Con el apoyo de Fuerzas Federales y Estatales fue detenido “El Cubi” por el asesinato de dos personas perpetrado durante un ataque armado en la carretera Cristóbal Colón, a la altura de la población de Marilú perteneciente a Santa María Tequisistlán, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca. 

En un comunicado la Fiscalía informó que ejecutó una orden de aprehensión que permitió la detención de A.R.Z., alias "El Cubi", por el delito de homicidio calificado con ventaja de dos personas y tentativa de homicidio en contra de otra víctima, ocurridos en la región del Istmo de Tehuantepec.

Cinco hombres resultaron lesionados por proyectiles de arma de fuego, la noche de este jueves sobre la avenida Chimalhuacán, esquina con la calle El Barrilito, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

La agresión ocurrió frente a una panadería, en una zona identificada por algunas fuentes como la colonia La Esperanza, aunque otros reportes la ubican en la colonia Benito Juárez.

Según información publicada por Reporteros en Movimiento, las víctimas se encontraban conviviendo cuando sujetos armados que viajaban en una camioneta abrieron fuego contra ellos sin previo aviso.

En la controversia y las protestas ciudadanas por el anuncio de la construcción de un museo nacional en la zona del parque museo La Venta, ha salido a relucir la falta de información pública sobre el proyecto, la ubicación exacta del inmueble y, sobre todo, la preocupación por el destino o manejo que tendrá el acervo arqueológico y natural que el parque resguarda desde 1958, cuando fue inaugurado.

Hasta el momento, los detalles del denominado Museo Nacional Olmeca sólo han sido presentados por el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, al gobernador morenista Javier May Rodríguez y algunos funcionarios estatales de manera privada, en una reunión el 2 de junio último.

Como las piezas sufren alteraciones, especialistas han hecho la recomendación de que deben estar resguardadas en espacios cerrados.

Un ejemplo de ello, dice, es el Museo de Arqueología de Xalapa (MAX), que es el segundo más importante de México.

El funcionario federal asegura que Tabasco no ha atendido esas recomendaciones, y que si bien el patrimonio arqueológico le corresponde al INAH, se lo ha dado al gobierno del estado “en comodato”.

Giordano Sánchez explica que en el nuevo museo el parque La Venta quedará igual, pues se mantendrá intacto el legado de Carlos Pellicer.

El poeta y museógrafo, originario de Villahermosa, tomó a principios de los cincuenta la encomienda de recuperar 36 piezas monumentales (entre ellas tres cabezas monumentales) y 33 monolitos de La Venta para instalarlos en el área al aire libre en Villahermosa, recreando el sitio original junto con vegetación y fauna.  El parque museo se divide en un área arqueológica y otra zoológica.

Versión oficial

Lo que se sabe oficialmente sobre el proyecto del Museo Nacional Olmeca fue informado mediante un comunicado del gobierno del estado luego de la visita de Diego Prieto; según el boletín, se contempla la construcción de un inmueble en la zona del parque museo La Venta que fusionará “el legado de Carlos Pellicer Cámara con la recuperación del Parque Museo Poema, además de la flora y la fauna”.

En la presentación, efectuada el 2 de junio, el titular del Ejecutivo estatal e integrantes de su gabinete escucharon los detalles por parte de Enrique Norten, del despacho de arquitectos Ten, que elaboró el proyecto.  

El gobierno estatal dijo impulsar la obra, “cuya edificación colocará a Tabasco como punta de lanza en la preservación y promoción de la cultura e historia”, y detalló que el inmueble abarcará 14 mil 700 metros cuadrados y en él se resguardarán piezas de La Venta.

El 9 de junio último, en rueda de prensa, el gobernador May aseguró que el Museo Nacional Olmeca nace de la necesidad de proteger las piezas que forman parte del patrimonio cultural de tabasqueños y mexicanos, debido al deterioro que presentan las mismas por estar expuestas al aire libre en el parque museo La Venta.

Aseguró que una vez que se tenga el proyecto ejecutivo se hará una consulta pública para conocer la opinión de la ciudadanía. 

Dijo que el proyecto ejecutivo también obedece a la recomendación de la UNESCO de preservar los vestigios de la cultura madre y estará a cargo del INAH, más “no se habla de talar árboles, sino todo lo contrario, cuidar y preservar lo que tenemos”.

El mandatario morenista consideró infundados los señalamientos de la oposición y los intereses políticos para descalificar la iniciativa, y convocó a la ciudadanía a no dejarse manipular y a esperar a conocer el proyecto ejecutivo.

Agregó que las piezas que se exhiben tienen más de medio siglo a la intemperie y ya muestran un avanzado deterioro, por lo que el gobierno tiene la responsabilidad y el compromiso de contribuir con la conservación del patrimonio de la cultura olmeca.

El secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Daniel Casasús Ruz, también salió a hablar públicamente para defender el proyecto, y coincidió con el gobernador en argumentar que la UNESCO ha pedido que se resguarden las piezas de la cultura olmeca que se encuentran en la intemperie.

Aguilar sostiene que son ciudadanos los que llegaron a las dos marchas de la semana pasada. 

La activista dice estar de acuerdo en que hagan el Museo Nacional Olmeca, pero no sobre el museo parque de Villahermosa, sino que se edifique en la propia localidad de La Venta, o en otros espacios ajenos al parque actual, como el CICOM (Centro de Investigaciones de la Cultura Olmeca y Maya), que ya existe en Villahermosa, o en la Plaza de Toros de la capital tabasqueña.

Para la activista, el trasfondo es que el INAH siempre se ha querido llevar las piezas olmecas que administra el gobierno del estado. Incluso mencionó que hay “cuatro o cinco casos” de piezas que se llevó el INAH y no las ha regresado.

Pero no podrá, afirma, pues “el intento de tirar La Venta tocó el corazón de los tabasqueños, pues ahí van las familias los domingos”.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que José Manuel “N”, identificado como integrante del “Sindicato 22 de Octubre”, fue vinculado a proceso por el delito de extorsión. 

La autoridad judicial estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y dictó prisión preventiva justificada para el imputado.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el pasado 6 de junio José Manuel “N” se presentó en una empresa ubicada en la colonia Los Reyes Acaquilpan Centro, donde se ostentó como miembro del sindicato y solicitó a un empleado el pago de 10 mil pesos.

Además, se le acusa de amenazar con un arma de fuego a la víctima, y de advertirle que, en caso de no recibir el dinero, “no los dejarían trabajar a gusto y les iban a quemar los camiones y atentar contra sus operadores”.

Marina del Pilar Ávila Olmeda, la gobernadora de Baja California, ha dejado de tener actos verdaderamente públicos, abiertos a la ciudadanía. Su agenda institucional está cerrada, ni siquiera a los representantes de los medios de comunicación se convoca. Mucho menos acude con aquella estrategia política que utilizaba, de manera espontánea, a lugares donde la asistencia no esté contralada por su equipo.

La agenda pública de la gobernadora de Baja California es cerrada. En los actos que encabeza la asistencia está controlada, se trata de beneficiarios de programas sociales, de afines a su partido y por tanto a su gobierno, tal cual como aquella manifestación de Estado a su favor, que se organizó en Tijuana entre partido y gobierno para contrarrestar la carnita asada mexicalense, y donde todos los asistentes fueron controlados, acarreados, pagados o llevados obligados.

Cerrar la agenda, controlar la asistencia, es la manera que evidentemente su equipo ha encontrado para contrarrestar la animadversión pública que se despertó contra la mandataria estatal morenista, a raíz de que primero su esposo y luego ella, informaran en sus páginas de Facebook y por separado, que les habían revocado la visa para entrar a los Estados Unidos.

Los días siguientes se develaron nuevos aportes al contexto en que les fueron retiradas las visas a Carlos Torres Torres y a Marina Ávila, la gobernadora. Él, junto con su hermano, fueron mencionados en una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR), como parte del entramado ilícito para importar combustibles a México, provenientes de los Estados Unidos, defraudando a la Hacienda Pública, a Petróleos Mexicanos, a través del huachicoleo, entre otros delitos señalados en la investigación. Además, en los Estados Unidos, confiarían agentes a ZETA, Carlos Torres también había sido mencionado en un caso de lavado de dinero y conspiración para la comisión de otros delitos.

En medio de las sospechas, la ausencia física del esposo de la gobernadora, y el hecho que ella tuviese que enfrentar tal crisis sola, también fue revelado en medios de comunicación, a partir de una imagen ciertamente compartida por Marina Ávila en sus redes sociales, la existencia de una casa que fue adjudicada a su propiedad, en la exclusiva zona de Rancho Santa Fe en San Diego, California, Estados Unidos.

Mientras los señalamientos sucedían, y el polémico empresario a cuyo nombre está la mansión, y que comparte propiedad con su jefa de finanzas, que resultó ser la esposa del exfiscal de Baja California, Ricardo Iván Carpio, la gobernadora se sostuvo de la versión del empresario Fernando Salgado, para justificar que efectivamente la casa no era suya, pero que sí la había visitado.

Pero entre la revocación de la visa, el hecho que el país vecino prácticamente los señalara de non gratos para entrar a su territorio, y les haya perdido la confianza para revocarles el documento emitido para ello, la mansión de casi 4 millones de dólares que presumió en redes sociales junto a sus padres e hija, la ausencia pública de su esposo y su cuñado, quienes por semanas pusieron tierra de por medio, a la otrora muy pública y presente en redes Gobernadora Marina Ávila, la alcanzó la animadversión social.

En cada publicación que ella o su esposo hacen en las redes sociales, se llena de comentarios negativos hacia sus personas, sus conductas o sus actitudes. Los equipos de redes sociales se encargan de borrar tales comentarios, pero son tantos que no alcanzan a “limpiar” las sentencias y dejar sólo las positivas.

Para borrar esos probables comentarios negativos fuera de las redes sociales, los actos de la gobernadora son controlados, se limita la asistencia y en ocasiones ni siquiera se convoca. Como sucedió el jueves 12 de junio cuando se inauguró una estructura arquitectónica para hermosear una zona del Parque Esperanto en Tijuana.

En el lugar se abriría, con listón inaugural, una zona de alimentos, una fuente, el Pabellón José Galicot con la escultura de Daniel Ruanova, entre otras novedades para hacer más completa y funcional el área recreativa.

Dedicado altruista, comprometido empresario, fervoroso promotor de la cultura, las artes,  cronista y defensor de Tijuana, don José Galicot trabajó mucho por esa zona, por esa obra, por ese pabellón, al cual le pusieron su nombre para honrarlo, pero no pudo presumir su hazaña, porque el gobierno del Estado cerró el acto. No convocó a medios ni a usuarios, ni a ciudadanos.

Paradójicamente en un parque, un área que concentra para su esparcimiento a la sociedad, el acto fue cerrado para ser videograbado y transmitido “en vivo” en las redes de la gobernadora, cerrando la posibilidad de cualquier manifestación en el área, fuese a su favor o contra.

Al acto, llegó con su esposo, Carlos Torres Torres, pues él había sido el promotor de ese espacio social de entretenimiento cuando era coordinador de Proyectos Estratégicos, pero no se permitió que se les tomara foto alguna, de hecho, ni el gobierno del estado envió alguna imagen de la pareja juntos en la develación de la obra y el Pabellón José Galicot, el único espacio que tuvo una formal, aunque cerrada inauguración.

Fueron poquísimos los invitados al parque ese día. Aparte de la gobernadora y su esposo Carlos Torres, por supuesto el homenajeado José Galicot, algunos miembros de la familia de él, algunos empresarios que también contribuyeron como Carlo Muzquiz, de igual manera Luis Lutteroth, y pocos funcionarios, el titular de IMOS, la secretaria del Medio Ambiente, el director del sistema Cobach y párele de contar.

El acto duró menos de 30 minutos, y el discurso de la gobernadora apenas 8 minutos.

Refirió en su discurso la gobernadora a don José Galicot, como “alguien muy especial, alguien que siempre ha sabido cómo plantarnos una sonrisa, hacernos bailar y, por supuesto, contagiarnos de optimismo en los momentos más complejos. Un tijuanense nacido en la sierra de Chihuahua que siempre busca el cómo sí, el sí se puede, el sí se pueden hacer las cosas… Por ello, yo he decidido que este lugar, que este pabellón (lleve) el nombre del Pabellón José Galicot”.

Y también tuvo reconocimiento para su esposo: “Este parque representa la suma de muchos esfuerzos de personas como don Pepe Galicot, que siempre se la han jugado por Tijuana y por Baja California. También quiero agradecer de manera muy especial a Carlos, es mi esposo, Carlos Torres, porque durante todo este tiempo ha sido el alma de estos proyectos. Muchas gracias, muchas gracias por tu apoyo y muchas gracias por poner tu corazón por delante para que esto sea una realidad por los discapacitados”.

Sin embargo, pocos fueron testigos no sólo del homenaje a don José Galicot, sino del respaldo que, otra vez, le da la mandataria estatal a su marido, en la nueva etapa de los actos cerrados de una gobernadora pública.

Entre el  jueves 12 y la madrugada de este viernes 13 de junio dos cadáveres fueron localizados al interior de dos vehículos abandonados en los distritos de La Presa y Playas de Tijuana, en esta última dirección también se halló el cuerpo sin vida de un hombre con lesiones de arma de fuego, hecho en el que se detuvo a dos presuntos miembros del Cártel de Sinaloa (CDS).

El primer hallazgo fue el registrado a las 14:19 horas de la tarde del jueves en la colonia Los Laureles, donde se encontró a un hombre sin vida, identificado como Vicente Chávez García, quien tenía una lesión de bala en la cabeza.

En este hecho fueron detenidos José Ángel Solis Bueno y Manuel Munguía Moreno, quienes supuestamente están identificados como integrantes del CDS.

Varias horas más tarde del hecho anterior, a las 21:24 horas en el Ejido Rojo Gómez se halló el cadáver de otro hombre, el cual no ha sido identificado, al interior de un vehículo estacionado en un lote baldío. La víctima tenía lesiones de arma de fuego.

La madrugada de este viernes 13 de junio a la 01:27 horas en la colonia Herrera, fue localizado un vehículo marca Toyota línea cambry color guinda con placas de circulación A49NWB4, y en el asiento trasero de este se encontró un bulto con silueta humana envuelto en una cobija color rojo con amarillo, al inspeccionarlo se descubrió que se trataba de una mujer sin vida que estaba maniatada.

Tijuana suma 44 homicidios en junio.

El niño Fernando fue víctima de un secuestro virtual en el municipio de Ayala, Morelos, confirmaron autoridades estatales. Gracias a la colaboración entre vecinos y corporaciones de seguridad, el menor fue localizado sano y salvo, escondido en una barranca del poblado de Tenextepango. 

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia, explicó que el menor de 12 años fue engañado mediante una llamada telefónica que simulaba una situación de riesgo, lo que derivó en su desaparición.

Néstor Jesús Garduño, de 38 años, quien era coordinador de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, fue asesinado tras ser víctima de un ataque a balazos afuera de su domicilio, en la colonia Valle Dorado en esta ciudad. 

El atentado contra el integrante de la organización popular más reconocida de Puebla, la cual está por cumplir 51 años de su fundación, ocurrió la noche del martes 10 de junio, alrededor de las 21 horas, cuando Garduño llegaba a su casa y fue atacado a balazos por un sujeto que cubría su rostro con un casco negro.

Cuando estalló el escándalo de la Casa Blanca adjudicada a la familia Peña-Rivera, entonces presidente Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera primera dama del País, por allá de noviembre de 2014, y el grupo de investigación de Aristegui Noticias develó que poseían una mansión valorada en unos 7 millones de dólares, que además estaba a nombre de una empresa relacionada con el Grupo Higa, el principal constructor de los gobiernos del priista, quien salió a dar la cara por la casa fue la esposa, entonces y ahora apodada La Gaviota por una interpretación en una telenovela.

Sola, con un traje morado, contra una pared, con los brazos sobre una mesa y sosteniendo documentos en sus manos, Angélica Rivera habló por ella y defendió su patrimonio. Pocos le creyeron. Sin embargo, salió a dar la cara por su familia, incluido su esposo, el presidente Enrique Peña Nieto.

En Baja California, después de que el 10 de mayo el esposo de la gobernadora informó vía Facebook que su visa de turista le fue revocada, y que con ello había afectado a su esposa, Marina Ávila, no ha dado la cara en 27 días. El primer caballero del estado, y recién afiliado a Morena, ha permanecido escondido en algún lugar de México, o del mundo, y ha dejado sola a su esposa.

No sólo la dejó con la crisis más grande que haya tenido cualquier gobierno estatal en México: que un gobernador, en este caso mujer, en funciones, le hayan retirado la visa para entrar a los Estados Unidos, que prácticamente le prohibieran el acceso a ese país, y para agravar el asunto, estando al frente de la administración de uno de los estados fronterizos con la Unión Americana una relación binacional prioritaria en esta región económica.

A los días del anuncio de la revocación de las visas, primero la del esposo y luego la de la gobernadora, otro escándalo, el segundo en menos de dos semanas, sacudió al gobierno de Baja California: una casa de cuatro millones de dólares, que la propia mandataria presumió en redes sociales, localizada en Rancho Santa Fe, en el condado de San Diego, California, donde departió con sus padres y su hija, pero que está a nombre de un polémico empresario, Fernando Salgado, ligado no sólo a Morena, también al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, y en algunos proyectos al gobierno del estado, a Carlos Torres Torres y hasta al exfiscal, Ricardo Iván Carpio.

Ambas polémicas, las más grandes que han sucedido en Baja California con el retiro de la visa norteamericana a la mandataria estatal, algo que nunca había ocurrido en el País, y en la utilización de una mansión millonaria en San Diego, la gobernadora Marina Ávila Olmeda las ha enfrentado sola. De su marido nada se sabe, sólo lo que publica en Facebook.

De tener una vida muy pública, de representar junto a su hermano Luis Torres los intereses de la gobernadora, de ser escoltado por camionetas oficiales con escolta y apoyado en las relaciones públicas por el publirrelacionista de Jorge Hank y del gobierno del estado, Miguel Ángel Badiola, Carlos Torres pasó al ostracismo. Se escondió, se esfumó, se ocultó del ojo público y el martes de esta semana, el 3 de junio, finalmente hizo desde donde se encuentre refugiado, lo que debió hacer cuando el retiro de su visa de turista para entrar a los Estados Unidos: se deslindó del cargo “honorario” que su esposa le concedió y el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño también.

Si como Torres Torres dijo en su publicación inicial que lamentaba “profundamente que esta situación haya tenido consecuencias para mi esposa, Marina del Pilar”, y él se consideraba responsable de lo que su esposa estaba viviendo, la pregunta es por qué no se deslindó de su gobierno de manera inmediata. De hecho, fue la gobernadora, quien días después de informar de las revocaciones a ambos de las visas norteamericanas, lo ratificó en el cargo de coordinador de Proyectos Estratégicos.

Hubieron de pasar 25 días, para que finalmente el esposo se deslindara de los espacios de gobierno que ocupaba en la administración de su mujer y en la de Tijuana. Finalmente, fue convencido quizá, o entró en razón tal vez, de hacerse a un lado y no seguir explotando las posiciones políticas de su pareja para provecho de sí mismo, como lo ha hecho sistemáticamente desde 2019 cuando ella era alcaldesa de la capital bajacaliforniana.

La cuestión es que -a diferencia de Angélica Rivera, que lo hizo de frente, con cámaras, que no se escondió y continuó con su vida de primera dama de México-, Carlos Torres, el primer caballero de Baja California, no da la cara; informa desde la oscuridad, agazapado en algún lado justificando poner “pausa” a su vida pública para dedicarse a su familia, a sus hijos, pero dejando sola a su esposa con la crisis política más grande que ha habido en el estado, de la cual es protagonista.

Ahora sí que en el caso de la familia Ávila-Torres no hay un gran hombre detrás de una gran mujer, sino un hombre camuflajeado en el gobierno de su esposa, amparado en un partido político poderoso, confiado en la protección del oficialismo desde la Presidencia de la República, oculto en algún lugar, alejado del ojo público, arropado con la impunidad de investigaciones truncas en la FGR, pero muy señalado por la autoridad de los Estados Unidos que le niega el acceso a su territorio.

Quizá, con el ocultamiento de Carlos Torres, con el hecho de dejar sola a su esposa enfrentando las crisis políticas y personales que tiene, sus aspiraciones a ser candidato de Morena a la alcaldía de Tijuana en 2027 también se hayan esfumado, así como su persona que se perdió en medio del peor brete que se tenga en la historia de Baja California.

La protesta ciudadana sigue: sea con carnes asadas, con gritos de “Fuera Marina” en cualquier concentración de personas, o con el ya muy popular “¿Y el Torres?”, emulando a quienes en Sinaloa buscaban al Gobernador Rubén Rocha. Pero en Baja California, quisieran saber dónde está el esposo de la gobernadora y por qué no da la cara. Al menos, como sí lo hizo La Gaviota, en 2014.

La comisaria del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento (Simas) de Piedras Negras, Dolores García García, presentó evidencias del pago por consumo de alcohol a través del erario público que fue facturado tanto por el gerente del organismo, Lorenzo Menera Sierra, así como por integrantes del Consejo Directivo y empleados diversos.

Las irregularidades van desde la compra de artículos personales, como tenis de marca y con un costo de más de tres mil pesos, hasta contratos a familiares del gerente y proveedores que no se encuentran en el padrón y también son familiares de regidores, además de facturas por gasolina y alimentos a trabajadores y varias personas que no se encuentran en la nómina, así como el pago de arrendamiento de maquinaria con la que sí cuenta la dependencia.

Fernando Salgado Chávez es un personaje muy cercano al poder en Baja California. Aunque públicamente se mueve con un bajo perfil, su influencia la viven y la padecen otros empresarios de la región, particularmente en Tijuana, Rosarito y Ensenada.

Originario del puerto de Ensenada, dicen quienes le conocen que es dado a ser la mano que mueve los hilos, o la cuna de la política, lo cual logra a partir de invertir recursos en las campañas políticas. En el puerto bajacaliforniano fue muy ligado al gobierno de Armando Ayala, quien a su vez fue señalado incluso ante la hoy alcaldesa, Claudia Agatón, como quien obstaculizaba obras y desarrollos por no llegar a acuerdos extraoficiales financieros.

En Baja California, hace unos 15 años, Salgado Chávez hizo amistad y compadrazgo con quien sería el fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, motivo por el cual, la esposa del ex fiscal, Anakaren Sánchez Rodríguez, aparece como la directora financiera de la empresa INTL Builders Inc, que dirige Salgado, y la cual compró la casa en Rancho Santa Fe en la que se exhibió la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda (y su familia cercana) en redes sociales.

Para darse una idea de la estrecha relación entre Salgado y Carpio, la esposa de este último es lo que en Estados Unidos se conoce como CFO (Chief Financial Oficcer, por sus siglas en inglés), pero en México en cualquier empresa ese cargo se conoce como “Director Financiero”, y se trata del “responsable de gestionar las actividades financieras de una organización. Supervisa la planificación financiera, la gestión de riesgos, el mantenimiento de registros y la elaboración de informes financieros, garantizando así la salud financiera de la empresa. Los CFO suelen reportar al CEO y tienen una responsabilidad fiduciaria ante la Junta Directiva y los accionistas”, de acuerdo a su definición.

En Rosarito, en la época en que el ayuntamiento lo encabezaba Araceli Brown, el encargado de Desarrollo Urbano, Enrique Díaz Pérez -refieren empresarios de la construcción- tenía dos jefes extraoficiales: uno el notorio por haber sido detenido por narcotráfico en 2009, Candelario Arceaga, el Cande; y el otro, Fernando Salgado Chávez.

Pero cuando esa administración en el quinto municipio terminó, esos poderes fácticos mudaron a Tijuana.

Efectivamente, empresarios de la construcción en la fronteriza ciudad, comentaron a esta columnista cómo Fernando Salgado controla toda obra, concesión o contrato que se otorga en la administración de Ismael Burgueño; para ello proveyeron la lista de funcionarios que se reportan no con el alcalde, sino con Salgado. Entre ellos, por supuesto, Enrique Díaz Pérez, quien pasó del Ayuntamiento de Rosarito, a ser el encargado de Desarrollo Urbano de Tijuana.

Se suma Pedro Montejo Peterson, secretario de Economía, quien es íntimo amigo de Fernando Salgado; Juan Diego Mascareño López en el IMPLAN; Nelly del Carmen Pabello Vega en Oficialía Mayor; y, muy importante, Fran Ochoa Chávez, en la Dirección de Obras e Infraestructura.

Con este entramado de colaboradores municipales, la red de Salgado -confiaron los empresarios- se encarga de bloquear proyectos que no concilian con ellos en términos financieros. Varios de los entrevistados para este texto, que solicitaron el anonimato por muy obvias razones de represión o mayores obstáculos en los trámites municipales, confiaron que los permisos, anuencias, citas, proyectos que entregan al Ayuntamiento de Tijuana no tienen el visto bueno del alcalde Burgueño, sino del empresario Fernando Salgado, a quien los funcionarios le reportan directamente. Algunos de estos desarrolladores están esperando que concluya la presente administración en Tijuana, para poder reactivar sus proyectos en otras condiciones y con otros funcionarios.

Toda esta red de funcionarios al servicio de externos y no del ayuntamiento, salió a colación una vez que se hizo público que la casa en la que la gobernadora Marina Ávila Olmeda presumió la celebración del Día del Padre en junio de 2024, y que publicó en su red social X, y que se asumió era su residencia, está a nombre de la empresa de Fernando Salgado donde la esposa del ex fiscal Carpio, Anakaren Sánchez, también aparece como directora financiera.

La mansión, porque, de hecho, el término de casa le queda chico, tiene alberca, seis recamaras, cuatro baños y medio, jacuzzi, barra, y hasta una playa artificial; además, claro, de las áreas de uso personal y común como salas, cocina, estancias y etcétera. Esta casa se descubrió cuando Marina Ávila publica la foto festejando a su padre, y la escenografía, un elegante sofá blanco con cortinas cafés, coincide con la de la mansión puesta en venta en marzo de este mismo año, un mes antes de que, al esposo de la gobernadora, Carlos Torres, y a ella misma, les fuera revocada la visa para internarse en los Estados Unidos.

La residencia en cuestión fue adquirida por tres millones 995 mil dólares, y por ejemplo, en el 2024, nada más de predial, pagó poco más de 50 mil dólares.

Tanta opulencia presumida por la gobernadora en sus redes, en momentos de una crisis política como la que vive por la revocación de su visa, hizo que se investigara la foto que publicó, y a la persona que ella señaló como el propietario de la mansión. Así se conoce la influencia de Fernando Salgado Chávez en la política bajacaliforniana y los bienes y raíces en los Estados Unidos, que utilizan mexicanos; o utilizaban, cuando podían entrar a aquel país.

La cuestión es si el poder y la influencia de Salgado seguirá ahora que se conoce de sus redes; o si, por ejemplo, el alcalde Ismael Burgueño retoma la administración de su gobierno y nombra a sus propios funcionarios; o si de plano el compromiso es tanto que se mantiene el escenario como está. Y eso, se verá en los próximos días.

Pero de que se ha destapado algo en Baja California, es una realidad innegable.

El expresidente de Bienes Comunales de Santa Cruz Tagolaba, Anastasio “N”, alias “Tacho Canasta”, fue asesinado en un terreno de labranza en conflicto ubicado en la Sexta Sección de esa comunidad perteneciente al municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca.

El atentado contra del exlíder comunal “Tacho Canasta” se registró este día en un predio cercano al hospital del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) en Santo Domingo Tehuantepec, el cual se encuentra en disputa por la presunta invasión de este personaje y su hermano Sergio Gutiérrez, quienes han sido acusados de encabezar un grupo armado y de contar con la protección de gobiernos priistas y ahora morenistas.

La mañana de este domingo, 25 de mayo de 2025, una narco manta, presuntamente adjudicada a un integrante del Cártel Arellano Félix (CAF), fue dejada en la entrada del fraccionamiento Natura, sección Bosques, sin que hasta el momento se reporte algún detenido.

El narco mensaje estaba en un camión gris, estacionado en la privada Cardenales esquina con bulevar Natura, enfrente de una tienda Oxxo, del citado fraccionamiento en el sureste de Tijuana, según la información obtenida por ZETA

“Hola. Me comunico presencialmente no es amenaza pero si no se ponen vergas (016), (015) D´ Fracc. Natura a quien dejen jalar agusto le comenzaré a tronarlos todos sus puntos. Bueno a lo que voy traigo 6 personas en mi lista Reitero me comunico para el permiso y no poner hoy su zona Natura vamos x ustedes, 1 tragedias, el Fockner, Chuy, Fran, Iair, Luis Pinchez ratas ATTE, Mata ratas Tijuana CAF (Sic)”, señalaba textualmente el mensaje.

Cinco días antes, el martes 20, en un puente sobre el bulevar Fundadores de esta ciudad fronteriza fue abandonado otro narco mensaje presuntamente firmado por el CAF. En él amenazaban al Hibael Suárez Osorio, comisionado de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE)

“Hibael Suárez Osorio Comisionado de la policía ministerial. Sigues tu por ratero Regresa los 50 mil dls que te robaste Ya viste como le fue al agente que mandaste a robarnos ATTE. CAF (Sic)”, señalaba el mensaje.

Ese día, otra manta colocada en el puente rosa del fraccionamiento El Mirador indicaba: “Romero de que sirvieron los 20 mil dls para tu silla que se la dieron a Carrillo. Si no respetas acuerdo (Sic)”

Por este hecho fueron aprehendidos Héctor Omar “N” y Dylan Eduardo “N” en inmediaciones de la colonia El Porvenir.

Las organizaciones y pueblos cholultecas llegaron a un acuerdo con el gobierno estatal y el ayuntamiento de San Andrés Cholula para que sus estrategias comunitarias, ante la expansión inmobiliaria sobre sus tierras, sean tomadas en cuenta en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano.

Luego de 36 horas de mantener un bloqueo en la carretera federal que comunica Puebla con Atlixco, los manifestantes lograron establecer una mesa de diálogo con el subsecretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, y la alcaldesa de San Andrés, Guadalupe Cuautle.

Tras horas de negociaciones, las autoridades aceptaron dar continuidad a un convenio que ya se había firmado en años anteriores para tomar en cuenta estas estrategias que buscan evitar que los pobladores originarios sigan siendo desplazados de sus tierras o que se saqueen recursos como el agua.

Parte de los acuerdos firmados es que, en una mesa de trabajo, académicos de universidades como la Ibero, la Buap y la Udlap, expongan los análisis que ya emitieron sobre estas estrategias y propuestas, y que esto se haga con la participación de representantes de la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado.

“Una vez realizada la exposición de dictámenes o documento de factibilidad por las Universidades, y en caso de que exista viabilidad jurídica y técnica manifestada por todas las instancias competentes en la materia, se iniciará el proceso para la integración de las estrategias y/o acciones propuestas por los pueblos originarios, por el Ayuntamiento de San Andrés Cholula”, indica el documento firmado.

Entre las estrategias que proponen está el crear polígonos de protección, de terrenos no vendibles, en torno a los pueblos originarios; revertir los incrementos en costos de escrituración de propiedades en comunidades cholultecas; frenar extracción de agua y llevar a cabo estudios sobre riesgo de hundimientos, entre otros.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió un boletín para aclarar que las obras propuestas por el gobierno de Alejandro Armenta Mier, como son el Cablebús y la Universidad del Deporte, aún no han sido aprobadas y siguen en evaluación, pues apenas fueron presentados sus proyectos este 21 de mayo.

En rueda de prensa el día 22, el gobernador poblano aseguró que esas dos obras ya las había autorizado el INAH “por unanimidad”.

La tarde de este sábado 24 de mayo fue colocada una manta afuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, ubicadas sobre bulevar Cuauhtémoc y Río Suchiate en la colonia Revolución.

La manta amenazaste fue dejada en un vehículo tipo sedan marca Toyota Celica de color gris con placas A89NSX1, el cual estaba estacionado en la parte posterior de la Secretaría de Seguridad.

En la manta se podía leer: “Hay te va pinche maricon que la juegas al verga de ser jefe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana (Luis Juan Ramírez R) si le sigues la cura pendeja al 01 Luis García Barraza te vas a terminar arrepentido porque ya sabemos quién es el que maneja tus negocios sucios y te los vas a sentar para que te metas al carril y cantada doble (Jean Eliut Villanueva García) va a chingar su madre, para que sepa aquí todos están ubicados, pero son más conscientes y saben que la silla no es para siempre así que alineate y ábrete porque les queda poco tiempo. Atte CJNG”.

Fue a las 12:26 horas del medio día, vía frecuencia de mandos, que personal de monitoreo informó de una pareja sospechosa, la mujer estaba vestida de negro y el hombre usaba camisa azul, que estaba revisando las instalaciones de la Secretaría, indicando que estos se fueron en dirección a la Avenida Paseo de los Héroes a espaldas del establecimiento de comida rápida Carl’s Jr.

Al lugar arribó una unidad de la Policía Municipal, la cual notificó que posiblemente los presuntos responsables iban a bordo de un vehículo marca Honda Accord de color blanco con placas de California, Estados Unidos, 7UKX579, en dirección al Mercado Hidalgo, ubicado sobre el bulevar Sánchez Taboada.

Los agentes realizaron la búsqueda de los presuntos responsables, logrando ubicarlos sobre las calles Manuel Gutiérrez y Juan de Dios Peza, en donde fueron intervenidos.

De acuerdo con el reporte, posteriormente se informó que faltaba un segundo vehículo, por lo que realizaron la búsqueda, encontrándolo en la parte posterior de la Secretaría, siendo este el que contenía el mensaje amenazante.

Aunque la demanda de derechos fue admitida, el juez de amparo se declaró incompetente para conocer de la misma, pues la quejosa señala prácticamente a todos los juzgados federales, además de los del fuero común.

Citlalli Amaya, emanada del partido Movimiento Ciudadano (MC) y que fue alcaldesa de Tlaquepaque durante el periodo 2022-2024 pidió la protección de la justicia en contra del acto consistente en “la orden de aprehensión y su ejecución”.

Sin embargo, dice el juez de amparo “en el apartado denominado “autoridades responsables ordenadoras” de dicha demanda, se observa que se señaló como tal a este Juzgado Federal, así como al resto de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco”.

“Bajo ese panorama, se pone en evidencia que en este momento, se actualiza la regla de competencia excepcional prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo”, advierte el juzgador, por lo que la demanda de garantías podría ser remitida a un juez de distrito de Colima.

Hasta el momento se desconocen los motivos por los que la regidora y exalcaldesa teme ser detenida, pero la actual presidenta municipal, Imelda Pérez Segura, de Morena, ha denunciado irregularidades y daños al erario por parte de la administración anterior a la suya por 139 millones 272 mil pesos.

A 14 años de uno de los hechos más violentos registrados en el estado de Veracruz, un juez de control dictó sentencia condenatoria de 70 años de prisión contra Víctor Hugo “N”, encontrado culpable de homicidio doloso calificado en agravio de 65 víctimas y de homicidio doloso calificado en grado de tentativa contra una persona identificada con las iniciales T.L.M. 

Además de la pena privativa de libertad, el juez ordenó el pago por concepto de reparación del daño y la suspensión de sus derechos civiles y políticos, en el marco de la causa penal 760/2018.