FGE de BC retrasa resolución de carpetas donde los presuntos responsables son funcionarios morenistas de primer nivel
En el acto, los legisladores morenistas la felicitaron, le preguntaron porcentajes, le hicieron peticiones y propuestas. Esto mientras el público, “funcionarios públicos de la FGE, en horario laboral, fuera de sus funciones… que deberían estar atendiendo a los usuarios porque eran horas laborables” -acusó en voz alta y con algunos calificativos, la diputada petista, Yohana Hinojosa Grijalva- se la pasaron aplaudiendo a su jefa y cuestionando con murmullos a los congresistas inconformes son las repuesta de su empleadora.
Los pocos diputados de oposición, aunque procuraron cuestionarla respecto a la multitud de temas pendientes en homicidios, desaparecidos, extorsiones, etcéteras, se quedaron muy cortos.
A pesar de que la comparecencia se eternizó a lo largo de casi siete horas de preguntas y respuestas, la información substancial compartida por la fiscal fue muy limitada, y lo que respecta al tema de la justicia selectiva -donde la FGE, teniendo denunciados como presuntos responsables a ex funcionarios de primer nivel emanados de Morena, ha resultado convenientemente, más ineficiente-, de ese tema sólo le hicieron dos preguntas, a las que dio respuestas vagas.
Fue precisamente la diputada Hinojosa Grijalva quien la cuestionó respecto a la muerte de Martín Damián, de 10 años, como resultado de la falla de aplicación de protocolos en un caso de acoso, sucedida desde el 3 de noviembre del año 2023, en el que un docente ya fue detenido, juzgado y liberado, mientras los médicos y la clínica -en la que el padre del Oficial Mayor del Estado, David Ramsés Cervantes Aguilar, es accionista-, “y cuya conducta fue determinante para el desenlace fatal”, continúan sin ser procesados.
La justificación de la fiscal fue que 22 meses después, la fiscalía acababa de recibir el dictamen médico de IMSS-Bienestar, y aún estaba por recibir dictamen de la Comisión de Arbitraje Médico (CAME), que es con el que más habían batallado, sin más datos.
Pero en el caso de esta misma Clínica Internacional, que continúa impune recibiendo contratos, la fiscal no ha dado cuenta y nadie la ha cuestionado, del seguimiento por mala praxis, en el caso de Kim, la niña de preescolar que reportó dolor vaginal, que data de septiembre del 2024, el cual resultó en una deficiente investigación y la ausencia de justicia para la menor y el profesor, que fue inicialmente implicado sin elementos de prueba.
La petista también preguntó de los avances en las dos denuncias por delitos sexuales presentadas en contra del ex secretario de Bienestar en el XXV Ayuntamiento de Tijuana, Erick “Terrible” Morales, una presentada en enero del 2024 -hace 19 meses- por delitos cometidos en el 2013, y la más reciente presentada el pasado 9 julio; de nuevo, Andrade aseguró que están trabajando, recordó que la denuncia más reciente describe el delito con lujo de aberrantes detalles, y remató asegurando que ella ni conoce al imputado, como si eso fuera razón suficiente para no favorecerlo.
Pero de los resultados en la carpeta iniciada en septiembre del 2023, en contra de Netzahualcóyotl Jáuregui y su ex colaboradora Valeria Oseguera, quien fue grabada condicionando la entrega de apoyos sociales de la secretaria a cambio del respaldo a Adán Augusto López Hernández como participante del proceso de Morena en las elecciones de 2024, no ha dicho nada.
De hecho, en aquel momento, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, convertida en fiscal sustituta, aseguró sin que mediara indagatoria que Jáuregui Santillán estuviera enterado y dejaron que el hilo se rompiera por lo más delgado, removiendo a Oseguera quien 23 meses después, continúa a sin ser procesada.
Todavía más emblemáticamente selectiva, la carpeta iniciada en el año 2022, por el contrato irregular que el gobierno del morenista Jaime Bonilla firmó -en junio del 2021- con la empresa Next Energy para la construcción de una planta solar, a la fecha, seis de 10 funcionarios bonillistas presuntamente involucrado han sido vinculados a proceso; incluso el presidente de la banca responsable de la administración del financiamiento fue detenido el pasado 4 de julio, y el gobierno anunció al recuperación de 170 millones de pesos.
Pero el ex gobernador Bonilla, quien estuvo a la cabeza de los proyectos de su administración, incluso realizó el 15 de junio del 2021 una inauguración simbólica de las obras de la planta que nunca se ejecutaron, quien, además, retrasó por más de dos años su presentación a declarar ente el Ministerio Público septiembre del 2024; él sigue tranquilo, sin ser molestado, afirmando públicamente que “no hay delito que perseguir” aunque ya haya varios imputados.
Resulta obvio que el resto de los implicados no tuvieron la oportunidad de reunirse con su acusadora, la gobernadora Marina, y fumar la pipa de la paz, como lo hizo Bonilla en la Ciudad de México en una conversación convocada por las fuerzas morenistas federales, como una medida para reducir la presión que pesa sobre la gobernadora bajacaliforniana después de que le retiraran la visa a su esposo Carlos Torres y autoridades de ambos lados de la frontera incluyeran a su familia política en las investigaciones por huachicol. Y en ese contexto la investigación contra el ex mandatario luce aún más lenta.
Entonces, resulta que la persecución de los delitos en Baja California, dirigida por la fiscal Andrade, sí tiene colores y amigos, y se dirige por el viejo dicho de “hágase la voluntad de Dios”, pero sólo “en los bueyes de mi compadre”.
AUTOR: ROSARIO MOSSO CASTRO.
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