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Narcomantas en Tijuana y Rosarito tras ataque con drones y movimientos en FGE

Dos narcomensajes en lonas firmados por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron localizados entre el viernes 17 y sábado 18 de octubre en Tijuana y Playas de Rosarito, haciendo referencia a la disputa con el Cártel de Sinaloa y a los ataques con drones a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Playas de Tijuana, del pasado miércoles 15 de octubre.

Una manta fue colocada durante la noche del viernes en El Lago, en la ciudad de Tijuana. Fue a las 20 horas que la policía acudió a la calle Insurgentes de la delegación Cerro Colorado para remover el mensaje en una manta de lega con letra a mano. 

En el mensaje se pudo leer:
“SRA FISCAL MARÍA ELENA YA ESTAMOS ARTOS DE SU GENTE DE HOMICIDIOS QUE NO HACEN BIEN SU TRABAJO MIGUEL ANGEL GAXIOLA Y SAID NAVA DEJEN DE ESTAR RECIBIENDO SU CUOTA MENSUAL. ATTE CJNG”
En la segunda manta encontrada en la región el mensaje también estaba presuntamente signado por el CJNG, pero deslindándose del ataque con drones contra las instalaciones de la FGE en Playas de Tijuana. 
“FISCAL MARÍA ELENA ANDRADE RAMIREZ EL ATAQUE CON DRONES DIRIGIDO A LA FISCALÍA ES UNA REPRESALIA DE LOS HERMANOS ARZATE POR EL COMBATE A LA EXTORSIÓN AL SECTOR PESQUERO EN ENSENADA ASÍ COMO LA PÉRDIDA DE TERRITORIO EN ROSARITO LOS TIENEN INCOMODOS SIN SU DIPUTADA FEDERAL ARACELY BROWN EL AQUILES Y LA RANA AGONIZAN EN BC, NO SE DEJE INTIMIDAR FISCAL ESTAMOS ATENTOS A CUALQUIER ACUERDO QUE CIERRES CON ESTAS LACRAS NOSOTROS NO ESCONDEMOS LO QUE HACEMOS ATENTAMENTE CJNG”, se lee en el mensaje impreso y con escasas faltas de ortografía. 
El mensaje de Rosarito fue retirado a las 3:30 horas del sábado 18 de octubre en la colonia Lucio Blanco, en el puente peatonal del acceso principal, donde se hace alusión a la diputada federal por Morena, Araceli Brown Figueredo.

Los mensajes se suman a uno amenaza contra el fiscal especializado en narcomuenudeo Juan Carlos Pelayo el pasado 9 de octubre cerca de las instalaciones de la FGE en Central Camionera en la ciudad de Tijuana.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Descarta la gobernadora Marina del Pilar, la salida de la fiscal Ma. Elena Andrade Ramírez tras ataque

Respalda la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Avila Olmeda a la fiscal general del estado Ma. Elena Andrade Ramírez tras los ataques registrados en contra de la fiscalía el pasado miércoles en playas de Tijuana.

La mandataria estatal señaló que, no está en sus planes el retirar Andrade Ramírez de su cargo, a pesar de que, varios legisladores y la iniciativa privada lo han solicitado, argumentando que, el trabajo de la fiscal ha dado frutos, por ello la reducción de homicidios en Baja California.

“Para nada, creo que la fiscal está haciendo un excelente trabajo, por eso los delitos, todos van hacia la baja, los homicidios van a la baja en Baja California, sabemos que también tenemos mucho por hacer evidentemente”.

Indició que, los ataques que se han presentado en contra de la fiscalía en semanas recientes es debido a los trabajos que está haciendo la autoridad investigadora, desmantelando en gran medida a grupos criminales.

“Este tipo de actos son justamente por el trabajo que está haciendo la fiscalía, por las detenciones, por las investigaciones, por la desarticulación que ha habido de varias bandas criminales en los últimos meses y no, no hay ninguna situación que amerite la salida de la fiscal”.

Con respecto a altercado y a la inseguridad que se vive en el estado, argumentó que estarán trabajando con los tres niveles de gobierno para hacerle frente al tema, teniendo una estrategia similar a la implementada después del ataque, en donde hubo participación de elementos municipales, estatales y federales.

Finalmente, descartó que haya habido presencia de drones en las instalaciones de la fiscalía general de Baja California en Mexicali, información que trascendió la noche del pasado jueves por la noche cuando se presentó una movilización de elementos

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ARATH CASTILLO.

Terrorismo contra Fiscalía de Baja California; inédito ataque con tres drones con explosivos

Como terrorismo es como investigarán el ataque con artefactos explosivos arrojados desde tres drones registrado a las 19 horas de la noche del miércoles 15 de octubre de 2025 en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la delegación de Playas de Tijuana. Es histórico e inédito, confirmó la Fiscalía, ya que no hay antecedentes de ataques con drones contra instalaciones de gobierno en Baja California.

“Terrorismo y lo que resulte, conforme se den los hechos ya vamos viendo qué otro tipo penal se puede actualizar”, declaró la Fiscal General, María Elena Andrade Ramírez que reconoció que los ataques podrían estar relacionados con el incendio a dos instalaciones de la FGE a mediados del mes de septiembre.

“Puede ser el mismo grupo. Acuérdate que los hechos son muy recientes, pero conforme a la evidencia consideramos que sí, pero ahorita no tengo la respuesta exacta”, respondió la fiscal Andrade a ZETA.

Sincronizadamente, pasadas las siete de la tarde, llegaron los drones a la colonia Sección Jardines de Playas de Tijuana, se acercaron a los patios de las instalaciones de la FGE a una altura menor a los tres metros para dejar caer los explosivos de manufactura doméstica, causando la detonación de balines y clavos que causaron daños materiales.

Aunque en el boletín informativo de la FGE se especifica que los daños fueron materiales en seis vehículos, la Fiscal Andrade especificó que hay daños solo en cuatro unidades. Que el ataque fue planeado y ejecutado a distancia, asegurando que se cuenta con la tecnología para investigar el ataque.

“Estos artefactos explosivos con hechizos, es decir que son unas botellas de plástico que contienen clavos, balines y fragmentos de metales en dicha botella de plástico, las cuales se accionan. Las llevan con el dron, las trasladan a una distancia muy lejana que pueden ser kilómetros y accionan un tipo de pólvora y ese artefacto expanda estos materiales que contiene en su interior. Es decir no es una bomba molotov ni tampoco se activa ,mediante un mecanismo de fuego, sino es el daño que pueden hacer con esos metales o fragmentos en su interior. En este incidente salieron dañados, tres vehículos particulares y uno oficial.

Los daños fueron en carrocería y vidrios”, detalló la fiscal Andrade durante la exposición en conferencia de prensa.

“Lo que observamos en trayecto y lo que tenemos ahí en cámaras es que el aparato viaja de algún sector. Tiene algún aditamento el dron donde al momento que llega al punto donde debe soltar el artefacto hechizo y al momento que hace contacto con el piso es cuando hace la detonación y las diversas esquirlas, cuestiones metálicas, hasta canicas. Entonces es hechiza. Es cuestión de segundos. El dron soltó el artefacto y se retiró”, explicó Miguel Ángel Gaxiola, fiscal especializado en homicidios en Baja California.
Minutos después del ataque, la mesa de coordinación de seguridad montó filtros policiacos en accesos a Playas de Tijuana y Playas de Rosarito, aumentó la vigilancia en instalaciones de seguridad, incluyendo el Centro de Control y Cómputo, el C5.

Mientras las autoridades federales y estatales desarrollaban el peritaje de la zona donde detonaron los explosivos, se registraron disparos tratando de interrumpir o tumbar el sobrevuelo de un dron en la zona. Lo que presumen los agentes policíacos, es que se trató de elementos de la Guardia Nacional que actuaron desde la vulnerabilidad del ataque con drones. Pero la fiscal Andrade no pudo explicar lo que ocurrió en ese momento.

“En cuanto a los disparos quiero ser muy clara: no hubo disparos en este ataque a la Fiscalía, si en la segunda parte, pero no hubo disparos de los agresores”, precisó Andrade y luego confesó que los disparos fueron en defensa por la presencia de un dron. “Si se llevaron acabo esos disparos. Hay que tomar en cuenta que fue un ataque repentino que también se vieron vulnerados en su seguridad. Ahí estaba el dron pero no se sabe si detrás de la barda podía haber otro tipo de peligro”, explicó.

La fiscal Andrade insiste en que los ataques contra la Fiscalía General del Estado son la respuesta del crimen organizado por los cateos realizados y el arresto de líderes de células criminales.

“Ahorita ya rebasamos los dos mil cateos de enero a la fecha. Llevamos dos mil 66 cateos de enero a la fecha, más los de esta noche no los he contado. Es un número sin precedentes, es estar trabajando y a lo mejor no dejar en su estado de comodidad a criminales”, señaló la fiscal Andrade.

Una de las líneas de investigación que FGE podría seguir sobre los ataques es el reciente arresto de un extorsionador en Tijuana, investigación que se desarrolló en las instalaciones de Playas. “Acabamos de detener a una persona por una extorsión de un tema de mucho riesgo y en su oportunidad daremos más noticias”, dijo la fiscal general.

Presumiendo tecnología pero sin detallar en qué consiste, la fiscal Andrade confía que el tercer ataque contra instalaciones de la FGE no se repetirá ni quedará impune, dijo. “Según la evidencia se corroboran esos tres en cuanto al anterior caso, tenemos siete personas detenidas. La fiscalía cuenta con la tecnología necesaria para poder continuar con las investigaciones”, explicando que en los otros ataques sí hubo detenidos, tras la identificación de los agresores por cámaras de seguridad.

El sobrevuelo de drones ahora será tomado con mayor seriedad, ya que el caso de este miércoles no llamó la atención pues está normalizado que haya vuelo de aeronaves no tripuladas por la zona debido a actividades de recreación o artísticas, incluso del sobrevuelo de helicópteros norteamericanos. Lo que aún no se determina es si pedirán mayores restricciones a la Aeronáutica de Estados Unidos que realmente controla las zonas restringidas en el espacio aéreo, o si lo harán mediante algún legislador mexicano.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ERNESTO ESLAVA.

Gobierno de Baja California pide dinero para damnificados y lo tunden en redes sociales

La ciudadanía criticó al Gobierno de BC por solicitarle dinero para, supuestamente, ayudar a los damnificados por las lluvias en México.

El Gobierno del Estado de Baja California publicó este lunes 13 de octubre una campaña para solicitar donativos con el supuesto fin de ayudar a los damnificados por las lluvias en México, pero la tuvo que borrar debido al alud de críticas por pedirle dinero a la ciudadanía.  

La administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda hizo una publicación en la cuenta oficial de redes sociales de Facebook del gobierno estatal bajo el lema “¡Es momento de Ayudar! Apoyemos a los damnificados por las lluvias en México”. 

Para esto, indicó que se había “habilitado una cuenta para recibir donaciones” a nombre de “Gobierno del Estado” y con la cuenta 1339386692 del banco Banorte. 

Además, la Clabe Interbancaria 072 020 013393866927 y el RFC GEB4603194H7, para cerrar con el mensaje “Tu apoyo hace la diferencia porque cuando México se une nada nos detiene”. 

Para los 47 minutos ya había acumulado casi mil reacciones, principalmente de “Me Divierte”, y habían escalado las burlas y cuestionamientos, además de recordarse que para estos casos se usaba el Fondo de Desastres Naturales (Fonden). 

Dicho fideicomiso fue eliminado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, debido a que tenía “mucha burocracia” o se falsificaban las compras, según expuso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este lunes 13 de octubre, al abordar los daños, decesos y personas perdidas en cinco estados del país, luego de las lluvias extraordinarias del 6 al 9 de octubre.  

Por su parte, la ciudadanía que alcanzó a ver la petición se mostró crítica ante la misma.  
“Si, si, ¿efectivo? ¡N´ombre! Mejor busquemos asociaciones civiles para que les hagan llegar la ayuda”, sugirió Mariza Arcos, mientras que Joss Az cuestionó: “¿No se supone que para ese tipo de situaciones hay dinero? Si no mal recuerdo, se llamaba Fonden, o algo así. Entonces, ¿por qué pedir dinero cuando pueden pedir víveres? Digo porque, conociendo al gobierno, no me sorprendería que quieran sacar provecho de la situación y robarse unos miles de pesos porque es la primera vez que veo que piden dinero y no víveres”.  
Ricardo A. de León señaló: “Por algo no están dejando a las asociaciones civiles ayudar directamente”, al tiempo que Isela Rodríguez agregó: “Que donen lo que gastó Marina del Pilar en la Fiesta del Grito. Y ni es en contra de ayudar, pero creo que los bajacalifornianos sabemos hacer el bien y ayudar, pero el descaro del gobierno ahora pidiendo”.
“Si antes no llegaban las latas, mucho menos el dinero. Ahora sí se pasaron esos de la 4T”, comentó Graciela ViDa, mientras que Emmanuel Buelna reviró: “Y el pueblo de Baja California invita a la gobernadora, diputados, senadores y presidentes (municipales) a que pongan sus comprobantes de que ya mandaron su apoyo”. 
Samuel Díaz coincidió con lo anterior: “Que la gobernadora y los legisladores locales donen el total de su salario”, al tiempo que Iván Martínez exigió: “Ya estuvieran los del gobierno poniendo el ejemplo donando una cuarta parte de su sueldo”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BENJAMÍN PACHECO LÓPEZ.

Baja California oculta delitos; registra robos con violencia como “atención ciudadana”

Baja California presume una baja histórica en robos con violencia, pero la reducción se explica por un cambio administrativo: las denuncias por este delito ahora se registran como “atenciones ciudadanas” y quedan fuera del conteo oficial.

El robo con violencia en Baja California bajó 50 % en el último año. Su estrategia fue enlistar las denuncias con el nombre de “Registro de Atención Ciudadana (RAC)”, y no como carpetas de investigación, el parámetro con el que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabiliza la incidencia delictiva.

En el primer semestre de 2024 hubo 4 mil 332 carpetas de investigación por robo con violencia en el estado. Al compararlo con el mismo periodo de 2025, se observa una disminución a la mitad en 2024, con 2 mil 154 carpetas, de acuerdo con las cifras oficiales del Secretariado.

Si bien en Baja California hubo mayor presencia de la Guardia Nacional en el último año, el gobierno de la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda no implementó alguna estrategia específica para la prevención del delito, ni combate a la impunidad que pudiera explicar esta histórica reducción.

Lo que sí hubo fue la instrucción de cambiar la manera de registrar las denuncias, como afirma Ángel Záizar, exconsejero presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Mexicali, en entrevista con Animal Político.

Los ministerios públicos recibieron la orden a través de un breve manual que el personal le entregó a Záizar. También le compartieron chats de junio de 2024 en los que la subdirectora de Atención Ciudadana y Justicia Alternativa Penal, Lizeth Jazmín Torres Andrade, da instrucciones para los cambios de registro.

En estos chats, Torres Andrade escribió “el día de ayer se sostuvo una reunión con la fiscalía regional donde se agregaron algunos acuerdos, además de lo ya instruido son los siguientes: Fraudes, suplantación de identidad, extorsiones que sea QRR, SE GENERARÁN en NAC (Número de Acta Circunstanciada). (La excepción será cuando se gire medida de protección. En este caso será NUC (Número Único de Control).”

El resto del mensaje da indicaciones sobre los demás delitos: amenazas, fraude. Mientras que “en el caso de los robos con violencia, todos se generarán en NUC, a excepción de los Oxxo que se presenten por escrito”.

Este es un cambio no previsto públicamente, pues en la página de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Baja California se explica que la medición de la incidencia delictiva es con base en “las Denuncias Registradas ante la Fiscalía General del Estado de Baja California por medio de un NUC (Número Único de Caso) para todos los municipios”.

Esto significa que el “Registro de Atención Ciudadana” es una modalidad que no se toma en cuenta para inscribir en las estadísticas oficiales de delitos cometidos en el estado.

Animal Político lo comprobó a través de una de las denuncias interpuestas este año por robo con violencia a un establecimiento OXXO en la entidad. Efectivamente, el número de documento se asienta como “Registro de Atención Ciudadana” y “Número de Acta Circunstanciada (NAC)”, pese a que tendría que haber sido registrada como carpetas de investigación con un “Número Único de Control”.


Este medio buscó a Lizeth Jazmín Torres Andrade para solicitarle entrevista sobre la instrucción que dio desde su cargo. Respondió que “respecto de la situación que me comenta no tendría ningún comentario que realizar”.

Torres Andrade es hija de la fiscal estatal María Elena Andrade Ramírez —en el gobierno de Marina del Pilar— y en el cargo como subdirectora de Atención Ciudadana y Justicia Alternativa Penal básicamente era su subalterna, pese al lazo familiar. Además, Torres Andrade ahora es Jueza de Oralidad Penal del Partido Judicial de Mexicali, luego de participar en la elección Judicial de junio pasado.

Este medio también buscó a la Fiscalía General de Baja California sobre el cambio en sus registros, pero no hubo respuesta.

En el manual también se habla del delito de desaparición forzada de personas cometida por particulares y se instruye que se realice lo siguiente: “No se puede registrar delito en este momento debido a que se trata de una localización de persona. Esto al momento de canalizar. Asimismo, en el texto de la declaración se plasmará que se solicita la búsqueda y localización. Esto sin perjuicio de que cuando realmente se constituyan los elementos de una posible desaparición forzada de persona se genere el NUC correspondiente”.

En la estadística global de incidencia delictiva Baja California registra 11 % al comparar 2023 con respecto a 2024, una disminución parecida a 2019, las máximas registradas en una década en la entidad. Mientras que la percepción de inseguridad entre los ciudadanos fue de 72 % hasta 2025, de acuerdo con datos del INEGI.

¿Cómo descubrieron los cambios de registro delictivo?

Ángel Záizar fue consejero presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Mexicali hasta el 30 de septiembre. Desde su cargo recibió a empresarios de la entidad que estaban desconcertados porque las denuncias sobre robo con violencia en sus establecimientos no avanzaban.

Al revisar las denuncias se dieron cuenta de que los registros eran nombrados “Registro de Atención Ciudadana” y no Número Único de Control, como se registran las carpetas de investigación.

A partir de entonces comenzaron a indagar y lograron obtener documentos enviados a los ministerios públicos con las instrucciones del nuevo modelo de registro en el que sí atienden a las personas, pero lo registran como “atenciones ciudadanas” y no como denuncias de delitos.

“Están mintiendo, están jugando con números. Con esos niveles de impunidad, están maquillando números. Ese tipo de auto engaños no le sirve a la autoridad, porque ¿cómo vas a determinar cuáles son los puntos calientes (de mayor incidencia delictiva)? ¿Cómo vas a hacer una estrategia?, ¿cómo vas a pedir presupuesto?”, dice en entrevista.

La semana pasada, la gobernadora Marina del Pilar fue entrevistada al respecto por la prensa local y aseguró que “es imposible que se manipulen (las estadísticas) porque son denuncias que están presentadas ante las fiscalías”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN, FRASUA ESQUERRA.

Enfrentamiento armado en límites de Ensenada y San Quintín deja 6 personas sin vida

Un enfrentamiento entre personas armadas, dejó como saldo seis sujetos sin vida, esta madrugada en la Carretera Transpeninsular en el límite de los municipios de Ensenada y de San Quintín.

Datos obtenidos indican que, alrededor de las 00: 42 horas de este, lunes 13 de octubre,  fue reportado al 911 que, a la altura del Ejido Jaramillo y Díaz Ordaz, se escucharon detonaciones de arma de fuego.

Al sitio arribaron Policías quienes, a la altura del kilómetro 140, observaron sobre la carpeta asfáltica varios casquillos percutidos, así mismo un vehículo tipo Pick Up, Chevrolet Silverado, color blanco con franjas negras, sin placas, con varios impactos de proyectil de arma de fuego y en su interior cuatro personas sin vida.

Cerca del Pick Up, sobre el carril de circulación del lado derecho, en dirección norte a sur, fue localizado un vehículo calcinado en su totalidad, con dos personas calcinadas en su interior. 

Al sitio acudió personal de la Fiscalía General del Estado, para realizar el trabajo pericial e iniciar con la investigación.

Cabe señalar que tras este hecho fue cerrada la Carretera Transpeninsular Ensenada- San Quintín, por lo que conductores tuvieron que mantenerse a bordo de sus vehículos por casi dos horas.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ELMA ARÁMBURU.

Hombre que explotaba a su hijastro recibió ridícula sentencia de 4 años, mediante juicio abreviado

Una sentencia ridícula de 4 años de prisión es lo que recibió un sujeto que explotaba laboralmente y agresiva físicamente, a un menor de edad.

El resultado de este caso se llevó a cabo tras un acuerdo entre el Ministerio Público y la Defensa del acusado.

José Walter Meza, sentenciado a 4 años de prisión, pena que permite acceder a criterios de libertad, fue acusado por el Ministerio Público de la Unidad de Detenidos Poníente, por el delito de violencia familiar y trata de personas por mendicidad, según presumieron en un comunicado de prensa.

El breve texto no precisa detalles de las abrasiones, pero lo poco que refiere es que se demostró con pruebas sólidas que explotaba a varios menores de edad, hijos de su pareja sentimental, obligándolos a pedir dinero en la calle para su beneficio.

“La investigación también permitió establecer que las víctimas eran mantenidas en una vivienda del fraccionamiento Victoria, en condiciones de insalubridad que representaban un grave riesgo para su salud e integridad”.

En las imágenes que posteriormente se difundieron, se pudo constatar un los infantes tenían evidencia de agresiones físicas, pero aún así, y pese a referir que había pruebas contundentes, la Fiscalía General del Estado (FGE) optó llegar a un acuerdo con el acusado para permitirle reducir su sentencia a cambio de declarar su culpabilidad, lo cual fue avalado por un juez.

“Con este resultado, la Fiscalía General del Estado de Baja California refrenda su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes, así como con la integración de investigaciones sólidas que permitan obtener sentencias condenatorias contra quienes atenten contra su seguridad y dignidad” sentencia el comunicado de prensa emitido oficialmente por la FGE.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDUARDO VILLA.

Morir en Ensenada: mercado pesquero, atrapado entre cárteles que lo disputan

“Nosotros aquí sentimos como si alguien nos estuviera mirando”, dice un integrante del mercado pesquero de Ensenada, que vale más de 600 millones de dólares anuales y está capturado por el crimen organizado, que trata como esclavos a los pescadores.

Al pasmo por el ataque, siguió el miedo, una sensación de vulnerabilidad, de riesgo permanente, incertidumbre y angustia. Es el estómago revuelto ante la amenaza real o supuesta, la desconfianza como primera reacción. Es sentirse vigilado por miradas anónimas, que pueden ser la de un desconocido que asoma desde la ventanilla de un auto en movimiento o la de tu vecino.

Es un estado emocional que Santiago, dueño de Pescadería El Joelito, escenario del asesinato a tiros de uno de sus clientes cometido a principios de este mes, describe así en entrevista con EMEEQUIS:

“Sentimos como si alguien nos estuviera mirando, se siente en el ambiente que alguien está vigilando. (…) Es como terrorismo. No sé. La verdad no alcanzo a comprender…” . 

Obviamente él no se llama así, pero no quiere que se mencione su nombre ni su apellido, ni nada que lo identifique: “Lo que yo estoy contando lo puedes poner, pero si pones mi nombre, imagínate lo que puede pasar, la cosa está crítica”.

El sábado 4 de octubre, alrededor de las 4:30 de la tarde, los pistoleros entraron al establecimiento de Santiago, en la calle Argenta, del fraccionamiento Valle Verde, a unos tres kilómetros del malecón del puerto de Ensenada, soltaron una tanda de disparos, y huyeron de inmediato en una camioneta Ford Expedition blanca, con placas de California, según testigos.

Algunos vecinos contaron cinco o seis detonaciones. Las descargas dejaron tendidas en el piso de la pescadería a tres personas, entre ellos un hombre de 22 años que falleció de inmediato. Dos más fueron llevados en vehículos de emergencia a hospitales de la ciudad.

No mediaron amenazas o advertencias antes de la agresión, dice Santiago: “Es lo que me preguntaban los de la fiscalía, pero no, nada. O sea, no es algo de decir, ‘me están cobrando piso y pago’, no. (…) Lo que sí, la fiscalía determinó que era algo directo hacia alguien, no hacia mí. No es que llegaron y pasaron a la pescadería, no. Llegaron y lo mataron en mi pescadería, pues esa fue la mala suerte”.

El ataque a la pescadería El Joelito fue el cuarto contra establecimientos del ramo en menos de dos meses, y apenas otra cuenta en el el largo rosario de embestidas y asesinatos contra miembros de la cadena productiva de la pesca y la acuicultura, que de acuerdo con datos de la Conapesca da empleo directo a unos 10 mil ensenadenses.

Según la prensa local, la lucha de los grupos delincuenciales conocidos como Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cártel de los Arellano Félix (CAF), contra la organización criminal denominada Cártel de Sinaloa (CDS), para expulsar a este último del control del mercado, es el origen de la violencia contra diferentes actores de la comunidad pesquera de Ensenada, un sector económico que, según estimaciones de instituciones federales, vale unos 683 millones de dólares anuales.

De acuerdo con un reconocido empresario del sector en la región, que también ofrece su testimonio bajo la condición de no citar su nombre, todos los eslabones de la cadena productiva y logística se hallan capturados por el crimen: pesca, almacenamiento, transporte, empaquetado, comercialización y consumo final.

“No siempre fue así ―expone el industrial, a quien llamaremos Simón―,  fue hacia el final del gobierno de (Jaime) Bonilla cuando se comienza a ver. Se decía en el sector que su secretario general de Gobierno (Amador Rodríguez Lozano) se estaba llevando un millón de dólares (…). Realmente es cuando empiezan estos temas, y te puedo casi asegurar que si revisas fechas (de los hechos violentos), están más o menos ligados a la llegada de Marina (del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California desde 2022), yo creo que porque les permite operar, todo indica que hay un acuerdo”.

Natalia ―nombre apócrifo para protección de su identidad―, una minorista del circuito local de comercialización, pone el alfiler en otra fecha para señalar el punto de quiebre de la violencia: “Cuando mataron a doña Minerva” (Pérez Castro, presidenta de la delegación Baja California de la Cámara de la Industria Pesquera y Acuícola, CANAINPESCA ), en julio del año pasado, “todos supimos que ya nadie iba podía estar seguro”.
Mientras tanto, las investigaciones de los homicidios relacionados con los ataques se mantienen en permanente suspenso, y la postura oficial es minimizar la violencia en general, y cada caso en particular. 

Los testimonios han sido recogidos bajo anonimato, por el riesgo que representa hablar de manera directa, pero las grabaciones respectivas e identidades han sido puestas a disposición de los editores de EMEEQUIS.

LA VETA CAPTURADA

Ensenada es uno de los municipios que se apiñan en el extremo septentrional de la península de Baja California, junto a Tijuana, Playa de Rosarito, Tecate  y Mexicali. Su cabecera municipal, el puerto, se ubica a 110 kilómetros de la frontera con los Estados Unidos.

De acuerdo con la autoridad portuaria federal, el municipio cuenta con una extensión de litorales de mil 114.89 kilómetros, más del 80.8% del total de los litorales de Baja California, y posee 74 mil 800 hectáreas de lagunas costeras en donde se desarrolla la acuicultura.

Baja California aportó en 2024 el 9.3% de la producción pesquera nacional, que alcanzó un valor de 47 mil 228 millones de pesos ―unos  2 mil 550 millones de dólares (mdd)―, de acuerdo con el Anuario Estadístico de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca). 

La flota pesquera estatal, según la misma fuente, se conforma de 65 embarcaciones mayores y 2 mil 909 embarcaciones menores, “la mayoría de estas, utilizadas para la pesca ribereña”. Se estima que en Baja California, hay un total de 10 mil 830 productores pesqueros y acuícolas. La mayoría de ellos 9 mil 228 dedicados a la producción pesquera y mil 602 a la actividad acuícola.

El valor de la producción de Baja California fue de 3 mil 609.31 millones de pesos ―2 mil 463 millones de pesos del sector pesquero, los restantes mil 146 millones del acuícola―, es decir, unos 195 millones de dólares. Ensenada produce al menos el 70% del total, es decir, alrededor de 2 mil 526.51 millones de pesos, es decir, unos 136. 6 millones de dólares anuales.

Simón, nuestra fuente del sector industrial en la entidad, nos hace una acotación: “Sí, pero el Anuario Estadístico (de Conapesca) no te va a dar el valor global: te dice lo que vale el pescado en el muelle y en la playa. No te dice cuánto vale después de ser procesado en una planta y cuánto con el empaque.

“El anuario te dice el valor del pescado entero, pero si tú lo haces filetes o lo procesas de otras maneras, todo eso le va agregando valor. Entonces ese número se tiene que multiplicar yo creo que, mínimo, por cinco”.

Tomándolo al pie de la letra, el valor del mercado pesquero y acuícola de Ensenada sería de 683 millones de dólares anuales.

LA CAPTURA

Con amplio reconocimiento del sector industrial del que nos ocupamos, Simón describe la manera en que el crimen organizado se apropió del mercado local de Ensenada:

“Ellos se vuelven el comercializador o distribuidor o como lo quieras llamar; el pescador, les pesca y les entrega , y ellos le dice cuánto les va a pagar y cuándo les va a pagar, los hace sus trabajadores. Hay algunas zonas donde de plano el pescador legal se ha salido y le ha dicho: tú opérala. Entonces ahí, el crimen organizado ha tenido que conseguir pangas y ha metido a gente a que haga el trabajo.Entonces, en unos casos, agarra al pescador legal y lo vuelve obrero, y en otros pone a la gente a trabajar.

“Todo depende de la especie que se procesa… Luego, el crimen recoge el producto del pescador, y lógicamente lo está moviendo, lo está transportando, y  le entrega los restaurantes. Tienen un punto de venta específico, que se llamaba la Casita del Camarón, y ahora se llama Mares del Pacífico. Ellos llegan al restaurante y les dicen a los propietarios: “De ahora en adelante le vas a comprar a este establecimiento”.

“Pero básicamente le dan el mismo precio, la misma calidad y las mismas condiciones de pago que ya tenía. El restaurantero dice: pues bueno, o sea no se va a afectar realmente su negocio porque sigue manejando los mismos platillos, con la misma calidad y tiene sus mismos costos. Pues realmente no han levantado la voz porque simplemente han accedido a estas condiciones. En cambio al pescador, es el más afectado, le dan un precio menor al real y que pues lo tienen ahorcado, sin dinero.

“El restaurante, en cambio, no está realmente siendo afectado, fuera de la condición de que le compras a esta persona. Y gana el mismo porcentaje. Aquí hay dos cosas: por un lado, el (expendio) elegido como punto de venta del crimen tiene el mismo margen de ganancia que tenía, que es el de cualquier distribuidor, pero estás consiguiendo más clientes con la amenaza de que todo se lo compras a este. El aspecto que se complica es que ya no hay competencia, si antes había cinco distribuidores ahora solo hay uno.

“El crimen, a través de su punto de distribución, tiene el mismo porcentaje de ganancia pero tiene un mayor volumen. Además traes la ganancia extra, que está teniendo del pescador al que le está pagando lo que quiere, cuando quiere.

“Pero además, este tipo de operación les permite hacer lavado de dinero, porque pueden estar creando facturas y pagando y moviendo el dinero. Lavan el dinero que traen de otras actividades ilegales porque en esas facturaciones pueden meter otros valores y otras cantidades.

“Entonces, tienen lo que le están tomando al pescador, definiendo esto los precios; tienen el porcentaje de distribuidor, pero con un volumen mucho mayor al ser básicamente el único, y tienen el vehículo para el lavado de dinero a través de este esquema de operación legal, porque facturan la venta, el transporte del pescado, al precio que tu quieras, de todo este mercado”.

Pero la captura del mercado local por parte del crimen es apenas una parte del problema, porque, nos explica Simón. Relata que un primer problema fue que grupos de delincuentes menores, no pertenecientes a los grupos del crimen organizado, comenzaron a extorsionar a la gente de la cadena productiva. Y lo más grave, la supuesta disputa entre cárteles.

El semanario Zeta, de Tijuana, fue el primero en informar sobre la presunta guerra del CJNG y Cártel de los Arellano Félix para expulsar al Cártel de Sinaloa (CDS) del mercado pesquero de Ensenada, una versión que ahora prácticamente todos los medios locales corroboran. 

“Esto está subiendo de nivel, se vuelve más preocupante, porque imagínate, si eres un pescador o un restaurantero y ya le estás comprando, o ya le estás vendiendo a un cartel, y llega el otro cartel y te dice: de ahora en adelante me compras. Ahora sí, ¿qué haces? Pues quedar mal con alguno, porque quedas en medio. Ellos te dicen: Tú sabrás con quién te la juegas. Es cuando ya se les vuelve un mayor problema para los restaurantes. Ya ni siquiera les van a poder seguir el juego. Y como la autoridad no actúa, se meten al rollo de que si no hay denuncias no pueden actuar, es como el cuento del huevo y la gallina, porque no confían en que una denuncia los va a poner a salvo”.     

“VOY A ABRIR HASTA QUE ME LLEGUE EL HAMBRE”

En 1999, a los 14 años, siendo estudiante de secundaria, Santiago abrió su expendió en un pequeño local del Mercado Negro ―un punto de venta de pescado y marisco enfocado al turismo, ubicado en el centro de la cabecera municipal, a unos pasos del malecón, y cuyo significativo nombe se debe al hecho de que, en los años ochenta del siglo XX, se vendían en esa zona especies que por entonces estaban prohibidas, como el abulón, entre otras.

Con los años, el negocio de Santiago, que ahora tiene 41 años, se convertiría en Pescadería El Joelito, y es fuente de ingresos para 12 familias. Santiago cuenta con orgullo cómo forjó su negocio:

“Nací en el mercado de mariscos de aquí de Ensenada, aquí crecí, y pues siempre he hecho lo mismo, vender pescado. No quise estudiar, pues porque trabajé desde muy pequeño y nunca ha habido necesidad de estudiar para salir adelante.

“Ahí me la llevaba con mi papá, que era empleado en el mercado. Yo siempre le dije: ‘Papá,  ¿por qué tú no abres un local y lo trabajas, para que nos vaya mejor?’ No, me decía, ‘me voy a morir de todos modos’. Se jubiló a los 60 años. Vivió 84 años, con su pensión del Seguro Social, a su gusto. 

“Ya cuando tenía 14 años renté un localito que dejaron, y pues puse un trabajador, yo me iba a la escuela, a la secundaria, y después de la secundaria, llegaba en las tardes a atenderlo. Si era domingo, yo  estaba ahí metido. Y pues aquí empecé.

“El mercado de mariscos aquí en Ensenada es un mercado muy muy noble, y del que mucha gente sobrevivimos. Al menos para el que sabe administrarse, le puede ir bien. Somos parranderos, borrachos, lo que quieras, pero es un negocio muy noble”.

Pero la escalada de violencia de los últimos meses ha trastocado su modo de vida, y en especial, desde luego, el ataque a su negocio. Dice que no había nadie en el lugar:

“Ese día tuvimos una fiesta y no había nadie de mi familia en el negocio, ni trabajadores, estaba vacío. De por sí nosotros pues nunca estamos, son los empleados, pero no les pasó nada. Lo que sí, la fiscalía determinó que era algo directo hacia alguien, no hacia mí. No es que llegaron y pasaron a la pescadería, no. Llegaron y lo mataron en mi pescadería, sí, pues esa fue la mala suerte.

“¿Miedo? Uy, sí pudiera irme a los Estados Unidos, yo ahorita lo dejaba todo, ¡todo! No me importa nada, me iba. Pero, ¿cómo me voy sí está la familia? Nosotros, aquí sentimos como si alguien nos estuviera mirando, no sabemos ni qué hacer, la verdad, te digo, la cosa está crítica. O sea, no es algo de decir: ‘Me están cobrando piso y pago’. No, no es eso, es como terrorismo, no sé. ¿Por qué están haciendo esto?  La verdad no lo alcanzo a comprender. O sea, se siente en el ambiente que alguien está vigilando,que alguien quisiera que cerráramos los negocios. Pero lo hace uno más por pasión que por dinero.


“¿Que si en el gremio hay gente extorsionada? Pues somos muchos, pero yo no no tengo tanto contacto más que con dos o tres o tres, y no somos personas a las que nos hayan amenazado hasta, todavía no ha llegado ahí.  Yo creo que quieren que cerremos los negocios, esa es mi hipótesis, no encuentro otra explicación”.

“Por lo pronto no pienso abrir, voy a hacer un comunicado en mi página de la pescadería (en Facebook), para informar que no abriré por un tiempo, no sé cuánto, por un tiempo indefinido. Hasta que me llegue el hambre otra vez. Gracias a Dios no pago renta, son mis locales. Pero no pienso abrir por el momento. Y yo quiero pensar que alguien se quiere quedar con este negocio y que están atacando a las pescaderías para que cerremos. Esa es la conclusión a la que yo he llegado”.

PUNTO DE QUIEBRE

Santiago no es el único que ha decidido cerrar. Mariscos El Compa Moy cerró en agosto pasado después de casi cuatro años de funcionamiento. Su propietario, Moisés Muñiz, anunció que se iba de Ensenada, que le habían robado su sueño. No aguantó la presión de las extorsiones conocidas como “cobro de piso”.

La Fiscalía de Baja California informó que supuestamente estableció contacto con él el mismo día de la publicación de un video donde exponía sus motivos para cerrar.


En algunos medios locales se mencionan otros cierres, que no han tenido cobertura mediática. Es el efecto posterior a la ola de violencia de los últimos dos meses.

Natalia, una minorista del circuito local de comercialización, lamenta: “Cuando mataron a doña Minerva, todos supimos que ya nadie iba podía estar seguro”.

Señala: “Fue cuando se empezó a ver cómo aumentaban las extorsiones, el cobro de piso, las presiones sobre todo para comprarle a sus negocios (del crimen). ¿Cuál fue la investigación de la autoridad? Pues comenzaron a ensuciar la carrera de la señora, a sembrar dudas, pero nada de detenidos. A la fecha, los criminales hacen lo que quieren. ¿Qué podemos esperar?”. 

ATAQUES Y HOMICIDIOS

2025

27 de julio. Balacera cerca del Mercado Negro de Ensenada, dejó un saldo de un hombre muerto, dos heridos y el hallazgo de varios paquetes con droga.

1 de agosto. En la alta madrugada, un par de individuos lanzaron bombas molotov a una lancha en muelles de pesca bajo control de la Asipona, lo que detonó las alarmas de la zona.

22 de septiembre. Tres individuos incendiaron con una bomba molotov la pescadería Muelle Viejo de Ensenada; empleados que se encontraban en el lugar apagaron el fuego con tierra y agua. Bomberos que realizaron un peritaje confirmaron que el fuego fue provocado.

18 de agosto, Pescadería Mares del Pacífico (antes Casita del Camarón), uno de los presuntos puntos de venta del crimen organizado, fue rafagueado por un grupo de pistoleros. Por los impactos murió uno de los clientes, que asu vez era vendedor en “carreta”.

4 de agosto. Fue atacada con bombas molotov la Casa de la Piña Colada, en la zona turística el malecón de Ensenada.

3 de diciembre. Servando Valenzuela, empresario tiburonero, asesinado 

2024

8 de julio. Minerva Pérez Correa, presidenta de la delegación Baja California de la Cámara de la Industria Pesquera y Acuícola, (CANAINPESCA ).

12 de junio. Emilio Manjarrez, vendedor de camarón..

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: ESTEBAN DAVID RODRÍGUEZ.

Extorsiones e impunidad

Continúa cobro de piso. En BC las autoridades no detienen ni a los jefes ni a los administrativos de las bandas; se conforman con los delincuentes menores

A 14 meses de que Minerva Pérez Castro, presidenta de Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (CANAINPESCA) fuera privada de la vida violentamente en Ensenada, después de denunciar que toda la cadena productiva de la industria de alimentos del mar estaba siendo víctima de extorsión desde el año 2018, finalmente uno de los autores materiales del homicidio fue detenido. A pesar de la importancia de la captura, se ignora por qué la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha conformado ni informado de la aprehensión.

Tal vez porque ese éxito contrasta con la decisión de un juez de regresar a los dueños para su reapertura, las instalaciones donde se encuentra Mares del Pacífico -antes Casita del Camarón- empresa ubicada en el fraccionamiento Acapulco en Ensenada, que ha sido investigada los últimos años por ser el punto desde donde se han coordinado las extorsiones a restauranteros, con la compra obligada de mariscos y pescados.

El hecho es que, tras años de negarse a realizar investigaciones o labores de inteligencia contra los grupos de extorsionadores y “cobra pisos”, argumentando la ausencia de denuncias, la FGE fue obligada, primero por las presiones tras el homicidio de Minerva en julio del 2024, y después como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, presionados por el Gobierno Federal, a generar mínimos resultados.

En su comparecencia ante el Congreso en agosto, la fiscal María Elena Andrade informó que se habían iniciado por lo menos siete carpetas. La primera semana de septiembre, el secretario de Seguridad Estatal, general Laureano Carrillo, sin datos específicos habló ante la prensa de cifras todavía más alegres: la detención de 37 personas de 11 células por parte de la Fuerza Estatal. Pero detener a los mensajeros o cobradores sólo sirve para sus estadísticas.

Por esas mismas fechas, en conferencia de prensa, los representantes de las diversas cámaras empresariales informaron que alrededor de 300 comerciantes habían sido víctimas de extorsión en Baja California durante el 2024 y solicitaron al Congreso local presentar una reforma para que el delito se persiga de oficio.

Mientras, las denuncias por “cobro de piso” continuaron. El 17 y 19 de septiembre los vendedores ambulantes de los mercados sobre ruedas en el fraccionamiento Soler y la colonia Alemán, en Tijuana, recibieron volantes de parte del Cártel Jalisco advirtiendo que deberían pagar “1000 pesos por puesto; también se les da a conocer que pondremos a nuestros trabajadores a vender droga en varios puntos del mercado”, y les avisaron que sería lo mismo cuando se instalaran en las colonias “Herrera, Los Altos, La Villa, Mirador y Obrera”. En ambos casos, el policía municipal detuvo a los mensajeros, pero el jefe sigue libre.

Las autoridades identificaron a un presunto autor intelectual, pero aún no reúnen los elementos jurídicos para vincularlo; se trata de Carlos Albert N., quien, evidentemente, no se siente ni perseguido ni intimidado, porque como administrador de una funeraria, está realizando trámites para que la FGE le adjudique o concesione el servicio de levantamiento de cadáveres para la fiscalía.

El 18 de septiembre, Lersa Mercadillo Gómez, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Tijuana, le declaró a la reportera Dayebi Pazos que el cobro de piso de los cárteles estaba afectado al mercado inmobiliario.

Las víctimas siguen siendo variadas. Casas de cambio, restaurantes, pequeños abarrotes y placitas en colonias, vendedores que comercian a través de redes sociales, y los cobros de piso a yonkeros continúan a pesar de las detenciones en julio pasado; sólo de ellos, los criminales obtienen alrededor de 97 mil dólares por mes.

Tres semanas atrás, el diputado Jorge Ramos informó que existen dos propuestas de reforma presentada ante el Congreso local, para que la denuncia formal y presencial de la víctima no sea necesaria en materia de extorsión o cobro de piso, y que la FGE sea obligada a iniciar carpetas de investigación cuando tenga conocimiento de los mencionados delitos a través de reportes anónimos, redes sociales, trabajos periodísticos u otros medios similares. Pero éste es un camino al que le falta recorrido.

Al final, las evidencias y las nuevas víctimas muestran que la FGE y a la SSCBC continúan en deuda con la ciudadanía; no hay trabajo de inteligencia, no son proactivos, no van por los jefes, los administrativos, se conforman con los delincuentes menores, se limitan a la atención de casos aislados, sin realizar una investigación a fondo y sin involucrar a la Fiscalía General de la República, a pesar de que existe evidencia de crimen organizado.

En esas condiciones, si no hay cambio de estrategia, los bajacalifornianos continuarán siendo víctimas del terror generado por los cárteles y por delincuentes menores que aprovechan la impunidad, para “obtener un beneficio económico dañando el patrimonio, la integridad física o libertad”, de los ciudadanos honestos.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ROSARIO MOSSO CASTRO.

Ley de Amparo dejaría en estado de indefensión a ciudadanos: abogadas de Tijuana

La Barra de Abogadas Licenciada María Sandoval de Zarco calificó como “un retroceso” la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo impulsada por la presidente de la república, Claudia Sheinbaum Pardo. El organismo señaló que con la pretendida modificación podría vulnerarse el principio de presunción de inocencia.

La presidente de la asociación civil, Estefanía Campos García, subrayó que la iniciativa se perfila para que el ciudadano se vea imposibilitado de buscar la suspensión ante actos de autoridad emprendidos en su contra.

“Esta suspensión es la que se ve restringida principalmente en dos temas, prisión preventiva oficiosa y bloqueo de cuentas bancarias sin orden judicial”, manifestó en entrevista con ZETA la representante de la comunidad jurídica local, quien se dijo en desacuerdo con que procedieren tales medidas sin estar en curso un proceso.

“Ya le están bloqueando sus cuentas o ya le están girando una orden de aprehensión sin que haya llevado un proceso, pues prácticamente deja en un estado de indefensión para proteger sus derechos”, remarcó.

Observó que la Unidad de Inteligencia Financiera, con atribución para bloquear cuentas bancarias ante presuntas conductas ilícitas, no es una autoridad judicial sino administrativa.

“Entonces (la UIF) presume que una empresa o una persona física puede estar llevando a cabo una actividad ilícita, pero no lo acredita”, detalló.

De acuerdo con la entrevistada, actualmente obran 7 mil suspensiones por bloqueo de cuentas bancarias. “Se está revisando cuál es el trasfondo de la situación para ver si la empresa o la persona realmente tienen que estar sujetos a este bloqueo”, expuso Campos García y reiteró que “lo que se pretende es eliminar esta suspensión para que ya no se necesite una orden judicial”.

La iniciativa de reforma ya fue turnada a las Comisiones de Justicia y de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, las cuales habrán de dictaminar en el ánimo de someter a votación el proyecto legislativo.

A mediados de semana la presidente Claudia Sheinbaum informó que el artículo transitorio de la Ley de Amparo debía aclararse dado que estipulaba que la norma fuera retroactiva.

“La Constitución ya ha determinado que la ley no puede ir hacia atrás, no puede aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de una persona”, manifestó Estefanía Campos García. Semejante figura “deja en un estado de incertidumbre en todas las personas que ya iniciaron un proceso y tienen una suspensión otorgada”, añadió.

La abogada dio a conocer que el 14 de octubre la Barra de Abogadas Licenciada María Sandoval de Zarco hará un posicionamiento en el Congreso de la Unión en torno a la iniciativa de reforma de la Ley de Amparo.

“El Estado debe aprender a salvaguardar los derechos humanos y esto no significa que por el hecho de que manifiesten que algunas personas han abusado de esta figura se tenga que restringir los derechos de todos. Entonces de alguna manera es este nuestro punto de vista”, recalcó.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDUARDO ANDRADO URIBE.

Ataque armado en picadero deja tres personas heridas en la colonia Planicie

La mañana del jueves 9 de octubre de 2025 se registró un ataque armado en la colonia Planicie, en Tijuana, que dejó como saldo tres personas lesionadas por proyectil de arma de fuego, entre ellas una mujer.

El incidente fue reportado a las 11:15 horas a la línea de emergencias 911, cuando vecinos de la calle Bonampak informaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego. Al llegar, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) hallaron dentro de un cuarto usado como “picadero” a dos hombres y una mujer con heridas por proyectil de arma de fuego.

Paramédicos de la Cruz Roja les brindaron atención y los trasladaron a un hospital en condición grave.

Las víctimas fueron identificadas como Martín Herrera Romero, de 36 años, originario de Puebla; Alexis Herrera Romero y la mujer de nombre Mónica.

Testigos señalaron como presunto responsable a un hombre que vestía suéter de color rojo y pantalón azul, quien tras realizar las detonaciones huyó del lugar a pie. Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda y localización en la zona.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Encuentran 5 cadáveres decapitados, en carretera de Nayarit, que colinda con Sinaloa

Los cuerpos de cinco personas decapitadas fueron localizados, la mañana del martes 7 de octubre de 2025, sobre la carretera que conduce a la localidad de Santa María de Picachos, en el municipio de Huajicori, en el norte del estado de Nayarit.

La noche del 7 de octubre de 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) nayarita confirmó los hechos y señaló que fueron autoridades municipales las que descubrieron los cadáveres.

La institución de procuración de justicia estatal informó que, hasta ese momento, las víctimas no habían sido identificadas y no dio mayor información sobre lo ocurrido, sin embargo, medios locales reportaron que los cadáveres eran de cinco hombres y se encontraban dentro de un vehículo.

Según lo recordó el diario El Universal, desde 2024, una disputa entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y “Los Mayos” -una fracción del Cártel de Sinaloa, ligada al capo sinaloense Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, de 76 años de edad, quien se encuentra preso en el Centro Correccional Metropolitano, en Nueva York (MCC New York, por sus siglas en inglés), y liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”-, habían provocado el desplazamiento de pobladores de varias comunidades de este municipio, que colinda con Sinaloa.

Por su parte, el gobernador nayarita, Miguel Ángel Navarro Quintero, citado también por El Universal, señaló que la seguridad en los límites con otros estados, como Sinaloa, Durango, Jalisco y Zacatecas, era complicada y reveló que citó el jueves 9 de octubre de 2025, a todos los presidentes municipales y directores de seguridad pública, para hablar con ellos respecto a los presuntos “cobros de piso” que se daban en algunas ferias organizadas por los ayuntamientos y que derivaban en el fortalecimiento de grupos delictivos que se arraigaban en la entidad.

“A veces las ferias son un riesgo cuando se concentran personas que desconocemos cuáles son sus propósitos, y lo peor es que tengan un sentido de pertenencia un grupo delincuencial, eso yo no puedo permitirlo. La pertenencia del estado la tiene la ciudadanía, y yo no puedo permitir que Nayarit sea el campo de batalla de grupos delincuenciales, bajo ningún concepto”, indicó el mandatario estatal.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Dejan restos humanos y amenaza contra área de narcomenudeo de la FGE

Una mano mutilada y una manta con un mensaje amenazante escrito en ella, fueron dejadas la mañana de este jueves 9 de octubre a espaldas del edificio de la Fiscalía General de Baja California (FGE), ubicadas sobre la vía rápida Alamar Norte, en la colonia Chapultepec Alamar de Tijuana, en ella se señala al área de narcomenudeo de robo.

Mediante el número de emergencias 911, a las 07:36 una persona informó que observó en el área de la banqueta, a espaldas del edificio de la FGE, una manta blanca con letras azules, el texto escrito decía:
“Pelayo narcomenudeo ten para que sigas robando con tu madrina la Fiscal María Elena voy por ti Kakino”.
Tras el reporte, al lugar arribaron unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal (SSPCF), la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado (FESC) y de la FGE, cuyos elementos confirmaron la presencia de la amenaza.

Junto a la manta, también fue dejada una mano cercenada dentro de una bolsa de plástico.

No se reportan personas detenidas por este hecho.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Caballero, investigada por crimen organizado

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITATA) investigan a la ex alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, a partir de una denuncia recibida por la Fiscalía General de la República en la que señalan a la ex munícipe “por nexos directos con grupos delincuenciales”, específicamente el Cártel Jalisco Nueva Generación, “por lo menos desde el mes de octubre del 2021”, indica la acusación.

Conforme al señalamiento, contenido en la carpeta de investigación FED/FEMDO/UEITA-BC/0000170/2024, desde que Caballero tomó posesión de la administración municipal de Tijuana, lo hizo “dedicándose a la conducta criminal de delincuencia organizada”.

Pero la UEITATA no sólo investiga a la morenista; la carpeta con la indagatoria criminal también incluye a cuatros de sus funcionarios más cercanos, quienes controlaban la agenda pública y política de su gestión: su hermano y secretario Daniel Caballero Ramírez; el ex secretario particular, Juan Manuel Gastelum Rivera; el ex secretario General, Miguel Ángel Bujanda; y Ángeles Dolores Duran Ricalde, coordinadora de Atención Ciudadana.

Otros ocho nombres de civiles están incluidos en la carpeta; se trata de dos personas con cargos criminales y una con reportes de inteligencia:

*Pablo Edwin Huerta Nuño alias el Flaquito, extraditado a Estados Unidos el pasado mes de agosto, para responder a cargo por tráfico de droga y lavado de dinero.

*Ricardo Alfredo Pérez Diaz, alias el Fredy, con tres carpetas de investigación: una porque siendo administrador de un departamento en Playas de Tijuana, que rentaba una mujer, éste la “jaloneó” y la amenazó (“Mira vieja estúpida, le paras a tu desmadre o si no te voy a mandar levantar y te van aventar a la Rumorosa, y se van a largar de aquí tú, tu hija y tu esposo, porque ustedes aquí no son nadie”); otra por incumplimiento de asistencia familiar de 2015; y una más del 3 de marzo del 2025, por daño en propiedad ajena por culpa y lesiones, por un accidente de tráfico en la avenida Insurgentes, a la altura de la colonia Realito.

*Y Juan Carlos Valencia, el R3, identificado como operador del Cártel Jalisco en la zona de Sánchez Taboada, pero sin antecedentes delictivos.

De los otros cinco, las corporaciones de seguridad bajacalifornianas reportaron no tener indicio; se trata de: Carlos Lagunes Lara, el Choga; José Luis Hernández López alias Bad Boy y/o Avatar; Eduardo Hermida Camelo, el Lalo; y Gustavo Camacho Cardosa.

“Pueden estar en un nivel intermedio en el lavado de dinero, por eso no registran delitos del fuero común o federal” comentaron investigadores. El Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California tampoco contiene información “pública accesible” con estos nombres.

Los investigadores de la FEMDO y de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas solicitaron, el 17 de septiembre pasado, información a la Sindicatura Municipal de Tijuana y les dieron un plazo de 24 horas. ZETA pudo confirmar, extraoficialmente, que el oficio se respondió en tiempo y forma.

El Ministerio público también requirió datos a la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica en México; ese oficio está fechado el 23 de mayo del 2024, pero no se tiene informes de la fecha en que fue recibido.


EX FUNCIONARIOS

Respecto a los ex empleados del ayuntamiento señalados, se trata de:

1.-Daniel Caballero Ramírez: Es hermano y fue secretario personal de la ex alcaldesa, quien ante ZETA lo identificó con ese cargo y comentó que lo puso ahí por la confianza. Ocupó un escritorio ubicado a la entrada a la oficina de la Presidencia en el Ayuntamiento de Tijuana y la acompañaba de manera contante en sus actividades oficiales. En aquel período (del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2024) ZETA buscó su nombre en documentos y nóminas oficiales, pero no fue localizado y no se informó del importe de su sueldo.

El 14 de junio del 2022, David Caballero fue detenido por elementos de la Fuerza Estatal por exceso de velocidad y “pasarse una luz roja”, y haber sido denunciado como “vehículo sospechoso”, en la colonia Cacho, donde circulaba a bordo de un pick up oficial acompañado de dos policías municipales asignados como escoltas; el joven forcejeó con los elementos para evitar ser aprehendido. Al final, los agentes se fueron sin mayores consecuencias, después que los guardias mostraron sus credenciales.

La alcaldesa aseguró que su hermano no se había pasado ningún semáforo, que ella lo había enviado a un mandado; reclamó el actuar de la FESC y amenazó que los convenios de colaboración “también tienen reversa”.

Daniel egresó de la carrera de Diseño Gráfico apenas en 2022, y previo a su cargo público, en su página de Facebook ofrecía servicios para pasear y bañar mascotas.

El 23 de diciembre de 2022, tras un año en el gobierno, el joven Caballero Ramírez registró la adquisición de un terreno de 612.50 metros cuadrados con construcción, en la avenida Rayón de la colonia Independencia de la Zona Centro de Tijuana, por un millón 701 mil 700 pesos.

El 23 de abril de 2023, Daniel, junto con su hermana Alma Delia, presidenta del Patronato del Sistema DIF Tijuana en tiempos de Montserrat, inscribió otro inmueble, también en la colonia Independencia por el que pagaron un millón 867 mil 700 pesos. Y el 25 de junio registraron la subdivisión del predio de 302.10 metros cuadrados sin construcción.

Ya fuera del gobierno, el 3 de junio del 2025, Daniel inscribió otro predio de 325.76 metros cuadrados en la misma colonia, sobre la avenida Matamoros, que le costó un millón 526 mil pesos.

En el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California no se inscribieron solicitudes de créditos bancarios para ninguna de estas compras.

2.- Juan Manuel Gastelum Rivera: Le tomaron protesta como secretario particular de Presidencia Municipal el 22 de agosto del 2023. Es “licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, con maestrías en Administración de Negocios y en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica; secretario Técnico en la XXII Legislatura bajacaliforniana de 2016 al 2019; titular Regional de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) del 2013 al 2016”.

Al inicio de la administración de Caballero, Sindicatura informo que Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) estaba “investigando” la denuncia por desvío de recursos públicos, presentada porque el entonces alcalde, Juan Manuel Gastélum Buenrostro (q.e.p.d.), entregara a la empresa -fantasma- Mexikna, presuntamente operada por su hijo, Gastelum Rivera, un contrato de dos millones 600 mil pesos por siete meses de “servicios de cobertura digital”. Tras el nombramiento, el síndico Rafael Leyva Pérez aseguró “no hay nada que lo vincule con dicho delito”.

En enero del 2025 el joven Gastélum Rivera fue uno de los ex funcionarios del XXIV Ayuntamiento de Tijuana citados a declarar para responder a las 120 denuncias que estaba investigando la síndica procuradora, Teresita de Jesús Balderas Beltrán.

3.- Miguel Ángel Bujanda: Era el secretario general del Ayuntamiento de Caballero; renunció el 12 de agosto del 2024, después que lo amenazaron el sábado 10 de agosto a través de una cartulina, con el siguiente mensaje: “Miguel Ángel Bujanda, no le quieras jugar al bergas con las 4 Letras, ya vas para afuera, ya bastante hiciste con robar, no te metas en problemas ya para irte, aquí estamos bien plantados y con toda la fuerza. CJNG” [sic].

El texto fue localizado dentro de un Volkswagen Passat con placas de California, acompañando en el asiento trasero del vehículo, un torso, un brazo y una cabeza en avanzado estado de descomposición, envueltos en una colcha, abandonado frente a la tienda de abarrotes, sobre el bulevar Sánchez Taboada y calle Órbita de la colonia Sánchez Taboada.


4.- Ángeles Dolores Duran Ricalde. Fue Coordinadora de Atención Ciudadana (2021-2024); en su currículum que es psicóloga y licenciada en Derecho. De junio 2017 a julio de 2019 se desempeñó como supervisora de la línea de emergencias en Seguridad Pública del Estado; de octubre del 2019 a octubre del 2020, fue responsable del manejo de agenda, minuta de reuniones, coordinar acciones administrativas de las direcciones que la integran, control de los procesos de atención y respuesta ciudadana, en la Secretaría de Movilidad del XXIII Ayuntamiento de Tijuana. En 2021, previo a su nombramiento en la coordinación, trabajó en la iniciativa privada.

SINDICATURA Y LA CASA DE LA EX ALCALDESA

En lo que va del año 2024, Montserrat Caballero ha comparecido ante la Sindicatura del Ayuntamiento en dos ocasiones.

La misma ex funcionaria había declarado que los señalamientos estaban relacionados con la presunta imposibilidad económica que tenía para adquirir una propiedad que el 26 de noviembre del 2021 inscribió en el Registro Público, ubicada sobre Avenida Costa Coronado número 2107, Residencial Costa Coronado; un terreno de 375 metros cuadrados por el cual pagó un millón 704 mil 180 pesos, y ahí mandó construir una casa.

El predio se lo compró al doctor Joaquín Pascal Merlos, quien en el pasado fue investigado por el Gobierno de Estados Unidos por fraudes con seguros médicos, quien fue denunciado por mala praxis, y asesinado a balazos en abril del 2024 cuando llegada a su clínica en la colonia Sánchez Taboada.

Respecto a las denuncias en su contra, la síndica Teresita Balderas comentó que hay tres expedientes abiertos contra Caballero; todos están en proceso, por lo que se negó a informar los temas por la presunción de inocencia.

Antes de ingresar su más reciente comparecencia, Caballero informó a la prensa que llevaba los documentos para comprobar los ingreso y reportes hacendarios de su marido (se casó en mayo 2023 con el padre de su hijo, quien le había comprado la casa: el árbitro profesional de fútbol radicado en California, de origen iraní, Said Ravanfar).

Sin embargo, al salir, comentó que la gobernadora Marina del Pilar Avila había dicho que era por el costo de su casa, la cual comentó vale poco menos de siete millones de pesos, “pero fue por omisión en mi declaración (patrimonial, ingresos); no puse los datos de mi marido”.

MONTSERRAT, LA PUMA, EL ATENTADO Y EL CJNG

Versiones extraoficiales reportaron desde el inicio que el ataque armado del 17 de mayo del 2023, perpetrado por sicarios al servicio de Cártel Jalisco Nueva Generación, en el que fue lesionado el escolta Francisco Javier Gallardo, quien circulaba en la zona norte en un carro oficial, como “avanzada” de la alcaldesa Montserrat Caballero, para verificar la seguridad rumbo al salón de belleza donde la ex funcionaria se arreglaba por las mañanas, fue porque “alguien dentro del ayuntamiento había hecho acuerdos a nombre de la mandataria municipal, y recibió dinero a cambio de no afectar los intereses del cártel”; pero como la policía sí está haciendo detenciones, “el gobierno no estaba cumpliendo”.

Cuando las autoridades reportaron que el ataque venía del Cártel Jalisco Nueva Generación, refirieron la participación del grupo de los Erres, encabezados por Javier Adrián Cabrera, Víctor Manuel Amador Luna, el Padrino, y Diego Abel Miranda Rodríguez, el Cateo, del Cártel Arellano.

Horas después del incidente contra el escolta, fue detenido Juan Civaca López, alias Héctor Cruz Sibaja, alias el Negro, quien había sido asignado como sicario principal, pero se le trabó el rifle. Este hombre declaró que el objetivo del ataque era “la mujer del pick up blanco”, Rosalva González Molina, alias la Puma, quien usualmente manejaba la unidad 14 que había sido baleada y hacía las labores de avanzada todas las mañanas, pero que desde el 15 de mayo -dos días antes- estaba de vacaciones. Las sospechas recayeron sobre ella, quien presentó su renuncia el 24 de mayo del mismo 2023.

En aquel momento las autoridades aseguraron que “ni la alcaldesa, y la edil municipal o su vehículo, tampoco les fueron mencionados a los tiradores”.

La Puma había sido detenida y liberada con otros policías en 2008 por presuntas ligas con la célula de Eduardo García Simental, el Teo, separado del CAF y aliado al CDS. La agente peleó su reincorporación, pero se la negaron, la indemnizaron y por recomendación del ex gobernador Jaime Bonilla, Caballero la contrató para su escolta, pero como personal administrativo sin arma.

El mismo día del atentado colgaron un manta en el puente Cúspide:
“SRA.MONSERAT CABALLERO PREGUNTELE A ROSALVA GONZALEZ LA PUMA Y FERNADO ZANCHEZ DONDE QUEDARON LOS DESAPARECIDOS LEVANTADOS POR LAS UNIDADES DEL UTE BAJO EL MANDO DEL 03 ASCORBE” [sic].
Un año atrás, el mismo Ascorbe había sido señalado por los criminales de recibir dinero:

“… Ya dile a la alcaldesa a donde llevas las maletas de dinero y deja de esconder las notas”, la madrugada siguiente dos patrullas estacionadas a fuera de un taller, fueron incendiadas en la zona centro, en la escena dejaron el siguiente mensaje: “ROSALVA GONZÁLEZ MONA (ilegible) Y FERNANDO SANCHEZ ESTE ATAQUE SEGUIRÁ DIRECTO A USTEDES MIENTRAS No APARESCAN LOS DESAPARECIDOS POR SUS UNIDADES DE LA POLICÍA MUNICIPAL ATTE: CJNG” [sic].

EL ROBO Y EL CUARTEL

El 24 de mayo 2023, después de conversar con Caballero en las oficinas municipales, el entonces fiscal general de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, aseguró ante la prensa: “No es un tema que tenga que ver directamente con su persona. No tenemos ninguna razón para mantener esa hipótesis abierta; con toda seguridad podemos establecer que no hay una situación que pueda confirmar que era un ataque directamente para ella”.

Días después, el 29 de mayo del 2023, del condominio que habitaba Montserrat Caballero en la torre Cosmopolitan Residences, en la colonia Cacho -que presuntamente le habían prestado-, le robaron joyas y alrededor de 150 mil pesos en un operativo de “extorsión telefónica”; el guardia del edificio recibió una llamada de parte de la dueña y terminó rompiendo una ventana para entrar, sacando las pertenencias y entregándoselas a un extraño.

En junio del mismo 2023, la entonces presidente municipal informó públicamente que ese fin de semana -entre el 16 y 19 de junio- concluiría su traslado para residir, con su hijo, en las instalaciones residenciales del 28 Batallón de Infantería de la II Región Militar, en la colonia El Rubí, o la zona conocida como Aguaje de la Tuna, “por seguridad”, y habló de amenazas, aunque no presentó denuncia. Aseguró que era una sugerencia de la Sedena, la que atendía para estar en coordinación, pero no tenía miedo; “…los que tienen miedo son los que están relacionados con el crimen”.

El 13 de junio del 2023, en la conferencia mañanera, el entonces Presidente, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado al respecto a la amenaza contra Caballero, y el mandatario respondió: “Fue una amenaza para la gobernadora, para la presidenta municipal y para el senador Bonilla. Así fue”; de Montserrat agregó: “Se habló con ella, se llegó a ese acuerdo de ayudarla, protegerla”.

Al concluir su gestión, Montserrat abandonó las instalaciones militares, vivió un tiempo en California con su marido y a partir de que terminaron la construcción de su casa de Playas, regresó a Tijuana.

Ya el 9 de julio del 2025, a través de redes sociales, Caballero le reclamó a la gobernadora Marina Ávila; “Intentaste quitarme mi casa y pagaste con la tuya; tus procesos infundados han retrasado mi residencia al lado de mi esposo. Aclaro que retrasar no es lo mismo que evitar, pero tú sí te quedaste sin visa”. A la fecha no ha hecho mayores aclaraciones respecto al mencionado proceso con el Gobierno de Estados Unidos.

ESTEFANÍA ASEGURÓ QUE EL ATAQUE FUE CONTRA LA ALCALDESA Y SE RECTRACTÓ

Siete meses después del atentado contra el escolta, en noviembre del 2023, la fiscalía incluyó en carpeta a Estefanía Z.D. como testigo; la mujer formaba parte de la misma célula delictiva que ejecutó el ataque.

Estefanía manifestó “que se presenta a esta autoridad por temor a su vida, porque la están buscando para matarla, y declara, como “testigo presencial” respecto al atentado del 17 de mayo, dijo que ella acompañaba al autor intelectual del ataque, Luis Francisco Campos Díaz, alias el Pancho o el 04, y aseguró que el presunto criminal dijo frases como: “…que al día siguiente iban a sentar a la alcaldesa de Tijuana”, y “…que era por pasados de verga por no dejarlos trabajar”, afectando sus operaciones de tráfico de droga e indocumentados.

En un momento comentó que era un “ataque al equipo de seguridad de la alcaldesa y con suerte también le pegaban a la pinche vieja”.
“…no se pudo llegar a ningún acuerdo para la liberación de unos detenidos”. Esto fue referencia a la captura y procesamiento de Carlos Manuel Zúñiga Sandoval, alias el Charly, José Alejandro Méndez Solano, alias el Pepe o el Gordo, y Cecilio Guatemala Mendoza, alias el Saber, detenido el 9 de mayo por herir a dos policías frente al panteón en la colonia Castillo.
Reveló que María Verónica Barajas García rentó el cuarto en el Hotel Olvera de la colonia Cacho, donde los homicidas durmieron un día antes del atentado y se refugiaron minutos después.

Manifestó que junto con Luis Francisco Campos Díaz, alias el Pancho o el 04, escuchó por vía telefónica todo lo que sucedió durante el ataque.

Marco Rochin Donis, alias el Kid, era el piloto del auto de ataque, y los otros tres iban armados con rifles AR15; que el principal tirador asignado era el copiloto, Juan Civaca López, alias Héctor Cruz Sibaja, alias, el Negro, pero se le entrampó el arma, y Horacio González Díaz fue quien disparó, mientras Edwin Mauricio Sandoval Silva, alias el Ban Ban, recibía instrucciones por celular.

La mujer también declaró que se dieron cuenta que sólo iba un elemento policiaco, pero la orden fue “…que le rajaran en su madre para que se supiera con quién se topaban los pinches perros y no querer arreglar”.

Estas declaraciones fueron presentadas en la audiencia pública de vinculación a proceso de Edwin Mauricio Sandoval Silva, alias el Ban Ban, detenido en junio del 2024.

Sin embargo, en otra audiencia intermedia, Estefanía Z.D., quien había sido localizada y requerida por la defensa de Luis Francisco Campos, Horacio González y Edwin Sandoval, se retractó de todas sus declaraciones frente al juez.

Respecto a los presuntos delincuentes procesados por intento de homicidio, actualmente, Juan Civaca López decidió irse por el procedimiento abreviado y separar su caso de la carpeta contra Horacio González Díaz, Edwin Mauricio Sandoval Silva alias el Ban Ban y Luis Francisco Campos Díaz, quienes decidieron irse a juicio.

FUENTE: SEMANARIO ZETA (INVESTIGACIÓN).
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