciudad Juárez. Sólo entre enero y septiembre de 2015 los robos comunes ascendieron a 8 mil 403.
Del total de robos en Ecatepec, el 85 por ciento está asociado con automóviles; de enero a septiembre del año pasado se reportaron 7 mil 181 de estos casos; el 74 por ciento fue despojo con violencia. A esto se suma la violencia generalizada contra mujeres.
De 2013 a 2014, al menos 110 mujeres murieron asesinadas en este municipio, según se desprende de las cifras oficiales recientemente actualizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Mientras que la media nacional de homicidios es de 12 por cada 100 mil habitantes, en Ecatepec se ubica en 20. Entre enero y septiembre de 2015 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reportó que hubo 331.
No es algo aislado, pues tan sólo en diciembre de 2015 el Estado de México reportó 15 mil 492 probables delitos, según el SNSP .
De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), los homicidios de niños, niñas y adolescentes se concentraron en los estados de Guerrero, Estado de México y Jalisco.
Redim informó que en siete de cada 10 desapariciones, las víctimas son jóvenes de 15 a 17 años y en su mayoría son mujeres. Actualmente el Estado de México tiene 393 registros de mujeres adolescentes desaparecidas, que corresponde a los 400 casos denunciados por familiares.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio asegura que existen al menos mil 258 niñas y mujeres fueron reportadas como desaparecidas en el Estado de México de 2011 a 2012; el 53 por ciento de ellas tenía entre 10 y 17 años.
En la entidad se han registrado 922 homicidios entre 2005 y 2011. El municipio de Ecatepec ocupa el quinto lugar de feminicidios a nivel nacional, seguido por Chimalhuacán, Cuautitlán y Nezahualcóyotl.
Desde 2010, el Observatorio –una coalición de 43 grupos que documentan graves crímenes contra las mujeres– ha solicitado una alerta por la violencia basada en el género para que se active en el Estado de México.
El 9 de julio de 2015 el Gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas solicitó al Gobierno federal se declare alerta de género para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer en los municipios de: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Naucalpan, Chimalhuacán, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco.
Sin embargo, las organizaciones civiles aseguraron que no bastaba la alerta en 11 municipios y denunciaron que Ávila Villegas omitió información al grupo imultidisciplinario de expertos que realizó el informe, lo que demoró aún más la decisión de ese organismo que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Además, el mandatario estatal informó que él hizo la solicitud del mecanismo, pero nunca tuvo facultades para ello, pues si las autoridades federales aprobaron la medida en 11 municipios mexiquenes fue gracias a una lucha jurídica que duró cinco años que fue promovida por la sociedad.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SERGIO RINCÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/24-01-2016/1604445
Conforme avanza el plan para recibir al Papa Francisco en Ecatepec, también crecen las protestas por afectaciones a viviendas, denuncias por acoso policial, molestias por el tránsito que provocan los simulacros y el descontento por la operación de acarreo para que todas las calles se vean llenas en el recorrido del Pontífice.
A esto se suma la pobreza, el desempleo, la inseguridad que imperan históricamente en el Estado de México y que en el actual gobierno, el del priista Eruviel Ávila Villegas, se han incrementado, de acuerdo con cifras oficiales.
SinEmbargo realizó un recorrido por la ruta donde pasará el Papa, y pudo constatar que las obras de esos 8.8 kilómetros, continúan a marchas forzadas. Algunas personas se pronunciaron a favor de la visita del sumo pontífice y por las mejores urbanas. Sin embargo, aseguraron, de no ser por ese evento seguirían sin arreglarse las luminarias, coladeras, banquetas y asfalto.
“Nosotros no nos oponemos a la visita del Papa, pero si no fuera por eso ni siquiera nos voltearían a ver”, dijo uno de los vecinos de Las Américas, quien se manifestó en la Avenida Insurgentes, para que los camiones de carga no pasaran, porque “cuando cruzan los carros [de carga] afecta a nuestras casas. Unas se se empezaron a cuartear. Desde hace dos meses quedaron que iban pasar despacio, pero siempre lo hacen rápido y la vibración se siente”, agregó.
Rosalba Olivares, líder vecinal en la colonia Jardines de Morelos, denunció que con el inicio de los preparativos, hay policías que se están haciendo pasar por encuestadores del municipio para obtener información de los comercios.
“No están preguntando sobre la visita del Papa, sino sobre ingresos o número de familiares. Entonces nos alertamos y le preguntamos al jefe de turno de la Policía Municipal y nos comentó que no están facultados para hacer esas preguntas a la ciudadanía. Eso lo reportamos y es un tema, pero si no se controla por Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana se puede salir de control. Aquí, la gente de Jardines de Morelos está muy a la expectativa, porque ha habido mucho linchamiento. Y hay mucho problema con las autoridades municipales”, refirió Olivares.
La líder vecinal agregó que: “Aquí está complicado, porque ratero que agarremos en la madre le daremos. Si vemos una persona sospechosa es reportada, porque vivimos en un ambiente hostil, vivimos en un ambiente de ‘plena inseguridad y donde no hay paz mental”.
Manuel Amador, también activista en este Ayuntamiento, comentó que fuera del perímetro que recorrerá el líder religioso el abandono por parte del Estado permanece.
“En lugar de estar pensando en la visita del Papa deberían resolver problemas que son permanentes, como la desaparición de personas, asesinatos, asaltos, violencia contra las mujeres. Es terrible lo que pasa aquí”, detalló Amador.
Ecatepec es el municipio donde nació el priista Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Edomex desde el 16 de septiembre de 2011. Además, Ávila Villegas fue Presidente Municipal de Ecatepec en dos periodos: de 2003 a 2006, y de 2009 a 2011.
El próximo domingo 14 de febrero, el Papa Francisco I recorrerá 8.8 kilómetros en Ecatepec. Desde el helipuerto Ballísco, ubicado en la carretera de Texcoco, hacia el Circuito Exterior Mexiquense y luego por Avenida Insurgentes.
A unos cuantos kilómetros de la Unidad de Estudios Superiores Ecatepec, que pertenece a la Universidad Mexiquense Bicentenario (UMB), lugar donde Francisco I dará una misa, se encuentra la Avenida Central, una zona muy diferente a las otras, los baldíos se utilizan de basureros clandestinos en los que los habitantes arrojan animales muertos.
Por otra parte, una fuente consultada por SinEmbargo, comentó que la operación de acarreo ya comenzó en el Edomex. Y la estrategia consistirá en llenar la Unidad de Estudios Superiores Ecatepec, la cual tendrá capacidad para 300 mil asistentes, con estudiantes de todos los niveles educativos.
“Han sido muy discretos y no han emitido algún documento, porque no quieren que se filtren. Todo lo están haciendo por llamada. Pero quieren que estudiantes vayan y que el Papa los vea. Quieren ocupar esos espacios para que no vaya gente y haga alguna manifestación”, aseveró la persona entrevistada, quien es cercana al sistema educativo de la entidad.
En el Estado de México, 8 millones 269 mil 900 de sus habitantes viven en condición de pobreza, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Esta entidad federativa con problemas de violencia y rezagos educativos arrojó a 7 millones 63 mil personas a la pobreza moderada en dos años, de 2012 a 2014. Actualmente un millón 206 mil 900 viven en pobreza extrema.
El 58.9 por ciento de la población, es decir, 9 millones 823 mil 900 personas, no pueden comprar una canasta básica ni cuentan con los elementos suficientes para llevar una vida digna. Entre ellos está Andrés.
El Estado de México tiene niveles bajos en seis de las ocho carencias medibles por el Coneval, siendo el acceso a la seguridad social el que rebasa el acceso en más de la mitad de la población al registrar 60.6 por ciento.
Organizaciones que conforman la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza detallaron que uno de cada cinco mexicanos (20.7 por ciento) no tiene un ingreso suficiente para adquirir la canasta básica de alimentos. Ésta es la población con ingreso inferior a la Línea de Bienestar Mínimo; es decir los que están en situación de pobreza extrema por ingresos y equivalen a 24.6 millones de personas.
Un 20.1 por ciento de la población mexiquense se encuentra en este rubro; es decir 3 millones 346 mil 800 personas no cuentan con el recurso necesario para cubrir las necesidades básicas. Lo que se traduce en un 13.6 por ciento de mexicanos a nivel nacional.
Ecatepec es el municipio más poblado de América Latina con un millón 656 mil habitantes, y también está considerado uno de los más peligrosos del país, el 99 por ciento de sus habitantes vive en zonas urbanas y hay más robos allí que en otras ciudades con alta incidencia delictiva como Culiacán, Acapulco o Ciudad Juárez. Sólo entre enero y septiembre de 2015 los robos comunes ascendieron a 8 mil 403.
Del total de robos en Ecatepec, el 85 por ciento está asociado con automóviles; de enero a septiembre del año pasado se reportaron 7 mil 181 de estos casos; el 74 por ciento fue despojo con violencia. A esto se suma la violencia generalizada contra mujeres.
De 2013 a 2014, al menos 110 mujeres murieron asesinadas en este municipio, según se desprende de las cifras oficiales recientemente actualizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Mientras que la media nacional de homicidios es de 12 por cada 100 mil habitantes, en Ecatepec se ubica en 20. Entre enero y septiembre de 2015 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reportó que hubo 331.
No es algo aislado, pues tan sólo en diciembre de 2015 el Estado de México reportó 15 mil 492 probables delitos, según el SNSP .
De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), los homicidios de niños, niñas y adolescentes se concentraron en los estados de Guerrero, Estado de México y Jalisco.
Redim informó que en siete de cada 10 desapariciones, las víctimas son jóvenes de 15 a 17 años y en su mayoría son mujeres. Actualmente el Estado de México tiene 393 registros de mujeres adolescentes desaparecidas, que corresponde a los 400 casos denunciados por familiares.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio asegura que existen al menos mil 258 niñas y mujeres fueron reportadas como desaparecidas en el Estado de México de 2011 a 2012; el 53 por ciento de ellas tenía entre 10 y 17 años.
En la entidad se han registrado 922 homicidios entre 2005 y 2011. El municipio de Ecatepec ocupa el quinto lugar de feminicidios a nivel nacional, seguido por Chimalhuacán, Cuautitlán y Nezahualcóyotl.
Desde 2010, el Observatorio –una coalición de 43 grupos que documentan graves crímenes contra las mujeres– ha solicitado una alerta por la violencia basada en el género para que se active en el Estado de México.
El 9 de julio de 2015 el Gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas solicitó al Gobierno federal se declare alerta de género para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer en los municipios de: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Naucalpan, Chimalhuacán, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco.
Sin embargo, las organizaciones civiles aseguraron que no bastaba la alerta en 11 municipios y denunciaron que Ávila Villegas omitió información al grupo imultidisciplinario de expertos que realizó el informe, lo que demoró aún más la decisión de ese organismo que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Además, el mandatario estatal informó que él hizo la solicitud del mecanismo, pero nunca tuvo facultades para ello, pues si las autoridades federales aprobaron la medida en 11 municipios mexiquenes fue gracias a una lucha jurídica que duró cinco años que fue promovida por la sociedad.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SERGIO RINCÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/24-01-2016/1604445
Dragón Mart, Tajamar, Nizuc… Borge arrasa áreas naturales por dinero, acusan activistas
Gerardo Solís, miembro de la asociación Cancún Salvemos el Manglar y presidente honorario de la Defensoría Internacional de Derechos Humanos AC en Quintana Roo, asegura que “desde el Malecón Tajamar hasta el aeropuerto, el Gobierno de Borge ha dado permiso para destrozar las áreas naturales y así dar paso a construcciones que sirvan como atractivo turístico”.
El priista Roberto Borge Angulo tomó posesión como Gobernador de Quintana Roo en 2011. El estado ocupa el lugar número 13 en feminicidios dentro del territorio mexicano y el segundo lugar en agresiones a la prensa, sólo por debajo de la Ciudad de México, donde fue asesinado el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, y está incluso por encima de Veracruz, la entidad que concentra más asesinatos de periodistas, de acuerdo con el informe anual de violencia contra la prensa 2015, de la organización Artículo 19.
Por si fuera poco, el estado se encuentra ahora en el ojo público a nivel internacional por motivos nada honrosos: Borge Angulo es calificado por activistas como “un ecocida” que ha vendido áreas naturales de suma importancia para dar paso a complejos turísticos .
Gerardo Solís, miembro de la asociación Cancún Salvemos el Manglar y presidente honorario de la Defensoría Internacional de Derechos Humanos AC en Quintana Roo, asegura que “desde el Malecón Tajamar hasta el aeropuerto, el Gobierno de Borge ha dado permiso para destrozar las áreas naturales y así dar paso a construcciones que sirvan como atractivo turístico”.
Asimismo el activista acusa que “los políticos son ambiciosos (…) Buscan el dinero a toda costa. La playa es de todos, pero aquí [en México] te quieren vender hasta ese espacio, es algo completamente absurdo, solamente en México se puede ver esto. En México pasa todo lamentablemente”.
DRAGON MART
En octubre de 2012, apenas un año después de que Borge Angulo asumiera la gubernatura de Quintana Roo se planteó que Dragon Mart Cancún sería el más grande centro de exhibición y venta de productos chinos, fuera del aquel país, el más poblado del mundo.
Los desarrolladores del proyecto informaron en agosto de 2014 que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) envió una notificación sobre una multa por más de 7 millones de pesos por no tener registro de impacto ambiental; sin embargo, declararon que el proyecto contaba con la aprobación de los tres órdenes de Gobierno en materia de impacto ambiental.
Días antes, la Profepa informó que dicha resolución se emitió tras concluir el análisis de las pruebas presentadas por los responsables del proyecto que hasta entonces era construido en el predio “El Tucán”, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y que había sido fuertemente cuestionado por ambientalistas, empresarios y políticos de oposición al Gobierno Borge.
Además, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció en mayo del mismo año que la obra no contaba con registro de evaluación de impacto ambiental y, por tanto, se desconocían los riesgos que podría representar para el medio ambiente y los recursos naturales, a pesar de las permanentes denuncias de organizaciones sociales de la región en las que destacan las afectaciones y daños en las más de 500 hectáreas que contemplaba el proyecto.
Sin embargo, la empresa informó que en noviembre de 2012 la Profepa determinó que el anterior propietario de “El Tucán” contaba con todas sus autorizaciones para remover la vegetación y realizar trabajos de extracción de material pétreo, emitiendo así en “Resolución Definitiva que causó ejecutoria que no existía irregularidad alguna en el inmueble”.
Dijo que presentó la Manifestación de Impacto Ambiental ante el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Gobierno de Quintana Roo, autoridad competente en la materia, y le fue otorgada la autorización para la construcción del proyecto.
La empresa detalló que en septiembre de 2013 el Ayuntamiento de Benito Juárez le otorgó la Licencia de Construcción. “Por ello, en el mes de diciembre del 2013 inició la ejecución de los trabajos de construcción”, informó.
Para establecerse, removió 87 hectáreas de selva y la construcción cuenta “con la influencia y el legado de la cultura china ancestral divididos en cuatro áreas fundamentales: área de intercambio comercial para exhibición y venta de mercancías al mayoreo y menudeo; áreas funcionales con instalaciones para centros de negocios; oficinas, restaurantes, centros culturales y turísticos. Zona libre para el almacenamiento de mercancías y espacios habitacionales”.
El 26 de enero de 2015, Eduardo Sánchez, vocero de Presidencia de la República, informó que la Profepa clausuró las obras del proyecto, por daño ambiental en la zona. Hasta hoy continúa clausurado.
Entre protestas de organizaciones ambientalistas, la Semarnat avaló la construcción de un complejo turístico de la compañía RIUSA II, filial de Riu, que afecta áreas protegidas de mangle en Punta Nizuc, Quintana Roo. El 18 de diciembre, la dependencia federal aprobó el polémico proyecto sin esperar a que concluyera el periodo de consulta pública.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) se ha manifestado en contra del proyecto, el cual ha sido frenado una y otra vez por irregularidades en los permisos que ostenta.
El proyecto original del hotel de 565 cuartos fue modificado ligeramente a 530 cuartos luego de que la Semarnat negó en el mes de marzo la autorización del quinto hotel de la compañía en Cancún.
De acuerdo con las organizaciones ambientalistas, el “Estudio de la Vulnerabilidad y Programa de Adaptación ante la Viabilidad Climática y el Cambio Climático”, elaborado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (Conacyt), revela que, con una tasa de erosión promedio anual de 13.9 metros, Punta Nizuc –donde se edificarán las torres de 15 niveles del Riu– registra una de las tasas de erosión de playas más altas de Cancún y en ocho años reportó una erosión total de 111 metros de arenales.
La zona donde se instalaría el complejo de la compañía española, señalan, también posee el máximo valor de ponderación e índice de vulnerabilidad costera en Cancún.
Medios locales refieren que el predio donde Riu podría construir su complejo fue beneficiado por el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de la actual administración municipal.
Ante la situación, Cemda interpuso un amparo contra la aplicación del PDU por las violaciones a las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Quintana Roo, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como por no incluir las especificaciones de la Ley General de Cambio Climático.
En noviembre pasado, el Poder Judicial suspendió la licencia de construcción que le había otorgado el ayuntamiento cancunense. Cabe mencionar que el hotel “Riviera Cancún” es un proyecto que ya había sido rechazado por el impacto que genera a dos áreas naturales protegidas: las áreas de Nichupte y Cancún Punta Nizuc.
De acuerdo con las organizaciones, en la manifestación aprobada por la Semarnat no se justifica cómo van a impedir el impacto en el sitio, y persisten las razones por las que fue rechazada la primera vez. El hotel de 530 cuartos impacta la zona de duna, e incluye la construcción de una planta desalinizadora para el consumo de agua, cuyos residuos de salmuera son importantes contaminantes del manto acuífero.
TULUM
Otro complejo turístico rechazado por diversas organizaciones en pro del medio ambiente es el del Hotel Punta Jade, en Tulum, Quintana Roo, por considerar que pone en riesgo áreas de manglar y otras especies protegidas.
El 11 de diciembre pasado, el Cemda solicitó a la Semarnat negar la Autorización de Impacto Ambiental solicitada para la obra. El proyecto, ubicado en Bahía Príncipe, fue rechazado originalmente por haber autorizado más cuartos de los que se debía. A pesar de que el caso se encuentra en litigio, el Cemda destacó que los promotores del proyecto han ingresado don Manifestaciones de Impacto Ambiental adicionales, lo cual es improcedente hasta que se resuelva el litigio pendiente.
Entre los comentarios que el Cemda emitió en la consulta pública para oponerse al proyecto se encuentran, por un lado, que el sitio propuesto para el desarrollo del proyecto se encuentra ubicado a una distancia de 61 metros lineales de vegetación de manglar, contraviniendo con ello lo establecido en la legislación correspondiente.
Asimismo, el proyecto pone en riesgo especies protegidas que habitan o arriban al sitio para anidar, las cuales no han sido contempladas dentro la evaluación de impactos y entre las que figuran la iguana gris, la chara yucateca, el cenzonte tropical, el zanate, el vireo manglero, el teveo menor, la garza blanca, el pato real y tres especies de tortuga: laud, blanca y caguama.
“La operación de este tipo de proyectos en las condiciones propuestas, ocasionan un aumento en la demanda de insumos, la generación de residuos, demandas sociales, pérdida en la calidad del paisaje, modificación del medio físico, especialmente importante en el caso de los recursos naturales que prevalecen en la localidad”, señaló Cemda en sus comentarios al proyecto.
En lo que respecta al Programa de Ordenamiento Ecológico del Corredor Cancún – Tulum, expone la organización, “el proyecto contraviene diversas disposiciones como la referida al número de cuartos, toda vez que está planteando construir 401 habitaciones, cuando para un desarrollo turístico únicamente podría construir 200″.
El proyecto propone desmotar 2.57 hectáreas de la cobertura vegetal del predio, que corresponden al 19.1 por ciento del total, incumpliendo con el criterio que establece como máximo un 15 por ciento de desmonte.
TAJAMAR
Ciudadanos y activistas acusan como responsables de ecocidio en Cancún, Quintana Roo, al Gobernador Roberto Borge Angulo y a Paul Michell Carrillo de Cáceres, Presidente Municipal de Benito Juárez, luego de que la madrugada del sábado un grupo de trabajadores con maquinaria pesada, escoltados por policías, ingresaran al Malecón Tajamar para devastarlo y preparar la construcción de desarrollos inmobiliarios, promovidos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
El activista acusó que existe una serie de irregularidades. Recuerda que el fin de semana pasado, las autoridades acordonaron el área, no permitieron el acceso a nadie y “cual bandidos se pusieron a rellenar el manglar, sepultaron cocodrilos vivos, no reubicaron a la fauna que está en peligro de extinción”.
En la página de Facebook “Salvemos Manglar Tajamar”, defensores del medio ambiente acusan que en un par de días han devastado más del 90 por ciento del total del manglar.
Por si fuera poco, días después de la devastación, se sabría que el Fonatur vendió Tajamar a empresarios que antes, y por distintos desarrollos, habían sido acusados e incluso sancionados por devastar otros manglares en el estado.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/24-01-2016/1604234
El priista Roberto Borge Angulo tomó posesión como Gobernador de Quintana Roo en 2011. El estado ocupa el lugar número 13 en feminicidios dentro del territorio mexicano y el segundo lugar en agresiones a la prensa, sólo por debajo de la Ciudad de México, donde fue asesinado el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, y está incluso por encima de Veracruz, la entidad que concentra más asesinatos de periodistas, de acuerdo con el informe anual de violencia contra la prensa 2015, de la organización Artículo 19.
Por si fuera poco, el estado se encuentra ahora en el ojo público a nivel internacional por motivos nada honrosos: Borge Angulo es calificado por activistas como “un ecocida” que ha vendido áreas naturales de suma importancia para dar paso a complejos turísticos .
Gerardo Solís, miembro de la asociación Cancún Salvemos el Manglar y presidente honorario de la Defensoría Internacional de Derechos Humanos AC en Quintana Roo, asegura que “desde el Malecón Tajamar hasta el aeropuerto, el Gobierno de Borge ha dado permiso para destrozar las áreas naturales y así dar paso a construcciones que sirvan como atractivo turístico”.
Asimismo el activista acusa que “los políticos son ambiciosos (…) Buscan el dinero a toda costa. La playa es de todos, pero aquí [en México] te quieren vender hasta ese espacio, es algo completamente absurdo, solamente en México se puede ver esto. En México pasa todo lamentablemente”.
“El Gobierno de Borge es un gobierno de amiguismos, de negocios al amparo del poder. No hay protección al medio ambiente, ya hemos y seguiremos pagando el precio, uno de ellos es la enorme cantidad de sargazo que llegó a las playas, antes teníamos barreras naturales, pero la destrucción de la naturaleza ha traído esa y otras consecuencias”, destaca.Para Alejandra Serrano Pavón, directora de la Oficina Sureste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el del priista ”ha sido un Gobierno que a pesar de señalar que tiene una agenda verde, y el tema ambiental es de sus temas prioritarios, creemos que tiene mucho trabajo por hacer porque desafortunadamente han impulsado proyectos como Dragon Mart, que fue anunciado como el proyecto de esta administración. Hace falta que en los programas de ordenamiento ecológico el Gobierno estatal tenga una posición más de sustentabilidad porque vemos muchas veces que no logra conciliar el tema de conservación con desarrollo. Creemos que el mismo Gobierno debería ser el que impulsara para que se encontrara un punto medio y aún no encuentra esa fórmula en los programas de ordenamiento”.
“[El Gobierno] todavía se encuentra en un conflicto de no entender que conservación de recursos también es calidad de vida y una mejor inversión”, condena.
DRAGON MART
En octubre de 2012, apenas un año después de que Borge Angulo asumiera la gubernatura de Quintana Roo se planteó que Dragon Mart Cancún sería el más grande centro de exhibición y venta de productos chinos, fuera del aquel país, el más poblado del mundo.
Los desarrolladores del proyecto informaron en agosto de 2014 que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) envió una notificación sobre una multa por más de 7 millones de pesos por no tener registro de impacto ambiental; sin embargo, declararon que el proyecto contaba con la aprobación de los tres órdenes de Gobierno en materia de impacto ambiental.
Días antes, la Profepa informó que dicha resolución se emitió tras concluir el análisis de las pruebas presentadas por los responsables del proyecto que hasta entonces era construido en el predio “El Tucán”, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y que había sido fuertemente cuestionado por ambientalistas, empresarios y políticos de oposición al Gobierno Borge.
Además, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció en mayo del mismo año que la obra no contaba con registro de evaluación de impacto ambiental y, por tanto, se desconocían los riesgos que podría representar para el medio ambiente y los recursos naturales, a pesar de las permanentes denuncias de organizaciones sociales de la región en las que destacan las afectaciones y daños en las más de 500 hectáreas que contemplaba el proyecto.
Sin embargo, la empresa informó que en noviembre de 2012 la Profepa determinó que el anterior propietario de “El Tucán” contaba con todas sus autorizaciones para remover la vegetación y realizar trabajos de extracción de material pétreo, emitiendo así en “Resolución Definitiva que causó ejecutoria que no existía irregularidad alguna en el inmueble”.
Dijo que presentó la Manifestación de Impacto Ambiental ante el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Gobierno de Quintana Roo, autoridad competente en la materia, y le fue otorgada la autorización para la construcción del proyecto.
La empresa detalló que en septiembre de 2013 el Ayuntamiento de Benito Juárez le otorgó la Licencia de Construcción. “Por ello, en el mes de diciembre del 2013 inició la ejecución de los trabajos de construcción”, informó.
Para establecerse, removió 87 hectáreas de selva y la construcción cuenta “con la influencia y el legado de la cultura china ancestral divididos en cuatro áreas fundamentales: área de intercambio comercial para exhibición y venta de mercancías al mayoreo y menudeo; áreas funcionales con instalaciones para centros de negocios; oficinas, restaurantes, centros culturales y turísticos. Zona libre para el almacenamiento de mercancías y espacios habitacionales”.
El 26 de enero de 2015, Eduardo Sánchez, vocero de Presidencia de la República, informó que la Profepa clausuró las obras del proyecto, por daño ambiental en la zona. Hasta hoy continúa clausurado.
Entre protestas de organizaciones ambientalistas, la Semarnat avaló la construcción de un complejo turístico de la compañía RIUSA II, filial de Riu, que afecta áreas protegidas de mangle en Punta Nizuc, Quintana Roo. El 18 de diciembre, la dependencia federal aprobó el polémico proyecto sin esperar a que concluyera el periodo de consulta pública.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) se ha manifestado en contra del proyecto, el cual ha sido frenado una y otra vez por irregularidades en los permisos que ostenta.
El proyecto original del hotel de 565 cuartos fue modificado ligeramente a 530 cuartos luego de que la Semarnat negó en el mes de marzo la autorización del quinto hotel de la compañía en Cancún.
De acuerdo con las organizaciones ambientalistas, el “Estudio de la Vulnerabilidad y Programa de Adaptación ante la Viabilidad Climática y el Cambio Climático”, elaborado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (Conacyt), revela que, con una tasa de erosión promedio anual de 13.9 metros, Punta Nizuc –donde se edificarán las torres de 15 niveles del Riu– registra una de las tasas de erosión de playas más altas de Cancún y en ocho años reportó una erosión total de 111 metros de arenales.
La zona donde se instalaría el complejo de la compañía española, señalan, también posee el máximo valor de ponderación e índice de vulnerabilidad costera en Cancún.
Medios locales refieren que el predio donde Riu podría construir su complejo fue beneficiado por el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de la actual administración municipal.
Ante la situación, Cemda interpuso un amparo contra la aplicación del PDU por las violaciones a las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Quintana Roo, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como por no incluir las especificaciones de la Ley General de Cambio Climático.
En noviembre pasado, el Poder Judicial suspendió la licencia de construcción que le había otorgado el ayuntamiento cancunense. Cabe mencionar que el hotel “Riviera Cancún” es un proyecto que ya había sido rechazado por el impacto que genera a dos áreas naturales protegidas: las áreas de Nichupte y Cancún Punta Nizuc.
De acuerdo con las organizaciones, en la manifestación aprobada por la Semarnat no se justifica cómo van a impedir el impacto en el sitio, y persisten las razones por las que fue rechazada la primera vez. El hotel de 530 cuartos impacta la zona de duna, e incluye la construcción de una planta desalinizadora para el consumo de agua, cuyos residuos de salmuera son importantes contaminantes del manto acuífero.
TULUM
Otro complejo turístico rechazado por diversas organizaciones en pro del medio ambiente es el del Hotel Punta Jade, en Tulum, Quintana Roo, por considerar que pone en riesgo áreas de manglar y otras especies protegidas.
El 11 de diciembre pasado, el Cemda solicitó a la Semarnat negar la Autorización de Impacto Ambiental solicitada para la obra. El proyecto, ubicado en Bahía Príncipe, fue rechazado originalmente por haber autorizado más cuartos de los que se debía. A pesar de que el caso se encuentra en litigio, el Cemda destacó que los promotores del proyecto han ingresado don Manifestaciones de Impacto Ambiental adicionales, lo cual es improcedente hasta que se resuelva el litigio pendiente.
Entre los comentarios que el Cemda emitió en la consulta pública para oponerse al proyecto se encuentran, por un lado, que el sitio propuesto para el desarrollo del proyecto se encuentra ubicado a una distancia de 61 metros lineales de vegetación de manglar, contraviniendo con ello lo establecido en la legislación correspondiente.
Asimismo, el proyecto pone en riesgo especies protegidas que habitan o arriban al sitio para anidar, las cuales no han sido contempladas dentro la evaluación de impactos y entre las que figuran la iguana gris, la chara yucateca, el cenzonte tropical, el zanate, el vireo manglero, el teveo menor, la garza blanca, el pato real y tres especies de tortuga: laud, blanca y caguama.
“La operación de este tipo de proyectos en las condiciones propuestas, ocasionan un aumento en la demanda de insumos, la generación de residuos, demandas sociales, pérdida en la calidad del paisaje, modificación del medio físico, especialmente importante en el caso de los recursos naturales que prevalecen en la localidad”, señaló Cemda en sus comentarios al proyecto.
En lo que respecta al Programa de Ordenamiento Ecológico del Corredor Cancún – Tulum, expone la organización, “el proyecto contraviene diversas disposiciones como la referida al número de cuartos, toda vez que está planteando construir 401 habitaciones, cuando para un desarrollo turístico únicamente podría construir 200″.
El proyecto propone desmotar 2.57 hectáreas de la cobertura vegetal del predio, que corresponden al 19.1 por ciento del total, incumpliendo con el criterio que establece como máximo un 15 por ciento de desmonte.
TAJAMAR
Ciudadanos y activistas acusan como responsables de ecocidio en Cancún, Quintana Roo, al Gobernador Roberto Borge Angulo y a Paul Michell Carrillo de Cáceres, Presidente Municipal de Benito Juárez, luego de que la madrugada del sábado un grupo de trabajadores con maquinaria pesada, escoltados por policías, ingresaran al Malecón Tajamar para devastarlo y preparar la construcción de desarrollos inmobiliarios, promovidos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
“Ellos orquestaron un operativo en un lugar donde las familias se reúnen porque todas la playas de Cancún están vendidas prácticamente a intereses de particulares. Es increíble cómo en unas cuantas horas acabaron con lo que la naturaleza tardó tanto en formar. Es increíble la capacidad de destrucción que nuestro Gobernador y nuestro Presidente Municipal tienen, es terrible”, denunció Gerardo Solís, miembro de Cancún Salvemos el Manglar y presidente honorario de la Defensoría Internacional de Derechos Humanos AC en Quintana Roo.
El activista acusó que existe una serie de irregularidades. Recuerda que el fin de semana pasado, las autoridades acordonaron el área, no permitieron el acceso a nadie y “cual bandidos se pusieron a rellenar el manglar, sepultaron cocodrilos vivos, no reubicaron a la fauna que está en peligro de extinción”.
En la página de Facebook “Salvemos Manglar Tajamar”, defensores del medio ambiente acusan que en un par de días han devastado más del 90 por ciento del total del manglar.
Por si fuera poco, días después de la devastación, se sabría que el Fonatur vendió Tajamar a empresarios que antes, y por distintos desarrollos, habían sido acusados e incluso sancionados por devastar otros manglares en el estado.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/24-01-2016/1604234
Rechazan que cabildo quiera “rescatar” animales del Tajamar; buscan salvar el proyecto, dicen
CANCÚN, Q Roo: Activistas, que participan en las “guardias” del Malecón Tajamar, rechazaron el acuerdo del cabildo de Benito Juárez (Cancún), que realizaron ayer de rescatar a los animales silvestres que sobrevivieron a la devastación que se llevó a cabo hace una semana en este terrreno de 59 hectáreas, frente al sistema lagunar Nichupté.
“No lo vamos a permitir. Se lo agradecemos mucho, pero no”, acotó de inmediato Sara Rincón Gallardo, de Sociedad Protectora de Animales de Cancún.
A su vez, el abogado Gerardo Solís Barreto advirtió que no es viable este acuerdo de cabildo pues hay un una suspensión provisional de un juez federal que ordena que las cosas permanezcan “como están”, lo que aplica también a los animales.
En tanto, Katerine Ender Córdova, de Guardianes del Manglar Cancún, acusó al Cabildo de que con el retiro de los animales de la zona afectada, quieren salvar el proyecto y la construcción de plazas comerciales y condominios en Malecón Tajamar.
La tarde ayer, el Cabildo de Benito Juárez aprobó “implementar medidas de urgente aplicación para el rescate de la fauna silvestre, en coordinación con asociaciones civiles y ambientales”.
El presidente municipal Paul Carrillo indicó que se trata de una “medida preventiva” que se realizará por parte del Ayuntamiento con personal y expertos de las direcciones municipales de Ecología, así como con el respaldo de Protección Civil y Bomberos, con la participación de Amigos de Sian Ka´an A. C., Onca Maya A. C., y Salvemos Manglar Tajamar, al igual que con la Dirección del Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté.
Rincón Gallardo advirtió que es treta para beneficiar a los propietarios que compraron los 22 lotes a Fonatur a fin de obtener sus permisos ambientales particulares.
El rescate de los animales, era una de las condicionantes en la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que la Semarnat otorgó a Fonatur, en 2005 y que no se cumplieron.
“Eso lo deberían de hacer hace 10 años, no ahora”, apuntó.
De acuerdo con la ambientalista habían sobrevivido seis cocodrilos, así como “varias” ardillas, iguanas y aves.
Y advirtió: “No van a sacar un solo animal de aquí”.
En cambio, señaló que el Ayuntamiento participó en la devastación pues las máquinas entraron con la anuencia de la autoridad municipal.
“Pero además, usaron al fuerza pública. Desplegaron granaderos, de la policía municipal, para amedrentar a la gente”, subrayó.
La activista señaló que se deben de resarcir los daños e iniciar la reforestación de inmediato.
“Y Fonatur debe asumir los daños y arreglarse con los empresarios a los que le vendió lotes”, expresó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427447
“No lo vamos a permitir. Se lo agradecemos mucho, pero no”, acotó de inmediato Sara Rincón Gallardo, de Sociedad Protectora de Animales de Cancún.
A su vez, el abogado Gerardo Solís Barreto advirtió que no es viable este acuerdo de cabildo pues hay un una suspensión provisional de un juez federal que ordena que las cosas permanezcan “como están”, lo que aplica también a los animales.
En tanto, Katerine Ender Córdova, de Guardianes del Manglar Cancún, acusó al Cabildo de que con el retiro de los animales de la zona afectada, quieren salvar el proyecto y la construcción de plazas comerciales y condominios en Malecón Tajamar.
La tarde ayer, el Cabildo de Benito Juárez aprobó “implementar medidas de urgente aplicación para el rescate de la fauna silvestre, en coordinación con asociaciones civiles y ambientales”.
El presidente municipal Paul Carrillo indicó que se trata de una “medida preventiva” que se realizará por parte del Ayuntamiento con personal y expertos de las direcciones municipales de Ecología, así como con el respaldo de Protección Civil y Bomberos, con la participación de Amigos de Sian Ka´an A. C., Onca Maya A. C., y Salvemos Manglar Tajamar, al igual que con la Dirección del Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté.
Rincón Gallardo advirtió que es treta para beneficiar a los propietarios que compraron los 22 lotes a Fonatur a fin de obtener sus permisos ambientales particulares.
El rescate de los animales, era una de las condicionantes en la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que la Semarnat otorgó a Fonatur, en 2005 y que no se cumplieron.
“Eso lo deberían de hacer hace 10 años, no ahora”, apuntó.
De acuerdo con la ambientalista habían sobrevivido seis cocodrilos, así como “varias” ardillas, iguanas y aves.
Y advirtió: “No van a sacar un solo animal de aquí”.
En cambio, señaló que el Ayuntamiento participó en la devastación pues las máquinas entraron con la anuencia de la autoridad municipal.
“Pero además, usaron al fuerza pública. Desplegaron granaderos, de la policía municipal, para amedrentar a la gente”, subrayó.
La activista señaló que se deben de resarcir los daños e iniciar la reforestación de inmediato.
“Y Fonatur debe asumir los daños y arreglarse con los empresarios a los que le vendió lotes”, expresó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427447
El PAN en Quintana Roo denuncia penalmente ecocidio en Tajamar
CANCÚN, Quintana Roo: El presidente estatal del PAN, Eduardo Martínez Arcila, presentó este mediodía una denuncia penal ante la Procuraduría General de República (PGR) “contra quien resulte responsable” por el ecocidio en Malecon Tajamar, en donde hace una semana ingresaron trascabos y camiones de volteo para devastar 59 hectáreas de vegetación, incluido mangle.
“Estamos denunciado la negligencia criminal con la que actuaron hace una semana, lo cual implica la violación de leyes en materia ambiental y que es en pocas palabras, un ecocidio”, dijo entrevistado tras presentar la denuncia.
Más allá del debate, abundó, que si la acción fue legal o no y que había permisos o estos fueron otorgados con información falsa, la realidad es que se llevó a cabo de manera furtiva, al amparo de la madrugada y se afectaron especies protegidas de flora y fauna.
Y subrayó: “Claramente hay un delito”.
Con el pretexto, apuntó, de supuestamente ejercer un derecho, no se puede afectar derechos de terceros.
El líder panista acotó que esperó un tiempo para presentar la denuncia pues las organizaciones no gubernamentales han hecho un gran trabajo.
“No pretendemos ser el actor principal de este atroz crimen contra Cancún y la naturaleza. Los ciudadanos son los que están al frente, con toda credibilidad y tienen el apoyo de Acción Nacional”, expresó.
Frente a las acusaciones de que hay ex funcionarios panistas y empresarios afines al PAN implicados en la devastación de Tajamar, señaló que éstas “terminan siendo un despropósito”.
“Es levantar una cortina de humo a algo muy grave”, dijo.
Y afirmó: “Se tiene que proceder contra quien permitió y respaldó la devastación, sino es el del PAN, del PRI, del “Verde” o del partido que sea”.
Tras la devastación ocurrida en la madrugada, con el apoyo de granaderos de las secretarias estatal y municipal de Seguridad Pública, el gobernador Roberto Borge, emitió un comunicado de prensa, en el que aseguró que “los trabajos de chapeo y desmonte en el Malecón Tajamar se realizaron con apego a la ley”.
Horas después de la incursión de trascabos y camiones de volteo, el mandatario estatal refirió que quedó sin efecto la suspensión provisional otorgada a un grupo de ciudadanos contra a la Dirección General de Ecología (del ayuntamiento de Benito Juárez) “por los permisos de chapeo y desmonte”.
En tanto, la noche del pasado miércoles, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) defendió la actuación Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
El organismo, sostuvo, cuenta con todos los permisos, ha cumplido las condiciones establecidas en las autorizaciones y respetó el rescate de fauna.
De acuerdo con la Semarnat, en julio de 2005 la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental — cuyo titular era Ricardo Juárez, inhabilitado en 2007 tras haber concedido al menos 70 permisos irregulares– otorgó a Fonatur autorización en materia de Impacto Ambiental para las obras y actividades en el Proyecto Malecón Cancún Tajamar
“Fonatur ha cumplido con la presentación de los informes establecidos en los términos y condicionantes de las autorizaciones”, apuntó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427455
“Estamos denunciado la negligencia criminal con la que actuaron hace una semana, lo cual implica la violación de leyes en materia ambiental y que es en pocas palabras, un ecocidio”, dijo entrevistado tras presentar la denuncia.
Más allá del debate, abundó, que si la acción fue legal o no y que había permisos o estos fueron otorgados con información falsa, la realidad es que se llevó a cabo de manera furtiva, al amparo de la madrugada y se afectaron especies protegidas de flora y fauna.
Y subrayó: “Claramente hay un delito”.
Con el pretexto, apuntó, de supuestamente ejercer un derecho, no se puede afectar derechos de terceros.
El líder panista acotó que esperó un tiempo para presentar la denuncia pues las organizaciones no gubernamentales han hecho un gran trabajo.
“No pretendemos ser el actor principal de este atroz crimen contra Cancún y la naturaleza. Los ciudadanos son los que están al frente, con toda credibilidad y tienen el apoyo de Acción Nacional”, expresó.
Frente a las acusaciones de que hay ex funcionarios panistas y empresarios afines al PAN implicados en la devastación de Tajamar, señaló que éstas “terminan siendo un despropósito”.
“Es levantar una cortina de humo a algo muy grave”, dijo.
Y afirmó: “Se tiene que proceder contra quien permitió y respaldó la devastación, sino es el del PAN, del PRI, del “Verde” o del partido que sea”.
Tras la devastación ocurrida en la madrugada, con el apoyo de granaderos de las secretarias estatal y municipal de Seguridad Pública, el gobernador Roberto Borge, emitió un comunicado de prensa, en el que aseguró que “los trabajos de chapeo y desmonte en el Malecón Tajamar se realizaron con apego a la ley”.
Horas después de la incursión de trascabos y camiones de volteo, el mandatario estatal refirió que quedó sin efecto la suspensión provisional otorgada a un grupo de ciudadanos contra a la Dirección General de Ecología (del ayuntamiento de Benito Juárez) “por los permisos de chapeo y desmonte”.
En tanto, la noche del pasado miércoles, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) defendió la actuación Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
El organismo, sostuvo, cuenta con todos los permisos, ha cumplido las condiciones establecidas en las autorizaciones y respetó el rescate de fauna.
De acuerdo con la Semarnat, en julio de 2005 la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental — cuyo titular era Ricardo Juárez, inhabilitado en 2007 tras haber concedido al menos 70 permisos irregulares– otorgó a Fonatur autorización en materia de Impacto Ambiental para las obras y actividades en el Proyecto Malecón Cancún Tajamar
“Fonatur ha cumplido con la presentación de los informes establecidos en los términos y condicionantes de las autorizaciones”, apuntó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427455
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