Nunca había gobernado un mandatario por dos años. Nunca un gobernador se había enfrentado a la clase empresarial al prácticamente extorsionarlos con altos cobros por conexiones de agua. Nunca un exalcalde –en este caso Montserrat Caballero en Tijuana– había sido investigada por la FGR por delincuencia organizada. Nunca una mujer había gobernado Baja California. Nunca a un ejecutivo en funciones le habían retirado la visa de turista para cruzar a los Estados Unidos. Nunca antes un secretario del Ayuntamiento de Tijuana había sido denunciado por abuso sexual cometido, a razón de la víctima, en las instalaciones del Palacio Municipal.
Nunca antes el cónyuge y el cuñado de un mandatario, en este caso mandataria, habían sido señalados de tráfico de influencias, de corrupción en el sistema aduanal mexicano, de huachicol y huachicol fiscal. Y nunca antes los parientes políticos del titular del Poder Ejecutivo habían sido parte de una investigación en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
Nunca antes se había desentrañado una red de contubernio político electoral y financiero entre un nuevo grupo de empresarios alrededor del poder, como el que encabezan Fernando Salgado, Jesús González Lomelí y Marco Moreno Santelices en Baja California desde el arribo de Morena al poder político.
Nunca antes el gobierno de los Estados Unidos había retirado la visa para cruzar a los Estados Unidos no sólo a la gobernadora en funciones y a su entonces esposo, también a la alcaldesa de la Capital, Norma Bustamante, a su cónyuge, así como a una exalcaldesa, en este caso la de Rosarito y actual diputada federal, Araceli Brown. Por supuesto, nunca antes un político de Baja California, como lo es la señora Brown, había sido sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, e incluida, junto con dos empresarios, Candelario Arcega y, otra vez, Jesús González Lomelí, en una red de protección y lavado de dinero a una célula del Cártel de Sinaloa.
Por supuesto, nunca antes el exesposo de la gobernadora, su excuñado, el alcalde de Tijuana, el presidente del Tribunal, un senador de la República y una veintena más de personas, funcionarios, ligados al poder, empresarios, otra vez Fernando Salgado, habían sido citados por la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la FEMDO (Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada), para declarar en una carpeta de investigación formalmente establecida e indagada por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La mayoría fue citada, y la mayoría no acudió a la comparecencia, desde finales de octubre para presentarse desde el 18 de noviembre en las instalaciones de la FEMDO en la Ciudad de México, convocados por los agentes del Ministerio Público de la Federación, Rebeca Rojo, la titular, y Humberto Escobar, subcoordinador.
Lo peor del caso en estos insólitos e inéditos casos que suceden en Baja California es que los protagonistas se lo toman a vacilada, tal como lo describió el alcalde de Tijuana, pretendiendo dar a entender que toda la investigación de la FEMDO se trata de “fuego amigo”, que no se debe por lo tanto tomar con seriedad. La realidad es que la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, ha realizado una indagatoria de la cual salieron los citatorios, que consta de cientos de páginas concatenando hechos que implican a los mencionados, y a otros más, en una red que está siendo debidamente investigada y sobre la que ciertamente aún no hay una conclusión, ni una solicitud judicial, sino una indagación en proceso a la cual, en lugar de ponerse a disposición bajo la lógica de que el que nada debe, nada teme, los políticos bajacalifornianos intentan desestimar con simpladas, como nimiedades.
El martes por la noche, agentes ministeriales de la Federación confirmaron a ZETA la autenticidad de los documentos que desde temprana hora de ese día circulaban en redes sociales y en servicios de mensajería instantánea, y que de entrada daban cuenta de los citatorios a dos protagonistas de este entramado político electoral, financiero, efectivamente al alcalde Ismael Burgueño, y al recientemente notorio empresario Fernando Salgado.
Los mismos agentes ministeriales informaron del avance en la investigación, de más citatorios y de los delitos que se indagan en la FEMDO, no advirtieron un “fuego amigo” dado que trabajan con investigación la búsqueda de evidencias y solicitaban la colaboración de los referidos para agregar sus testimonios a la carpeta de indagación oficial, así fuesen como es de esperarse, a su favor, pero la mayoría decidió no presentarse.
Si “fuego amigo” fuese, y entendiendo con ello que se trata de acusaciones entre morenistas de Baja California con miras a ser protagonistas en las elecciones estatales de 2027, la FGR no estaría siendo el eje conductor de la indagación, dado que tal institución que desde su autonomía está en manos de Alejandro Gertz Manero, ha sido señalada por su proclividad a investigar a adversarios políticos de Morena, no a morenistas “encumbrados” en el poder político en Baja California, como lo son el alcalde Burgueño que aspira a suceder a la gobernadora Marina Avila Olmeda, o al senador Armando Ayala, o a los familiares políticos de la mandataria estatal, a funcionarios de primer nivel del Ayuntamiento de Tijuana, entre otros.
La cuestión es que existe una investigación formal, legal, ministerial y científica, donde se presume la comisión de delitos con el uso de recursos de procedencia ilícita por parte de estos actores políticos en Baja California, y que hay un avance considerable en la investigación y que decidieron no atender el llamado de la FGR, cosa que, en concordancia con lo que sucede por estos días en el estado, nunca antes había sucedido. Nunca como ahora.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
