MEDELLÍN: La investigación sobre la “Casa Blanca” del presidente mexicano Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera, que llevó a cabo el equipo de la comunicadora Carmen Aristegui ganó hoy el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo 2015 en la categoría de “Cobertura”.
En una ceremonia realizada en esta ciudad, el premio fue entregado por el periodista brasileño Rosental Alves a Rafael Cabrera, Daniel Lizárraga, Sebastián Barragán y la propia Aristegui. Irving Huerta, integrante del equipo ganador, no pudo asistir a la ceremonia.
El reportaje sobre la “Casa Blanca”, que fue publicado simultáneamente en noviembre pasado en el portal Aristegui Noticias y en la revista Proceso, dejó al descubierto que una mansión en Las Lomas –valuada en 7.5 millones de dólares– había sido construida y financiada por el Grupo Higa, que fue beneficiado con millonarios contratos cuando el hoy presidente se desempeñó como gobernador del Estado de México (2005-2011).
En marzo pasado, MVS despidió a Aristegui con el argumento de que había usado el nombre de esa empresa al participar en el proyecto Mexicoleaks.
Aristegui anunció esta mañana en Medellín, en el marco del Festival del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo 2015, que demandará al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la presión y la censura ejercida por el gobierno de Peña por el reportaje de la “Casa Blanca” y por denegación de justicia en su despido de MVS.
La demanda será apoyada por periodistas latinoamericanos que asisten al festival y por miembros, a título personal, del Consejo Rector de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), la cual entrega cada año el premio García Márquez.
Miles de radioescuchas aún exigen la reincorporación de Aristegui y su equipo a MVS. Además, Aristegui y la empresa continúan enfrascados una batalla legal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAFAEL CRODA.
miércoles, 30 de septiembre de 2015
El preso por el que nadie protestó
MÉXICO, D.F: Un joven, detenido el 2 de octubre de 2013, acaba de ser sentenciado a 8 años, 10 meses y 14 días de prisión, por provocar disturbios en la marcha conmemorativa de la matanza de Tlatelolco y vandalizar comercios y confrontar a la policía.
Se llama Andrés Pérez Rosales, pero su nombre jamás apareció como uno de los “presos políticos” encarcelados ese día, cuando decenas de jóvenes fueron detenidos, algunos sujetos a proceso penal sin libertad posible, hasta que la fabricación de pruebas y los vicios en que incurrió el sistema de justicia capitalino, terminaron evidenciados por la justicia federal.
No hubo organización, colectivo, escuela ni grupo de abogados que hablara por él. Tan es así que hasta ahora los listados de “presos políticos” detenidos en marchas, sólo mencionan por los de esa fecha a Abraham Cortés, un artesano oaxaqueño al que se le imputa haber incendiado a un granadero durante aquella jornada. Aunque los abogados del joven, hoy de 24 años, presentaron videos exculpatorios en su favor, enfrenta una sentencia de 13 años y cuatro meses en el Reclusorio Norte.
De Andrés Pérez Rosales, sólo es posible identificar en los archivos periodísticos que fue uno de los detenidos aquella tarde y que, la mañana del pasado lunes 28, fue sentenciado por los delitos de robo agravado calificado en pandilla, ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad. El parte oficial establece que en su mochila llevaba una cadena, cajetillas de cigarros y cohetes, entre otros objetos.
La tarde del 2 de octubre de 2013, un domicilio cobró notoriedad: Reforma 93. Ahí fueron encapsulados decenas de jóvenes, entre ellos los que por selección de aspecto y edad, enfrentaron cargos penales y fueron a parar a la cárcel. Las sentencias y los cargos se desvanecieron en los meses siguientes, debido a que las propias cámaras de vigilancia de la ciudad, evidenciaron que eran inocentes.
En días pasados, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, emitió una recomendación precisamente por la forma en que procedieron policías, fiscales y jueces con los detenidos de esa fecha.
Tras el encapsulamiento de Reforma 93, cuando los detenidos eran llevados a la caja de una patrulla, el defensor de derechos humanos, Gerardo Espino, captó en video la operación. Los jóvenes, conducidos por policías, dieron a la cámara de Espino, su nombre, su procedencia y en algunos casos hasta una proclama política. Menos uno.
Era un joven moreno, de cabello largo, playera roja sin mangas que dijo llamarse Andrés Pérez Rosales, vendedor ambulante y con una sonrisa se dirige a los policías:
–¿No le va a pasar nada mi mochila?
–¿Qué traes en tu mochila, ¿cigarros? –
–Cigarros y dulces –responde.
Al ver la cámara de Gerardo Espino, Andrés Pérez se puso a explicar –buscando su credencial de vendedor ambulante– que compraba su mercancía en La Merced y que lo habían detenido injustamente.
FUENTE. PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
Se llama Andrés Pérez Rosales, pero su nombre jamás apareció como uno de los “presos políticos” encarcelados ese día, cuando decenas de jóvenes fueron detenidos, algunos sujetos a proceso penal sin libertad posible, hasta que la fabricación de pruebas y los vicios en que incurrió el sistema de justicia capitalino, terminaron evidenciados por la justicia federal.
No hubo organización, colectivo, escuela ni grupo de abogados que hablara por él. Tan es así que hasta ahora los listados de “presos políticos” detenidos en marchas, sólo mencionan por los de esa fecha a Abraham Cortés, un artesano oaxaqueño al que se le imputa haber incendiado a un granadero durante aquella jornada. Aunque los abogados del joven, hoy de 24 años, presentaron videos exculpatorios en su favor, enfrenta una sentencia de 13 años y cuatro meses en el Reclusorio Norte.
De Andrés Pérez Rosales, sólo es posible identificar en los archivos periodísticos que fue uno de los detenidos aquella tarde y que, la mañana del pasado lunes 28, fue sentenciado por los delitos de robo agravado calificado en pandilla, ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad. El parte oficial establece que en su mochila llevaba una cadena, cajetillas de cigarros y cohetes, entre otros objetos.
La tarde del 2 de octubre de 2013, un domicilio cobró notoriedad: Reforma 93. Ahí fueron encapsulados decenas de jóvenes, entre ellos los que por selección de aspecto y edad, enfrentaron cargos penales y fueron a parar a la cárcel. Las sentencias y los cargos se desvanecieron en los meses siguientes, debido a que las propias cámaras de vigilancia de la ciudad, evidenciaron que eran inocentes.
En días pasados, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, emitió una recomendación precisamente por la forma en que procedieron policías, fiscales y jueces con los detenidos de esa fecha.
Tras el encapsulamiento de Reforma 93, cuando los detenidos eran llevados a la caja de una patrulla, el defensor de derechos humanos, Gerardo Espino, captó en video la operación. Los jóvenes, conducidos por policías, dieron a la cámara de Espino, su nombre, su procedencia y en algunos casos hasta una proclama política. Menos uno.
Era un joven moreno, de cabello largo, playera roja sin mangas que dijo llamarse Andrés Pérez Rosales, vendedor ambulante y con una sonrisa se dirige a los policías:
–¿No le va a pasar nada mi mochila?
–¿Qué traes en tu mochila, ¿cigarros? –
–Cigarros y dulces –responde.
Al ver la cámara de Gerardo Espino, Andrés Pérez se puso a explicar –buscando su credencial de vendedor ambulante– que compraba su mercancía en La Merced y que lo habían detenido injustamente.
FUENTE. PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
Nombran delegado de Sedatu en Oaxaca a ex diputado priista vinculado a homicidio
El nuevo delegado, Elpidio Concha Arellano, encabezó en 2004 a un grupo de priistas que dio muerte al profesor Serafín García Contreras.
Continúan los nombramientos polémicos en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Elpidio Concha Arellano, ex diputado federal del PRI, rindió protesta la mañana del miércoles como nuevo delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Oaxaca.
El ex legislador priista entró en sustitución de Sofía Castro Ríos, también ex diputada federal del PRI y ex candidata por la diputación federal en el pasado proceso electoral, donde perdió la contienda con el candidato de la coalición PRD-PT, José Antonio Estefan Garfias.
El nuevo titular de la Sedatu es señalado como autor intelectual del asesinato del profesor Serafín García Contreras, de 63 años de edad, en Huautla de Jiménez, donde se pretendía hacer un mitin político para el entonces candidato a gobernador y posterior gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz.
De acuerdo con Julio César Audelo, miembro del Frente de Organizaciones Democráticas de Oaxaca (FODO) y actual integrante de la organización política “Unir Oaxaca” del senador Benjamín Robles Montoya, los hechos ocurrieron el 27 de julio de 2004 en Puente de Fierro, municipio de Huautla de Jiménez
Ese día, ocurrió un enfrentamiento entre militantes del PRI que encabezaba Elpidio Concha y militantes del Frente Único Huautleco (FUH), organización adherida al PRD. Los perredistas trataron de impedir el paso de los priistas, quienes rompieron el cerco y, armados con machetes y palos, golpearon al profesor Serafín García Contreras.
Testigos afirman que fue Elpidio Concha quien dio la orden de iniciar la agresión para romper el cerco que pusieron los militantes del PRD para impedir que se realizara el mitin para el entonces candidato Ulises Ruiz.
Elpidio Concha también ha sido secretario estatal de Organización del PRI, diputado local y federal, coordinador de giras de los ex gobernadores de Oaxaca Diódoro Carrasco Altamirano y José Murat Casab, y delegado de Gobierno.
En la gresca, Jacinto Pineda Casimiro, alias “El Diablo”, y los hermanos Feliciano y Aarón Quiroga Martínez arremetieron con palos contra García, quien murió a consecuencia de esos golpes.
Tras esta agresión y liberar el acceso a Huautla, en el Palacio Municipal, “El Diablo” se reunió con Elpidio Concha.
En la ciudad de México, el diario Reforma documentó en imágenes este asesinato, y a 11 años de ocurrido, ninguna persona está encarcelada.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Continúan los nombramientos polémicos en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Elpidio Concha Arellano, ex diputado federal del PRI, rindió protesta la mañana del miércoles como nuevo delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Oaxaca.
El ex legislador priista entró en sustitución de Sofía Castro Ríos, también ex diputada federal del PRI y ex candidata por la diputación federal en el pasado proceso electoral, donde perdió la contienda con el candidato de la coalición PRD-PT, José Antonio Estefan Garfias.
El nuevo titular de la Sedatu es señalado como autor intelectual del asesinato del profesor Serafín García Contreras, de 63 años de edad, en Huautla de Jiménez, donde se pretendía hacer un mitin político para el entonces candidato a gobernador y posterior gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz.
De acuerdo con Julio César Audelo, miembro del Frente de Organizaciones Democráticas de Oaxaca (FODO) y actual integrante de la organización política “Unir Oaxaca” del senador Benjamín Robles Montoya, los hechos ocurrieron el 27 de julio de 2004 en Puente de Fierro, municipio de Huautla de Jiménez
Ese día, ocurrió un enfrentamiento entre militantes del PRI que encabezaba Elpidio Concha y militantes del Frente Único Huautleco (FUH), organización adherida al PRD. Los perredistas trataron de impedir el paso de los priistas, quienes rompieron el cerco y, armados con machetes y palos, golpearon al profesor Serafín García Contreras.
Testigos afirman que fue Elpidio Concha quien dio la orden de iniciar la agresión para romper el cerco que pusieron los militantes del PRD para impedir que se realizara el mitin para el entonces candidato Ulises Ruiz.
Elpidio Concha también ha sido secretario estatal de Organización del PRI, diputado local y federal, coordinador de giras de los ex gobernadores de Oaxaca Diódoro Carrasco Altamirano y José Murat Casab, y delegado de Gobierno.
En la gresca, Jacinto Pineda Casimiro, alias “El Diablo”, y los hermanos Feliciano y Aarón Quiroga Martínez arremetieron con palos contra García, quien murió a consecuencia de esos golpes.
Tras esta agresión y liberar el acceso a Huautla, en el Palacio Municipal, “El Diablo” se reunió con Elpidio Concha.
En la ciudad de México, el diario Reforma documentó en imágenes este asesinato, y a 11 años de ocurrido, ninguna persona está encarcelada.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Denuncia IEEPO ante la PGR a líderes de la Sección 22
OAXACA, Oax: El director de Servicios Jurídicos del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO), Raúl Pérez Zorrilla, denunció penalmente ante la PGR y la Fiscalía del Estado a dirigentes e integrantes de la Comisión Política de la Sección 22 por “apología del delito”, al promover –argumentó– bloqueos a carreteras, bancos, terminal área, gasolinerías y centros comerciales.
El funcionario también adelantó que a los maestros que participen en el paro promovido por la Sección 22 para este viernes 2 de octubre se les realizarán los descuentos económicos correspondientes.
El lunes pasado, el líder de la Sección 22, Rubén Núñez Ginez, acompañado de la Comisión Política, emplazó al gobierno de Gabino Cué para que antes del próximo viernes instale una mesa de diálogo.
El gobierno de Gabino Cué tiene “a partir de esta fecha y esta hora para abrir una mesa de negociación con la Comisión Política porque para el próximo 2 de octubre, por mandato de la asamblea estatal, se tiene programada una gran movilización magisterial”.
Y agregó: “Nos reservamos el derecho de accionar permanentemente y realizar actividades en todo el estado”, entre ellas la suspensión de clases, bloqueos a carreteras, bancos, terminal área, gasolineras, subestación de Pemex, Congreso local y centros comerciales, así como retención de vehículos.
En respuesta, el gobierno de Gabino Cué –a través del responsable jurídico del IEEPO– interpuso denuncias penales ante la PGR y FGE contra dirigentes magisteriales de la sección 22.
Sin embargo, Pérez Zorrilla no precisó los nombres de los líderes denunciados.
Respecto al paro de este viernes, en el marco del 2 de octubre, adelantó que realizarán la supervisión en las escuelas de educación básica para corroborar si el personal se ausenta de las aulas ante las movilizaciones sindicales anunciadas y, si faltan, se les aplicará el descuento correspondiente.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
El funcionario también adelantó que a los maestros que participen en el paro promovido por la Sección 22 para este viernes 2 de octubre se les realizarán los descuentos económicos correspondientes.
El lunes pasado, el líder de la Sección 22, Rubén Núñez Ginez, acompañado de la Comisión Política, emplazó al gobierno de Gabino Cué para que antes del próximo viernes instale una mesa de diálogo.
El gobierno de Gabino Cué tiene “a partir de esta fecha y esta hora para abrir una mesa de negociación con la Comisión Política porque para el próximo 2 de octubre, por mandato de la asamblea estatal, se tiene programada una gran movilización magisterial”.
Y agregó: “Nos reservamos el derecho de accionar permanentemente y realizar actividades en todo el estado”, entre ellas la suspensión de clases, bloqueos a carreteras, bancos, terminal área, gasolineras, subestación de Pemex, Congreso local y centros comerciales, así como retención de vehículos.
En respuesta, el gobierno de Gabino Cué –a través del responsable jurídico del IEEPO– interpuso denuncias penales ante la PGR y FGE contra dirigentes magisteriales de la sección 22.
Sin embargo, Pérez Zorrilla no precisó los nombres de los líderes denunciados.
Respecto al paro de este viernes, en el marco del 2 de octubre, adelantó que realizarán la supervisión en las escuelas de educación básica para corroborar si el personal se ausenta de las aulas ante las movilizaciones sindicales anunciadas y, si faltan, se les aplicará el descuento correspondiente.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
No hay democracia que perdure sin partidos: Ciro Murayama
MÉXICO, D.F: Ciro Murayama, consejero del INE, admitió que la reforma electoral de 2014 resultó realmente una “contrarreforma” porque cerró la puerta a la creación de nuevos partidos políticos y, por tanto, negó a los ciudadanos el derecho de participar en los asuntos del país.
En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el consejero destacó que en 1991 el Partido del Trabajo (PT) perdió su registro por no obtener la votación que entonces exigía la ley, pero con la reforma de entonces, agregó, pudo postular a Cecilia Soto como su candidata a la presidencia de la República tres años después.
“Con la actual disposición”, subrayó, esa fuerza política “no habría podido participar en 1994 porque se ha ido cerrando el espacio para la creación de nuevos partidos (…) Y recordemos que no hay democracia que perdure sin sistema de partidos, y la última reforma creo que no contribuyó en ese sentido”, reconoció.
La declaración de Murayama se dio después de que el Consejo General aprobó prorrogar la personalidad jurídica de los presidentes del PT, Alberto Anaya, y del Partido Humanista, Ignacio Irys, con lo que podrán participar en las elecciones extraordinarias en el Distrito 01 de Aguascalientes y locales.
Definió, asimismo, que pasada la elección del 6 de diciembre próximo, podrán solicitar su registro a escala local.
A escala nacional esa medida no procede, porque ya se determinó que ambos partidos perdieron su registro al no obtener la votación requerida en los comicios del pasado 7 de junio.
Con esa decisión se cerró la puerta de manera definitiva al PT, que con los votos en Aguascalientes, más los que obtuvo en junio, pretendía seguir participando en elecciones federales.
De lo que se trata, dijo Murayama, es que los partidos políticos que perdieron el registro no se conviertan en franquicias controladas por un partido nacional, en sus representaciones locales, administradas desde el Distrito Federal.
La ley indica que nacerán partidos políticos locales y su máxima instancia de dirección es la estatal, puntualizó.
En ese sentido, los dirigentes locales deberán registrar a sus candidatos en las elecciones extraordinarias de Aguascalientes y en las de 2016, precisó el consejero del INE.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el consejero destacó que en 1991 el Partido del Trabajo (PT) perdió su registro por no obtener la votación que entonces exigía la ley, pero con la reforma de entonces, agregó, pudo postular a Cecilia Soto como su candidata a la presidencia de la República tres años después.
“Con la actual disposición”, subrayó, esa fuerza política “no habría podido participar en 1994 porque se ha ido cerrando el espacio para la creación de nuevos partidos (…) Y recordemos que no hay democracia que perdure sin sistema de partidos, y la última reforma creo que no contribuyó en ese sentido”, reconoció.
La declaración de Murayama se dio después de que el Consejo General aprobó prorrogar la personalidad jurídica de los presidentes del PT, Alberto Anaya, y del Partido Humanista, Ignacio Irys, con lo que podrán participar en las elecciones extraordinarias en el Distrito 01 de Aguascalientes y locales.
Definió, asimismo, que pasada la elección del 6 de diciembre próximo, podrán solicitar su registro a escala local.
A escala nacional esa medida no procede, porque ya se determinó que ambos partidos perdieron su registro al no obtener la votación requerida en los comicios del pasado 7 de junio.
Con esa decisión se cerró la puerta de manera definitiva al PT, que con los votos en Aguascalientes, más los que obtuvo en junio, pretendía seguir participando en elecciones federales.
De lo que se trata, dijo Murayama, es que los partidos políticos que perdieron el registro no se conviertan en franquicias controladas por un partido nacional, en sus representaciones locales, administradas desde el Distrito Federal.
La ley indica que nacerán partidos políticos locales y su máxima instancia de dirección es la estatal, puntualizó.
En ese sentido, los dirigentes locales deberán registrar a sus candidatos en las elecciones extraordinarias de Aguascalientes y en las de 2016, precisó el consejero del INE.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
22.8 millones de mexicanos fueron víctimas de algún delito en 2014: INEGI
El 98.2% de los crímenes ocurridos en 2014 no generaron una averiguación previa, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015.
Durante 2014, 22.8 millones de mexicanos de 18 años o más fueron víctimas de algún delito, cifra equivalente a lo estimado en el año anterior por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
El delito más común resultó ser el robo o asalto en la calle o en el transporte público, sufrido por el 28.6% de la población, seguido por la extorsión que afectó al 23.6%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, presentada este miércoles por el INEGI.
El 73.2% de los mexicanos piensa que vivir en su estado es inseguro a consecuencia de la delincuencia; en el Estado de México, por ejemplo, 9 de cada 10 habitantes lo creen así, de acuerdo con el instituto.
Las entidades en las que la percepción sobre inseguridad es mayor son el Estado de México, 90.6%; Tabasco, 88.9%; Tamaulipas, 86.9%, Guerrero, 86.8%; y Morelos, 86.3%, reveló la Envipe 2015.
Sólo en Yucatán y Aguascalientes la percepción sobre inseguridad es menor al 50%, pues únicamente el 33% de los yucatecos cree que no es seguro vivir en su estado, y el 43.3% de los hidrocálidos opina lo mismo de su entidad.
Cifra negra
De acuerdo con la encuesta, sólo el 7.2% de los delitos que ocurrieron en 2014 generaron una averiguación previa, mientras que el 92.8% de ellos no fueron denunciados o no fueron objeto de una investigación.
En 2014 fueron denunciados el 10.7% de los crímenes, pero no todos ellos generaron una averiguación previa; el 67.5% de ellos derivaron en una investigación.
Consulta todos los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Durante 2014, 22.8 millones de mexicanos de 18 años o más fueron víctimas de algún delito, cifra equivalente a lo estimado en el año anterior por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
El delito más común resultó ser el robo o asalto en la calle o en el transporte público, sufrido por el 28.6% de la población, seguido por la extorsión que afectó al 23.6%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, presentada este miércoles por el INEGI.
El 73.2% de los mexicanos piensa que vivir en su estado es inseguro a consecuencia de la delincuencia; en el Estado de México, por ejemplo, 9 de cada 10 habitantes lo creen así, de acuerdo con el instituto.
Las entidades en las que la percepción sobre inseguridad es mayor son el Estado de México, 90.6%; Tabasco, 88.9%; Tamaulipas, 86.9%, Guerrero, 86.8%; y Morelos, 86.3%, reveló la Envipe 2015.
Sólo en Yucatán y Aguascalientes la percepción sobre inseguridad es menor al 50%, pues únicamente el 33% de los yucatecos cree que no es seguro vivir en su estado, y el 43.3% de los hidrocálidos opina lo mismo de su entidad.
Cifra negra
De acuerdo con la encuesta, sólo el 7.2% de los delitos que ocurrieron en 2014 generaron una averiguación previa, mientras que el 92.8% de ellos no fueron denunciados o no fueron objeto de una investigación.
En 2014 fueron denunciados el 10.7% de los crímenes, pero no todos ellos generaron una averiguación previa; el 67.5% de ellos derivaron en una investigación.
Consulta todos los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Por secuestro de los 43 normalistas, nuevo auto de formal prisión a ‘El Gil’
Un juez lo dictaminó al considerar que había las pruebas suficientes para demostrar el cuerpo del delito; el reo también había sido declarado formalmente preso por su probable responsabilidad en delincuencia organizada.
El juez federal Raúl Valerio Ramírez dictó auto de formal prisión a Gildardo López Astudillo alias el “Gil”, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro de 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotiznapa.
Lo anterior al actuar en auxilio del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, con residencia en Matamoros, precisó el titular del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.
El juez estimó que existen las pruebas suficientes para demostrar el cuerpo del delito de secuestro en agravio de 43 estudiantes, y de manera probable, a título de autor mediato, la intervención y actuar doloso de López Astudillo.
Detalló que el nuevo auto de formal prisión se deriva del exhorto girado por el Juzgado de origen, que solicitó a este órgano jurisdiccional recabar la declaración preparatoria y resolver la situación jurídica del inculpado.
Este es el segundo auto de formal prisión en contra de el “Gil”, luego de que en días pasados el propio Juzgado Tercero dictó le dictó uno por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada.
El pasado 13 de julio de 2015, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas libró el mandato de captura de este sujeto y otros, por su probable responsabilidad en el secuestro de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La orden fue cumplida el pasado 18 de septiembre por la Procuraduría General de la República (PGR) que lo puso a disposición del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, en reclusión en el penal Número Uno Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El juez federal Raúl Valerio Ramírez dictó auto de formal prisión a Gildardo López Astudillo alias el “Gil”, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro de 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotiznapa.
Lo anterior al actuar en auxilio del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, con residencia en Matamoros, precisó el titular del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.
El juez estimó que existen las pruebas suficientes para demostrar el cuerpo del delito de secuestro en agravio de 43 estudiantes, y de manera probable, a título de autor mediato, la intervención y actuar doloso de López Astudillo.
Detalló que el nuevo auto de formal prisión se deriva del exhorto girado por el Juzgado de origen, que solicitó a este órgano jurisdiccional recabar la declaración preparatoria y resolver la situación jurídica del inculpado.
Este es el segundo auto de formal prisión en contra de el “Gil”, luego de que en días pasados el propio Juzgado Tercero dictó le dictó uno por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada.
El pasado 13 de julio de 2015, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas libró el mandato de captura de este sujeto y otros, por su probable responsabilidad en el secuestro de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La orden fue cumplida el pasado 18 de septiembre por la Procuraduría General de la República (PGR) que lo puso a disposición del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, en reclusión en el penal Número Uno Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El IFT arropa a Televisa; no tiene poder sustancial en televisión restringida, determina
MÉXICO, D.F: Por cinco votos contra dos los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), determinaron que, a pesar de tener más del 60 por ciento de los suscriptores, Grupo Televisa no tiene poder sustancial en el mercado de televisión restringida.
La decisión adoptada por los comisionados, realizada a puerta cerrada y que aún no se hace pública por el mismo instituto, representa que a la empresa de Emilio Azcárraga Jean no se le impondrán medidas de regulación asimétricas ni tendrá la obligación de compartir su infraestructura.
Desde antes de que se adoptara esta polémica decisión, la comisionada María Elena Estavillo, una de las dos que votó en contra, junto con Adriana Labardini, advirtió que el procedimiento de investigación no le iba a imponer medidas específicas a Televisa.
Si Televisa hubiera sido declarada con poder sustancial en el mercado de televisión restringida, se tendría que haber realizado un segundo proceso administrativo.
Fuentes del IFT confirmaron que hubo un intenso cabildeo del vicepresidente de Televisa, Alfonso de Angoitia, y de otros altos funcionarios de la empresa para que el órgano regulador no declarara con poder sustancial a la compañía que, además, tiene más del 50 por ciento del mercado de la televisión abierta.
A inicios de septiembre la Autoridad Investigadora del IFT emitió un dictamen preliminar que consideró que Televisa a través de su concentración con Telecable tenía el 63 por ciento del mercado de los servicios de televisión y audio restringido.
El 18 de marzo pasado, el mismo IFT determinó que existe dominancia en 2 mil 124 municipios del país con sus ofertas de televisión de cable y televisión satelital en México, mientras que la adquisición de Cablecom, le sumó a Televisa poder sustancial en otros 99 mercados del país.
A pesar de eso, decidieron este 30 de septiembre que Televisa no tiene poder sustancial en televisión restringida.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
La decisión adoptada por los comisionados, realizada a puerta cerrada y que aún no se hace pública por el mismo instituto, representa que a la empresa de Emilio Azcárraga Jean no se le impondrán medidas de regulación asimétricas ni tendrá la obligación de compartir su infraestructura.
Desde antes de que se adoptara esta polémica decisión, la comisionada María Elena Estavillo, una de las dos que votó en contra, junto con Adriana Labardini, advirtió que el procedimiento de investigación no le iba a imponer medidas específicas a Televisa.
Si Televisa hubiera sido declarada con poder sustancial en el mercado de televisión restringida, se tendría que haber realizado un segundo proceso administrativo.
Fuentes del IFT confirmaron que hubo un intenso cabildeo del vicepresidente de Televisa, Alfonso de Angoitia, y de otros altos funcionarios de la empresa para que el órgano regulador no declarara con poder sustancial a la compañía que, además, tiene más del 50 por ciento del mercado de la televisión abierta.
A inicios de septiembre la Autoridad Investigadora del IFT emitió un dictamen preliminar que consideró que Televisa a través de su concentración con Telecable tenía el 63 por ciento del mercado de los servicios de televisión y audio restringido.
El 18 de marzo pasado, el mismo IFT determinó que existe dominancia en 2 mil 124 municipios del país con sus ofertas de televisión de cable y televisión satelital en México, mientras que la adquisición de Cablecom, le sumó a Televisa poder sustancial en otros 99 mercados del país.
A pesar de eso, decidieron este 30 de septiembre que Televisa no tiene poder sustancial en televisión restringida.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Alista Javier Duarte alza de impuestos pese a crisis económica
XALAPA, Ver: En medio de una aguda crisis económica, el gobernador priista Javier Duarte envió al Congreso un paquete de iniciativas con proyecto de decreto que prevé elevar de 2 a 3% el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, gravamen que impactará negativamente a burócratas y a los sectores turístico y empresarial.
En la exposición de motivos, Duarte justifica la medida al aducir que es necesario “robustecer la recaudación de las contribuciones estatales”, en aras de “asegurar los subsidios” al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), a la Universidad Veracruzana (UV) y para “acelerar el calendario de pago” a contratistas y proveedores.
La iniciativa ya fue turnada para su análisis y discusión a la Comisión Permanente.
No obstante, los diputados recibieron este paquete de iniciativas en un Anexo A, el cual fue separado de la Gaceta Legislativa, su lectura dispensada y la distribución del documento de siete hojas no se entregó a reporteros como normalmente se acostumbra.
En el anexo, Duarte apela a que se trata de una política pública “responsable”, pues “amplía la perspectiva de estado” en los ingresos de participaciones federales.
En los últimos 18 meses es ya una constante que líderes de cámaras empresariales, contratistas y constructores reclamen pagos, pues se han quejado de una parálisis económica gubernamental.
Además, en la primera semana de octubre se cumple un año de que 40 mil adultos mayores dejaron de recibir de parte del DIF una pensión vitalicia trimestral de 2 mil 500 pesos.
Peor aún, pues para evadir dicho pago, el propio organismo asistencial y la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) pretextaron una depuración del padrón de beneficiarios.
Apenas el fin de semana, Duarte de Ochoa admitió una deuda millonaria con integrantes del magisterio, correspondientes a rezonificación, prestaciones y bonos, donde el priista aseguró que en octubre el gobierno estatal se pondrá al corriente con esos pagos.
Ayer líderes empresariales de la Cámara Nacional de Comercio y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se reunieron en el puerto de Veracruz para fustigar la “homologación” de 2% a la nómina, pues aseguraron que es un “gravamen disfrazado” que acarreará el despido de empleados, el aumento de precios y la no atracción de inversiones.
En una carta enviada a Apro, organizaciones de mujeres y ONG exigen al gobierno de Duarte que pague los adeudos para programas de la igualdad de género que ya fueron depositados por la Federación.
Organizaciones como Red Nacional Género y Economía, Red de Mujeres Sindicalistas, Mujeres en Acción Sindical AC, Especialistas en Género, Salud y Construcción de Bienestar, Corpórea SC y del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario fustigan al gobierno estatal por el incumplimiento y violación a derechos laborales y humanos de profesionistas y grupos civiles que trabajan en favor de las mujeres.
“El gobierno de Javier Duarte de Ochoa sigue sin explicar qué hizo con los recursos federales destinados, en 2014, al Instituto Veracruzano de las Mujeres (IMV) para promover la igualdad de género, la no discriminación y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Con contratos firmados y habiendo concluido satisfactoriamente las metas del proyecto ‘Política estatal: Igualdad sustantiva para las mujeres veracruzanas’, las consultoras –que subsidiaron todos los gastos– exigen el pago de los adeudos”, claman en la misiva.
Otro de los ejemplos de la parálisis económica es que varias de las principales obras de infraestructura ya fueron “concesionadas” a grandes corporativos internacionales, entre ellas la conclusión del túnel sumergido, que fue delegada al grupo Carso, del multimillonario Carlos Slim, mientras que el viejo Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) fue concesionado al gigante brasileño Odebrecht, una vez que el organismo público se declaró en quiebra.
El diputado de la Comisión de Hacienda, el panista Julen Rementería, ironizó hace unos días en que “fácilmente se llenaría el estadio Luis ‘Pirata’ de la Fuente” si se juntaran todos aquellos que reclaman pagos al gobierno de Javier Duarte.
El tema de la deuda y los problemas financieros que ha acarreado a la vida productiva de la entidad han sido abordados en el semanario Proceso en los números 2019 (“Duarte malbarata y hunde a su estado”) y 2023 (“Un gobierno de pesadilla”).
Los tres senadores de la entidad, José y Héctor Yunes, del PRI, y Fernando Yunes, del PAN, han hecho pronunciamientos en el sentido de que en 58 meses del gobierno de Duarte la entidad se encuentra al borde del “colapso financiero”.
Incluso Yunes Landa –visible aspirante a suceder a Duarte– ya acudió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a exigir una “revisión” del ejercicio y aplicación de los recursos de los servidores públicos más cercanos al mandatario priista.
Ayer, Javier Duarte se quejó en Córdoba, en rueda de prensa, de que “no es mago, el dinero tiene que aparecer de algún lado, tenemos que actuar con responsabilidad”, expuso.
Más adelante fustigaría a los reclamantes de pago: “A nadie le gusta pagar impuestos, pero sí reclamar obras”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
En la exposición de motivos, Duarte justifica la medida al aducir que es necesario “robustecer la recaudación de las contribuciones estatales”, en aras de “asegurar los subsidios” al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), a la Universidad Veracruzana (UV) y para “acelerar el calendario de pago” a contratistas y proveedores.
La iniciativa ya fue turnada para su análisis y discusión a la Comisión Permanente.
No obstante, los diputados recibieron este paquete de iniciativas en un Anexo A, el cual fue separado de la Gaceta Legislativa, su lectura dispensada y la distribución del documento de siete hojas no se entregó a reporteros como normalmente se acostumbra.
En el anexo, Duarte apela a que se trata de una política pública “responsable”, pues “amplía la perspectiva de estado” en los ingresos de participaciones federales.
En los últimos 18 meses es ya una constante que líderes de cámaras empresariales, contratistas y constructores reclamen pagos, pues se han quejado de una parálisis económica gubernamental.
Además, en la primera semana de octubre se cumple un año de que 40 mil adultos mayores dejaron de recibir de parte del DIF una pensión vitalicia trimestral de 2 mil 500 pesos.
Peor aún, pues para evadir dicho pago, el propio organismo asistencial y la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) pretextaron una depuración del padrón de beneficiarios.
Apenas el fin de semana, Duarte de Ochoa admitió una deuda millonaria con integrantes del magisterio, correspondientes a rezonificación, prestaciones y bonos, donde el priista aseguró que en octubre el gobierno estatal se pondrá al corriente con esos pagos.
Ayer líderes empresariales de la Cámara Nacional de Comercio y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se reunieron en el puerto de Veracruz para fustigar la “homologación” de 2% a la nómina, pues aseguraron que es un “gravamen disfrazado” que acarreará el despido de empleados, el aumento de precios y la no atracción de inversiones.
En una carta enviada a Apro, organizaciones de mujeres y ONG exigen al gobierno de Duarte que pague los adeudos para programas de la igualdad de género que ya fueron depositados por la Federación.
Organizaciones como Red Nacional Género y Economía, Red de Mujeres Sindicalistas, Mujeres en Acción Sindical AC, Especialistas en Género, Salud y Construcción de Bienestar, Corpórea SC y del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario fustigan al gobierno estatal por el incumplimiento y violación a derechos laborales y humanos de profesionistas y grupos civiles que trabajan en favor de las mujeres.
“El gobierno de Javier Duarte de Ochoa sigue sin explicar qué hizo con los recursos federales destinados, en 2014, al Instituto Veracruzano de las Mujeres (IMV) para promover la igualdad de género, la no discriminación y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Con contratos firmados y habiendo concluido satisfactoriamente las metas del proyecto ‘Política estatal: Igualdad sustantiva para las mujeres veracruzanas’, las consultoras –que subsidiaron todos los gastos– exigen el pago de los adeudos”, claman en la misiva.
Otro de los ejemplos de la parálisis económica es que varias de las principales obras de infraestructura ya fueron “concesionadas” a grandes corporativos internacionales, entre ellas la conclusión del túnel sumergido, que fue delegada al grupo Carso, del multimillonario Carlos Slim, mientras que el viejo Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) fue concesionado al gigante brasileño Odebrecht, una vez que el organismo público se declaró en quiebra.
El diputado de la Comisión de Hacienda, el panista Julen Rementería, ironizó hace unos días en que “fácilmente se llenaría el estadio Luis ‘Pirata’ de la Fuente” si se juntaran todos aquellos que reclaman pagos al gobierno de Javier Duarte.
El tema de la deuda y los problemas financieros que ha acarreado a la vida productiva de la entidad han sido abordados en el semanario Proceso en los números 2019 (“Duarte malbarata y hunde a su estado”) y 2023 (“Un gobierno de pesadilla”).
Los tres senadores de la entidad, José y Héctor Yunes, del PRI, y Fernando Yunes, del PAN, han hecho pronunciamientos en el sentido de que en 58 meses del gobierno de Duarte la entidad se encuentra al borde del “colapso financiero”.
Incluso Yunes Landa –visible aspirante a suceder a Duarte– ya acudió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a exigir una “revisión” del ejercicio y aplicación de los recursos de los servidores públicos más cercanos al mandatario priista.
Ayer, Javier Duarte se quejó en Córdoba, en rueda de prensa, de que “no es mago, el dinero tiene que aparecer de algún lado, tenemos que actuar con responsabilidad”, expuso.
Más adelante fustigaría a los reclamantes de pago: “A nadie le gusta pagar impuestos, pero sí reclamar obras”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
El Altiplano, a punto de estallar
Luego del escape del capo sinaloense, el penal de El Altiplano entró en el caos. Las autoridades aparentemente quisieron vengarse de la afrenta, pero con los internos: a mediados de este mes los despojaron de sus televisores y relojes, artículos a los que tienen derecho. La medida inexplicable creó un ambiente de rebelión y motivó la interposición el viernes 25 de cientos de amparos de los presos, en medio de una huelga de hambre que hasta el cierre de la edición 2030 de la revista Proceso seguía creciendo.
MÉXICO, D.F: El viernes 18, desde las 05:00 hasta pasadas las 23:00 horas, en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, El Altiplano, en Almoloya, Estado de México, policías federales y custodios irrumpieron en las celdas de todos los módulos y despojaron a los reclusos de televisores y relojes. Violentamente, en algunos casos.
El operativo lo confirman amparos interpuestos por cerca de 400 presos de ese penal de alta seguridad el viernes 25 en el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo del Segundo Circuito, con sede en Toluca, según pudo verificar este semanario. Se calcula que en el centro penitenciario hay una población aproximada de mil 200 internos.
Tras el operativo comenzó una rebelión que se ha mantenido al menos hasta el viernes 25, sin que la Secretaría de Gobernación ni la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) comuniquen a la sociedad lo que ha ocurrido dentro del penal en la última semana.
Proceso también pudo confirmar en distintas fuentes que hasta ese día había una huelga de hambre a la cual ya se habían sumado al menos 500 internos. Se afirma que algunos presos no han comido en los últimos cinco días; al menos uno de ellos ha sufrido desmayos…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2030 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HARNÁNDEZ.
MÉXICO, D.F: El viernes 18, desde las 05:00 hasta pasadas las 23:00 horas, en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, El Altiplano, en Almoloya, Estado de México, policías federales y custodios irrumpieron en las celdas de todos los módulos y despojaron a los reclusos de televisores y relojes. Violentamente, en algunos casos.
El operativo lo confirman amparos interpuestos por cerca de 400 presos de ese penal de alta seguridad el viernes 25 en el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo del Segundo Circuito, con sede en Toluca, según pudo verificar este semanario. Se calcula que en el centro penitenciario hay una población aproximada de mil 200 internos.
Tras el operativo comenzó una rebelión que se ha mantenido al menos hasta el viernes 25, sin que la Secretaría de Gobernación ni la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) comuniquen a la sociedad lo que ha ocurrido dentro del penal en la última semana.
Proceso también pudo confirmar en distintas fuentes que hasta ese día había una huelga de hambre a la cual ya se habían sumado al menos 500 internos. Se afirma que algunos presos no han comido en los últimos cinco días; al menos uno de ellos ha sufrido desmayos…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2030 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HARNÁNDEZ.
El gobierno, reprobado en materia educativa, le dice el PAN a Nuño en el Senado
El senador Manuel Bartlett reiteró que la reforma educativa es un instrumento para la privatización, y el legislador del PVEM Juan Gerardo Flores, destacó los avances de la misma.
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, compareció ante el pleno del Senado y afirmó que el gobierno federal avanzará hacia un nuevo modelo educativo e iniciará un dialogo amplio con los maestros, pedagogos, expertos, sociedad civil y legisladores federales y locales para cumplir con este objetivo.
Propuso un diálogo cercano y respetuoso con el magisterio mexicano, en el que se tenga una gran claridad: “el sindicato deberá cumplir su función de proteger los derechos laborales y buscar el bienestar económico de sus agremiados, y nosotros, la autoridad, cumplir nuestra función de autoridad”, de acuerdo con un boletín del Senado.
Por el Partido Acción Nacional, el senador Juan Carlos Romero Hicks, señaló que no se observa una estrategia integral ordenada para transformar la educación del país. Especificó que el gobierno federal tiene el apoyo de los partidos políticos, de la sociedad, herramientas y recursos, y aun así no se han alcanzado los resultados deseables.
Comentó que lo que hacen la autoridad educativa y el Congreso, la Secretaría de Gobernación lo destruye; por lo que el gobierno federal, en materia de educación, “no aprueba el examen de medio curso. La reforma educativa sigue pendiente”. Dijo que además ha incumplido con los mandatos de algunos artículos transitorios de la Ley General de Educación.
Al fijar la postura del Partido del Trabajo, el senador Manuel Bartlett Díaz reiteró que la reforma educativa es un proyecto de los organismos financieros internacionales, particularmente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), un “instrumento para la privatización de todos los servicios”.
Consideró que la educativa es una reforma de carácter laboral con el propósito de controlar a los maestros por medio de las evaluaciones y de formar, bajo principios neoliberales, “empleados y obreros al servicio del desarrollo económico” y no a mexicanos conscientes de sus facultades. Además dijo que el modelo educativo del que habló Nuño Mayer “está en el aire”.
En nombre del grupo parlamentario del PVEM, el senador Juan Gerardo Flores Ramírez destacó que a casi tres años de la aprobación de la reforma educativa se aprecian avances sustanciales en su instrumentación, y señaló que el Servicio Profesional Docente es un aspecto medular de la reforma educativa.
El senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, argumentó que está pendiente una verdadera reforma del sistema educativo nacional, por lo que pidió dejar de lado la simulación y el desinterés por el sector y establecer una fecha para un debate nacional sobre esta materia.
La senadora Mely Romero Celis, del Partido Revolucionario Institucional, destacó como un logro que la evaluación magisterial se aplique en las 32 entidades federativas del país, con lo cual los maestros se capacitan y tienen mayor oportunidad de desarrollo profesional, comentó.
Señaló retos que la SEP debe atender: ocuparse de la disparidad nacional en el rubro educativo, completar los ciclos escolares, el combate a la violencia escolar, vincular la educación y las vocaciones productivas mediante un modelo de educación dual, y el cambio de modelo de escuelas normales.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, compareció ante el pleno del Senado y afirmó que el gobierno federal avanzará hacia un nuevo modelo educativo e iniciará un dialogo amplio con los maestros, pedagogos, expertos, sociedad civil y legisladores federales y locales para cumplir con este objetivo.
Propuso un diálogo cercano y respetuoso con el magisterio mexicano, en el que se tenga una gran claridad: “el sindicato deberá cumplir su función de proteger los derechos laborales y buscar el bienestar económico de sus agremiados, y nosotros, la autoridad, cumplir nuestra función de autoridad”, de acuerdo con un boletín del Senado.
Por el Partido Acción Nacional, el senador Juan Carlos Romero Hicks, señaló que no se observa una estrategia integral ordenada para transformar la educación del país. Especificó que el gobierno federal tiene el apoyo de los partidos políticos, de la sociedad, herramientas y recursos, y aun así no se han alcanzado los resultados deseables.
Comentó que lo que hacen la autoridad educativa y el Congreso, la Secretaría de Gobernación lo destruye; por lo que el gobierno federal, en materia de educación, “no aprueba el examen de medio curso. La reforma educativa sigue pendiente”. Dijo que además ha incumplido con los mandatos de algunos artículos transitorios de la Ley General de Educación.
Al fijar la postura del Partido del Trabajo, el senador Manuel Bartlett Díaz reiteró que la reforma educativa es un proyecto de los organismos financieros internacionales, particularmente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), un “instrumento para la privatización de todos los servicios”.
Consideró que la educativa es una reforma de carácter laboral con el propósito de controlar a los maestros por medio de las evaluaciones y de formar, bajo principios neoliberales, “empleados y obreros al servicio del desarrollo económico” y no a mexicanos conscientes de sus facultades. Además dijo que el modelo educativo del que habló Nuño Mayer “está en el aire”.
En nombre del grupo parlamentario del PVEM, el senador Juan Gerardo Flores Ramírez destacó que a casi tres años de la aprobación de la reforma educativa se aprecian avances sustanciales en su instrumentación, y señaló que el Servicio Profesional Docente es un aspecto medular de la reforma educativa.
El senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, argumentó que está pendiente una verdadera reforma del sistema educativo nacional, por lo que pidió dejar de lado la simulación y el desinterés por el sector y establecer una fecha para un debate nacional sobre esta materia.
La senadora Mely Romero Celis, del Partido Revolucionario Institucional, destacó como un logro que la evaluación magisterial se aplique en las 32 entidades federativas del país, con lo cual los maestros se capacitan y tienen mayor oportunidad de desarrollo profesional, comentó.
Señaló retos que la SEP debe atender: ocuparse de la disparidad nacional en el rubro educativo, completar los ciclos escolares, el combate a la violencia escolar, vincular la educación y las vocaciones productivas mediante un modelo de educación dual, y el cambio de modelo de escuelas normales.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Llegan diputados a acuerdo para reparto de comisiones
México, DF.- En tan sólo 10 minutos el pleno de la Cámara de Diputados avaló el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el cual se determinó la distribución, por unanimidad, de las 56 comisiones ordinarias, una vez que la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) allanó el camino al aceptar presidir las de Seguridad Social, Transparencia y Anticorrupción, Reforma Agraria y Fomento Cooperativo.
“Son las que tenemos” dijo la coordinadora de Morena, Rocío Nahle García cuando se le preguntó si estaban conformes con el acuerdo. La legisladora sostuvo que la Comisión del Distrito Federal que fue solicitada por ese grupo parlamentario será presidida por el PRD “porque así lo designó el presidente de la Junta de Coordinación, César Camacho Quiroz”.
Sin embargo, dijo que su bancada aceptó la distribución de las comisiones en un afán de construir “y porque no venimos de ambiciosos ni a pasar por encima de nadie. En Morena no hay intolerancia”.
La sesión ordinaria de la cual se decretó un receso ayer a las tres de la tarde se reanudó hoy a las 17:38 horas sólo para que la secretaría de Mesa Directiva leyera el resolutivo enviado por la Junta, así como para informar que se recibió la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para expedir la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales que se turnó a la Comisión de Economía.
César Camacho, coordinador de PRI celebró el fin de la negociación, a la que calificó como “ el primer gran acuerdo político de la 63 legislatura”.
De esta manera, el PRI presidirá 23 comisiones: Presupuesto, Economía, Gobernación, Energía, Defensa Nacional, Agricultura, Agua potable, Asuntos Indígenas, Comunicaciones, Deporte, Derechos Humanos, Desarrollo Social, Ganadería, Igualdad de género, Infraestructura, Jurisdiccional, Justicia, Pesca, Población, Relaciones Exteriores (que antes tenía Acción Nacional), Trabajo y Vivienda.
El PAN mantiene las de Hacienda, Cultura, Transportes, Turismo, Seguridad Pública, Salud, Atención a grupos vulnerables, Cambio climático, desarrollo rural, Fortalecimiento al federalismo, Juventud y Régimen y reglamentos.
Mientras que el PRD presidirá las de Vigilancia, Auditoría Superior de la Federación, Distrito Federal, Asuntos de la frontera norte, Derechos de la niñez, Educación, Puntos Constitucionales.
El PVEM continuá presidiendo la de Radio y televisión así como Asuntos de la frontera sur, Desarrollo Municipal, Medio Ambiente y Recursos Hidraúlicos.
MC tendrá a su cargo Desarrollo Metropolitano, Marina y Protección civil.
Nueva Alianza conserva la única comisión que ha presidido desde hace tres legislaturas Ciencia y Tecnología
Y Encuentro Social la de Asuntos migratorios, que hasta la legislatura pasada presidía el PRD.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ENRIQUE MÉNDEZ.
“Son las que tenemos” dijo la coordinadora de Morena, Rocío Nahle García cuando se le preguntó si estaban conformes con el acuerdo. La legisladora sostuvo que la Comisión del Distrito Federal que fue solicitada por ese grupo parlamentario será presidida por el PRD “porque así lo designó el presidente de la Junta de Coordinación, César Camacho Quiroz”.
Sin embargo, dijo que su bancada aceptó la distribución de las comisiones en un afán de construir “y porque no venimos de ambiciosos ni a pasar por encima de nadie. En Morena no hay intolerancia”.
La sesión ordinaria de la cual se decretó un receso ayer a las tres de la tarde se reanudó hoy a las 17:38 horas sólo para que la secretaría de Mesa Directiva leyera el resolutivo enviado por la Junta, así como para informar que se recibió la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para expedir la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales que se turnó a la Comisión de Economía.
César Camacho, coordinador de PRI celebró el fin de la negociación, a la que calificó como “ el primer gran acuerdo político de la 63 legislatura”.
De esta manera, el PRI presidirá 23 comisiones: Presupuesto, Economía, Gobernación, Energía, Defensa Nacional, Agricultura, Agua potable, Asuntos Indígenas, Comunicaciones, Deporte, Derechos Humanos, Desarrollo Social, Ganadería, Igualdad de género, Infraestructura, Jurisdiccional, Justicia, Pesca, Población, Relaciones Exteriores (que antes tenía Acción Nacional), Trabajo y Vivienda.
El PAN mantiene las de Hacienda, Cultura, Transportes, Turismo, Seguridad Pública, Salud, Atención a grupos vulnerables, Cambio climático, desarrollo rural, Fortalecimiento al federalismo, Juventud y Régimen y reglamentos.
Mientras que el PRD presidirá las de Vigilancia, Auditoría Superior de la Federación, Distrito Federal, Asuntos de la frontera norte, Derechos de la niñez, Educación, Puntos Constitucionales.
El PVEM continuá presidiendo la de Radio y televisión así como Asuntos de la frontera sur, Desarrollo Municipal, Medio Ambiente y Recursos Hidraúlicos.
MC tendrá a su cargo Desarrollo Metropolitano, Marina y Protección civil.
Nueva Alianza conserva la única comisión que ha presidido desde hace tres legislaturas Ciencia y Tecnología
Y Encuentro Social la de Asuntos migratorios, que hasta la legislatura pasada presidía el PRD.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ENRIQUE MÉNDEZ.
Revive “El Bronco” pugna con televisoras; ordena detener pagos a filial de Multimedios
MONTERREY, N.L: A lo largo de toda su campaña hacia la gubernatura, Jaime Rodríguez Calderón reiteró que la administración del priista Rodrigo Medina estaba coludida con las televisoras locales, que buscaron “descarrilar” su llegada al poder.
En los comicios, “El Bronco” ganó y pronto superó su discurso antimonopolios televisivos.
Sin embargo, esta semana el gobernador electo, que entra en funciones el próximo domingo, reavivó el debate al ser descubierta la entrega de un contrato que la empresa paraestatal Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) concedió a una filial de Multimedios, el consorcio de comunicaciones más grande en la entidad.
De acuerdo con el periódico “El Norte”, Comercializadora Jubileo SA de CV (CJ) ganó una licitación pública para instalar un sistema de secado de lodos en la planta tratadora de aguas residuales de Dulces Nombres, municipio de Pesquería.
“El Bronco” dijo que investigará el contrato de 538.8 millones de pesos que recibirá la filial de Multimedios, pues su giro original era la venta y compra de equipos y juegos mecánicos para ferias y parque de diversiones, pero recientemente añadió como otra actividad la elaboración de plantas para procesar residuos.
“Es una obra contratada de una manera tendenciosa, muy sospechosa, y que evidentemente la vamos a revisar. He dado instrucciones ya a quien vaya a ir al área de Agua y Drenaje y a la Contraloría para revisar cómo se dio.
“No es posible –advirtió– que se les den tantos contratos a las empresas televisoras. Eso es muy común en los gobiernos cuando se coluden con las empresas televisoras”, sentenció “El Bronco”.
Además pidió a SADM que suspenda los primeros pagos programados a Comercializadora Jubileo los días 1 y 4 de octubre.
“Si tienen vergüenza deben pararlos, pero no creo que la tengan”, machacó.
La empresa CJ fue creada en 1999 para comprar, vender y fabricar juegos mecánicos para parques de diversiones, según la nota. Ahí se menciona que se localiza en avenida Eloy Cavazos, sin número, en el parque La Pastora, donde se encuentra el parque de diversiones Bosque Mágico, de Multimedios.
Este miércoles, tanto la empresa como la paraestatal publicaron desplegados en ese medio impreso, pero no aportaron explicaciones para justificar la contratación cuestionada.
Luego de señalar que “El Norte” miente, Comercializadora Jubileo justificó que diversificó sus actividades “para extenderse a las soluciones medioambientales y otras ramas industriales”.
Y actualmente trabaja con otras firmas nacionales e internacionales como Traco Iberia, STC y Aqualogy, abundó.
También señala que Jubileo ganó legalmente la licitación, y la empresa licitante se mostró satisfecha con su solvencia “técnica, moral y empresarial”. Y aseguró que no son una empresa de diversión.
Por su parte, SADM destacó que en la licitación efectuada el 18 de febrero de este año se recibieron tres propuestas y la de Comercializadora Jubileo fue la mejor.
Todo el procedimiento, sostuvo, fue efectuado dentro de la legalidad y la planta Dulces Nombres es necesaria para tratar los lodos que ahí se generan.
“El Norte” publica este miércoles que Diversiones Dinámicas, filial de Multimedios, recibió 15 millones de pesos para ampliar Bosque Mágico. La entrega se hizo en dos pagos: 5 millones en diciembre y los 10 millones restantes en mayo pasado.
El dinero salió del Fideicomiso de la Zona Citrícola del Estado (Fidecitrus), una oficina del gobierno del priista Rodrigo Medina que fomenta el desarrollo de los municipios ubicados en esta región sur de la entidad.
En campaña y ya como gobernador electo, Rodríguez Calderón, anunció que no dará un peso a las televisoras, pues suspenderá la tradición priista de pagar enlaces en vivo para resaltar la figura del gobernador.
“El Bronco” señaló que a lo largo del sexenio pasado, por gasto de publicidad y difusión, Medina de la Cruz erogó unos 5 mil millones de pesos, una parte de los cuales fueron entregados a Multimedios, TV Azteca y Televisa, las tres televisoras con mayor presencia en la región.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
En los comicios, “El Bronco” ganó y pronto superó su discurso antimonopolios televisivos.
Sin embargo, esta semana el gobernador electo, que entra en funciones el próximo domingo, reavivó el debate al ser descubierta la entrega de un contrato que la empresa paraestatal Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) concedió a una filial de Multimedios, el consorcio de comunicaciones más grande en la entidad.
De acuerdo con el periódico “El Norte”, Comercializadora Jubileo SA de CV (CJ) ganó una licitación pública para instalar un sistema de secado de lodos en la planta tratadora de aguas residuales de Dulces Nombres, municipio de Pesquería.
“El Bronco” dijo que investigará el contrato de 538.8 millones de pesos que recibirá la filial de Multimedios, pues su giro original era la venta y compra de equipos y juegos mecánicos para ferias y parque de diversiones, pero recientemente añadió como otra actividad la elaboración de plantas para procesar residuos.
“Es una obra contratada de una manera tendenciosa, muy sospechosa, y que evidentemente la vamos a revisar. He dado instrucciones ya a quien vaya a ir al área de Agua y Drenaje y a la Contraloría para revisar cómo se dio.
“No es posible –advirtió– que se les den tantos contratos a las empresas televisoras. Eso es muy común en los gobiernos cuando se coluden con las empresas televisoras”, sentenció “El Bronco”.
Además pidió a SADM que suspenda los primeros pagos programados a Comercializadora Jubileo los días 1 y 4 de octubre.
“Si tienen vergüenza deben pararlos, pero no creo que la tengan”, machacó.
La empresa CJ fue creada en 1999 para comprar, vender y fabricar juegos mecánicos para parques de diversiones, según la nota. Ahí se menciona que se localiza en avenida Eloy Cavazos, sin número, en el parque La Pastora, donde se encuentra el parque de diversiones Bosque Mágico, de Multimedios.
Este miércoles, tanto la empresa como la paraestatal publicaron desplegados en ese medio impreso, pero no aportaron explicaciones para justificar la contratación cuestionada.
Luego de señalar que “El Norte” miente, Comercializadora Jubileo justificó que diversificó sus actividades “para extenderse a las soluciones medioambientales y otras ramas industriales”.
Y actualmente trabaja con otras firmas nacionales e internacionales como Traco Iberia, STC y Aqualogy, abundó.
También señala que Jubileo ganó legalmente la licitación, y la empresa licitante se mostró satisfecha con su solvencia “técnica, moral y empresarial”. Y aseguró que no son una empresa de diversión.
Por su parte, SADM destacó que en la licitación efectuada el 18 de febrero de este año se recibieron tres propuestas y la de Comercializadora Jubileo fue la mejor.
Todo el procedimiento, sostuvo, fue efectuado dentro de la legalidad y la planta Dulces Nombres es necesaria para tratar los lodos que ahí se generan.
“El Norte” publica este miércoles que Diversiones Dinámicas, filial de Multimedios, recibió 15 millones de pesos para ampliar Bosque Mágico. La entrega se hizo en dos pagos: 5 millones en diciembre y los 10 millones restantes en mayo pasado.
El dinero salió del Fideicomiso de la Zona Citrícola del Estado (Fidecitrus), una oficina del gobierno del priista Rodrigo Medina que fomenta el desarrollo de los municipios ubicados en esta región sur de la entidad.
En campaña y ya como gobernador electo, Rodríguez Calderón, anunció que no dará un peso a las televisoras, pues suspenderá la tradición priista de pagar enlaces en vivo para resaltar la figura del gobernador.
“El Bronco” señaló que a lo largo del sexenio pasado, por gasto de publicidad y difusión, Medina de la Cruz erogó unos 5 mil millones de pesos, una parte de los cuales fueron entregados a Multimedios, TV Azteca y Televisa, las tres televisoras con mayor presencia en la región.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
Exigen diputados del PAN y PRD juicio político contra gobernador de Colima
COLIMA, Col: Siete diputados locales, cinco panistas y dos perredistas, presentaron hoy ante el Congreso local una denuncia de juicio político contra el gobernador Mario Anguiano Moreno, “por el desvío de fondos económicos desde el Ejecutivo estatal en perjuicio del presupuesto del estado de Colima”.
Presentada este miércoles, a unas horas del final de la actual legislatura, la demanda fue suscrita por los panistas Gina Araceli Rocha Ramírez, Yulenny Guylaine Cortés León, Sergio Hernández Torres, Petronilo Gallegos Solís y José Donaldo Ricardo Zúñiga, así como los perredistas Joel Esparza Peralta y Francisco Rodríguez García.
En su reclamo, leído en la tribuna por la diputada Gina Araceli Rocha, los denunciantes pidieron que “de acuerdo con la ley, y de ser procedente, el pleno de este Congreso se constituya en Jurado de Acusación” y que, “como medida precautoria, se aseguren bienes suficientes del C. Mario Anguiano Moreno, gobernador del estado, para garantizar que éstos no se dilapiden, y que, en caso de resultar responsable el acusado en el procedimiento, se cubra con dichos bienes la reparación del daño”.
Los quejosos estimaron que algunas conductas del mandatario son motivo de procedencia del juicio político, ya que “el escandaloso déficit financiero, las deudas que aquejan al gobierno estatal, así como las condiciones en que la nueva administración recibirá la entidad, son resultado de una serie de violaciones presupuestales que el Ejecutivo ha cometido en el sexenio en curso”.
Entre las presuntas anomalías, señalaron que “ha existido un manejo irregular por 600 millones de pesos por utilización de recursos federales en gasto corriente, bajo su administración y teniendo el mandatario conocimiento”.
Se refirieron también a las siete denuncias que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene presentadas contra el gobierno de Colima ante la PGR por “la simulación de reintegros de fondos federales, desviados a otros rubros”.
Asimismo, “a lo largo de más de cuatro bimestres la inestabilidad financiera del estado se ha evidenciado en el adeudo que el gobierno mantiene con 3 mil 400 adultos mayores, a quienes el Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud no ha pagado la pensión alimenticia a la cual son acreedores, situación que ha minado el bienestar y la integridad de este sector vulnerable”.
Otras presuntas evidencias del desequilibrio financiero presentadas por los diputados son los constantes retrasos en el pago de la nómina y los consecuentes paros de labores de burócratas y de profesores estatales, así como el reciente despido de mil 50 trabajadores de confianza y el notable crecimiento del monto de la deuda pública de la entidad.
“La totalidad de los hechos expuestos en el presente documento —aseveraron los denunciantes— revela una violación completa del derecho de la ciudadanía a la información, ya que el Ejecutivo estatal ha mantenido en la opacidad el destino verdadero de los fondos que pertenecen a sus gobernados y que provienen, mayormente, de las contribuciones de éstos”.
Concluyeron: “Con base en todos los fundamentos anteriores, nos es posible declarar que los incumplimientos del gobierno estatal en sus obligaciones con los adultos mayores, los estudiantes becados, los trabajadores de dependencias públicas y los maestros, han demostrado, antes que nada, transgresiones a los presupuestos de egresos. Pero también se ha tratado de violaciones a los derechos ya otorgados a ciudadanos colimenses, derechos que actualmente se han ignorado en nombre de una crisis proveniente de malos manejos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
Presentada este miércoles, a unas horas del final de la actual legislatura, la demanda fue suscrita por los panistas Gina Araceli Rocha Ramírez, Yulenny Guylaine Cortés León, Sergio Hernández Torres, Petronilo Gallegos Solís y José Donaldo Ricardo Zúñiga, así como los perredistas Joel Esparza Peralta y Francisco Rodríguez García.
En su reclamo, leído en la tribuna por la diputada Gina Araceli Rocha, los denunciantes pidieron que “de acuerdo con la ley, y de ser procedente, el pleno de este Congreso se constituya en Jurado de Acusación” y que, “como medida precautoria, se aseguren bienes suficientes del C. Mario Anguiano Moreno, gobernador del estado, para garantizar que éstos no se dilapiden, y que, en caso de resultar responsable el acusado en el procedimiento, se cubra con dichos bienes la reparación del daño”.
Los quejosos estimaron que algunas conductas del mandatario son motivo de procedencia del juicio político, ya que “el escandaloso déficit financiero, las deudas que aquejan al gobierno estatal, así como las condiciones en que la nueva administración recibirá la entidad, son resultado de una serie de violaciones presupuestales que el Ejecutivo ha cometido en el sexenio en curso”.
Entre las presuntas anomalías, señalaron que “ha existido un manejo irregular por 600 millones de pesos por utilización de recursos federales en gasto corriente, bajo su administración y teniendo el mandatario conocimiento”.
Se refirieron también a las siete denuncias que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene presentadas contra el gobierno de Colima ante la PGR por “la simulación de reintegros de fondos federales, desviados a otros rubros”.
Asimismo, “a lo largo de más de cuatro bimestres la inestabilidad financiera del estado se ha evidenciado en el adeudo que el gobierno mantiene con 3 mil 400 adultos mayores, a quienes el Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud no ha pagado la pensión alimenticia a la cual son acreedores, situación que ha minado el bienestar y la integridad de este sector vulnerable”.
Otras presuntas evidencias del desequilibrio financiero presentadas por los diputados son los constantes retrasos en el pago de la nómina y los consecuentes paros de labores de burócratas y de profesores estatales, así como el reciente despido de mil 50 trabajadores de confianza y el notable crecimiento del monto de la deuda pública de la entidad.
“La totalidad de los hechos expuestos en el presente documento —aseveraron los denunciantes— revela una violación completa del derecho de la ciudadanía a la información, ya que el Ejecutivo estatal ha mantenido en la opacidad el destino verdadero de los fondos que pertenecen a sus gobernados y que provienen, mayormente, de las contribuciones de éstos”.
Concluyeron: “Con base en todos los fundamentos anteriores, nos es posible declarar que los incumplimientos del gobierno estatal en sus obligaciones con los adultos mayores, los estudiantes becados, los trabajadores de dependencias públicas y los maestros, han demostrado, antes que nada, transgresiones a los presupuestos de egresos. Pero también se ha tratado de violaciones a los derechos ya otorgados a ciudadanos colimenses, derechos que actualmente se han ignorado en nombre de una crisis proveniente de malos manejos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
Los medios, las extorsiones y el negocio político
MÉXICO, D.F: Es bien sabido que en México la transición a la democracia fracasó en el 2000 cuando por primera vez en su historia el PRI perdió el poder presidencial a manos del empresario Vicente Fox quien, en lugar de crear las condiciones para un ajuste de cuentas políticas, sociales, judiciales y de derechos humanos, pactó con los poderes fácticos, entre ellos las televisoras.
Este tema viene a colación por el reciente caso del conductor estrella de Televisa, Joaquín López-Dóriga, acusado de extorsión por la empresaria más rica de México, María Asunción Aramburuzabala, y exhibido en su negocio de venta de espacios en sus programas de radio y televisión a figuras políticas y funcionarios, como lo reveló el excelente reportaje de Jenaro Villamil en la revista Proceso de esta semana, titulado “Los negocios de López Dóriga. Cuando el micrófono tiene precio”.
López-Dóriga no es el único que ha hecho un gran negocio personal con el uso del espacio noticioso en diversos medios. No hace mucho en las redes sociales circularon copias escaneadas de contratos a nombre de la empresa Comunícalo SA de CV, presuntamente de Ricardo Alemán, por 2 millones 250 mil pesos y el gobierno del priista Eruviel Ávila. El pago era para aparecer en el programa del periodista titulado “La Báscula”, que se emitía en TV Mexiquense y que el columnista conducía en ese entonces hasta que le dieron un espacio en Televisa.
Hubo otra información parecida que causó polémica, se trataba de la lista de pago a varios conductores de noticias en 2012 y 2013 por parte del gobierno mexiquense para que hablaran bien de Enrique Peña Nieto. En dicha lista aparecía Joaquín López-Dóriga, José Cárdenas, Óscar Mario Beteta, Ricardo Rocha, Eduardo Ruiz Healy, Jorge Fernández, Denise Maerker, Ciro Gómez Leyva, Adela Micha y Paola Rojas. Fue difundida en las redes con una riada de críticas a la ética y moral de cada uno de estos personajes de los medios de comunicación.
A pesar de que esta información fue desmentida y desdeñada por cada uno de los aludidos, en las redes sociales quedaron estigmatizados como parte de la prensa oficiosa que se ha enriquecido usufructuando sus espacios noticiosos o de análisis en diversas empresas privadas de comunicación que, a su vez, han sido beneficiadas por el gobierno federal a través contratos de publicidad o concesiones de espacios en el espectro público.
En el fondo de esta práctica lo que encontramos es que la mayor parte de las empresas de medios se han convertido en verdaderos poderes fácticos que actúan con toda impunidad en el marco de un gobierno acostumbrado a los pactos y alianzas con grupos de interés y de presión para mantener ciertos privilegios y ganancias particulares.
Las grandes empresas de los medios de comunicación nunca entraron en el proceso de transición a la democracia sino al revés, impidieron y obstaculizaron la apertura social y dejaron que algunos de sus “conductores estrella” hicieran sus propios negocios con distintos personajes del poder político, dando paso a una etapa negra del periodismo mexicano. Al final ambos se han beneficiado del negocio político creado detrás de los micrófonos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
Este tema viene a colación por el reciente caso del conductor estrella de Televisa, Joaquín López-Dóriga, acusado de extorsión por la empresaria más rica de México, María Asunción Aramburuzabala, y exhibido en su negocio de venta de espacios en sus programas de radio y televisión a figuras políticas y funcionarios, como lo reveló el excelente reportaje de Jenaro Villamil en la revista Proceso de esta semana, titulado “Los negocios de López Dóriga. Cuando el micrófono tiene precio”.
López-Dóriga no es el único que ha hecho un gran negocio personal con el uso del espacio noticioso en diversos medios. No hace mucho en las redes sociales circularon copias escaneadas de contratos a nombre de la empresa Comunícalo SA de CV, presuntamente de Ricardo Alemán, por 2 millones 250 mil pesos y el gobierno del priista Eruviel Ávila. El pago era para aparecer en el programa del periodista titulado “La Báscula”, que se emitía en TV Mexiquense y que el columnista conducía en ese entonces hasta que le dieron un espacio en Televisa.
Hubo otra información parecida que causó polémica, se trataba de la lista de pago a varios conductores de noticias en 2012 y 2013 por parte del gobierno mexiquense para que hablaran bien de Enrique Peña Nieto. En dicha lista aparecía Joaquín López-Dóriga, José Cárdenas, Óscar Mario Beteta, Ricardo Rocha, Eduardo Ruiz Healy, Jorge Fernández, Denise Maerker, Ciro Gómez Leyva, Adela Micha y Paola Rojas. Fue difundida en las redes con una riada de críticas a la ética y moral de cada uno de estos personajes de los medios de comunicación.
A pesar de que esta información fue desmentida y desdeñada por cada uno de los aludidos, en las redes sociales quedaron estigmatizados como parte de la prensa oficiosa que se ha enriquecido usufructuando sus espacios noticiosos o de análisis en diversas empresas privadas de comunicación que, a su vez, han sido beneficiadas por el gobierno federal a través contratos de publicidad o concesiones de espacios en el espectro público.
En el fondo de esta práctica lo que encontramos es que la mayor parte de las empresas de medios se han convertido en verdaderos poderes fácticos que actúan con toda impunidad en el marco de un gobierno acostumbrado a los pactos y alianzas con grupos de interés y de presión para mantener ciertos privilegios y ganancias particulares.
Las grandes empresas de los medios de comunicación nunca entraron en el proceso de transición a la democracia sino al revés, impidieron y obstaculizaron la apertura social y dejaron que algunos de sus “conductores estrella” hicieran sus propios negocios con distintos personajes del poder político, dando paso a una etapa negra del periodismo mexicano. Al final ambos se han beneficiado del negocio político creado detrás de los micrófonos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
Los otros desaparecidos: la odisea de una abuela secuestrada
Le prometieron que no le pasaría nada y que después de pagar el rescate podría ver a su marido. Yolanda Álvarez Antúnez lo creyó. La madre de cinco hijos y abuela de 13 no vio otra opción.
En una camioneta vieja que conducía su cuñado llegaron al cruce de un camino donde le dijeron que alguien los esperaría, pero nadie estaba. Discutieron unos segundos sobre si era mejor irse pero decidieron continuar.
Hacia las 10:30 de la noche entraron a un pueblo en la zona montañosa del estado sureño de Guerrero. Dos camionetas llenas de hombres armados les cerraron el paso. Uno se acercó a pie.
_“¿Es usted la del teléfono?”, le preguntó.
Ella también reconoció la voz. A la voz que por una semana habían ambos escuchado, finalmente le ponían un rostro.
El hombre pidió el dinero y ella le estiró la bolsa de plástico llena de billetes. Su esposo no se veía por ningún lado. Entonces todo se descompuso.
_“¡Bájense!”, gritó el hombre.
_“¿Pero por qué?”, intentó reclamar. “Si me dijeron que tenía palabra y que no nos iban a hacer daño”.
El hombre subió la voz y le repitió que se bajaran. Le ordenó subirse a una de las camionetas. Sin decir nada, su cuñado fue llevado a la otra.
Al lado de ella se colocaron dos hombres armados. El hombre que al que después conocería como 'El Nico' se puso al volante.
_“Se va a quedar usted, porque su esposo escapó”, le dijo. “Y hasta que no lo recuperemos, o regrese, va usted a irse”.
Encendió el carro.
_“Y no queremos que chille, porque no nos gustan las mujeres chillonas”, le advirtió.
“Deme la mano señora”, le pidió el joven. “Démela, no tenga miedo”. Su amabilidad contrastaba con la agresividad de los otros. Comenzaron a subir por un pequeño camino que iniciaba en la carretera y subía por un cerro, en medio de la oscuridad.
Delante y atrás de ellos iban varios hombres armados que caminaban con cierta seguridad. Obviamente, no era la primera vez que pasaban por ahí, pensó Yolanda.
Cuando llegaron al campamento a su cuñado le vendaron los ojos y le amarraron las manos. A ella sólo le taparon los ojos. A los dos les ordenaron que se acostaran sobre la tierra y les dieron una cobija.
En la madrugada sintió que alguien metía una mano en el bolsillo de su pantalón. Se movió y un hombre le preguntó qué tenía ahí. “Doscientos pesos que traigo por si se me acababa la gasolina”, le respondió. El hombre tomó el billete y no revisó el otro bolsillo, donde ella guardaba un rosario de plata.
Sus captores les advirtieron que si querían ir al baño que avisaran, que no se levantaran sin decir nada porque podrían dispararles. En algún momento a ella le pidieron que alzara la cabeza y le colocaron algo como almohada (más tarde vería que eran dos overoles doblados).
Esa noche no pudo dormir. La misma idea le venía una y otra vez, más una esperanza que una certeza: quizá su marido no había escapado, tal vez sí lo habían mandado en un taxi a su casa.
“Señor, qué bueno que le vine a quitar un poquito de sufrimiento a él”, se decía en silencio, mientras sentía cómo algunos insectos caminaban bajo su espalda. Al menos su 'Beto' estaría en casa.
Se conocieron a finales de la década de 1970 en Iguala, una ciudad que se extiende en un valle rodeado de montañas al norte del estado de Guerrero. Yolanda estudiaba ahí para ser educadora; Luis Alberto Castillo acababa de abandonar sus estudios en la Ciudad de México también para ser maestro y siguió a su papá, recién separado. Pronto, ella dejó luego la escuela para casarse con él.
En 1991, Luis Alberto perdió su trabajo y la pareja resolvió mudarse a Ahuehuepan, una comunidad de poco más de 500 habitantes con una sola caseta telefónica y prácticamente sin señal de celular. Abrieron una pequeña tienda a la orilla de la carretera, donde también abundan los restaurantes.
Tuvieron cinco hijos y llevaban una vida tranquila, incluso cuando Luis Alberto enfermó de diabetes y la dolencia empezó a afectarle la vista.
En 2012, sin embargo, las cosas habían cambiado: las ventas bajaron porque cada vez había menos personas que viajaban por esa carretera que conecta Iguala y Altamirano, dos ciudades donde grupos rivales del narcotráfico impusieron el terror a través de asesinatos, extorsiones y secuestros. Su intención: controlar importantes rutas para mover la goma de opio procedente de la amapola de las montañas hacia el mercado de Estados Unidos.
Según cifras oficiales, más de 25 mil personas han desaparecido desde 2007, aunque muchas de ellas han atraído poca atención. Esa realidad cambió el 26 de septiembre de 2014, cuando la desaparición de 43 estudiantes, tras ser detenidos por policías, provocó indignación dentro y fuera de México.
Poco más de 100 cuerpos han sido descubiertos en fosas clandestinas, aunque la mayoría permanecen sin ser identificados. El resto de los secuestrados en autobuses, carreteras o sacados de sus casas o una tienda, simplemente siguen desaparecidos. A diferencia de los 43 estudiantes, ellos son conocidos como “Los otros desaparecidos”.
La mañana del 10 de enero de 2013, Yolanda salió a Iguala para ver si el Seguro Social tenía lista la cita para atender a su esposo de la retinopatía diabética que le estaba quitando la vista. Ese jueves, Luis Alberto se quedó en Ahuehuepan para atender la tienda.
Fue cuando una camioneta roja con cuatro hombres se estacionó frente a la tienda y uno de ellos entró y dijo a Luis Alberto que se iba a ir con ellos.
Beto, como le decían, era un hombre robusto y alto de 54 años. Intentó resistirse y se agarró de un tubo afuera de la tienda. Un segundo hombre bajó, le puso un arma en el costado y ya no opuso resistencia, según contó a Yolanda una mujer que observó a pocos metros el momento del secuestro.
Horas después, Yolanda recibió la llamada: “Yo soy el que tengo a su marido, si lo quiere volver a ver con vida necesitamos que me entregue 500 mil pesos”, le dijo el hombre.
Eso era casi 40 mil dólares. Yolanda le dijo que era mucho dinero, que la familia estaba en medio de una crisis económica. Le repitió que consiguiera el dinero si quería ver a su esposo con vida.
Las llamadas se repitieron por una semana. El hombre exigía el dinero y Yolanda le decía que había conseguido algo, pero no la cantidad completa.
Cerca de las seis de la tarde del siguiente miércoles el teléfono sonó. En esta ocasión escuchó otra voz, una conocida: su marido.
“¿Sabes qué ‘chaparra’?”, le dijo, “has lo que tengas que hacer, vende lo que tengas que vender, porque aquí todos los días me dan una chinga que ya no puedo ni ver, ya no veo, ya casi no veo”.
Yolanda le pidió que tuviera fe, que rezara, pero antes de poder decir algo más la voz del secuestrador le machacó en el oído que ya no le darían más tiempo.
“Ya nos cansamos de estar cuidando a este viejo”, dijo el hombre y cortó la llamada.
El teléfono sonó tres horas después. ¿Cuánto dinero tenía? En total, 120 mil pesos, dijo Yolanda.
“Ya tráigamelos, ya tráigame lo que tenga reunido”, dijo el hombre. Le dio instrucciones y le aseguró que después de que ella llevara el dinero, su marido regresaría a su casa en un taxi.
Yolanda puso el dinero en una bolsa de plástico, se cambió las sandalias por unos tenis y se puso un chaleco. Esperó a su cuñado y se fueron en la camioneta usada de su papá.
Al paso de las horas la venda de los ojos se cayó. Vio que en total había 18 hombres armados, la mayoría jóvenes, como de 20 años.
'El Nico', con quien había negociado el rescate, era un hombre flaco, alto, moreno y con los hombros hacia adelante. El otro, quien estuvo en el asiento del copiloto era 'el Tucán', de estatura mediana y moreno claro que actuaba como el segundo al mando y responsable directo de los hombres en el campamento.
Horas antes la habían interrogado en la camioneta: ¿Quiénes eran los más ricos del pueblo? ¿Cuánto le habían dado sus padres? ¿Tenía ella más dinero? Yolanda estaba segura que si daba detalles pondría en riesgo a su familia y a otros.
Les dijo que no tenían dinero, que sus papás le habían dado muy poco, que habían pedido prestado, que tenían deudas desde antes y que incluso tuvieron que irse un tiempo a Nayarit, para ver si ella conseguía un empleo, porque la enfermedad de su esposo se agravaba y la dificultad para ver le complicaba trabajar.
“Pues si quiere trabajar, nosotros le damos trabajo. Y pues sirve que paga sus deudas”, le dijo 'el Nico'. Le ofrecieron que fuera uno de ellos. “Matar, cortar cabezas, torturar...”, siguió.
“Válgame Dios, yo no nací para eso”, le respondió Yolanda.
La primera noche, algunos de los jóvenes fumaban marihuana y oyó que algunos aspiraban con una pajilla algo de una olla. Se mostraban entre ellos imágenes de mujeres desnudas en sus celulares y de pronto algunos pelearon.
“Hubo una discusión muy fuerte entre ellos y me dio miedo”, recordó Yolanda, una mujer de entonces 53 años. “Miedo de que ya estando drogados fueran a hacerme algo”, dijo.
Yolanda tenía su rosario de plata en el bolsillo, pero temía que se lo robaran si lo sacaba. Por eso usó las puntas de sus dedos como misterios de un rosario improvisado y comenzó a rezar en silencio.
“Ellos diciendo tontería y media y yo rezando, yo rezando”, dijo. Esa noche tampoco pudo dormir. Y volvió a pensar que al menos su marido estaría de vuelta en casa. Pero no la golpearon ni maltrataron.
En la mañana, los hombres compartieron el desayuno de chile con queso, frijoles y tortillas hechas a mano. Luego supo que la comida era preparada en un pueblo cercano.
Yolanda es una mujer bajita y delgada, con el pelo rizado que le cae hasta la mitad de la espalda. Sus ojos son de un café tan claro que, a veces, cuando les dan el sol, puede pasar por verdes.
“¡Ah! ¡Está guapa la señora! ¡Tiene ojos claros!”, dijo uno de los hombres la primera mañana. “¿Y no tiene hijas?”, le preguntó. “¡No!, tengo puros hijos”, le repitió dos veces, seria. Yolanda llegó a preguntarse ¿qué pasaría por la mente de sus hijos? ¿Cómo estarían?, pero rápidamente la mente se iba hacia su marido, a rezar.
Los hombres solían hablar de enfrentamientos, de que tenían que cuidarse de la policía, del territorio que decían les pertenecía, de la zona que no debían pasar porque ya era del grupo rival. Decían que ellos eran 'La Familia Michoacana', un cártel de las drogas que surgió en el estado vecino de Michoacán.
Hasta entonces, los cárteles de las drogas y la violencia del narcotráfico eran algo lejano para ella. “Nada más se oían rumores de que andaba todo eso mal, que había gente armada”, dijo. Luego su marido fue secuestrado y ahora ella estaba ahí, cautiva.
Después de que la detuvieron, 'el Nico' le reclamó que faltaban 5 mil pesos del rescate de su marido. Ella lo negó, dijo que lo había contado. Quizá, dijo el hombre, estaba nerviosa y contó mal. Y eso lo tendría que explicar al 'Patrón', al jefe.
Aún no terminaba la mañana del jueves, cuando le acercaron un teléfono. Era el 'Patrón'. Oyó la voz de un hombre de quien no sabría más, ni volvería a escuchar.
“¿Qué pasó señora con el dinero?”, le preguntó.
Otra vez la extraña mezcla entre un amable “señora” con una amenaza implícita.
“A lo mejor porque yo estaba muy nerviosa conté mal”, le respondió. “¿Qué más podía hacer?”, dijo.
Cuando 'el Tucán' se acercó a preguntarle con quién tendría que negociar su rescate, Yolanda no lo podía creer. “¿Cómo es posible?”, preguntó. “Si yo les dije que no tenemos dinero”.
El hombre subió el tono e insistió. ¿Sería alguno de sus hijos? “No, va a ser mi hermano”, le dijo. El mismo número, el de la caseta telefónica de Ahuehuepan.
Salvo que ellos preguntaran, ella prácticamente no hablaba. La mayor parte del tiempo sentada en una piedra. Miraba y escuchaba. Oyó el ruido de un helicóptero que pasaba por encima de ellos, cubiertos por las copas de los árboles.
“Si se pudiera avisarles que estamos aquí”, pensó. “Como una película”. Pero no se podía.
Obedecía en todo: cuando le decían que se acostara, que se quedara sentada; no se quejaba cuando tenía que pedir permiso y un hombre armado la acompañaba y se quedaba muy cerca de ella cuando tenía que ir al baño. Y el obedecer y no quejarse le hacía pensar que tarde o temprano le ayudaría a salir de ahí.
Aunque estaban en lo alto de un cerro, parecía un campamento familiar para ellos: el piso de tierra estaba limpio de hojas y alrededor habían sido acomodadas piedras para formar pequeñas bardas que delimitaban el lugar.
Por momentos, el viento llevaba un zumbido conocido: el ruido del motor de un tráiler y entonces recordaba que estaban cerca de la carretera. El olor a plantas, a tierra, cedía al del sudor y los cigarrillos de los hombres que la cuidaban.
Su propio olor empezaba a incomodarla. No podía limpiarse, si acaso las manos con un poco del agua que le daban a beber en una botella de plástico. “Levantarme y sentir que ya la ropa, pues ya está sudada y uno acostumbrado a bañarse del diario”, dijo.
Las horas pasaban lento, como en una pesadilla de la que no podía despertar. Su mente estaba en blanco por el miedo y el impacto. Pero también había resignación: “¿Qué haces, más que estar entregada a lo que venga?”, dijo.
El viernes 'el Tucán' tuvo otro reclamo. ¿Qué pasaba en su pueblo? Ella no entendía. “No sé ni de qué me está hablando. Yo estoy aquí con ustedes”, dijo.
Después de su secuestro, los habitantes de Ahuehuepan cerraron la carretera del pueblo y exigieron un retén para impedir más secuestros.
Los secuestradores no estaban felices con la conmoción mientras intentaban negociar rescates por sus víctimas, a las que simplemente llamaban 'ardillas'. Todo lo que ella supo fue que de pronto tenían que moverse de lugar. Bajaron el cerro y luego lo subieron de nuevo, aunque a una zona aún más alta.
La noche cayó en el nuevo campamento y Yolanda susurró a su cuñado que no se durmiera, no fuera a picarles un alacrán o una víbora. Pasó entonces por su mente la posibilidad de morir, de que si la picaban o mordían no alcanzarían a llevarla a tiempo a ningún hospital. Pero los obligaron a acostarse y después de dos noches sin dormir, el cansancio finalmente la venció.
La mañana del sábado los levantaron con la noticia de que regresarían al campamento original. Poco antes del mediodía el radio volvió a sonar. Tenían que bajar a las 'ardillas' a la carretera.
“Ya se va a ir señora, parece que ya se va a ir si ya dan el rescate”, le dijo uno de los hombres.
Pasaron más horas. Fueron a otro lugar: un cementerio donde los hombres recibieron su pago quincenal.
Y luego los llevaron a un cruce en una carretera donde estaba un viejo 'vocho' blanco, un Volkswagen escarabajo. Al volante estaba su hijo menor y al lado su sobrino, el hijo de su cuñado. Llevaban el dinero, aunque sólo 100 mil de los 500 mil pesos que pidieron.
Pero los problemas aún no terminaban. 'el Nicoe se acercó una vez más a ella. “Faltan 2 mil pesos”, dijo. “¿Quién se queda, usted o los chavos?”, preguntó.
En medio de su angustia, otro de los hombres se compadeció e intervino. “Ya, déjalos ir, ¿qué son 2 mil pesos? Total, déjalos ir”, le dijo.
'El Nico' pensó un poco. “Ya váyanse”, concedió.
Subió al auto y preguntó a su hijo: “¿y tu papá? ¿Dónde se quedó? ¿En la casa o está con tus abuelitos”.
“No mamá”, le dijo el muchacho, “mi papá no ha regresado”.
Cuando la liberaron, su hermana y su mamá la abrazaron y lloraron. Pero ella no pudo. Al siguiente día salió rumbo a Iguala con su hijo menor y sólo ahí las lágrimas por fin brotaron, “cuando sentí el peso de la soledad”.
Tiempo después, Yolanda regresó a Ahuehuepan y recientemente reabrió la tienda, hasta donde le llegaron rumores de que habían visto a su marido. En una ocasión, un hombre que por años fue cliente de su tienda, le dijo que un amigo estuvo secuestrado y le contó que había estado en un lugar donde vio a Beto, que estaba mal de salud y que lo sacaron a que tomara aire y ya no volvió.
Ella todavía se despierta por las mañanas en espera de un milagro: que Beto reaparezca. Pero eso no ha pasado.
Aún lucha para entender lo que pasó, de haber logrado volver a casa tras su secuestro, pero sufrir aún el de su marido. Después de su calvario, Yolanda se volcó hacia su fe.
“Me traté yo mismo de revalorizar y evaluarme si podía con esta situación sola. Y sí”, dijo. “Yo dije: ‘tengo que poder con todo esto, porque por algo me pasó’ y como nos han hablado dentro de nuestra religión, Dios no nos manda (algo) a los corazones débiles. Cuando es un dolor tan grande el Señor sabe a qué corazones nos lo da, porque son esos que los podemos superar”.
FUENTE: LA JORNADA/AFP.
En una camioneta vieja que conducía su cuñado llegaron al cruce de un camino donde le dijeron que alguien los esperaría, pero nadie estaba. Discutieron unos segundos sobre si era mejor irse pero decidieron continuar.
Hacia las 10:30 de la noche entraron a un pueblo en la zona montañosa del estado sureño de Guerrero. Dos camionetas llenas de hombres armados les cerraron el paso. Uno se acercó a pie.
_“¿Es usted la del teléfono?”, le preguntó.
Ella también reconoció la voz. A la voz que por una semana habían ambos escuchado, finalmente le ponían un rostro.
El hombre pidió el dinero y ella le estiró la bolsa de plástico llena de billetes. Su esposo no se veía por ningún lado. Entonces todo se descompuso.
_“¡Bájense!”, gritó el hombre.
_“¿Pero por qué?”, intentó reclamar. “Si me dijeron que tenía palabra y que no nos iban a hacer daño”.
El hombre subió la voz y le repitió que se bajaran. Le ordenó subirse a una de las camionetas. Sin decir nada, su cuñado fue llevado a la otra.
Al lado de ella se colocaron dos hombres armados. El hombre que al que después conocería como 'El Nico' se puso al volante.
_“Se va a quedar usted, porque su esposo escapó”, le dijo. “Y hasta que no lo recuperemos, o regrese, va usted a irse”.
Encendió el carro.
_“Y no queremos que chille, porque no nos gustan las mujeres chillonas”, le advirtió.
“Deme la mano señora”, le pidió el joven. “Démela, no tenga miedo”. Su amabilidad contrastaba con la agresividad de los otros. Comenzaron a subir por un pequeño camino que iniciaba en la carretera y subía por un cerro, en medio de la oscuridad.
Delante y atrás de ellos iban varios hombres armados que caminaban con cierta seguridad. Obviamente, no era la primera vez que pasaban por ahí, pensó Yolanda.
Cuando llegaron al campamento a su cuñado le vendaron los ojos y le amarraron las manos. A ella sólo le taparon los ojos. A los dos les ordenaron que se acostaran sobre la tierra y les dieron una cobija.
En la madrugada sintió que alguien metía una mano en el bolsillo de su pantalón. Se movió y un hombre le preguntó qué tenía ahí. “Doscientos pesos que traigo por si se me acababa la gasolina”, le respondió. El hombre tomó el billete y no revisó el otro bolsillo, donde ella guardaba un rosario de plata.
Sus captores les advirtieron que si querían ir al baño que avisaran, que no se levantaran sin decir nada porque podrían dispararles. En algún momento a ella le pidieron que alzara la cabeza y le colocaron algo como almohada (más tarde vería que eran dos overoles doblados).
Esa noche no pudo dormir. La misma idea le venía una y otra vez, más una esperanza que una certeza: quizá su marido no había escapado, tal vez sí lo habían mandado en un taxi a su casa.
“Señor, qué bueno que le vine a quitar un poquito de sufrimiento a él”, se decía en silencio, mientras sentía cómo algunos insectos caminaban bajo su espalda. Al menos su 'Beto' estaría en casa.
Se conocieron a finales de la década de 1970 en Iguala, una ciudad que se extiende en un valle rodeado de montañas al norte del estado de Guerrero. Yolanda estudiaba ahí para ser educadora; Luis Alberto Castillo acababa de abandonar sus estudios en la Ciudad de México también para ser maestro y siguió a su papá, recién separado. Pronto, ella dejó luego la escuela para casarse con él.
En 1991, Luis Alberto perdió su trabajo y la pareja resolvió mudarse a Ahuehuepan, una comunidad de poco más de 500 habitantes con una sola caseta telefónica y prácticamente sin señal de celular. Abrieron una pequeña tienda a la orilla de la carretera, donde también abundan los restaurantes.
Tuvieron cinco hijos y llevaban una vida tranquila, incluso cuando Luis Alberto enfermó de diabetes y la dolencia empezó a afectarle la vista.
En 2012, sin embargo, las cosas habían cambiado: las ventas bajaron porque cada vez había menos personas que viajaban por esa carretera que conecta Iguala y Altamirano, dos ciudades donde grupos rivales del narcotráfico impusieron el terror a través de asesinatos, extorsiones y secuestros. Su intención: controlar importantes rutas para mover la goma de opio procedente de la amapola de las montañas hacia el mercado de Estados Unidos.
Según cifras oficiales, más de 25 mil personas han desaparecido desde 2007, aunque muchas de ellas han atraído poca atención. Esa realidad cambió el 26 de septiembre de 2014, cuando la desaparición de 43 estudiantes, tras ser detenidos por policías, provocó indignación dentro y fuera de México.
Poco más de 100 cuerpos han sido descubiertos en fosas clandestinas, aunque la mayoría permanecen sin ser identificados. El resto de los secuestrados en autobuses, carreteras o sacados de sus casas o una tienda, simplemente siguen desaparecidos. A diferencia de los 43 estudiantes, ellos son conocidos como “Los otros desaparecidos”.
La mañana del 10 de enero de 2013, Yolanda salió a Iguala para ver si el Seguro Social tenía lista la cita para atender a su esposo de la retinopatía diabética que le estaba quitando la vista. Ese jueves, Luis Alberto se quedó en Ahuehuepan para atender la tienda.
Fue cuando una camioneta roja con cuatro hombres se estacionó frente a la tienda y uno de ellos entró y dijo a Luis Alberto que se iba a ir con ellos.
Beto, como le decían, era un hombre robusto y alto de 54 años. Intentó resistirse y se agarró de un tubo afuera de la tienda. Un segundo hombre bajó, le puso un arma en el costado y ya no opuso resistencia, según contó a Yolanda una mujer que observó a pocos metros el momento del secuestro.
Horas después, Yolanda recibió la llamada: “Yo soy el que tengo a su marido, si lo quiere volver a ver con vida necesitamos que me entregue 500 mil pesos”, le dijo el hombre.
Eso era casi 40 mil dólares. Yolanda le dijo que era mucho dinero, que la familia estaba en medio de una crisis económica. Le repitió que consiguiera el dinero si quería ver a su esposo con vida.
Las llamadas se repitieron por una semana. El hombre exigía el dinero y Yolanda le decía que había conseguido algo, pero no la cantidad completa.
Cerca de las seis de la tarde del siguiente miércoles el teléfono sonó. En esta ocasión escuchó otra voz, una conocida: su marido.
“¿Sabes qué ‘chaparra’?”, le dijo, “has lo que tengas que hacer, vende lo que tengas que vender, porque aquí todos los días me dan una chinga que ya no puedo ni ver, ya no veo, ya casi no veo”.
Yolanda le pidió que tuviera fe, que rezara, pero antes de poder decir algo más la voz del secuestrador le machacó en el oído que ya no le darían más tiempo.
“Ya nos cansamos de estar cuidando a este viejo”, dijo el hombre y cortó la llamada.
El teléfono sonó tres horas después. ¿Cuánto dinero tenía? En total, 120 mil pesos, dijo Yolanda.
“Ya tráigamelos, ya tráigame lo que tenga reunido”, dijo el hombre. Le dio instrucciones y le aseguró que después de que ella llevara el dinero, su marido regresaría a su casa en un taxi.
Yolanda puso el dinero en una bolsa de plástico, se cambió las sandalias por unos tenis y se puso un chaleco. Esperó a su cuñado y se fueron en la camioneta usada de su papá.
Al paso de las horas la venda de los ojos se cayó. Vio que en total había 18 hombres armados, la mayoría jóvenes, como de 20 años.
'El Nico', con quien había negociado el rescate, era un hombre flaco, alto, moreno y con los hombros hacia adelante. El otro, quien estuvo en el asiento del copiloto era 'el Tucán', de estatura mediana y moreno claro que actuaba como el segundo al mando y responsable directo de los hombres en el campamento.
Horas antes la habían interrogado en la camioneta: ¿Quiénes eran los más ricos del pueblo? ¿Cuánto le habían dado sus padres? ¿Tenía ella más dinero? Yolanda estaba segura que si daba detalles pondría en riesgo a su familia y a otros.
Les dijo que no tenían dinero, que sus papás le habían dado muy poco, que habían pedido prestado, que tenían deudas desde antes y que incluso tuvieron que irse un tiempo a Nayarit, para ver si ella conseguía un empleo, porque la enfermedad de su esposo se agravaba y la dificultad para ver le complicaba trabajar.
“Pues si quiere trabajar, nosotros le damos trabajo. Y pues sirve que paga sus deudas”, le dijo 'el Nico'. Le ofrecieron que fuera uno de ellos. “Matar, cortar cabezas, torturar...”, siguió.
“Válgame Dios, yo no nací para eso”, le respondió Yolanda.
La primera noche, algunos de los jóvenes fumaban marihuana y oyó que algunos aspiraban con una pajilla algo de una olla. Se mostraban entre ellos imágenes de mujeres desnudas en sus celulares y de pronto algunos pelearon.
“Hubo una discusión muy fuerte entre ellos y me dio miedo”, recordó Yolanda, una mujer de entonces 53 años. “Miedo de que ya estando drogados fueran a hacerme algo”, dijo.
Yolanda tenía su rosario de plata en el bolsillo, pero temía que se lo robaran si lo sacaba. Por eso usó las puntas de sus dedos como misterios de un rosario improvisado y comenzó a rezar en silencio.
“Ellos diciendo tontería y media y yo rezando, yo rezando”, dijo. Esa noche tampoco pudo dormir. Y volvió a pensar que al menos su marido estaría de vuelta en casa. Pero no la golpearon ni maltrataron.
En la mañana, los hombres compartieron el desayuno de chile con queso, frijoles y tortillas hechas a mano. Luego supo que la comida era preparada en un pueblo cercano.
Yolanda es una mujer bajita y delgada, con el pelo rizado que le cae hasta la mitad de la espalda. Sus ojos son de un café tan claro que, a veces, cuando les dan el sol, puede pasar por verdes.
“¡Ah! ¡Está guapa la señora! ¡Tiene ojos claros!”, dijo uno de los hombres la primera mañana. “¿Y no tiene hijas?”, le preguntó. “¡No!, tengo puros hijos”, le repitió dos veces, seria. Yolanda llegó a preguntarse ¿qué pasaría por la mente de sus hijos? ¿Cómo estarían?, pero rápidamente la mente se iba hacia su marido, a rezar.
Los hombres solían hablar de enfrentamientos, de que tenían que cuidarse de la policía, del territorio que decían les pertenecía, de la zona que no debían pasar porque ya era del grupo rival. Decían que ellos eran 'La Familia Michoacana', un cártel de las drogas que surgió en el estado vecino de Michoacán.
Hasta entonces, los cárteles de las drogas y la violencia del narcotráfico eran algo lejano para ella. “Nada más se oían rumores de que andaba todo eso mal, que había gente armada”, dijo. Luego su marido fue secuestrado y ahora ella estaba ahí, cautiva.
Después de que la detuvieron, 'el Nico' le reclamó que faltaban 5 mil pesos del rescate de su marido. Ella lo negó, dijo que lo había contado. Quizá, dijo el hombre, estaba nerviosa y contó mal. Y eso lo tendría que explicar al 'Patrón', al jefe.
Aún no terminaba la mañana del jueves, cuando le acercaron un teléfono. Era el 'Patrón'. Oyó la voz de un hombre de quien no sabría más, ni volvería a escuchar.
“¿Qué pasó señora con el dinero?”, le preguntó.
Otra vez la extraña mezcla entre un amable “señora” con una amenaza implícita.
“A lo mejor porque yo estaba muy nerviosa conté mal”, le respondió. “¿Qué más podía hacer?”, dijo.
Cuando 'el Tucán' se acercó a preguntarle con quién tendría que negociar su rescate, Yolanda no lo podía creer. “¿Cómo es posible?”, preguntó. “Si yo les dije que no tenemos dinero”.
El hombre subió el tono e insistió. ¿Sería alguno de sus hijos? “No, va a ser mi hermano”, le dijo. El mismo número, el de la caseta telefónica de Ahuehuepan.
Salvo que ellos preguntaran, ella prácticamente no hablaba. La mayor parte del tiempo sentada en una piedra. Miraba y escuchaba. Oyó el ruido de un helicóptero que pasaba por encima de ellos, cubiertos por las copas de los árboles.
“Si se pudiera avisarles que estamos aquí”, pensó. “Como una película”. Pero no se podía.
Obedecía en todo: cuando le decían que se acostara, que se quedara sentada; no se quejaba cuando tenía que pedir permiso y un hombre armado la acompañaba y se quedaba muy cerca de ella cuando tenía que ir al baño. Y el obedecer y no quejarse le hacía pensar que tarde o temprano le ayudaría a salir de ahí.
Aunque estaban en lo alto de un cerro, parecía un campamento familiar para ellos: el piso de tierra estaba limpio de hojas y alrededor habían sido acomodadas piedras para formar pequeñas bardas que delimitaban el lugar.
Por momentos, el viento llevaba un zumbido conocido: el ruido del motor de un tráiler y entonces recordaba que estaban cerca de la carretera. El olor a plantas, a tierra, cedía al del sudor y los cigarrillos de los hombres que la cuidaban.
Su propio olor empezaba a incomodarla. No podía limpiarse, si acaso las manos con un poco del agua que le daban a beber en una botella de plástico. “Levantarme y sentir que ya la ropa, pues ya está sudada y uno acostumbrado a bañarse del diario”, dijo.
Las horas pasaban lento, como en una pesadilla de la que no podía despertar. Su mente estaba en blanco por el miedo y el impacto. Pero también había resignación: “¿Qué haces, más que estar entregada a lo que venga?”, dijo.
El viernes 'el Tucán' tuvo otro reclamo. ¿Qué pasaba en su pueblo? Ella no entendía. “No sé ni de qué me está hablando. Yo estoy aquí con ustedes”, dijo.
Después de su secuestro, los habitantes de Ahuehuepan cerraron la carretera del pueblo y exigieron un retén para impedir más secuestros.
Los secuestradores no estaban felices con la conmoción mientras intentaban negociar rescates por sus víctimas, a las que simplemente llamaban 'ardillas'. Todo lo que ella supo fue que de pronto tenían que moverse de lugar. Bajaron el cerro y luego lo subieron de nuevo, aunque a una zona aún más alta.
La noche cayó en el nuevo campamento y Yolanda susurró a su cuñado que no se durmiera, no fuera a picarles un alacrán o una víbora. Pasó entonces por su mente la posibilidad de morir, de que si la picaban o mordían no alcanzarían a llevarla a tiempo a ningún hospital. Pero los obligaron a acostarse y después de dos noches sin dormir, el cansancio finalmente la venció.
La mañana del sábado los levantaron con la noticia de que regresarían al campamento original. Poco antes del mediodía el radio volvió a sonar. Tenían que bajar a las 'ardillas' a la carretera.
“Ya se va a ir señora, parece que ya se va a ir si ya dan el rescate”, le dijo uno de los hombres.
Pasaron más horas. Fueron a otro lugar: un cementerio donde los hombres recibieron su pago quincenal.
Y luego los llevaron a un cruce en una carretera donde estaba un viejo 'vocho' blanco, un Volkswagen escarabajo. Al volante estaba su hijo menor y al lado su sobrino, el hijo de su cuñado. Llevaban el dinero, aunque sólo 100 mil de los 500 mil pesos que pidieron.
Pero los problemas aún no terminaban. 'el Nicoe se acercó una vez más a ella. “Faltan 2 mil pesos”, dijo. “¿Quién se queda, usted o los chavos?”, preguntó.
En medio de su angustia, otro de los hombres se compadeció e intervino. “Ya, déjalos ir, ¿qué son 2 mil pesos? Total, déjalos ir”, le dijo.
'El Nico' pensó un poco. “Ya váyanse”, concedió.
Subió al auto y preguntó a su hijo: “¿y tu papá? ¿Dónde se quedó? ¿En la casa o está con tus abuelitos”.
“No mamá”, le dijo el muchacho, “mi papá no ha regresado”.
Cuando la liberaron, su hermana y su mamá la abrazaron y lloraron. Pero ella no pudo. Al siguiente día salió rumbo a Iguala con su hijo menor y sólo ahí las lágrimas por fin brotaron, “cuando sentí el peso de la soledad”.
Tiempo después, Yolanda regresó a Ahuehuepan y recientemente reabrió la tienda, hasta donde le llegaron rumores de que habían visto a su marido. En una ocasión, un hombre que por años fue cliente de su tienda, le dijo que un amigo estuvo secuestrado y le contó que había estado en un lugar donde vio a Beto, que estaba mal de salud y que lo sacaron a que tomara aire y ya no volvió.
Ella todavía se despierta por las mañanas en espera de un milagro: que Beto reaparezca. Pero eso no ha pasado.
Aún lucha para entender lo que pasó, de haber logrado volver a casa tras su secuestro, pero sufrir aún el de su marido. Después de su calvario, Yolanda se volcó hacia su fe.
“Me traté yo mismo de revalorizar y evaluarme si podía con esta situación sola. Y sí”, dijo. “Yo dije: ‘tengo que poder con todo esto, porque por algo me pasó’ y como nos han hablado dentro de nuestra religión, Dios no nos manda (algo) a los corazones débiles. Cuando es un dolor tan grande el Señor sabe a qué corazones nos lo da, porque son esos que los podemos superar”.
FUENTE: LA JORNADA/AFP.
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